Categoría: Entrevistas

Pocos temas hacen más daño a la república como la payasesca parodia de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, reanudada frente al comienzo de la campaña electoral y cuyo primer objetivo es desprestigiar al Poder Judicial y humillar a sus miembros, y, en segundo término, intentar socavar el prestigio de quienes seguramente serán la instancia última en el juzgamiento de la vicepresidenta de la Nación, quien se autopercibe proscripta, sin que legalmente exista inhabilitación alguna que le impida postularse para un cargo electivo.

La vocación del kirchnerismo por someter a los jueces que no le resulten dóciles y que cumplan su función constitucional de ejercer el control de legalidad sobre los actos de los otros dos poderes del Estado ya viene de lejos. Comenzó a nivel provincial en Santa Cruz cuando no se cumplieron varias sentencias de la Corte que restituyeron en el cargo al ilegítimamente removido procurador de la provincia, y prosiguió luego a nivel nacional con la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, dirigida a dar preminencia al estamento político sobre el de jueces y abogados que integran dicho cuerpo. Luego, con el mal llamado proyecto de ley de “democratización de la Justicia” dirigido a controlar el funcionamiento del referido Consejo por otros medios y, finalmente, con el dictado de la ley de subrogancias para poder designar jueces a dedo en forma transitoria para cubrir vacantes en los tribunales.

Dado que todas estas iniciativas fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales en distintas instancias, con la intervención final de la Corte, devino intolerable para el kirchnerismo la existencia de una Justicia independiente. Y no hay mejor manera de pretender “disciplinar” al Poder Judicial que atacando a su cabeza, representada por la Corte Suprema, cuyos miembros solo pueden ser removidos, como es sabido, por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.

No hay mejor manera de pretender “disciplinar” al Poder Judicial que atacando a su cabeza, representada por la Corte Suprema

Aprovechando su actual mayoría, que le permite ejercer el control de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, el oficialismo elige someter a la Corte a juicio político invocando, entre otras causas, la de mal desempeño, disfrazando lo que en realidad es una suerte de represalia por discrepar el oficialismo con los alcances de la sentencia de la Corte que falló en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la coparticipación de fondos federales. En cuanto a la causal de comisión de delitos, se intenta configurarla como la “posible” comisión, en interpretación tan absurda que ni los propios legisladores la creen viable.

El proceso abierto en la Comisión de Juicio Político ha estado plagado de irregularidades, que incluyeron la violación del derecho de defensa y la formulación de acusaciones vagas e imprecisas, sin fundamento jurídico alguno, que desnudan el afán persecutorio de los jueces de la Corte por parte del oficialismo.

La Corte Suprema ha demostrado ser seria, digna, independiente y eficaz, atributos que sus pares del oficialismo de los otros dos poderes no pueden esgrimir con seriedad frente al estado en que se encuentra la administración general del país. Someterse a las sentencias de un poder independiente y apolítico, es la forma en que los ciudadanos ejercen su libertad y la mejor señal de previsibilidad para alentar la llegada de las tan necesarias y esperadas inversiones del exterior.

Esta farsa kirchnerista desmerece a los legisladores genuflexos que lamentablemente la impulsan por motivos que nada tienen que ver con la legítima actuación de los jueces de nuestro supremo tribunal.

Fuente: La Nación

Está muy arraigada en la Argentina la ilusión de que el bienestar y el poder adquisitivo de los salarios pueden mejorarse actuando sobre la redistribución de la riqueza. Esta creencia, planteada en forma explícita o implícita, emerge frecuentemente en el discurso político en tiempos electorales. Pocos dicen que las bases del crecimiento y la extensión de sus beneficios a todos los habitantes están en la inversión y en el perfeccionamiento de los recursos humanos. Porque sobre estos pilares se incorpora tecnología y se crean empleos mejor remunerados, ya no por decreto o presión gremial, sino como respuesta a una mayor productividad.

No hay actualmente interés significativo en invertir en la Argentina. El ahorro interno fluye hacia las divisas, las letras del Banco Central o los títulos públicos. Las inversiones extranjeras no vienen a un país cuyo gobierno toma sus dólares a la mitad del precio de mercado y que, además, no asegura que podrán remitirse las utilidades o repatriarse el capital.

A pesar de que el petróleo, el gas o el litio tienen un particular atractivo internacional, la corriente global de inversiones no alcanza para sustentar el crecimiento económico y ni siquiera para aliviar la grave escasez de reservas del Banco Central. El valor de los activos empresarios sufre el castigo de un alto riesgo país y una elevada presión impositiva. Muchas empresas han dejado el país realizando la pérdida. Las perspectivas de un cambio político aún son inciertas; en particular, en lo que hace a la calidad institucional. Según un índice elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, la Argentina ocupa el lugar 116 entre 192 países y retrocedió cuatro puestos en la última medición. La recuperación de los deteriorados valores de bonos y acciones argentinas observada en días recientes debe adjudicarse a ciertos alivios coyunturales respecto de previsiones previas más oscuras.

