Categoría: Entrevistas

Compra de lotes a precio vil o “simbólico”; adquisición con fondos de procedencia difícilmente demostrable de campos, casas, departamentos de lujo, aquí y en el exterior; inexplicable obtención de aviones, barcos y autos de valores exorbitantes para un funcionario público; concreción de fabulosos negocios inmobiliarios y comerciales a nombre de testaferros; posesión injustificable de piedras preciosas, joyas, dólares, euros, bonos, acciones, empresas, sociedades, consultoras y hasta armas de fuego. La lista de bienes mal habidos como producto de la corrupción estatal es larga y son numerosísimas las causas judiciales abiertas para investigar esos hechos.

El uso ilegal de los fondos públicos no es nuevo. No hace falta remontarse muchas décadas atrás para hallar resonantes casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Por ejemplo, durante el menemismo en el poder. Pero, como sucede con todo mal que no se frena a tiempo, el inicial robo para ostentación personal fue in crescendo hasta degenerar en el saqueo deliberado y mayormente impune de las arcas estatales, destinado al financiamiento de la política.

Se le atribuye a Néstor Kirchner haber dicho que para hacer política se necesita plata. El dinero como factor de poder, como instrumento de dominación. Sin plata, no se pueden financiar prebendas, y sin prebendas no hay lealtades ni recursos materiales para procurarse impunidad. La corrupción tiene tentáculos que abrazan múltiples objetivos.

El pasado 25 de mayo, el kirchnerismo trocó la fiesta patria para autoconmemorarse. Ese día se cumplieron 20 años de su llegada al poder y, claramente, aunque no iba a darle entidad de festejo al latrocinio, pudieron haber celebrado también otro hito de las gestiones presidenciales del matrimonio Kirchner. Sus gobiernos ostentan el triste récord de la mayor cantidad de funcionarios y exfuncionarios procesados y encarcelados por corrupción.

La dirigencia debe dar el ejemplo. Su responsabilidad es inmensamente mayor y, más aún, cuando le ha sido confiado el manejo de los dineros del Estado

La propia vicepresidenta de la Nación fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada para ejercer cargos públicos por malversación de fondos estatales en la causa conocida como Vialidad, fallo que no se encuentra firme, pero que, de ningún modo, le impide ser candidata en esta instancia, tal como quiere imponer falazmente en la consideración ciudadana.

Su enriquecimiento ha sido notorio habiendo trabajado prácticamente casi toda su vida en el Estado. Lo de “abogada exitosa” no solo no aplica en su caso como excusa de semejante fortuna, sino que, hasta ahora, ha sido indemostrable.

Sobreseída recientemente en la denominada ruta del dinero K a pedido del mismo fiscal que la había acusado, su viejo amigo –o examigo– Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero en esa misma causa. Se trata de un oscuro extesorero de un banco patagónico que pasó a ser un pseudoempresario multimillonario beneficiado con la obra pública, precisamente durante los gobiernos de la pareja “exitosa”.

Un conspicuo ladero de Néstor Kirchner, el secretario privado Daniel Muñoz, ya fallecido, pasó de ser un correveidile del poder a un megainversor en propiedades costosísimas en los Estados Unidos, en mansiones cuya adquisición resulta, claro está, más que sospechosa.

Fabián Gutiérrez, otro de los hombres de confianza del kirchnerismo, que decidió convertirse en “arrepentido”, también tuvo la mala suerte de Muñoz: murió, pero, en su caso, no fue producto de un cáncer, sino de un asesinato. Lo mató en El Calafate un grupo de jóvenes que esperaban encontrar el botín que suponían que el hombre preservaba en algún lugar de la Patagonia.

De la era kirchnerista es también producto el primer exvicepresidente condenado en la historia del país: Amado Boudou. La pena a 5 años y 10 meses de cárcel –aunque ya no está entre rejas– fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Eso no le ha impedido a Boudou, hoy en libertad condicional, ventilarse en actos públicos denunciando un inexistente lawfare y pretendiendo desconocer que la Justicia lo halló –probada y sobradamente– culpable de haber intentado quedarse con la fábrica de hacer dinero, la ex-Ciccone.

Hotesur, Los Sauces, los cuadernos de las coimas son términos ya conocidos por una gran mayoría de ciudadanos que, en muchos casos, asisten entre azorados e indignados a semejante expoliación de dineros públicos y a las exclusivas bondades judiciales de las que solo gozan los poderosos –algunos lograron la libertad condicional por realizar cursos en las celdas–, permitiéndoseles cumplir condenas en cómodas viviendas en lugar de seguir encarcelados.

José López, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Ricardo Echegaray, Juan Pablo Schiavi, Sergio Urribarri, Felisa Miceli, Romina Picolotti y Milagro Sala son apenas un mínimo ramillete de funcionarios y exfuncionarios y amigos del poder identificados con el kirchnerismo en distinto grado de conflicto con la Justicia. Desde ya que también los hay de otras veredas ideológicas, pero en un número significativamente menor.

Con todo, vale decir que el riesgo de que haya dirigentes políticos, empresariales, sindicales y hasta funcionarios judiciales empeñados en infringir las leyes no es lo más amenazante que pueda ocurrirnos como país. La constante exposición a estos groseros quebrantamientos de las normas está sembrando en las mentes de muchas personas ajenas al poder la idea de que la corrupción es inevitable, de que forma parte de la escena política y que es muy difícil de neutralizar. Ese es el verdadero peligro que corremos: naturalizar la corrupción como un mal endémico con el que hay que convivir porque no tiene solución.

Esa tolerancia se acentúa de forma desproporcionada cuando los ciudadanos están pasando por crisis personales que los obligan a establecer prioridades. Saben del profundo mal que representa la corrupción, pero lo perciben lejano. Están impelidos a resolver problemas mucho más inmediatos y angustiantes en lo personal y familiar: la falta de trabajo, la dilapidación del esfuerzo de toda una vida, la economía personal en ostensible decadencia y una inseguridad apabullante que podría terminar con sus vidas y las de sus seres queridos.

