Categoría: Entrevistas

Hasta no hace mucho, el Modelo Económico Social Comunitario y Productivo que impera en Bolivia era considerado milagroso, ya que demostraba que, en algunos casos, el Estado podía hacerse cargo de forma eficiente de cuestiones en que no debería intervenir. El correr del tiempo está evidenciando que ese modelo no es sostenible.

Cabe recordar que, durante el gobierno de Evo Morales, de 2006 a 2019, una de las primeras decisiones fue nacionalizar el petróleo y el gas para destinar mayores recursos a los programas sociales. En lugar de usar adecuadamente lo obtenido por las mayores ventas de gas, el gobierno se dedicó a ampliar el gasto, invertir en empresas estatales ineficientes y a desincentivar la exploración en el sector que más ingresos le generaba.

Muchos son los analistas que advierten sobre los graves peligros de la economía boliviana, producto de un modelo estatista, y de la crisis que se avecina por sus malas decisiones. Las alertas habían aparecido con anterioridad en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2018, titulado: ”Perspectivas económicas para las Américas”

El reporte afirmaba que, “si bien Bolivia sigue siendo una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, es necesario un cambio en la orientación de las políticas para restaurar el equilibrio externo, reducir los déficits fiscales y de cuenta corriente y mejorar la competitividad”.

Como señaló la prestigiosa publicación británica The Economist, “el gobierno se negó a ajustar sus políticas cuando cayeron los precios de la gasolina. En cambio, acumuló deudas y utilizó sus reservas para financiar sus costosos subsidios. La deuda pública se ha duplicado desde 2014 a la friolera de 80 % del Producto Bruto Interno, por encima del promedio regional y mundial, y peligrosamente alta para un país de ingresos medianos bajos”.

El presidente Luis Arce, poco proclive a admitir la crisis económica que enfrenta su país, no ha tomado medidas conducentes para paliarla, negando evidencias que surgen de muchos sectores productivos. Según The Economist, la producción de gas se ha desplomado en un tercio desde 2014, otro tercio se vende a nivel nacional a valores inferiores a los del mercado, mientras que el resto se envía a Brasil y a nuestro país.

Los números en baja de la economía boliviana agudizan los conflictos. El Estado sufre una escasez de dólares y sus reservas se achican, por lo que llevó a debate en el Parlamento un proyecto para permitir al Banco Central comprar oro a precio internacional y monetizar las reservas, al tiempo que duplica al 4,8% el impuesto a la venta al exterior del metal. La iniciativa es rechazada por la oposición, que acusa al gobierno de buscar un instrumento para usar las reservas de oro de manera abusiva.

Según señala el prestigioso medio, muchas personas dentro del gobierno esperan que el litio sea la respuesta a los problemas del país. Bolivia tiene los recursos de salmuera de litio más grandes del mundo pero, a diferencia de sus vecinos Chile o la Argentina, todavía tiene que extraer algo del suelo a escala comercial. En enero, un consorcio de empresas chinas anunció un acuerdo de mil millones de dólares para explotación del material y puesta en marcha de plantas para 2025.

Los precios congelados de los combustibles y los subsidios al sector terminaron en la desinversión que generan estas políticas en cualquier parte del mundo. La solución parecería pasar por un cambio de modelo con claras señales del gobierno alentando y apoyando la inversión privada.

Fuente: La Nación

La noticia referida a que ya son nueve los magistrados afectados por espionaje ilegal en nuestro país es de una gravedad inusitada que demanda una investigación profunda y una condena ejemplar.

Que los perjudicados sean jueces que condenaron a Cristina Kirchner, un fiscal que la investigó y tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son datos que no deben ser soslayados, como tampoco el hecho de que los agentes inorgánicos que suelen habitar las cloacas de la inteligencia ilegal hayan perfeccionado sus deleznables armas y afinado sus viles propósitos con el claro objetivo de salvar el pellejo disparando arteramente al corazón de la institucionalidad democrática.

Entre otras cuestiones de importancia, se trata esta vez de una inédita arremetida por el grado de sofisticación de las tareas paraoficiales. El espionaje ilegal ha pasado de los escandalosos carpetazos, mediante los cuales se intentó muchas veces desacreditar con burdas mentiras a personas de alguna u otra manera vinculadas con el poder, a contratar empresas privadas y hasta a pequeños “cuentapropistas” con los conocimientos tecnológicos necesarios para la realización de esos trabajos sucios, disipando huellas y escondiendo la identidad de los verdaderos promotores de semejantes delitos.

Es lo que ha ocurrido precisamente con estos nueve magistrados. El ataque, que tiene como epicentro la provincia de Misiones, incluyó la habilitación de líneas de teléfonos celulares a nombre de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el caso de Rosatti fueron cinco las líneas que se abrieron: la última fue habilitada cuando faltaba un día para que la Corte firmara el fallo sobre coparticipación federal de impuestos dando la razón al reclamo de las autoridades porteñas, que fue interpretado por funcionarios nacionales como un ataque directo al Gobierno.