La decadencia relativa de la Argentina desde hace casi ochenta años tiene causas cuya identificación no requiere demasiada indagación. En la cadena de razones, cuyos primeros eslabones fueron el populismo y el estatismo, aparece como consecuencia, pero también como causa, la insuficiencia y la mala orientación de la inversión. En las épocas brillantes del desarrollo argentino luego de lograda la organización nacional, los capitales externos e internos fluían hacia inversiones productivas en la infraestructura, la industria y los servicios. La clave no eran los recursos naturales, de los que ciertamente se disponía, sino que los atraían la estabilidad de nuestras instituciones, la baja carga impositiva, y una moneda estable y fuerte a la vez. El país era previsible bajo una Constitución Nacional que aseguraba la vigencia de la libertad de comercio y de los derechos individuales, principalmente el de propiedad.

Exceptuando los años de las dos guerras mundiales, la inversión bruta interna superaba el 30% del producto bruto. Las estimaciones disponibles indican que en el período 1903-1913 alcanzó el 36%, impulsando la tasa de crecimiento de la economía a un 7,7% anual promedio, liderado por la industria, que lo hizo al 9,6%. La Argentina recibía más inversiones extranjeras que la suma del resto de los países de Latinoamérica. Esto le permitió ubicarse entre los cinco países del mundo de más elevado ingreso por habitante. En su discurso al abrir las sesiones del Congreso de 1913, Roque Sáenz Peña decía: “Las rentas crecen sin mermas ni filtraciones, el comercio exterior marca cifras no alcanzadas en la historia de nuestra economía, cada corriente inmigratoria supera a las anteriores, las industrias valorizan los productos del suelo, los cultivos se dilatan y el oro afluye como no lo hizo jamás (…) Paz, derechos, garantías, actividad republicana, instituciones, producción y riqueza; tal es el cuadro que los hechos atestiguan y la estadística confirma”. Estas últimas palabras nos develan la fórmula para el crecimiento, que por cierto no es mágica, sino hasta de simple sentido común. Sin embargo, lo que sabíamos hace 110 años hoy es desconocido o más bien rechazado por los desvíos ideológicos, los intereses corporativos y el facilismo populista que nos domina hoy.

En los últimos años la inversión no alcanzó el 20% del producto bruto. En algunos períodos apenas superó la necesaria para compensar la depreciación del capital productivo. La inversión volverá con creces a la Argentina cuando recuperemos las condiciones para que así sea.

Fuente: La Nación

CARACAS.- El régimen irracional de Nicolás Maduro está destapando sus cartas para «implosionar» el proceso político que permita al pueblo venezolano decidir democráticamente su destino en las urnas electorales.

La primera jugada fue la remoción hace un par de semanas de la directiva del Consejo Nacional Electoral que había sido designada para el período 2021-2028, propiciada por la conveniente renuncia de la mayoría oficialista del «supuesto» órgano del Poder Electoral.

La segunda, hace apenas unas horas, es la inhabilitación por 15 años adoptada por la Contraloría General contra María Corina Machado, la líder de Vente Venezuela y quien aparece encabezando las encuestas para imponerse en la primaria opositora a realizarse -si Dios y todos los astros se conjuran- el próximo 22 de octubre. Ahora son tres los líderes opositores vetados para el ejercicio de sus derechos políticos: Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Pero la argumentación usada, que es política y no jurídica, puede extenderse si les provoca -si les da la gana- a todos los adversarios políticos

Lo que el régimen está perfilando es una arremetida con todo su poder abusivo para torpedear y aniquilar la consulta popular organizada por la Comisión Nacional de Primaria para escoger la candidatura unitaria de la oposición para las presidenciales de 2024. ¿Escogió Maduro la ruta nicaragüense como la única que le permitirá mantenerse en el poder? ¿Se envalentonó el régimen con la «narrativa» que Lula da Silva construye a su favor puertas afuera?

La respuesta del liderazgo opositor fue unitaria y contundente.

Capriles calificó la medida contra MCM de inconstitucional, infundada y vergonzosa: «¡Dejan claro que nadie está realmente habilitado en esta dictadura!». Andrés Velásquez planteó actuar en bloque para rechazar los abusos usados como arma política. Superlano advirtió que el caso contra Machado «es solo el principio de lo que viene». César Pérez Vivas dijo que no hay maniobra que pueda detener «el espíritu de cambio» de la sociedad democrática venezolana.

Tamara Adrián llamó a asumir la lucha por la participación política, Delsa Solórzano recordó que todas las inhabilitaciones son un atropello, para Andrés Caleca el régimen actúa de acuerdo con su naturaleza antidemocrática, arbitraria y despótica. Roberto Enríquez y Carlos Prosperi se sumaron al rechazo del atropello oficial. Incluso Benjamín Rauseo, que decidió a última hora no competir en la primaria, se solidarizó con Machado.

Desde Barinas donde realizaba un acto de masas, María Corina Machado expresó que la inhabilitación demuestra que el régimen ya sabe que está derrotado. “Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela”, afirmó.

El presidente de Colombia expresó en un tuit que «está claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano». Gustavo Petro fue sancionado cuando era alcalde de Bogotá por un órgano administrativo y recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló contra el Estado colombiano.

