Categoría: Entrevistas

En un mundo hiperconectado, los vínculos entre las naciones son claves. No existe país, por más cerrado políticamente que sea su sistema de gobierno, que pueda prescindir de la construcción de lazos externos y de la articulación de una política exterior con esos fines.

Construir relaciones internacionales sólidas, basadas en la confianza mutua, requiere no solo de profesionalismo, sino también de credibilidad y constancia. Con este espíritu, deben celebrarse los 60 años de trabajo ininterrumpido del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), organismo único de selección, formación e incorporación del personal del cuerpo diplomático, cuyos objetivos de imparcialidad, estabilidad, ordenamiento en el régimen de reclutamiento y promociones permiten asegurar un servicio exterior de calidad y eficiente.

Fue creado el 10 de abril de 1963, por el canciller Carlos Manuel Muñiz y, en 1975, la ley del Servicio Exterior de la Nación lo incorporó a su normativa.

Es gracias a la valiosa labor del ISEN que la República Argentina cuenta con un cuerpo especializado, institucionalizado y altamente calificado. Para poder presentarse a sus exámenes de ingreso, especialmente exigentes y competitivos, es necesario tener título universitario y hablar idiomas. De aprobarse, se cursan dos años de formación técnica antes de la incorporación al servicio exterior en el rango inicial de la carrera diplomática.

Mediante convenios de cooperación e intercambio con instituciones similares de otros países, entre ellas, el Instituto Río Branco de Brasil y la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile, eleva también su nivel académico.

La adecuada formación profesional de quienes transitan la carrera diplomática en sus diversos tramos debería impactar mucho más positivamente en el desempeño de quienes nos representan fronteras afuera si los gobiernos reconocieran la formación, el mérito y la experiencia como herramientas insustituibles en la toma de decisiones con escaso margen para la improvisación.

La experiencia y la relevancia de determinadas funciones en nuestras representaciones extranjeras aconseja no abusar de los embajadores políticos, amigos del poder de turno, la mayoría de las veces exiliados, como contraprestación dadivosa por servicios prestados. El ISEN es el mejor instrumento de nuestra diplomacia para asegurar que una carrera no sea fruto de la casualidad, de la improvisación o, incluso, de la militancia.

Desde su creación, egresaron del ISEN más de mil diplomáticos, integrantes de una red natural de trabajo a lo largo de todos los estamentos de la carrera. Un equipo forjado con un marcado sentido de pertenencia a un cuerpo, a una carrera y a una institución.

La diplomacia profesional constituye uno de los recursos estratégicos para la defensa de los intereses de la Nación y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación es garantía de ello. Merece destacarse su continuidad por encima de cambios políticos, circunstancias históricas y profundas mutaciones en el ámbito internacional. Sus 60 años de existencia legitiman y consolidan a una institución en condiciones de brindar la mejor preparación para sortear los desafíos del futuro.

Fuente: La Nación

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Quienes confeccionan y analizan estadísticas afirman con ironía que estas pueden asimilarse a un traje de baño: muestran lo que se quiere y suelen esconder lo más interesante.

Cuando una medición refleja algo tan grosero que no hay forma de disimularlo o disfrazarlo, la creatividad de algunos se agudiza. Tal parece ser el caso del gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, otro distrito poco favorecido por el último índice de marzo del Indec, que registró una pobreza del 36,5%, algo por debajo del tan doloroso como escandaloso promedio nacional del 39,2%.

Claramente disconforme con cualquier fotografía de la realidad provincial que pudiera reflejar el fracaso de la gestión nacional tanto como de la propia, Ziliotto había ordenado realizar unas 1000 entrevistas en el conglomerado Santa Rosa-Toy, el mismo en el que el Indec administra la Encuesta Permanente de Hogares con la que construye el índice. Al frente de un Estado provincial escaso de recursos, como tantos otros, duplicó la tarea ya realizada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación con el único fin de mejorar su imagen.

No fue en vano. Los datos recopilados y organizados detrás de un escritorio, sumados a los de programas nacionales y provinciales, no modificaron las condiciones de vida de los abatidos pampeanos, pero sirvieron para dar nacimiento al flamante “Índice de Vulnerabilidad Social” que mejoró en los papeles lo que el ineficiente gobernador no pudo optimizar en la realidad.

La primera medición autóctona fue todo un éxito: la pobreza cayó del 36,5% reportado al 15,1% y la indigencia pasó del 13,2% al 3,7%. El ministro de Desarrollo Social provincial, Diego Álvarez, afirmó que “de ninguna manera este estudio pretende desvirtuar las cifras del Indec”. ¿Qué pretendía, entonces?

En abril de 2022, mediante un decreto, el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE) debutaba en La Pampa: otro ejemplo de creatividad para nominar formas de asistencialismo en lugar de apuntar a resolver los problemas de fondo. Alcanzó a más de 10.000 familias pampeanas y el gobierno provincial pretendió justificar que su medición se dirigió a registrar el impacto de este programa alimentario como ingreso extra para sectores vulnerables, construyendo la hipótesis de que el Indec no estaría contabilizando estas ayudas.

Si no te gustan mis estadísticas, tengo otras, parece ser la moraleja que parafrasea la cita que se atribuye a Groucho Marx. La realidad no se dibuja. Solo confirma que la mayoría de los funcionarios están pintados a la hora de gestionar con eficiencia y sensibilidad las mejoras que demandan sus votantes.

Fuente: La Nación

El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió el Informe de Derechos Humanos 2022, que hace un recuento objetivo y riguroso de las condiciones de 198 países y territorios, llamando la atención sobre cuestiones particulares a las que prestar atención.