Basta con observar los resultados de la mayoría de las encuestas realizadas en épocas de crisis económicas profundas: al ciudadano común le preocupa mucho más no poder llegar a fin de mes, que sus hijos no tengan qué comer, quedarse en la calle. Por el contrario, durante los períodos de aparente bonanza –muchas veces artificial–, la corrupción política suele escalar altura en la tabla de posiciones de los principales males que aquejan a la población.

Y hay otro condimento tan inquietante como peligroso de esa naturalización de lo que está decididamente mal: pensar que si nada ocurre con los poderosos que roban, robar no es delito. Si nada le pasa al delincuente mayor, ¿qué más da hacer la vista gorda para salvaguardar la pequeña y dañada economía doméstica, aunque se tenga que recurrir a malas armas? Por ejemplo, cuando se aceptan transacciones de las que no queda registro o se negocian diversas estrategias para evadir obligaciones fiscales. Aunque en forma de migajas, se va creando el propio fraude individual. ¿Por qué no imitar lo que no está permitido hacer si, en definitiva, todos lo hacen y no hay castigo?

Ver que nada ocurre con los corruptos en el poder explica de algún modo, aunque no justifica ni legitima, que muchos ciudadanos terminen tolerando el hecho delictivo y que cometan ellos mismos pequeñas corrupciones cotidianas: el comerciante que ofrece un precio menor si no se le exige factura; el usuario que paga siempre en efectivo porque bancarizarse lo compromete impositivamente; el que no entrega el ticket y el que no lo reclama.

Sin dudas, es la dirigencia la que debe dar el ejemplo. Su responsabilidad es inmensamente superior, y más aún cuando le ha sido dado el manejo de los dineros del Estado. Pero no habrá dirigencia sana si la ciudadanía no está dispuesta a exigir decencia ni a ser decente.

Fuente: La Nación

Recientemente fue aprobada la modificación del artículo 48 de la Ley de Tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. La nueva norma prohíbe conducir en todas las rutas nacionales del país con alcohol en sangre, tal como sucede actualmente en 13 provincias y más de 40 ciudades de todo el país.

Los siniestros viales son la primera causa de muerte en personas menores de 35 años en el país. El alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes. Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta hasta tres veces las posibilidades de siniestralidad vial porque afecta los reflejos y la percepción del riesgo en el conductor, además de generar una falsa sensación de seguridad que puede fomentar el exceso de velocidad o el no uso de elementos de protección como el cinturón de seguridad o el casco.

Desde la activa ONG Luchemos por la Vida se reporta que las muertes por accidentes viales en 2022 fueron 6184. La cifra difiere de la informada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que registró 3828. Según se indicó, una de las razones del subregistro de la agencia oficial estatal es que, de manera preliminar, incluye sólo las víctimas en el lugar del hecho y la ONG abarca, además, a los fallecidos dentro de los 30 días del siniestro.

Estremece el rango etario consignado en la información que proporciona la ANSV para el año 2022. El 37% de las víctimas mortales, o sea casi cuatro de cada diez fallecidos en el lugar del hecho, tenían entre 15 y 34 años de edad; mientras que el 27% de las víctimas mortales tenía entre 35 a 54 años.

En los últimos días ocurrieron trágicos accidentes de tránsito que tuvieron como protagonistas a vehículos particulares y otros afectados al servicio público. En ambos primó un denominador común: quienes conducían habían consumido sustancias estupefacientes, tal como surgió de estudios posteriores. La realidad señala que cada vez son más los desaprensivos conductores que se lanzan a manejar bajo los efectos de las drogas.

Los efectos del alcohol en quien conduce son harto conocidos. Cuando de drogas se trata sus efectos sobre la capacidad para conducir son diferentes y dependen de la manera en que estas sustancias actúan en el cerebro. Por ejemplo, la marihuana puede disminuir la coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad para evaluar tiempo y distancia.

Los conductores que han consumido cocaína o metanfetamina pueden conducir en forma agresiva o imprudente. Ciertos tipos de medicamentos recetados -incluidos los opioides y las benzodiacepinas, utilizadas para tratar trastornos que incluyen la ansiedad, el insomnio y las convulsiones- pueden causar mareos y aletargamiento y disminuir el funcionamiento de las capacidades cognitivas (capacidad de juicio y capacidad de pensar).

Estos efectos explican el riesgo que el consumo de cualquier sustancia tiene sobre la conducción de vehículos, una actividad que requiere un alto grado de concentración y control, percepción del entorno y rapidez de reacción. Sin duda, tradicionalmente es la ingesta de alcohol la más relacionada con accidentes de tráfico, debido a que es la más consumida por la población, pero cada vez más el consumo de drogas dice presente en los accidentes de tránsito.

Ante tan grave situación se impone la necesidad de aumentar los controles que permitan determinar si quienes circulan por las calles, avenidas o rutas del país se encuentran inhabilitados para conducir por haber consumido alcohol o drogas, aspecto este último que cobra aún mayor importancia en los casos de vehículos afectados al transporte público.

A pesar de las campañas de concientización y prevención, todavía hay demasiadas personas que conducen un vehículo habiendo ingerido alguna de estas sustancias. Y más allá de las sanciones económicas que esto supone, la retirada de puntos y alguna otra penalidad, sigue habiendo poca percepción en cuanto a los riesgos que estas acciones conllevan y sus efectos sobre la vida propia y la de los demás cuando se está al volante.

Fuente: La Nación

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), fundación que este año cumple dos décadas de vida, entregó, en su primera edición, el Premio Graciela Fernández Meijide a la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala (GAM) y al activista cubano Librado Linares García.

En tanto GAM es una organización de carácter no gubernamental fundada por familiares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno, Linares García es el impulsor del Movimiento Cubano de Reflexión y quien desde 2011 ha nucleado y organizado a grupos de activistas que resisten el autoritarismo del régimen instaurado en la isla en 1959.

Cadal, fundación privada sin fines de lucro, apartidaria y con sede en la Capital Federal, se planteó desde sus orígenes promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

Los integrantes de Cadal provienen de distintos ámbitos, como el académico, el periodismo, la consultoría y el activismo en derechos humanos y se define como un espacio plural en el cual sus integrantes comparten la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y el carácter universal de los derechos humanos.

La defensa y la promoción de los derechos humanos no deben tener bandería política ni sesgo ideológico, valores fundamentales que podemos hallar en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, texto que ha inspirado tratados y documentos en todo el planeta y que seguramente sirvió de base de acción de Cadal.

