Categoría: Entrevistas

El saber popular aconseja no poner todos los huevos en la misma canasta. Las estimaciones sobre la terrible caída de la cosecha de soja hablan de una pérdida que podría alcanzar los 9000 millones de dólares, el segundo peor registro en 15 años. A la hora de pensar en multiplicar esfuerzos para contrarrestar este impacto, el valor de la Economía del Conocimiento (EdC) se agiganta. Se trata del tercer sector exportador, detrás del complejo agropecuario y la industria automotriz, generador de divisas por 6500 millones de dólares en 2021 (7261 millones a junio de 2022, aumento que se dio más por precio que por cantidad) y en franco ascenso gracias al talento, la creatividad y el espíritu emprendedor argentino.

La EdC es mucho más que software. Incluye actividades que se montan sobre la infraestructura digital, como la exportación de servicios profesionales (60% de las exportaciones de servicios del conocimiento) y las que demandan intensivamente tecnología y capital humano de alto valor agregado, como la biotecnología, la robótica, la impresión 3D, la ingeniería nuclear, la industria satelital, la inteligencia artificial, la producción audiovisual, internet de las cosas y la industria 4.0, entre otras.

Durante una entrevista con LA NACION, Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, entidad que agrupa a prestadores de servicios en este segmento, destacó la enorme preocupación que actualmente dispara la escasez de talentos; estimó un faltante de unos 20 mil profesionales. Al comentar los efectos de la brecha cambiaria, que se suma a los costos crecientes, lamentó que, en relación con el mundo, “en este sector, el desacople es fatal”. Ya nos hemos ocupado desde este espacio en señalar que en un terreno muy competitivo asistimos a una fuga física o virtual de miles de profesionales senior y formados, toda vez que muchos migran y muchos otros han abandonado el mercado formal y trabajan desde cualquier rincón del país para el exterior en busca de maximizar sus retribuciones en dólares, por fuera de las regulaciones locales. La EdC se ha vuelto federal gracias al teletrabajo, aunque muchos beneficios no lleguen nunca a las arcas del Estado.

La participación argentina en el mercado mundial podría crecer fuertemente favoreciendo el ingreso de divisas con baja demanda de capital para superar prontamente el estancamiento en el que nos hallamos

Este sector de la economía crece a velocidades inusitadas en el mundo y registra una demanda infinita, mientras nuestro país sigue mirando otra película. Hemos perdido share en el total mundial a 2021 respecto de 2010, pasando del 0,44% al 0,22%. No solo eso, sino que, además, apenas alcanzamos un incremento del 14% en el último año, paupérrimo con solo compararnos con Uruguay, que superó el 230% a partir de agresivos incentivos fiscales y políticas específicas que amenazan con continuar captando también nuestros recursos humanos.

Mientras tanto, a nivel local, el proyecto denominado “monotributo tech”, que crea un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico, contó con dictamen de mayoría en comisión de Diputados y, con el apoyo del oficialismo, llegaría pronto al recinto. Constituye otra expresión de la política gubernamental de atacar los problemas de la brecha cambiaría por sectores y permitiría a los exportadores de servicios freelancers, incluidos gamers y jugadores profesionales, cobrar directamente hasta 30 mil dólares al año, planteando una discriminación entre trabajadores que se cuestionó fuertemente desde el radicalismo. Dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron firmar e insisten en que se debe discutir la cuestión de fondo y no seguir inventando “parches”. Las Pymes, por su parte, plantean que su implementación traería más complicaciones para retener profesionales.

Cuando las empresas pierden los recursos que han capacitado se interrumpe la cadena de formación. Como bien destacan en Argencon, el sector no demanda ayuda estatal para generar empleo de calidad, pero tienen que darse las condiciones macroeconómicas, incluidas las cambiarias y de seguridad jurídica, que nos vuelvan competitivos y que permitan retener talento. Una vez más, la educación constituye el nudo gordiano. Promover carreras afines, no cejar en el esfuerzo por masificar la enseñanza de inglés para seguir estando entre los países de mejor nivel en la región y contribuir al acceso y manejo de tecnología se vuelve clave.

“La Argentina, mirando el panorama internacional, no es ni siquiera un alumno mediocre, es un mal alumno”, sentencia Mocorrea.

Dadas las condiciones y contando con los profesionales, la participación argentina en el mercado mundial podría crecer fuertemente, favoreciendo el ingreso de divisas con baja demanda de capital para superar prontamente el estancamiento. Hoy seguimos muy por debajo de lo que podríamos ofrecer, con un discurso oficial ideologizado que defenestra el mérito y el esfuerzo, impulsores clave para la expansión de un sector potencialmente tan rentable. El beneficio sería no solo económico para el país, sino también para el desarrollo social y la realización de tantos jóvenes que hoy no encuentran cabida para sus sueños. No hay tiempo que perder, el futuro no espera.

Fuente: La Nación

Nadie puede estar en desacuerdo con respecto a las nocivas consecuencias de “repetir el año” tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Pero también es evidente que ese fracaso es síntoma de problemas mayores: la dramática situación socioeconómica y la baja calidad educativa.

Sin duda, la repitencia daña la autoestima del alumno al forzarlo a asistir nuevamente a clases sin sus compañeros iniciales. Sin estimulo, difícilmente aprenda las materias reprobadas. Repetir es un fuerte incentivo a la inasistencia y al abandono en un contexto de necesidad económica, donde “repetir” supondría para el niño y su familia perder el tiempo. Esa es la clave para entender la medida que se comenta en este editorial. La solución de fondo sería lograr que todos aprendan y que, por saber, no sean reprobados.

La provincia de Buenos Aires encara una reforma del nivel secundario como medida de emergencia ante una catástrofe social, aunque no lo plantea así. Mediante una medida administrativa, pretende reparar el último eslabón de una larga cadena de fracasos. No encara el problema de la calidad educativa, de las licencias abusivas, ni de los paros o feriados puentes que interrumpen el calendario escolar, pues nada de ello soluciona el drama de las deserciones. Con profesores estables, bien pagados, bien formados, apasionados por su tarea y con clases regulares, los alumnos aprenderían mejor. Pero ese no es posible ahora en ninguna de las 24 jurisdicciones.

En la Argentina, los chicos que se gradúan del nivel primario ingresan al secundario, pero solo egresan 50 de cada 100 y apenas 25 a la edad correspondiente. El resto repite una, dos o más veces hasta que abandona. Es el país de América Latina con más repetición escolar en el nivel secundario. La repitencia casi siempre termina en deserción, pues los más pobres tienen que llevar plata a casa y solo el 14% aprueba la secundaria, ampliando la brecha entre alumnos de escuelas privadas y públicas. Todo eso repercute luego en el nivel terciario, base de la capacitación adulta y pilar del desarrollo del país.

