Categoría: Entrevistas

La política económica del Gobierno apunta, por falta de otras evidencias, a sostener en el tiempo el cepo cambiario. Parece así desconocer una reiterada experiencia histórica. De los 22 controles de cambio aplicados en la Argentina antes del actual, 21 se intentaron sostener en el tiempo y terminaron en profundas crisis cambiarias y monetarias. De hecho, tres de ellos derivaron en los episodios hiperinflacionarios que vivió nuestro país.

No es difícil entender las consecuencias del control de cambios y lo podemos explicar con una experiencia que todos hemos vivido. Si, por ejemplo, se le pone un precio máximo a la cerveza, esta comenzará a escasear en las góndolas porque quienes las producen fabrican menos y algunos consumidores preferirán, a menor precio real, comprar más. Sucede lo mismo cuando el Banco Central de la República Argentina fija un tipo de cambio oficial artificialmente bajo y se abre una brecha con una cotización libre.

Comprar u obtener dólares al precio menor se convierte en un objetivo extendido, al igual que evitar tener que venderlos al precio oficial. Quien intente defender el precio bajo vendiendo stock, lo verá disminuir. Igualmente, el Banco Central termina agotando sus reservas internacionales. Como el tipo de cambio oficial no acompaña todo lo que se deprecia el peso, la oferta del mercado sigue reduciéndose obligando, a tratar de restringir la demanda en ese mercado. Esto es la restricción de importaciones, que tiene un límite. Es así, hasta que el Banco Central queda sin reservas propias, quiebra y todos los argentinos con él.

Durante 2022, se terminará usando más de 6000 millones de dólares de nuevo endeudamiento para que el Banco Central pueda seguir vendiendo dólares oficiales artificialmente baratos.

La liquidación anticipada de exportaciones con los “dólares soja I y II” no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, ya que, cuando los embarques de la oleaginosa hayan salido, no entrarán luego esas divisas.

Cada paso que se da en el sentido de ganar tiempo y, cada día que pasa sin resolver los problemas de fondo, se incrementan los costos de la salida del cepo. Esta salida puede ser ordenada o bien resultante de una crisis no controlada. Lamentablemente, si sucede esto último, la pérdida de credibilidad y el grado de insolvencia del Banco Central aumentarán las probabilidades de llevar a la Argentina a una cuarta hiperinflación. Ya sufrimos en carne propia el costo social y económico que esto implica, sobre todo en términos del empobrecimiento del conjunto de los argentinos.

Ante la pregunta de cómo se sale ordenadamente del cepo, lo primero que hay que entender es que será recuperando la confianza perdida. Esto no se resuelve con un simple plan de estabilización, sino solucionando los problemas de fondo que nos mantienen desde hace décadas en una continua decadencia y con crisis recurrentes.

Sobre el impacto de la recuperación de la confianza vale el caso de la remoción de aquel cepo que dejó como herencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Cambiemos logró disolver antes de que la bomba le estallara en sus manos. Para ello, anunció que haría las reformas estructurales necesarias para garantizar a los argentinos un futuro de normalidad. Se ganó en ese momento la confianza de la gente, lo que permitió una salida ordenada del control de cambios. De esa gestión también hay que aprender que las reformas hay que hacerlas porque, si no, vuelve a perderse la confianza, no solo de la gente, sino también de los acreedores del Gobierno. Eso derivó en otra crisis en 2018.

Tanto la gente como el sector productivo argentino están exhaustos, no resta margen para pedirles tiempo. Hay que realizar lo que hacen los países del mundo que hoy envidiamos por su capacidad de brindarle oportunidades de progreso a su gente y a los que migran muchos de nuestros hijos. Hay que reformar el Estado para que cumpla con eficiencia sus funciones indelegables a un menor costo que los argentinos puedan pagar con impuestos razonables.

Se necesita eliminar la maraña de más de 67.000 regulaciones que encorsetan la creatividad, el trabajo y la productividad de nuestra gente. Debe modernizarse la arcaica legislación laboral argentina que destruye empleo productivo. Con estas y otras reformas será posible generar condiciones para impulsar la inversión privada y crear más de cuatro millones de empleos en los próximos cinco años. Esto permitirá dar oportunidades laborales a quienes dejarán el sector público, más a los que ingresen al mercado laboral y también a aquellos que necesariamente dejarán de percibir planes sociales insostenibles.

El actual gobierno no parece entender la gravedad de la situación ni percibir que no se soluciona con un simple plan de estabilización o promesas de cumplir el acuerdo con el FMI. Varios equipos técnicos están trabajando en la formulación de programas de reformas. Algunos están relacionados con la coalición Juntos por el Cambio. Otros lo hacen desde posiciones de mayor autonomía. Tal es el caso de la Fundación Mediterránea y también el de la Fundación Libertad y Progreso, que acaba de publicar su quinta edición del libro Reformas para construir nuestro futuro.

Confiamos en que la próxima gestión instrumente inmediatamente las reformas estructurales prioritarias. De esta forma, disipará el riesgo de una nueva hiperinflación y, además, podrá lograr un país con un futuro de crecientes oportunidades de progreso y bienestar para todos.

Fuente: La Nación

En la reciente reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el ministro de Economía, Sergio Massa, simuló no entender muchas cosas que entiende perfectamente bien. Es parte del juego que aceptó jugar cuando le dio las fichas que le faltaban a Cristina Kirchner para ganar las elecciones de 2019.

“Los que piden devaluación desesperados destruyen el valor de sus compañías, no solo el ingreso de los argentinos”, arengó desde el podio. Aunque sabe bien que el valor de los activos locales está destruido desde hace mucho tiempo y el ingreso de la gente también. La solución no la tiene el sector privado, sino el gobierno que Massa integra y que utilizó la emisión desenfrenada para ganar votos con subsidios, empleos y transferencias en procura de la impunidad de la vicepresidenta.

