Uno de los grandes desafíos para el pensamiento social en la Argentina de hoy es encontrar explicación al largo fracaso en la edificación de aquel país extraordinario que auguraban los visitantes europeos del siglo XIX. Se iban deslumbrados ante la potencialidad de estas tierras por la conjunción de impresionantes riquezas naturales y población educada. Su visión de ahora sería incapaz de comprender nuestra penosa realidad a la luz de aquella potencialidad que conserva, aun con degradaciones que asombran, una provocativa presencia ante experimentados dirigentes del ámbito internacional.

Muchos se han empeñado en la búsqueda de los motivos de la decadencia argentina, identificando múltiples causas; entre ellas, una que en estos años se ha transformado en protagonista estelar: la corrupción. Sin adentrarnos en el análisis del enorme impacto que este funesto condicionamiento ha tenido históricamente en el funcionamiento del país, resulta notorio que, desde los juicios de residencia virreinales hasta nuestros días, su evolución en magnitud solo puede entenderse por el acostumbramiento social a convivir y desarrollarse bajo tamaño flagelo.

Existe, entre los ciudadanos de a pie, la arraigada percepción de que los políticos ceden a prácticas reñidas con las altas funciones de servidores públicos para las cuales son elegidos. Si hasta pareciera normal, con meritorias excepciones, que los políticos roben. Y que lo hagan con la indispensable contrapartida encarnada en empinados elementos de la pirámide social habituados a comprar voluntades políticas en un intercambio de prebendas.

El acostumbramiento social al flagelo de la corrupción es tan peligroso para el futuro del país como la propia corrupción

Esta creencia se halla arraigada en la base de los paupérrimos niveles de credibilidad en la política que arrojan las encuestas de opinión en los últimos años. Está en la base del “que se vayan todos” de 2001 y en la definición peyorativa de los políticos como “casta” que hoy cosecha sorprendentes adhesiones, en número y franjas etarias y sociales disímiles.

Tal nivel de desconfianza ciudadana en los actores del entramado político compromete seriamente al sistema institucional de la república. Ahuyenta de la arena política a gente imbuida de auténticos valores cívicos, dispuesta de otro modo a hacer aportes personales, incluso a muchos jóvenes que podrían contribuir al recambio generacional. Tanto los escándalos de corrupción que se ventilan en la prensa y los larguísimos procesos que se llevan a cabo en los tribunales, como las acusaciones lanzadas entre dirigentes políticos en la disputa por sus cuestiones internas no hacen sino extender aquella imagen tan negativa, acercándola peligrosamente a una nefasta generalización.

Jamás deberían ser aceptadas como parte de nuestra cotidianeidad las prácticas delictuales de cierta dirigencia acostumbrada a comprar voluntades políticas en un intercambio de prebendas

Urge que el sistema político sea capaz de desmentir en los hechos esa arraigada percepción disvaliosa de la ciudadanía. Urge que, desde las diversas estructuras partidarias, se realicen acciones concretas que puedan revertir el espeso manto de sospecha y descrédito que afecta a la política. Urge encauzar la condena por este estado de cosas a través de los canales de la ley y lograr el apartamiento y el castigo de los corruptos a partir del efectivo control ético de los afiliados o simpatizantes sobre la conducta de dirigentes y funcionarios.

Proponemos evitar que una mal llamada tolerancia a la impunidad, que atenta contra los principios de probidad y ascetismo republicanos, o la defensa corporativa de quienes se aferran a estos vicios permitan que el accionar de políticos corruptos desacredite la actividad política en general. Basta de políticos corruptos atrincherados detrás de sus fueros.

Hagamos posible que la ciudadanía perciba que no se le ofrece como única alternativa un plato de “sopa de moscas”, sino que hay también un plato de “sopa con moscas” que debe sanearse de manera imperiosa.

Fuente: La Nación

Lentamente el mundo parece ir dejando atrás la pandemia del Covid-19. Aquellos médicos al borde de sus fuerzas que recibían aplausos desde los balcones por su enorme compromiso hoy cuestionan a la sociedad sobre el lugar que les asignan.

Será el ímpetu juvenil el que llevó a movilizarse a los jóvenes médicos residentes porteños, aquellos que, desafiando las condiciones que la realidad local impone, quieren seguir trabajando y formándose en el país. Han tomado en sus manos la lucha por su dignidad. El reclamo por mejoras salariales ya lleva ocho semanas y sumó a gremios y colegas de distintos hospitales. “No se puede vivir de aplausos ni trabajar por 440 pesos la hora”, explican mientras exigen una recomposición salarial, y salario y ART para médicos concurrentes.

Una médica residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez resumió su situación al impulsar una petición en Change.org. Luego de una carrera de siete años en la UBA, decidió continuar su formación en pediatría con una carga de más de 90 horas semanales, a las que suma ocho guardias no remuneradas de entre 25 a 36 horas al mes. El mes último cobró 120.000 pesos, a razón de 340 pesos la hora. En una carta de lectores publicada recientemente, la doctora Lucía Caputi compartía el camino de sueños que fue concretando con esfuerzo y que la condujo a ser hoy jefa de residentes en un hospital público como pediatra inmunóloga. Gana 130.000 pesos al mes. Está clarísimo por qué tantos jóvenes recibidos en universidades públicas optan por continuar su formación y trabajar en el exterior.