¿Quién le pone un parao a Maduro y su camarilla? ¿Siguen las cancillerías y embajadas americanas y europeas lo que está ejecutando el régimen de Maduro? La única forma de solucionar la crisis venezolana es consultando al pueblo, sin presiones, sin vetos y sin maniobras.

El Nacional (Venezuela)

Fuente: La Nación

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Asociación Vecinal Lago Mascardi apeló hoy ante el Juzgado Federal de esta ciudad la homologación del acuerdo de conciliación que extingue los procesos penales contra los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El acuerdo -por el que el Estado reconoció el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche en los predios que permanecieron ocupados durante cinco años sobre la ruta 40- fue alcanzado a principios de junio durante un encuentro en la ex Esma. De aquella reunión participaron representantes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Los propietarios de viviendas de Villa Mascardi ya habían presentado un pedido de nulidad ante la Administración de Parques Nacionales (APN). Ahora, los vecinos apelaron la conciliación homologada este lunes por el juez Hugo Greca ante el Juzgado Federal de Bariloche.

“Somos víctimas y damnificados directos e inmediatos por el accionar ilícito de los integrantes de Lafken Winkul Mapu”, indicaron los vecinos en la presentación, firmada por el presidente de la asociación, Diego Frutos. Además de considerar que la homologación del acuerdo les causa un daño irreparable, sostienen que la conciliación “debe ser revocada por ilegal y arbitraria”.

Algunos integrantes de la comunidad mapuche están imputados por las usurpaciones de dos predios de la APN. La homologación del acuerdo realizada por el juez Greca dejó sin efecto el juicio pendiente contra las mujeres imputadas por la ocupación de esos dos terrenos. Las mujeres fueron detenidas en octubre del año pasado durante el operativo de desalojo.

La asociación vecinal afirma que, “al desviar reclamos de los procedimientos legales establecidos y no sancionar la adopción de vías de hecho, el acuerdo violenta el estado de derecho”. Asimismo, señalaron que, “según el juez, el acuerdo implica renunciar a futuros comportamientos de ocupación, como si pudiera reservarse ‘el derecho de delinquir’”.

De acuerdo con la presentación realizada esta mañana, el compromiso alcanzado entre el Estado y la comunidad Lafken Winkul Mapu “es incompatible con las leyes que regulan el procedimiento de reconocimiento territorial a comunidades indígenas y el destino de los parques nacionales así como de los bienes del dominio público”.

También consideraron “inexplicable” que ni los vecinos de Villa Mascardi afectados por las ocupaciones ni la provincia de Río Negro hayan sido convocados a participar de las mesas de diálogo. En ese sentido, el acuerdo “no restaura la paz social”, advirtieron.

El convenio “contraría la naturaleza y finalidad de la conciliación penal de un sistema de justicia restaurativa, porque insólitamente consiste en una serie de concesiones de la víctima en favor de los imputados: se les ofrece aquello de lo que pretendieron apropiarse mediante el delito”.

En tanto, en un comunicado difundido por la Junta Vecinal de Villa Mascardi, dijeron que “la violación de nuestros derechos como víctimas de parte de los funcionarios intervinientes en el acuerdo y del juez Greca es alarmante e inconcebible”.

Además de la apelación, la Asociación Vecinal Lago Mascardi hizo hoy presentaciones ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos para que desistan de aplicar el acuerdo surgido de la mesa de diálogo.

Paz García Pastormerlo

Fuente: La Nación

El martes último se conmemoró el Día del Trabajador Estatal. La arraigada vocación huelguista de gran parte de la dirigencia gremial encontró en dicha celebración una nueva veta. En rechazo a que el asueto no alcance a los 30.000 auxiliares de escuelas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro que propuso dejar una vez más sin clases a las escuelas bonaerenses.

Sin porteros, personal de limpieza, cocineros y asistentes en las escuelas, el dictado de clases se hace imposible. Por más que los docentes no sean alcanzados por la convocatoria de ATE, no se podrían tampoco garantizar las condiciones de higiene necesarias para el dictado de clases y la decisión quedó a cargo de la dirección de cada establecimiento. La Dirección General de Escuelas había rechazado el insólito pedido de ATE sobre la suspensión formal de las actividades educativas. Ante esto, la medida de fuerza no se hizo esperar y el funcionamiento de las escuelas públicas se vio afectado en todos los niveles y muchas de ellas debieron permanecer cerradas.

Aquellos niños que hayan podido aprender a sumar contabilizarán que los tres paros del ala disidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), además de uno de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en solidaridad con Jujuy, más los feriados del mes, arrojan un total de siete días sin clases. No hay discurso sobre el valor de la “continuidad educativa” que resista cuando el afán de los gremios circula tan alejado de la sensatez para defender lo indefendible, una y otra vez. El año pasado, sobre este particular, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, había emitido una resolución argumentando que el calendario escolar ya cuenta con “fechas conmemorativas que reconocen su día”. Este año, solo procedió a ratificarla. Aunque parezca una obviedad, podríamos preguntarnos si algún portero o auxiliar concurre a trabajar en ocasión de celebrarse, por ejemplo, el Día del Maestro.