Hay en Buenos Aires 300.000 docentes, de los cuales la mitad son de nivel secundario y, de estos, la mayoría debe acumular horas de cátedra cubriendo diversas instituciones para asegurarse un ingreso insuficiente. Viven agitados, sin tiempo para tareas extracurriculares, ni retribución por las que realizan. Y los sindicatos se oponen a cualquier reforma pues temen que el mérito reemplace a la antigüedad como criterio de promoción. Ello les quitaría su poder a través de las negociaciones colectivas. Como el gobernador Axel Kicillof tiene como aliado al sindicalista Roberto Baradel, todos esos temas quedan soslayados.

Nuestro país tiene el calendario escolar más corto del mundo, pues privilegia el turismo a la educación con fines de semana largos que vacían escuelas para llenar playas. Como las playas son bonaerenses, Kicillof aplaude, mientras los chicos no aprenden. Así como el ausentismo afecta el ritmo escolar por rotación de docentes, las clases perdidas perjudican la secuencia en la enseñanza.

El director general de Cultura y Educación de esa provincia, Alberto Sileoni, señaló que la eliminación de la repitencia ha sido adoptada por muchos países desarrollados. Omitió decir Sileoni que en esos países existen recursos suficientes para dar apoyo personalizado a quienes son promovidos de esa forma. Con inflación del 100%, la realidad es que los docentes argentinos son pobres y viven angustias para llegar a fin de mes: en ninguna provincia existen fondos para encarar programas semejantes.

El aluvión de problemas externos a la escuela supera cualquier política educativa que se pretenda aplicar. Es tan grave la deserción por causas económicas o familiares que las herramientas al alcance del ministerio son inocuas. Sin embargo, la eliminación de la repitencia, en lo inmediato, reduciría los abandonos de los repitentes frustrados. De esa forma, se “patearía para adelante” el problema de los alumnos reprobados, quienes continuarían cursando (sin ningún apoyo especial) en la esperanza de que, con más suerte que cabeza, terminen sus estudios sin perjudicar las estadísticas. De hecho, es lo que ya ocurre sin ninguna disposición que lo establezca.

La repitencia casi siempre termina en deserción, pues los más pobres tienen que llevar plata a casa y solo el 14% de ellos aprueba la secundaria

La ley de educación nacional 26.606 fijó como objetivos del secundario formar ciudadanos para el trabajo y para seguir estudios superiores, con capacidad de definir su proyecto de vida, “basado en valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. Sin embargo, con inflación del 100%, todas esas palabras son letra muerta, la sociedad se disgrega y adopta los valores contrarios.

La inflación es motivo de las huelgas docentes, los días sin clases, el agotamiento de los maestros, el malestar de los alumnos. Provoca tensiones familiares, disputas entre esposos, conflictos entre padres e hijos. Rompe vínculos solidarios e impulsa el “sálvese quien pueda”. Alienta la proliferación del paco y del delito. Significa despidos, aumento del desempleo, de la pobreza y la indigencia. Angustia a quienes tienen ingresos fijos, carcome los sueldos, esfuma las jubilaciones y aniquila las pensiones.

Sileoni no tiene permitido atribuir la repitencia y la deserción a las crisis familiares por falta de empleos formales y su reemplazo por planes y changas dispersas, que impiden articular vidas dignas y bien alimentadas. Sin hogares que los acojan, los jóvenes no pueden asistir con regularidad a las escuelas, ni prestar atención en las clases, ni estudiar en sus casas. Y sus padres y madres, “agentes naturales y primarios de la educación” según la ley, son impotentes ante esa situación.

Sabe Sileoni que el gasto público desbordado y la emisión sin freno son la causa última de esos dramas, pero también sabe que financian al “Estado presente” del que su gobernador se enorgullece. Sabe que su provincia es la mayor beneficiaria de los subsidios y transferencias que causan la inflación, siendo su cómplice principal e inmoral. El Estado que se precia de igualitario, al hacer política electoralista emitiendo, profundiza la desigualdad.

En la provincia donde el kirchnerismo buscará refugio a partir de 2024, todos los valores duraderos se arrojan a la hoguera del populismo para conseguir votos. La consigna es privilegiar el corto plazo sobre el largo en todos los ámbitos, aunque las urnas de este año condenen el futuro del mañana.

Las palabras esfuerzo, mérito, excelencia, progreso, examen, evaluación, calificación, puntaje, aprobación y reprobación, premio y sanción, orden y disciplina, ahorro e inversión, competencia y eficiencia, estabilidad y moneda sana son censuradas, tanto en la escuela como en la economía, tanto en la Justicia como en la administración gubernamental.

Se pretende ignorar que la provincia es parte de un mundo global, donde la supervivencia exige competitividad en todos los órdenes, con conocimientos e integración al mundo digital. Según el Banco Mundial, “el valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico”. Sin educación de calidad, los jóvenes bonaerenses no tendrán futuro. El país, tampoco.

Actualmente, el título secundario es el piso para tener oportunidades laborales. Con alrededor del 40% de la población bajo la línea de pobreza, el gran desafío de los adultos pobres es lograr que sus hijos puedan superarlos. Pero sin una reforma educativa, inviable en un país con los actuales niveles de inflación, se los condena a la exclusión en nombre de una justicia social que solo sirve para crear organismos y programas, dando empleo a militantes y refugio a condenados por defraudación al Estado.

Fuente: La Nación

La decisión del Gobierno de lanzar próximamente un billete de 2000 pesos fue criticada duramente desde diversos ámbitos. Se trata del billete que llevará impresas las imágenes del Instituto Malbrán y de los doctores Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, a quienes se pretendió reconocer como precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país.

Ninguno de los dos se merecía este pseudohomenaje. Lo fundamentó con palabras simples y precisas, no exentas de ironía, la diputada nacional Carla Carrizo, de Evolución Radical por la ciudad de Buenos Aires: “Un billete –dijo– es para durar. No era de 2000 pesos, era de 5000 lo que se necesitaba. No era ahora, era hace tres años. Desde 2020 está el proyecto en el Congreso para hacerlo bien. Honestamente: ¿qué cree el Banco Central que resuelve con esto? No baja el costo de emisión, los bancos seguirán cobrando comisiones, no simplifica la vida de los argentinos y tampoco evita la pérdida del valor del dinero”.