Los informes son meticulosamente compilados por el Departamento de Estado con información suministrada por las embajadas, misiones y consulados de los Estados Unidos en el extranjero.

En el caso de la Argentina, el reporte enumeró los problemas y violaciones a derechos humanos que existen en el país, entre los que destacó ciertas ejecuciones ilícitas y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales, además de malas condiciones penitenciarias.

El Departamento de Estado señaló que en la Argentina “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales”, al tiempo que “según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política”.

Además, advirtió sobre las prolongadas demoras en resolver las causas, las chicanas procesales, el retraso en el nombramiento de los jueces permanentes, el inadecuado apoyo administrativo y la ineficiencia que obstaculizaron el funcionamiento del sistema judicial argentino.

No menos importante resultó la mención sobre la amplia discrecionalidad de los jueces sobre las investigaciones y la manera de llevarlas a cabo, que contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias.

En el capítulo sobre corrupción y transparencia del Gobierno, el reporte señaló que si bien la ley establece sanciones penales ante la corrupción de los funcionarios, el Gobierno no implementó la ley de manera efectiva, en tanto, la debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción.

Mencionó la condena de seis años de prisión que recibió Cristina Kirchner por la causa Vialidad, en diciembre del año pasado, y consignó que la vicepresidenta, junto con otros nueve imputados principales, fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando la citada funcionaria ejercía la presidenta de la Nación. Apuntaron que los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones de dólares.

En otro capítulo se señaló que hubo corrupción y complicidad oficial con algunas fuerzas de seguridad y que los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes.

Un día después de conocido el informe, la Casa Rosada lo minimizó dejando entrever que dicho documento era parecido al de otros años, que respondía a diagnósticos unilaterales y que, por no provenir de foros internacionales, como Naciones Unidas, carecía de valor.

Por más argumentos que quiera exponer el gobierno nacional para quitarle entidad al informe del Departamento de Estado, las pruebas sobre la existencia de la corrupción estructural durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner son contundentes e irrefutables como ha quedado probado en la Justicia.

La corrupción política está en la esencia del peronismo, que con el matrimonio Kirchner alcanzó cotas de obscenidad sin precedentes. El descomunal enriquecimiento de los Kirchner y su círculo más cercano es consecuencia de décadas de sobornos y comisiones ilegales pagadas a cambio de inversiones públicas adjudicadas durante sus distintos mandatos.

La corrupción como práctica degenerativa implica necesariamente una violación de las normas morales y jurídicas. De allí que dicho fenómeno incluya desde la desmesura, el abuso, la inmoralidad en el empleo y manejo de fondos públicos hasta incluso la compra de decisiones políticas.

Como hemos señalado desde estas columnas, para desterrar la cultura de la corrupción, tanto del ámbito público como del privado, deberá garantizarse la ausencia absoluta de impunidad, cuyo presupuesto fundamental es la independencia real y efectiva del Poder Judicial. Sin una Justicia independiente, no hay forma alguna de combatir la corrupción.

Fuente: La Nación

Ningún sistema electoral es perfecto ni puede ser completamente inocente. Según las circunstancias de cada momento, puede beneficiar a ciertos partidos o candidatos y perjudicar a otros. Por eso resulta razonable no modificar las reglas de juego electorales durante el mismo año en que se llevarán a cabo comicios, siendo lo más recomendable que cualquier reforma de esa clase, una vez aprobada legalmente, no sea instrumentada hasta que pase un proceso eleccionario, a fin de evitar suspicacias.

En el caso que nos ocupa en estas horas, la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar la elección de autoridades de la ciudad de Buenos Aires en la misma fecha que las nacionales, aunque mediante diferentes mecanismos es, al menos parcialmente, inobjetable.

La Legislatura porteña aprobó, por amplia mayoría de votos, en octubre de 2018, un Código Electoral para la ciudad, que determina la posibilidad de unificación de las fechas de los comicios locales con los nacionales y establece la boleta única en papel para la elección de los candidatos a cargos electivos, si bien deja abierta la alternativa de adoptar algún tipo de voto electrónico.

En una decisión que mereció fuertes cuestionamientos desde su propia fuerza política, el jefe de gobierno porteño anunció anteayer que las elecciones de nuevas autoridades de la ciudad se efectuarán en los mismos días que los comicios nacionales, aunque se adoptará la boleta única electrónica y no la boleta sábana que se empleará para elegir presidente, vicepresidente y diputados de la Nación.

Desde este espacio editorial, en reiteradas ocasiones, se ha impulsado el sistema de boleta única en papel en todos los niveles, para poner fin a la corrupción electoral derivada de la posibilidad de llevar a cabo distintas trampas que, habitualmente, pueden beneficiar a las fuerzas políticas numéricamente más poderosas.

Entre las ventajas de la boleta única en papel, pueden mencionarse una mayor equidad, puesto que todos los partidos competirán en igualdad de condiciones de visibilidad y presencia; un mayor resguardo del derecho ciudadano a elegir de manera sencilla y segura con boletas y listas de candidatos sin adulteraciones, por cuanto el Estado será el único responsable de su impresión; la erradicación de nefastas prácticas clientelistas, como el llamado “voto cadena”, y del robo de boletas en el cuarto oscuro, junto con un importante ahorro en impresión de papeletas electorales.

Resultaría positivo, por ende, que los votantes porteños puedan elegir a sus autoridades con prescindencia de lo que se decida en el orden nacional.

Juntos por el Cambio ha hecho incluso de la instrumentación de la boleta única una bandera en pos de la transparencia electoral en el resto del país. Lamentablemente, si bien el año pasado, el Congreso estuvo cerca de aprobar a nivel nacional una iniciativa legal en ese sentido, el oficialismo kirchnerista obstaculizó su sanción.