Oscar de Isasi es el secretario general de ATE. Si bien apoyaría al gobierno de Axel Kicillof, a tal punto que habría intentado sumarse a las listas del oficialismo para las PASO, revela no poder contener su natural inclinación a considerar que siempre hay buenas razones para parar. Es el mismo dirigente que en mayo del año pasado explicaba desfachatadamente que su gremio no convocaba a protestas durante los fines de semana porque esos días los trabajadores miran fútbol en sus casas.

Probablemente sea su cercanía con el ideario oficial la que lo exima de las sanciones que deberían corresponderle toda vez que la huelga que encabezó careció de autorización. La cartera educativa evalúa también descontar la jornada a aquellos auxiliares que se sumaron a la medida de fuerza.

El sistema educativo bonaerense es el más importante del país, con 14.000 establecimientos de gestión estatal. Fue de los últimos en recuperar la presencialidad pospandemia, a merced de un obcecado gobernador que no midió el enorme impacto de un solo día sin clases. El número de alumnos de los tres niveles afectados por este nuevo paro rondó los 3,7 millones.

Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, destacó en una reciente conferencia en la Universidad del CEMA que la educación es un derecho instaurado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 frente al cual tenemos una clara obligación. Citó que algunos países, como Ecuador, Perú y Uruguay, han acertadamente restringido el derecho de huelga y declarado que la educación es un servicio esencial, considerando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define así a lo que, interrumpido, “implica una amenaza evidente e inminente para la vida y la seguridad de toda o parte de la población”. Entre nosotros, un decreto en tiempos de Carlos Menem establecía que se trataba de un servicio esencial, pero tal norma fue derogada en 2004, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y considerada finalmente inconstitucional.

Debemos defender y privilegiar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes por sobre el derecho a la huelga, analizando y evaluando alternativas y canales legales incluso ante la feroz oposición gremial, encabezada por personajes como Roberto Baradel, secretario general adjunto de la Ctera. Claramente no comprenden que sin educación la pobreza es un destino inevitable para muchos.

Como bien recuerda Guillermo Jaim Etcheverry, “educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser”, una afirmación atribuida a Hesíodo, poeta griego del siglo VIII a. C. cuya vigencia sigue siendo absoluta.

Fuente: La Nación

Nadie osaría afirmar que los problemas que enfrenta el sistema educativo argentino arrancaron con la pandemia. Esta solo puso dramáticamente la lupa sobre todo lo que había que corregir. Tomando solo un tema de una extensísima lista, la Argentina exhibe uno de los mayores índices de deserción escolar del Tercer Mundo, con un pico de entre el 13% y el 15% alcanzado durante 2020, que se acentúa entre los sectores de más bajos ingresos. Hablamos de 1,5 millones de alumnos que se desvincularon de sus estudios en pandemia; demasiados aún sin reinsertarse y unos 360.000 estudiantes que cada año interrumpen su trayectoria escolar. ¿A cuántos más veremos alejarse del desarrollo de sus potencialidades antes de que algo cambie?

Desde el Observatorio Hacer Educación, se analizaron las percepciones de los argentinos sobre la calidad de la educación que reciben sus hijos, y el diagnóstico sobre la gravedad de la crisis es altamente compartido. Casi milagrosamente, sin entrar en detalles, en esta materia estaríamos todos mayormente de acuerdo, pero no alcanza. El nivel secundario alcanza apenas el 30% de aprobación frente al 40% del primario y al 60/70% tanto para el nivel inicial como para el universitario. La mayoría coincidió en que la formación y la capacitación docente eran el principal problema, seguidos por cuestiones ligadas a la falta de inversión, que, si bien debería ser del 6% del PBI, no se cumple.

Casi a diario conocemos estadísticas, informes, resultados de evaluaciones y sondeos de opinión pública sobre el estado de la educación en la Argentina. Los diagnósticos podrán diferir en cuestiones menores, pero todos coinciden en los grandes trazos que urge corregir. Por ejemplo, la cantidad de días de clase al año para el nivel primario es un tema medular. Mientras en Japón son 203, en la Argentina a duras penas llegamos a los 168 –cuando los conflictos gremiales lo permiten–, por debajo incluso de Brasil (192). La falta de continuidad sigue castigando en mayor medida a los más vulnerables.

Con casi la mitad de los estudiantes argentinos que no alcanzan hoy el nivel mínimo de comprensión lectora en la primaria, llegando a más de 6 de cada diez en el tercil de menor nivel socioeconómico, las políticas de Estado en alfabetización no pueden seguir haciéndose esperar. La ONG Argentinos por la Educación insiste, con toda razón, en que la educación debe estar en el centro del debate público.

Suman 38 las organizaciones argentinas que trabajan para ubicar la educación como una prioridad nacional (www.primeroeducacion.org.ar/), articulando objetivos, proyectos e intervenciones coordinadamente. Pero tampoco alcanza.