Resulta indudable el trasfondo político de este billete tardío, devaluado y “científicamente deshonroso”: siempre que ha podido, el kirchnerismo se resistió a la aprobación de papel moneda de mayor denominación. A eso se agrega hoy que sería admitir la legitimación de la desbocada inflación, de la alocada carrera de precios que no ha podido dominar a pesar de las reiteradas promesas del ministro Sergio Massa ni de la ampulosa “guerra” a la inflación que, en marzo del año último, lanzó públicamente Alberto Fernández durante la reinauguración de una estación de trenes en Malvinas Argentinas.

Como bien dijo el lector de LA NACION Héctor Guillermo Carta, “piensan que al no imprimir billetes de 5000 o 10.000 pesos la gente no se da cuenta de la inflación. Con este billete minusválido, piensan homenajear a Carrillo y a Grierson. El peronismo también devaluó la ciencia argentina”.

A estos francos mensajes anclados en el más contundente sentido común se suman los de numerosos especialistas, y no solo de la oposición. Sergio Chouza, economista cercano al kirchnerismo, sostuvo que “la negativa del Gobierno a sincerar los problemas instrumentales de operar con billetes de tan baja potencia es un rasgo más de una coalición disfuncional”.

El lanzamiento del billete de 2000 pesos se consagra, por lo demás, como una brutal paradoja: arribará como el de mayor denominación, pero con menor valor. Lo explicó claramente Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, en una columna publicada en este diario. “Actualmente, podemos decir que nuestro ‘hornero naranja’ (el billete de 1000 pesos) equivale a unos 2,73 dólares, según el tipo de cambio libre promedio de enero. Consecuentemente, el billete de 2000 pesos tendrá un valor de 5,46 dólares. Algo que verdaderamente no deja de apenar”.

Cualquier persona sabe que es escaso lo que puede adquirirse hoy con 2000 pesos en un supermercado. Apenas poco más de un kilo de un corte de carne vacuna promedio; con suerte, podrían comprarse siete litros de leche de marca reconocida o unos cinco paquetes de yerba u ocho de azúcar.

Obviamente que, como dijo el Banco Central en su comunicado, un billete de 2000 pesos traerá algunos beneficios. Por citar un par de ejemplos, al duplicar la nominalidad se necesitarán menos ejemplares de papel moneda para operar en efectivo y se agilizarán la oferta y la demanda en cajeros automáticos. Pero resulta muy poca cosa si se tiene en cuenta que, entre otras cuestiones sumamente controvertidas, el año pasado el país se vio en la obligación de importar billetes, cuyo costo –recordó Moschet– fue superior al valor mismo de circulación. Otro despropósito.

A lo que estamos asistiendo es al final de una moneda que nació con la convertibilidad, 31 años atrás. “En aquel entonces –rememoró el citado economista–, el billete más grande en circulación era de 100 pesos. Su proceso de degradación comenzó en 2002, cuando el tipo de cambio saltó a 1,8 pesos por dólar. Con esto, pasó de valer 100 dólares a algo más de 55. El sucesor inmediato fue el billete de 500 pesos, que ostentó una equivalencia de 32,8 dólares apenas salió. Lamentablemente, su liderazgo duró muy poco. Llegó el de 1000 pesos (hace cinco años) y, si bien esta mejora implicó que tuviera un valor de 54,65 dólares, seguía siendo menos que el papel con la cara de Roca en 2002. Desde entonces, acumulamos 866,21% de inflación y, medido en dólares, perdió el 95% de su valor”.

Este anuncio del Gobierno, como tantos otros, pretende ser lo que claramente no es: una solución. No estaríamos hablando de subir la denominación ni, en algunos casos, de quitarle nuevamente ceros a la moneda si se hubieran hecho las cosas como corresponde, evitando desquiciar el gasto público en cuestiones innecesarias, improductivas y, en muchísimos casos, usando dineros de todos los contribuyentes en beneficio privado de tan nefastos como destructivos personajes de nuestra dirigencia política.

No hubo guerra. No se emprendió ni siquiera la más mínima batalla. Es más: Alberto Fernández se jactó durante mucho tiempo de que su plan económico era, precisamente, no tener un plan. Los resultados están a la vista. El derrumbe del edificio económico no se arregla con un nuevo parche o un revoque al pasar. Ni Grierson, ni Carrillo, ni Messi –a quien alguien propuso también para un hipotético nuevo billete– merecen que recordemos sus trayectorias con papelitos de colores tan volátiles.

Fuente: La Nación

La Food and Agriculture Organization (FAO) reportó que hay 828 millones de personas que sufren hambre en el mundo, revelando un aumento de 46 millones desde 2020. Un 29% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria grave o moderada, esa que mide el acceso regular a alimentos. La Argentina tiene uno de los peores índices de la región: 4 de cada 10 habitantes la sufren o directamente atraviesan hambre. En la última década, enmarcada en un proceso de empobrecimiento sistemático y estructural, la inseguridad alimentaria creció en nuestro país hasta casi duplicarse. Según mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en 2010 la Argentina tenía un 6% de nivel de inseguridad alimentaria mientras que, en 2021, se registró un 8,3% y, en 2020, hubo un pico del 8,7% de hogares con problemas alimentarios. La concentración de mayores niveles de inseguridad alimentaria se da en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y en grandes conglomerados de las provincias del Norte.

La Tarjeta Alimentar, que se repartió entre 2,4 millones de personas, más de 900 mil de la provincia de Buenos Aires exclusivamente, contribuyó a que los niveles de inseguridad alimentaria no fueran todavía peores. También se distribuyeron en Córdoba (182.455), Santa Fe (165.275), Tucumán (114.832), Salta (104.439), Mendoza (109.144), Misiones (101.083) y Chaco (101.345).

Son millones los argentinos que, aun aquellos privilegiados que trabajan, han visto claramente restringido su acceso a los alimentos, en gran medida por el impacto de los altísimos índices de inflación cuyas principales víctimas son siempre las poblaciones más vulnerables.

Al compás de un acelerado deterioro del ingreso, los controles de precios han demostrado largamente su fracaso ante las inevitables remarcaciones y la población asiste a nuevas prácticas como el lastimoso fraccionamiento de los alimentos. La muerte de un niño en un basural entrerriano dio una mayor visibilidad a la dolorosa realidad de quienes se ven forzados a buscar alimentos en montañas de desechos.