No decimos nada nuevo al afirmar que el sistema de salud transita desde hace años una profunda crisis. Los que nos cuidan están dando visibilidad a la precariedad laboral con la que se enfrentan día tras día, con salarios paupérrimos y niveles de inversión insuficientes. Las demandas no se circunscriben a la ciudad de Buenos Aires o a alguna provincia: el clamor se escucha desde distintos puntos del país y el conflicto amenaza con agravarse en los hospitales. Solo en la Capital Federal, tras 12 días de paro ininterrumpido, la ausencia de 4500 médicos residentes se siente en consultorios vacíos, con reprogramaciones y demoras que afectan gravemente la atención.

En el gobierno porteño destacan que la inflación impide dotar del ritmo necesario al poder adquisitivo de los salarios. Los residentes demandan un mínimo de 250.000 pesos. El diálogo está en marcha y es de desear que la cuestión se dirima rápidamente.

Fuente: La Nación

Justicia ideologizada, derechos conculcados

El trámite del juicio contra Carlos Pedro Blaquier es un ejemplo de las arbitrariedades cometidas en nombre de la venganza y el odio

8 de noviembre de 202200:10LA NACION

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La causa iniciada contra Carlos Pedro Blaquier hace ya más de 13 años continúa plagada de inadmisibles arbitrariedades, en franca violación de todas las garantías del debido proceso, y ahora también del respeto a los derechos que custodian la integridad y salud de las personas ancianas o con discapacidad. La persecución judicial contra Blaquier, presidente de la compañía Ledesma, y Alberto Lemos, gerente general, no cesa, acusados de haber facilitado camionetas al régimen militar que gobernaba en 1976, a los supuestos fines de secuestrar personas en Jujuy, donde está radicado el Ingenio Ledesma.

Ambos fueron procesados por un juez subrogante de Jujuy bajo fuerte presión e intromisión del kirchnerismo y sus huestes, a tal punto que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, entre los numerosos nombramientos partidarios que efectuó, promovió para que actuara en dicha causa como fiscal subrogante a Pablo Miguel Pelazzo, un exabogado del CELS y militante de la agrupación Justicia Legítima, que había actuado en ese proceso como querellante. Su apartamiento se fundó en las irregularidades de su nombramiento y su actuación previa como acusador privado.

Por lo demás, ningún documento ni testigo pudo vincular el presunto préstamo de camionetas con la compañía ni mucho menos con Blaquier o Lemos.

Blaquier ya cumplió 95 años. Peritos de parte, peritos oficiales de la Corte e incluso peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostraron que se encuentra incapacitado para defenderse y afrontar un juicio, aquejado por una demencia que le impide discernimiento, lucidez y ubicación en espacio y tiempo. No obstante, la Cámara de Casación, con los votos a favor de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y de Guillermo Yacobucci en disidencia, frente a un pedido de la fiscalía, dispuso que la decisión de suspender el proceso era prematura y que debía hacerse un nuevo estudio médico. Entendieron que se vulneró una acordada de la Corte Suprema que establece que los estudios complementarios que puede aportar la persona peritada deben ser posteriores a la fecha de ingreso de la causa al cuerpo médico, desconociendo gravemente que así fue también en el referido caso. El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó un nuevo peritaje, por realizarse este mes. Con claro ánimo de entorpecer y prolongar indebidamente el proceso, la fiscalía había pedido que lo realizara la Universidad de Buenos Aires y no el cuerpo médico forense de la Corte, como en todas las causas penales. Acceder al pedido constituiría otro nuevo abuso e irregularidad.

En esta Argentina en la que el fiel de la Justicia se muestra descalibrado a fuerza de venganza, odio y revanchismo, son muchos los presos políticos que reclaman por sus derechos. Más de 760 militares y civiles detenidos en los procesos reabiertos por lo ocurrido en los años 70 han muerto en cautiverio, la enorme mayoría sin condena firme. Muchos con prisiones preventivas por más de 6, 10 y 15 años, una tan improcedente como vergonzosa imposición de condenas ilegales anticipadas. Frente a las sentencias que no llegan, terminan cruelmente condenados a una pena de muerte encubierta. Más de 100 adultos de más de 65 años, que deberían estar excarcelados o con prisión domiciliaria, están recluidos en penales comunes, sin personal capacitado para brindarles la debida atención sanitaria, sujetos a riesgos innecesarios sobre su salud y su vida. Todo ello en contra de lo establecido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta y promovida por nuestro país, que obliga al Estado a asegurarles un trato preferencial protector de su salud y sus derechos, tanto en lo administrativo como en lo judicial.

Martín Báez, condenado junto a su padre y hermanos por lavado de dinero, está con detención domiciliaria a sus 30 años mientras exmilitares de más de 65, 70 y hasta 80 años de edad, acusados por hechos acaecidos hace décadas, aguardan condena en las cárceles. El dato confirma el temor, la perversidad y el afán de mortificación que mueve a muchos querellantes y lamentablemente también a integrantes del Ministerio Publico Fiscal, que actúan de consuno con la actual Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y seudoorganismos de derechos humanos.

La ideologización de la Justicia, y muchas veces el temor de quienes deberían impartirla, tiene estas condenables y nefastas consecuencias que afectan los derechos y las libertades de ciudadanos que nunca debieron quedar privados del debido proceso penal. No nos cansaremos de denunciar que un relato falaz y un andamiaje judicial armado que atenta contra el principio de dignidad de la persona humana y las garantías constitucionales son parte del siniestro plan que desde el poder pretenden imponernos y que continúa cobrándose injustamente muchísimas vidas.