En este contexto y en función de lo expuesto, no se justifican muchas de las duras críticas que, desde su propio partido, se formularon a la decisión adoptada por Rodríguez Larreta. Por el contrario, sí puede objetársele su afán por la utilización de una boleta única electrónica en lugar de la boleta única en papel.

Como ha señalado la presidenta de Transparencia Internacional y especialista en sistemas electorales y financiamiento político, Delia Ferreira Rubio, el jefe de gobierno porteño puede decidir si usa o no boleta única, pero no el empleo de un sistema electrónico, por cuanto esto último no es una facultad suya, sino del Instituto de Gestión Electoral (IGE), creado por el nuevo Código Electoral. Se trata de un ente autárquico con independencia funcional, aunque la Legislatura aún no prestó su acuerdo para el nombramiento de su titular. Rodríguez Larreta propuso la designación de Ezio Emiliozzi para ese puesto en noviembre pasado, sin que hasta hoy haya sido aprobado por el cuerpo legislativo porteño.

Hecha esta salvedad, el desdoblamiento concurrente de las elecciones porteñas y las nacionales debe verse como un paso que debería robustecer el proceso democrático y la libertad de los ciudadanos a la hora de votar. Las rispideces producidas en el seno de Pro no se explican por tecnicismos, sino por una competencia –natural, si se quiere– por el liderazgo de una fuerza política donde, días atrás, su fundador, Mauricio Macri, dio un gesto ejemplar al renunciar a ser candidato presidencial. Este gesto debería ser un paso fundamental hacia el inicio de un nuevo ciclo político, sin dejar de profundizar los principios y valores que gran parte del electorado le reclaman a la principal coalición opositora, antes que cualquier conveniencia coyuntural. El expresidente de la Nación, como dijimos en oportunidad de su reciente renunciamiento, no debería malgastar ese loable gesto con imposiciones de candidaturas que puedan asociarlo con prácticas nepotistas.

En mayor o menor medida, distintos dirigentes de Juntos por el Cambio han modificado públicamente sus posiciones en función de las circunstancias y de conveniencias políticas de cortísimo plazo, dejando de lado los principios. Aún están a tiempo de retomar el camino que les exige una sociedad que espera que se ocupen de los graves problemas del país antes que de satisfacer sus apetencias personales y de desgastarse en peleas que pueden hacer peligrar la república.

Como puntualizamos en un editorial publicado el 19 de febrero último, con igual título que este, resulta imperioso que los dirigentes de la oposición actúen con la suficiente sensatez para abandonar los personalismos y privilegiar propuestas concretas y realizables.

Fuente: La Nación

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En los últimos 15 años, el acceso de jóvenes a trabajos de calidad se redujo, según reporta el movimiento Argentinos por la Educación. En el mismo lapso, por falta de inversión, el Estado acumuló una deuda de 3,4 billones de pesos con la educación, equivalente a un 5% del PBI de 2020, casi un año de inversión que debería pagarse lo más rápido posible. La obligación legal de destinar el 6% del PBI a estos fines, fijada por la ley de financiamiento educativo propuesta por el oficialismo actual en 2005, se cumplió solo en los años 2009, 2013 y 2015, pero ya ha vuelto a ser una entelequia en la que gobiernos de distinto signo siguen coincidiendo.

La situación se ve agravada por la ausencia de una adecuada planificación educativa, que contemple una asignación eficiente de los escasos recursos disponibles, como lo demuestra la creación de 17 universidades nacionales, atendiendo fundamentalmente a los intereses ideológicos y al amiguismo partidario.

De cada 100 estudiantes que comienzan la escuela primaria, apenas 16 terminarán el secundario en los tiempos previstos, pero eso no es noticia para las autoridades gubernamentales. Tampoco, los bochornosos resultados de los alumnos en distintas evaluaciones educativas. Sí lo es que semanas atrás una maestra de Necochea fuera atacada por la madre y el hermano de una alumna de quinto año que había desaprobado por tercera vez una evaluación, episodios que se repiten en un escenario convulsionado por un principio de autoridad erróneamente cuestionado. El repudio hacia la agresión movilizó a los gremios docentes con suspensión de clases en todos los niveles del distrito. Lamentablemente, la subversión de valores conduce a estos inconcebibles episodios cuando la autoridad docente pretende sensatamente imponerse a la sinrazón de una familia. Pero no se escuchan esas voces reclamando, por ejemplo, ante el incumplimiento de pago de la millonaria deuda educativa.

La paradoja contempla también que mientras la cantidad de proyectos presentados y no sancionados en la última década creció, la sanción de leyes ligadas al plano educativo cuantitativamente bajó. Así surge del reporte del Observatorio Hacer Educación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que analizó los últimos 40 años y pone el acento en la importancia de transformar el sistema educativo, la ciencia y la tecnología. Aunque hubiera sido deseable, nadie podía esperar que la cuestión educativa fuera la excepción en medio de la vertiginosa y vergonzosa caída de la producción legislativa en el último año.

Los enormes cambios que el sistema educativo requiere para responder a los tiempos demandan consensos que superen el lapso de una gestión gubernamental. Los estériles e insuperables enfrentamientos que han caracterizado al Congreso llevaron a que, en los últimos años, de 531 proyectos educativos presentados solo se sancionaran tres. Es evidente que los legisladores no logran ponerse de acuerdo detrás del carro que debieran priorizar. Se trata de uno de los efectos de la pasmosa degradación democrática y de la inexistencia de suficiente conciencia sobre la gravedad de la emergencia educativa y sus consecuencias.