En 2020, atravesados por la pandemia y con escuelas cerradas, la por entonces diputada Brenda Austin (UCR) planteaba que la educación es una actividad esencial y presentaba un proyecto para declarar la emergencia educativa. Lo mismo hicieron los diputados de Pro María Eugenia Vidal, en 2021, y Martín Maquieyra, en 2022; ninguna de estas iniciativas salió de la comisión respectiva en la cámara de origen. Las presentaciones y derroteros de los proyectos en el Congreso se repiten sin que se logren las aprobaciones. Mucho menos los tan urgentes como ambiciosos avances que proponen.

La senadora por Córdoba Carmen Rivero (Pro) presentó días atrás un nuevo proyecto de ley para la declaración de la emergencia educativa en la Argentina, a fin de garantizar que todos los chicos aprendan a leer y escribir en tiempo y forma, con el acompañamiento de sus pares Alfredo Cornejo, Luis Juez y Carolina Losada.

Reconocer la emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades es el primer paso, pero una simple serie de primeros pasos repetidos a lo largo del tiempo no nos acerca a la meta.

El trabajo parlamentario debe entenderse no solo como la presentación de proyectos de todo tipo y color –algunos por demás criticables, dada su nimiedad cuando las urgencias son tan enormes–, sino fundamentalmente como la capacidad de instalar los debates y construir los consensos en torno a las iniciativas para darles curso real.

Si definitivamente los argentinos no logramos que la educación se constituya en una prioridad, poco podemos esperar de nuestro ya de por sí incierto futuro. Transitamos una auténtica emergencia, y avanzar con la ley solo será un primer paso al que deberán seguirle muchos otros. Desentendernos como sociedad de esta gravísima situación y dejar que nuestros políticos y funcionarios sigan distrayéndonos sin exigirles la atención de los problemas que verdaderamente preocupan al ciudadano es embargar el porvenir. Un ominoso futuro sin educación.

Fuente: La Naciión

El dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el que ratifica la constitucionalidad de la prohibición de votar para las personas que se encuentren presas con condenas firmes de tres años o más resulta acertadamente fundamentado y será la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, la que deberá pronunciarse sobre este asunto.

La intervención de Casal tiene su origen en la presentación judicial realizada por un preso que purga una condena a seis años de cárcel por haber sido considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber intervenido más de tres personas para cometerlo. Su abogado presentó la demanda para que se habilite a su representado a votar en los comicios de este año y, paralelamente, que se declare la inconstitucionalidad de artículos de los códigos penal y electoral nacional que determinan aquella prohibición. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, a cargo de la ejecución de la pena, rechazó la denuncia, pero la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría que resultan inconstitucionales las normas que impiden el derecho al voto.

En rigor, la inhabilitación para votar no es una pena autónoma de la principal, por la cual se dispuso el monto de la condena y finaliza cuando esta concluye. Se trata de una accesoria del delito cometido, que los legisladores sancionaron en función de los parámetros que los jueces toman en cuenta a la hora de determinar la pena. Eso implica que tampoco sea una inhabilitación idéntica en el tiempo para todos los condenados, sino que dependerá de la gravedad de cada delito.

Desde algunas usinas políticas defensoras de los derechos humanos se ha intentado establecer un parangón entre este caso y lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, en 2002, cuando se pronunció en favor de los derechos de los detenidos a no quedar fuera de la nómina de electores habilitados para sufragar que integran el padrón electoral. Como se ve, no es un hecho para nada asimilable. Aquel pedido había sido realizado mediante la presentación de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los detenidos en esas condiciones pudieron sufragar en los comicios de 2007, tras haber reglamentado el Poder Ejecutivo la modificación legislativa al Código Electoral. El presidente para esa fecha era Néstor Kirchner. Antes de 2007 las personas detenidas no votaban.

Respecto del cuestionamientos que plantea este nuevo caso, Casal sostiene en su dictamen que, “en efecto, la inhabilitación electoral priva a quien la sufre del ejercicio del derecho del voto, que es trascendental para la vida democrática”, pero aclara también que el derecho a la libertad, que tiene la misma o incluso mayor trascendencia, admite penas accesorias como, por ejemplo, establecer multas, inhibiciones, decomisos, privación de la patria potestad o de la administración de bienes, previstas en el Código Penal. Es decir, no es un hecho novedoso que ello ocurra ni sucede fuera de ningún marco legal.

Por otro lado, recuerda el procurador general, que, cuando se refiere a derechos políticos, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego de declarar la vigencia del derecho a votar y a ser elegido, aclara expresamente que la ley puede restringir su ejercicio, entre otras razones, precisamente “por condena, por juez competente, en proceso penal”.

Cabe recordar que otros factores admisibles a la hora de establecer restricciones al derecho al voto son la edad, la capacidad civil o mental, la residencia o el idioma. Ello muestra que la misma Convención no previó a ese derecho como un absoluto

Por lo demás, resulta determinante el dictamen de Casal cuando establece que la “declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como de última razón de orden jurídico y que solo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución nacional.

Más allá de que lo que se cuestiona en esta nueva presentación judicial –lo que las propias leyes hoy determinan–, pensar en que, a mayor condena corresponden mayores restricciones, no parece una valoración desacertada desde el propio sentido común.

