Categoría: Entrevistas

Cada año, flotas pesqueras, mayormente chinas, llegan hasta las aguas del Atlántico sudoccidental con el objetivo de capturar, principalmente, el calamar Illex argentinus, la segunda especie de calamar más pescada en el mundo.

Se las conoce como flotas de aguas distantes, embarcaciones que, gracias a los subsidios de sus Estados de bandera, al trabajo semiesclavo de sus tripulaciones, a la ausencia de regulaciones que cumplir y a la asistencia de embarcaciones que operan como naves nodrizas, pueden permanecer navegando durante extensos períodos, capturar más productos de mar, más barato y en lugares cada vez más lejanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) denomina esta actividad pesca ilegal, no declarada y/o no reglamentada o pesca Indnr.

La concentración de embarcaciones al límite de la zona económica exclusiva (ZEE) de la Argentina es un caso inédito a nivel mundial, que llega a superar las 550 embarcaciones. Arriban en noviembre y alcanzan su máximo número en febrero. Ejecutan su actividad en aguas internacionales sin ningún tipo de control, sin respeto a normas sobre períodos de veda, descartes o captura de especies protegidas. A ello se suman las incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional. Tampoco respetan regulaciones en materia de contaminación de las aguas –vertidos de desechos– ni sobre los derechos que asisten a sus tripulantes.

Esa pesca sin control dentro o fuera del límite de la ZEE genera un impacto ambiental negativo en el ecosistema marino y en los recursos pesqueros de la región, debido a que es la base de la cadena trófica de otras especies, como la merluza común y, a su vez, es alimento de delfines, cachalotes, elefantes marinos, pingüinos y albatros, entre otros. Además, compite de forma desleal con la del país en los mercados internacionales, destino de más del 90% de las capturas de la flota argentina, al colocar productos subsidiados y que no cumplen con ningún requerimiento ambiental ni laboral.

Las principales razones por las que las flotas de aguas distantes eligen el Atlántico Sur son la riqueza biológica y la abundancia de algunas especies; la flexibilidad logística de contar con un puerto en Montevideo, sin que nuestra Cancillería haya elevado queja formal alguna, y la ausencia en el Atlántico Sur de un acuerdo u organismo que regule la explotación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, como sí existe en casi todas las regiones del mundo. Esto no se ha concretado hasta el momento, en parte, debido al conflicto de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido por las islas Malvinas y por la ausencia de una política diplomática que busque una alternativa al descontrol pesquero actual.

No basta con el patrullaje en la ZEE, siempre insuficiente, ni con los reclamos ante la Organización Internacional de Comercio por la quita de los subsidios. Mucho menos cuando, en los últimos meses, las autoridades provinciales y algunos sindicatos presionan incluso por habilitar puertos argentinos para la asistencia de más de 400 buques de la flota de aguas distantes china. Aducen que se generarían puestos de trabajo, pero a costa de los intereses del país, con franco rechazo de las empresas argentinas que denuncian competencia desleal. Sumado esto a que, en los últimos años, compañías chinas han comprado empresas argentinas, lo que les permite pescar dentro de la ZEE. Sería importante establecer cuáles son los vínculos de estas firmas con las embarcaciones que han hecho incursiones ilegales en esa zona o depredan los recursos en la milla 201. Trabajar para desalentar la pesca ilegal extranjera y que, al mismo tiempo, las autoridades provinciales oficialmente proyecten otorgarles facilidades constituye otra grave incoherencia cuyas consecuencias no se están midiendo. El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, rechazó cualquier posibilidad en este sentido.

Otros países, solos o en conjunto, adoptan cada vez más medidas para combatir la pesca Indnr. Por ejemplo, en la región, y a través de negociaciones diplomáticas, Ecuador logró en 2021 que la flota china se mantenga a una franja de distancia de 50 millas náuticas de la ZEE de los países del Pacífico Sur. Cabe destacar que la flota china opera frente a la ZEE de Ecuador desde 2017 y que no ha realizado incursiones de pesca ilegal, como sí lo viene realizando en el Mar Argentino desde 2001.

En el contexto de la Organización Mundial del Comercio, los países miembros vienen avanzado en la quita de subsidios y, paralelamente, cada vez más mercados, como el europeo, el japonés o el norteamericano, implementan requisitos de trazabilidad de los productos de mar para identificar e impedir el ingreso a sus mercados de toda pesca sospechada de Indnr. Organizaciones locales como el Círculo de Políticas Ambientales trabajan desde hace años para la implementación de un sistema de trazabilidad en la pesca en la Argentina. A pesar de que no se le da la relevancia que tiene, la pesca en nuestro país es una de las principales actividades económicas y una fuente muy importante de ingreso de divisas: más del 90% de las capturas marinas se exportan.