Peor aún, para muchos personajes identificados con el kirchnerismo, como el dirigente Juan Grabois, la educación puede ser estigmatizante a juzgar por la caterva de gruesos insultos que profirió estos días al aire a una periodista de vasta trayectoria, entre los cuales no faltó el despectivo calificativo de “educadita”.

Educar es promover el desarrollo de las personas. Es alimentar su curiosidad tanto como su pensamiento crítico. Es brindar herramientas para construir la propia dignidad a partir del trabajo y el esfuerzo, premiando el mérito. Es favorecer la equidad y la inclusión, así como la inserción en un mundo que demanda habilidades y destrezas que el viejo sistema educativo ya no brinda.

¿Qué sería de los populismos si los pueblos experimentaran las mieles de una educación de calidad? ¿Y qué sería de los dirigentes que construyen poder a partir de la ignorancia de sus hambrientos acólitos? Todo lo que hagamos en favor de la educación sabrá a poco. Si no hemos podido hasta ahora siquiera saldar la millonaria deuda por años de desinversión, ¿cómo podríamos pensar en aumentar los recursos que destinamos a formar a nuestros niños y jóvenes? Estamos ante una más de nuestras graves contradicciones; tal vez la de efectos más devastadores y la que nos plantea uno de los desafíos más complejos. Debemos exigir que las plataformas electorales contemplen estas cuestiones y que los compromisos en este terreno sean irrevocables. Sin educación no habrá futuro. ¿Será que a alguien le importa?

Fuente: La Nación

El Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora analiza la evolución del concepto de persona desde los griegos y sus máscaras hasta la modernidad, pasando por el cristianismo, que define a la persona como “un ser individual de naturaleza racional”. Se cita a Gottfried Leibniz, quien expresa que “la palabra persona conlleva la idea de un ser pensante e inteligente, capaz de razón y reflexión…”. No hemos encontrado una sola definición que prescinda del carácter racional propio de la persona.

Por ello, sorprende la noticia de que se ha presentado un proyecto de ley que pretende amparar a los animales que –según la concepción en que pretenden fundarse– serían “personas físicas no humanas, y en consecuencia sujetos de derecho” dignos de protección. A título de ejemplo, se cita el caso de las mascotas, que no deberían ser tratadas como cosas al momento de disolverse una comunidad de bienes, y que tendrían un derecho alimentario propio. Se entiende que abarcaría a todos los animales, inclusive los vacunos, de donde surgió la pregunta acerca de si se prohibiría el consumo de carne de res. La respuesta fue que se autorizaría la cría, siempre que se los trate bien.

Sin ánimo de ridiculizar demasiado el insólito proyecto, nos acosan innumerables preguntas tales como si se sancionaría el crimen del zorro cuando se coma a la liebre, o al gato por devorar al ratón.

La peregrina idea no se sostiene ni un minuto desde el plano filosófico o meramente conceptual; tampoco desde su implementación práctica. Nadie se imagina una medida cautelar frente al Mercado de Hacienda para proteger la vida de las vacas, pero si de lo que se trata es de proteger a los animales, deberían reforzarse las normas ya existentes sobre protección animal, de modo que estos no sean maltratados innecesariamente, así como previendo el castigo a toda forma de crueldad hacia ellos.

De allí a pretender crear una categoría de “sintientes”, o sea rescatando cierta percepción que tienen algunos animales frente a la realidad que los circunda, hay un largo trecho. Con todo respeto por las inquietudes de los autores del proyecto, entendemos que deben evitarse las asimilaciones sin base real para procurar que nuestros legisladores se avoquen con mayor premura a atender la difícil realidad de nuestra patria en la que tantos conciudadanos viven por debajo de la línea de pobreza.

La tutela deseada debe tener por objeto la protección del ambiente en general, en sentido positivo o negativo, defendiendo las especies aptas y combatiendo las nocivas.

Existe un creciente desarrollo de una cultura y sensibilidad comunitaria de alcance global, de protección hacia la naturaleza en general, con suficiente fundamento para su tutela en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, sin que sea necesario recurrir a construcciones forzadas que indefectiblemente chocan contra la realidad.

No puede menos que causar sorpresa una sociedad que le niega entidad al ser humano “por nacer”, atribuyéndose la capacidad para cercenarle el derecho a la vida, mientras aspira a concedérsela a los animales.

Fuente: La Nación

En tiempos de campaña electoral, los líderes políticos acaparan demasiado la atención de la sociedad argentina con una agenda que solo se refiere a personas, candidaturas, rupturas y alianzas. Se parecen a los directivos de una empresa en bancarrota que solo conversan sobre quién conservará su puesto y quién será despedido. El entendible afán por captar votos los hace exagerar la vaguedad de lo que presentan como propuestas, que rara vez son tales, frente a una elección que no es cualquiera.

Los índices de inflación y de pobreza –este último, en buena medida hijo del primero–, por dramáticamente que impacten en el ánimo y en la vida de las personas, son solo evidencia de un modelo fallido que, como tal, reclama su reemplazo.

La destrucción de los valores que caracterizaban a esa República Argentina que recibía a tantos inmigrantes ilusionados con una vida mejor ha sido tan sistemática que es difícil atribuirla a la mera torpeza. La terrible combinación de populismo con corrupción y torpeza hace difícil entrever a esa comunidad laboriosa cuyo norte eran la educación, el trabajo y el mérito.

