Si hubiese un curso de ingreso para quienes dictan normas obligatorias para la sociedad (leyes, decretos, resoluciones), la materia principal debería ser la comprensión de cómo funcionan los incentivos humanos y las conductas probables ante cada proyecto que se impulsa.

El populismo, con su irrefrenable afición por el corto plazo y la ignorancia, su prima hermana, con su torpe improvisación, suele prevalecer en las legislaturas y en los órganos ejecutivos. Pocas veces se analizan y discuten las reacciones previsibles ante una nueva disposición, pues populistas e ignorantes creen que lo escrito y sancionado se cumplirá tal cual fue redactado.

Pero muchos seres humanos maximizan beneficios y ahorran esfuerzos; siempre alertas para tomar lo que es gratis y trasladar costos a los demás. Listos para sacar ventaja al menor costo personal. En los parques, las pisadas marcan caminos más cortos que los demarcados. Las mejores localidades se agotan antes de que llegue el primero de la cola. Los contadores explican cómo aprovechar desgravaciones radicando industrias en zonas distantes. Los diputados canjean pasajes por dinero y los senadores designan parientes como asesores. La expresidenta no toma una pensión, sino dos. A nadie se le escapa un inciso y nadie perdona una coma.

Los incentivos virtuosos alientan el trabajo y la productividad, premiando el esfuerzo y el mérito. Es el duro mundo de la competencia, la exigencia y el mercado, realidad cotidiana para la mayoría de la gente. Los incentivos perversos crean oportunidades para ganar sin crear valor, para apropiarse de plusvalías artificiales, de sueldos injustificados o jubilaciones de privilegio. Cuando el Estado crece, con más reparticiones y regulaciones, se expande también el mercado político, el que transa puestos o beneficios a cambio de retornos o de militancia. Es el mundo de los punteros y los abrepuertas.

Ordenar las conductas colectivas en forma pacífica y lograr el bienestar general constituye un desafío mayúsculo para cualquier gobernante serio

El populismo y la ignorancia han soslayado tantas veces las reglas de sentido común que nuestro país podría lucirse en el manual introductorio a la Universidad del Fracaso. Es sabido que los controles de precios desalientan la producción, que las tarifas baratas incentivan el dispendio y provocan los apagones, que la ley de alquileres agrava el problema habitacional, que los créditos subsidiados fomentan la especulación, que los cepos impulsan la fuga de capitales, que las moratorias inducen el incumplimiento, que la industria del juicio perjudica el empleo, que las cajas sindicales enriquecen a los sindicalistas, que las pautas publicitarias facilitan los “retornos” y que siempre, siempre, favorecer al indolente descorazona al esforzado. Todo eso es sabido, salvo para populistas, corruptos e ignorantes, que insisten en repetir esas fórmulas y, si la realidad no se acomoda a sus previsiones, amenazan y sancionan a quienes los contrarían.

En materia social, la disponibilidad masiva de fondos para planes lleva a quienes los intermedian a pedir “algo a cambio” o a desarrollar estructuras políticas con plata que les llegó del cielo. Los que reciben planes, a su vez, prefieren no trabajar “en blanco” para no perderlos. En lugar de generar empleo regular, con aportes para salud y jubilación, todo el país es un reino de trabajo informal, de changas y desempleo encubierto. En ese contexto de pobreza y desorden familiar, los adolescentes abandonan la secundaria para conseguir sustento y las autoridades les ofrecen promocionarlos para no agravar sus estadísticas de deserción. Así, el populismo degrada a la educación, pues sabe que no sufrirá el costo de su irresponsabilidad cuando los chicos no consigan trabajo para ganarse la vida en forma digna.

Mientras que nuestros jóvenes emigran por falta de oportunidades, hay miles de extranjeros que se inscriben en universidades nacionales en las carreras más difíciles y costosas en sus países, como medicina. Luego revalidan allí sus títulos y nos dejan “sin el pan y sin la torta”, pues pocos quedan para las cursar las residencias y cumplir las guardias. Situación parecida ocurre con los hospitales públicos, que atienden a migrantes de tránsito sin costo alguno… para ellos.

En la órbita estatal, donde rige el toma y daca de la política, ocurren los peores desmadres con el oropel de los símbolos patrios. Soslayando concursos, miles de contratados son designados en planta permanente con el aplauso del sindicato que incorpora afiliados y del kirchnerismo que suma militantes. Así funcionan los incentivos perversos. En las provincias más pobres, donde todos viven del Estado y sus gobiernos dependen de fondos nacionales, para obtenerlos deben canjearlos por sus votos en el Senado.

Al hacerse habituales estos perversos mecanismos, los facilitadores, lobbistas e influyentes se transforman en artífices del éxito o fracaso de cualquier proyecto de vida, de cualquier negocio particular. Las leyes son corregidas mediante excepciones, exclusiones o inclusiones. Proliferan las resoluciones aclaratorias, la fraseología oscura, la letra chica, la casuística a medida, los favores disfrazados de decoro, los nombramientos sin antecedentes, los asesores invisibles y las transferencias de ingresos “por interés nacional”. En ese maremágnum de normas a medida, el futuro se hace impredecible y se esfuma la seguridad jurídica. Nadie invierte, nadie busca trabajo, nadie estudia, a la espera de algún cambio que lo favorezca. Las buenas iniciativas pierden impulso y se reciclan en audiencias sin registro o en desayunos sin testigos.

Populistas e ignorantes no conciben que la marcha de fábricas, la ebullición del comercio, las labores del campo, la expansión del crédito, la construcción de rutas y edificios, el tráfico de contenedores, la prospección minera, las perforaciones gasíferas, la generación eléctrica, el despliegue de redes 5G, la ampliación de aeropuertos, la renovación de trenes y la multiplicación de pymes, todos esfuerzos enormes y costosos, humeantes y ruidosos, dependan de algo tan sutil como el correcto alineamiento de incentivos, de empresas y de individuos.

Ordenar las conductas colectivas en forma pacífica y lograr el bienestar general constituye un desafío mayúsculo para cualquier gobernante serio. El orden social es frágil y solo se sostiene mediante la aplicación regular y constante de reglas de juego no discrecionales, de acceso abierto y percibidas como equitativas para el grupo. Cuando los incentivos virtuosos sustituyan a los perversos; cuando el populismo sea desplazado por el patriotismo y la ignorancia por la idoneidad, se logrará un quehacer armonioso, productivo y ecuánime. Es el fin último de todo arreglo institucional exitoso.

