Categoría: Entrevistas

Si coincidimos en considerar que la educación es el más importante motor del desarrollo, demasiados factores nos revelan que vamos por mal camino. De hecho, desde el Observatorio Hacer Educación de la Universidad de Buenos Aires se reportó que 7 de cada 10 argentinos creen que la educación está peor que 30 años atrás y que caerá aún más.

Muchos son los indicadores que confirmarían estas presunciones. Un dato no menor es la caída del número de docentes graduados en el nivel superior no universitario que revela un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano. En 1996 se graduaron 549 docentes por cada 100.000 jóvenes, pero para 2021 ese número se redujo en un 5%.

En los últimos años, en forma paralela a la extensión de la edad escolar obligatoria, con salas de 0 a 45 días y de 2 y 3 años, también aumentó la heterogeneidad de problemáticas en las escuelas, por lo que se requiere una capacitación mucho más específica para nuestros docentes. Hablamos de un trabajo que no se halla debidamente rentado en proporción al esfuerzo que demanda ni resulta socialmente valorado.

En tanto la formación docente, con una duración mínima de cuatro años, se asocia mayormente a institutos terciarios sin articulación directa con universidades, el mercado ofrece hoy carreras más atractivas y cortas, tecnicaturas de grado profesional de igual duración y que generan empleo directo con mejores salarios. La exigencia de formación que hoy plantea la docencia, aun cuando lamentablemente no revista grado universitario, no se ve acompañada por propuestas salariales acordes y eso repercute también en que el crecimiento experimentado en la matrícula inicial no se condiga con el número de quienes finalmente se gradúan.

Otra cuestión medular es la que se asocia con el presupuesto educativo. Dado que desde los años 90 las provincias son las encargadas de administrar las escuelas, el 75% del presupuesto destinado por el Estado a la educación está en manos de los gobernadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. La ley de financiamiento educativo de 2006 obligó a invertir el 6% del PBI en educación, una meta solo alcanzada en 2013 y 2015. Agravando el panorama, un reciente informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que, a valores constantes, entre 2004 y 2021 (últimos datos disponibles), 12 de los 24 distritos redujeron preocupantemente sus esfuerzos presupuestarios asignados al gasto educativo.

Surge del informe que todas las provincias, con variaciones, dedican más del 65% al pago de salarios.

Resulta difícil imaginar que si la mitad de las provincias baja el porcentaje invertido en educación haya alguna posibilidad de aumentar los salarios docentes sin introducir profundos cambios. Una vez más, la ausencia de un plan de largo aliento se hace notar. Despertar vocaciones docentes, compensadas con una adecuada remuneración y una profesionalización acorde, parece hoy un objetivo lejano cuando comprobamos que nuestros niños y jóvenes no alcanzan objetivos mínimos de comprensión lectora, entre otros.

La politización y sindicalización de esta noble tarea han impactado desfavorablemente sobre el prestigio y la aprobación social que por años le cupo. Pésimos ejemplos como los del cuestionado Roberto Baradel y sus secuaces, solo preocupados por convocar a medidas de fuerza y reducir las jornadas laborales, oponiéndose a cualquier mejora en la capacitación docente y promoviendo la militancia en las aulas, imponen un profundo rechazo social.

Se debe recuperar la abandonada senda de la meritocracia también en materia docente, alejándonos de cuestiones ligadas a filiaciones políticas, a tramas de intereses corporativos y sectoriales que terminan ahogando cualquier interés pedagógico y relegando el desarrollo del máximo potencial de los alumnos.

Aquella valiosa tarea de promoción humana a la que el visionario Domingo Faustino Sarmiento supo asignarle un rol preponderante hoy está en jaque a manos de gobiernos que abonan su supervivencia con votos esclavos de la ignorancia. La escuela sola no podrá salir del atolladero sin el compromiso de una sociedad que, muchas veces, opta equivocadamente por el silencio. Con el ejemplo de organizaciones como Padres Organizados, Argentinos por la Educación o Educar 2050, entre otras, debe ser la ciudadanía la que impulse y exija a sus gobernantes los urgentes e impostergables cambios que se necesitan. La política debe sentirse obligada a dar respuesta.

De cara a las próximas elecciones, la emergencia educativa constituye un tema crucial del que poco se habla y que todas las plataformas deberían abordar con claridad meridiana. Se requieren propuestas que promuevan los aprendizajes, alineados con el desarrollo buscado, y que favorezcan la integración.

Es imperioso recuperar los ideales sarmientinos y trabajar mancomunadamente para adaptarlos a la realidad del siglo XXI y a las impostergables necesidades de nuestra nación, asegurándonos de que no queden resquicios por los que puedan colarse personajes de la catadura moral de Baradel. Porque sin educación no hay futuro.

Fuente: La Nación

La dolarización está logrando muchos adeptos que la consideran un atajo para terminar de inmediato con una inflación desbocada. En un plano similar podría colocarse la convertibilidad, aunque afecta su aceptación el recuerdo del final de la experiencia de su aplicación en nuestro país. Ambas alternativas de reforma monetaria están claramente condicionadas a profundas correcciones macroeconómicas y fiscales. Muchos razonablemente alegan que si estas reformas se concretan sería factible, con mayor gradualidad, llegar a la estabilidad sin aquellas reformas monetarias.

Habían transcurrido dos episodios de hiperinflación cuando la convertibilidad del peso fue introducida en marzo de 1991. Fue acompañada de otras medidas que hicieron posible el uso legal y corriente del dólar. Se avanzó hacia un sistema bimonetario, reconociendo en las formas lo que ya la gente había decidido en los hechos. La convertibilidad estableció reglas estrictas: las reservas debían respaldar la totalidad de la base monetaria en pesos al tipo de cambio de conversión elegido (un peso=un dólar); además las reservas no podían ser utilizadas para pagos por el gobierno ni por el Banco Central, salvo que todo dólar retirado por el gobierno fuera contra la entrega de un peso proveniente de ingresos genuinos. El Banco Central no podía emitir pesos, salvo para entregarlos contra dólares. El Gobierno quedó inhibido de emitir moneda. No lo hizo, pero no llevó a cero el déficit fiscal. Mantuvo un déficit de orden de 2% del PBI que era básicamente el desequilibrio que en los primeros años causó la reforma previsional. Fue financiado con endeudamiento, llevando la deuda pública desde el 35% del PBI en 1993 luego del Plan Brady, al 52% en 1999. Los mercados internacionales reaccionaron retirando el crédito al gobierno argentino, llevándolo a complicadas restructuraciones y al cambio de la fórmula introduciendo el euro. La confianza se derrumbó generando corridas y el abandono de la convertibilidad.