Tampoco resulta casual para los investigadores que el espionaje ilegal sobre jueces tenga como punto de partida geográfico la provincia de Misiones, donde existen antecedentes de otra de las deleznables maniobras que derivaron en el hackeo de teléfonos de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli.

En todos estos casos actuó el hacker misionero de Eldorado Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, quien admitió ante la Justicia que le encomendaron robar identidades, desviar mensajes y apropiarse de conversaciones privadas que, se sabe, fueron luego difundidas y, según denunciaron los afectados, editadas con el fin de perjudicarlos aún más. A ello hay que sumar que parte de esa maniobra fue pagada mediante criptomonedas en una cuenta a nombre de una ciudadana de la provincia de Buenos Aires cuya identidad fue usada ilegalmente para conformar la billetera virtual.

Apenas un día después de que Nuñes Pinheiro confesó haber hackeado el teléfono de D’Alessandro y acusó a una empresa privada de haberle pagado por el “trabajo”, representantes legales de esa firma se presentaron ante la Justicia para desmentirlo y aportar información referida a intentos previos del diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade –quien antes trabajó para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ahora integra la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso– para vincularla con una denuncia de presunta persecución durante el gobierno de Cambiemos.

Los jueces de instancias inferiores a la Corte cuyas líneas telefónicas fueron clonadas ahora son dos de los que condenaron a la vicepresidenta de la Nación en la causa por corrupción en la obra pública: Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También fueron afectados los jueces de la Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y el fiscal Ignacio Mahiques, coautor junto con Gerardo Pollicita de la investigación contra Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado analiza por estas horas más de 106.000 comunicaciones efectuadas durante un cuatrimestre, varias de las cuales fueron hechas desde las líneas que se abrieron a nombre del juez Rosatti, una cifra escandalosa que da la pauta de la avidez de los delincuentes por provocar daños dificultando la tarea de los investigadores.

Usurpar la identidad de jueces para muy probablemente inventar comunicaciones con el fin de comprometerlos representa una intimidación inaceptable que debe preocuparnos seriamente a todos como sociedad. Se trata de un delito gravísimo en el orden penal, pero también para la salud de la república. No debemos naturalizar que sigan sucediéndose y perfeccionándose este tipo de acciones. La condena social debe ser clara y contundente. La Justicia tiene por delante un arduo e inestimable camino para llegar a la verdad y empezar a depurar esta verdadera lacra de delincuentes dispuestos a destruirlo todo.

Fuente: La Nación

La increíble saga de las pistolas Taser, los dispositivos que emiten descargas eléctricas para inmovilizar a potenciales agresores, parece estar llegando a su fin. Eugenio Burzaco, ministro de Justicia y Seguridad porteño, confirmó que hacia junio o julio los efectivos policiales de la ciudad de Buenos Aires podrán comenzar a emplear el primer lote importado de 90 pistolas y otro de 60 que se aguarda para más adelante. Aunque a priori el número pueda parecer insuficiente, hablamos de un comienzo auspicioso para la protección de la sociedad y de sus fuerzas de seguridad con un sistema aceptado en muchas partes del mundo.

La compra había sido decidida en 2019 por el gobierno porteño, pero el trámite de autorización estuvo absurdamente trabado dos años, sumergido en una disputa entre las autoridades de la ciudad y las de la Nación. La autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmacc) finalmente llegó.

Los dispositivos Taser X2 cuentan con doble disparo, arco de advertencia visible y audible, puntero láser y un sistema de grabación del disparo para posterior evaluación de su utilización.

Una vez capacitadas en su uso, las fuerzas de seguridad empezarán a utilizarlas, estimándose que sería dentro de uno o dos meses. Permitirán cubrir puntos estratégicos, en particular aquellos con alta concentración de personas y en situaciones en las cuales la portación de un arma o un cuchillo, tanto como un brote psicótico, encierren peligro, según explicó Burzaco. En un principio las portarán agentes apostados en estaciones de trenes y subtes y facilitarán el control de situaciones como las que se cobraron la vida de la oficial Maribel Zalazar, asesinada por un enajenado en la estación Retiro de la línea C del subte, o del inspector Juan Pablo Roldán, acuchillado por un hombre también con problemas mentales en las inmediaciones del Malba, entre otras.

Ha triunfado la sensatez en un escenario de inseguridad creciente que obliga a reformular políticas y a perfeccionar métodos que el progresismo garantista imperante cuestiona absurdamente y sin fundamento alguno. Recordemos que, siempre en la vereda opuesta a la lógica e incluso defendiendo a la delincuencia, organismos de derechos humanos habían objetado la decisión, afirmando disparatadamente que “se está institucionalizando la tortura en el país” y calificando incluso de “picanas portátiles” a los dispositivos.

Celebramos que el debate vaya quedando zanjado, al menos en la ciudad. Urge dotar de medios eficaces y no letales a los efectivos de las fuerzas de seguridad que ponen el cuerpo a diario ante una realidad delictiva desmadrada y compleja. Los debidos controles sobre el uso de los dispositivos, la capacitación, los protocolos de actuación y empleo contribuirán a resguardar las vidas de los vecinos, de los turistas y de quienes deben cuidarlos.