Solo un programa de estabilización creíble y duradero recuperará el valor de las compañías destruidas y la holgura de las familias desahuciadas. Es el propio ministro, quien, al evitar hablar de ajuste y recurrir a devaluaciones parciales, invita a que todos pidan lo mismo, pues intuyen que nada bueno ocurrirá en los meses preelectorales. Los desmadres fiscales de Axel Kicillof, los desmanejos de Emilio Pérsico, el rechazo a los ajustes tarifarios y el control de “cajas” por parte de La Cámpora solo auguran más inflación y mayor pobreza.

No puede tener moneda fuerte quien quiere, sino quien puede. El atraso cambiario provoca una falsa fortaleza del peso en un doble sentido: en primer lugar, son pocos quienes logran aprovecharla, por las restricciones del Banco Central y, segundo, porque fija un valor artificial a la moneda provocando la renuencia de los vendedores a liquidar sus divisas y la avidez de los compradores a pedirlas de más. Es la razón de la brecha cambiaria.

Massa debería admitir que no alcanza con frases de utilería y acusaciones infundadas para superar la crisis, salvo que se conforme apenas con una mención en los “premios Néstor” a la lealtad ciega kirchnerista

Adoptar al dólar como ancla de la economía implica asumir el compromiso moral de manejar la política fiscal y monetaria en forma consistente con la cambiaria. Es un cinturón que la barriga no debe forzar, pues, si lo hace, al final se rompe como ocurrió en la convertibilidad.

Cuando se crea una estabilidad ficticia, sin compromiso moral, las distorsiones generan incentivos perversos que Massa conoce pero que prefiere atribuir a la especulación empresaria, como buen peronista. Para buscarlos, mejor sería que fiscalizase los criterios aplicados por su Secretaría de Comercio al autorizar importaciones (SIRA) o que auditase los circuitos de pagos al exterior de las empresas de Tierra del Fuego, en lugar de hacer un show de apertura de contenedores truchos en el puerto de Buenos Aires.

La Argentina ha vivido muchas situaciones parecidas a la actual. La más recordada fue el fin de la convertibilidad. Ante la voluntad de mantenerla y reducir los costos de las empresas, Domingo Cavallo intentó devaluar sin devaluar, reduciendo cargas sociales y otros gravámenes para compensar el atraso cambiario. A su vez, durante la gestión de Fernando de la Rúa, su ministro de economía, Ricardo López Murphy, propuso reducir el gasto público nominal y debió renunciar por la oposición que sufrió desde el peronismo y dentro de su propio gobierno. Curiosamente, Eduardo Duhalde fue quien más presionó por abandonar la convertibilidad y devaluar, debilitando así la credibilidad de Carlos Menem. También los dirigentes sindicales apoyaron la devaluación, sin advertir que devaluar, por definición, implica reducir el poder de compra de los salarios.

Ahora que Massa está sentado en el mismo sillón que ocuparon Cavallo y López Murphy, también trata de “devaluar sin devaluar”, desdoblando el tipo de cambio para los exportadores de soja y derivados por un cierto tiempo, para incrementar las reservas y sacar la foto que necesita el FMI, su socio en este engañapichanga.

Massa sabe que, así como no puede tener moneda fuerte quien quiere, sino quien puede, tampoco puede devaluar exitosamente quien quiere, sino quien puede. Y la coalición que integra no puede ni lo uno ni lo otro. En ausencia de crédito y de reservas, para que una devaluación corrija precios relativos es indispensable un shock de confianza que haga recuperar el valor de la moneda. De lo contrario, impactará sobre los precios y la inflación se espiralizará. Eso lo vivió Lorenzo Sigaut, exministro de Economía (1981) cuando dijo: “El que apuesta al dólar, pierde”, perdiendo su cargo y también sus ahorros.

Ahora, el Gobierno busca algún acuerdo con la oposición para cerrar el año próximo sin caer en default de la enorme deuda interna que ha amasado para esconder la emisión. Massa sabe que el bien común requeriría acordar medidas de estabilización con reformas estructurales que configuren políticas de Estado, más allá de 2023. Eso daría la confianza necesaria para reducir el riesgo país, recuperar el valor de la moneda y el crédito interno y externo. La Argentina saldría de su crisis crónica y podría crecer a un ritmo insospechado. El ministro, transformado en estadista, sería un héroe nacional con busto de mármol en Hipólito Yrigoyen 250, si no fuera elegido presidente para entonces.

Pero quien mire por encima de su hombro ministerial verá unas caras que preferiría no ver y oirá comentarios que preferiría no oír. Como también él ve las mismas caras y oye los mismos comentarios, sabe que no le ha llegado el momento de emular a Luigi Einaudi o a Ludwig Erhard. Sabe que las condiciones de vida no las mejora quien quiere, sino quien puede. Y Massa nunca no podrá, con semejante compañía.

Por ahora, solo será el plomero del Titanic, para que el frente que integra no se hunda antes de tiempo. Y, si le sale bien, obtendrá una mención en la entrega de los premios Néstor del año próximo, a la espera de temporadas mejores.

Fuente: La Nación

Una afiliada al PAMI debió esperar casi un año para operarse de cataratas, cuando ya su visión era casi nula y los médicos aconsejaban intervenirla con urgencia para que recuperara calidad de vida. Otra afiliada, que soportaba un dolor indescriptible como producto de una caída, tuvo que aguardar más de cuatro horas una ambulancia la tarde en que se jugó el partido entre la Argentina y México, en Qatar. Y cualquier otro deberá esperar hasta ocho meses para que lo atienda un médico del PAMI. Mientras tanto, la obra social que conduce la camporista Luana Volnovich gastó más de 14 millones de pesos en cotillón para que los jubilados alienten a la selección argentina durante el Mundial de fútbol.