Fuente: La Nación

Alo largo de los años hemos venido registrando una irrefrenable pulsión de parte de algunos gobiernos por transformar las escuelas en semilleros de militancia partidaria. Solapadamente la mayoría de las veces, o de manera públicamente expuesta en otras, se han dado numerosos pasos en ese sentido sin que semejante aberración levante olas suficientemente altas que lleven a exigir definitivamente el abandono de estas deleznables prácticas. Mucho se discute sobre urgencias políticas, económicas y sociales en casi todos los ámbitos, pero poco se debate específicamente sobre educación, como si fuera un asunto menor.

No es una casualidad entonces que muchísimos de nuestros niños y adolescentes muestren año tras año un desempeño lamentable en las sucesivas pruebas educativas, tanto nacionales como internacionales. Lo que pasa con los estudiantes es un reflejo de lo que nos sucede como sociedad. Nos hemos venido desentendiendo –obviamente siempre hay excepciones– de la importancia de cuidar, sostener y privilegiar las escuelas, aquellos reductos otrora maravillosos donde se aprendía a aprehender conocimientos y no a repetir, donde los planes de estudios incluían una bibliografía de calidad tan rica como amplia, donde el docente era un guía con amplitud de criterio que podía vivir dignamente de su salario y sin ser coaccionado por gremios politizados que usan a los alumnos y a ellos mismos de rehenes, y donde regía el necesario respeto a la autoridad.

El último caso de adoctrinamiento –al menos hecho público– ocurrió en escuelas secundarias de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof ideó una propuesta para conmemorar los 40 años del retorno a la democracia. Uno de los críticos fue el diputado provincial Sergio Siciliano (Juntos). Según el legislador, el cronograma oficial plantea como temas “el triunfo de Raúl Alfonsín, el juicio a las juntas, la hiperinflación, el menemismo, el fracaso del 1 a 1, la presidencia de Néstor Kirchner, la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, el desendeudamiento en las presidencias de Cristina Kirchner, los fondos buitres, la ley de medios, la expropiación de YPF, la vuelta al FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, y el tratamiento de la pandemia durante el de Alberto Fernández”. De esa selección de temas –hay otros más del mismo tenor–, a nadie se le puede escapar el tono politizado y tendencioso de su contenido, además de que, como bien dijo el legislador, “el recuerdo de los 40 años de democracia no tiene nada que ver con esa bajada de línea burda, sesgada y autoritaria”.

¿Extraña lo grosero de esa perspectiva? Por cierto que no, pero preocupa que haya llegado a un punto en que muchos dirigentes políticos, autoridades educativas, docentes y padres empiecen a naturalizarla. No se trata solamente de un problema de la política en general y de la educativa en particular, sino de la ausencia de participación, de compromiso de muchísimos de los integrantes de la comunidad educativa para reclamar el cese de este tan burdo como nocivo adoctrinamiento.

A la crítica de Siciliano se sumó, entre muchas otras, la del diputado nacional por Pro y exministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Macri, Alejandro Finocchiaro: “Buscan instalar entre los alumnos que el kirchnerismo es sinónimo de democracia y que todo lo que se oponga a él es la continuación de las políticas de la dictadura. A través de Ctera, el kirchnerismo se apropia de valores y logros colectivos y manipula su interpretación, utilizándolos para intentar captar voluntades”.

Por citar unos pocos antecedentes de esta práctica nefasta, baste recordar que, en 2022, se difundió entre alumnos bonaerenses el documento “Pensar y vivir la democracia”, cuyo eje principal era encontrar algún tipo de relación entre el lamentable ataque a la vicepresidenta de la Nación en septiembre último y una viñeta cuyo texto rezaba: “Yo odio. Tú odias. Él odia. Nosotros odiamos. Vosotros odiáis. Él dispara”.

Tras las durísimas críticas que generó esa politizada acción educativa, Kicillof opinó: “La escuela es mucho más que el edificio, que la enseñanza. Déjense de joder los que no les gusta la escuela pública”.

Otro ejemplo de este cúmulo de barbaridades ocurrió durante la pandemia, oscuro y tristísimo lapso en el que pudieron salvarse miles de vidas y no se hizo, y en que la educación fue manipulada una vez más: una investigación sobre la base de datos de compras públicas de Poder Ciudadano, y analizadas por LN Data, arrojó que uno de los gastos más abultados del Estado nacional durante el aislamiento fue destinado a la impresión de 18 millones de cuadernillos para alumnos de escuelas estatales que mezclaban materiales educativos con lecturas exclusivas de diarios ideológicamente afines al gobierno de Alberto Fernández, incluidos decretos de su autoría, y un resumen de obras públicas dispuestas por la Nación, además de críticas a las gestiones de signo político contrario. Algo muy similar a las pecheras apologéticas de Cristina Kirchner que La Cámpora repartía entre niños de un jardín de infantes cordobés y los polémicos cuadernillos que la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, repartía entre alumnos de 4° y 5° años, en los que la entonces presidenta aparecía como única representante del Estado, dejando de lado los poderes Legislativo y Judicial, mientras desde el programa de televisión Paka Paka se hacía una parodia de Domingo Faustino Sarmiento.

Si alguna coherencia hay para reconocerle al kirchnerismo es haber seguido a rajatabla la impúdica senda inaugurada por Perón, cuando el gobierno se jactaba de repartir material con frases como “Eva me ama” y “Perón nos ama” entre los estudiantes del nivel primario, a quienes se obligaba a leer La razón de mi vida, una autobiografía de Eva Duarte.

Si a ese descarado autoritarismo que se impone desde lo más alto del poder se suma que, por miedo a represalias, muchos padres de niños y adolescentes temen denunciar a docentes y autoridades que adoctrinan, y que no pocos maestros y profesores sienten el mismo miedo respecto de las agresiones que reciben de padres que no aceptan la imposición de sanos límites ni las más mínimas exigencias de cumplimiento de tareas, debemos reconocer que hemos llegado a un punto crítico que merece hallar de una vez por todas una solución. Urge encontrar una salida. La educación no es un tema dentro de la agenda de un país: es la base y el futuro de una nación.

Fuente: La Nación

El anuncio de Alberto Fernández de enviar a Rosario más fuerzas federales es obsceno por varios motivos. El primero, porque llega demasiado tarde: solo en 2022 fueron asesinadas más de 200 personas como producto de la narcoviolencia; el segundo, porque resulta canallesca la admisión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de que el narco ha ganado en esa zona abandonada adrede a su suerte durante los tres años del actual mandato presidencial, y la tercera, pero no la última de las tan lamentables como inconcebibles razones de estos crímenes sin fin, porque nunca le preocupó al jefe del Estado acelerar el envío para su aprobación en el Senado de los pliegos del 30% de juzgados, fiscalías y defensorías federales que se encuentran vacantes y que tanto se necesita cubrir.