“Si llego a ser elegido, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina”, prometía en octubre 2019 el candidato Alberto Fernández. La Mesa del Hambre, el Consejo Federal contra el Hambre, en realidad, fue una de las primeras apuestas de la gestión Fernández-Fernández, conformada por personajes como Marcelo Tinelli, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto Narda Lepes, María Cher, Antonio Aracre, Pablo Micheli, David Stalman e Hilda González de Duhalde. Hacia fines del año pasado y luego de haber mantenido algunas pocas reuniones cuyos resultados están a la vista, la Mesa se disolvió.

En un acto en Entre Ríos días atrás, el Presidente volvió a caer en desafortunadas expresiones. En este caso, sus reflexiones pusieron el foco en la industria hotelera y gastronómica, cuya pujanza actual ponderó: “Ahora resulta que las quejas que yo escucho son que, para ir a comer, hay que esperar dos horas; bueno, bienvenido sea”.

Como presidente de todos los argentinos, no puede desconocer la desesperante situación que viven más de 18 millones de pobres en el país, para quienes aguardar dos horas con la certeza de que podrán comer también sería toda una bendición. Tampoco puede desentenderse de su responsabilidad sobre este tema habiendo pasado más de tres años de gobierno, una gestión jalonada de mentiras y carente de programas serios que permitan avizorar un futuro menos dramático. Nos permitimos recordarle, por otro lado, que más de 1500 comedores escolares han visto notablemente incrementada la demanda y que la ayuda estatal que reciben es ineficiente, con redes de bancos de alimentos cada vez más activas y valiosas. Contrariamente, los gastos difundidos por servicios de catering y comilonas en ámbitos oficiales no han menguado.

Agregó en su alocución de estos días el Presidente: “Algunos seguirán enojados, otros criticando. Yo estoy convencido, cada día más convencido, de que es el tiempo de que el barullo de la política se calme un poco y empiece a sonar la sonrisa de la gente”. Lamentablemente, hoy es muy escaso el número de argentinos que sonríen cuando el recuerdo del triunfo mundialista va quedando atrás. Más bien todo lo contrario. Quien no resiste un archivo, había dicho también: “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”. Poco y nada se ha hecho desde ámbitos oficiales para revertir tan escandalosa situación. Un asistencialismo sin programas de fondo no resuelve el sonido de millones de estómagos vacíos bramando durante mucho más de dos horas.

Fuente: La Nación

La ocupación violenta de parques nacionales en la provincia de Río Negro por seudomapuches, la intrusión en campos productivos de Entre Ríos, las tomas de tierras en el conurbano y el reciente ingreso ilegal en la estancia de Lago Escondido no se explican por circunstancias particulares, sino que integran una estrategia mayor de demolición de las instituciones de la república. La remoción de la estatua de Colón, la reformulación de la historia en las escuelas, la llamada Justicia Legítima, la liberación de presos, la tolerancia y complicidad con el narcotráfico y el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación son parte de una regresión al autoritarismo tribal. O al populismo autoritario, en términos técnicos.

De nada vale un análisis erudito que demuestre que los mapuches no son un pueblo originario, sino que se instalaron en Salinas Grandes cuando Calfulcurá cruzó desde Chile y llevó a cabo la matanza de Masallé (1834). De nada vale probar que tampoco eran “ancestrales” en Mendoza, donde el gobierno nacional les ha entregado 25.000 hectáreas, pues también allí los chilenos exterminaron a los puelches originales. Tampoco vale esforzarse en explicar que carecen de derechos sobre Vaca Muerta las familias gününa küna que residen en el área de Rincón de los Sauces y Auca Mahuida.

Es inútil demostrar que el ingreso del Movimiento de Trabajadores Excluidos al campo de Etchevehere en Entre Ríos configuró un delito penal y que las tomas de tierras en el conurbano, conducidas por el propio Juan Grabois alegando falta de viviendas, son usurpaciones lisas y llanas. Tampoco sirve preguntar quién pagará los sueldos de las personas que trabajan en Lago Escondido cuando el propietario inglés se canse de las agresiones del exmontonero Julio César Urien y del médico militante Jorge Rachid, asesor de Axel Kicillof.

Entre tantas improvisaciones, se pone en juego el destino de una nación que fue milagro de desarrollo gracias a estadistas ilustrados que adoptaron una Constitución liberal, crearon la moneda nacional, sancionaron los códigos de fondo, ocuparon el territorio, promovieron la educación, cultivaron los campos, tendieron vías férreas, fundaron ciudades y atrajeron inmigrantes

Cuando de tierras se trata, por detrás de los activistas movilizados con fondos de organizaciones subsidiadas, se encuentra una caterva de oportunistas, punteros, agentes inmobiliarios, politicastros y zurupetos, expertos en crear situaciones de facto, utilizar niños indefensos y embarazadas, interponer amparos, amedrentar jueces, paralizar evicciones y detener desalojos en mesas de diálogo que convalidan hechos ilícitos y eternizan ocupaciones.

Pero nada de eso tiene importancia cuando el objetivo mayor es terminar con la división de poderes, la independencia de la Justicia, la libertad de prensa, el derecho de propiedad y las libertades individuales. Detrás de esas violaciones a derechos constitucionales, funcionales a la mercantilización de reclamos y monetización de piquetes, sobrevuela una ideología que utiliza a los mapuches, los pueblos ancestrales, las familias sin techo, los hortelanos entrerrianos, los manuales escolares, los jueces garantistas, los presos liberados, los narcos tolerados o la estatua del gran genovés como simples fichas en el gran juego de demoler los valores de la Ilustración.

Eso ya lo había advertido Juan José Sebreli en su Asedio a la modernidad (1991), donde criticaba el relativismo cultural como forma de erosionar los pilares de las sociedades occidentales, fundados en el pensamiento libre y el respeto por las personas. La razón humana, que permitió crear el lenguaje, diseñar instituciones, controlar el fuego, concebir la imprenta, utilizar el vapor, inventar antibióticos, aplicar el electromagnetismo, desentrañar el átomo, comprender la cuántica, desarrollar internet y expandirse con inteligencia artificial ha sido puesta en juicio por una supuesta “crisis del capitalismo”, como si China, Rusia, la India o Corea del Norte tuvieran una receta alternativa para curar el “malestar social” que aqueja al mundo. Ni sirven de modelos los países escandinavos, cuyo éxito se basa en la honradez, la transparencia y la confianza interpersonal, inexistentes en igual grado en el resto del planeta.