Mientras los tres ejemplos comentados representan ínfimamente la brutal desatención a la que son sometidos los 4,6 millones de afiliados al PAMI, la compra de sombreros arlequín, porras, vuvuzelas y maquillaje blanquiceleste para que alienten al equipo argentino constituye un acto de extrema ruindad, de una mezquindad enorme solo explicable –nunca justificable– por el afán de algunos funcionarios empeñados en seguir haciendo negocios a costillas del Estado.

La tan absurda como millonaria compra del cotillón se hizo mediante una compulsa abreviada, de la que participó un solo oferente: una SRL constituida apenas en abril de este año, cuyos socios presentaron un capital inicial de 100.000 pesos, sin contar con antecedentes en el rubro y habiendo dado como dirección una sede fantasma en Berazategui, el distrito donde Volnovich tiene injerencia y para el que alguna vez analizó presentarse como candidata a intendenta.

Inscribir oficialmente una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), como se constituyó La Comuna Atesh, la empresa beneficiada, lleva el tiempo que la burocracia impone a cualquiera que quiera emprender. Sin embargo, lo hizo en solo cuatro días. La compra directa que se le realizó tiene fecha del pasado 1º de noviembre. El compromiso de entrega del cotillón fue pautado en un 50% para el lunes próximo, es decir, cuando el Mundial de Qatar ya estará bastante avanzado, y el resto les llegaría el 20 del actual, esto es, después de que haya terminado. Por otro lado, a juzgar por la cantidad de lo adquirido, queda claro que iba dirigido a unos pocos centros, ya que difícilmente alcance para “la distracción y el disfrute” de casi cinco millones de jubilados. Como si todo eso fuera poco, una simple comparación del precio que se publica en internet para esos mismos productos arroja como resultado que La Comuna Atesh cobró al Estado casi el doble de su valor. Es tan grosera la maniobra y tan brutal el destrato hacia los jubilados que esperan infructuosamente la entrega de prótesis, pañales o medicamentos oncológicos, por citar unos pocos ejemplos críticos, que la Justicia debería actuar a la brevedad imponiendo toda la fuerza de la ley.

La denuncia penal por la comisión de los delitos de defraudación a la administración púbica, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica contra la directora ejecutiva y varios funcionarios más del PAMI fue presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires). “Es evidente que el PAMI tiene una obsesión con otorgar sumas de dinero a empresas y centros de jubilados que recién inician [sus actividades] y cuyas sedes son fantasma”, sostuvo Ocaña. Cabe recordar que, en agosto de este año, la Policía Federal allanó la sede del PAMI de Morón en busca de documentación sobre presuntas transferencias de dinero por más de 47 millones de pesos a centros de jubilados de Hurlingham, como parte de una causa en la que también se investigan domicilios fantasmas y el destino de esos fondos a planes sociales: una virtual caja política para financiar a la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.

Respecto de Volnovich, cabe recordar su poco apego a dar el ejemplo cuando, desoyendo un pedido del Presidente para que los funcionarios veranearan en el país en momentos socioeconómicos tan críticos, fue descubierta de vacaciones con su pareja –también funcionario de alto rango en el PAMI– en una paradisíaca isla del Caribe. Todo indicaba que semejante provocación iba a tener consecuencias negativas para ambos. Sin embargo, fueron ratificados en sus cargos. Otra muestra más de cómo se protege cierto sector de la política actuando corporativamente para tapar o minimizar sus intolerables desaguisados.

Un grupo de diputados de la oposición presentó un pedido de informes en el Congreso para que los funcionarios cuestionados rindan cuentas. Muy probablemente, el oficialismo se niegue a citarlos o, directamente, como es su costumbre, ni siquiera ponga el tema en agenda. Es que hay un trecho enorme entre lo que se pregona desde los atriles y lo que en definitiva se hace. Basta con echar un vistazo a la cuenta verificada de Twitter de Volnovich, donde se presenta como integrante de La Cámpora, directora ejecutiva del PAMI y en la que inmediatamente después deja plasmada una frase que no le hace honor en ningún sentido: “Por un país donde el buen trato hacia las personas mayores sea ley”, sostiene. ¿Y si empieza por cumplirlo?

Fuente: La Nación

Según datos de la Fundación Observatorio Pyme, la cantidad de empresas con menos de 50 empleados, que era de 520.000 en 2011, se redujo a 467.000 en 2020. Esta tendencia decreciente surge por factores que, lejos de modificarse, se han acentuado en los últimos dos años. El costo financiero ha sido asfixiante con ventas afectadas por la cuarentena y limitación de producción por el control de importaciones. La inflación se ha acelerado y el Gobierno intenta reducirla mediante el control de precios. El Banco Central enfrenta una deuda impagable originada en la colocación de letras con elevado interés para absorber excesos de emisión monetaria. Esto, a su vez, es consecuencia de un crónico déficit fiscal.

Cualquier proyección de un negocio en la Argentina es incierta, un escenario inconveniente también para las grandes empresas. Entre 2011 y 2020, el número de las compañías de más de 200 empleados tuvo una leve evolución: de 3364 a 3491. Desde 2020, los casos de decisiones empresarias de dejar el país se multiplicaron. El más reciente es el de la italiana Enel, controlante de la eléctrica Edesur.

El cierre de empresas no es un hecho negativo per se. Ocurre en países de economías sólidas. El economista austríaco Joseph Schumpeter lo bautizó la “destrucción creativa”, apoyado en la comprobación de que las empresas que desaparecían eran reemplazadas con creces por otras con mejor tecnología y más competitividad.