Cadal, en su actividad, hace hincapié en contextos autoritarios donde se reprime la libertad de asociación, expresión, reunión y el derecho a la participación política, y en democracias que ven amenazadas su institucionalidad, las libertades civiles y políticas, y erosionado el Estado de Derecho.

Por su labor en el plano internacional la Fundación forma parte de foros y organizaciones como el Movimiento Mundial para la Democracia (WMfD), la International Coalition to Stop Crimes against Humanity in North Korea (ICNK), el International Tibet Network, la Coalición por la Libertad de Asociación, la Red de Think Tanks KAS en América Latina, es miembro de TrustLaw y está registrada como Organización de la Sociedad Civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En sus pronunciamientos, afirma defender el carácter universal de la democracia que, como ideal, promueve la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantiza la justicia social, facilita el desarrollo económico, refuerza la cohesión de la sociedad, crea un clima propicio para la paz internacional y es el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo.

En tiempos de que casi un tercio de los países que forman parte de la ONU reprimen la libertad de asociación, expresión, reunión, manifestación y el derecho a la participación política de sus ciudadanos, es sumamente importante rescatar la labor de las asociaciones civiles que con su compromiso democrático brindan solidaridad y prestan su voz para denunciar, en cada rincón del globo, violaciones a los derechos humanos y atropellos

Fuente: La Nación

Una de las varias acepciones de la palabra “ajeno” es “quien no tiene conocimiento de algo o no está prevenido de lo que ha de suceder”. En términos políticos, podría decirse que buena parte de nuestra dirigencia hoy desconoce –o no prioriza como debería– los temas que más preocupan a los ciudadanos de a pie. Se percibe en eso un divorcio abrumador. La sociedad, inexplicablemente, pareciera resultarles indiferente a muchos de quienes le reclaman su voto. La gente está asustada, cansada y ya no acepta promesas, porque advierte –quizá como nunca antes– que jamás se concretan.

Se habla, entonces, de “la ajenidad de la política para con la sociedad”. En opinión del politólogo Andrés Malamud, esa ajenidad es hoy “absoluta”. Y, para explicar la contundencia de su apreciación, comparó el poder de convocatoria del kirchnerismo con los millones y millones de personas que salieron a las calles a celebrar el triunfo argentino en el último Mundial de Fútbol. “En aquella marcha de los cinco millones [de manifestantes en las calles] celebrando el triunfo, la gente creyó entender que no necesita de la política. Se juntó sin muertos y sin asistencia del Estado. El Estado fracasó de una manera crasa y evidente y la sociedad se hizo cargo: la seguridad estuvo a cargo de los ciudadanos”.

No dudó Malamud en advertir que esa lejanía entre la sociedad y la dirigencia política no deja de ser “un problema”, porque, “sin política, no nos podemos organizar para salir adelante. Podemos organizarnos para sobrevivir en una marcha, pero no para que la Argentina baje la inflación”.

Sin dudas, lo ocurrido en las últimas elecciones en Tierra del Fuego, donde el voto en blanco superó el 20 por ciento, es un indicador delicado de ese hartazgo ciudadano: si bien es un voto válido para la ley, es la expresión más clara del disvalor de la representación política a los ojos del elector. No vota por nadie porque siente que nadie lo representa.

En una interesante columna de opinión publicada en el diario Clarín, la también politóloga y socióloga Liliana de Riz recordaba una frase del expresidente Carlos Pellegrini, quien advertía sobre los males que acarreaba un país “mal unido”, en el que no se pueden disipar del horizonte las sombras de la anarquía.

“Lo cierto es que ninguno de los gobiernos, sea de signo peronista o no peronista, pudo evitar la crisis económica recurrente y sus secuelas sociales y políticas a lo largo de las últimas cuatro décadas. Arrastramos más de una década sin crecimiento y con cifras de pobreza que hoy se aproximan a la mitad de la población. La creencia de que solo el peronismo puede asegurar la gobernabilidad en la Argentina, sucumbió”, relataba De Riz para concluir que “parece claro hoy que la gobernabilidad ya no depende de quién gobierne, sino de cómo somos gobernados para que haya un punto de inflexión en la historia cíclica de la ilusión al desencanto”.

Los conceptos de “ajenidad absoluta” de Malamud y de “país mal unido” que De Riz rescata de Pellegrini resultan interesantes más por lo que comparten que por lo que aparentemente podría diferenciarlos. Para que haya una ajenidad debe haber al menos dos protagonistas interactuando –a veces bien, a veces mal–, y solo puede padecer una desunión lo que alguna vez estuvo unido o podría estarlo.

Es cierto que la exacerbada puja política interna de las principales coaliciones que se disputan el poder con vistas a los próximos comicios poco ayuda a aclarar el panorama y a apaciguar los ánimos. Sin embargo, el principal inconveniente no radica en esas luchas intestinas que, en todo caso, vienen a mostrar las formas que cada frente elige para resolver su internismo más cerril. El mayor problema radica, precisamente, en que la forma está desplazando el fondo. Los discursos son vacuos, llenos de frases grandilocuentes y sin explicaciones respecto de cómo se lograrán los magnánimos objetivos que se sueltan grácilmente durante las campañas electorales. Cuando un candidato dice estar dispuesto a dar todo en pos de una Argentina mejor, ¿por qué no precisa su plan de gobierno así nos enteramos de cómo lo va a lograr?, ¿acaso alguien podría esperar que sostenga lo contrario: que va a darlo todo en pos de un país peor? No se hacen tortillas con cáscaras de huevo, sino con el relleno del producto de la gallina.

No debemos soslayar que si hay una dirigencia indiferente respecto de los problemas de la gente es porque subsisten sectores de esa sociedad que la consienten, a veces involuntariamente, y otras porque se valen de esa anomia para negociar en su propio beneficio llegado el caso.