Fuente: La Nación

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Presión tributaria por las nubes

El oficialismo pretende sumar un nuevo impuesto a los pasajes aéreos en lugar de recortar los privilegios de una dirigencia acostumbrada a vivir de lo ajeno

5 de noviembre de 202200:10LA NACION

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Toda la creatividad que les falta a nuestros gobernantes para diseñar los planes y reformas que el país necesita con urgencia se expresa con creces en la creación de nuevos impuestos. Por cierto, antes de ceñirse el cinturón optarán siempre por purgar los bolsillos de los ya castigadísimos contribuyentes.

En la madrugada de su aprobación en Diputados, el presupuesto 2023 sumó, por diferencia de un voto, la creación de un nuevo impuesto a los pasajes aéreos para vuelos de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos argentinos.

La diputada camporista Paula Penacca, quien presentó la idea, explicó que dicho cargo se cobró hasta 2005, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reemplazó a la que dependía de la Fuerza Aérea. De monto fijo y ligado al sueldo de una categoría del personal de la PSA, el cálculo permite estimar que no superará por ahora los 250 pesos. De todos modos, más allá de que el valor pueda o no ser significativo, la cuestión de fondo es que los más de 170 diferentes gravámenes –cifra récord en el mundo–, sumados a los que se sigan diseñando, serán siempre insuficientes para paliar el creciente déficit fiscal.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-comparativos-de-pasajes-aereos/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-EPIXQZ7KRVDPPOIOFTCAPD7LDY-0&parentTitle=Presi%C3%B3n%20tributaria%20por%20las%20nubes%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fpresion-tributaria-por-las-nubes-nid05112022%2F

La tarifa base de un pasaje internacional emitido localmente pasará a sumar un 107% de impuestos y retenciones, derivando en el disparate de que el pasajero abonará más de impuestos que de tarifa limpia. Esto ya venía siendo así, pero con la sanción del nuevo presupuesto se agravaría aún más la diferencia.

En un vuelo local, a la tarifa se le suman el IVA, la tasa aeroportuaria y las tasas del concesionario, la de la ANAC y la de la PSA, además de los cargos provinciales. En un vuelo internacional, con una tarifa que ronde los 85.000 pesos el comprador abonará unos 190.000 pesos adicionales de impuestos, cargas y tasas, incluidos los impuestos PAIS, del 30%; la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias, del 45%; la nueva percepción a cuenta de Bienes Personales, del 25%; el impuesto del 7% de turismo, y cuatro tasas: la de Aeropuertos Argentina 2000, de 57 dólares; la de Migraciones, de 10 dólares; la de la ANAC, de 8 dólares; y, en el futuro, la de la PSA, de hasta 250 pesos. Todo esto, sin sumar que el pago en efectivo supone un 5% adicional y un 1,2% de impuesto a los débitos y créditos.

Las líneas aéreas, que ya pagan privadamente por servicios de seguridad como los de escaneo de valijas, ven incrementarse los precios de sus boletos con estos cargos. Nada de esto ocurre en mercados aerocomerciales vecinos. La asociación que agrupa a las aerolíneas de Latinoamérica y Caribe (ALTA) señala el triste récord argentino de imponer la mayor carga tributaria de la región. Tratándose de una demanda sumamente elástica, ligada a que más del 80% de los viajes en la región son por turismo, el impacto de estas medidas se hace sentir.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-impuesto-a-los-pasajes-aereos/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-WI26GXR475FZVPLKYQQLXXMKA4-0&parentTitle=Presi%C3%B3n%20tributaria%20por%20las%20nubes%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fpresion-tributaria-por-las-nubes-nid05112022%2F

Los esfuerzos de los operadores turísticos por promover la cantidad de vuelos y los beneficios de la actividad en la región se desmoronan y hoy alertan sobre los efectos de estas disposiciones. La ausencia de reglas claras y estables que caracteriza a esta gestión de gobierno carga también contra la industria del turismo, que mueve millones y genera trabajo. Detrás del ideologizado concepto de castigar a los “privilegiados” que aún pueden viajar por placer, quedan quienes viajan por trabajo o por cuestiones de salud. Ni que hablar de todos aquellos que ven complicada la posibilidad de reunirse con sus familiares eyectados por la situación local en busca de oportunidades en el exterior.

Cabe preguntarnos qué podría llegar a pasar si, como ocurrió en 2020, el Poder Ejecutivo ordenara el cese de la actividad aérea. En este caso, los 250 pesos no serían percibidos, pues no habría venta de pasajes. Si ese fuera el caso, ¿desfinanciarían a la PSA, le recortarían los recursos? Se advierte fácilmente que estamos ante medidas desesperadas e ilógicas que buscan tapar agujeros exprimiendo aún más al sufrido contribuyente argentino.