La necesidad de ganar mercado era el motor de creación de nuevas empresas. Pero no es este el caso argentino. Por ahora, no hay mayormente reemplazos ni reequipamientos.

Una empresa combina capital y trabajo. La forma en que lo hace es determinante de la productividad y competitividad. Pueden cooperar entre sí o bien, como es más común en la Argentina, enfrentarse. Desde hace más de 70 años los trabajadores simpatizantes de un partido político que dice representarlos entonan la marcha que los aúna “combatiendo el capital”. Esto podría considerarse anecdótico si no tomara realismo en una legislación laboral que traba la obtención de productividad y genera rigidez y alto riesgo en la contratación de un trabajador.

Se dice que tomar un nuevo empleado en la Argentina es como tener un hijo. O tal vez implique aún mayor compromiso. Si por alguna razón no prevista, una empresa debe despedir un empleado, se ve obligada a pagar una onerosa indemnización, defendida por una justicia laboral usualmente parcial. En estas condiciones es difícil imaginar la creación de empresas que postulaba Schumpeter.

Hay otro detalle en la legislación laboral que perjudica particularmente a las pymes. Es el privilegio que se otorga a los acuerdos a nivel sectorial sobre los que se logren a nivel de empresa. Esto les da enorme poder a los dirigentes sindicales y determina salarios y condiciones laborales adaptadas a las grandes empresas, pero que suelen ser difíciles para las pymes. Debería invertirse ese orden de privilegio dando preferencia a los acuerdos por empresa y simultáneamente requerir la unificación de la representación de los trabajadores. Lograrlo aseguraría acuerdos entre intereses más fácilmente convergentes y accesibles para ambas partes. Serían muchas más las empresas que entonces podrían subsistir o crearse, aun frente a otros factores adversos. La creación de empleo privado dependerá principalmente de las pymes antes que de las grandes empresas. Este es un hecho comprobado en el mundo y la Argentina no tiene por qué ser la excepción. Para reducir el asfixiante gasto público será imperioso achicar la planta de empleados estatales. Esto no será social ni políticamente factible si no hay demanda de empleo privado, algo que definitivamente no ocurrirá mientras mueran más empresas que las que nacen.

Fuente: La Nación

Un interrogante sin respuesta es saber qué programa propone La Cámpora como alternativa a la actual gestión de Alberto Fernández. Parece una pregunta absurda, ya que esa agrupación está en el gobierno a través de los organismos del Estado que manejan las principales cajas, sin olvidar que su jefa real, Cristina Kirchner, es la que define quién, cómo, cuándo y dónde. Pero es una pregunta inevitable, atenta la magnitud de la crisis que enfrenta el país.

Durante una reciente entrevista televisiva, el secretario general de esa organización, Andrés “Cuervo” Larroque, ratificó que la vicepresidenta “se está haciendo cargo de la situación” para “buscar una salida a esta realidad compleja”. Como si Cristina Kirchner y sus acólitos no fuesen en un todo responsables del aumento del gasto público, el incremento del déficit fiscal y la explosiva emisión monetaria que hacen compleja la realidad. Los pobres e indigentes no usarían ese eufemismo para describir la penuria de su mesa.

Ninguno de los habituales voceros de La Cámpora suele explicitar planes ni definir proyectos ni elaborar ideas para educar, curar y alimentar. Prefieren desplegar una militancia hueca, entonando consignas setentistas (como evoca su nombre) y practicando actividades físicas, como recorrer territorios, caminar barrios, “patear” calles y brincar en paravalanchas. Sin embargo, detrás de ese mutismo incomprensible, existe una estrategia: esconden un plan.

Larroque dio algunas pistas del proyecto que rumian entre cónclaves y movilizaciones. Sostuvo que Alberto Fernández perdió la oportunidad de utilizar la fuerza que le dieron las urnas, generando “debilidad política para enfrentar al poder económico”. Y remató, evocando la célebre lapicera presidencial: “El poder hay que ejercerlo”.

El 25 de mayo de 1973 el epónimo Héctor J. Cámpora, en su mensaje inaugural al Congreso Nacional, prometió la liberación del capitalismo decadente “eliminando la acción de los monopolios internacionales y de los personeros del imperialismo” mediante un extenso menú de leyes para estatizar y regular casi toda la economía. Fue su intento de enfrentar al “poder económico” de entonces combinando recetas de Nikolai Bujarin con otras de José Antonio Primo de Rivera, más a tono con las preferencias del general exilado. Pero en los últimos 50 años ha corrido mucha agua bajo el puente y el poder económico ya no es el mismo. No lo tienen las multinacionales, que hace tiempo no invierten en el país, y varias han abandonado la Argentina. Tampoco existen “personeros” de un capital extranjero que dejó de ser relevante en las grandes industrias, en los servicios públicos o en las finanzas, como antaño.

Cuando Larroque menciona el “poder económico” se refiere a las actividades que su camarilla no ha podido someter por “debilidad política” del Presidente, como el campo, la agroindustria, el comercio físico y electrónico, las plataformas digitales, los operadores financieros y las empresas familiares que sobreviven en el mercado, a pesar de los embates del Estado. La prensa independiente está en la primera línea de la tirria camporista, junto con la Justicia, al impedir su intento de ir por todo.