La exigencia inicial de disponer de los dólares suficientes para cubrir la base monetaria es igual tanto para la dolarización como para la convertibilidad. En el primer caso, para canjear de inmediato todos los pesos. En convertibilidad, para asegurar que podrán canjearse. Este es un paso de extrema dificultad para un Banco Central que hoy está operando con reservas netas de libre disponibilidad negativas. Si esto se resolviera, igualmente en ambas alternativas es condición imprescindible que el fisco mantenga plena solvencia, sin caer en el extremo de un endeudamiento que lleve al default o no tener otro camino que emitir para evitarlo.

La dolarización forzosa parecería innecesaria, ya que la convertibilidad tendría los mismos efectos, pero si se llegara a la dolarización completa sería consecuencia de una decisión libre de la gente

La dolarización es forzada, mientras que en la convertibilidad la decisión de dolarizar o pesificar está en manos de la gente. En la convertibilidad, si todos decidieran cambiar sus pesos por dólares, esto sería perfectamente posible porque habría suficientes reservas para ello. En ese caso la economía se dolarizaría por completo y las reservas saldrían del Banco Central y pasarían a la gente. Con dolarización total, el Gobierno solo recaudaría dólares y la capacidad de pagos externos dependerían de su flujo de fondos, y no de la existencia de divisas.

En convertibilidad es totalmente indiferente poseer pesos o dólares. Solo la desconfianza en el mantenimiento de la regla permitiría una diferencia entre la tasa de interés aplicada a ambas monedas. En los inicios de la convertibilidad de los 90 la tasa se mantuvo algo por encima para los pesos. Esto significaba que la gente no confiaba plenamente en el mantenimiento de la regla o que tal vez en alguna medida desconocía su esencia. Tanto el presidente Carlos Menem como el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, expresaron que si el público lo deseare el Banco Central entregaría todas las reservas para quedarse con todos los pesos del sistema, que así quedaría dolarizado. Pero más que argumentos, la confianza se alcanzó mediante la entrega de dólares sin hesitar ante una corrida sobre el dólar sucedida a poco de instrumentada la convertibilidad.

La dolarización forzosa es una decisión de gobierno. Si se llegara a la dolarización completa a través de la convertibilidad, sería consecuencia de una decisión libre de la gente. En cualquiera de ambas alternativas sería imprescindible que se elimine toda duda de que la convertibilidad pueda ser abandonada. Con más razón con la convertibilidad, porque su abandono ya se experimentó en la Argentina. Sería deseable si se intenta repetir la experiencia, que sea una institución internacional la que administre las reservas. El régimen de patrón oro y caja de conversión acompañó las mejores épocas de la Argentina emergente.

Por último, no puede dejar de considerarse una razón de prestigio en favor de la convertibilidad. Una dolarización forzosa significaría incorporarse a la lista de países incapaces de tener moneda propia o compartida, como el euro, y que debieron reemplazarla por la de un país grande y confiable. Esta razón está en la mente de quienes pueden tener responsabilidad frente a la historia.

Fuente: La Nación

La luz amarilla se encendió para los ferrocarriles argentinos con la crisis mundial de 1930, que golpeó duramente a las exportaciones de nuestro país. Entre 1929 y 1933, el sistema perdió el 27% de la carga y, al afirmarse la competencia del camión, ya no la recuperó en la década siguiente.

Los grandes ferrocarriles ingleses, que todavía no operaban a pérdida, decidieron entonces dejar nuestro país y vendieron sus activos al Estado nacional. El 1° de marzo de 1948, en un acto que se presentó como de recuperación soberana, el Estado se hizo cargo de todos los ferrocarriles privados para evitar el colapso del sistema.

La gestión estatal no priorizó el transporte de cargas. En 1951, el tráfico alcanzó su máximo histórico, seguido por el estancamiento y la declinación, que se acentuó después de 1960 para culminar en 1990, cuando cayó al 46% de aquel tope. La carga gravosa que el déficit ferroviario imprimía sobre el Estado nacional se sumó a la imposibilidad política de redimensionar la red acorde con las nuevas realidades tecnológicas, tal como lo hicieron en esa época todos los países occidentales con redes ferroviarias maduras.

En 1989, la política privatizadora de empresas públicas menemista se plasmó en concesiones integrales para la explotación ferroviaria, conservando el Estado la propiedad de la infraestructura y del material rodante.

Se concretaron cinco concesiones de cargas y solo la red Belgrano, de trocha angosta, se mantuvo estatal al no tener oferentes privados. Las concesiones fueron por 30 años con opción a otros 10 que se concederían por acuerdo entre las partes. En 1999, el gobierno de Menem otorgó en concesión la red Belgrano a la Unión Ferroviaria, quizás como premio a su no obstrucción del proceso privatizador.

Las concesiones tuvieron éxito en reactivar la demanda gracias a una gestión operativa eficiente y a la recuperación del parque de locomotoras y vagones por medio de una gestión racional de los repuestos junto al ordenamiento del trabajo en los talleres, desterrando prácticas viciosas del período anterior. En contraposición a lo que popularmente se cree, la privatización ferroviaria resultó exitosa desde el punto de vista de la recuperación del sistema, ya que, en 2006, el conjunto de las redes concesionadas superó el máximo histórico de tráfico del mismo conjunto alcanzado en 1951. Mientras tanto, la enorme red Belgrano transportaba apenas el 5% del total y muy por debajo de su respectivo máximo histórico.

Ha quedado evidenciado el error de haber desechado en nuestro país la experiencia acumulada durante tres décadas que demostraron que la explotación privada de los ferrocarriles de carga era posible, con un modelo integral que no impedía el acceso de otros concesionarios a sus redes, como ocurre en sistemas exitosos del mundo

Las concesiones también tuvieron dificultades: el estado de la infraestructura recibida, la invasión de las zonas de vía en puntos críticos de las redes, bloqueos de plantas de clientes por grupos de camioneros independientes que exigían conservar una parte del negocio, la oposición de municipios a la corrida de ciertos trenes considerados peligrosos y, en algunos casos, una gestión empresarial deficiente. En estos temas, el Estado nacional se mantuvo distante, desinteresado, quizá porque esas concesiones funcionaban sin subsidio operativo.