El patrullaje en la ZEE resulta insuficiente, más allá de que el ministro de Defensa haga un buen balance del primer año del Comando Conjunto Marítimo (COCM) al afirmar que –cuesta creerle– no ingresaron buques ilegales a la ZEE. La Argentina debe recurrir a otras estrategias para hacer frente a esta actividad que afecta los recursos pesqueros de la región y que deben estar orientadas al comercio y a la política exterior.

Iniciar un proceso de exploración de un instrumento que permita avanzar en la creación de un organismo que ordene la actividad en aguas internacionales en el Atlántico Sudoccidental junto a los países de la región, realizar los reclamos necesarios ante el gobierno chino por el accionar de sus flotas, no acceder a las presiones para habilitar puertos de la Patagonia para la asistencia de aquellas, sancionar e implementar una ley de trazabilidad de la pesca y cooperar con los países de la región para establecer estrategias comunes frente a la amenaza de la pesca Indnr son acciones de base que el gobierno nacional debería instrumentar sin demoras.

Urge también descartar cualquier avance de intereses foráneos que pongan en peligro nuestra soberanía y las divisas que puede redituarnos una valiosa actividad como la pesquera.

Fuente: Infobae.com

Las cifras sobre consumo de alcohol por parte de adolescentes y jóvenes no dejan de alarmar. Un informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense indica que el 21,2% de los adolescentes inicia esa ingesta entre los 12 y los 13 años. El 30,06% lo hace a los 14, seguido por los de 15 (27,49%). Entre otros datos, el estudio arroja que el 78,5% de los entrevistados dijo haber tomado alcohol alguna vez en su vida, el 65,2% lo bebió en el último año y el 52,8%, en el último mes.

Los datos surgen del informe a cargo de Guido Lorenzino, realizado entre agosto y septiembre de 2021, por medio de una encuesta digital con cuestionario cerrado, voluntario y anónimo, a una población de 1000 alumnos de entre 12 y 18 años de escuelas bonaerenses.

Sobre los riesgos de ese consumo, el especialista en medicina interna y toxicología y director del sitio web Toxicología Hoy, Francisco Dadic, alertó que “el alcohol es una sustancia psicotrópica y psicoactiva que provoca modificaciones estructurales en el cerebro”. En opinión de Pablo Bonacci, pediatra especializado en adolescencia del Hospital Alemán: “Desde lo neurobiológico, el cerebro de los adolescentes está en desarrollo, incluso hasta los 20 años, y el alcohol puede desencadenar alguna alteración”.

Juan Gossen, integrante del observatorio a cargo del estudio, calificó la situación de “extremadamente peligrosa” y explicó: “La enzima que metaboliza el alcohol recién se termina de desarrollar en el organismo después de los 18 años. Es decir, las consecuencias que puede sufrir un niño o adolescente a partir de una borrachera son realmente muy graves”. Esto sin considerar que las conductas activadas por el alcohol, individuales y colectivas, resultan también peligrosas para el resto de la sociedad, ya sea porque conduzcan un vehículo o se involucren en una pelea.

Otra modalidad juvenil de consumo de alcohol es la conocida como binge drinking o consumo episódico excesivo, cuando la ingesta de más de cinco tragos se realiza en una sola ocasión. En los casos más extremos, puede conducir a la muerte.

Según Dadic, el mayor peligro radica en que produce cuadros importantes de intoxicación. “Las concentraciones de alcohol en sangre que llegan a tener estos chicos son muy elevadas y esto provoca, primero, una desinhibición; después, trastornos en el habla, en la coordinación (ataxia), dificultades motoras, somnolencia, y pueden llegar a cuadros de coma (…) En algunos casos, terminar en la muerte”.

Como ha sido señalado en reiteradas oportunidades desde esta columna, la familia y la escuela ocupan un papel fundamental como promotoras del diálogo, pero el compromiso del Estado y de los fabricantes de bebidas alcohólicas no debe soslayarse.

Fuente: La Nación

Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, nuestra Constitución nacional establece la facultad de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o convocar a extraordinarias “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.

No lo dice explícitamente la Ley Fundamental, pero se sobreentiende que esa urgencia refiere a cuestiones impostergables para el funcionamiento del país y, muy especialmente, a temas que afectan a la ciudadanía y que es menester atender para intentar hallarles una solución.

De los 27 proyectos de ley que Alberto Fernández incluyó en el actual temario de extraordinarias, cuatro refieren a la Justicia, simplemente porque el oficialismo no está de acuerdo con los fallos que controlan la constitucionalidad de los actos de gobierno o que condenan a funcionarios y a exfuncionarios por gravísimos delitos contra la administración pública. Es decir, propone cambios y acusa sin fundamentos valederos porque le perturba la sana independencia de poderes y no siente el más mínimo reparo en abjurar del Estado de Derecho y de los principios republicanos que nos rigen.