¿No hubiera sido más productivo para las arcas públicas pedirles a los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas que encuentren la forma de ahorrar el dinero equivalente? El esfuerzo no sería grande ya que, según estiman, el impuesto va a recaudar anualmente el equivalente al 10% de las pérdidas de la empresa manejada por La Cámpora. O tal vez los diputados nacionales podrían resignar los más de cien pasajes que les corresponden por año, que incluso reciben y utilizan aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La voracidad fiscal es la consecuencia de la ineptitud para concretar las profundas reformas estructurales que el país demanda. De múltiples efectos, medidas como las referidas continúan desalentando la inversión, obligando a una minoría que trabaja a dedicar meses para cumplir con el fisco e incrementando las cajas y los beneficios de los muchos que, desde la política, se acostumbraron a vivir de lo ajeno.

Fuente: La Nación

Tu victoria es de Brasil y de América Latina, de la integración y de la paz”. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró así el ajustado triunfo de Lula como un hito de la izquierda en la región. No obstante, el líder petista que tomará posesión el próximo 1° de enero es muy distinto al que gobernó junto a los hermanos Castro durante el denominado “socialismo del siglo XXI” –un término que promovió Hugo Chávez por primera vez en 2006 en el Foro Social Mundial en Caracas y que pasó a utilizarse como una categoría informal en la que se agruparon en aquel momento algunos gobiernos latinoamericanos de ese espectro ideológico–, y podría ser menos complaciente con el controvertido líder revolucionario.

“Esta vez, Lula llega al poder en una posición y en un contexto muy diferentes. Con una sociedad y un congreso conservadores y en un momento en que el electorado tiene poca paciencia con los oficialismos, Lula tendrá un gobierno que intente mantener esta posición más amplia y moderada que construyó para las elecciones, con el apoyo de la izquierda pero también de la centroderecha”, explica a LA NACION Carolina Moehlecke, profesora de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV).https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-el-color-politico-de-america-latina-1/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-J6CLRHFTKJBPLIH4PKGCDNIR6M-0&parentTitle=Autoritarismos%2C%20democracias%20y%20progresismos%20conservadores%3A%20las%20m%C3%BAltiples%20izquierdas%20que%20conviven%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fautoritarismos-democracias-y-progresismos-conservadores-las-multiples-izquierdas-que-conviven-en-nid05112022%2F

El escenario internacional también ha cambiado notablemente desde entonces. “A principios de siglo, América Latina vivía una situación muy favorable. Había un boom de los commodities por la explosión de la demanda china y bajas tasas de interés en Estados Unidos, que hacían que los inversionistas que querían maximizar sus ganancias vieran a la región con buenos ojos. Este contexto les permitía a los gobiernos de izquierda un amplio margen de maniobra para hacer reformas y financiar planes sociales”, señala Moehleck.

Ahora el panorama es totalmente distinto. Como describen los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, hay “una acumulación de frustraciones” porque la gente no se siente representada y el modelo económico global tampoco ha logrado resolver los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la desnutrición. El mundo enfrenta, además, “riesgos naturales como el calentamiento global, la pandemia y las taras sociales, como la xenofobia, el racismo y el fanatismo”. A este conjunto de males se sumó este año la tensión en la comunidad internacional por la guerra en Ucrania, con escaladas militares, aumentos de los precios de la energía y movimientos de alianza con un futuro incierto.

No resulta extraño entonces que, en este momento de crisis, aparezcan unos cuantos “mesías” –de derecha o de izquierda– que ofrecen un mundo nuevo, pero sin ninguna garantía, como en su momento lo hicieron otros referentes de la región: Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales.

“Ellos marcaron el ritmo de la política y segmentaron a la población en quienes estaban a su favor y quienes en su contra. La polarización, como un germen poderoso, dividió a la sociedad”, escribió el politólogo ecuatoriano César Ulloa en su paper Chávez, Correa, Morales: Discurso y poder.

El problema es que sus sucesores, al menos los que lograron aferrarse al timón, ya no representan el cambio ni la esperanza y sus niveles de aprobación están por el suelo (según la última encuesta de Ipsos, Nicolás Maduro, Pedro Catillo y Díaz-Canel son los líderes más impopulares de la región). Algunos de ellos incluso se atrincheraron obstinadamente en el poder, a costa de las instituciones democráticas, y alimentaron el hastío de sus pueblos a base de intimidaciones, corrupción y mala gestión, e incluso de persecución y de la vulneración de las libertades individuales.

En Venezuela, por ejemplo, Chávez promovió al principio un populismo de izquierda que parecía estar concebido para salvar la democracia. Pero, por el contrario, su legado, bajo el liderazgo de Maduro, ha provocado la implosión del modelo democrático en el país, como ocurrió en 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se apropió de las funciones del parlamento.

Una nueva cara de la izquierda

Lo novedoso es que, como contracara a estos populismos devenidos en autocracias, surge “una nueva expresión de la izquierda, con gente más joven, que al igual que la izquierda tradicional se preocupa por el tema de clases, pero enfatiza en otros aspectos de las libertades individuales, e incorpora nuevos temas como el pluralismo étnico, de género, cultural, el cuidado del medio ambiente y promueve una agenda de derechos humanos mucho más poderosa, que contrasta con la agenda populista y netamente autoritaria del chavismo o el sandinismo”, dice a LA NACION Gabriel Negretto, profesor y director del Programa de Doctorado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

El presidente chileno, Gabriel Boric, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro –aunque éste en menor medida–, son, tal vez, el rostro visible de esta manifestación más progresista que busca, en última instancia, asimilarse a una socialdemocracia europea, dice Negretto.