Fuente: La Nación

Solo cuando se comprende el verdadero interés detrás de la permanente invocación a los derechos humanos es que tanto dislate oficial cobra algún sentido. Estamos transitando los últimos meses de gestión de un gobierno que se ha llenado la boca de promesas y que ha vaciado de los más elementales derechos a la población más vulnerable.

El acceso a la vivienda “es un derecho humano”, dijo recientemente el presidente Alberto Fernández en la apertura del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, reunido en el Centro Cultural Kirchner. “Darle un techo a cada habitante de nuestra tierra es un acto de justicia y de humanidad”, pontificó, al celebrar que en esos días se entregaría la vivienda número cien mil de su gestión, con otras 140.000 supuestamente en construcción, que no sabemos si se completarán o si terminarán siendo apenas nuevas fachadas para la foto. Abogando por la igualdad, y como describiendo la realidad de algún próspero y lejano Estado, agregó que durante su gestión se tomó “un ritmo en el desarrollo de viviendas muy importante”.

Omitió mencionar la falta de ritmo para dar respuesta a la crisis habitacional tras la desafortunada ley de alquileres aprobada en 2020, que aumentó el costo y el riesgo de alquilar para los propietarios, con la consiguiente retracción de la oferta.

La joven legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández también se refirió al derecho a la vivienda y cuestionó al gobierno local, al afirmar que habría unas 200.000 viviendas vacías. Propuso el ejemplo alemán de expropiación de viviendas y alentó una mayor carga fiscal para propietarios que no las vuelquen al mercado de alquiler, entre otras medidas de corte populista.

Pareciera pasarse por alto que la crisis habitacional que sufre la Argentina es solo una expresión más de la decadencia y la falta de programas, sin los cuales encarar el desarrollo en cualquier plano es imposible. Una vez más, hablamos de cuestiones que exceden largamente a una administración y que deben considerarse políticas de Estado. Hoy, pensar en adquirir la primera vivienda es un sueño al alcance de demasiado pocos. El derecho al techo del que habla el Presidente solo habrá de promoverse cuando en un marco económico de pleno empleo, con salarios acordes con tiempos de mayor ventura, las oportunidades reales queden al alcance de la población.

Lamentablemente, y a pesar de ser indudablemente menos pretencioso, hoy, para muchos, ya es un sueño contar con cloacas y servicios de agua potable. El Indec reportaba para el primer semestre de 2022 que unos cuatro millones de personas, el 14% de la población, no contaban con adecuado saneamiento de baños y casi el 30% carecía de cloacas. Construir mil baños dignos se convirtió en estos días en la llamativa promesa de campaña de un candidato a intendente por el Frente de Todos en Tafí Viejo (Tucumán).

El verdadero acto de justicia, en términos aristotélicos, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. No hablamos de actos magnánimos de un Estado cuyos gobernantes se muestran más interesados en asegurarse votos que en promover la dignidad de los miembros de la sociedad, contribuyendo a su ascenso en la pirámide social, a partir de sus propios méritos. En una economía que solo quienes peinan canas recuerdan, el acceso al crédito hipotecario público y privado fue un camino cierto y efectivo para que muchos pudieran alcanzar el ansiado techo, actualmente apenas reducido a algunos planes, como el Procrear.

Subvertidos los valores y con más del 40% de la población sumida en la pobreza, muchos creen que es responsabilidad del Estado asegurarles el acceso a una vivienda, a un plan o a una asignación, sin contraprestación ni esfuerzo alguno. En un siniestro juego que alimenta convenientemente a punteros y dirigentes de toda laya, el objetivo de condenar a la dependencia a millones de argentinos parece tristemente alcanzado. Que el Estado cumpla con su obligación de atender las necesidades de los segmentos más vulnerables será siempre prioritario. Para ello, habrá de contar con los recursos que hoy se dilapidan, cuando no se roban, delante de las narices de todos. Facilitar el acceso a la vivienda es uno más de los tantos desafíos que enfrentarán las futuras administraciones. Si se encararan sin demora las profundas reformas que necesitamos, nuestro país podría comenzar a remontar tanta miseria e inequidad y solo el desarrollo futuro no encontraría techo.

Fuente: La Nación

La desolación del campo, el abandono de viñedos, la hacienda exánime y las lagunas evaporadas, son imágenes de la sequía que asoló y asuela a nuestro país. Las oficinas vacías, los comercios cerrados, los bronces robados, los zaguanes como viviendas y las avenidas con acampes son retratos del encierro causado por el Covid.

Esas visiones apocalípticas fueron reales y deberían servir como ejemplos de educación económica para quienes desdeñan el rol del capital como cimiento material de las democracias liberales. Sin una base de prosperidad, sin moneda y sin trabajo, los países quedan desolados, a la merced de populismos extremos.