Lo que está haciendo el Presidente con esta convocatoria es de una gravedad inusitada. No solo porque propicia el juicio político a los miembros del máximo tribunal del país por mera venganza, sino que lo hace subvirtiendo otra disposición constitucional que prescribe que solo la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema” por causales que, teniendo en cuenta las que hoy se invocan respecto de los miembros de la Corte, resultan a todas luces improcedentes.

Que en el mismo llamado a sesiones, que comenzarán hoy, se envíen proyectos para ampliar la cantidad de jueces del más alto tribunal del país y para discutir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura bajo amenaza de que, si no se consigue por ley, se haría por decreto, es más de la misma aberración jurídica y de otra deleznable afrenta política.

El actual es el cuarto llamado a extraordinarias en lo que va del gobierno de Fernández. En el primero, de los 11 proyectos que envió, se trataron seis; en el segundo año, anunció 25 y los legisladores le aprobaron apenas cuatro; en 2022 envió un temario de 18 y no se aprobó ninguna ley de su procedencia. Debería analizar el Presidente si lo que a él y sus acólitos les preocupan son realmente las prioridades de la población.

En el temario que acaba de enviar al Congreso ni siquiera figura la reforma de la fallida ley de alquileres, que afecta tanto a locadores como a locatarios, ni la adecuación de la de teletrabajo, que quedó a media agua al retomarse la presencialidad, solo por citar un par de ejemplos. En el listado, apenas si se enumeran cuatro proyectos vinculados con la salud y uno con las residencias médicas; tres iniciativas referidas al ambiente; otra en materia previsional y no exenta de críticas por cuanto crea el “Plan de pago de deuda previsional”, como si los jubilados pudieran esperar mucho más tiempo para que la Anses se digne a abonar lo que les debe; la controvertida creación de más universidades nacionales; proyectos económicos que reclama el ministro Sergio Massa –entre ellos, un nuevo blanqueo de capitales y la modificación del Indec-, y, como era de esperar, cambios al presupuesto nacional.

Si, como todo anticipa, Juntos por el Cambio –la segunda minoría de la Cámara baja– se opone a dar quórum en tanto persista el intento de enjuiciar políticamente a la Corte, es probable que este año replique los resultados del precedente en extraordinarias.

De suceder eso, las verdaderas necesidades ciudadanas que deberían debatirse en el Congreso tendrán que esperar hasta marzo, cuando arranque un nuevo período de sesiones ordinarias. Mientras tanto, no cabe duda de que el oficialismo seguirá empleando todos los medios a su alcance para intensificar la campaña sucia que comenzó hace ya mucho tiempo con la esperanza de obtener réditos en este nuevo año electoral. Negarse a acatar fallos de la Corte y pretender que el Congreso la someta a peritajes y allanamientos solo admisibles en el ámbito penal, institucionalizar escuchas ilegales para sostener el relato, amenazar con vaciar la Justicia de funcionarios probos y valientes y con reemplazar leyes por decreto son algunos de los aberrantes mojones en esta ruta del autoritarismo más rancio.

Hace pocos días, en un artículo titulado “El juicio político no es un tema de extraordinarias”, su autor, el abogado y dirigente de la UCR Raúl Lo Sasso, se preguntaba si el oficialismo, con su diatriba y sus feroces arremetidas, pretenderá que todos colaboremos con el circo que busca instalar. Tras lo cual escribió: “Llegué a la conclusión de que es un circo sin carpa, un mero desfile vocinglero que solo pretende la mentira y, como dijo el recordado Antonio Escohotado, ‘la verdad se defiende sola, la mentira necesita ayuda del gobierno’”.

Fuente: La Nación

Hoy hablamos de la importancia de estrechar las distancias entre el ciclo vital, esto es la esperanza de vida, y el ciclo de salud. Nadie en su sano juicio desearía solo sumar años si la calidad de vida no acompaña. A buen ritmo y debidamente fondeadas, se multiplican las investigaciones científicas dirigidas a profundizar en las raíces de las enfermedades más que solamente pensar en cómo remediarlas cuando aparecen. La economía plateada asoma cada vez con menos timidez para plantear más oportunidades, mientras que la edad prospectiva, aquella que mide los años que nos quedan por delante en lugar de los que hemos cumplido, empieza a reemplazar a la cronológica.

Cualquiera sea la mirada, hay coincidencia respecto de los enormes beneficios de socializar a medida que transcurren los años. Una cadena de supermercados holandesa con más de 700 locales viene siendo noticia desde 2021 por haber inaugurado una fila de caja lenta especial para clientes que, sin apuro, puedan querer dedicar unos minutos a conversar con la cajera, como parte de la iniciativa más amplia “Uno contra la soledad”, en favor de acompañar a adultos mayores. En España, adoptaunabuelo.org propuso escribir una carta para Navidad a tantos mayores solos y convocó a más de 160.000 escribas.