El grupo brasileño que terminó operando el San Martín y el Urquiza encontró que la rentabilidad no era la que había supuesto e inició una negociación con otros concesionarios para transferirles sus contratos. En 2012, la tragedia de Once produjo un cataclismo político y la Secretaría de Transporte pasó a depender del Ministerio del Interior cuyo titular, Florencio Randazzo, prefirió reestatizar ambas redes, que incorporó a la organización de Belgrano Cargas y Logística (BCyL), creada para operar la red de trocha angosta. El Estado puso en marcha un plan de inversiones en vías sobre la vieja red Belgrano y la compra de unas cien locomotoras y tres mil vagones destinados a las tres redes Eso permitió que, a partir de 2017, comenzaran a recuperarse. Para 2022, transportaban el 46% del tráfico ferroviario de cargas.

Las concesiones privadas debían caducar a los 30 años, entre noviembre de 2021 y marzo de 2023. Según lo previsto contractualmente, las tres empresas presentaron cinco años antes de la expiración de sus concesiones –entre 2016 y 2018– los pedidos de extensión prevista por diez años. El gobierno de entonces consideró que, al expirar las concesiones, entraría en vigor el régimen de acceso abierto (open access) creado por la administración anterior y rechazó otorgarlos.

El sistema de acceso abierto al que el gobierno de Cambiemos adhirió fue dispuesto por la ley impulsada en 2014 por el ministro Randazzo, a imagen y semejanza del modelo europeo, basado en la idea de permitir que, sobre una red administrada por el Estado, circulen distintos operadores, aportando sus propias locomotoras y vagones. En esta operatoria, de discutibles beneficios, el mantenimiento de las vías y la organización de la circulación de los trenes pasarían a cargo de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF), entidad pública creada en 2008 para encarar las grandes obras de infraestructura que las empresas concesionarias no podían afrontar.

Cabe destacar que esta operatoria era parcialmente posible con los contratos de concesión originales por cuanto los concesionarios eran responsables por la infraestructura y tenían la obligación de permitir la circulación de otros concesionarios para efectuar tráfico terminal, con lo cual la incorporación de terceros operadores calificados podría haberse tenido en cuenta en una eventual renegociación de los contratos.

El gobierno que asumió en 2019 mantuvo la política de la gestión precedente e informó a las concesionarias la denegación de las extensiones solicitadas y, a partir de ese momento, la actuación de estas empresas entró en un ámbito de incertidumbre. Para dar continuidad a la explotación, el Gobierno convocó a presentar ofertas para la operación por acceso abierto de la primera red concesionada a fines de 1991, cuyo contrato había expirado a fines de 2021 sin interesados, indicando las dificultades inherentes al nuevo sistema de operación que se pretende instaurar. Ante esta situación, se concedió a las concesionarias una extensión que vence el año próximo.

Se puede hacer entonces una curiosa constatación: habiendo concretado las primeras concesiones ferroviarias latinoamericanas exitosas a partir de 1991, en la Argentina impera desde 2012 una política de Estado atravesada por ambos signos políticos dominantes que consiste en la reestatización total del sistema ferroviario. Desechamos así la experiencia acumulada en tres décadas que demostró que la explotación privada de los ferrocarriles de carga era posible, con un modelo de concesionamiento integral que no impedía el acceso de otros concesionarios a sus redes, como en los sistemas más exitosos de cargas del mundo (Canadá y Estados Unidos) y que, con mínimos retoques normativos, hubiera permitido la introducción de potenciales terceros operadores.

Solo queda esperar que futuras gestiones reencaucen el proceso, recuperando los aciertos de la política de concesionamiento de los años 90, enmendando sus errores e incorporando nuevas ideas que las potencien.

Fuente: La Nación

El presidente Alberto Fernández y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, tomaron la tan inconcebible como insolente decisión de premiar al grupo de violentos usurpadores de terrenos en Villa Mascardi con 10 hectáreas de tierras fiscales dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde los encapuchados erigieron un “altar” que consideran sagrado, y la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad (la “machi”), a su familia y también a los adeptos que podrían visitar ese lugar para recibir los “tratamientos” que brinda.

Lo que podría parecer un error es increíblemente así: los beneficiados son los mismos que destruyeron casas particulares de quienes nunca fueron escuchados por el Gobierno, destrozaron edificios públicos, agredieron a la gobernadora de Río Negro y a miembros de las fuerzas de seguridad con armas de fuego y otros elementos. Se trata de la comunidad que usurpó tierras en Mascardi en noviembre de 2017 y se mantuvo allí hasta la mañana del 4 de octubre pasado, cuando fuerzas federales los desalojaron. Durante ese período cometieron más de 200 vandálicos hechos delictivos, entre incendios, robos y atentados con armas de fuego. Durante el desalojo, los hombres de la comunidad –ahora prófugos, pero igualmente beneficiados– agredieron con armas, piedras y otros elementos a los uniformados. Luego se dieron a la fuga y todavía permanecen en la clandestinidad.

La llamada “machi”, beneficiada por una incomprensible y cómplice generosidad de nuestro Presidente, se encuentra detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria, imputada por la usurpación de predios públicos y privados de Villa Mascardi.

Como es lógico, la irresponsable e ilegal cesión de tierras públicas a esta comunidad delictiva, que solo puede fundarse en razones ideológicas o conveniencias políticas, ha despertado la indignación de la sociedad y de las comunidades mapuches, como es el caso de la comunidad Wiritray, ubicada a pocos kilómetros del lugar de conflicto. Estos habitantes históricos del lugar explicaron que el sitio que los delincuentes declararon sagrado (“rewe”) en realidad sería el sitio que sus abuelos utilizaban como “veranada”, para llevar a los animales a pastar en la época estival. Aseguran que “el Estado pretende enajenarnos de parte de nuestro histórico territorio comunitario para cederlo a este mencionado conjunto de delincuentes y prófugos de la Justicia”.

Resulta realmente sorprendente que una jueza, Silvina Domínguez, haya ofrecido, luego del desalojo, que la comunidad mantuviera un espacio “sagrado” donde los encapuchados colocaron un objeto de madera, supuestamente sagrado, para que la “machi” –hoy detenida– pueda poner en práctica “sus dotes de sanación” dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí también el gobierno nacional tiene previsto construir cabañas para los amigos y allegados de la “machi”, otra más amplia, destinada a un “consultorio” y una tercera para que pueda vivir junto a su pareja.