Un consultor político lo decía recientemente en términos que podrían pecar de simplificadores, pero que guardan una gran dosis de verdad: nuestro país no termina de caer –opinaba– porque vivimos en una sociedad corporativista, no democrática en el amplio sentido de la palabra. Existen en nuestro país corporaciones, sindicatos y organizaciones empresariales que son parte de ese corporativismo y todos funcionan con una lógica propia: mientras el Gobierno no los fastidie y les permita enriquecerse y la sociedad acepte que ello ocurra, la cosa funciona. Mal, pero funciona. Emprender el doloroso camino de hallar una salida para los problemas es romper ese statu quo y ya se sabe lo que ocurre cuando los privilegiados avizoran que pueden perder sus privilegios.

Durante una reciente entrevista con LA NACION, el escritor y periodista Jaime Bayly fue duro en su diagnótico: “Desde Alfonsín, con breves interludios, la Argentina ha sido siempre un país en crisis, en decadencia. De eso tienen la culpa los gobiernos peronistas y los no peronistas. Todos han fracasado. Es un país enfermo que no se muere nunca, que siempre puede estar peor. Es una cosa terrible, porque los países, a diferencia de las personas, no se mueren, agonizan eternamente”.

Sería una enorme oportunidad perdida si, en agosto y en octubre próximos –y quizá en un posterior ballottage–, no volvemos a intentar una nueva salida del profundo pozo en el que nos encontramos sumidos. Un pozo del que se sale en grupo, expresando, atendiendo y tratando de resolver con seriedad y empatía los problemas e intereses del conjunto. Que el hartazgo no nos impida tener esperanzas. Es necesario comprometerse desde el lugar que cada uno ocupa. Nadie se salva solo.

Fuente: La Nación

Personas de clase media baja, no profesionales, remiseros, quiosqueros o microemprendedores. No son beneficiarios de planes sociales. Son trabajadores asalariados o informales, autónomos o independientes. Se trata de los que conforman el universo de “nuevos pobres”, en un escenario devastado por la inflación y la crisis. La descripción se desprende de una radiografía sobre la pobreza y las desigualdades, presentada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) en la Universidad Católica Argentina (UCA), con motivo de la colecta anual de Cáritas de este fin de semana.

“Todos empeoran, pero los sectores medios no profesionales se vienen empobreciendo cada vez más: desde 2010 casi se triplicaron las personas de este segmento social que cayeron por debajo de la línea de pobreza”, reveló a LA NACION el sociólogo Agustín Salvia, director del ODSA, al compartir los datos del relevamiento.EN UNA JUGADA A FONDO, MASSA PRESIONA A FERNÁNDEZ Y AMAGA CON RENUNCIAR SI INSISTE CON LAS PASO

En efecto, en 2010 la tasa de pobreza en los sectores medios no profesionales era del 7,1% y hoy asciende al 18,2%, lo que representa 1,8 millones de personas. En esa franja se mueven, incluso, jubilados que hace 20 años no conocían la pobreza.

A nivel general, la pobreza golpea al 43,1% de la población, con índices abrumadores en los sectores bajo integrado (51,7%) y bajo marginal (70,5%). Y la indigencia llega al 8,1%: unas cuatro millones de personas que no pueden cubrir la canasta básica alimentaria.

“Detrás de los números hay personas, hay rostros, hay nombres, hay historias”, reflexionó el obispo Gustavo Carrara, vicario episcopal para las Villas de Emergencia y vicepresidente de Cáritas, confiado en que la difusión de estas cifras ayude a generar más sensibilidad frente al drama social con el que conviven los más pobres. Acompañó a Salvia en la presentación del informe del Observatorio de la UCA, junto con Paula Porce, videdirectora de Cáritas Argentina, y recordó que “la indigencia y la pobreza producen sufrimiento y muchas veces hipotecan vidas”.

Con el lema “Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos”, la colecta de Cáritas se realiza en todo el país, con la movilización de unos 40.000 voluntarios y los aportes y donaciones se pueden hacer por vía electrónica en el sitio web: www.caritas.org.ar,

“Nos duelen los números de la pobreza”, afirmó, en tanto, el designado arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, al animar a un mayor compromiso y solidaridad a través de la participación en la colecta, en un mensaje dirigido a la comunidad de la diócesis de Río Gallegos.

Trabajo informal

Al discriminar el impacto de la pobreza según los niveles socioeconómicos, otra manera de medir el cuadro social en la investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el índice entre los sectores medios bajos representa el 25,9%, cuando en 2017 era solo del 13 por ciento. Se volvió a los niveles de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en 2010 (21,3 %) y del primer año del mandato de Mauricio Macri, en 2016 (23,6%), con indicadores más severos y privaciones desconocidas para esa franja de la población.

“En una Argentina en la que se deterioran los salarios, las familias responden con más trabajo y, cuando no lo demanda el mercado, lo autogeneran”, explicó Salvia, al referirse a la creciente informalidad de la economía social.

Para Salvia, hay un marcado deterioro de los ingresos, aun en aquellos que no son pobres. “Todos empeoramos”, insistió.

Un dato significativo del impacto de la crisis entre los sectores medios no profesionales es la caída en la capacidad de ahorro. En 2010, el 21,9% de los hogares de este sector social podían ahorrar, proporción que hoy descendió al 15,4 por ciento. En los sectores más pudientes, la capacidad de ahorro también bajó, pero menos: del 48,3 al 41,6 por ciento.

Y otro signo revelador es la cantidad de personas que “no pueden hacer arreglos, siendo necesarios, ni pintar la vivienda por no tener dinero”. En los sectores medios no profesionales, el 26,4% manifestaban esa dificultad en 2010. Hoy lo expresa el 45,6% de esa franja. Ese problema se duplicó, incluso, en el sector profesional: pasó del 11,6% al 26 por ciento.

Entre 2017 y 2022, el índice de pobreza trepó del 28,2% al 43,1%, aunque la situación de postergación social venía de arrastre, con picos del 31,8% en 2010 y del 32,8% en 2016. Los números crecieron a caballo de las desigualdades y hoy se advierte que la pobreza golpea al 2,7% de los sectores medios profesionales, al 18,2% del estrato medio no profesional; al 51,7% de los sectores bajos integrados y al 70,5% de los estratos bajos marginales

El análisis de este afligente cuadro social lleva a una pregunta: cuál es la salida para que existan mejores condiciones de vida para los sectores más postergados.

“Estabilizar la economía. Son segmentos que no requieren de acciones especiales. Gente que tiene mucho empuje para el trabajo y para llevar adelante proyectos. Se defienden de la crisis con mucho esfuerzo”, señaló el director del Observatorio.