Desde 2003, el kirchnerismo viene modificando la estructura del “poder económico” en la Argentina, cooptando en forma directa o indirecta casi toda gran organización con mucho empleo y más dinero. Comenzó con la estatización de las privatizadas en los años 90 (Correo Argentino, Trenes Metropolitanos, Trenes de Buenos Aires, Belgrano Cargas, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, Metrogas, Fadea, Tandanor, Corredores Viales, Autopistas de Acceso a Buenos Aires, entre otras), además de la creación de Enarsa (hoy Ieasa), Arsat SA y Radio y Televisión Argentina SE, por citar algunas. Una vez en la órbita pública, todas construyeron a su alrededor anillos de contratistas y proveedores sometidos –cuando no “entongados”– con quienes les dan de comer. Como los gobernadores que entregan su voto en el Senado, a cambio de coparticipación privilegiada para reforzar su poder en las provincias donde mandan.

También la Anses recibió acciones de decenas de compañías con cotización bursátil por la estatización de las AFJP, dándole derecho para meter su nariz e influir en sus decisiones. Varias empresas de energía fueron transferidas a amigos o correligionarios, como Transener (Citelec, 50% de Pampa Energia) y Edenor (Manzano y Vila). El nuevo poder económico también lo integran los imperios de Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez y otros contratistas del Estado gracias al apoyo oficial, por llamarlo de alguna manera. De igual forma, los Kirchner “sugirieron” socios nacionales a Repsol (Esquenazi) y a Gas Natural (grupo Chemo), con suerte diversa. En ese universo consecuente y disciplinado no puede omitirse a Hugo Moyano, Víctor Santa María, Omar “Caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina y otros sindicalistas que controlan recursos blancos y negros, siempre dispuestos a movilizarse en favor de quienes no los auditan y en contra de sus representados.

Cuando el intervencionismo es regla, la cantidad de empresas sometidas a los designios de la política es enorme. Nadie que requiera dólares para importar o que opere en un mercado protegido o sujeto a controles de precios o tarifas, dejará de aplaudir –por lo menos en público– al Gobierno. Lo mismo harán las radicadas en Tierra del Fuego, las que ofertan en licitaciones, las que tienen concesiones o permisos revocables o cuya subsistencia depende de regulaciones de fácil alteración.

En tiempos de Héctor Cámpora, el socialismo nacional estaba inspirado en el modelo cubano, reciclado en la Argentina por John William Cooke, Juan José Fernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña y tantos otros. El mundo ha cambiado y desde que el capitalismo autoritario demostró éxito en China, Vietnam, Malasia y Singapur, con eficiencia y sin Estado de Derecho, el kirchnerismo se enamoró del modelo, aunque por razones distintas. Las escalas en Seychelles no son una de ellas, para quienes piensan bien.

La Cámpora no dice cómo bajar la inflación, recuperar la moneda, alentar la inversión o sumar empleo privado, porque su estrategia no tiene por objetivo el bien común, sino preservar a su lideresa del rigor de Temis, la diosa de la Justicia. Su propósito carece de ideología o de principios, es una militancia práctica. Su objetivo es manejar las cajas del sector público, subordinar a los agentes económicos, acallar a la prensa, someter a la Justicia y, en definitiva, acabar con el Estado de Derecho, como lo hicieron Xi Jinping y Vladimir Putin. Hasta que no lo logren, el asedio al mercado será su política de Estado.

Fuente: La Nación

En los últimos días se han multiplicado las advertencias por parte de distintas empresas y cámaras empresariales acerca de los riesgos de parálisis de la producción en distintos segmentos de la economía como consecuencia de la falta de insumos importados. La situación es hasta tal punto grave que las terminales automotrices y otras industrias podrían volver a tener que suspender su actividad hacia mediados del mes próximo si no encuentran soluciones.

Dos semanas atrás, tanto Nissan como Renault se vieron forzadas a paralizar la fabricación de sus camionetas en la provincia de Córdoba a raíz de las restricciones aplicadas a las importaciones por las autoridades. Algo similar se registró con los ensambladores de motos de origen japonés y con las de procedencia local, cuya cámara también advirtió que corre peligro la producción.

Tanto los fabricantes de maquinaria agrícola como los de celulosa, la industria textil y los productores agropecuarios han alertado sobre la misma problemática. La creciente escasez de fertilizantes y herbicidas también se está profundizando como consecuencia del cepo a las importaciones.

La sangría de reservas del Banco Central, una vez finalizado el llamado dólar soja, que llevó a los productores a anticipar exportaciones durante septiembre, hace temer a numerosos analistas económicos que haya más restricciones a las solicitudes de autorizaciones para importar insumos, incluso cuando estos resulten indispensables para el desarrollo industrial. En otros sectores opinan que ya es inviable imaginar mayores restricciones, por lo que hay inclinación hacia una posibilidad insinuada por el Gobierno –aunque aún no ejecutada– para que quienes tengan que importar lo hagan con sus propios dólares o a través de los que se pueden adquirir en el mercado bursátil mediante operatorias con títulos públicos u otros activos negociables en el exterior.

Esta alternativa podría ser un paso parcial hacia un esquema de flotación cambiaria. Sin embargo, sin confianza de los agentes económicos y sin una decisión del Gobierno de avanzar hacia un plan de estabilización serio e integral, que dé señales claras de reforma del Estado y de reducción del peso del gasto público, aquella opción podría terminar desencadenando un golpe de inflación aún mayor al que asistimos actualmente.

Esa falta de seriedad y de seguridades es la que ha derivado, precisamente, en que ya dejaran el país unas 30 empresas. El último caso de esta diáspora lo constituye el anuncio del grupo italiano Enel, propietario de la distribuidora Edesur, las generadoras Generación Costanera y Dock Sud y a cargo de la concesión de la planta hidroeléctrica El Chocón.

Entre otros pésimos recursos, la utilización de la cotización del dólar oficial como pretendida ancla antiinflacionaria ha probado su fracaso. Ha resultado tan inútil como los controles y congelamientos de precios en los que insólitamente insiste la coalición gobernante, y ha llevado a la destrucción creciente de la capacidad productiva y a la profundización de asimetrías.