No basta con el inventario repetitivo de las riquezas argentinas; eso lo han hecho todos los gobiernos y cada vez estamos peor. Que los recursos naturales, que la población educada, que los yacimientos de litio, que el gas de Vaca Muerta, que las reservas de agua, que la diversidad de climas, que la tolerancia religiosa, que la ausencia de conflictos raciales, que los ríos navegables, que la extensa costa atlántica, que los 3 millones de kilómetros cuadrados y que pin y que pan.

Los más optimistas –y más necios– presagian un futuro de grandeza pues “la estructura productiva está indemne” y “la industria está intacta”, ignorando que, sin capital de trabajo, nada puede funcionar. Sin dinero líquido, contante y sonante, ni la industria, ni el campo, ni el litio, ni el gas de esquisto pueden convertirse en riquezas.

Se trata de un concepto desconocido por los líderes “progres” que se cuelgan de paravalanchas, caminan territorios, predican banalidades y desfondan cajas públicas sin haber trabajado jamás fuera del Estado. Salvo con inmobiliarias y financieras para poner sus dineros mal habidos a buen recaudo.

Si la fuga de ahorros y cerebros que sufre el país lo hicieran tocar fondo, no bastará con empuñar el libro rojo de la liberación, recitar el inventario de riquezas y repetir, como José Ignacio de Mendiguren, que las fábricas están intactas y los campos siguen fértiles. Ese día, con la misma estupefacción de quienes toman plantas para “recuperarlas”, los gestores de pobreza descubrirán que no habrá insumos para elaborar, ni productos terminados para hacer caja, pues todo fue vendido antes de quebrar.

Cuando revisen los tanques de combustible, los encontrarán vacíos y cuando quieran poner en marcha las máquinas, les habrán cortado la luz. Si quisieran encender las calderas, tampoco habrá gas, por falta de pago. Los teléfonos estarán en silencio y también los celulares. No habrá internet para WhatsApps, ni para buscar en Google alguna solución. Si hubiese accidentes por la oscuridad, encontrarán vacíos los botiquines y si llamasen a la ART, oirán que perdieron su cobertura. Cuando sientan olor fétido, sabrán que tratar efluentes requiere aireación forzada, que se ha detenido.

Si procurasen ayuda afuera, lo harán caminando, pues los vehículos no tendrán nafta y las motos tampoco. No podrán tomar colectivos, en paro por riesgo de asaltos. La estación de servicio estará cerrada (para ellos) por facturas impagas. Lo mismo que el taller mecánico, el local de repuestos, la ferretería y el supermercado. Igual que el mayorista y el minorista. Idéntico que el electricista, el gasista o el plomero. Ni el laboralista pagará las cartas documento, ni el escribano labrará actas de su bolsillo.

¿Quién abonará quincenas o jornales sin dinero en la caja, ni fondos en las cuentas bancarias? ¿Quién se hará cargo de viáticos y horas extras? ¿Quién llevará y traerá al personal que vive lejos? ¿Quién irá a las oficinas de ARBA a rogar que detengan una ejecución por ingresos brutos o una clausura?

En los campos, que los marxistas de cabotaje pretenden ocupar y explotar sin capital fresco, la película será igual. En tiempos de Lenin bastaba tractor, arado de reja, algunas semillas, una hoz para cosechar y un martillo para intimidar. El capital de trabajo era mínimo y la mayor labor la hacía la Naturaleza.

Desde entonces, nuevas tecnologías modificaron la producción y las necesidades de capital. La siembra directa se expandió igual que la ingeniería genética, los fitosanitarios, fertilizantes e inoculantes. La revolución digital trajo la agricultura de precisión, utilizada por modernos contratistas que brindan servicios de siembra, pulverización, cosecha y embolsado, creando economías de escala. Formados en nuevas habilidades agronómicas, de gestión e informáticas utilizan internet de las cosas y el ecosistema de la nube como herramientas habituales. Esa revolución agrícola nada tiene que ver con el pasado, ni con el futuro que imaginan los “okupas”.

Si la fuga de ahorros y cerebros que sufre el país lo hiciera tocar fondo, los “tomadores de tierras” se encontrarán sin grano en los silos, ni agroquímicos en los galpones, ni gasoil en los tanques. Los contratistas no les bridarán servicios y ellos mismos no sabrán cómo operar maquinarias que, además de combustible, requieren formación para gestionar procesos de punta. A menos que ocupen campos para radicar familias de hortelanos y plantar verduras con rastrillos, palas y regaderas.

En ausencia de capital de trabajo, la Argentina rural volvería al siglo XIX, cuando no existía agricultura y el ganado era cimarrón. En ese escenario, no habrá recursos para financiar al Estado presente, ni para hacer efectivos los nuevos derechos, vaciados de contenido.

Si el país tocase fondo, por fuga de ahorros y cerebros, los azorados militantes del paravalancha aprenderán que ni las industrias, ni los campos pueden producir sin capitales. Si creen que formando cooperativas obtendrán subsidios de Victoria Tolosa Paz o del Instituto Nacional de Asociativismo (Inaes), descubrirán que sus oficinas han sido tomadas por los “sin techo”. Y si corriesen por auxilio al Banco Central, el sereno les contará que no emite más dinero pues la Casa de la Moneda se quedó sin plata para comprar papel.