Salvia apuntó, incluso, otro enfoque: “No tienen, en general, una ideología política determinada. Probablemente, en las urnas castiguen a quienes los defraudan en materia política. Son sectores que también están afectados por la inseguridad. Quieren reglas claras, que se los deje trabajar”.

La pobreza estructural

El estudio del Observatorio de la Deuda Social señala que el 22,5% de la población se encuentra en situación de pobreza estructural. Padecen privaciones que en 2010 abarcaban al 17,1% de los habitantes. Esa pobreza estructural sube al 30% en el conurbano bonaerense.

Entre otros indicadores, el 45,9% de la gente se percibe con ingresos insuficientes y apenas el 9.6% declaró haber tenido capacidad de ahorro.

El 51,7% comentó que es beneficiario de programas asistenciales, proporción que en 2010 llegaba al 32,9 por ciento. El porcentaje llega al 58,7% en el conurbano bonaerense, al 52,5% en otras áreas metropolitanas y al 52,9% en zonas urbanas del interior.

Una de las conclusiones del estudio señala que las estrategias familiares que adoptan los propios hogares son el mayor esfuerzo productivo y uno de los factores que logran atenuar –y en algunos casos revertir- la tendencia creciente de la pobreza y la indigencia. También influyen las políticas públicas y asistenciales, que contribuyen a “apaciguar” el crecimiento de la indigencia, aunque se reconoce que no se trata de fuentes genuinas de mejora.

Mariano De Vedia

Fuente: La Nación

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Tal como consignamos días atrás en esta columna editorial, el Estado nacional acordó reconocer como “sitio sagrado” de la comunidad de encapuchados Lafken Winkul Mapu, un espacio de 10 hectáreas en Villa Mascardi. Los usurpadores colocaron allí un objeto de madera que consideran “sagrado” para que su jefa espiritual o “machi” pueda poner en práctica “sus dotes de sanación” dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los años de civilización, el proceso de secularización y de búsqueda de instituciones que promuevan una ciudadanía libre y lúcida que ha permitido la práctica de cualquier fe religiosa en el ámbito de lo privado parecen haber sido abolidos por las actuales autoridades.

Como todo grupo humano, los pueblos indígenas poseen sitios sagrados, símbolos esenciales de su identidad. Integran su patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio. Sin embargo, imponer al pueblo argentino un acuerdo celebrado casi a escondidas entre la Secretaría de Derechos Humanos y Parques Nacionales y miembros de una supuesta comunidad nunca registrada constituye un acto de inusitada gravedad institucional. A este grupo que se afincó en Villa Mascardi de modo violento, ahora el Estado le concede sin más el sitio usurpado otorgándole carácter sagrado.

Es necesario recordar que la causa judicial relacionada con los numerosos hechos delictivos perpetrados en Villa Mascardi está suspendida a la espera de juicio oral y público por intromisión del Poder Ejecutivo Nacional. A la fecha existen detenidos y prófugos de la Justicia por haber usurpado y vandalizado al extremo tanto propiedades públicas como privadas. En ese contexto y entrometiéndose nuevamente en el accionar judicial, violando toda independencia y división de poderes, el Estado nacional crea una supuesta “mesa de diálogo” a la que le faltan patas para buscar una solución a un conflicto que ya se encuentra judicializado y a la espera de juicio oral. A las conversaciones solo fueron convocados los delincuentes y con ellos, a solas, se suscribió este escandaloso e ilegal acuerdo que no contempla ni a los damnificados ni a los vecinos.

Con este injustificable proceder, el Gobierno vuelve a violentar el Estado de Derecho y desalienta la tramitación de la regularización de cualquier comunidad indígena por vías legales: es más eficaz usar capuchas, palos, piedras y bombas y, en el siglo XXI, dar a un pedazo de madera recientemente ubicado en un Parque Nacional el carácter de “sagrado”. Ocurre que basta con que algunas autoridades admitan que el sitio usurpado reviste carácter sagrado para considerar que los hechos ocurridos no han constituido delito.

En un acto de última voluntad destructiva, un gobierno que se despide pretende dar la espalda una vez más a la ciudadanía y a la ley y premiar a los violentos que con actitudes guerrilleras enfrentan a la sociedad y a sus normas.

El propio Sindicato de Guardaparques Nacionales así lo reconoció en un comunicado que expresa: “El acuerdo no solo constituye un antecedente deplorable al pactar conciliaciones con quienes desarrollaron actos de terrorismo, atormentando física y moralmente a personas inocentes, incluyendo funcionarios públicos, apropiándose, ilegalmente y por la fuerza, de tierra del dominio público, destruyendo el ambiente y la propiedad privada; significa también un destrato hacia las legítimas comunidades y pobladores originarios de las áreas protegidas que siguen los circuitos legales de reconocimiento y autorización de uso y ocupación de la tierra, dejando demostrado que la receta de no cumplir con la ley funcionó exitosamente para obtener beneficios ilegítimos, arrogándose derechos de la ley 26.160 de comunidades indígenas, sin acreditar los requisitos que la misma ley exige. Rechazamos todo tipo de entrega de tierras para el asentamiento de cualquier grupo que no haya sido debidamente reconocido, como lo dictamina en las leyes, para su asentamiento en territorios ubicados dentro de los parques nacionales”.

El supuesto acuerdo resulta a todas luces ilegal y es más que justificadamente rechazado por la ciudadanía. De hecho, ya se han iniciado acciones contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por garantizar la impunidad de quienes han realizado y cometido hechos delictivos. Debe responsabilizarse a todos los funcionarios públicos que entregan tierras de los argentinos a quienes han violado su ley y quemado su bandera. Cometen traición a la patria. Insistir con instaurar una cultura en la que prevalezca la violencia por sobre el imperio de las leyes en un marco de paz es propio de un tan ideologizado como ya vetusto pensamiento. Estos funcionarios son cómplices de quienes han incendiado, robado, amedrentado y dañado a los argentinos. Premiarlos es continuar azuzando una violencia que la sociedad no está dispuesta a aceptar.