Recordemos que la toma de Mascardi se inició a partir de “una visión” que tuvo la “machi” en 2017, cuando era una niña de 16 años que se autoproclamó autoridad espiritual del pueblo mapuche, esgrimiendo “que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.

Es asombroso y hasta poco civilizado que una jueza, un presidente y un secretario de Derechos Humanos de la Nación hayan aceptado como cierto este relato para permitir un lugar de “culto” en un parque nacional junto a quienes han sido usurpados y dañados, impedidos del uso y goce de su propiedad, y ahora sujetos al riesgo de que regrese este grupo de delincuentes a ejercer acciones cercanas a la brujería.

Se trata de una absurda recompensa a quienes han robado, quemado, usurpado y ejercido el terror desde 2017 –hoy prófugos de la Justicia–, tal como lo denuncian los pobladores que promueven una marcha hacia Villa Mascardi para hoy.

Sería deseable que instancias superiores de la Justicia responsabilicen y castiguen debidamente a quienes incurren en hechos de incuestionable gravedad que perjudican no solo el patrimonio natural argentino, sino también a los ciudadanos que viven pacíficamente en su territorio y que confían su tranquilidad y seguridad a las instituciones de la república.

Fuente: La Nación

Cuando faltan solo siete meses para la finalización del período presidencial, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley para un blanqueo de activos no declarados, tanto en el país como en el exterior. Lo ha denominado con el exculpatorio y eufemístico nombre “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado”. De aprobarse y sancionarse, sería el sexto blanqueo en los últimos 40 años, a solo dos años del último, registrado bajo la gestión de Alberto Fernández y orientado a generar dinero para la construcción.

Cada vez que se ha recurrido a un blanqueo impositivo ha primado la angustia fiscal sobre las consideraciones morales que despierta esta medida. Se constituye en un premio para quienes evadieron y, por lo tanto, una burla para los que cumplieron. Cuando los blanqueos se repiten, finalmente se hacen previsibles y alientan el incumplimiento impositivo. La presunción siempre confirmada de que habrá un blanqueo próximo induce a no pagar los impuestos en término y la elevada inflación agrega un motivo más para actuar de esta forma.

Lo razonable sería asumir que después de tantos blanqueos no queda un monto significativo de activos no declarados. Sin embargo, la expectativa del ministro Massa se apoya en el reciente acuerdo de cooperación automática con el gobierno de los Estados Unidos. En ese país están depositados la mayor parte de los activos financieros de residentes argentinos que hasta ahora suponían estar protegidos por la ley y el secreto bancario y que solo se cedería información ante requerimientos judiciales.

Aún no está claro hasta dónde se flexibilizará ese comportamiento ni cuánta adhesión tendrá el blanqueo. Debe considerarse que quienes lo hagan en general procederán por miedo a ser reconocidos por la AFIP, con onerosas consecuencias pecuniarias y judiciales. La clarificación del alcance del acuerdo de información con los Estados Unidos será determinante de los montos blanqueados. También podrá incidir negativamente la obligación de repatriar un porcentaje de las tenencias externas. El blanqueo más exitoso fue el de 2016, que no exigió ninguna repatriación.

El texto del proyecto de ley menciona exhaustivamente todas las variantes posibles de activos fijos y financieros que comprende el blanqueo, Desde inmuebles y acciones hasta criptomonedas. La conversión a pesos de los valores en moneda extranjera lo serán al tipo de cambio oficial. Mientras haya cepo y brecha cambiaria esto atenuará la incidencia de las pesadas alícuotas por pagar. Quienes blanqueen no serán perseguidos por las leyes penal tributaria o cambiaria ni por el Código Aduanero. Lo declarado estará eximido de los impuestos a las ganancias, bienes personales e IVA. Se advierte un esfuerzo por evitar la utilización del blanqueo para acciones indebidas. Por ejemplo, evitar formas de simular la propiedad por terceras personas. Se preocupa también por evitar el lavado de dinero al señalar que no se podrán blanquear los fondos o activos ubicados en países calificados de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con el propósito de evitar acusaciones de favoritismo, el proyecto se extiende en detalle sobre quiénes no pueden hacer uso del blanqueo. La lista abarca, entre otros, a los funcionarios públicos y sus familiares, al igual que a los condenados judicialmente.

La iniciativa crea la figura del colaborador. Es una denominación más noble de la que elegiría la calle para el oficio de que se trata. Colaborador puede ser cualquier persona que, conociendo la existencia de un activo no declarado por otra persona, lo denuncia a la AFIP. Recibirá una compensación monetaria y tendrá inmunidad, confidencialidad y protección. Si la información fuera falsa, será penalizado. No podrán actuar como colaboradores los abogados y contadores del denunciado, aunque esto difícilmente evite una triangulación a través de un tercero.

El objetivo de este blanqueo, como el de los anteriores, es fiscal. La alícuota recibida por el Estado se establece entre el 2,5% y el 15% del capital blanqueado, dependiendo del tiempo transcurrido entre la sanción de la ley y la concreción del blanqueo. Queda así clara la urgencia por fondos de este gobierno, que enfrenta un mayúsculo problema de déficit y que, jugando en tiempo de descuento, teme un descalabro antes de la pitada final. A juzgar por la recaudación de blanqueos anteriores, poco podrá lograrse con este en comparación con la magnitud del déficit fiscal y menos aún con las enormes deudas del Tesoro y del Banco Central.

Fuente: La Nacion

Cuando asumió Héctor J. Cámpora como presidente de la Nación, en su discurso inaugural del 25 de mayo de 1973, anunció sus principales medidas para la liberación y la reconstrucción nacional, atribuyendo la situación heredada a la aberrante política liberal implementada desde 1955. Una de las pesadas cargas que el país enfrentaba, dijo, era “una inflación de máxima intensidad que impide todo cálculo económico y mina cualquier posibilidad de poner la moneda y el crédito al servicio de los auténticos intereses del país”.

Para corregir los obstáculos a la liberación nacional, una ley nacionalizó los depósitos bancarios convirtiendo a los bancos en agentes del Banco Central, De allí en más, recibían los ahorros de sus clientes por cuenta y orden de aquel, mientras que esa entidad emitía dinero para que dieran créditos de fomento conforme a sus circulares.