La suma de parches gubernamentales para mitigar las consecuencias del cepo cambiario ha derivado en una multiplicidad de tipos de cambio, un verdadero “mamarracho”, como señalamos en nuestro editorial del 19 del mes último.

No será acentuando el ya asfixiante intervencionismo estatal sobre el mercado cambiario y el comercio exterior, con su secuela de discrecionalidad y corrupción en manos de funcionarios encargados de distribuir privilegios, como se saldrá de este laberinto que amenaza con terminar de encerrar a las ya debilitadas fuerzas productivas. Solo se continuará entorpeciendo el crecimiento de la economía, alimentando aún más la inflación y desalentando la llegada de inversiones.

Fuente: La Nación

La sociedad se ha acostumbrado a los proyectos disparatados que suelen aprobarse en el Congreso Nacional. Se suma el daño que hacen diputados y senadores con cuestionables apoyos, dudosos repudios, efemérides, homenajes, declaraciones de localidades como capital o sede de la fiesta de algo, el consumo de recursos burocráticos y tiempo que sustraen a lo que deben hacer, que es legislar para el bien común. Otras veces, desdichadamente, sí deciden legislar y lo hacen de un modo no menos descabellado. Demuestran con mucha frecuencia que no solo no se han detenido a analizar de dónde saldrán los recursos para llevar a la práctica sus ideas, sino que ni siquiera han pensado si la Constitución les otorga facultades para eso.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de varios legisladores del Frente de Todos denominado “de igualdad y paridad de género en el deporte”. Se propone “garantizar la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva”. Para eso no deja atribución estatal sin crear, pues encarga al Gobierno cosas tan megalómanas como “establecer relaciones armoniosas” entre los distintos tipos de actividades deportivas, para lo cual crea una “estructura de administración, coordinación y apoyo” del deporte.

Además de extensas disquisiciones teóricas sobre valores y derechos, inútiles en una ley, y de la infaltable orden de adoptar en todas partes la perspectiva de género y “políticas activas” para reparar injusticias históricas, el proyecto revela la indisimulada voluntad de integrar a cualquier asociación civil (así están organizados los clubes deportivos) a un “sistema” obviamente regulado y fiscalizado por el Gobierno. El Estado nacional no es un “superior” de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Podría decirse que es al revés: las provincias conservan las atribuciones que no hayan delegado expresamente en el orden federal. Como el proyecto avanza en infinidad de atribuciones que son locales, si fuera sancionado cualquier juez debería declararlo inconstitucional.

El proyecto abunda en una exasperante enumeración de atribuciones relacionadas con los valores que deben perseguir las instituciones deportivas para tener el apoyo económico que, previsiblemente, dará lugar a que el Gobierno maneje discrecionalmente más fondos extraídos por la fuerza a los contribuyentes para hacer política a través de instituciones privadas, como ha hecho con la ayuda social.

La iniciativa vulnera de tal manera el derecho de asociarse con fines útiles, reconocido en la Constitución, que no solo establece que los premios deportivos deben ser iguales para los competidores de un género u otro, sino que llega hasta a disponer plazos para que los clubes integren sus comisiones directivas con determinado porcentaje de mujeres y también de personas de entre 18 y 29 años. A los legisladores se les ha ocurrido que siempre la juventud conviene para dirigir clubes y pretenden imponer semejante idea, más allá de cualquier evidencia empírica.

Si, convertido el proyecto en ley, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se propusiera ejecutar la impresionante cantidad de acciones que la norma le encomienda, debería convertirse en un monstruo burocrático de dimensiones aún más grandes que las que tiene y que ya cuesta justificar.

Pero lo más serio es presumir que toda decisión en materia de afinidad, como asociarse u organizar un torneo, tiene como origen un caso de discriminación arbitraria o es producto de equivocaciones históricas que un oficinista debe reparar usando la coerción que le da su autoridad o seduciendo con la asignación de fondos públicos. Semejante idea, imaginable en un régimen dictatorial –”todo dentro del Estado, nada fuera del Estado” es una recordada frase de Benito Mussolini–, siempre viene de la mano de la vocación autoritaria por instaurar valores y consagrar derechos, algunos loables, pero otros bien discutibles, que pueden responder al gusto de un legislador, pero que no se pueden imponer a los ciudadanos en un ámbito reservado al ejercicio de las libertades individuales, como la práctica deportiva. Si los individuos no pueden organizar un club o una escuela de deportes con quienes tengan ganas, dirigidos por quienes los asociados decidan, para practicar el juego que prefieran y establecer los premios que consideren pertinentes, nada queda de la libertad.

La Constitución no es valiosa principalmente por las competencias que atribuye a los poderes públicos, sino porque los limita, les prohíbe hacer todo lo que no les ha encomendado explícitamente. Protege a las minorías porque, de lo contrario, el que triunfe en una elección gobernaría haciendo lo que le viniera en ganas. Es paradójico que en estos tiempos de saludable preocupación por las minorías se descuide a la más pequeña, que es el individuo, hasta el extremo de impedirle que se organice como más le plazca para practicar actividades deportivas.

Hay una grieta aún más profunda que la que divide a las ocasionales preferencias partidarias. Ocurre cuando los dirigentes se concentran en iniciativas como la que comentamos, en lugar de ocuparse de la angustiante agenda real de los ciudadanos.

Fuente: La Nación

CARACAS.- “No he recibido felicitación, ni la espero. Yo tengo un desacuerdo con el régimen, pero tampoco estoy participando en política”. Son palabras de Rafael Cadenas, luego del anuncio del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Es decir, un reconocimiento a uno de nuestros grandes poetas y ensayistas de nuestra historia resulta indiferente a un gobierno dominado por las solidaridades ideológicas y por la pompa y la trompeta para celebrar cualquier reconocimiento de sus seguidores.