Todo el arco político debe pronunciarse enfáticamente y sin demoras para evitar esta entrega ilegal del territorio de todos los argentinos que sienta tan peligroso precedente. Con el mismo compromiso, sociedad y dirigencia deben impulsar el debido castigo para que estas acciones de funcionarios irresponsables no se repitan.

Fuente: La Nación

El Acuerdo de París firmado en 2015 en la COP21, unió a 196 países dispuestos a mantener por debajo de 2°C el incremento de la temperatura global del planeta en comparación con los niveles preindustriales y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. La fecha fijada para llegar a estos objetivos es 2050, pero la realidad es que, a este paso, en algo más de 20 años se habrá superado el primero de los límites.

El mundo ha sido testigo en el último siglo de un vertiginoso incremento de su temperatura: 1°C desde la época preindustrial hasta nuestros días. Si este aumento progresivo alcanzara los 2°C, las consecuencias se repartirían como una bomba de racimo en múltiples direcciones. Los científicos afirman que el calentamiento global está agravando los eventos meteorológicos adversos en el mundo.

Las consecuencias visibles del calor extremo sobre los humanos incluyen una mayor mortalidad debido a golpes de calor, deshidratación y enfermedades ligadas a ello, en especial entre personas mayores y trabajadores al aire libre. Además, la falta de agua también se ha convertido en un problema grave en algunas regiones, afectando también la agricultura y la producción de alimentos.

La temperatura de los océanos rompió récords históricos y encendió una luz roja en el tablero climático. La alarma entre los científicos se activó porque entre el 1º y el 24 de abril la temperatura de los océanos en el nivel global tuvo dos picos, uno de 21,1 y otro de 21 grados. Estos valores son destructivos para la vida marina porque reducen su capacidad para captar dióxido de carbono y, por supuesto, contribuyen asimismo al aumento del nivel del mar.

Cabe insistir en que la crisis climática llegó para quedarse y, si no actuamos, continuará agravándose aceleradamente hasta un punto sin retorno que hipotecará nuestro futuro y el de las próximas generaciones

Para agravar aún más la crisis climática generada por el ser humano se une ahora el fenómenos del Niño, que caldea zonas del Pacífico y que acaba teniendo repercusiones globales. Según advirtió el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, este fenómeno elevará las temperaturas mundiales hasta límites desconocidos.

Según el “Boletín sobre el clima mundial anual a decenal”, que elabora la OMM junto al Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office), y en el que participan también las agencias de otros países, hay un 98% de probabilidades de que, en al menos uno de los próximos cinco años, se supere el récord de temperatura alcanzado en 2016, el año más cálido en el planeta desde que comenzaron los registros fiables, en el siglo XIX.

En efecto, existe una probabilidad del 66% de que durante uno de esos cinco años la temperatura promedio de la superficie de la Tierra supere, por primera vez, el preocupante umbral de 1,5°C respecto a la media preindustrial, dando lugar a los peores efectos del calentamiento global. Sobrepasar ese peligroso límite, advertencia anticipada en el Acuerdo de París de 2015, desencadenará pérdidas de biodiversidad catastróficas y repercutirá, inevitablemente, en la salud de las personas, su seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente. Si el desequilibrio del clima se generalizara, tal como se anticipa, poblaciones de todos los continentes se verán impactadas, pero serán las más vulnerables o las de menos recursos las que se llevarán la peor parte.

Al conmemorase ayer un nuevo Día Internacional del Medio Ambiente, cabe insistir en que la crisis climática llegó para quedarse y, si no actuamos, continuará agravándose aceleradamente hasta un punto sin retorno que hipotecará irremediablemente nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

Fuente: La Nación

Solo en el último trimestre, la agrupación política que lidera el diputado Máximo Kirchner incorporó unas 70 personas en planta permanente del PAMI, a pesar de la resolución de su propio gobierno, que congeló el ingreso de empleados al Estado. La noticia no hace más que confirmar que, en cuestiones de amiguismo político, las promesas de ajuste de las cuentas públicas son solo eso: promesas.

También durante el último trimestre se supo de la contratación de 1128 personas más en la obra social de los jubilados, lo cual representa una erogación mensual en sueldos de 330 millones de pesos.

No le faltan razones a la diputada nacional Graciela Ocaña para aseverar, en declaraciones a LA NACION, que “La Cámpora busca convertir al PAMI en una guarida para más de 3000 militantes”.

Las autoridades del PAMI, encabezadas por la camporista Luana Volnovich, buscan justificar esas incorporaciones en que no son agentes que se suman a los existentes, sino que fueron destinados a ocupar puestos de trabajo que quedaron vacantes. Se trata de una simplificación demasiado burda cuando lo que se necesita de manera urgente es disminuir el gasto, no sostenerlo –y mucho menos ampliarlo– en los ya de por sí exorbitantes números de empleados públicos. Según la versión oficial, trabajan en el PAMI 12.816 personas. De acuerdo con el informe “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, del propio Indec, al que tuvo acceso LA NACION, ese número se queda corto: la dotación total es de 14.431 agentes. Y el sueldo promedio, tan solo de los contratados, rondaba en abril último los 300.000 pesos, es decir, el equivalente a 4,22 jubilaciones mínimas si se incluye la última cuota del bono extra que dispuso el Gobierno para marzo y abril. Sin ese “beneficio”, cada sueldo equivale a 5,11 haberes jubilatorios básicos. Según fuentes oficiales, en diciembre de 2022, Volnovich ya cobraba un sueldo bruto de 1.476.726 pesos.

Para quien difícilmente no recuerde a Volnovich, es la funcionaria que desoyó un pedido del Presidente para que los funcionarios veranearan en el país en momentos socioeconómicos tan críticos. Una cámara indiscreta la halló descansando con su pareja –también un alto funcionario del PAMI– en una paradisíaca y costosa isla del Caribe. Ni siquiera les costó el puesto. Otra muestra más de cómo se protege cierto sector de la política actuando corporativamente para tapar o minimizar sus intolerables desaguisados o para usar al Estado para beneficio propio y de sus allegados.

La disparidad de haberes se vuelve aún más inmoral si se compara la magra jubilación mínima con lo que perciben algunos empleados de la Anses, conducida por la también camporista Fernanda Raverta. Según datos de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), en noviembre de 2022 se pagaron en ese organismo 7029 sueldos de más de 800 mil pesos, casi 5700 sueldos de más de 849 mil y 21 de más de 1,1 millón de pesos.