Es inconcebible la cronificación de los llamados planes sociales repartidos a cambio de nada por punteros políticos. Los gobernantes muestran con orgullo el número de beneficiarios, muchos de los cuales pertenecen a la segunda generación de personas que no trabajan. Sin advertir que el Estado no puede repartir nada que antes no haya quitado de la riqueza que él no produce, el empleo público desorbitado y la concesión graciosa de jubilaciones a quien no ha contribuido durante su vida activa (licuando así lo que reciben los que sí lo han hecho) son ejemplos de lo mismo.

Ningún médico ayuda a su paciente mintiéndole sobre la gravedad de su dolencia ni sobre lo que deberá padecer para recuperarse

Es obsceno el espectáculo de la elección arbitraria de los derechos a los que correspondería prestar atención, y a los que no. Mientras algunos son ignorados, otros son enarbolados de manera irreflexiva y sin la más mínima atención sobre quiénes asumirán las obligaciones que corresponden a cada derecho. Puede resultar pertinente –y la Constitución lo manda– atender la situación de los llamados “pueblos originarios” (un concepto en sí mismo indefinible, dado que en la historia siempre algún pueblo desalojó a otro por la fuerza), pero no a costa de pisotear la propiedad privada adquirida legalmente.

La idea de mérito, de que nunca las decisiones son gratuitas, está peligrosamente ausente en aras de un igualitarismo que desalienta el progreso. Aprobar a alumnos que no logran comprender un texto de relativamente baja complejidad, subsidiar empresas ineficientes, ignorar que los servicios tienen un costo y que dependen de la inversión, desproteger a las víctimas liberando irresponsablemente personas condenadas, todo parece parte de un cuidadoso mecanismo de demolición de los valores sobre los cuales fue construida la Argentina que fue atractiva, pero que ahora ve partir a sus jóvenes más preparados.

La propaganda oficial y el adoctrinamiento escolar aturden, pero una buena parte de la sociedad no ha podido ser anestesiada. Sigue estudiando y trabajando y aspira, como sus abuelos o bisabuelos, a que la dejen hacerlo en paz.

Ningún médico ayuda a su paciente mintiéndole sobre la gravedad de su dolencia ni sobre lo que deberá padecer para recuperarse. Los contendientes de este año electoral tienen la oportunidad de distinguirse y de romper con el ilusionismo, aunque deban dar noticias muy malas. No alcanza ya con balbucear fines loables. Esta vez deben decir claramente lo que harán sin subestimar la inteligencia de sus votantes. No hay margen ya para vaguedades.

Fuente: La Nación

El asesinato del chofer de colectivo Daniel Barrientos en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, es otro claro ejemplo de un Estado ausente a la hora de garantizarle seguridad a la población.

La inseguridad crece al ritmo del delito como preocupación social en los sondeos de opinión pública. En la provincia de Buenos Aires ya supera incluso a la inflación, de acuerdo con algunas mediciones. La inquietud ante ese flagelo aumenta en municipios como el de La Matanza, corazón del poder kirchnerista, al tiempo que la mayoría de los habitantes del conurbano bonaerense se sienten inseguros en el transporte público o a la espera del tren o el colectivo. Mientras tanto, ni el gobierno nacional, ni el que encabeza Axel Kicillof, ni mucho menos el enmudecido intendente matancero, Fernando Espinoza, dan muestras de registrar las cuestiones que más preocupan a la sociedad; inmersos en un clima de campaña y luchas intestinas que solo confirman su inoperancia y su desidia para consustanciarse sensiblemente con la ciudadanía a la hora de hallar las soluciones que se les reclaman.

El ciudadano de a pie, ese que sale a trabajar todos los días cuando despunta el sol, queda a merced de criminales porque quien debería protegerlo lo abandona. La muerte de Barrientos ha vuelto a irritar a una sociedad cansada que transita este nuevo y luctuoso episodio entre la pena, la indignación y el miedo, apenas uno más en una larga secuencia de vidas perdidas a manos de delincuentes en un medio de transporte público, en un quiosco o en una calle cualquiera.

Todos somos Barrientos porque la inseguridad arrecia a lo largo y ancho del país. Y la paciencia tiene un límite cuando la vulneración de los derechos es tan evidente como sostenida.

Las principales víctimas de tantos delitos de sangre son, generalmente, los más vulnerables. Son aquellos que viven en barrios a los que la policía no entra, territorios dominados por organizaciones de narcotraficantes frente a las cuales no existe la necesaria voluntad política para combatirlas. Cuando se van a trabajar, nunca saben si regresarán con vida, como le ocurrió a Barrientos, a días de jubilarse. Allí es más frecuente que la violencia criminal termine en desgracias, que estalle sin motivo o que convierta a un teléfono celular en moneda de cambio por una vida.

Familias enteras viven con miedo en vastas zonas del Gran Buenos Aires, y mudarse no es para la gran mayoría de ellas una alternativa, puesto que ya no transitan aquel progreso que en el pasado les aseguraba la ansiada movilidad social que podía llevarlas a elegir un barrio mejor. Cargados de promesas populistas, los gobiernos kirchneristas las han encadenado a la desgracia tanto como a la dependencia. En medio del escepticismo y la desesperanza, solo procuran sobrevivir, preguntándose cada día si no encontrarán la muerte a la vuelta de la esquina frente a delincuentes comunes para quienes la vida no vale nada. La peor delincuencia encuentra territorio liberado, fértil para reclutar “soldaditos” que harán carrera en la venta de droga, ocultando armas y disputándose sangrientamente sus prerrogativas.

Meses antes de concluir la que seguramente la historia recordará como una de las peores gestiones gubernamentales, sin planes ni programas serios de ningún tipo, tampoco la inseguridad encuentra coto. El delito no se controlará con promesas ni con medidas afines a las zaffaronianas teorías garantistas, como las que promovieron la liberación de presos en tiempos de pandemia, sino mediante una política criminal eficiente y coordinada.