Fuente: La Nación

Desde comienzos de los años 40, y más intensamente desde los 70, los científicos han hablado del desarrollo de redes neurales capaces de imitar la mente humana o el funcionamiento del cerebro. En 2012 la ciencia había avanzado lo suficiente como para crear redes neuronales con la habilidad de reconocer objetos en imágenes de manera tan exacta como sorprendente.

Hoy, el mundo comienza a notificarse de que estamos frente a una de las novedades científicas más extraordinarias en la historia de la humanidad. Lo que Bill Gates comparó en importancia al invento de las computadoras.

Como suele suceder, la tecnología avanza a pasos gigantescos. Mientras tanto, la política y la Justicia, es decir, los gobernantes y los jueces, el orden interno de las naciones y el orden internacional se desperezan frente a las nuevas realidades de impacto impresionante en las sociedades, y se preparan, casi a ciegas por momentos, siempre con vacilación, para responder a situaciones ajenas a la historia y al conocimiento humano acumulado a lo largo del tiempo,

El historiador y filósofo israelí Yuval Harari ha recordado que la democracia es una conversación y que las conversaciones se basan en el lenguaje, de modo que si la inteligencia artificial (IA) se apropiara del lenguaje, podría destruir nuestra capacidad de tener conversaciones significativas. Dicho de otro modo, podría destruirse la democracia.

La comprensión cabal de las conquistas científicas no se produce de un día para otro y eso explica la variedad de interpretaciones radicalmente distintas entre sí que ha abierto en la comunidad mundial la aplicación concreta de la inteligencia artificial, en particular por el ChatGPT, de Microsoft, y por Bard, de Google. Situaciones análogas se vivieron en el pasado.

Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. Solo cinco años después, en la Argentina de veloz desarrollo de la generación liberal de fines del siglo XIX, el presidente Julio Argentino Roca y su ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, realizaban en 1881 la primera conversación telefónica en el país. Sin embargo, casi al cabo de un cuarto de siglo del descubrimiento, cuando el mundo cruzaba de un siglo a otro, todavía se dudaba sobre la verdadera naturaleza del teléfono. Lo ejemplifica un comentario hecho en 1900 por el jefe de Correos de Londres, el más profesionalizado entonces en el mundo: “Los norteamericanos enloquecen por el teléfono. Nosotros disponemos del suficiente número de chicos hábiles para distribuir a tiempo la correspondencia…”.

Los estudios del gran tema en debate dicen que la IA puede cambiar la economía, la relación competitiva entre las naciones, las relaciones sociales, la política, la educación y hasta el desarrollo de otras ramas de la ciencia. “Puede cambiar la forma en que pensamos”, advirtieron con dramatismo los 350 científicos de Estados Unidos y Europa que llamaron a sus gobiernos a abocarse de inmediato al estudio de los impactos que la nueva tecnología podría ocasionar en el desenvolvimiento humano.

La IA puede cambiar la economía, la relación competitiva entre las naciones, las relaciones sociales, la política, la educación y hasta el desarrollo de la ciencia

Una de las propuestas en danza es obligar en el plano legal a las empresas a informar sobre los fenómenos a cuya resolución están aplicadas. Un estudio de la consultora McKinsey ha estimado que, por obra de la inteligencia artificial, podría agregarse anualmente a la producción mundial el equivalente a una suma que oscilaría entre 2,6 y 4,4 billones de dólares a la economía mundial. Pero el mismo estudio advierte que los trabajadores mejor pagados son los más vulnerables a perder empleos y que tener altos índices de calificación acaso no sea en el futuro tan necesario como hoy. La innovación científica se haría cargo de esos trabajos.

Los medios tradicionales de comunicación perdieron décadas en defender debidamente sus derechos de propiedad intelectual frente a los grandes buscadores. Aleccionados por esa experiencia, hoy están discutiendo con OpenAI, Google, Microsoft, Adobe y otras empresas sobre el contenido de los chatbots y los generadores de imágenes. Se ha hecho notar que en los albores de internet la prensa cometió el error de hasta ofrecer artículos en línea de forma gratuita a los buscadores, pero ahora se manifiesta de otro modo ante el avance de la inteligencia artificial. Lo hace con la seguridad que el Financial Times resume en estos términos: “Los derechos de autor son un tema crucial para los editores”.

Robert Thomson, de News Corp, ha dicho que la inteligencia artificial ha sido diseñada para que el lector nunca visite un sitio web de periodismo, con las consecuencias inevitables sobre el oficio. Elon Musk incluyó su nombre entre las personalidades que han reclamado detener por seis meses los avances prácticos de la IA a fin de que los gobiernos investiguen fehacientemente los daños irreparables que pudieran provocarse. La ciencia y la política se aunaron años atrás en la proclamación de que la clonación humana es un límite que la moral y el destino de la especie humana impiden traspasar. La pregunta del millón, por lo tanto, es si hay algo más para colocar en ese terreno excepcional.