Esto nos lleva a preguntarnos… con todas estas versiones tan diferentes de la izquierda –progresista o tradicional, autoritaria o democrática– conviviendo en simultáneo en el continente, ¿es correcto hablar de una nueva “marea rosa” en América Latina? ¿Se pueden agrupar todos estos países en una misma bolsa?

Dejando de lado las autocracias, que son un capítulo aparte, Negretto explica que hay un elemento en común que une a la mayoría de los gobiernos que representan a las distintas expresiones de izquierda. “Tiene que ver con el antineoliberalismo, con un compromiso con la redistribución, con la ayuda los sectores más carenciados”. En esta línea, Boric anunció esta semana un proyecto para reformar el sistema de pensiones que pretende desmantelar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo.

“Pero cuando empezás a escarbar –continúa el experto–, ves diferencias muy notorias”. “El antineoliberalismo de AMLO (Andrés Manuel López Obrador, en México), por ejemplo, es muy distinto al de Alberto Fernández. El gobierno mexicano tiene una visión antiestatista al punto tal de que ha reducido el aparato estatal casi al estilo de los viejos liberales, aunque bajo la retórica de la anticorrupción. En la Argentina, o mismo en Chile, hay una intención de aumento impositivo que es el clásico instrumento de la izquierda”, explica.

Democracias vs. autocracias

Sin embargo, los analistas insisten y coinciden en que la distinción más clara y profunda es el clivaje democracia-autoritarismo.

“Cuba, Venezuela y Nicaragua no son democracias. Asimilarlos porque todos son de izquierda es tomar lo accesorio por lo esencial”, opina el politólogo argentino Andrés Malamud en diálogo con este medio.

El Índice de Democracia de The Economist, identifica a estos tres países como los únicos regímenes autoritarios de América Latina. Al resto los califica como híbridos o democracias (plenas o defectuosas).

Negretto destaca, sin embargo, que una diferencia interesante radica en cómo se comportan las demás izquierdas en torno a estos autoritarismos. Boric, por ejemplo, ha sido muy crítico. “Me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, declaró el presidente chileno durante un discurso este año en la Universidad de Columbia en Nueva York. Petro, aunque ha tendido puentes con su vecino bolivariano, señaló abiertamente durante su campaña que el gobierno de Ortega no era una democracia.

“Antes no se imaginaba este tipo de crítica a los gobiernos autoritarios. Y aunque nunca hubo una izquierda cohesionada en la región, había una izquierda más integrada que no se criticaba”, destaca, por su parte, Moehlecke.

Muchos líderes de las democracias de izquierda todavía preservan este apoyo tácito a las dictaduras de la región o, al menos, una postura más tímida o ambigua. Este año, por ejemplo, la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas generó tensión y los presidentes de México y Bolivia –Luis Arce– se ausentaron a la cita a modo de protesta. Incluso la presidenta Xiomara Castro, que prometía un giro progresista y la reivindicación de los Derechos Humanos en Honduras, rechazó la invitación al evento.

Por su lado, “la Argentina, en materia internacional, ha sido, en el mejor de los casos, dubitativa y en algunos casos de apoyo implícito”, asevera Negretto. “Hay sectores duros dentro del kirchnerismo que siguen reivindicando al chavismo. Cristina era apologeta del chavismo incluso cuando había abundante evidencia de cómo se violentaban las libertades individuales y de cómo se perseguía a los opositores”.

“Lula también tuvo en el pasado una cercanía muy fuerte con el régimen de Chávez”, añade el experto.

De todos modos, subraya Malamud, “la política exterior es para consumo doméstico; expresa afinidades identitarias, no conductas reales”.

Y más allá de cualquier afinidad política que pudo haber tenido en el pasado Lula, éste, a diferencia de otros líderes de la región, “tiene un compromiso democrático” y su objetivo principal para este tercer mandato es el de unir a una sociedad profundamente polarizada, no de dividirla, apunta Moehlecke. Un símbolo claro de la nueva época es que su vicepresidente será Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemócrata de Brasil. Este exgobernador de San Pablo que compitió en elecciones presidenciales de 2006 contra el propio Lula y contra Bolsonaro en 2018 es considerado un centrista conservador que justamente ofrece un contrapeso al PT.

Una región conservadora

Con respecto al progresismo en temas los sociales que promueven unos pocos líderes de la región, la situación es más compleja. “Brasil es muy conservador y el crecimiento de las iglesias evangélicas ha sido un fenómeno impresionante. Por lo que le será difícil tratar temas relacionados a la identidad de género o el aborto”, asevera la experta. (De hecho, Lula y su esposa, Janja, se pronunciaron en contra del aborto).

En este sentido, Lula muestra su cara más conservadora, que responde a los valores de una parte sustancial del electorado. En el extremo del espectro quizá está Castillo, el presidente peruano, quien declaró en plena campaña: “Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso lo voy a trasladar a mi pueblo”.

Otros casos son más contradictorios. En Colombia, Petro, un férreo defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, es más cauto en materia de género. El presidente mexicano, por su lado, se autodenomina un liberal pero al mismo tiempo acusó “periodo neoliberal” de traer consigo desintegración familiar, uno de sus “frutos podridos”.

De cualquier manera, destaca la profesora de la FGV, en este momento la ideología ya no tiene tanta fuerza en términos de lo que quiere la gente. “La gente está preocupada por la situación económica. Y en general, quiere soluciones programáticas para problemas reales. Pero tampoco sabemos si eso va a cambiar en el futuro cercano porque vemos que la gente tiene muy poca paciencia y el sentimiento contra quien está en el poder cambia muy rápido”, concluye.