El hartazgo ciudadano se expresó en esta oportunidad en la furia desatada por representantes del gremio de colectiveros. No nos cansaremos de insistir en que nada justifica la violencia, está claro. Como claro resultó también que el demagógico y poco profesional ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no midió el riesgo de presentarse, una vez más ante las cámaras, bajando solo de un helicóptero en territorio claramente hostil tras lo acontecido. Increpado por el incumplimiento de sus reiteradas promesas a un sector indignado que había perdido a otro de sus pares –antes habían perdido la vida Leandro Alcaraz y Pablo Flores–, golpeado, apedreado y contra la pared, fue para muchos el reflejo de un poder político interpelado por una sociedad harta e impotente frente a la inseguridad de todos los días.

Los posteriores esfuerzos de Berni por patear la pelota fuera de la cancha y repartir culpas fueron tan patéticos como esperables. Sugerir que “le tiraron un muerto” con intenciones políticas es un argumento que desconoce que, lamentablemente, crímenes como los que sufrió el chofer Barrientos ocurren prácticamente a diario. No es factible recurrir a teorías conspirativas ni acusar a la oposición política para justificar la inoperancia de un gobierno y la falta de coordinación en materia de seguridad entre los gobiernos nacional y bonaerense. Un funcionario que elude su responsabilidad y busca atajos para justificar lo injustificable no debería permanecer un minuto más en el cargo.

La sociedad argentina, y en particular los habitantes del conurbano bonaerense, está hastiada de demagógicos relatos que hablan de un supuesto “Estado presente” que solo atiende los intereses y privilegios de quienes viven del sector público, pero que es incapaz de garantizar los derechos más básicos de la población.

Se impone que quienes tienen el deber de gobernar lo hagan cumpliendo la ley y recomponiendo el sano principio de autoridad, con mano firme y objetivos claros. Encauzar estas y otras tantas cuestiones, a través de medidas certeras y de programas ejecutables que devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía, será uno de los tantos desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. En paz y sin violencia.

Fuente: La Nación

John D. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera y que el segundo mejor era una petrolera mal administrada. La historia de YPF agrega un eslabón más a esa visión: de petrolera exitosa pasó a ser una petrolera mal administrada hasta que se convirtió en una empresa saqueada.

Nació bajo los auspicios de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, fruto de algo tan ausente como necesario en la actualidad: una política de Estado. Su primer presidente fue Enrique Mosconi, también una rareza en nuestros días por su doble condición de militar e ingeniero. Empezó en Comodoro Rivadavia con el primer descubrimiento, siguió por Salta en Madrejones y Campo Durand; luego por Mendoza, y continuó su avance tan exitoso como federal, porque allí donde estuvo YPF se fundó un pueblo, hubo progreso y civilización. Todo lo contrario a lo que se hace hoy, cuando se tergiversan conceptos y fines, entre pueblos pseudoaborígenes y erróneos argumentos ambientales.

Los desbarajustes empezaron con el primer desguace que implicó la separación de Gas del Estado. En ese punto era la empresa más grande del país, tenía flota de mar, gasoducto, oleoducto y petroquímica. Con ese movimiento devino en caja inagotable para fines políticos. Sobrevino su privatización, con una implementación escandalosa y discutible, en algo que encontraba un antecedente directo en la discusión conceptual entre las miradas de Arturo Frondizi y Arturo Illia.

La etapa de mala administración tiene esencialmente que ver con el hecho de haber estado atravesada siempre –y mal– por la política con minúsculas. Ya privatizada, se listó en la bolsa de Nueva York, lo que le dio otro perfil. Se cometieron grandes errores, como un intento de proyección internacional, con compras de sociedades con pasivos ambientales, que hoy tienen como consecuencia un juicio billonario contra nuestro país por contaminación en Delaware.

El tercer ciclo de la saga es reciente y se inauguró con un acto que simbólicamente lo dice todo: a raíz de su privatización, las provincias petroleras recibieron el equivalente de sus regalías. Las de Santa Cruz fueron a dar a una cuenta donde desaparecieron. Al día de hoy no se sabe dónde están o qué fue de esos dineros. Gobernaba entonces la provincia Néstor Kirchner y empezaba el último ciclo de la vida de YPF. El más patético.

Se inició con el ingreso de un grupo ignoto en el sector, con el argumento de su especialidad en “mercados regulados”. Todo un anticipo del capitalismo prebendario que se instauró en la Argentina, como sistema de equilibrios inestables del que saca ventaja un grupo de beneficiados sin otra credencial que una amistad o interés espurio común. Con YPF se inauguró el nuevo esquema. Una familia, con un pasado empresarial ligado a Néstor Kirchner y un crecimiento polémico, se hizo dueña de la mayor empresa argentina. Lo más insólito: con un modelo de financiamiento que les permitió no pagar un céntimo. Se trató de un préstamo garantizado con dividendos de la propia YPF. Más que garantizado, propiamente financiado, porque el préstamo se pagaba con esos dividendos. Compra apalancada, le dicen.

El problema es que las consecuencias del artilugio financiero pegaron en la línea de flotación de la economía nacional. Por un lado, YPF dejó de invertir en exploración, acción fundamental en cualquier petrolera, porque a fin de cuentas su valor está en las reservas. Por el otro, afectó la balanza de pagos del país, porque cada cuota que se pagaba significaba el egreso neto de divisas. Un negocio ruinoso para YPF y para la Argentina, principal accionista de la empresa. Sí se beneficiaron unos pocos, propósito final del régimen del capitalismo de amigos.