Es que la realidad de quienes llegan a etapas avanzadas de la vida puede ser sumamente dura, particularmente dentro del ámbito familiar y del sistema de salud, en ciudades además poco amigables para las personas mayores. Sus pedidos de asistencia se incrementaron un 25% de enero a octubre últimos, según reveló el Programa Proteger, del Ministerio de Salud porteño. El 83% denunció violencia intrafamiliar o doméstica y 7 de cada 10 refirieron maltrato psicológico. Víctimas mujeres en un 75% y con un 65% de victimarios hombres, más de la mitad de los pedidos son de personas de 75 años o mayores, sujetos de distintas formas de abandono en un 25%, 20% por maltrato ambiental (romper cosas en la casa de la víctima), 16% por maltrato económico o patrimonial y otro 16% por maltrato físico. Imaginemos las tremendas secuelas, en directa proporción con el tiempo que se prolongaron los abusos, basta pensar que se trata de sus propios hijos en un 53% de los casos, o de personas de su entorno que, en muchos casos, conviven con ellas, así como también de maltrato institucional. Cuadros de depresión o irritabilidad ante su autonomía y su autoestima minadas, soledad y desesperanza… Médicos que carecen de formación en gerontología o geriatría deben ser capacitados para detectar manifestaciones de estos traumas en la salud y brindar asesoramiento, asistencia o derivación.

El Programa Proteger da visibilidad y concientiza sobre los derechos de las personas mayores y las acompaña desde un abordaje integral a través de su línea 0800-222-4567. Todos podemos saber de alguien que necesite ayuda. Estamos ante un delito oculto, que puede y debe adquirir visibilidad en la sociedad para que la Justicia actúe en defensa de un segmento tan castigado. Instalar las temáticas y las miradas que plantea una nueva longevidad constituye todo un desafío cada vez más perentorio.

Fuente: La Nación

En economía, “tiempo” se llama “crédito”. No solo porque tomar un préstamo permite adelantar un gasto o inversión al presente, sino también porque se puede postergar la resolución de un problema. Justamente, eso es lo que ha estado haciendo el actual gobierno cuando se endeuda en el mercado local o con organismos internacionales.

En marzo del año pasado, la firma del acuerdo con el FMI logró financiamiento por casi 4500 millones de dólares. Se “evaporaron” en pocos meses, destinados a cubrir la pérdida de divisas que genera el atraso cambiario por el cepo. En septiembre, el ministro Sergio Massa viajó para reunirse con los directivos del FMI. Para reforzar el stock de divisas propias del Banco Central (BCRA), consiguió además préstamos de otros organismos internacionales por unos 2100 millones de dólares. Insuficiente aún para sostener las reservas, optó por avanzar con los “dólares soja” y adelantó así liquidaciones de exportaciones por unos 10.800 millones de dólares. Parte de ese ingreso anticipado corresponde a embarques que se estarán realizando este año y que, por lo tanto, no vienen acompañados de un ingreso de divisas. Nuevamente, esta medida cumple la función de un crédito en tanto permite “tapar agujeros” hoy a costa del futuro.

Una de las últimas noticias fue la activación de cerca de 5200 millones de dólares del swap, una forma de préstamo, del Banco Central de China que el BCRA podrá usar para pagar importaciones de dicho origen. Eso le permitirá disminuir la caída de divisas propias, por lo menos durante los próximos meses. Por supuesto, endeudarse para financiar la pérdida de reservas hace que el BCRA sea cada vez más insolvente y, por ende, vuelve cada vez más probable una crisis monetaria y cambiaria. Sin embargo, todavía cuenta con otras formas de seguir postergando la solución de los problemas, a costa de estar cada vez más quebrado. Una de ellas es la venta de dólares futuro por parte del BCRA. Este instrumento se usó “generosamente” al final de la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner e hizo mucho más difícil y costoso para los argentinos el salir del cepo que dejó su gestión.

“No solo de dólares vive el Gobierno”, sino también de pesos. Para financiar el elefantiásico y dispendioso Estado, el BCRA ha venido emitiendo a una velocidad crucero promedio de entre 40% a 50%; con picos diarios por encima y por debajo. Además de enviarle fondos directamente al Estado, ha venido comprando bonos del Tesoro en el mercado. De esa forma, logra que haya más demanda cuando la gestión nacional necesita hacer nuevas colocaciones.