Esa crítica a la modernidad comenzó en Francia (París, mayo de 1968), por filósofos “posmodernos” y fue reflotada, con renovado vigor, en las universidades estadounidenses a través de la cultura de la cancelación y el progresismo woke o despierto. La razón cartesiana y la modernidad, su fruto virtuoso, serían armas de una cultura “eurocéntrica” para someter al resto de la humanidad imponiéndole sus valores. Los franceses, en tren de denostar la razón, llegaron a negar la superioridad del hombre sobre el resto de la naturaleza, equiparando el aullido a la palabra y el rizoma vegetal a las simetrías binarias de la lógica aristotélica. Para ellos, Voltaire y Montesquieu, Laplace y Lavoisier, Newton y Faraday, Sarmiento y Roca, Yrigoyen y Alvear serían cómplices de la expansión de esa cultura de sumisión en Occidente.

La crítica a la sociedad disciplinaria de Foucault y la deconstrucción del lenguaje de Derrida son planteos interesantes en el mundo académico, pero que, llevados a la práctica, tienden a deslegitimar el capitalismo y el orden social de las democracias liberales, sin ninguna propuesta alternativa que respete sus principios y asegure la creación de riqueza como aquel.

La Cámpora es ajena a esas teorizaciones. Con bastones de mariscales su misión es recorrer territorios, treparse en paravalanchas, tejer alianzas, comer asados, manejar cajas y negociar retornos. Cuentan con veteranos setentistas, antiguos terroristas o intelectuales gramscianos, quienes ponen letra para que politicastros y zurupetos justifiquen tomas y usurpaciones, liberen presos, enjuicien a la Corte o destierren a Colón, con razones que contrarían la razón.

Entre tantas improvisaciones, se pone en juego el destino de una nación que fue milagro de desarrollo gracias a estadistas ilustrados que adoptaron una Constitución liberal, crearon la moneda nacional, sancionaron los códigos de fondo, ocuparon el territorio, promovieron la educación, cultivaron los campos, tendieron vías férreas, fundaron ciudades, instalaron telégrafos y atrajeron los inmigrantes que fueron argamasa de la población actual.

La Argentina de los logros individuales y los orgullos colectivos, del esfuerzo y el mérito, del trabajo y la inversión, de la ciencia y la razón, de los derechos individuales y los derechos humanos construyó un capital social que debe preservarse antes que posmodernos, politicastros y zurupetos lo malgasten en provecho propio y para agradar a su mentora, Cristina Fernández, en su desesperada procura de impunidad.

Fuente: La Nación

Si la Argentina deseara recuperar la posición que tenía su economía en el ranking internacional a comienzos de los años cuarenta, debería mantener una tasa de crecimiento anual del 6,1% durante los próximos 20 años. Para lograr esto, a su vez, la inversión en capital productivo debería sostenerse por encima de un 30% del producto bruto interno (PBI). Es un desafío nada fácil para una sociedad que ha transitado por políticas populistas y que ha incentivado el dispendio consumista de algunos de sus ciudadanos y el enorme gasto improductivo de sus gobiernos. La Argentina de la libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal solo está en el recuerdo de los mayores. La altísima presión impositiva reduce hasta anular la capacidad de ahorro de quienes podrían hacerlo. Por otro lado, la inflación pone en ridículo a quienes depositan su dinero a un interés menor que la desvalorización de la moneda. Siendo usualmente el ahorro interno el principal sustento de la inversión en un país, su merma en la Argentina ha dejado para el ahorro externo, o sea la inversión extranjera, un rol importante en la creación de capital y en el crecimiento.

La convocatoria a inversores de otros países está sujeta a condiciones aún más exigentes que las requeridas por empresarios locales. Debe asegurarse que las utilidades puedan ser transformadas en moneda extranjera y que la tasa de cambio no sea discriminatoria. Este riesgo ha sido y es hoy un hecho concreto en la Argentina. El cepo cambiario deja en manos de funcionarios la aceptación de la conversión y, además, al no haber un mercado único y libre, también será arbitrario el tipo de cambio aplicado. Para mayor desaliento del inversor extranjero, no hay suficiente seguridad sobre la remisión de utilidades ni tampoco sobre la repatriación del capital invertido. Nadie accede a entrar en una habitación si sabe que atrás le cierran la puerta y que la llave la retiene quien dispone del poder. Eso se llama inseguridad jurídica.

Nadie accede a entrar si desde el poder no le aseguran que se podrá salir. Eso se llama inseguridad jurídica

La muy elevada presión impositiva es también un dato definitorio para quien tiene que elegir un país de radicación. Este factor juega tanto para extranjeros como para locales. Este abuso fiscal ha sido una característica que se viene arrastrando desde las gestiones presidenciales del matrimonio Kirchner. El impuesto a los bienes personales, que se determina sobre los activos de particulares, incide fuertemente sobre quienes poseen capitales accionarios de manera que ha motivado un éxodo de muchos empresarios hacia radicaciones impositivas más benévolas en Uruguay y Paraguay. Naturalmente, también tenderán a desplazar sus iniciativas de negocios. Por un impuesto que aporta solo un 1,9% de la recaudación, seguramente se sacrifican inversiones que multiplican ese monto.

La relación entre la inversión bruta fija y el PBI alcanzó el 21,2% en los nueve primeros meses de 2022. Es un nivel insuficiente para sostener un crecimiento que mejore la posición de la Argentina respecto del resto del mundo. Dentro de ese bajo nivel, la incidencia de la inversión extranjera ha caído en los últimos tres años. En 2022, la inversión externa directa alcanzó a solo 570 millones de dólares, lo cual significa menos del 1% de la inversión total. En 2019, el último año de la gestión de Mauricio Macri, ese registro fue de 2471 millones de dólares. Esta cifra ya marcaba una tendencia declinante originada en la crisis de 2018, que luego se acentuó con la pandemia.

La inversión es la base del crecimiento y de la creación de empleo. A través de la inversión se incorporan tecnología y competitividad. Este es el factor clave para lograr incrementar la productividad laboral, que es soporte genuino del aumento del salario real. La pobreza solo se vence de esta manera y no mediante planes sociales. Crear las condiciones institucionales y económicas para impulsar la inversión será el desafío más importante de quienes gobiernen nuestro país a partir del próximo 10 de diciembre.

Fuente: La Nación

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En reiteradas ocasiones nos hemos referido a una dependencia oficial cuya creación ha servido mayormente para seguir engordando el gasto estatal, convirtiéndose en otra vergonzosa billetera para los amigos. El Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, que desde su constitución, en 2019, emplea a más de mil personas, es claro ejemplo de la irracionalidad en la asignación de los recursos de todos los contribuyentes.