Siendo ministro de Economía, Axel Kicillof habló mucho y mal, dejando por todos lados rastros que luego serían utilizados por la justicia neoyorquina como pruebas en contra

Si se presta atención, este es el origen de la crisis energética (y también de balanza de pagos) argentina. Ocurrió entonces una jugada tan sorpresiva como mal ejecutada. El Poder Ejecutivo de aquel entonces dispuso la “estatización” o “nacionalización” de la empresa. El último eslabón: del desguace, pasando por la privatización y la participación forzada de especialistas en mercados regulados, a la estatización. Una vuelta carnero en círculo, que devolvió todo al punto de partida, con pérdidas millonarias en el medio, que son muy difíciles de explicar.

Lo peor: la ejecución, tanto política como legal, de la mala idea. Siendo ministro de Economía, Axel Kicillof, habló mucho y mal, dejando por todos lados rastros que luego serían utilizados como prueba en contra. Lo mismo vale para gobernadores que, muy ufanos y al ritmo de cánticos partidistas, echaron literalmente a patadas a los directivos de la empresa. Pero lo mejor de todo el esquema tan chabacano se lo llevó lo normativo, que luego de ejecutada una “intervención” jurídicamente inexplicable pretendió servir de apoyatura a la estatización. Hay un consejo que suelen recibir los abogados noveles: en cuestiones litigiosas, lo mejor es hablar poco y escribir conciso, claro y lo menos posible. Es todo lo que no se hizo en los decretos que se dictaron, en lo que dijeron las autoridades y en las leyes que siguieron sobre el tema.

Claro, sobrevino un reclamo millonario de los accionistas destratados. La verborrea y la prepotencia política tienen un precio (muy caro). Se empezaron pagando miles de millones de dólares en concepto de indemnización a un accionista al que se le dijo primero que no se le debía nada; más, se le dijo que no era acreedor, sino deudor. A otro grupúsculo, el Grupo Petersen, el de los especialistas en mercados regulados, directamente lo dejaron afuera. Muy orondos, estos vendieron el crédito a un fondo de inversión especialista no en esos mercados, sino en créditos litigiosos, con un acuerdo de retrocesión del 30% del resultado del juicio a los de los “mercados regulados”.

El fondo inició el juicio, usando como prueba y apoyo todo lo que dijeron y escribieron los prepotentes de entonces, de ahora y de siempre. Muy probablemente desde la ignorancia, pero parecía que hasta quisieron dar una mano, porque además contrataron a un estudio de abogados de Miami para defender un caso en Nueva York. Como si para un caso judicial en Tucumán se contratara un abogado de Tierra del Fuego. Hubo en un punto un esfuerzo por acomodar las chances en el juicio, especialmente con argumentos desde nuestra Constitución Nacional y la ley de sociedades argentina, porque el caso tiene una rareza: se juzga en Nueva York, pero la ley aplicable es la de nuestro país.

El viernes pasado se resolvió el caso en primera instancia. La jueza es Loreta Preska, la misma que heredó todos los casos por los defaults de deuda argentinos perpetrados sucesivamente en 2001, 2004 y 2008, por los prepotentes de siempre. Se dice que los conoce muy bien, y que nos conoce muy bien. También que es una jueza ecuánime, apegada a la ley, una ley que no pierde de vista que Nueva York es una de las principales plazas para la resolución de conflictos de empresas internacionales, donde las estatizaciones son vistas como una excepción, y las mal hechas, más aún.

Eso es lo que dice, ni más ni menos, el fallo. Es responsable el Estado, dice la jueza, porque el gobierno de entonces actuó mal, incumpliendo sus obligaciones bajo el estatuto de YPF. Dentro de lo negativo, tiene una noticia positiva: se excluyó a YPF. No es menor, porque es mucho más fácil ejecutar a una empresa listada en la bolsa neoyorquina que al Estado, como ya se vio en los reclamos de los holdouts en los últimos años.

Queda todavía una instancia de apelación por lo menos, y que se defina el monto de la condena a la Argentina, pero ya es bueno ir sacando conclusiones y aprendizajes. Alguien decía que justamente para hacer las peores cosas se necesita a los mejores. Acá pasó lo contrario: lo peor lo hicieron los peores. Aquí están las consecuencias.

Fuente: La Nación

En las antiguas películas de cowboys, los colonos rodeados por jinetes sioux esperaban ansiosos la llegada del ejército para salvarlos. De igual manera, en una Argentina acorralada por la inflación, los políticos esperan oír el clarín de Vaca Muerta anunciando la salvación. Pero con el gas de esquisto, no bastará.

La inflación anual del 102,5% es el termómetro metafórico que mide la discrepancia entre los deseos colectivos y la capacidad de concretarlos. Cuantifica la tensión existente entre las promesas oficiales y los bolsillos reales. La lluvia de billetes del “Estado presente”, aleja cada vez más a las familias de alimento, salud, educación, seguridad, vivienda y vestido. Salvo, por supuesto, para quienes cobran sueldos, viáticos, pensiones graciables y otras canonjías oficiales. Cuando la tensión llega al máximo, la cohesión social se rompe y la desesperanza provoca reacciones extremas como ocurrió entre las dos grandes guerras.

El afán de justicia social, la inclusión de los excluidos, la demanda de igualdad y el goce de nuevos derechos –banderas del progresismo– implican también el imperativo ético de eliminar la inflación y generar recursos materiales para hacerlos realidad. De otro modo, se seguirá defraudando a los que menos tienen con derechos de papel, relato, pancartas militantes y miseria galopante.