La Argentina distópica que se describe arriba, es el destino cierto de las naciones sin capitales, ni ganas de recibirlos, como Cuba, Nicaragua o Venezuela.

La solución no vendrá con marchas, ni con discursos en estadios, ni mirando a los ojos de Vladimir Putin, ni halagando a Xi Jinping frente al retrato de Mao. La solución vendrá por algo tan intangible como elusivo, que es la confianza. Los argentinos tienen más de 200 mil millones de dólares en el exterior y solo se necesita atraerlos, para que refluyan hacia el país cerebros y capitales. Y así, recuperar la moneda, el ahorro en los bancos, el crédito a las empresas y el empleo regular en ellas.

Con la boca abierta, los enemigos de la seguridad jurídica sabrán que no hay Estado posible sin sector privado viable. Y que los recursos que ellos gastan no salen de la nada. Sin prosperidad basada en el esfuerzo, la competencia y el mérito, las fuentes inagotables de billetes quedarán tan secas como las lagunas bonaerenses.

Y sin capitales, no podrán evitar que la ballena se coma al krill, como pretendía Máximo Kirchner en su fábula infantil. Casi pidiendo perdón, por ser ambos indigentes. Sin capitales, el Estado es un globo desinflado, con las letras del “Estado presente” arrugadas e ilegibles, al que todos (y todas) le soltarán el piolín cuando no puedan vivir más de él.

Fuente: La Nación

Así como una travesura a edad temprana puede terminar con trágicos resultados, en los últimos tiempos se han registrado no pocos episodios que involucran a chicos en edad escolar portando armas en establecimientos educativos, que deben movernos a reflexionar sobre sus causas y a prevenir sus consecuencias.

Días atrás, se conoció el caso de un niño de 11 años que llevó un arma a su escuela, la primaria Nº 55 de La Plata, y subió dos filmaciones a sus redes sociales que rápidamente se viralizaron. El arma sería de aire comprimido y pertenecería a su padre que trabaja en una agencia de seguridad privada. En el primer video se grabó a sí mismo camino a la escuela con el arma escondida entre las ropas. En el segundo, se lo ve sin reparo alguno insistiendo con que el arma no es de juguete, golpeándola contra la pared para que se escuche el sonido, y advirtiendo “soy re mafia”, con un lenguaje orillero y cargado de violencia. Advierte también que puede tirarle un tiro a su maestra, señalándose la frente.

Las autoridades explicaron que durante una clase de matemática, la maestra de sexto grado notó movimientos extraños en el fondo del aula y que, al acercarse, observó que un chico tenía un arma sobre sus piernas. Ya fuera del salón, ella conversó con el alumno, quien accedió a entregar el objeto sin oposición y contó que la había llevado para hacer una broma.

Estamos ante hechos emergentes de una situación general en que la violencia adquiere cada vez más protagonismo

Al malestar de la comunidad educativa se sumaron decenas de padres que pidieron explicaciones a raíz de que el establecimiento no reportó el incidente, del que se enteraron solo por sus hijos. Aunque se habló de que el niño habría dado un culatazo a la maestra y mostrado el arma a los demás chicos, la directora del establecimiento desmintió que hubieran existido agresiones, amenazas o golpes a docentes y compañeros. Explicó que se aplicaron los protocolos de intervención en situaciones de conflicto, que se radicó la denuncia correspondiente en la comisaría y que se entregó el arma “no letal”. Por otra parte, reportaron también haber hablado con la madre del menor.

A modo de protesta, un 50% de los estudiantes no asistieron a clases al día siguiente mientras se estudia sancionar al niño, con antecedentes de “conflictivo”, habiéndose descartado su expulsión para que no quede fuera del sistema educativo.

En junio del año pasado, un alumno de primer año de un establecimiento educativo del barrio porteño de Belgrano, que había llevado dos armas de plástico, recibió una suspensión de una semana. Otro, de Florencio Varela, simuló fusilar a un compañero y apuntó a una joven con un arma de juguete, subiendo también las imágenes a la web. A principios de este mes, otro estudiante había concurrido con un arma a la escuela secundaria Nº 44 de la localidad de Villa Elvira, en La Plata.

Llama también la atención la búsqueda de golpes de efecto para alcanzar más seguidores en las redes sociales sin reparar en las consecuencias

Todos estos episodios causan conmoción y honda preocupación. Son, sin duda, emergentes de una situación general en la que la violencia adquiere cada vez más protagonismo, tanto entre los jóvenes como en el mundo adulto. Llaman también a la reflexión sobre las nuevas tendencias instaladas que buscan golpes de efecto para alcanzar más seguidores en redes sociales sin reparar en las consecuencias.

Mientras los establecimientos educativos activan protocolos para enfrentar y castigar estas graves conductas, los adultos, además de revisar los propios comportamientos y sus ejemplificadoras consecuencias en los jóvenes, deberemos promover las conversaciones necesarias para tratar de evitar que peligrosos episodios de esta naturaleza se repitan.