En un contexto de alta inflación, el público retiró los pesos de sus cuentas buscando mayor rentabilidad fuera del sistema oficial (en cajas y cooperativas de crédito, escribanías, agentes bursátiles y “cuevas”). Como el crédito subsidiado era escaso y discrecional, su asignación quedó ligada a la corrupción. Se llamaban “beneficiarios” a quienes lograban un préstamo, como si fuesen planes sociales y los gerentes que los otorgaban recibían regalos a la luz del día o sobres bajo la mesa. Una incipiente “patria financiera” con favorecidos bien ajenos a “los auténticos intereses del país”.

Difícilmente pueda encontrarse un modelo de “patria financiera” más perverso que el actual refrito kirchnerista, pues no destruye el aparato productivo con altas tasas de interés, sino por la completa desaparición del crédito, el cierre de las importaciones y el impacto de la inflación sobre el capital de trabajo

José Ber Gelbard, el ministro de Economía admirado por Cristina Kirchner, basó su gestión en un Pacto Social, una “concertación” entre capital y trabajo que duró solamente un año, hasta el fallecimiento del presidente Juan Perón. Como ahora, se acumularon desajustes de precios relativos y, sin dólares ni confianza, la tensión de variables atrasadas provocó una crisis cambiaria, con alta inflación, controles de precios y góndolas vacías. Adiós al sueño del fifty-fifty: Gelbard renunció y lo sucedió el legendario Alfredo Gómez Morales, quien intentó cerrar la “brecha cambiaria” con una devaluación del 50% sin plan alguno, que nada pudo corregir.

María Estela Martínez de Perón designó en su reemplazo al ingeniero Celestino Rodrigo, quien, un aciago miércoles 4 de junio de 1975, aplicó el mayor ajuste de la historia argentina con una devaluación del 100%, más aumentos de tarifas (75%) y de combustibles (175%) que licuaron el salario real, llevando la inflación de junio, al 23%; de julio, al 35%, y a su renuncia al mes siguiente.

Le tocó a Antonio Cafiero, sucesor de Pedro Bonnani, asumir el 14 de agosto de 1975 para juntar los pedacitos de aquel Rodrigazo, con una inflación interanual del 240%. Lo llamó “su puesto de lucha” sabiendo que, falto de confianza y sujeto al veto sindical, sería difícil detener la fuga de capitales. Sin experiencia en ese fenómeno inusual, quiso “ajustar el volumen de los medios de pago al nuevo nivel de precios de la economía” con mayor emisión monetaria, como en la República de Weimar, para reactivar el empleo. Al mes siguiente, ya estaba en Washington pidiendo un stand by al FMI, rogándole que no enviara una misión para evitar el rechazo sindical: “Denos tiempo para educar a los sindicatos”, le pidió, pero el préstamo no lo logró.

Para cumplir con el mandato de Cristina Kirchner, el Banco Central tomó una sartén de los años 70 y puso a freír la moneda argentina con la llama de una tasa de interés que siempre aumenta y no puede detener, aunque el aceite esté negro; la moneda, achicharrada, y la producción, en caída, generando una catástrofe para esta gestión o la para la próxima

Para captar fondos del público, inventó los valores nacionales ajustables (o VANAs), que dieron lugar a la primera “bicicleta financiera” vernácula, una forma de carry trade criollo anterior al uso de ese nombre en inglés. Como ocurre cuando existen precios regulados y precios libres, se formó de inmediato un mercado de arbitraje entre ambos. Aparecieron así las “mesas de dinero” justicialistas, que, aprovechando sus contactos políticos, lucraban con la diferencia entre las tasas subsidiadas obtenidas de bancos amigos y la inflación incontrolable que aumentaba el valor de los títulos. Caucionando los valores adquiridos con la “plata dulce” destinada a “la producción” se conseguían más créditos blandos y, así, la bicicleta no paraba de rodar, creando en cada giro nuevos millonarios. Fue el comienzo de la “patria financiera” y los operadores ya entraron “cebados” a la etapa posterior, cuando proliferaron aventureros convertidos en banqueros.

Cuando le llegó el turno de tomar aquella “papa caliente” a José Alfredo Martínez de Hoz (1976) se dictó una nueva ley de entidades financieras reestableciendo el rol natural de los bancos y adoptando la malhadada garantía de depósitos. Como la inflación del Rodrigazo subsistía, las tasas debieron ser muy altas para atraer a los ahorristas. Esto se agravó por la garantía de depósitos, pues bancos insolventes competían entre sí ofreciendo retornos irracionales al público, encareciendo también el costo de los préstamos en perjuicio de las actividades productivas.

En 1978, se adoptó la “tablita cambiaria” que anunciaba en forma anticipada las futuras devaluaciones, para reducir el riesgo cambiario y las tasas de interés. Ello alentó las colocaciones en plazos fijos con rentabilidad asegurada frente a la previsibilidad del dólar. Así se acuñó la expresión “patria financiera”, por las ganancias que se obtenían con esos diferenciales, en contraste con los industriales. Pero, como siempre ocurre, la política jugó su propio partido, los militares no quisieron reducir el gasto público y la inflación desbarató la convergencia de variables que iba logrando la famosa “tablita”.

En la actualidad, las tensiones subyacentes por el desajuste de precios relativos se parecen mucho a las que se desataron cuando Celestino Rodrigo abrió la caja de Pandora armada con el Pacto Social, solo apoyado en María Estela Martinez de Perón y José López Rega. Al igual que ahora, sin conducción política para la credibilidad, ni reformas estructurales para la sustentabilidad.

Difícilmente pueda encontrarse un modelo de “patria financiera” más perverso que el actual “refrito” kirchnerista, pues no destruye el aparato productivo con altas tasas de interés, sino por la completa desaparición del crédito, el cierre de las importaciones y el impacto de la inflación sobre el capital de trabajo. Todos los ahorros del público depositados en los bancos son succionados por el Estado y ni un centavo va a la producción. Y, a medida que aumenta la inflación, las tasas referenciales se incrementan aún más para evitar que el público retire sus fondos y los bancos colapsen, al carecer de activos genuinos en sus carteras.

Es una inmensa bola de nieve, pues el Banco Central deberá emitir más de un billón de pesos por mes para atender los intereses correspondientes a los 13,75 billones de pesos de deuda que acumula hacia los bancos, por sus Letras de Liquidez (Leliq) y sus préstamos (pases pasivos). Un monto que duplicará la base monetaria de 5,48 billones de pesos cada cuatro meses y medio. Los billones van y vienen, salvo para quienes tienen máquinas, tractores o camiones, excluidos de la fiesta del gasto público.