Ciertamente, el Presidente ha tenido numerosos cómplices para que la narcocriminalidad avanzara como lo ha hecho en Santa Fe y fuera extendiéndose a muchas otras zonas del país. A la falta de decisión política y a las pujas internas de poder en el oficialismo hay que sumar el freno impuesto por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a la conformación de la comisión bicameral de reforma del Código Procesal Penal, y poder avanzar así con el proceso del sistema acusatorio. En la actualidad, los jueces dirigen las investigaciones y toman las decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar. Sospechamos que la mayor traba en este punto es la especulación política, el recelo y el encono de la vicepresidenta contra el actual jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Hubo que esperar a que la mafia la emprendiera a balazos contra un supermercado de la familia política de Lionel Messi y que ciudadanos de a pie hicieran justicia por mano propia contra quienes señalan como los sicarios asesinos de un niño de 12 años para que las autoridades nacionales despertaran de su cómplice letargo pretendiendo mostrar algún rasgo de sensibilidad para con los santafesinos que viven cotidianamente en peligro extremo. Pero a no engañarse: si hubieran querido terminar con esta catástrofe lo habrían hecho mucho antes, precisamente desde 2020, cuando Alberto Fernández, a poco de asumir, se comprometió a terminar con el narcotráfico en Rosario.

El Presidente ha tenido numerosos cómplices para permitir que el narcocrimen avanzara como lo ha hecho en Rosario y se extendiera a muchas otras zonas del país

Hizo falta la brutal humillación internacional que significó que la Argentina estuviera en las páginas de los principales diarios del mundo por el ataque narco a la familia de Messi para que también se despabilara de su siesta especulativa el camporista y exdirector de la AFI Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, convocando de urgencia a un plenario de comisiones para debatir un proyecto presentado hace casi un año por casi una veintena de diputados que pugnan para que se creen 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías, 6 juzgados federales y 6 más de jueces penales federales con funciones de revisión en Santa Fe. Ayer finalmente, hubo dictamen de comisión en Diputados. ¿Resultará un alivio para los santafesinos? No en el corto plazo. Con sus especulaciones políticas, demoras e internismos, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo son corresponsables de este creciente padecimiento criminal.

En tanto, no se ha verificado ese silencio de parte de la amplísima mayoría de integrantes del Poder Judicial, comenzando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, cabe recordar, realizó su último Encuentro Nacional de Jueces y Fiscales, en mayo de 2022, precisamente en Rosario, en apoyo de la ciudadanía, en explícito reclamo para que se cubrieran las vacantes y con el objetivo de que los funcionarios judiciales tengan la libertad y seguridad de poder trabajar sin las amenazas que reciben de parte de bandas de narcotraficantes.

No desconocen los magistrados y fiscales probos e independientes las complicidades de una minoría de sus colegas con el poder político. Ese es otro asunto por atender con la máxima urgencia. Mientras subsista esa connivencia, el narco seguirá avanzando hasta consolidarse en un Estado ante la mortal ausencia o ineficacia del propio Estado.

No es una novedad que muchos de los delincuentes continúan manejando bandas de asesinos y ordenando ataques, amenazas y secuestros extorsivos desde las cárceles donde se encuentran detenidos. Por esa razón, la Procuración General de la Nación acaba de exhortar al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos con el objetivo de erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales federales, para que se coloquen inhibidores de señales en los pabellones y se haga cumplir la ley de 2017 por la que se prohíbe que los presos tengan celulares en los penales. Su violación, sostienen los fiscales, consolida los lazos delictivos que permiten la continuidad y el avance de las organizaciones criminales en todo el territorio argentino.

Hizo falta la brutal humillación internacional que significó que la Argentina estuviera en las páginas de los principales diarios del mundo por el ataque a la familia política de Lionel Messi para que buena parte de la dirigencia se despertara de su largo y cómplice letargo

A los ineficaces y tardíos anuncios presidenciales y a la descarada admisión de Aníbal Fernández de que el narcotráfico se enseñorea desde hace 20 años, justo cuando comenzaron a gobernar los Kirchner el país, se suman demasiadas evidencias de la irresponsabilidad con que se ha tomado el tema durante esas dos décadas: no se han eliminado las pistas clandestinas en Santiago del Estero ni vigilado debidamente las fronteras terrestres y fluviales de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes ni Misiones. No se ha sancionado la ley de extinción de dominio ni equipado a las fuerzas con radares, aviones y helicópteros indispensables para llegar a tiempo con efectivos a las pistas cuando se descarga la droga. Tampoco se han controlado rutas como la 34, la autopista de la droga ni la Hidrovía, conexión fluvial por la que se cuelan toneladas de estupefacientes.

Alberto Fernández tampoco ha terminado con la desastrosa gestión del ministro Soria ni de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, una de las fundadoras de Justicia Legítima y autora de una resolución de 2021 por la que dispuso que la falta de arrepentimiento de un detenido no podrá ser tomada como un elemento que le impida ser beneficiado con una salida transitoria, la prisión domiciliaria o la libertad condicional. “No hay posibilidad de superar la superpoblación en las cárceles si no contamos con la alternativa del arresto domiciliario, con o sin control electrónico”, sostuvo la nefasta funcionaria, que transita la ruta de un garantismo cercano al abolicionismo.

Deberán admitir todos estos personajes su denodada preocupación por beneficiar siempre al victimario dejando librada a la víctima a su suerte. El caso rosarino los sube hoy a la tribuna actuando una responsabilidad que nunca asumieron y que, en definitiva, no hace más que dejarlos expuestos.

Fuente: La Nación

Diputados nacionales del oficialismo, con la ayuda de la izquierda y otros bloques minoritarios, convirtieron en ley el proyecto de moratoria previsional que tenía media sanción del Senado. De esta manera continuará abierta la posibilidad de que puedan jubilarse aquellas personas que llegan a la edad requerida, pero que no hicieron todos los aportes legalmente exigidos. Se espera que alrededor de 750.000 personas se acojan a este plan y se sumen a las 3.630.000 que lo hicieron desde 2006, año en que fue dictada la primera moratoria de este tipo. Cuando se cumpla esta nueva etapa, 4.370.000 de un total de 7.880.000 jubilados, esto es el 55%, habrán accedido al beneficio previsional por una moratoria.

El mecanismo instrumentado permite obtener de inmediato el haber mínimo y destinar parte de lo recibido mensualmente a cubrir el monto de los aportes que no se hicieron. Una vez que el beneficiario logra saldar esa deuda, pasa a cobrar el monto jubilatorio sin esa deducción. En esta nueva versión de la ley sancionada, se ofrece la oportunidad de regularizar la situación desde diez años antes de la edad de jubilación.