Fuente: La Nación

La muerte de María Kodama, acaecida el 26 de marzo último, despertó enorme interés por saber quién o quiénes serán sus herederos y, por consiguiente, el nuevo titular de los derechos intelectuales sobre la obra literaria de Jorge Luis Borges, a la que la comunidad cultural argentina considera parte del patrimonio nacional.

Desde el punto de vista legal, los derechos de autor sobre esa obra, que manejaba María Kodama, permanecerán en el dominio privado hasta que se cumpla el plazo de setenta años contados desde la muerte de Borges, ocurrida en 1986. Solo luego de ese término pasarán al dominio público, según lo marca la ley de propiedad intelectual.

Mientras no trascienda más información –por ejemplo, si existe o no un testamento válido o si María Kodama no hizo cesión de esos derechos previamente a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que ella presidía–, no se develará el misterio acerca del destino del legado del escritor.

En un primer momento se creyó –en función de sus propias declaraciones– que María Kodama no tenía herederos forzosos. En ese caso, sin un testamento ológrafo o protocolizado en Ginebra, París o Buenos Aires y presuponiendo que la difunta no hubiera transferido sus bienes en vida, esta última ciudad sería la legítima sucesora de la obra y los derechos intelectuales de Borges, ante la existencia de una herencia vacante.

Pero en el expediente sucesorio se han presentado cinco sobrinos, hijos de un hermano de María Kodama, que revestirían el carácter de parientes dentro de cuarto grado, por lo que serían sus herederos legítimos, aunque no forzosos. En otras palabras, si hubiera bienes a nombre de María Kodama y no existiera un testamento –lo que determinará el juez de la sucesión–, una vez debidamente acreditado el parentesco de dichos sobrinos, estos la heredarán. El expediente sucesorio ya no puede ser consultado.

No es fácilmente imaginable que María Kodama haya dejado de tomar todos los recaudos legales para preservar el patrimonio recibido del ilustre escritor, cuyos derechos de autor son muy valiosos. En su momento, al testar Jorge Luis Borges, que la instituyó heredera, María Kodama tomó muchos recaudos para evitar posibles impugnaciones. Como Borges era ciego, tres escribanos actuaron como testigos.

Sin embargo, al haber sido redactado una semana antes de partir a Ginebra –de donde Borges ya no regresaría– y en el que se privaba a su ama de llaves Epifania Uveda (Fanny) de todo derecho, pese a que según un testamento anterior esta compartiría la herencia con María Kodama en partes iguales, ello motivó algunos cuestionamientos que finalmente no prosperaron.

De allí que resultaría sumamente extraño que María Kodama no haya tomado aquí o en el extranjero disposición alguna sobre tan importante patrimonio, ya que las cuestiones testamentarias no le eran para nada ajenas.

Habrá que esperar la evolución del juicio sucesorio para conocer el destino final del legado del gran escritor. Es de desear que, en el futuro, este no quede ajeno al acceso de estudiosos e intelectuales. Debe recordarse que en alguna ocasión se destinaron fondos públicos para adquirir colecciones de revistas literarias y primeras ediciones de Borges, que se entregaron en custodia a la Fundación Borges para evitar su salida del país y permitir libremente su consulta. Cualquier decisión que afecte ese “destino argentino” sería tremendamente perjudicial para el patrimonio cultural de la Argentina.

Fuente: La Nación

El narcotráfico debe combatirse coordinadamente desde distintos frentes; no hay otra forma de alcanzar posibilidades de éxito. En los últimos años, nuestra sociedad viene siendo testigo de la anomia gubernamental en un terreno por demás peligroso. Se ha perdido el rumbo y el crimen organizado sigue alimentándose de complicidades en todos los niveles de gestión política.

Los millonarios recursos que genera la venta de drogas drenan hacia incontables actividades ilegales, alejadas de cualquier posible registro. Estamos frente a un flujo creciente de dinero que alimenta a su vez la maquinaria criminal.

El presidente Alberto Fernández anunció la modificación del decreto que reglamenta la ley de creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para permitir la creación de delegaciones en el interior del país y la apertura de una oficina local en la castigada Rosario.

El pedido del gobernador Omar Perotti, del mismo color político que la administración nacional, encontraba así eco, como si la flamante medida por sí sola pudiera detener la brutal matanza de inocentes. Entre las “decisiones contundentes” que anunció también el Presidente, se aguarda la limitación de uso de celulares en las cárceles que ha permitido a los narcos seguir manejando el delito tras las rejas.

El jueves último, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la reforma de la ley antilavado, con el rechazo en general de buena parte de Juntos por el Cambio por entender que el oficialismo no quiere la autonomía e independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto del poder político.

Fue Mariano Federici, al frente de la UIF durante el gobierno de Cambiemos, el responsable de abrir las dos primeras delegaciones regionales de la dependencia en localidades claves como Salta y Posadas. “Es fundamental que organismos de este tipo estén cerca de sus fuentes y de las amenazas de las que han de ocuparse”, afirmó tras destacar que la UIF abandonó hoy la lucha contra la corrupción, principal catalizador del narcotráfico, y que eso ha contribuido inevitablemente a crear incentivos para que aflore la criminalidad.