Y este silencio delata una sensación que se puede fundamentar en el resentimiento y en la mezquindad. Quien lea los relatos de la Guerra Federal podrá advertir los sentimientos que se desarrollaron en nuestro país luego de la Batalla de Carabobo. Pero el premio al gran poeta no se afecta para nada por la falta de reconocimiento por parte del régimen de un hecho tan significativo para las letras venezolanas. Más bien, ocurre todo lo contrario: esta conducta aclara cualquier duda, si es que la había, que el socialismo del siglo XXI no reconoce méritos a nadie, sino a sus adláteres. Las universidades, academias, gremios y distintos sectores de la vida nacional han expresado su júbilo por lo ocurrido. Y esto llega cuando los venezolanos tienen razones que justifican un desánimo y decaimiento colectivo, luego de veintitrés años de fracasos, persecución política, abuso de poder, violación de derechos humanos y autoritarismo desbordado.

La palabra precisa y la belleza deslumbrante de la poesía de Cadenas, así como la claridad y sencillez de su prosa, son manifestaciones de rebeldía contra el lenguaje vulgar y el mal uso de las reglas de la sintaxis. El silencio oficial y la intolerancia con quienes piensen distinto es otra clave de la crisis venezolana.

Fuente: La Nación

El reciente informe oficial que reveló que 250.000 planes sociales iban a personas que no los necesitaban constituye ni más ni menos que la confirmación de una tan vieja como lamentable sospecha: la corrupción en el manejo, distribución y destino del dinero de los contribuyentes. Este caso apenas representa la punta de un gigantesco ovillo.

Ponerlo en cifras, sin dudas, permite dimensionar la proporción del escándalo. Del análisis de 1.383.270 beneficiarios de planes sociales se verificó que un cuarto de millón presentaba gruesas incompatibilidades. Se detectó, por ejemplo, que, mientras recibían la asignación estatal, cobraban ingresos superiores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil; realizaban consumos o gastos con tarjetas de crédito o débito también por encima de esos valores o adquirían divisa extranjera; que habían presentado declaraciones juradas de Bienes Personales; eran propietarios de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; dueños de establecimientos comerciales o de explotaciones agrícolas; jubilados o pensionados. Como si no fuera sumamente grave la estafa al Estado, también se demostró que un porcentaje de los beneficiarios que percibían el subsidio eran personas que ya habían fallecido.

Si se tiene en cuenta que, según datos del año último, el 55% de los habitantes del país estuvo alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria y que la falta de transparencia general de esa operatoria ha sido siempre un grito a voces, no es difícil imaginar que el daño económico a las arcas públicas es todavía muchísimo mayor.

Resulta indignante el resultado del abuso ejercido por ese cuarto de millón de personas detectado ahora por un relevamiento realizado por la AFIP a pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ayer, la titular de la cartera anunció que los darán de baja. Pero no deberíamos olvidarnos de otros estudios previos que ya venían dando señales claras y contundentes de semejante estafa consentida entre oferentes y receptores de la ayuda y perdonada por el grueso de la dirigencia política a lo largo de las décadas durante las que se hizo la vista gorda. Sin ir más lejos, en 2021, una investigación de LA NACION daba cuenta de que el 83% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenía asistencia alimentaria al igual que el 68,3% del nivel bajo, dos estratos sociales en caída libre con necesidades indiscutibles. Lo vergonzoso era que el 11,8% de la población de nivel socioeconómico medio alto también recibía alimentos o dinero para comprarlos.

Aquel informe se completaba con una detallada superposición de beneficios a la que terminaban accediendo muchísimas personas. La mayoría de los 22 millones de habitantes del país que recibía un programa alimentario, ejemplificaba aquel artículo, percibía otros montos como la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese hogar podría haber, además, un Plan Potenciar Trabajo y sumar un Plan Progresar. Si la familia beneficiaria contaba con hijos menores de seis años también podía acceder a la Tarjeta Alimentar y estar anotada en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y eso, sin contar el resto de los planes de asistencia nacionales, provinciales y municipales de distinto nombre, pero con objetivos similares que terminan yuxtapuestos.

Basta con que aparezca alguna nueva revelación para que se tome verdadera dimensión, tanto de la distorsión de la finalidad de la ayuda social en el país como de su uso extorsivo y, en algunos casos, delictual. El año pasado, por caso, se le suspendió el programa Potenciar Trabajo a una mujer que aparecía en las redes sociales jactándose de que vivía de la dádiva estatal, al tiempo que se burlaba groseramente de quienes trabajan para procurarse su sustento. En otras oportunidades, se supo de dirigentes piqueteros y de punteros que, a fuerza de chantajes, usurpaciones y expolios varios, se llevaban subsidios de oficinas públicas para repartirlos por fuera de cualquier control oficial, reservándose para ellos el cobro de un porcentaje.

El fiscal Guillermo Marijuan, quien radicó una denuncia penal por el delito de defraudación contra la administración pública a partir de la más reciente de las revelaciones, describió como un verdadero “descontrol” el manejo oficial de la ayuda social y ordenó de inmediato a la cartera de Desarrollo Social y a la AFIP “que suspendan la totalidad de los planes, sin perjuicio de un empadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan”. La denuncia quedó en manos del juez Daniel Rafecas.

Del lado de los movimientos sociales que periódicamente paralizan la ciudad de Buenos Aires con piquetes en reclamo de más ayuda, habita la certeza de que, detrás de estas nuevas revelaciones, está el enfrentamiento interno entre sectores alineados con la vicepresidenta y los más cercanos al jefe del Estado. Desmienten la existencia de esos 250.000 beneficios mal otorgados y acusan al oficialismo de distraer la atención mientras profundiza el ajuste.