El principio que rige los sistemas previsionales es que las personas aporten una porción de su ingreso durante la vida activa, lo cual les daría el derecho a cobrar una mensualidad durante su vida pasiva. Si se trata de un sistema de capitalización, ese derecho emana directamente de la propiedad del dinero depositado. Si el sistema es de reparto, es la ley la que les da ese derecho siempre que cumplan con sus condiciones. Esto no es solo una cuestión legalista. Tiene un sentido moral. Son personas que se sacrificaron entregando parte de su salario para que otras que ya no tienen ese ingreso, pero que en su momento también aportaron, puedan sustentarse. Es una cadena de solidaridad intertemporal y el Estado, teóricamente, solo debe administrarla, aunque también podría hacerlo un privado.

La moratoria previsional es injusta con los que cumplieron con la ley

La moratoria previsional rompe esa solidaridad y es injusta para los que cumplieron con la ley. Aquellos que apoyan la moratoria aducen que a estos no se les quita nada. Seguramente creen que el dinero que gasta el Estado viene del aire, pero obviamente no es así. Proviene de más impuestos sobre los actuales contribuyentes y consumidores, de más deuda pública que pagarán las generaciones futuras o de más inflación. Esa madre que se desespera porque los útiles escolares duplicaron sus precios debe saber que hay alguna culpa en quienes votaron esta moratoria, que aumentará el gasto público en un 0,5% del PBI.

Los sistemas obligatorios de jubilación son relativamente nuevos en la historia del hombre. Sin esos regímenes, las personas ahorraban e invertían en inmuebles, tierra, comercio u otros bienes de renta. Había también conciencia en los hijos de ayudar a sus padres en la vejez. Se recuerda la llamada ley cigüeña del Imperio Romano, que le dio a esa costumbre el carácter de obligación. Estas modalidades alternativas a los regímenes oficiales y obligatorios deberían ser la opción implícita de aquellos que no hicieron aportes.

El primer régimen previsional fue implantado en Alemania por Bismark en 1881. El sistema llegó a nuestro país en 1904 para empleados del Estado con el formato de cajas de jubilaciones. Crecieron en número y en los montos acumulados por la alta proporción de aportantes versus jubilados. Esos fondos fueron presa fácil del gobierno populista y dispendioso iniciado en 1946.

Las moratorias impositivas tienen la misma condena ética: favorecen a los incumplidores. La diferencia con las previsionales es que aquellas aportan ingresos fiscales en momentos de crisis mientras que estas demandan fondos. Por esto agregamos un motivo adicional de crítica a la sanción de esta ley. La oportunidad no puede ser peor.

Fuente: La Nación

Cuando se mencionan los caminos posibles para estabilizar la economía, algunos proponen ir rápido y, otros, más despacio. La terapia de shock evoca trauma, temblores y agonías, aunque podría ser más benévola en sus resultados que su contracara: el gradualismo. La vía soft tiene mejor prensa y hace evocar el consejo del general Perón: “Todo en su medida y armoniosamente”. Parece más humana, más social, más empática. Y políticamente correcta, como soslayar la grieta e ignorar la corrupción.

Sin embargo, nadie aplicaría una inyección lentamente ni intentaría evitar una avalancha con andar cansino ni un tsunami jugando en la playa. El dilema es trágico, pues si los argentinos rechazan cualquier medicina, ambas alternativas resultarán tan crueles como la inoperancia actual. Un final inevitable, como relata William Shakespeare en las tragedias de Ricardo III o de Macbeth, pero sobre el fracaso de las naciones sin valores.

La Argentina avanza, sin prisa ni pausa, hacia un precipicio económico y social, debido al gasto público desmedido y su hija dilecta, la inflación. En la turbulencia aumenta cada día la cantidad de pobres e indigentes, la deserción escolar, la delincuencia juvenil, el narcotráfico y la informalidad laboral.

Sergio Massa, el ministro del Interés Personal, logró que Gabriel Rubinstein, un economista otrora respetado, diseñe artificios para dilatar la caída y tener la posibilidad de ser candidato presidencial o, al menos, alcanzar algún prestigio como piloto de tormentas. Pero ninguna medida de fondo ni de shock ni gradualista. Todo ello con la complicidad del FMI, el enemigo público del kirchnerismo, que ahora es Thelma en el Ford Thunderbird que Louise acelera hacia el abismo.

Visto en perspectiva, parece una ilusión óptica –o una pesadilla– que nuestro país, de pocos habitantes, enorme territorio, grandes recursos y una tradición educativa desteñida, pero aún vigente, pueda estar en esta situación. Nuestra imagen “turística” induce a creer que el cambio está al alcance de la mano, con algunas medidas de reactivación, un plan de obras, un programa de empleo joven, líneas de crédito blandas y algo de promoción fabril. Pero no es así.

Analizando más de cerca, se advierte que nuestras crisis recurrentes no son resultado de guerras ni de catástrofes naturales, sino de un sistema de “ideas y creencias” mayoritario que solo conduce al camino del precipicio y no a otro. Ese sustrato de convicciones erradas impide alcanzar consensos políticos para estabilizar la Argentina, pues lo sostiene una trama de intereses creados, públicos y privados, a los que nadie quiere renunciar. Desde las armadurías de Tierra del Fuego hasta los jubilados sin aportes. Desde quienes manejan millones de la Anses hasta quienes viven del déficit de Aerolíneas Argentinas. Es la esencia del populismo y la base de su poder.

Lo prueba el historial lúgubre de la Argentina como incumplidora serial, cooptada por los dueños del Estado y los beneficiarios de la improductividad. Registra un sinnúmero de crisis fiscales, ruptura de contratos y estados de emergencia, incluyendo ocho defaults y dos hiperinflaciones. Durante los gobiernos kirchneristas se expropiaron empresas privatizadas, se estatizaron las AFJP (2008), se confiscó YPF (2012), se impuso el cepo cambiario (2011), se falsearon índices del Indec para no pagar deudas y se violaron marcos regulatorios de servicios concesionados, forzando a vender a sus titulares. Mediante subsidios costosísimos se pretende que el transporte y la energía estén alineados con salarios cada vez más devaluados, a costa de paralizar las inversiones. Y con planes sociales se pretende juntar votos y tapar el verdadero desempleo. Para esconder la inflación se controlan precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonía celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Para ocultar la emisión se absorbe el ahorro bancario con letras y bonos públicos creando una situación insostenible. La cotización de la deuda argentina y el riesgo país reflejan la inminencia del noveno “default”.