Sergio Massa y su equipo están solo ocupados por el corto plazo, con un objetivo electoralista: el llamado “plan llegar”. La vicepresidenta, desesperada por sus causas judiciales, impuso dos consignas a sus socios menores del Frente de Todos: no devaluar, para evitar otro Rodrigazo y tampoco ajustar las cuentas públicas para retener una base de votantes que le asegure gravitación legislativa el año próximo.

Para cumplir con el mandato de la lideresa, el Banco Central tomó una sartén de los años 70 y puso a freír la moneda argentina con la llama de una tasa de interés que siempre aumenta y no puede detener, aunque el aceite esté negro; la moneda, achicharrada, y la producción, en caída. Es la versión kirchnerista de la “patria financiera” de antaño que engendra una catástrofe para esta gestión o la próxima.

Y en su búsqueda de impunidad a cualquier precio, la acompañan legisladores, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios prebendarios, periodistas cooptados, militantes cerriles, artistas obnubilados y comprados, intelectuales dogmáticos y activistas varios, necesitados de mantener cargos y privilegios sin advertir que, si Celestino llegase a meter la cola, no habrá sartén que pueda freír el torbellino de pesos que se ocultan en la cocina del Banco Central. Y que los convertirá, como al resto de los argentinos, en pobres de solemnidad.

Fuente: La Nación

La preocupación por la cuestión educativa llevó a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, personalidades y expertos en estas cuestiones a lanzar una iniciativa tendiente a compartir el hashtag #NoEntiendenLoQueLeen para dar visibilidad a una realidad lacerante: en la Argentina, casi uno de cada dos alumnos de tercer grado no comprende lo que lee.

El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) es una prueba estandarizada que realiza Unesco en 16 países de la región de América Latina y el Caribe. La prueba se tomó durante 2019, antes de la pandemia, en tercero y sexto grados, abarcando las áreas de Lectura, Matemática y Ciencia. Los resultados evidenciaron un claro retroceso en el aprendizaje de nuestros estudiantes entre 2013 y 2019, una de las mayores caídas de la región (-2%) solo superada por Guatemala (-3,2%); los niveles más bajos del promedio regional en cuatro de las cinco pruebas.

Cuando afirmamos que el 46% de los alumnos de tercer grado de primaria no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora, nos referimos al promedio, puesto que el porcentaje se eleva al 61,5% para los niveles socioeconómicos más bajos y pasa al 26,3% entre los más altos.

En la mayoría de los países hay una correlación entre los resultados obtenidos y el nivel socioeconómico medido por el PBI per cápita. Pero en el caso de la Argentina, los resultados son incluso peores que en países de similares PBI per cápita como Brasil o México.

Debemos exigir a toda la dirigencia que asuma compromisos concretos para priorizar políticas educativas y convertirlas en políticas de Estado

Días atrás, Guillermina Tiramonti, de Argentinos por la Educación, planteaba en nuestras páginas su preocupación respecto de qué propuestas tiene la política para la educación de los chicos pobres, un abrumante universo que abarca al 54,2% de los menores de 14 años, según el Indec. De acuerdo con su análisis, la propuesta educativa del “progresismo vernáculo” de los últimos 20 años ha cobijado institucionalmente a la pobreza considerando que “no debe ser mancillada por la perversa ilustración capitalista”. La mirada de esta experta, como la de muchos otros, está puesta en el futuro y en la necesidad de revisar las metodologías. Propone también incluir a todos desde el nivel inicial, no solo para desarrollar sus habilidades de escritura y comprensión lectora, sino también para sentar en ellos las experiencias de socialización en contextos formalmente organizados que les permitan superar sus condiciones de marginalidad, un desafío mayúsculo en una situación inédita que debe además contemplar realidades distintas en nuestro extenso territorio.

Con cambios en la forma de medir y dudas de algunos especialistas respecto de las muestras utilizadas, los resultados de las pruebas Aprender 2022 de primaria, recientemente presentados, indicaron que, luego de un año de presencialidad plena y con una hora extra de clase agregada, se registran mejoras sustantivas en todas las provincias respecto de los niveles pospandemia relevados en 2021. Sin embargo, cuatro de cada diez alumnos no alcanzó el nivel esperado en Matemática y uno de cada cuatro no lo logró en Lengua. El nivel socioeconómico sigue siendo vector clave de desigualdades, pero los alumnos de menores recursos evidenciaron niveles superiores de mejora respecto de sus pares de mayor nivel socioeconómico.

Abrumados por el devenir de una economía en picada y una política convulsionada, los argentinos seguimos relegando a segundo plano la cuestión educativa. Cortos de miras, equivocamos el foco cuando debiéramos exigir a toda la dirigencia que asuma compromisos concretos para priorizar políticas educativas y convertirlas en una verdadera política de Estado. Alfabetizar debe ser una bandera de todos los candidatos para avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa.

La referida campaña busca mover a toda la sociedad y generar conciencia sobre el tema. Solicita también al Presidente un plan que priorice las políticas de alfabetización, brinde apoyo técnico y transferencia de recursos a las provincias, además de la implementación periódica de las pruebas Aprender en tercer grado.

“Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”, afirmaba con razón Manuel Belgrano. Es menester dejar atrás dos décadas de gobiernos cuyas políticas solo lograron fabricar pobreza y contribuir a la ignorancia, para retomar la senda del mérito y el esfuerzo. No hay futuro sin educación.

Fuente: La Nación

La pregunta que titula este editorial se escucha repetidamente, en particular en ámbitos empresarios y políticos. Tal inquisitoria sería inconcebible en países donde las instituciones aportan continuidad y las economías están ordenadas. En la Argentina se llega a usar la palabra “reventón”, mientras en otros países en todo caso se habla de crisis recesivas o inflaciones moderadas. El reventón está en el consciente argentino y se refiere a la pérdida de control gubernamental de las variables económicas en el marco de una hiperinflación. La memoria trae el rodrigazo, de 1975, y la hiperinflación, de 1989/90. Fueron episodios que desbordaron la economía y se extendieron al plano social y político.

Las agitadas reuniones del fin de semana del ministro de Economía, Sergio Massa, con su gabinete luego de publicarse el dato de la inflación de abril han creado alguna reminiscencia de aquellos hechos. Esta sensación ha aumentado al conocerse las medidas decididas. El incremento de la tasa de interés va detrás de la desvalorización del dinero y la importación oficial de alimentos no logra otra cosa que demostrar el extravío de quienes lo decidieron.