El grave problema es que las necesidades del Tesoro para cubrir excesos de gasto eran en realidad muy superiores, lo que hubiera obligado a emitir mucho más, generando aún más inflación. Para evitar esto último y con el fin de poder brindarle más financiamiento, el BCRA ha tomado crédito en el mercado local. Hoy su deuda remunerada –así denominada porque paga intereses– es más del doble de la cantidad de moneda nacional existente, esto es la base monetaria. Se toma como referencia esta medida porque con lo único que el BCRA puede pagar esos pasivos es emitiendo pesos. Cabe imaginarse lo que pasaría con el valor de la moneda nacional si no fuera posible refinanciar esa deuda y hubiera que pagarla total o parcialmente “dándole a la maquinita”.

La situación se agravó cuando, para frenar la corrida cambiaria de julio pasado, el BCRA subió fuertemente la tasa de interés, a más de 100% (efectiva anual). Es cierto que logró su objetivo; pero eso implicó aumentar enormemente los costos de sus pasivos. Se estima que, solo para mantener el actual porcentaje de deuda remunerada respecto de la base monetaria, habrá que llevar el incremento de la emisión a más de 50% en el segundo trimestre y a un rango de 60%-70% en la segunda parte del año. Así que la maquinita de imprimir plata va a estar funcionando cada vez más rápidamente, acelerando la pérdida de valor del peso y, por ende, impulsando la inflación.

Por último, no solamente el BCRA paga las actuales elevadas tasas de interés, sino también el Tesoro, cuya deuda en pesos crece velozmente. Hasta ahora, ha logrado refinanciar los intereses y el capital, además de conseguir algunos recursos extras para cubrir los excesos de gastos del Gobierno. Además, ha ofrecido títulos en canje que le permitieron reducir los vencimientos del primer trimestre; pero muy pocos se animan a prestarle por un período que supere los comicios y solamente 2% de los pasivos vencen en el último trimestre.

Entre abril y septiembre de este año, se concentran más de $11.000.000 millones de pesos, equivalentes al 86% del total de vencimientos de deuda en pesos del año. Coinciden con el período previo a la elección presidencial, lo que siempre genera mayor incertidumbre y dificulta la colocación de títulos. Por ejemplo, tomemos por caso lo ocurrido en 2019 y el salto en la percepción de riesgo de la Argentina que siguió a las PASO. Quedó claro que era altamente probable que ganara el actual gobierno y nadie más quiso prestarle al Estado. El resultado fue la decisión de “reperfilar”, como se dice en la jerga al cambio de plazos sin cambio de montos, postergando el pago de la deuda que vencía en los meses siguientes.

Un escenario que contempla que la próxima gestión quede en manos de la oposición podría hacer que la situación no sea tan complicada, ya que habrá alguna apuesta esperanzada a un cambio de rumbo. Sin embargo, seguramente implicará refinanciar esos pagos a tasas muy elevadas y con la garantía cambiaria que les están dando a los actuales bonos “duales”. Esto último incrementará el costo del endeudamiento que inevitablemente enfrentará el nuevo gobierno tanto como el de salir de un cepo que es a todas luces insostenible.

Tomar crédito para ganar tiempo y resolver los graves problemas que tiene el país no necesariamente es una mala estrategia. Sin embargo, es muy preocupante cuando la decisión está en manos de una gestión que considera que no hay necesidad de avanzar en las impostergables soluciones de fondo. Eso quiere decir que el futuro gobierno heredará un país más endeudado y con un BCRA al borde de la quiebra, todo esto sumado a los actuales males fatalmente agravados. Cuando un gobierno de mira corta evita las decisiones de fondo se ve obligado a alargar la mecha dificultando desarmar la bomba o dilatando su inevitable estallido.

Fuente: La Nación

La decisión del gobierno bonaerense de subvencionar la presentación del actor Dady Brieva en Mar del Plata con un aporte pecuniario cuyo monto no se ha dado a conocer es producto de la discrecionalidad de Axel Kicillof para favorecer económicamente a artistas vinculados con el oficialismo.

En el caso de Brieva, la polémica excede largamente ese distrito. Se trata del mismo personaje que, en 2020, cuando el grueso de la población protestaba en las calles por la forzada y eterna cuarentena dispuesta por Alberto Fernández, dijo: “Tengo unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”. En otra oportunidad, reclamó “una Conadep para periodistas” que investigan la corrupción.

Precisamente, por esas definiciones totalmente provocativas y funcionales al ala más fanática del kirchnerismo fue que el público dejó de ir a verlo en temporadas pasadas, cuando se vio forzado a levantar espectáculos. Ante ese desafío de recuperar audiencia, el gobierno bonaerense sale ahora en su rescate. Lo hace con eufemismos y ocultando cuánto es el dinero que se le ha asignado. Ante la consulta periodística puntual, los funcionarios informan que se destinó un presupuesto de 94.139.000 pesos para 78 funciones, de las que participan 374 artistas, en la costa atlántica. Sobre el pago a Brieva, solo responden: “No podemos suministrar esa información”.