La disyuntiva entre shock o gradualismo no es una cuestión técnica, como un plan de vuelo o un plan de negocios. Para determinar la viabilidad de cualquier programa se deben anticipar las eventuales reacciones de los mercados, de los grupos de interés, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y de la opinión pública en general. Pasarlo por el tamiz de la política, aunque no para limarlo hasta la inoperancia, sino para hacer posible lo indispensable.

Un programa de shock exitoso no es para quien quiere, sino para quien puede. No basta con eliminar el cepo cambiario, los controles de precios y otras restricciones a la libertad económica sin encarar los problemas macro, pues se agravará la crisis. Se necesita consistencia interna, viabilidad inicial y sustentabilidad en el tiempo. Como bien señaló nuestro columnista Marcos Buscaglia, “la historia argentina muestra que los consensos no se logran en forma previa, sino luego de sus resultados; se adhiere a las políticas cuando mostraron ser útiles”. Si se lograse cambiar las expectativas de entrada, se podría asegurar su sustentabilidad posterior.

Un shock exitoso reduciría de inmediato el riesgo país, impulsándose la demanda de pesos, cayendo el dólar libre y también la brecha. Habría ingreso de capitales, expansión del crédito y fortalecimiento del poder de compra del salario. Y, sobre todas las cosas, se recompondría la paz mental de los argentinos, superando las angustias cotidianas para ordenar el presente y pensar en el futuro. Menos conflictividad social, menos piquetes, menos irritación, menos violencia. La magia de la confianza permite que los frutos de un programa creíble se anticipen y que el auge de recuperar la moneda alivie el costo inevitable de cualquier plan de estabilización. Es el shock benévolo, bien distinto al ajuste cortoplacista, improvisado y cruel, a costa de asalariados, cuentapropistas, beneficiarios de planes y jubilados que se aplica ahora.

La opción gradualista es el plan B, el second best de quienes reconocen sus limitaciones o cuyos pergaminos de “compromiso social” les inhiben aparecer como neoliberales ajustadores. Es un camino sin salida, pues la oposición, los sindicatos, los lobbies y los movimientos diversos bloquearán las medidas antes de que vean la luz. Configuran la trama de intereses corporativos que se enquistan y prosperan bajo el paraguas populista.

La situación hacia fines de año no dará tiempo para ser gradual. Se requerirán acciones inmediatas para corregir el rumbo y no bastará con desempolvar carpetas ni repetir muletillas para “poner a la Argentina de pie”. Si se extiende el cepo y se continúa emitiendo, mientras se convocan mesas de diálogo para concertar precios y salarios, el mercado realizará el ajuste de forma espontánea, llevándose puesto al dólar y a los precios, haciendo indigentes a los pobres y pobres a los que aún no lo son.

Si el capital político inicial fuese importante y la demanda social por estabilización fuese arrolladora, la reversión de las expectativas permitiría incluir ajustes graduales. Para ello, se requerirá un programa completo y contundente para recuperar la moneda (¿dolarización?), reducir el gasto, refinanciar deudas, introducir reformas estructurales y realizar la apertura comercial. Su aplicación, respecto a la eliminación de subsidios, la reducción del empleo público y la integración al mundo, sería gradual pero indefectible, pues cualquier retroceso o parpadeo posterior revertiría de inmediato la confianza ganada.

A fin de garantizar que no habrá marcha atrás, se debería sancionar un paquete de leyes, como en 1991, o una serie de decretos de necesidad y urgencia, como los que utilizó el “otro” peronismo desde 2001. También se debería exhibir que se dispondrá de financiación suficiente para atender los gastos de la reconversión. Es una senda estrecha, pero la única alternativa para quien asuma el gobierno en diciembre próximo.

Fuente: La Nación

La sentencia que condenó a los comandantes de las tres fuerzas armadas –especialmente recordada ahora con motivo de la galardonada película Argentina 1985– ha sido un hito fundante del regreso de la democracia y muestra de valor en la defensa de los derechos humanos. Los hechos, sin duda aberrantes, de aquella época, han sido acondicionados a fin de dotar a la obra de un halo hollywoodense, tan emotivo como alejado de ciertas preguntas incómodas para la política dominante en el siglo XXI.

No podría habérsele exigido a la película, desde la perspectiva propia del género cinematográfico, que se ajustase con exactitud a lo ocurrido en la realidad. O que no omitiera cuestiones importantes como expresión rigurosa de la historia, pero que la dirección del trabajo fílmico prefirió dejar de lado por consideraciones de otro tenor. Ya ha sido debidamente examinado por periodistas y políticos el destrato inferido a la actuación de un demócrata ejemplar, como fue Antonio Tróccoli, hombre de la íntima confianza de Ricardo Balbín y, más tarde, ministro del Interior del presidente Raúl Alfonsín. Detengámonos entonces en la visión general que surge de una distorsión palmaria de la historia entre el tratamiento por parte de los tribunales en 1985 de la tragedia que asoló al país, y de qué manera, entre la política y la Justicia, se amañó después ese andamiaje jurídico en cuestiones esenciales.

Ni la Fiscalía, a cargo del doctor Julio Strassera, ni los jueces que integraron el tribunal estimaron que los crímenes cometidos por las juntas militares fueran delitos de “lesa humanidad” y, por tanto, imprescriptibles. Esa categoría de delitos fue incorporada en la legislación argentina en 2007, cuando se ratificó el Tratado de Roma. O sea, mucho después de la dictadura que perduró entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Nunca hicieron la Fiscalía o los jueces apelación alguna a la supuesta existencia de una “costumbre internacional” que permitiera aplicar, por primera vez en la historia argentina, una norma no escrita para sancionar personas de forma retroactiva en un juicio penal. Fue lo que sucedió en juicios posteriores.

Una norma no escrita antes de los hechos juzgados sirvió para habilitar que los delitos fueran considerados imprescriptibles. Así lo sostuvo la nueva mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel”, en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue la primera de una serie de decisiones por las que se ignoraron los principios de irretroactividad de la ley penal y de aplicación de la ley penal más benigna. Por esa vía se violentaron los impedimentos constitucionales que obstaculizaban la reapertura de las causas por los hechos trágicos de los años 70.

Los fallos que habilitaron tales reaperturas, criticados duramente por la Academia Nacional de Derecho y por reconocidos juristas, desconocieron el principio de legalidad, que impide al Estado penar conductas no contempladas como faltas o delitos por una ley escrita. Esa ley debió haber sido sancionada por el Congreso, y promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, con anterioridad a la comisión de los hechos.