Hay dos hechos económicos alrededor de los cuales gira un posible reventón. El primero es la ausencia de una solución para el agotamiento de las cada día más exiguas reservas del Banco Central que evite una macrodevaluación no administrada; el segundo es una hiperinflación. El primero está sujeto a la extinción de las reservas y a la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) a adelantar desembolsos o al rechazo del Gobierno a una devaluación dentro del programa del FMI. En esa situación, nuestro Banco Central dejaría de intervenir y el dólar comercial buscaría un nivel determinado por el mercado. Esto produciría un salto inflacionario con consecuencias en grado de crisis. Es probable, sin embargo, que el FMI no le suelte la mano al Gobierno, por cuanto eso tendría un alto costo para el organismo y, además, su principal accionista, Estados Unidos, parece dispuesto a ayudar. El Gobierno, a su vez, está dispuesto a seguir endureciendo el cepo cualesquiera sean las consecuencias.

En los primeros días de mayo, el Tesoro demandó fondos del BCRA en una cantidad similar a la convenida con el FMI para todo el primer semestre

Vale la pena analizar las probabilidades de llegar a una hiperinflación, aunque no se produzca una macrodevaluación. La hiperinflación se diferencia de la inflación así como la septicemia se distingue de una infección localizada. El germen de origen es un déficit fiscal alto y sostenido que agota las fuentes de financiamiento genuinas y obliga a recurrir a la emisión monetaria. El paso de inflación a hiperinflación se produce con un salto en la cotización de las divisas y cuando la gente decide masivamente desprenderse del dinero local en el menor tiempo posible ante la evidencia de su creciente desvalorización. Lo hace adelantando compras o adquiriendo dólares. En el léxico económico se habla de la huida del dinero o también del aumento de su velocidad de circulación. Yendo a la historia, en diciembre de 1988, el dinero medido por el denominado M1 (la suma de billetes, monedas y depósitos a la vista). rotaba en su totalidad cada 10,8 días. Ese mes la inflación fue 6,8% mensual. Siete meses después, en julio de 1989, el M1 rotaba rápidamente cada 3,4 días. En siete meses se había triplicado la velocidad de circulación con el mismo efecto que haber triplicado la cantidad de dinero, aunque no se hubiera emitido. Pero además se aceleró la emisión para cubrir el déficit fiscal. Consecuentemente llegó la hiperinflación. El índice de precios al consumidor trepó en julio de 1989 al 196,6% mensual. En esa situación los comerciantes y productores dejaban de vender al desconocer el precio de reposición. La actividad cayó abruptamente, surgieron suspensiones y despidos, se generalizaron las protestas y aparecieron los saqueos de supermercados. El presidente Raúl Alfonsín debió dejar anticipadamente el poder a Carlos Menem, que ya había sido elegido.

Volviendo a nuestros días, en diciembre de 2022, la rotación del M1 se dio en 10,4 días y la inflación mensual fue del 5,1%. En marzo de 2023 (la medición más reciente) la velocidad había aumentado y la rotación se producía cada 9,2 días. La inflación mensual fue del 7,7% en marzo y del 8,4% en abril. Los movimientos de precios en las dos primeras semanas de mayo indican otro aumento importante del índice para este mes. Hay, por lo tanto, una clara tendencia, aunque no tan marcada como la ocurrida en 1989. La situación fiscal agrega una dosis de preocupación. En los primeros días de mayo el Tesoro demandó fondos del Banco Central en una cantidad similar a la convenida con el FMI para todo el primer semestre.

Puede concluirse que se avanza, aunque no tan rápidamente, hacia una hiperinflación. Solo podrá evitarse con una recuperación de la confianza que detenga y revierta la huida del dinero local. Para que esto suceda debería reducirse el gasto público o asegurar fehacientemente que eso ocurrirá y que se dejará de emitir. El desastroso gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de producir ese cambio. Paradójicamente, si las encuestas mostrasen un seguro triunfo de la oposición en octubre, eso podría ayudar a que se genere una expectativa que evite el reventón antes del 10 de diciembre.

Fuente: La Nación

Como se sabe, la Argentina es –o aspira a ser– una potencia mundial. Pero en sentido aristotélico: solo en potencia, no en acto. Para concretar sus aptitudes y hacerlas realidad, se necesita una visión compartida que suscite entusiasmo colectivo como motor de transformación y pasar así del discurso a la realidad. Ese tránsito jamás podrá concretarse si se concibe al país como apéndice austral de la pobreza latinoamericana e incapaz de revertir ese destino con un cambio de paradigma.

Tanto nos hemos habituado al modelo extractivo, donde pocos producen en forma competitiva para mantener a quienes no lo son, que parece normal recorrer el mundo mendigando ayuda cuando la sequía desarticula ese perverso mecanismo. Tan habituados estamos que pocos conciben la nación con todo su potencial en marcha, capaz de duplicar sus exportaciones y aumentar sus importaciones, sin brecha cambiaria, sin enclaves de privilegio, sin mafias sindicales, sin reservas de mercado, sin impuestos distorsivos, ni chicos fuera de las escuelas.

Por eso, la pregunta que más acucia a quienes pedimos dinero, a quienes rogamos que inviertan, a quienes se esfuerzan cada día es si será esta la oportunidad del cambio. ¿Se lograrán consensos para encarar una transformación de fondo? ¿O la Argentina ha bajado los brazos, conformándose con administrar la pobreza y dar negocios a los amigos del poder?

En el extremo más retrógrado hay quienes consideran que en nuestra tierra el capitalismo ha llegado a su límite, pues el mercado, por sí solo, ya no puede aumentar la demanda de empleo. Lo único que podría solucionar ese fracaso sería la economía popular, con un “Estado presente” que ponga los fondos necesarios para incorporar a cuatro millones de excluidos al mundo laboral de los planes y los punteros.

Serían entonces los cuentapropistas, las desnaturalizadas cooperativas, los vendedores ambulantes, los recuperadores urbanos, los auxiliares de merenderos, los emprendedores familiares, las empresas recuperadas y la creciente legión de postergados los pilares del futuro desarrollo nacional y los sólidos puntales del bienestar colectivo.