Puesto a justificar su existencia, el organismo propone, desarrolla y avala cuestionables programas. Su presupuesto aumentó un 188% respecto del año anterior, afirma el diputado provincial Nahuel Sotelo, del bloque Avanza Libertad. “Acá se van millones y millones de pesos en programas como Construir Igualdad, Masculinidades para la Igualdad y Una Provincia Todos los Colores”, agregó. Con razón, se cuestiona cuál es la jerarquía que se asigna a las necesidades, en un país con alarmantes tasas de pobreza e indigencia, para distribuir los fondos públicos.

El gobernador Axel Kicillof desempolvó viejas prácticas. En 2021, había lanzado el programa Desendeudadas, destinado a mujeres bonaerenses mientras las alentaba “a mantener bien alta la bandera de conquistas”. Hablaba también por entonces de que ese programa constituía “un instrumento de transformación y creación”. El tiempo transcurrido no parece haberle dado la razón, toda vez que, en 2023, debe recurrir, una vez más, al mismo instrumento. Anunció así, en enero pasado, la creación por decreto de un fondo fiduciario para “compra de deuda” a mujeres con domicilio real en la provincia que se encuentren en dificultades para afrontar los compromisos de pago asumidos con entidades crediticias registradas en el Banco Central. Como corresponde a los procederes oficiales, los dineros saldrán de las rentas generales bonaerenses y de aportes del Tesoro Nacional.

Kicillof es de los que aún creen que la inflación argentina es parte de un escenario global. “Hay una situación compleja en parte agravada y potenciada por una cuestión mundial que no termina de resolverse, después de la pandemia y cuando todos pensaban que se venía una paz, y lo que ha venido es una guerra que generó un proceso inflacionario mundial”. Claramente no estaría en condiciones de explicar los bajos índices de países vecinos como Brasil y Uruguay, pero responde al discurso unificado con el fin de deslindar responsabilidades y, mientras tanto, sigue gastando.

Mientras la oposición reclama a Massa que recupere urgentemente el superávit fiscal y cuestiona el aumento de la deuda en pesos, el BCRA continúa endeudándose y duplicando cada seis meses la base monetaria al emitir para cubrir intereses. El economista y diputado nacional Luciano Laspina advirtió sobre una “expansión histórica de la deuda del Tesoro, que llega a un equivalente de 83.000 millones de dólares”, y cuestionó a Massa porque considera que no se han hecho ajustes estructurales, sino solo postergaciones de pagos.

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad justificó el programa que busca “favorecer la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad que se encuentran endeudadas”, aunque el decreto no precise, entre otras cuestiones, qué se entiende por “vulnerabilidad”. Acotar la preocupación exclusivamente a la llamada feminización de la pobreza podrá servir para justificar el trabajo de un ministerio, pero no podrá ocultar que la ausencia de políticas de ajuste de gastos, inversión y desarrollo que promuevan la creación de empleo genuino afecta al conjunto de la población. Ese Estado en falta es el que sigue hipotecando el futuro de los hombres y las mujeres que habitamos este suelo.

Los planes de pago contemplan una irrisoria tasa nominal anual del 9%, a pagarse en 60 meses (cinco años). El fondo tendrá una duración de diez años y se ha previsto incluso que sea renovable. Lejos de apuntar a resolver los problemas, nuevamente vemos cómo un gobierno irresponsable alarga la mecha con fines claramente electoralistas.

La madre de las batallas electorales se disputa en la provincia de Buenos Aires. No hay tiempo que perder cuando el escenario luce ya tan complicado para el oficialismo, agravado en estos días por los resultados del Censo 2022, que confirman groseras diferencias de datos en un distrito clave como La Matanza. Con pésimos resultados de gestión, una población golpeada y cansada de promesas, con un futuro tan incierto como inquietante, nadie duda de que el sistema de dádivas será otra vez el elegido por quienes nos gobiernan en sus denodados esfuerzos por captar votantes.

Fuente: La Nación

Cuando hablamos del sistema tributario de un país no solo nos referimos al conjunto de tributos vigentes, sino que, por sistema, presuponemos también armonía entre los impuestos entre sí y respecto de los objetivos fiscales y extrafiscales del Estado.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-reparto-de-gravamenes/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-XZNT6REVOJANDMRCUN45ET66LA-0&parentTitle=El%20desprop%C3%B3sito%20de%20nuestro%20r%C3%A9gimen%20tributario%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fel-desproposito-de-nuestro-regimen-tributario-nid06022023%2F

Es evidente que en la Argentina no contamos con un sistema tributario, más bien deberíamos hablar de un régimen tributario con un único fin recaudatorio, caracterizado por su voracidad, su complejidad y sus cambios permanentes, y una ausencia de certeza jurídica que determina también su imprevisibilidad.

En nuestro país, la presión tributaria se origina en un sinnúmero de impuestos nacionales, provinciales y municipales, estos últimos disfrazados bajo el nombre de “tasas retributivas de servicios”. Más de 160 gabelas diferentes, con la consiguiente complejidad y carga administrativa para su correcta determinación y pago.

La Nación se apropia en forma directa de los impuestos sobre el comercio exterior, o sea los gravámenes de importación y exportación que incluyen las retenciones sobre granos y demás productos.

En nuestro país, la asfixiante presión tributaria se origina en un sinnúmero de impuestos nacionales, provinciales y municipales, estos últimos disfrazados bajo el nombre de “tasas retributivas”

Si bien en cierta forma es razonable que determinados recursos tributarios sean asignados al Estado en forma directa, hacerlo con los derechos de exportación es un despropósito, pues se afecta la cantidad por producir y se disminuye la recaudación de los impuestos coparticipables: a mayor derecho de exportación, menor impuesto a las ganancias. Además, el principio rector a nivel internacional es que los impuestos los soportan los países receptores de los bienes y no los que los exportan.

Si analizamos de enero a noviembre 2022 la recaudación de impuestos más los recursos aduaneros, el mayor aportante es el IVA, un gravamen altamente regresivo, con el 37,23% de la recaudación. Le sigue el impuesto a las ganancias con el 29,44%, un bajísimo importe comparado con lo que representa en los países desarrollados, producto de la informalidad y de las condiciones económicas del país. El tercer lugar le corresponde a los derechos a la exportación con el 10,14% y, finalmente, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, aquel supuestamente transitorio gravamen de la era Cavallo, conocido como impuesto al cheque, con el 8,40%. Individualmente, el resto no es significativo.

El impuesto sobre los bienes personales representa el 2,59% lo cual refleja una alta evasión, además de ser el responsable de que numerosos argentinos hayan cambiado su país de residencia fiscal en busca de menor presión impositiva sobre sus patrimonios. De estos gravámenes, el reparto es el que se publica en la infografía que acompaña este texto.