María del Pilar Castillo

Fuente: La Nación

El fin de semana último, LA NACION publicó una exhaustiva investigación periodística sobre el narcotráfico y su inmensa red de complicidades políticas y judiciales en la provincia de Santa Fe. Hace años que la ciudad de Rosario es noticia por hechos de violencia que estremecen a la opinión pública; bandas de narcotraficantes enquistadas en los estamentos de poder, pruebas de corrupción, extorsiones y cifras escalofriantes de hechos de sangre con cientos de víctimas mortales.

Si hace muchos años, alguna vez se mencionó a Rosario como “la Chicago argentina”, a modo de comparación forzada con la época de los gánsteres y la ley seca en los Estados Unidos, hoy tendríamos que hablar de Ciudad Juárez o de Sinaloa, para comenzar a describir lo que se está viviendo en esa ciudad.

De acuerdo con los últimos datos, durante los primeros nueve meses de este año se registraron 222 asesinatos, y si se toma como punto de partida enero de 2012, las víctimas mortales ascienden a 2328.

Desde hace una década, Rosario comenzó a ser tomada poco a poco por bandas que a partir de dinero sucio, extorsión, amenaza y muerte tejieron redes que involucran a sectores estratégicos de la vida institucional de la provincia de Santa Fe. Un Estado cooptado, ausente o cómplice fue el banquete ideal para que ese territorio se haya transformado en un feudo narco.

Una simple muestra, absolutamente probada, de la impunidad con que se mueven estos sicarios surge del dato que transparenta que muchos de los atentados contra responsables del poder político o de los negocios fueron pensados y diseñados desde dentro de las cárceles, debido a que todos los cabecillas tienen la posibilidad de manejarse con teléfonos celulares desde las unidades penales, pese a existir una norma que desde 1996 lo prohíbe expresamente. Tan inexplicable como injustificable.

De esa manera se planificó en 2020, por ejemplo, el accidentado y malogrado atentado contra el Casino City Center, en las afueras de Rosario, que presuntamente tenía el propósito de extorsionar a sus dueños.

Justamente ese hecho provocó un tiroteo que causó la muerte del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, quien se encontraba en uno de los balcones del edificio.

En su momento, los fiscales locales actuaron con celeridad y se pudo detener a Maximiliano “Cachete” Díaz, lugarteniente de Ariel “Guille” Cantero, jefe del clan de Los Monos. Al verse rodeado por la policía, Díaz se deshizo del teléfono celular, que, no obstante, fue rescatado por un vecino y, a partir de allí, como punta de un ovillo, se fue reconstruyendo toda una telaraña que llegó hasta los lugares más encumbrados de la política provincial.

A partir de los audios y números que portaba ese dispositivo quedaron totalmente expuestas las conexiones existentes entre el juego ilegal, la policía, el universo narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y sectores del poder político.

Es así como Esteban Alvarado, uno de los narcotraficantes más importantes de Rosario, junto con la banda de Los Monos y condenado a prisión perpetua este año por el asesinato del gerente del Banco Nación, tejió una red de complicidades políticas y policiales más fuerte que la del clan Cantero. Luis Quebertoque, exjefe de la División Judiciales de la Policía, que persiguió a la banda de Los Monos, en verdad era hombre de Alvarado; también Pablo Báncora, policía encargado de realizar las escuchas telefónicas contra los narcos en la fiscalía, era el responsable de suministrar información a Alvarado para llevar a cabo diversos atentados.

¿Qué condiciones se han dado para que Rosario y zonas aledañas vivan este presente? Seguramente las mismas que en 2013 posibilitaron que la residencia del entonces gobernador Antonio Bonfatti fuese baleada en el contexto de un confuso episodio.

Más del 60% de las muertes que se registran en Rosario responden a disputas territoriales entre clanes y bandas criminales. La cantidad de homicidios que hubo en Rosario entre 2019 y 2022 fue de 855, mientras que en 2021, solo los vinculados al narcotráfico representan el 76%.

Las estadísticas reflejan también que la violencia se concentra en apenas el 13% de la ciudad, en su periferia. Sin embargo, lo que conectó la violencia con el centro de la ciudad fueron las mencionadas extorsiones que realizan los narcos desde la cárcel: dinero a cambio de paz. No se trata de un caso aislado: durante el primer semestre se denunciaron 732 extorsiones y en más de 400 se usaron armas.

Estos datos del Ministerio Público de Acusación (MPA) se suman a un escenario de desigualdad estructural, con barrios sumergidos en una pobreza extrema, crisis económica, corrupción impune y una posición geográfica de privilegio. Resultado: un peligroso caldo de cultivo para un sistema criminal que asfixia y que derrama sangre por las calles rosarinas, extendiéndose rápido y amenazante hacia otras zonas del país, mientras una parte de la dirigencia política mira para otro lado y otra se revela cómplice.

Fuente: La Nación

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta con tres secretarías y seis subsecretarías, donde trabajan 1004 empleados y 211 asesores con un presupuesto de 17.000 millones de pesos. Desde su creación, en diciembre de 2019, fue tomando un empleado por día (incluyendo domingos y feriados) aunque solamente 15 funcionarios entraron por concurso público, violando lo dispuesto por la ley 25.164. Ese aluvión de designaciones por excepción es un signo inequívoco del propósito político de utilizar esa nueva estructura para acoger militantes, amigos y parientes.