¿Quién usa las nuevas tecnologías y cómo? ¿Esperaremos los primeros daños para actuar con la fuerza de la ley y de un consenso social suficiente? Ogilvy, la gran agencia de publicidad internacional, ha dispuesto usar una marca de agua en sus contenidos para hacer saber que ha trabajado con inteligencia artificial. En la India, el Consejo de Normas Publicitarias ha reglado los contenidos de influencers generados por IA. Por su parte, la Comunidad Europea estudia un proyecto de ley sobre restricciones en defensa de la privacidad y la transparencia.

Una de las definiciones aceptadas sobre la IA es que consiste en la simulación de la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos o imitar su comportamiento. Deep Blue, máquina preparada con un objetivo específico, logró ganar a fines del siglo XX la partida de ajedrez que jugaba con un gran maestro. Ahora, valida de grandes conjuntos de datos y del potencial de algoritmos que aprendieron a analizar esos conjuntos, la máquina ya no solo simula ser una mente. “Es una mente”, proclamó un experto en IA.

Martin Wolf, notable columnista del Financial Times, escribió que la mayor parte del empleo actual se encuentra en nuevas especialidades laborales inexistentes en 1940. Es un recordatorio que alivia tensiones y constata que la humanidad ha sabido recrear en todo tiempo sus habilidades artesanales, profesionales, artísticas y logísticas. Ya veremos de qué manera el hombre se planta ante los nuevos desafíos y por eso la cautela, la prevención y la atención sobre lo que ocurre resultan indispensables, pero no al precio de ahogar un desarrollo tecnológico que ha demostrado bondades incluso en el arduo campo de las intervenciones quirúrgicas.

Se requerirá, sin duda, de un contralor humano riguroso sobre aspectos inquietantes de la IA, como la reproducción de datos faciales y de registro de voz en la difusión de imágenes falsas. Eso sucede de forma creciente en la red global y hasta gravita de manera alarmante en campañas electorales como la de Estados Unidos, desnaturalizando los fundamentos de la democracia.

Si se reproducen de manera asombrosa, como se ha hecho notar, los cuerpos humanos y los atributos por los que se los reconoce es porque nuestra inteligencia tiene relación con nuestra capacidad sensorial y motora. El secreto ha de estar, pues, en la reafirmación del papel que la humanidad ha de seguir cumpliendo como actora central e indiscutible de la historia.

Fuente: La Nación

Las acciones violentas protagonizadas en las últimas horas en Jujuy por grupos de choque en rechazo a la reforma de la Constitución provincial no pueden ser desvinculadas de las irresponsables declaraciones de funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, quienes vienen advirtiendo que un hipotético gobierno nacional de signo diferente al actual tendrá los días contados en el poder, en virtud de una suerte de golpismo anunciado.

El intento de incendio de la sede de la Legislatura jujeña, la destrucción de automóviles particulares y la lluvia de piedrazos provocados por activistas del kirchnerismo y de izquierda solo pueden entenderse como un ensayo destituyente de cara a una previsible derrota electoral del oficialismo en el orden nacional.

Indignan, en tal sentido, tanto la falta de condena por parte del presidente y la vicepresidenta de la Nación frente a este ataque a las instituciones, como los juicios del diputado kirchnerista Eduardo Valdés, quien sostuvo que “si la oposición toma el Gobierno, habrá convulsión social como actualmente existe en Jujuy”.

La protesta tuvo como pretexto la aprobación de una reforma constitucional que contó con un amplio consenso alcanzado entre la coalición que gobierna la provincia, liderada por el gobernador Gerardo Morales, y sectores del peronismo local.

Entre las modificaciones constitucionales que dijeron rechazar los activistas se encontraban el artículo 36, referido a la restitución de propiedades usurpadas a sus dueños; el 50, sobre derechos y garantías de las comunidades indígenas, según el cual “el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y el 67, por el cual se plantea la prohibición de cortes de calles y rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de los edificios públicos en la provincia. También se objetaba el artículo 74, que declara a la tierra como “un bien de trabajo y de producción”.

Si bien el gobernador Morales accedió a que fueran anulados los dos primeros artículos mencionados, en aras de tender un puente con los minoritarios sectores que se oponían a la reforma constitucional, las acciones de vandalismo se profundizaron y el nivel de violencia creció, con el aporte de activistas ligados a la agrupación Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, y de grupos izquierdistas y kirchneristas que, en algunos casos, llegaron en los últimos días desde la provincia de Buenos Aires.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía jujeña provocaron solo en la jornada de anteayer alrededor de 70 heridos –más de la mitad de ellos, efectivos policiales– y 58 detenidos, además de inmensos daños materiales que alcanzaron a oficinas de la Legislatura a las que llegaron las bombas incendiarias que arrojaron los activistas, poniendo en peligro la vida de empleados que se encontraban en esos lugares.

Desde Juntos por el Cambio se acusó a las autoridades nacionales de operar para sembrar el caos y la violencia en el territorio jujeño, con la intención de desviar la atención del escándalo derivado de la desaparición de la joven Cecilia Strzyzowski en Chaco, por la que están acusados dirigentes de una organización aliada al gobernador Jorge Capitanich.

Es llamativo, sin dudas, que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner hayan pronunciado una sola palabra de condena sobre este crimen político y que hayan salido rápidamente a atacar al gobierno de Jujuy por la represión policial sin cuestionar los graves hechos vandálicos que la provocaron. Como si el intento de incendiar una legislatura provincial fuera poca cosa.