Como se puede apreciar, hay demasiadas aristas que atender e infinidad de nudos que desatar en esta vil trama que combina de manera nefasta las necesidades vitales de una parte importante de la población con los intereses mezquinos de muchos de quienes se presentan como solución, pero terminan agravando los problemas.

El sistema de dádivas empobrece tanto a las personas que las reciben como la propia miseria. Les resta dignidad y les coarta la posibilidad de salir del pozo en el que el propio Estado las ha arrojado a fuerza de políticas erradas. No será tarea fácil, pero es hora ya de empezar a revertir tantos años de clientelismo, corrupción y decadencia.

Fuente: La Nación

En un país en el que los símbolos patrios son tantas veces desvirtuados y el orgullo por lo propio debe superar el dolor del ya no ser, no podemos soslayar que muchos argentinos siguen trabajando generosa y esforzadamente por sus compatriotas. Alzan, muchas veces silenciosamente, la bandera de esa Argentina solidaria capaz de emocionar y motivar a más.

Por decimotercer año, la Fundación Noble, El Trece y Luz Libre entregaron el premio a quienes con su compromiso y vocación merecen erigirse en Abanderados de la Argentina (www.premioabanderados.com.ar ). A lo largo de estos años, más de 100 líderes sociales pudieron difundir sus proyectos en las distintas ediciones. Entre los postulados por el público, un jurado asesorado por Ashoka Argentina seleccionó a ocho candidatos. Todos ellos comparten el propósito de impulsar un mundo con más agentes de cambio, convencidos de que todas las personas pueden transformar sus entornos y contribuir al bien común.

Con el apoyo de destacadas empresas, se reparten 2 millones y medio de pesos en premios. Describir en pocas palabras la enorme tarea que cada uno realiza es solo invitar a adentrarse en cada maravilloso proyecto.

Ana Laura Altamiranda (instagram.com/ana_altamiranda_) propone acompañamiento educativo y contención para niños y adolescentes. “Uno a uno, contagiando las ganas de generar impacto e incubando proyectos sociales”, explica.

Ante la enorme injusticia de que quienes como contratistas construyen año tras año casas para los demás pero carecen muchas veces de una propia, Christian Boix Mansilla, cofundador de Construyendo Juntos (instagram.com/grupopautaarquitectura), organizó el trabajo que permitió acceder a la vivienda a 13 familias. Con la ayuda de muchos, proveedores incluidos, han creado una “fábrica de dignidad automática” que va por más.

Christian Martínez, de la Sociedad de Fomento Federal del Oeste (instagram.com/cristianchapumartinez), entendió la importancia de capacitar para el trabajo y hoy ofrece más de 30 cursos en barrios vulnerables, con formación en oficios tradicionales y digitales. “No enseñás un oficio, enseñás a soñar”, afirma entusiasta. Animar a emprender es también sacar a muchos de la calle.

El musicoterapeuta Ralf Niedentahl (instagram.com/ralfniedenthalok) trabaja por la inclusión de todos a través de la música, ayudando a desarrollar el potencial de personas con discapacidad. “Romper los techos es ayudarlos a que lleguen a donde quieran”, alienta.

Enrique Bach creó un banco de anteojos (instagram.com/bancodeanteojos), que ha devuelto la sonrisa a muchos que no pueden por sí solos acceder a la posibilidad de ver mejor. Para poder estudiar, leer o mirar al mundo de otra forma.

Jennifer Romero y Diego Paulete (instagram.com/robandosonrisasargentina) consiguen bicicletas que, en lugar de terminar en basurales, son recicladas y restauradas para personas que viven alejadas, en zonas de chacras o sierras, cercanas a Ingeniero Huergo. Para muchos será su transporte a la escuela y a un mejor futuro. Ya entregaron más de 400. “Que el viento te choque de frente es una experiencia divina”, dice un niño sonriente y agradecido.

Claudia Torales (instagram.com/claudiamabel.torales.21) cedió parte de su propia casa para contención y recreo de los niños del barrio 21-24 de Barracas. Desde su proyecto Rincón de la Familia, brinda apoyo escolar y también acompañamiento a mujeres valientes, capacitándolas y empoderándolas. Para ella fue el premio especial de la Fundación Navarro Viola.

El doctor Andrés Kogan (instagram.com/andikogan), cofundador de Alegría Intensiva, encontró la forma de aliviar la traumática experiencia de una internación pediátrica. Su proyecto Payasos de Hospital ya cumplió 15 años y, aunque no siempre pueden curar, sí pueden encender sonrisas, atendiendo la salud emocional de niños hospitalizados.

Un país enorme en el que el Estado no llega a brindar la necesaria asistencia sanitaria fue lo que movilizó a la doctora Viviana Yzaguirre (instagram.com/yzaguirreviviana). Su proyecto, bautizado Todo por Todos, se inició en 2013 y fue armando un equipo que hoy tiene más de 40 profesionales de distintas especialidades médicas y estudiantes avanzados. Con un sanatorio de campaña, visitan distintos parajes rurales olvidados del Impenetrable Chaqueño una vez al año para atender, llevar donaciones, organizar talleres y también festejar cumpleaños.

La doctora Yzaguirre fue la ganadora de esta edición y será quien se lleve el premio económico. Pero todos los Abanderados ganaron un lugar en el corazón de la gente que conoció sus propuestas y sumarán nuevos apoyos para la valiosa tarea que realizan. Sus proyectos encienden la esperanza de una Argentina que no descansa y que no se desentiende de las dificultades que atraviesan sus hermanos. Una solidaridad activa que celebramos calurosamente.

Fuente: La Nación