Un día después de que la Argentina recibiera un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana, Cristina Kirchner aseguró que esta clase de resoluciones son sentencias que no “se ajustan a derecho”.
En esta última oportunidad, en Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. El Estado fue acusado de modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.
En Londres, el Tribunal le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y la Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó ayer la agencia Reuters.
“El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros [US$1460 millones] en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, dijo Reuters.
Tras el fallo adverso, las críticas contra la administración de Cristina Kirchner cuando era presidenta se dispararon y fue parte del equipo económico, que encabezaba Axel Kicillof, los que salieron a explicar que el fallo era arbitrario.
Fue Pablo Julio López, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y exsecretario de Finanzas de la Nación Argentina, los últimos dos años de Cristina Kirchner como presidenta, quien publicó un hilo de tuits en los que da su versión de lo ocurrido hace una década.
La actual titular del Senado, retomó esos mensajes y agregó: “Precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave”.
“Los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero sí a darles rentabilidades extraordinaria”, escribió Cristina Kirchner esta tarde y cerró: “Esto, más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país, refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina: su endeudamiento financiero y Clarín jugando, como siempre, para afuera”.
La intervención del Indec, en el centro de la escena
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento de la Argentina.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.
El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.
El Estado tiene la posibilidad de apelar el fallo, pero igualmente deberá pagar una garantía para no tener activos embargados.
Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. “Ahí hay otros US$415 millones más intereses”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
Otra decisión de Axel Kicillof
En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001. Allí propusieron como “endulzante” –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
Fuente: La Nación
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