No está en duda la importancia de cerrar la brecha entre los sexos ni de prevenir la violencia contra las mujeres ni de educar con perspectiva de género ni de formar a la población en igualdad y diversidad. Lo que está en duda es si un país conducido a los niveles más abyectos de pobreza e indigencia por una coalición irresponsable puede gastar esas sumas de dinero en provecho de quienes ahora ostentan esos cargos y de quienes son contratados para ejecutar programas pagados con inflación.

Si la sociedad argentina quiere un gran abanico de prestaciones públicas para “comer, educar y curar” en forma gratuita y eficaz, ampliando el radio de giro del compás presupuestario, debe achicar el gasto de la política, aceptar reformas estructurales y recrear la confianza

Los organismos del Estado no son compartimentos estancos y cada centavo que se asigne a uno debe medirse con igual vara de creación de valor que a los demás. Hay una jerarquía de necesidades que van de mayor a menor. Los países más pobres solo pueden dedicar recursos a lo mínimo y crean ministerios de nombres larguísimos como advocaciones para que el cielo provea lo que el desgobierno les niega. El Ministerio de las Mujeres parece un caso similar al Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, de Venezuela, o al Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, de Afganistán.

A medida que los países prosperan, ministerios de nombres más escuetos incorporan nuevas prestaciones preservando la visión de conjunto para que los fondos públicos se asignen con igual criterio, al priorizar lo primordial y diferir lo secundario.

El amplio mapa de deseos argentinos es extenso y ocupa toda una mesa de trabajo, pero en el centro se encuentra clavado un compás que traza el círculo de las verdaderas posibilidades. Allí figuran campañas de salud, programas educativos, becas para científicos, inversiones ambientales, atención a grupos vulnerables, acompañamiento escolar, enfermedades costosas, discapacidades, pueblos originarios, internet en áreas postergadas, inclusión para discapacitados, informatización de escuelas, planes de viviendas, combate del narcotráfico, radarización de fronteras y tantísimas otras acciones en letra grande y en letra chica. Sin embargo, muchísimos de esos anhelos quedan fuera del trazo del compás presupuestario, cuyo radio de giro se ha ido reduciendo en proporción inversa a la del crecimiento del déficit fiscal, la emisión monetaria y la pauperización colectiva.

En materia de viviendas, después de 30 años de peronismo en la provincia de Buenos Aires y 25 años en la Nación, cinco millones de personas se hacinan en 4400 villas de emergencia y asentamientos en todo el país, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo. La mayor parte habita en el conurbano bonaerense. En cuanto al agua potable, un 15% de la población no tiene acceso a una red pública y la mitad carece de cloacas.

Son muchísimas las necesidades colectivas y solo pueden satisfacerse en la medida que haya crecimiento, basado en la inversión privada, para que el Estado cuente con recursos genuinos. Hemos señalado en estas columnas que “al Estado hay que merecerlo”. Si la sociedad argentina quiere un gran abanico de prestaciones públicas para “comer, educar y curar” en forma gratuita y eficaz, ampliando el radio de giro del compás presupuestario, debe achicar el gasto de la política, aceptar reformas estructurales y recrear la confianza. En el presupuesto 2023 se ha reducido el 15,5% las partidas para educación porque el populismo ha tocado el fondo de la olla. En el país de las vacas gordas o granero del mundo se pasa hambre: la mayoría de los adultos y los niños en hogares con ingresos de hasta 60.000 pesos mensuales saltean una comida.

En ese contexto, no es serio que exista un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con cargos y remuneraciones similares a otras estructuras que gestionan la salud, la educación, la seguridad o las relaciones exteriores. Por ejemplo, en las posiciones superiores de esa cartera existen dos secretarías: la de Políticas contra la violencia por razones de género y la de Políticas de igualdad y diversidad. Bajo la primera, una Subsecretaria de abordaje integral de las violencias por razones de género y otra de Programas especiales contra la violencia por razones de género. En cuanto a la segunda, está secundada por una Subsecretaria de Políticas de igualdad y otra Subsecretaria (como era previsible) de Políticas de diversidad. En los niveles inferiores del organigrama proliferan cargos de altísimo nivel, como directoras nacionales, con funciones que carecen de iguales responsabilidades que sus equivalentes en los ministerios de Salud, Educación, Interior, Justicia o Relaciones Exteriores. El autor de las misiones y funciones debió inventar programas para darles ocupación y gastar cifras que bien desearían aquellas otras jurisdicciones, sujetas a la poda subrepticia de Sergio Massa.

En tiempos de crisis, la joven ministra Ayelén Mazzina podría hacer lo que omitió su predecesora. En un acto de modestia personal, sensibilidad social y respeto por lo público, debería proponer una reducción drástica de su propia estructura, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Desarrollo Social, para que su colega Victoria Tolosa Paz coordine desde allí acciones con provincias y municipios. Una forma austera y adecuada a los tiempos que corren para cumplir con los objetivos del Ministerio de las Mujeres. Por lo menos, como repliegue táctico hasta que la Argentina alcance los niveles de Noruega, objetivo que se fijó Alberto Fernández al comienzo de su gestión y que seguramente logrará cuando lo dejen gobernar.