Sin embargo, esas organizaciones sin patrones tienen otros, que son peores. Los intermediarios que negocian con funcionarios, quienes, a su vez, los utilizan para hacer política partidaria. La economía popular es otra forma de gasto público y, como tal, un peso adicional agregado al Estado, ya de por sí incapaz de sostener sus crecientes erogaciones por derechos ampliados y deberes achicados.

El único pilar para satisfacer las necesidades colectivas es la economía privada, que, a través del empleo formal, los aportes laborales y el pago de impuestos, mantiene toda la estructura del Estado, sus escuelas y hospitales, sus tribunales y comisarías, sus múltiples legisladores, ministerios, jueces y empleados, incluyendo a los millones de integrantes de la economía popular.

En el otro extremo, al igual que los lideres de la economía popular, muchos dirigentes que proclaman su fe en el capitalismo también reivindican al Estado como impulsor estratégico del sector privado, para “poner en marcha el aparato productivo”. En la actual crisis, esa propuesta semeja una coartada oportunista para evitar hablar de reformas que incomodan al discurso político.

No habrá nunca desarrollo genuino mientras la rentabilidad empresaria dependa de “expertos en mercados regulados”

Repitiendo el mismo libreto que aquellos, sostienen que el capitalismo en la Argentina no funciona y que el mercado es incapaz de generar el crecimiento que el país requiere. Y sacan de una antigua caja de herramientas los mismos oxidados instrumentos que hicieron de la Argentina un país pobre, con empresarios prebendarios enriquecidos. Si solo se les ocurre el modelo de Tierra del Fuego, los aprietes del compre nacional, los negocios de las licencias no automáticas o los incentivos fiscales para fabricar baterías de litio, es porque desconocen (o conocen bien) lo que ocurre cuando el Estado pone su billetera al alcance de los privados.

Para no ir tan lejos como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), hace medio siglo se promocionaron industrias básicas (celulosa, acero, petroquímica, soda Solvay) con regímenes que permitían utilizar impuestos para desarrollar proyectos en esos sectores. Los agentes económicos se frotaron las manos al advertir cuán fácil era desviar recursos estatales a sus bancos del exterior. Casi todos “inflaron” los montos de inversión aprobados para pagar sobreprecios de equipos importados, dejando fondos “negros” en cuentas suizas. Y las compras no las hacían con plata de sus bolsillos, sino con créditos de bancos oficiales garantizados con avales públicos que los deudores jamás cubrían.

Los regímenes de promoción regional tampoco sirvieron para crear sólidas industrias en el interior, sino “fábricas con rueditas” que se desmantelaron al vencer los beneficios. Solo hicieron prósperos a consultores, influyentes y abrepuertas provinciales, pero no modificaron el perfil industrial de la Argentina ni mejoraron su competitividad para acceder a nuevos mercados.

No habrá nunca desarrollo genuino mientras la rentabilidad empresaria dependa de “expertos en mercados regulados”, habilidades para empujar expedientes, lograr decretos o redactar incisos. Si en lugar de emprendedores creativos que asuman riesgos, se forman contubernios entre contadores, asesores fiscales y “autoridades de aplicación” para generar ganancias regulatorias y no de productividad. En esos casos, la mediocridad y la corrupción continuarán prevaleciendo sobre el mérito y el esfuerzo. Y con ello, la pobreza y la exclusión que abarrotan comedores y multiplican los acampes.

Sin alinear los precios internos a los internacionales mediante la apertura económica, la Argentina no logrará competitividad y esconderá, bajo la alfombra de promociones y protecciones, los mismos desajustes que impiden tomar créditos, ahuyentan las inversiones y fomentan la fuga de capitales. Solo la apertura y la integración en áreas de libre comercio darán el marco de credibilidad que garantice la continuidad de las reformas indispensables para bajar costos, derogar privilegios y permitir que los argentinos tengan empleos regulares, puedan acceder a su primera vivienda y comprar, en cuotas fijas y extendidas, automóviles, motos, electrodomésticos, computadoras, celulares y textiles a precios internacionales.

La Argentina está poblada de pequeños empresarios, veteranos y juveniles, que están ansiosos por desarrollar nuevos proyectos o ampliar los existentes. De ahorristas, deseosos de ingresar sus dólares para financiar a aquellos. De grandes inversores, dispuestos a asumir riesgos en minería, energía, agroindustrias, farmoquímica, transportes, tecnología y finanzas, si se les ofreciese un programa de gobierno serio, con reglas estables y sustentabilidad política.

Como ocurre con los anuncios de moratorias, de blanqueos o de devaluaciones, todos los interesados se paralizan a la espera de que esos eventos ocurran. De igual manera, si la Argentina no se encarrila por el camino de la apertura, la recuperación de la moneda y la búsqueda de competitividad, ni los pequeños empresarios, ni los ahorristas, ni los inversores se pondrán en marcha, ni utilizarán sus ahorros, ni ingresarán sus capitales en la expectativa de que una nueva crisis obligue a realizar las transformaciones siempre anunciadas y nunca cumplidas.

Se quedarán mirando desde afuera, sin arriesgar un centavo, a este insólito país obsesionado por un estatismo fracasado e incapaz de soñar una revolución productiva que haga realidad su potencial, abandonando el capitalismo de amigos y dando empleos dignos a quienes hoy ven incluso peligrar su subsistencia en la economía popular

Fuente: La Nación

CARACAS.– El pasado Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas denunció violaciones de derechos fundamentales en cinco casos de profesionales de la comunicación, presos o en libertad con medidas cautelares. Hace algún tiempo se publicó en la edición impresa de El Nacional un editorial sobre las amenazas al derecho humano a manifestar libremente pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o por cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de prensa y difusión, sin que pueda establecerse censura, tal como pauta la carta magna vigente, tenida como la mejor Constitución del mundo por Hugo Chávez, pero denostada y degradada por él mismo cuando dejó de serle útil.

Aquel editorial contaba un diálogo sostenido por Fidel Castro y Anastás Mikoyán, viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética, en visita a Cuba para firmar los primeros acuerdos de lo que sería una larga relación entre ambos países. Improvisado intérprete del encuentro fue el periodista Mike Roldán, quien, alarmado por las opiniones del visitante –”se debe tener mucho cuidado con la libertad de prensa, porque pone en peligro a la revolución”– se limitó a decir: “¡Este tipo está hablando tonterías!”.

Las violaciones de la libertad de expresión son inconcebibles en democracia, pero, para los ismos absolutistas (socialismo, peronismo, chavismo, castrismo), esa prerrogativa es mera tontería.

Fuente: La Nación