¿Dónde van a parar muchos de esos militantes que el PAMI apaña y que trata absurdamente de enmarcar en el párrafo de la resolución de Massa que exime del congelamiento a las contrataciones de personal por “circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado”? Ni a atención médica ni a enfermería ni a asistencia social. Buena parte se amontona en PAMI Escucha. Mientras tanto, se reduce el porcentaje de cobertura de numerosos medicamentos, se otorgan turnos para dentro de meses, se escatiman insumos para intervenciones urgentes, y se dejan fuera de esa cobertura las medicinas más modernas, que podrían lograr un mejor y mayor efecto en la calidad de vida de los adultos mayores. Los remedios gratuitos que provee la obra social son, como es de esperar, los más económicos. Relato versus realidad, algo cada vez más evidente y doloroso para quienes más lo necesitan.

No terminan allí los despropósitos para seguir favoreciendo a sectores políticamente afines a la agrupación que, además del PAMI y la Anses, maneja las suculentas cajas de YPF, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Correo Argentino. La guarida que con tanta precisión grafica Ocaña podría ampliar todavía más su superficie si se llega a concretar una escandalosa maniobra tendiente a sellar con los gremios del sector una cláusula de estabilidad que proteja a todo el personal de posibles despidos. Sucede que el PAMI es un ente público no estatal y, como tal, está sometido a convenios colectivos de trabajo, como rige para cualquier empleo privado.

¿Qué busca el kirchnerismo más cerril con este bochornoso intento de acuerdo? Que toda persona que logre incorporar al PAMI de acá hasta el 10 de diciembre no pueda ser despedida durante los próximos gobiernos, sean del signo que fueren. Semejante despropósito –que terminaría favoreciendo al personal en general, pero creando un cerco infranqueable pensando en un futuro achicamiento del Estado–, de ser homologado por el Ministerio de Trabajo, podría, además, abrir la puerta a una catarata de juicios, los que, como se sabe, deberemos pagar todos los contribuyentes.

Muy lejos quedaron los dichos que, como candidato presidencial, hacía allá por 2015 Sergio Massa, quien prometía “barrer con los ñoquis de La Cámpora”. También en el olvido ha quedado un tuit mucho más reciente que el propio Massa escribió el día en que la resolución que congelaba las vacantes salió publicada en el Boletín Oficial: “Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, decía quien era tildado por muchos dirigentes oficialistas como “superministro” y ya hemos visto cuán grande le ha quedado esa calificación. Lo de Massa ha sido casi un calco de la curiosa “lógica ahorrativa” de su antecesora en el Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, la primera en adoptar una resolución similar, tendiente a calmar las aguas en la superficie, pero agitándolas desde lo más profundo de las decisiones administrativas. Mientras la fugaz ministra de Economía disponía el congelamiento de ingresos en el Estado hasta diciembre de 2023, en el Boletín Oficial se publicaban llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 en Economía, y para pasar a planta permanente 43 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 153 en Cultura y 120 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Como hemos dicho en otras oportunidades desde estas columnas, es hora de abandonar los eslóganes y las excusas. Urge reconstruir el PAMI, que, en vez de curar, enferma, asignando los recursos a lo que verdaderamente necesitan los jubilados y pensionados y no a grupúsculos de oportunistas políticos que pretenden seguir saqueando la ya de por sí escuálida billetera del Estado.

Fuente: La Nación

Si se acuerda con los sanos preceptos de que los jueces solo deben hablar por sus sentencias y que una Justicia lenta no es justicia, el caso de la magistrada Ana María Figueroa navega flagrantemente por fuera de esos cánones.

La opinión de la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la que resta para definir si se reabre la causa Hotesur-Los Sauces, cerrada sin juicio hace un año y medio, y en la que están imputados Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, entre otros acusados, por lavado de dinero mediante retornos de Lázaro Báez y Cristóbal López, en pago por los fondos que los empresarios conseguían para realizar obras.

La abogada Silvina Martínez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura, por “actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. En su opinión, Figueroa persigue “que las elecciones de 2023 transcurran sin un nuevo juicio oral con la vicepresidenta como acusada”.

Los otros dos jueces de la Cámara de Casación que componen la sala que debe definir en ese expediente son Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes ya tendrían decidido su voto. Se trata de una causa demorada frente a la que tanto la vicepresidenta como su entorno familiar y político vienen pugnando desde hace tiempo para que todo quede en la nada.

Otro punto es que Figueroa –a quien el kirchnerismo en el Senado ya adelantó que apoyará para que siga en su cargo hasta los 80 años– dijo a fines del año pasado, y ratificó el miércoles último ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, su opinión de que existe un “ensañamiento” contra Cristina Kirchner y que, muchas veces, le llegan “causas armadas” vinculadas a conflictos de la política.

Resulta tan improcedente como inquietante que una jueza –Ana María Figueroa, en este caso– emita opiniones personales sobre un acusado cuya situación tiene en estudio

“Mi opinión sobre el ensañamiento tiene que ver exclusivamente con que no hubo ningún otro caso en el país, en la historia, en que a una persona la citen a ocho declaraciones indagatorias el mismo día”, sostuvo ante los senadores. Resulta tan improcedente como inquietante que una jueza emita opiniones personales sobre un acusado cuya situación tiene en estudio. De los magistrados se esperan definiciones técnicas sobre asuntos de su estricta competencia y no que se conduelan públicamente de los imputados o que lancen opiniones sobre la supuesta procedencia de algunas causas.

La magistrada debería jubilarse en agosto próximo, cuando cumpla 75 años. La Constitución nacional prevé la posibilidad de que los jueces puedan seguir en el cargo mediante un nuevo nombramiento por cinco años más llegados a esa edad y que, incluso, el Senado se lo renueve indefinidamente mediante el mismo trámite parlamentario que comienza en el momento en el que el presidente de la Nación le eleva el correspondiente pedido al Congreso. Naturalmente, nada hay para objetar del texto constitucional. Los mayores reparos son los que pusieron de manifiesto frente a la magistrada los senadores de la oposición durante la reciente reunión de la Comisión de Acuerdos, donde la camarista concurrió a defender su pliego. No solo le reprocharon con contundencia sus lazos con el kirchnerismo, sino que le exigieron definiciones.