No se trata de defender individuos ni conductas encuadradas en tipologías penales, sino de resguardar principios y garantías

Para el personal subalterno juzgado quedó también suprimido en estos juicios reabiertos el instituto de la prescripción que contempla el Código Penal, incluso cuando en la sentencia de la causa 13/84 dicho instituto había operado a favor de los comandantes, absueltos por determinados hechos a raíz del tiempo transcurrido. No hubo una sola mención en aquellas actuaciones a alguna norma escrita o consuetudinaria que permitiera considerar imprescriptibles los crímenes que se estaban juzgando.

Pese al reconocimiento que el tribunal constituido en tiempos del presidente Alfonsín hizo del principio constitucional de la “cosa juzgada” –que impide volver a juzgar sucesos ya investigados y sentenciados–, este principio constitucional fue desconocido en los juicios reabiertos años después, privándose a los acusados de una garantía fundamental. En el fallo “Simón”, dictado en 2005, la Corte Suprema expresó que en estas causas los imputados no pueden “invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada”, garantías constitucionales a las que, de manera improcedente, se atrevió a calificar de “obstáculos” para el progreso de las causas.

Las penas fijadas en esa segunda etapa, por así llamarla, constituyeron otra extraordinaria diferencia en relación con el juicio de 1985. El comandante de la Fuerza Aérea Orlando Agosti, con el 33 por ciento de la responsabilidad de la Junta Militar, había sido sentenciado ese año a cuatro años y seis meses de prisión. En los juicios reabiertos a partir de 2004, las penas fueron casi siempre las máximas previstas, muy por encima de aquellos cuatro años y medio. Se condenó así a cadena perpetua a las más bajas jerarquías de las fuerzas –cabos, sargentos, subtenientes– y los castigos alcanzaron también a civiles del personal de inteligencia, fiscales, jueces, funcionarios gubernamentales y sacerdotes.

Cuando se pretende acomodar los principios jurídicos que rigen la vida de la República a las necesidades de una decisión política, se terminan construyendo andamiajes que no resisten el análisis riguroso de lo sucedido. Sobre esos pilares se elaboró la falsa idea de una “supremacía moral”, sobre la que giró desde 2003 la política del kirchnerismo y desmenuzó en detalle, en la edición del sábado último del suplemento Ideas, uno de nuestros brillantes columnistas políticos. El contraste notorio entre aquella idealización y la conducta corrupta de los gobiernos que la utilizaron sin escrúpulos ha ido dejando a su paso escombros al cabo de veinte años. El mayor peso de ese derrumbe cae sobre quienes más se han aprovechado de aquel relato.

La sentencia de la causa 13/84, dictada por la Cámara Federal en pleno, fue confirmada en su momento por la Corte Suprema, que ratificó y amplió sus fundamentos. En todos los nuevos juicios sobre las mismas cuestiones se elogiaron los considerandos de la memorable sentencia de 1985, pero aplicándoselos con parcialidad, a veces en contradicción grosera con la letra y el espíritu de aquellos.

No solo se desacreditó un fallo histórico, sino que, en su nombre, se impuso un sistema discriminatorio en el juzgamiento de cientos de individuos, privándolos de elementales derechos constitucionales. Además, desde hace años, y sin los controles correspondientes, se mantienen privilegios e indebidas reparaciones económicas solventadas por el fisco como parte de la manipulación ideologizada de la historia contemporánea.

Superar las heridas del pasado exige revisar procedimientos contrarios a la ley a fin de que nos aboquemos a la resolución de los enormes problemas que jaquean a la Nación. Estos demandan el compromiso de las instituciones en la búsqueda de soluciones definitivas que irresponsablemente han postergado quienes gobiernan. Alimentar la división y el desorden social en función de consignas revolucionarias fue el objetivo del terrorismo de los años 70, al que en 1974 el presidente Perón ordenó “exterminar” y el gobierno de su mujer y sucesora consideró justo “aniquilar”.

Por eso ha sido de tanto interés la carta de lectores del último domingo, en la que Enrique Munilla, exjefe de despacho de la Vocalía de Instrucción de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación disuelta tan pronto asumió el presidente Cámpora, recordó que entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976, en función de una política de exterminio o aniquilamiento dispuesta por dos gobiernos peronistas constitucionales, hubo en la Argentina 977 desaparecidos.

No pocos funcionarios de la actual coalición gobernante, tan renuentes a criticar la feroz dictadura de Nicaragua, parecen reivindicar los objetivos del terrorismo subversivo de los setenta, ahora remozados en el lejano sur por aventureros que avalan supuestos derechos de pueblos aborígenes. Es otra película que hemos visto.

No se trata de defender individuos ni conductas que puedan ser encuadradas en tipologías penales, sino de resguardar principios y garantías esenciales de nuestro sistema jurídico, que no pueden regir para unos y serles negados a otros, bajo la pretensión de reemplazar así la justicia por la venganza.

Fuente: La Nación

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Horror en cárceles de Nicaragua

2 de marzo de 2023LA NACION

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Después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses narraron lo que sufrieron en prisión por meses o años solo por oponerse o criticar al tiránico régimen de Daniel Ortega.

Los relatos coinciden en describir aspectos aterradores sobre las inhumanas condiciones que tuvieron que padecer privados injustamente de su libertad. Celdas de dimensiones mínimas, completamente oscuras y con un hoyo en el piso como baño.

Los presos políticos no solo son sometidos al aislamiento físico con prolongados períodos de incomunicación, sino también son víctimas de tortura psicológica, sujetos a entrevistas e interrogatorios diarios y, a quienes tienen hijos menores, no les han permitido verlos durante un año.

Los castigos van desde chantaje emocional, amenazas de trasladarlos a celdas más pequeñas y con peores condiciones y entrega discrecional de los alimentos que les llevan sus familiares, privándolos además de medicamentos y bebidas.

En julio de 2022, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación en Nicaragua en el que denunció el maltrato de los detenidos allí.

Según el documento, se sometió a detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se realizaron interrogatorios sin presencia de abogados en los que, en ocasiones, hubo palizas, amenazas y privación de sueño, hasta negarles el acceso a servicios médicos.

Victoria Cárdenas, esposa del líder opositor y precandidato a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, denunció las pésimas condiciones de las cárceles. Su conclusión fue contundente: “Nicaragua es una gran cárcel porque las personas, si no están en las cárceles o en el exilio, dentro de Nicaragua están con terror y silenciadas”.

