El Gobierno evalúa en estos tiempos la salida de Manuel Adorni con cierto optimismo. Según los cálculos de la Casa Rosada, puertas adentro, la evolución de las primeras horas de vivencias políticas y económicas, luego de la eyección técnica del ahora exjefe de Gabinete, no generaron consecuencias negativas. Más bien lo contrario. Con lo cual, ahora se considera tiempo de evaluar los próximos pasos de medidas que deban pasar por el Congreso Nacional.
Ya se consignó que el primer paso será sancionar en el Senado la nueva ley de Súper RIgi. Pero, antes de la primera quincena de junio, se resolverá también si hay espacio político para insistir en las modificaciones de la ley de Inocencia Fiscal, una legislación que el Ejecutivo consideraba en el bolsillo hace sólo un mes, pero que las vicisitudes de Adorni provocaron su adormecimiento. Ahora, a poco tiempo de llegar a concluir que el exfuncionario y su historia ya no influyen en la política argentina, se evaluará si puede haber una resurrección del proyecto que el ministro de Economía Luis Caputo considera fundamental.
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Qué cambios evalúa el Gobierno a la ley de Inocencia Fiscal
Entre los cambios que se analizan figura la ampliación de los beneficios para quienes adhieran voluntariamente al régimen, con mayores garantías de que no serán perseguidos por diferencias patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores una vez regularizada su situación. El objetivo es fortalecer el principio de «inocencia fiscal», según el cual el Estado presume la buena fe del contribuyente siempre que cumpla con las nuevas obligaciones de información y tributación.
Sobre el contenido de la potencial legislación, no hay novedades. El proyecto que tiene en mente el Gobierno apunta a elevar los montos protegidos frente a eventuales fiscalizaciones. La intención oficial es que un mayor número de contribuyentes quede excluido de investigaciones patrimoniales por diferencias de escasa magnitud, concentrando los recursos de fiscalización en casos de evasión relevante.
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El Gobierno también analiza otorgar mayor seguridad jurídica respecto de la información utilizada por ARCA. Entre las alternativas figura limitar el uso retroactivo de datos obtenidos a partir de los nuevos regímenes de información o de exteriorizaciones voluntarias, de manera que la adhesión al sistema no se transforme posteriormente en un elemento para iniciar investigaciones sobre períodos ya alcanzados por los beneficios del régimen.https://6a6e5a82790b1efa2cd3109dce5c40c7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
En paralelo, podrían incorporarse precisiones sobre el alcance de la liberación de responsabilidades tributarias y, en determinados casos, de las consecuencias penales derivadas de delitos tributarios, siempre que el contribuyente cumpla con las condiciones previstas por la ley. El propósito es reducir la incertidumbre jurídica y generar mayores incentivos para ingresar al régimen.
Otro punto bajo análisis es la posibilidad de flexibilizar algunos requisitos administrativos para adherir al sistema, simplificando trámites y reduciendo costos de cumplimiento, especialmente para pequeños contribuyentes y personas físicas.
Las modificaciones responden, en parte, a observaciones formuladas durante el debate legislativo por distintos bloques políticos, tributaristas y entidades empresarias, que reclamaron mayores precisiones sobre el alcance de las inmunidades fiscales y las facultades futuras de fiscalización de ARCA. Cambios que se le plantearon cara a cara a Caputo y su gente en el ministerio de Economía por parte de muchos de los contadores más representativos del país.
El oficialismo sostiene que el proyecto busca cambiar el paradigma de la relación entre el Estado y los contribuyentes, privilegiando controles basados en riesgo e inteligencia fiscal por sobre mecanismos de fiscalización masiva. Además, considera que una mayor seguridad jurídica favorecerá el ingreso de capitales al circuito formal, incrementando el ahorro, la inversión y la utilización de fondos actualmente mantenidos fuera del sistema financiero.
El contenido final aún se mantiene en evaluación. Y su profundidad de cambio dependerá del consenso político que logre el Poder Ejecutivo en el Congreso.
Fuente: Mendoza online
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