La vicepresidenta de la Comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quiso saber si la demora en emitir su veredicto en la causa Hotesur guardaba alguna vinculación con el pedido de extensión de su magistratura.

Tras recordar que el oficialismo viene negándose a conceder la permanencia en el cargo de los jueces que llegan a la edad jubilatoria, Julio Martínez (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana) le preguntó a Figueroa: “¿Por qué cree que el kirchnerismo está a favor de su continuidad? ¿Será por la posición que tuvo en su momento con la ley del arrepentido, considerándola inconstitucional? ¿Será porque está en la causa Hotesur y Los Sauces? ¿Será también porque criticó al recordado juez Bonadío por las citaciones a Cristina Kirchner o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista que ahora tiene el beneplácito del oficialismo para acompañar su continuidad?”.

La jueza reivindicó su imparcialidad, tildó de “mentira absoluta” que demore la definición sobre la causa Hotesur y sostuvo: “Lo que pasa es que a algunos jueces no nos gusta que, muchas veces, los conflictos de la política se judicializan y que nos llegan causas armadas, de distintos tenores, que debieron haberse resuelto en el ámbito de la política”.

La postulación de un exasesor de Kicillof para un juzgado en lo contencioso administrativo fue impugnada por “ilegal e inconstitucional”

Aunque descuenta que obtendrá los votos necesarios en el recinto para garantizarle a Figueroa su continuidad en el cargo, el oficialismo se mostró inquieto ante las preguntas tan directas que le lanzó la oposición. Y, como suele predicar la lideresa del sector, desparramó absurdas culpabilidades de las críticas a los medios de prensa independientes.

El corolario de la defensa del pliego de la magistrada pinta de cuerpo entero la obsecuencia y necedad de los argumentos del oficialismo parlamentario. “Necesitamos más personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen amedrentar por el poder mediático”, sostuvo el presidente del bloque del Frente de Todos, José Miguel Mayans, recordado, entre otras barbaridades, por haber pedido en septiembre pasado “parar el juicio vergonzoso” contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en favor de “la paz social”. Más tarde, pretendió enmendar su exabrupto aclarando que lo que había querido decir era que dicho juicio “tenía vicios de nulidad”. Como se sabe, en diciembre del año último Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz, fallo que la vicepresidenta apeló.

Si bien el caso de la doctora Figueroa exhibe ribetes escandalosos, lamentablemente no es el único. En la última lista de acuerdos que el Poder Ejecutivo elevó al Senado, un grupo de candidatas a juezas impugnó por “flagrantemente ilegal e inconstitucional” la postulación a magistrado de Juan Rafael Stinco, exasesor de Axel Kicillof, para un juzgado contencioso administrativo.

La presentación fue realizada por Analía Conde, Natalia Mortier y Patricia Rota, quienes objetan que Stinco haya sido seleccionado por Alberto Fernández de una lista complementaria a pesar de que quedaban nombres para elegir en las seis ternas diseñadas por el Consejo de la Magistratura.

Stinco tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. Fue asesor de Kicillof en el directorio de YPF cuando el actual gobernador era ministro de Economía y, por lo tanto, ocupaba un cargo en la petrolera tras su estatización. Además, fue funcionario de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Ricahcuelo (Acumar). Ambos cargos los ejerció durante las presidencias de Cristina Kirchner.

Poco queda para decir de estas tan reiteradas como groseras estrategias del kirchnerismo para poner jueces amigos en puestos claves de modo de asegurarse impunidad. Solo nos resta insistir en la imperiosa necesidad de terminar con este despreciable y antidemocrático modus operandi de quienes creen que el poder está para salvarse y no para ejercerlo debidamente en representación de la ciudadanía que se lo concede.

Fuente: La Nación

El Parlamento británico autorizó en 2015 la investigación y puesta en funcionamiento del tratamiento de donación mitocondrial. Fue el primer país en legalizarlo. Dos años después, una clínica de Newcastle también fue habilitada, si bien en 2016 un médico estadounidense ya la había implementado.

Recientemente, nació en el Reino Unido el primer bebé con ADN de tres personas. Se calcula que unos 6000 bebés británicos padecen trastornos mitocondriales que el procedimiento comentado busca resolver. En el mundo, se estima que la proporción es de uno cada 4300 nacimientos

Las mitocondrias son los compartimientos que casi todas las células del cuerpo tienen capaces de producir la energía. El método de reemplazo mitocondrial parte de una fecundación in vitro. Se introduce en el ADN de padre y madre, que totalizan un 99,8%, un 0,2% –unos 37 genes sobre un total de 20.000 que componen el genoma humano– de una madre donante sana, para evitar que la pareja transmita enfermedades incurables hereditarias causadas precisamente por defectos en el material genético.

La tercera donante en el procedimiento tiene que ser una mujer sana, de quien se toman lo que se conoce como “mitocondrias de óvulo”, que introducidas en el ADN de los padres inhiben el desarrollo de enfermedades graves y hasta mortales.

Desde el punto de vista bioético, lo más preocupante es que la técnica exige conformar dos embriones que serán a su tiempo destruidos para que quede un tercero con el material modificado. Prevalece así un criterio utilitario en franca negación de su condición de seres vivos en estadios tempranos de desarrollo.

Al hablar de técnicas aplicadas a los embriones, se plantean dilemas éticos y legales. La donación de ADN mitocondrial suscita, además, algunas dudas sobre su seguridad, respecto de cambios problemáticos, daños o incompatibilidad de las tres partes. Lo que puede resultar beneficioso en primera generación puede ser perjudicial para la siguiente. Se plantea también el impacto psicoemocional sobre el niño con tres padres genéticos. Aún no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre la seguridad o eficacia del procedimiento. Dado que la finalidad sería terapéutica, nuestro Código Civil lo permitiría.

En un marco de respeto y cuidado por la dignidad y los derechos de las personas, disciplinas como la bioética reconocen los sanos objetivos de nuevas técnicas, pero lo hacen priorizando la vida en todas sus formas, atendiendo particularmente cuestiones controvertidas como la manipulación y destrucción de embriones.

Fuente: La Nación