Durante una reciente entrevista televisiva, Brieva dijo que no quería ser “careta” con sus ingresos y sacó el siguiente cálculo: “Yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada. Para mí representa un palo doscientos. Con el 70%, me quedan 800.000 pesos. Para mí solo, es un lujo”. Sin dudas lo es, por cuanto su espectáculo es un unipersonal que demanda menores costos que una obra de teatro con las exigencias de un gran montaje.

A cargo de subsidiar a Brieva se encuentra la exactriz y actual subsecretaria de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto, quien tuvo un papel fundamental en la programación del Auditorium de Mar del Plata, que depende de su área, y donde se presentó Brieva durante dos noches.

Según Onetto, “los teatros estatales tienen la obligación de garantizar el trabajo a sus artistas y no funcionar como un teatro privado, en el que el artista arriesga y va a borderó” (a porcentaje). Parecieran no comprender tanto Kicillof como Onetto que el dinero del Estado no debe ser usado por los funcionarios como una caja de la política partidaria y que es muy distinto apoyar e impulsar a incipientes grupos creativos no conocidos por el gran público que dilapidar dinero de las arcas estatales en personajes como Brieva, quien, al mismo tiempo que recibe plata de los contribuyentes, se jacta de ir a borderó y cobrar 800.000 pesos por noche.

Hay muchísimas necesidades vitales insatisfechas en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, ha vuelto a subir a escena la vergonzosa red de intercambio de favores que rige para la militancia.

Fuente: La Nación

La ejecución de sentencias por reajustes de haberes favorables a jubilados y pensionados es, desde hace muchos años, otro dolor de cabeza para uno de los sectores más desprotegidos de la población.

Desde distintos ámbitos, se ha urgido por la agilización de los juicios previsionales. Lamentablemente, los recursos, verdaderas chicanas dilatorias interpuestas por la Anses, y las demoras para el cumplimiento efectivo de las sentencias hacen que la Justicia no llegue o llegue muy tarde para personas que, por su avanzada edad y muchas veces delicada salud, no están en condiciones de esperar.

Entre otras cuestiones, la Corte Suprema de Justicia se apresta a definir si la Anses debe comenzar a pagar costas cada vez que pierde un juicio previsional, algo que hoy evita y que le permite apelar hasta la última instancia judicial todo fallo que la condena a reajustar haberes jubilatorios, demorando largamente el cumplimiento de las sentencias.

Este injusto beneficio del que goza la Anses surge del artículo 21 de la ley de solidaridad previsional, de 1995, según el cual, si alguien demanda al organismo previsional, las costas recaerán en todos los casos en el demandante. Se trata de una norma que contraría el principio por el cual las costas deben estar a cargo de la parte vencida en el juicio.

En 2004, la Corte Suprema dictó un fallo en la causa “Rueda, Orlinda”, en el cual resolvió que aquel injusto artículo no era aplicable en los casos de ejecución de sentencia. El criterio según el cual no correspondía que la Anses quedara eximida del pago de costas fue ratificado en causas como “Becerra, Isolina” y “Patiño, Raúl”, por considerarse que desde el Estado se había actuado de manera arbitraria y abusiva. De ese modo, se declaró la inconstitucionalidad del artículo, pero observando las características de cada caso en particular.

En 2008, en cambio, en la sentencia de la causa del jubilado Vicente Flagello se resolvió por mayoría del alto tribunal la constitucionalidad del citado artículo. Quienes votaron por su validez argumentaron que la parte demandante no había probado que la demandada hubiera tenido comportamientos infundados o sin apoyo normativo “de modo tal que haya ocasionado irrazonablemente la necesidad y prolongación del juicio y los gastos consiguientes”. Pero, entre las argumentaciones del voto en disidencia, se citó que, por parte de la Anses, hubo un uso indiscriminado de recursos para dilatar la resolución de los juicios y el pago correcto a los jubilados, más allá de que podría considerarse que la primera dilación es el pago deficiente de los beneficios por vía administrativa, haciendo que los jubilados perjudicados se vean obligados a recurrir a la Justicia.

Existen otros fundamentos para sostener la necesidad de que se actúe de forma diferente. En noviembre de 2009, la Anses firmó un pacto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para agilizar el pago de los juicios. El organismo previsional se comprometió a no seguir apelando en las causas con reclamos sobre los cuales ya haya fijado jurisprudencia la Corte Suprema, pero en la práctica se siguieron y siguen cuestionando las sentencias de primera y segunda instancia.

Otro ejemplo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene rango constitucional en la Argentina. En uno de sus puntos señala que los Estados miembros “adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la Justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial”.