El matrimonio Ortega-Murillo ha decidido institucionalizar un estado policial en Nicaragua mediante la aprobación de leyes que limitan el ejercicio de derechos fundamentales, la normalización de la vigilancia y el control y el autoaislamiento. Solo una presión internacional firme y sostenida forzará al gobierno de Ortega a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Aún quedan tras las rejas muchísimos presos políticos de cuya suerte nada no se sabe.

Fuente: La Nación

La nueva polémica por las pistolas Taser ha puesto en evidencia las dificultades de la dirigencia política para convertir la lucha contra la delincuencia en una política de Estado, al margen de las disputas partidarias y de los prejuicios de tipo ideológico.

Los altos grados de confusión y de oportunismo político presentes en la coalición gobernante en el orden nacional quedaron de manifiesto en los últimos días. Más precisamente, cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció que el gobierno nacional había adquirido cien pistolas Taser luego de que él mismo sostuvo en reiteradas oportunidades que la Argentina no estaba “ni por casualidad preparada” para la utilización de esas armas no letales.

Las pistolas Taser son empleadas por cuerpos policiales y de seguridad en más de 100 países. Su característica es que disparan dardos electrificados que permiten inmovilizar durante unos 60 segundos a un delincuente sin matarlo. Las versiones más modernas incluso tienen una videocámara capaz de filmar y grabar el audio del ambiente, por lo cual queda registrado el proceder del policía y si este comete un error o un abuso en su empleo.

Los altos grados de confusión y de oportunismo político presentes en la coalición gobernante en el orden nacional quedaron de manifiesto en los últimos días

Se trata de un arma de uso intermedio entre la pistola reglamentaria, que puede ser mortal para la otra parte o para terceros inocentes, y la tonfa o bastón de seguridad, que es útil pero limitado al momento de detener una agresión. Estas pistolas llevan unas dos décadas de utilización, con positivas experiencias en tres circunstancias claves en materia de seguridad:

• Cuando el agresor a un policía o civil ataque con un cuchillo, elemento cortante o palo a corta distancia. Para estas agresiones, que en muchos casos llegan a ser mortales, se requiere una respuesta proporcional. La Taser paraliza al agresor, permite desarmarlo y esposarlo, y evita así que pueda seguir con su ataque.
• Cuando la situación de inseguridad ocurre en un ámbito densamente poblado, donde el uso del arma de fuego se torna muy peligroso para terceros, tales como estaciones de ómnibus, trenes y subtes o aeropuertos. Una bala perdida puede afectar con alta probabilidad a personas que se crucen o se encuentren cercanas a una línea de disparo.
• Cuando una persona tiene un brote psicótico y se pone extremadamente agresiva, convirtiéndose en un peligro para sí misma y para terceros. Esta arma eléctrica reduce al agresor y permite contenerlo y hasta medicarlo sin que agreda.

Quienes delinquen deben dejar de percibir que sus actos no tienen consecuencias

Durante los últimos años el kirchnerismo puso trabas legales basadas en prejuicios ideológicos para bloquear el uso de las pistolas Taser. El actual gobierno obstaculizó la importación de esas armas, impidiendo que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otras policías de todo el país pudieran incorporarla.

Tras varios hechos lamentables donde fueron heridos y perdieron la vida policías de la Ciudad y federales, como también ciudadanos comunes, el gobierno nacional ha decidido comprar 100 armas Taser mediante una contratación directa por adjudicación simple, y se ha comprometido a facilitar su compra a las distintas jurisdicciones que tienen trabada su adquisición desde hace años por decisión de las propias autoridades nacionales.

Si bien el cambio de actitud del gobierno nacional es positivo, cabe preguntarse sobre el motivo de esta decisión cuando falta menos de un año para el final de su mandato y por la desprolijidad que constituye esta compra sin licitación.

Es imprescindible que, junto con la necesaria transparencia, la lucha contra la inseguridad adquiera la seriedad que exige el deber del Estado de garantizar la protección de la sociedad para que quienes delinquen dejen de percibir que sus actos no tienen consecuencias y hasta son apañados por el poder político.

Fuente: La Nación

Arthur C. Clarke solía recomendar que los políticos leyeran menos novelas policiales y más relatos de ciencia ficción. Ese género, que de vez en cuando araña el arte, no solo provee anticipos tecnológicos y ocurrencias sobre el futuro, sino metáforas iluminadoras acerca del pasado, ideas filosóficas para el presente, apasionantes pensamientos laterales y curiosas revelaciones del inconsciente colectivo. David Cronenberg, director de culto, deambuló con gran interés por esos territorios en la primera fase de su carrera cinematográfica; fue precisamente entonces cuando decidió filmar la historia de un científico que creaba dos cabinas de teletransportación: un objeto se introducía en una de ellas, se descomponía partícula a partícula y “viajaba” hacia la otra, donde se lo reconstruía por completo. Después de varios intentos fallidos y algunos avances alentadores, el sujeto resolvía probar la máquina en sí mismo, sin advertir que se había colado una mosca en la cabina transportadora. El proceso total resultaba exitoso, y el científico emergía eufórico y comenzaba a desplegar una potencia física y sexual impresionantes; con el correr del tiempo, sentía además voracidad por el azúcar, habilidades extremas, agresividad creciente e irritante omnipotencia, y detectaba unos extraños vellos duros que irrumpían progresivamente en su espalda. La metamorfosis seguía por derroteros más inquietantes y truculentos, porque en determinado punto se le comenzaban a caer las uñas y se le iban desmoronando y diluyendo distintas partes del cuerpo. Es antológica la escena en la que, preocupado por estos cambios, interroga a su computadora y descubre la presencia de la mosca, y cuando el ordenador le explica que se llevó a cabo una fusión. Con una última esperanza, el científico quiere saber entonces si él ha asimilado a la mosca: “Negativo –le contesta por escrito la computadora–. La fusión es a nivel genético-molecular”. Eso solo significa que el hombre y el insecto –de tamaños tan desproporcionados– son sin embargo una sola cosa, ya indivisible, y que el destino trágico está sellado.