Ese imperativo ético obliga a potenciar las capacidades de los argentinos para que progresen con su trabajo y no con rentas caídas del cielo. Se concreta con educación de calidad, formación terciaria y valoración del mérito para insertarse laboralmente en empresas que multipliquen los frutos de su esfuerzo gracias a inversiones y tecnología. Es decir, con productividad.

Sin embargo, a partir del populismo fascista importado por los coroneles de 1943 y del virus cubano que contaminó de marxismo los años ‘70, la Argentina mantiene creencias ya perimidas hasta en China o en Vietnam. Las palabras “productividad” o “eficiencia”, únicas salidas para mejorar el nivel de vida de la población, son tabú en el lenguaje del kirchnerismo, heredero autopercibido del socialismo nacional. Para su militancia, la prédica eficientista favorece a la clase explotadora pues aumenta su plusvalía en desmedro del proletariado, sujeto a la ley de bronce de los salarios. Olvidan el Congreso de la Productividad (1954) convocado por el entonces presidente Perón, asediado –como ahora– por la crisis y la inflación, para intentar mejorar la eficiencia industrial con atisbos de flexibilidad laboral.

La prodigalidad de la pampa húmeda y las mejoras tecnológicas del campo permitieron a la Argentina disfrutar de un alto nivel de vida sin necesidad de nuevos congresos de productividad, ya que pudo asegurar alimentos baratos al mercado interno, proveer divisas para insumos industriales y transferir rentas al fisco para subsidios varios. Solo cuando existen malas cosechas y caen las exportaciones, se pone de manifiesto la falta de escala del sector fabril, incapaz de generar por sí los dólares que consume.

Ha llegado el momento de encarar las reformas estructurales para que la Argentina pueda estabilizar su moneda de forma sustentable, eliminar el cepo cambiario y alinear sus precios relativos bajando costos. Así podrá ingresar a mercados distantes con exportaciones que se luzcan por su precio y calidad.

La Argentina debe resolver si será como Noruega o como Nigeria, ambos grandes productores de petróleo que adoptaron distintos modelos para administrar un recurso abundante, con resultados bien opuestos

No obstante, pocos políticos se atreven a decir que “el rey está desnudo” en materia de competitividad; la mayoría, por astucia, conveniencia, ignorancia o ideología, prefiere atizar la ilusión de las soluciones mágicas, pregonando –como el clarín en los westerns– que Vaca Muerta y el litio pondrán punto final a nuestros males.

Un inesperado flujo de ingresos es la tentación populista para sacar de la agenda los temas que tienen costo político, como la reducción del gasto público, la flexibilización laboral, la desregulación de actividades, la eliminación de mercados cautivos, la derogación de regímenes de privilegio o la inserción en áreas de libre comercio. Por picardía, estupidez o convicción, muchos omiten afirmar que se usarán para continuar financiando las distorsiones que nos llevaron a la decadencia como nación. Y en esto, reciben todo el apoyo de los grupos corporativos que desean perpetuar sus “conquistas” y privilegios.

Una Argentina que se preocupe por sus hijos, no puede basar su porvenir en formas extractivas de generar riqueza. Debe apostar por su recurso humano, para dar a sus habitantes un horizonte de verdadera autonomía y suficiencia. Que puedan confiar en sus conocimientos y destrezas aquí y afuera, cualquiera fuese el precio del petróleo, del gas, de la soja, del cobre o del litio. Sería triste que, gracias a Vaca Muerta o al litio, se mantuviesen los privilegios políticos, con sindicalistas millonarios, empresarios prebendarios y una estructura productiva vetusta, subsidiada por riquezas cuyo futuro estelar es incierto.

La Argentina debe resolver si será como Noruega o como Nigeria, ambos grandes productores de petróleo que adoptaron distintos modelos para administrar un recurso abundante, con resultados bien opuestos. Si Noruega pensó en el largo plazo, Nigeria no pensó nada y ocurrió lo impensado.

La nación escandinava creó un Fondo de Pensiones (1990) con el fin de “preservar esa renta para las generaciones futuras, mantener baja inflación y separar el gasto corriente del Estado de los ingresos petroleros”. Noruega tiene una economía abierta y competitiva para sostener su Estado de bienestar con esfuerzo cotidiano y no con plusvalías del Mar del Norte. Sumado a ello, no existe corrupción y la educación es de altísima calidad. Será por ello que Alberto Fernández propuso adoptarla como modelo de su gestión.

En contraste, desde su independencia en 1960, Nigeria basó su gasto público en los hidrocarburos que extrae una empresa estatal en el delta del rio Níger. En ausencia de un fondo anticíclico, sobrevaluó de entrada su moneda en perjuicio de la tradicional agricultura familiar y la renta petrolera tampoco se reflejó en mejoras para la población por la corrupción política, los robos en los oleoductos y los derrames en la fértil zona del Níger.

Como Noruega, nuestro país debe estar preparado de antemano para administrar los recursos que obtenga de exportar gas licuado u oro blanco. Esa perspectiva no debe servir de excusa para eludir las reformas de productividad, indispensables para hacer creíble cualquier plan de estabilización. Si se privilegia a la gente y “sinceramente” se cree que “la patria es el otro”, la bendición neuquina no puede ser tabla de salvación para preservar un sistema que degrada a la mayoría en provecho de pocos.

Como en Noruega, los ingresos de Vaca Muerta no deberán sufragar gastos corrientes del Estado sino, por el contrario, ser la herramienta afortunada para ordenar las cuentas públicas reestructurando deudas, financiando el costo del inevitable ajuste, invirtiendo en infraestructura y dando solvencia al régimen jubilatorio, después de dos décadas de irresponsabilidad kirchnerista.

Fuente: La Nación