Son más de 160 gabelas, con la consiguiente complejidad y carga administrativa, que distorsionan e impiden su correcta administración y pago

No todo lo que le corresponde a la Nación queda en ella; una suma importante regresa a las provincias por obra pública, por préstamos y transferencias discrecionales fundadas en favoritismos políticos, entre otras cuestiones.

Hay gastos que necesariamente deben ser a cargo del gobierno nacional, como los que corresponden, entre otros, a la defensa nacional, las relaciones exteriores, el Congreso Nacional y la justicia federal, y es razonable que una parte de los impuestos le sean atribuibles para poder afrontarlos. Pero muchas de las actividades que realiza el Estado Nacional deberían corresponder a las provincias, con una mejor administración de los recursos.

La consecuencia de este mal reparto es que las provincias no reciben los fondos que debieran recibir y, por lo tanto, deben crear sus propios recursos. El principal es el impuesto a los ingresos brutos, altamente distorsivo y regresivo, un recurso que no se reparte adecuadamente con los municipios debido al sobredimensionamiento de los gobiernos provinciales, con municipios también cargados de burocracia que inventan numerosas tasas por servicios muchas veces inexistentes. Urge entonces contar con un sistema tributario serio, en lugar de este régimen únicamente recaudatorio, voraz, multiplicado al infinito e incapaz de ofrecer certezas jurídicas.

Fuente: La Nación

Al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner reflexionó, en su habitual y altanero modo retórico, que si la República Popular China iba camino de ser la principal potencia económica del mundo en cinco años, “¿por qué debemos tener miedo de los chinos?” En mayo, el Congreso aprobó el “Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia del Neuquén en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”. Un permiso para explorar el espacio por 50 años en un emplazamiento de 200 hectáreas, concluido en 2017. El tipo de instalación admite rastreo de satélites de uso civil y pacífico, así como también para usos militares y de espionaje, tal como la intercepción de comunicaciones sensibles de otros países y el envío de mensajes encriptados, habiendo los Estados Unidos manifestado preocupación ante este último uso. Dos acuerdos preliminares entre las agencias espaciales de los dos países ya habían sido firmados en 2012.

A pesar de aquellas predicciones presidenciales, China no solo no se ha convertido en la primera potencia económica mundial, sino que ha sumado dudas crecientes acerca de la estabilidad de su régimen.

La referida base no es la única demostración del notable y creciente interés del régimen chino en la Patagonia argentina. La pesca ilegal que ese país realiza desde 2001 en nuestra zona económica exclusiva (ZEE), atacando incluso a fuerzas de seguridad nacionales, vuelve sumamente controvertidos y desventajosos los acuerdos de cooperación en materia de pesca que persigue Pekín. Sumemos también los deseos explícitos de construir represas sobre el río Santa Cruz y establecer un puerto en Tierra del Fuego.

La habilidad comercial china, sumada a su capacidad diplomática, luce brillante comparada con la errática, oscura, torpe e ingenua conducción de nuestras relaciones externas, preocupadas más por lo ideológico que por lo conveniente para la defensa de nuestro territorio

Como señalamos días atrás, ceder la operación y el manejo de algunos puertos patagónicos con la anuencia gubernamental a la potencia china para reabastecimiento de buques pesqueros, puerta de ingreso a la Antártida también, constituiría otro peligroso antecedente. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, desmintió recientemente por “disparatada” la versión sobre una base naval china en Río Grande, aunque sí reconoció un millonario acuerdo para la posible construcción de un polo petroquímico. El exsenador Federico Pinedo y el diputado Fernando Iglesias (Pro-Ciudad de Buenos Aires) exigieron la intervención de la Cancillería para “suspender” la “instalación del puerto”.

La diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica-Ciudad de Buenos Aires) adelantó que su partido denunciará a los responsables “de esta claudicación histórica en la soberanía de los argentinos a la que nos está sometiendo el kirchnerismo, merced a un relacionamiento internacional parcial, no consensuado, falsamente ideologizado y hasta pueril”.

Precisamente, la cuestión en sí no pasaría de la normal apetencia de cualquier potencia mundial, aunque en este caso se agrave por tratarse de un país que castiga el disenso y limita los derechos humanos, en peligrosa connivencia con un gobierno como el nuestro.

Como bien ha dicho la diputada Mariana Zuvic, se trata de una claudicación histórica de nuestra soberanía bajo un argumento tan ideologizado como pueril

El Tratado con China no prevé monitoreo de autoridades nacionales o internacionales ante discrepancias; deberá ser el gobierno argentino el obligado a proponer las alternativas y, en caso de que no las hubiera, el único recurso previsto son las negociaciones diplomáticas, francamente desfavorables para nuestro país per se, además de debilitado con contratos de swap vigentes para reforzar las escasas reservas de nuestro Banco Central.

Un detalle no menor es que las agencias gubernamentales chinas involucradas, más allá de los propósitos científicos que dicen perseguir, dependen directamente del Ejército Popular Chino, por lo que la hipótesis de un posible uso militar de las bases no sería descabellada. Menos aún cuando el acuerdo fija que, en lugar de que sean nuestros huéspedes chinos quienes tengan prohibido interferir o interrumpir las actividades regulares desarrolladas en la región, será la Argentina la que deba sufrir restricciones al libre ejercicio de su soberanía sobre su propio territorio. Esto así al punto de obligar a nuestro país a limitar sus atribuciones para dictar medidas “que puedan interferir con las actividades de China”. No solo la Argentina “deberá informar con la debida anticipación” la toma de decisiones sobre parte de su propio territorio soberano, sino que está obligada a “explorar soluciones alternativas” para no afectar las actividades de la base.

Neuquén no fue la única provincia que, en su momento, “puso a disposición” del gobierno chino “una parcela de tierra identificada como la más propicia”, sino que también el gobierno nacional dispuso en el tratado que “todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el gobierno de China para el establecimiento, construcción y operación” de la base y “las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la Argentina estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos, así como también de los impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA”.

Más allá de la existencia de discrepancias entre las versiones castellana e inglesa del Tratado (pues no son lo mismo “impuestos internos” que domestic taxes, llaman la atención los beneficios fiscales siendo que les fueron negados a la Agencia Espacial Europea cuando eligió la Argentina para construir una estación similar en Malargüe, Mendoza. No menos llamativo es que la empresa argentina seleccionada para construir la base china en Neuquén (a la que alcanzan los efectos de esa amplia exención fiscal como contratante del beneficiario) figura en lugar más que prominente en la causa judicial conocida como “los cuadernos de las coimas”.