La parábola de Cronenberg contiene muchos significados –algunos obvios, otros no tanto–, pero si siguiéramos la sugerencia de Clarke tal vez podríamos explicar con ella y en concreto, aquí y ahora, la facilidad histórica que manifiesta el vasto Movimiento Justicialista para fusionarse con pequeñas minorías ideológicas y luego las dificultades que se le presentan para escindirse de ellas cuando se han vuelto inconvenientes. Que el partido de Álvaro Alsogaray –casi un club de fans– haya accedido en su momento a la gran sala de comando es casi tan milagroso y accidental como que la sectaria “cultura Página/12″ haya conseguido liderar y moldear al justicialismo e incluso instalarse como política oficial de Estado. El neoliberalismo de Menem fue barrido por el crac de 2001 y por el posterior “nacionalismo pop” de los Kirchner, que habían sido militantes ardorosos de aquel proyecto privatizador antes de operar un giro oportunista de 180 grados. Y que ahora enfrentan una crisis económica y social de similares dimensiones, aunque de una manera ralentizada y mucho menos ruidosa y violenta: los destituyentes están adentro e impiden convulsiones en las calles. Acaso la gran diferencia consiste en que la luz menemista irradió durante solo diez años y que la Pasionaria del Calafate, con su hegemonía interna casi absoluta, lo dobló en tiempo y en intensidad. Vale preguntarse entonces si esta última experiencia no alcanzó una irreversible “fusión a nivel genético-molecular” dentro del Movimiento. Los “socialistas del siglo XXI” y sus simpatizantes dirán, por supuesto, que el “verdadero peronismo” se parece a ellos y no al que diseñó Carlos Menem, pero los “noventistas” tienen argumentos pragmáticos (el General cambió de piel cada vez que el mundo lo requería) y hasta “doctrinarios” –el Perón liberal– para refutar esas acusaciones. No se trata de una discusión bizantina sobre la ideología de un movimiento camaleónico que notoriamente carece de ella, sino de un asunto más candente: el kirchnerismo, con su prolongado poder institucional, ¿modificó para siempre el genoma peronista? ¿Está a tiempo el peronismo troncal de meterse en la cabina transportadora y convertirse en una criatura nueva? Esta es la pregunta no formulada, pero que flota entre quienes perciben desde la mismísima nave el desmoronamiento del gobierno kirchnerista, su creciente descrédito y su posible decadencia electoral. Es un asunto de vida o muerte para la mayor de todas las corporaciones, puesto que sin el alumbramiento de lo nuevo estará a merced de lo viejo y decrépito.

Bajo esta óptica pueden observase ciertos espasmos de última hora. Para empezar, la fractura del bloque oficialista y la pérdida del control del Senado, que rápida y rencorosamente Cristina Kirchner intentó endosarle a su socio Alberto Fernández, de quien todos se apartan como de aquel híbrido monstruoso de “La mosca”. Pero que, a decir verdad, significa una rebelión contra el liderazgo de la dama de hierro y nada menos que dentro de su mismísima área de impunidad y castigo. Ese grave quiebre, y el desdoblamiento de las principales elecciones en doce provincias, muestran también qué piensan los caciques de tierra adentro: el Presidente de la Nación y su vice son un quemo y urge poner distancia; el concepto “sin grieta” que empiezan a utilizar de manera tácita o expresa en algunos de esos lares, trabaja la idea de barajar y dar de nuevo, y comenzar a construir la era del poskirchnerismo. Luego habrá que analizar en ese mismo sentido la desafiante alianza del Movimiento Evita y Barrios de Pie para presentar una fuerza unificada y asaltar con votos la Bastilla de La Matanza, en manos por ahora de un delegado feudal y obediente de la arquitecta egipcia. Hasta la sugestiva advertencia de Estela de Carlotto, que hizo recular a La Cámpora para que se abstuviera de meter el reclamo por la falsa “proscripción” en la ceremonia por los derechos humanos del 24 de marzo, parece aludir al ocaso de ese verticalismo militante y de esa penosa obediencia debida.

El filme de Cronenberg también permite interpretar otras facetas de la política. Con manos libres por el reciente trauma de aquel estallido, con el doloroso ajuste ya realizado por los duhaldistas y con viento de cola, la dinastía Kirchner emergió de la cabina llena de euforia, omnipotencia y agresividad. En aquel paroxismo de la nueva “plata dulce”, numerosos segmentos de la sociedad cayeron subyugados por esa potencia y consagraron, por acción u omisión, una falsa prosperidad basada en inconsistencias económicas, subsidios demagógicos e insustentables, clientelismo social y cultural, y negocios turbios, y también una feroz estrategia de divisionismo, que hoy parece un camino de ida. Luego estos errores y fraudes comenzaron a pasar factura, y el kirchnerismo se fue degradando por etapas, aunque sin perder centralidad. Por el camino tuvo tiempo para inocular o maximizar en el ADN argento una serie de regresiones: el facilismo, la irresponsabilidad, el resentimiento, el desdén por el progreso y por la cultura del trabajo, el amor por el lumpen, el estatismo más cerril e inepto, la contabilidad creativa, el camelo como metodología, el menosprecio por los números y por los hechos, la relativización moral. Vale también aquí preguntarse cuánto calaron esas aberraciones, y de qué magnitud es, por lo tanto, la mutación genética operada en un pueblo sometido desde arriba a una praxis institucionalizada y a un proselitismo constante. Esta duda no solo compete a los compañeros peronistas, que están estudiando las cabinas transportadoras, sino muy especialmente a los referentes de la oposición, puesto que su triunfo dependerá de cuán perspicaces sean para leer el moderno paisaje devastado, y qué táctica y narrativa elegirán para gobernar sobre sus secuelas humeantes pero enquistadas. Será, si ganan, una película de ciencia ficción, pero en la variante del thriller que puso de moda Ridley Scott: desembarcan en un planeta misterioso y acechan los más letales peligros.

Jorge Fernández Díaz

Fuente: La Nación

MONTEVIDEO.– Aunque cueste creerlo, el Frente Amplio, en su inercia de oponerse a todo lo que haga el gobierno, cuestiona la baja de impuestos que se anunciará el 2 de marzo en el Parlamento. Los argumentos esgrimidos, contradictorios cuando no carentes de sentido, hablan mucho del momento que vive el partido opositor. ¿Cuáles son las dos visiones que se contraponen? La del gobierno claramente apuesta por la libertad de los ciudadanos, tomándolos como seres adultos que pueden disponer de sus recursos y dedicarlos a lo que entiendan mejor para ellos mismos, su familia y la sociedad. La del Frente Amplio, por el contrario, trasunta una nula fe en la capacidad de los uruguayos para actuar por sí mismos, entendiendo que es mejor que el Estado se haga cargo de la asignación de recursos.

El partido opositor parece seguir la máxima de Benito Mussolini: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Cada idea que tienen es para un programa que debe llevar adelante suprimiéndoselo a la sociedad civil, todo debe pasar por el control de políticos y burócratas para que les parezca aceptable, nada que se escape del control del Gran Hermano les resulta de su agrado. Detrás hay una concepción muy totalitaria, que desconfía del ser humano individual y de la sociedad actuando en libertad y que, por lo tanto, quiere tener bajo control político.

Afortunadamente para los uruguayos, el gobierno está en la línea de darles mayor libertad.

Fuente: La Nación