El año último cerró con 288 homicidios en Rosario y ya suman 90 asesinatos en lo que va de 2023, en su gran mayoría ordenados desde las cárceles y a través de sicarios que reciben su paga mayormente en efectivo.

Las demandas ciudadanas ante el crecimiento de la inseguridad que se extiende a muchísimos otros centros urbanos del país han llevado a las autoridades a poner foco en un crucial aspecto como el financiero-patrimonial. Pero este es sólo un apéndice. Sin una estrategia coherente que ordene todo el esfuerzo hacia objetivos claros, este tipo de medidas aisladas son vergonzosos manotazos. Por otra parte, cómo no aventar sospechas adicionales cuando estamos transitando el fin de un ciclo de gobierno cuyo historial conduce inevitablemente a pensar que la creación de dependencias como la mencionada puede estar lejos del combate al flagelo y cerca del interés por apurar la ubicación de más amigos en cargos.

Cada minuto cuenta. No podemos continuar demorando el diseño e implementación de una política integral de claro combate al narcotráfico, a cargo de expertos, que combine los esfuerzos de seguimiento económico-financiero con la inteligencia criminal.

La tan robusta como dispendiosa estructura estatal cuenta con un ministerio para la mujer, pero carece de una dependencia especializada en el control de drogas como la DEA norteamericana. Hay mucho por hacer si no queremos que los cárteles se sigan adueñando de nuestro territorio y de nuestro futuro, en connivencia con funcionarios, fuerzas de seguridad y eslabones judiciales. La gravedad de la situación obliga a dejar de lado chicanas políticas y mezquinos enfrentamientos. También en esto los argentinos debemos encolumnarnos detrás de decisiones consensuadas que prioricen el bien común.

Fuente: La Nación

sistimos desde hace tiempo a una errática y fantasiosa conducción de las políticas públicas en materia económica bajo las cuales, por ejemplo, el Estado vende dólares baratos a los importadores, pero castiga a los exportadores, o destina fondos públicos para la compra de títulos en moneda extranjera de los que, a poco de andar, se va a pérdida.

Fundadas en simpatías ideológicas personales y circunstanciales y no en la preocupación por los intereses colectivos de la Argentina a largo plazo, esas políticas no solo deterioran nuestra vida cotidiana, sino que también afectan y perjudican nuestras relaciones exteriores. Nuestra Cancillería no escatima elogios almibarados y cortesías exageradas hacia regímenes totalitarios y se esfuerza por mostrar nuestra escasa adhesión a los principios democráticos que rigen en la mayoría de los países civilizados. No es necesario referirse a cuestiones puntuales como la última y escandalosa comedia de errores en Ecuador o los constantes roces y tropiezos con Chile. Basta con observar la actual política exterior argentina: de poca monta y entidad, ejercida con impericia e improvisación como resultado de anteponer el aplastante peso de la ideología partidaria a cualquier estrategia debidamente analizada.

El Gobierno se compromete en cuestiones intrascendentes y posicionamientos poco claros y parece complacerse en llevar a cabo políticas declamatorias de corte netamente autodestructivo. En lugar de aplicar medidas económicas adecuadas que nos aseguren buenos socios comerciales, cultivando relaciones diplomáticas enriquecedoras, ahondando en la identificación y consolidación de mercados donde colocar nuestros productos, cultivando una imagen de país cumplidor de sus obligaciones, el resultado más visible de nuestra veleidosa política exterior demuestra una consistente incapacidad de generar confianza en la Argentina.

Nuestra relación con China es ejemplo de esto. El tamaño de su mercado debería justificar cualquier esfuerzo para convertirnos en un proveedor confiable de los productos que ese país demanda. Por el contrario, la incapacidad y torpeza política y diplomática de las actuales autoridades son tales que nuestra desacertada relación con ese país llama la atención de observadores internacionales que notan con preocupación la obsesión del actual gobierno argentino por convertirse, antes que en un proveedor consistente y confiable, en un aliado político y sin acciones que nos resulten provechosas en materias diversas.

Esas veleidades ideológicas mezclan lo que debería ser una simple relación comercial con cuestiones geopolíticas y estratégicas sobre las que la Argentina debería mantenerse cautelosa. No solo porque eso complica innecesariamente nuestras relaciones internacionales al irritar y preocupar a terceros países –muchos de ellos de tradicionales vínculos con la Argentina–, sino porque, en algunos casos, nos ha llevado a suscribir pactos y contratos oscuros para realizar obras faraónicas a precios astronómicos o para la instalación de bases con propósitos sospechosos y ajenas a cualquier control. Entre los últimos desaciertos en ese campo figura la pretensión de construir o ensamblar aviones de combate chinos en nuestro país o de ofrecer a China facilidades portuarias exclusivas en Tierra del Fuego. Por suerte, momentáneamente estos delirios no parecen haber pasado de un alarde.