Un fallo de la Corte que impida a la Anses apelar en forma gratuita podría contribuir a desagotar la enorme cantidad de expedientes previsionales que llegan cada año al máximo tribunal y que, en muchos casos, se refieren a casos sobre los cuales este ya ha sentado jurisprudencia.

El número de reclamos de jubilados ante la Justicia ha crecido fuertemente a partir del fallo “Badaro”, de 2007, cuando la Corte ordenó al Estado reajustar el haber de un jubilado que no había recibido ninguna recomposición entre 2002 y mediados de 2006, pese a que en ese período hubo inflación. Solo en junio de 2006 se le había otorgado un reajuste del 11%. Los jueces sostuvieron que el ingreso mensual debía actualizarse, a diciembre de 2006, según la evolución del índice general de salarios del Indec, lo cual arrojaba una suba acumulada del 88,57%. Ese fallo solo benefició al demandante, por lo que todos los jubilados que se habían visto afectados por el congelamiento de haberes debieron recurrir a la Justicia para hacer valer su derecho.

La errónea política en materia de actualización de haberes que durante años dispuso el primer gobierno kirchnerista, consistente en aumentar las jubilaciones mínimas por encima del resto, no hizo más que achatar la pirámide, provocando un descenso en términos reales de las jubilaciones que superaban el monto mínimo, con la consecuente oleada de demandas judiciales. Más recientemente, se sumaron otros motivos para los reclamos. Entre ellos, la manera en que se instrumentó, por primera vez, la fórmula de movilidad aprobada por ley en 2017, y los efectos negativos de la suspensión, durante todo 2020, de esa modalidad de actualización de los ingresos previsionales.

Es de esperar que el máximo tribunal corrija esta manifiesta injusticia para que quienes forman parte de uno de los sectores más vulnerables y olvidados de la sociedad reciban la compensación que merecen sin tener que soportar los sufrimientos adicionales derivados de innecesarias y crueles dilaciones.

Fuente: La Nación

BOGOTÁ.– La prolongación de la guerra ruso-ucraniana será uno de los factores para observar, pues, al disminuir el suministro de gas natural a Europa, se ha incrementado el consumo de carbón, que contamina más. Una salida del conflicto sería una buena noticia desde el punto de vista humanitario y también ambiental. Pero no todos los augurios son malos. Un informe reciente reportó que la capa de ozono, cuyo agotamiento produjo una movilización global hace 30 años, se está recuperando y podría volver a su volumen normal en las próximas décadas. Es una demostración poderosa de la acción conjunta entre gobiernos, industria y consumidores.

Las esperanzas del mundo no deben cifrarse únicamente en la política, sino también en el progreso científico. Quizá un día se pueda obtener energía de la fusión de átomos. Y la energía nuclear tradicional de fisión, que tampoco emite gases de efecto invernadero, podría experimentar un resurgimiento. Se necesitan otros avances, en hidrógeno y tecnología de baterías, por ejemplo. El ambiente es la vida misma, incumbe y debe preocupar a todos.

Fuente: La Nación

La máquina de censura de China hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos tengan acceso a las imágenes de las protestas que han estallado en varias ciudades del país. Con las calles custodiadas por la policía y la información en internet bajo censura, las autoridades chinas intentaron contener un movimiento de protesta de alcances históricos, en el que la población reclamó más libertades y el fin de las restricciones sanitarias por el Covid.

Cualquier información sobre las marchas parecía haber sido eliminada de las redes sociales chinas. Las informaciones sobre el brote de Covid que ha sufrido el país asiático en los últimos días se han silenciado localmente, pero son ampliamente difundidas en el exterior, incluyendo el pedido de renuncia del recién nombrado presidente para un histórico tercer mandato, Xi Jinping.

En China es prácticamente imposible que la población proteste pacíficamente sin sufrir hostigamientos y procesos judiciales.

Hace poco se dio a conocer que el organismo de control de internet del régimen elaboró un borrador de ley para regular los servicios de redes sociales y las plataformas de video, revisando los comentarios escritos por los usuarios antes de que se publiquen. El gobierno chino censura internet para bloquear la disidencia y mantener bajo control a la población.

En los últimos días las autoridades chinas flexibilizaron algunas de las medidas de la política de “Covid cero”, lo que refleja que, a pesar de la maquinaria represiva del régimen, las protestas espontáneas lograron en parte el objetivo buscado. En uno de los peores momentos del Covid, se reabrirán las fronteras a partir de pasado mañana, luego de tres años de férreas restricciones al ingreso de extranjeros.

Los esfuerzos por reprimir la libertad de expresión y despreciar la protección de la privacidad de los datos son una clara evidencia de que los funcionarios del régimen chino se preocupan más por mantener el control del poder que por el bienestar de sus propios ciudadanos.