La habilidad comercial china, sumada a su capacidad diplomática, luce brillante comparada con la errática, oscura, torpe e ingenua conducción de nuestras relaciones externas, preocupadas más por lo ideológico que por lo conveniente para la defensa de nuestra soberanía. Consiguieron un triunfo importante al asegurar la presencia china en la Patagonia con el poco verificable argumento de una base científica, a la que, por lo que parece, pocos interesados habrían podido acceder hasta el momento.

El problema no es solo nuestro: en varios países en vías de desarrollo el grado de creciente dependencia de China genera preocupación. En la Argentina, las concesiones efectuadas por el gobierno a organismos dependientes del Ejército Popular Chino no constituyen simples presunciones, sino que están reflejadas explícitamente en un tratado que muchos de nuestros representantes aprobaron, con su habitual desaprensión por la cosa pública cuando se trata de no afectar los intereses personales o los desvaríos ideológicos de sus líderes.

Considerar nuevas y mayores facilidades a China para establecer instalaciones estratégicas en nuestro país impone tomar conciencia de las graves consecuencias que ello pueda aparejar y adoptar las salvaguardas necesarias para evitarlas. Los errores en este delicado terreno de una tan irresponsable como escandalosa gestión de gobierno hipotecan gravemente nuestra soberanía.

Fuente: La Nación

Una multitudinaria audiencia abstraída en el minuto a minuto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ciertamente con un veredicto que será tan relevante como ejemplificador, relega de su atención muchas otras situaciones que pueblan la actualidad.

Ante el silencio proporcionalmente muy superior respecto del enorme ruido fabricado en torno al trágico desenlace del joven Báez Sosa, el caso del asesinato de Lucio Dupuy revela también dónde se posa la mirada de una ciudadanía que parece anestesiada.

Con ambos juicios concluidos, el veredicto por la muerte del niño de 5 años se espera para el 2 de febrero, cuatro días antes de que se conozca el fallo de la Justicia de Dolores en el caso Báez Sosa. Pero poco hemos oído sobre Lucio.

El niño murió en Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021 tras los castigos físicos y vejaciones de los que se acusa a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez. Detenidas desde entonces, la fiscalía pide para ambas prisión perpetua por haber cometido un “homicidio calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante” cuyos espeluznantes detalles decidimos omitir, sin dejar de señalar el “ensañamiento y alevosía”, agravados por el vínculo que pesa además sobre la madre.

La investigación reveló un largo historial de violencia doméstica contra el niño con graves indicios desatendidos: se supo que Lucio había estado cinco veces en un lapso de tres meses en centros de salud por lesiones y fracturas. A nadie pareció llamarle la atención, mientras el proyecto sobre “prevención y detección temprana de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, llamado “ley Lucio”, lleva meses cajoneado en el Congreso y ahora se trataría en sesiones extraordinarias.

Las intensas gestiones judiciales de Christian Dupuy, el padre, no prosperaron. Equivocadamente, muchas veces no se considera que un padre pueda ser mejor progenitor para un niño que su madre. Luego de que Lucio viviera de común acuerdo entre su madre y su padre, y también con sus tíos, en 2020 la Justicia le otorgó a la madre la tenencia completa. Su reclamo para hacerse cargo del hijo no nació de una amorosa o instintiva mirada maternal. Por el contrario, parece explicarse en la necesidad de canalizar el odio por el género masculino; lisa y llanamente, otra forma de violencia de género según la cual solo el hombre es capaz de cometer ese delito, nunca a la inversa.

Esa perspectiva de género unilateral configura una ideología cada vez más instalada. La mujer será sujeto de beneficios, siempre victimizada ante una figura masculina “mala y abusiva”. Un enfoque sin grises, con oprimidas y opresores. Una mirada parcial a la que no debemos acostumbrarnos.

En una sociedad mal llamada “progresista”, como la que muchos pugnan por instalar, en la que poco se respeta a quienes piensan distinto, las nuevas corrientes denuestan la heterosexualidad, exaltan los feminismos extremos –capaces de hacer temblar al más íntegro y respetuoso de los hombres–, desprecian la institución familiar tradicional, anteponen la autopercepción a la realidad y restringen los derechos solo a quienes comparten ideología. Pero la violencia no tiene género ni edad.

Hoy, la controvertida jueza Ana Clara Pérez Ballester está siendo cuestionada por haber entregado al niño a una madre que lo había abandonado durante dos años, sin un simple estudio socioambiental o psicológico. No se preservó el interés del menor de edad. Ciertamente, hay sectores de la Justicia que adolecen de perspectiva de género. El Estado falla también en esto.

Los chats entre ambas acusadas mostraron no solo el encono hacia Lucio y cuán molesta les resultaba su masculina presencia para su relación de pareja, sino también cómo planeaban ocultar las lesiones infligidas al menor. El Ministerio Público Fiscal calificó de “castigos inhumanos” a los que el niño era sometido: falta de comida, interminables penitencias, palizas, golpes en la cara y en el vientre hasta hacerlo vomitar, heridas por cigarrillos apagados sobre su piel, amenazas y no mandarlo al jardín que tanto disfrutaba, como castigo y para que las maestras no vieran las lesiones, entre otras temerarias acciones.

“En mis casi 30 años de profesión, nunca vi algo así”, expresó el médico forense a cargo de la autopsia.

El abuelo paterno denunció lo que era evidente: que los ataques que terminaron cobrándose la vida de Lucio estuvieron fundados en cuestiones de género. “A Lucio le cortaron los genitales a mordiscones”, relató. Aun así, en sus tan lamentables como cínicos alegatos, las acusadas volvieron a victimizarse y a atacar al padre de Lucio, justificándose por lagunas mentales, traumadas y abatidas aseguran que extrañan al niño.

Como en tantas otras situaciones que ameritarían que las instituciones defensoras de los derechos humanos alzaran la voz, el silenciado crimen de Lucio no agitó las reacciones esperadas. Muchas de esas organizaciones prefieren mirar para otro lado cuando un integrante merece castigo. Es más fácil proclamar una inclusión que sea solo cambiar una letra. El peso de los nuevos “modelos” se agiganta. La educación, muchos medios y el Estado contribuimos para que así sea. Y llegamos al punto de desgranar morbosa y masivamente el “machismo” violento de un grupo de jóvenes inadaptados y a invisibilizar el atroz crimen de un par de mujeres desequilibradas. La perspectiva de género nos obnubila, nos quita objetividad, nos arrastra de manera irracional. Abramos los ojos. No dejemos que otros editen la película.

Fuente: La Nación