Los recuerdos del pasado reciente en Jujuy nos conducen a un personaje violento y corrupto como Milagro Sala, quien construyó con la complicidad del gobierno de Cristina Kirchner un Estado paralelo para gerenciar la distribución de miles de planes sociales. Se intentaría ahora el regreso a ese pasado lamentable, con un renovado ataque a las instituciones de la democracia. No llama la atención cuando la jefa del kirchnerismo no oculta que considera caducas las instituciones republicanas y la división de poderes, montada en una concepción afín con la implantación de una autocracia semejante a la que impera en no pocas provincias gobernadas por caudillos autoritarios.

La reacción del gobierno nacional muestra una vez más el desdén por el Estado de Derecho de la corriente política gobernante. No es un hecho nuevo la indiferencia hacia los actos violentos practicados contra gobiernos que no le son afines, como el de Jujuy. Tal actitud se asocia con la idea de que solo el kirchnerismo encarna los valores de la Patria, ratificada con el reciente rebautismo de la coalición oficialista como Unión por la Patria y cada vez que se bastardea toda conmemoración histórica nacional con actos de carácter netamente proselitista.

Los hechos ocurridos en la celebración del aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano nos llevan a recordarlo con palabras suyas: “Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”. Una Patria que no tiene dueños porque, como escribiera Jorge Luis Borges, “Todos somos la Patria”.

Fuente: La Nación

La inflación de mayo, expresada por el aumento mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, resultó del 7,8%. Es un valor inferior al de abril pasado, pero que confirma el sostenimiento del fenómeno. Se destaca una diferencia con las mediciones de las consultoras privadas, cuyos valores resultaron entre 8,5% y 9% para la inflación minorista de mayo.

La composición del aumento muestra importantes disparidades. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas traccionó esta vez hacia abajo. En esto influyó la carne, con un muy bajo movimiento de precios después del fuerte aumento del mes anterior. El incremento oficial acumulado en los últimos 12 meses arroja 114,2%, una inflación anual que no se había alcanzado desde 1991.

Se mantiene una alta inflación a pesar de los diversos anclajes ensayados por el Gobierno. Tal vez el de mayor efecto es el retraso ex profeso del tipo de cambio aplicado al comercio exterior y las operaciones financieras.

El programa de Precios Cuidados es inoperante y dañino, aunque pueda serle útil al Gobierno para la exposición estadística de un índice morigerado

Mientras el IPC creció 5,7 veces desde diciembre de 2019, la cotización administrada del dólar oficial lo hizo sólo 3,8 veces. Naturalmente esta política cambiaria no ha sido inocua. Se ha convertido en un deporte nacional conseguir los dólares del Banco Central a la mitad del precio que debe pagárselos en el mercado informal. Para ello se recurre a diversos arbitrios tales como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones. Inexorablemente, el Banco Central se queda sin reservas disponibles. La consecuencia es la limitación forzada de importaciones y el desabastecimiento con su previsible impacto recesivo.

Otro de los instrumentos aplicados es el del control de precios. Con seguridad, el programa de Precios Cuidados es en la realidad inoperante y dañino, aunque pueda ser útil al Gobierno para la exposición estadística de un índice morigerado. Otro instrumento de anclaje ha sido el congelamiento o el retraso de las tarifas de servicios públicos. Por ser precios regulados, deben ser respetados por los operadores y su consideración en el índice es en este caso apropiada. Sin embargo, la consecuencia es un creciente monto de compensaciones o subsidios hacia las empresas prestadoras, que incrementan el déficit fiscal, la emisión y por consiguiente la inflación. Es el fenómeno de la frazada corta. Si por un lado se logra reducir la inflación medida por el Indec, por el otro se genera un componente reprimido que en algún momento futuro se recuperará. Cualquier política de estabilización que instrumente el próximo gobierno deberá ser precedida por una normalización de las tarifas y, en general, de todos los precios relativos que han sido expresamente retrasados.

La realidad es que la persistente inflación está alimentada por un alto ritmo de emisión monetaria que es consecuencia a su vez de un déficit fiscal que no cede y que dista de cumplir con los límites establecidos en el presupuesto y los acordados con el Fondo Monetario Internacional. La reabsorción operada por la colocación de letras remuneradas del Banco Central no ha sido suficiente a pesar de haber alcanzado un stock que supera los 15 billones de pesos. La contracara de esta deuda es el enorme gasto cuasifiscal por el pago de intereses. El efecto inflacionario de esta expansión monetaria puede potenciarse, y de hecho sucede, con el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Este fenómeno resulta del comportamiento de la gente frente a la percepción de la inmediata desvalorización del dinero y la desconfianza sobre la capacidad del gobierno para controlarla. Esta es la mayor amenaza sobre la gente y también para el actual gobierno, que solo podrá eludirla si en las próximas primarias surge la evidencia de un triunfo de la oposición en las elecciones de octubre. Es una paradoja de las tantas que nos regala el populismo.

Fuente: La Nación