Fuente: La Nación

Sobre el cierre de otro año particularmente complicado, los ciudadanos fuimos sorprendidos por una nueva medida oficial artesanalmente diseñada para contrariarnos. La inoperancia de los funcionarios queda una vez más en evidencia cuando de buenas a primeras realizan tan rimbombantes como desafortunados anuncios, o silenciosamente los publican en el Boletín Oficial, sin medir su impacto ni, mucho menos, sus consecuencias.

El 27 de diciembre último, se anunció que las recetas digitales o electrónicas que fueron estrella en la pandemia perdían su vigencia. Fueron una solución prácticamente insustituible en tiempos de aislamiento, facilitando el vínculo médico-paciente que se había tornado forzosamente virtual para muchos, con el fin de reducir los contactos, los traslados y la presencia física en consultorios, hospitales y centros de salud. La orden para un estudio o para un medicamento llegaba al correo electrónico o al celular del paciente vía WhatsApp; se trataba de una simple foto que tenía el valor de una receta en papel y que evitaba demorar la implementación de las indicaciones de un profesional. Fueron claves para evitar la desatención o el agravamiento de numerosas patologías y hubiera sido deseable, por sus virtudes y fortalezas, que se mantuvieran.

La resolución 3622 del Ministerio de Salud anuló aquellas normas dictadas durante la emergencia sanitaria, cuya vigencia se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin aviso previo. De aquí en más, además de la receta en papel expedida de puño y letra o digitalmente por un profesional en su lugar de atención, un software, debidamente registrado ante las autoridades sanitarias, reemplazará las fotos que vastamente circularon hasta aquí. Entre los beneficios, que no se discuten, se menciona la seguridad del sistema y su trazabilidad. Una solución alternativa hubiera sido disponer y proveer masivamente un software, capacitar al enorme número de personal que habrá de utilizarlo y comenzar una transición progresiva y ordenada para que la implementación definitiva fuera luego del período de vacaciones y antes del comienzo del invierno.

A las molestias para los ciudadanos, se suma la sorpresa de los propios médicos, muchos de los cuales ya están saliendo de vacaciones. La falta de reglamentación de una ley de 2020 sobre cómo certificar la firma digital del profesional complica el escenario. Aquella norma disponía que la prescripción y dispensación de medicamentos, al igual que toda otra prescripción, podían ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional. Del mismo modo, autorizaba la utilización de plataformas de teleasistencia en salud que reunieran los requisitos técnicos y legales. Afortunadamente, la flamante resolución que deroga la vigencia de las recetas digitales o electrónicas exime a los afiliados del PAMI, pues esta obra social que asiste a jubilados y pensionados cuenta con un sistema que, de por sí, valida la competencia del profesional firmante.

No deberíamos sorprendernos de que la cartera sanitaria siguiera improvisando. Basta revisar su nefasto desempeño de los últimos años, primero en la persona de Ginés González García y luego con la ministra Carla Vizzotti, dos personajes que han demostrado estar lejos de poder considerarse a la altura de las responsabilidades de un cargo que impacta, por definición, en la vida de muchos. Sin eufemismos, no tienen remedio.

Si bien los nuevos softwares están operativos para prepagas, empresas de medicina privada y obras sociales, los cambios demandarán el reacomodamiento de todo el sistema. De hecho la Cámara Argentina de Farmacias se enteró con el anuncio, no antes, y debió advertir a sus asociados sobre la prohibición de recibir recetas en los viejos formatos digitales hasta aquí vigentes.

Así como en su momento los cheques solo tenían validez cuando eran emitidos de puño y letra y ahora su operatoria se ha digitalizado, algo similar se plantea con las prescripciones médicas. La telemedicina continuará afianzándose como medio complementario y la prescripción de recetas virtuales debería ajustarse en función de un estándar definitivo, debidamente reglamentado, consensuado y regulado. Para campear las críticas que suscitó el anuncio, se dispuso que las recetas digitales como hasta acá las utilizamos sigan vigentes para tratamientos crónicos hasta el 28 de febrero de este año, como así también para estudios. Son precisamente los pacientes agudos los que quedan afuera, otra vergüenza sanitaria.

Hasta que se extienda el uso de las nuevas herramientas digitales para recetar, los pacientes deberán volver a los consultorios toda vez que necesiten alguna indicación médica. Confirmamos que improvisación es el nombre del peligroso y macabro juego que sigue imponiendo el Ministerio de Salud. Poco podemos esperar de una dependencia turbia y oscura que no resiste auditorías, apenas informes reservados. Las renuncias de sus cabezas deberían llegar sin demora de puño y letra. La ciudadanía no las aceptará en forma digital.

Fuente: La Nación