Otro aspecto negativo y no menor de nuestra pretendida sintonía con los intereses chinos es el de la eventual identificación de nuestra política hacia las Islas Malvinas con la posición que China pueda adoptar respecto de Taiwán. La prudencia de nuestro gobierno en este punto debería ser extrema.

Necesitamos con urgencia una política exterior de largo plazo que combine realismo con sensatez, en alianza firme con las democracias occidentales con cuyos valores nos hemos identificado siempre, de modo de no poner en riesgo nada más y nada menos que nuestra soberanía. Intentar complacer la inconsistencia ideológica de personajes pretenciosos que, desde su supina ignorancia, pretenden erigirse en modelo de aplicación universal nos puede llevar a cometer errores irreversibles.

Fuente: La Nación

El inicio del ciclo lectivo disparó un sinfín de cuestiones. Al exponencial aumento del precio de los útiles escolares, se sumaron en el arranque del año los problemas ocasionados por las altas temperaturas, que obligaron a considerar la suspensión de actividades en edificios sin luz o con problemas de provisión de agua. Como es dable esperar, lo que ocurre en las escuelas no es más que un reflejo de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad.

Es por eso que, en el área metropolitana y en territorio bonaerense, en apenas dos semanas, se recibieron unas 500 denuncias de venta de drogas en inmediaciones de escuelas. El avance del narcotráfico se hace sentir inexorablemente y toma de rehenes a nuestros jóvenes, a edades cada vez más tempranas, sumergiéndolos en comportamientos adictivos de consecuencias muchas veces irreversibles.

La estremecedora cifra la proporciona la ONG Defendamos Buenos Aires: 50 episodios diarios denunciados que habrán de sumarse a un número seguramente igual o mayor de silenciosas situaciones que no llegan a la Justicia. La venta de drogas es un delito penal federal y el hecho de que se concrete en inmediaciones de un establecimiento educativo le confiere mayor gravedad. Ante una denuncia, el juez está obligado a mantener en el anonimato al denunciante; por eso se alienta a notificar a las autoridades sobre episodios comprobados que sirvan para prevenir otros nuevos y desarticular lugares de tráfico.

La proximidad con las villas de emergencia aumenta el número de búnkeres y escondites de venta de estupefacientes en cercanías de los colegios, además de ávidos vendedores ambulantes, muchos reclutados entre los propios escolares, que transitan por las zonas. Los barrios de Flores, con la villa 1-11-14; Retiro y Recoleta, cercanos a la villa 31; Barracas y Pompeya, con las villas 21-24 y Zavaleta, y Chacarita y Villa Crespo, lindantes a la villa Fraga, son los más afectados en el distrito porteño. En la provincia de Buenos Aires, prácticamente todo el conurbano es tierra fértil para sumar nuevos adictos.

Los narcos no distinguen entre alumnos de escuelas privadas y públicas. Van por todos. Se hacen presentes al inicio o la finalización de la jornada escolar, en la puerta o en inmediaciones de los establecimientos educacionales y ofrecen allí sus mercancías casi sin disimulo. Muchos docentes se preocupan cuando identifican a los propios alumnos comerciando en las veredas. Los códigos de silencio se imponen. Como en otros ámbitos, muchos saben, pero solo algunos denuncian.

La droga se distribuye fraccionada, en pequeños envoltorios, lista para su venta. El crecimiento del menudeo se cimienta también en la llamada mafia de los celulares manchados con sangre: dispositivos robados para ser canjeados por droga. Eso explica también el aumento de distintas modalidades de robo de teléfonos, moneda de cambio para satisfacer las tristes demandas de una preocupante adicción. Es sabido también que las redes delictivas proliferan en torno al consumo, incluyendo a adolescentes que se prostituyen para comprar estupefacientes. Una realidad tan dolorosa como inquietante que destruye vidas y familias.

Aunque el vertiginoso ritmo moderno atente contra los cuidados que se recomiendan, siempre es bueno que los padres lleven y recojan a sus hijos en las escuelas, un reaseguro para evitar dejarlos a merced de mercaderes de la muerte a edades tempranas y que sean cooptados muchas veces de por vida por los tentáculos de una peligrosa trama.

En tiempos de pantallas, instalar cámaras en los ingresos de los establecimientos, apuntándolos al exterior para controlar en algo la venta, fue una medida que se adoptó en municipios como el de San Miguel, hace unos años, bajo la intendencia de Joaquín de la Torre. El efecto disuasorio aleja a los vendedores de la inmediata proximidad de los colegios, aunque no termine con ellos.

De todas formas, está claro que no será con medidas aisladas como habremos de combatir este flagelo. Urge tomar decisiones en distintos frentes para detener el pernicioso avance del narcotráfico. Cerca o lejos de los corredores escolares, nuestros hijos son el mejor negocio potencial para este poderoso enemigo. Sin una firme voluntad política que se traduzca en política de Estado para desarticular la connivencia entre miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios y jueces, el cuerpo social no podrá defenderse, como un enfermo frente a un feroz virus que compromete cada día más su salud hasta conducirlo a la muerte.

Fuente: La Nación