Es obvio que el kirchnerismo se opondrá a esa medida, pues apostó a un mal entendido feminismo y a otros ruidosos y minoritarios colectivos identitarios, según surgió del censo, para construir poder. Los estudiantes, los enfermos y los jubilados carecen de gravitación en las urnas y en las calles. La educación, la salud y la tercera edad ocupan un lugar inferior en la jerarquía ética del Instituto Patria que solo busca la impunidad de la vicepresidenta. Entretanto, prefiere mantener su relato y la ilusión feminista aunque la inflación sumerja a todos y todas en las aguas oscuras de la miseria creciente.

Fuente: La Nación

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Verdad y justicia, o ideología y venganza

El respeto de la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley no pueden ser reemplazados por una especie de derecho penal paralelo para el enemigo

27 de octubre de 2022LA NACION

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En reiteradas oportunidades, hemos denunciado desde este espacio la violación sistemática de los derechos y garantías que nuestra Constitución consagra cuando se trata de acusados involucrados en causas de lesa humanidad. Creada recién en 1998 por el Estatuto de Roma, entre nosotros esta categoría se reservó exclusivamente para integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad y para agentes estatales por su accionar a partir de marzo de 1976, fecha del último golpe militar.

Sin fundamento jurídico alguno y contrariando la jurisprudencia internacional que aplica a toda persona responsable de ataques generalizados a civiles no combatientes, no se encuadran localmente en esa condición los delitos cometidos por organizaciones terroristas. Distintas instituciones llevan años reclamando infructuosamente a los sucesivos gobiernos argentinos la resolución de delicadas cuestiones derivadas que ya se han cobrado más de 700 vidas y que claramente conducen a considerar que estamos ante presos políticos perseguidos ideológicamente por venganza y odio.

Largos años de relato kirchnerista han servido para alejar a gran parte de la sociedad de la verdad e incluso el cine ha sumado últimamente cierta manipulación de la historia con ribetes hollywoodenses, que termina siendo funcional al poder de turno. Se han sembrado el odio y el revanchismo también en estos terrenos, instalando en las jóvenes generaciones miradas falsas y distorsionadas sobre lo ocurrido en los dolorosos años 70. Como también hemos reiterado desde estas columnas, más allá de que hubo hechos que merecieron reproche y castigo, la ideología imperante fue, por un lado, utilizada desde la política para captar apoyos y sembrar fragmentación en términos de Laclau. Por el otro, fue convenientemente puesta al servicio del pingüe negocio de las varias veces millonarias indemnizaciones, una perversa maquinaria que jaqueó, y aún jaquea como noticias recientes confirman, las exhaustas arcas del Estado.

Insistir en reformar la Justicia para asegurarse impunidad al mismo tiempo que se violan las normas detrás de un discurso ideológico revanchista es atentar contra el Estado de Derecho

En ámbitos judiciales, la parcialidad y sumisión al poder político de numerosos magistrados de vínculos públicos y notorios con organizaciones que intervinieron como querellantes condujo a amañados procesos. Además de insistir en la aplicación retroactiva de la figura delictiva invocada, violando lo dispuesto por la Constitución nacional, se construyeron causas faltando en muchos casos a la verdad, abrevando en testimonios falsos, asignando responsabilidades colectivas y no personales, y demorando también los tiempos para prolongar, con plazos largamente excedidos, las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus eventuales condenas a cuarenta años de los hechos. Pedidos de juicio político y denuncias contra los magistrados probos, intimándolos a abandonar el principio rector de imparcialidad, por parte de organizaciones autodenominadas “defensoras de los derechos humanos”, que también se vieron enriquecidas en tiempos de kirchnerismo, lideran la embestida que envilece a toda una sociedad.

Sin respuesta del Estado argentino, o peor aún, con intromisiones y expresiones públicas sobre fallos por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional –muchos de los cuales fueron protagonistas de aquel doloroso pasado–, el arduo camino del reclamo ante organismos internacionales permitió darle visibilidad a tanta injusticia. Cabe distinguir entre la protección internacional en materia de derechos humanos que no ha de confundirse con la justicia penal que se aplica en tribunales internos, ambas absolutamente necesarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió ya en 2018 los testimonios de la Asociación por la Justicia y la Concordia y Puentes para la Legalidad, defensoras de los detenidos. El organismo consideró la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años y los rechazos a las prisiones domiciliarias para ancianos y enfermos, así como las denegatorias de excarcelaciones y prisiones preventivas largamente excedidas en plazos. Las escandalosas desmesuras en relación con numerosos casos que se pretende tan forzosa como falsamente encuadrar dentro de los llamados delitos de lesa humanidad, desconociendo también el derecho de todo ciudadano a ser juzgado o fijados sus derechos en un plazo razonable, colocan al país en riesgo de recibir una condena por parte de tribunales internacionales que afecte la responsabilidad patrimonial del Estado.

Bregando sin descanso por el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, Justicia y Concordia ha solicitado sumarse como amicus curiae en la primera de las causas contra el doctor Jaime Smart. Este civil, acusado por hechos acaecidos en dependencias bajo la órbita de la policía bonaerense mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue condenado a prisión perpetua en 2012 con el argumento de haber puesto a disposición de esa fuerza recursos y personal utilizados por determinados efectivos para secuestros, tormentos y homicidios. Todo esto aun cuando no existe ningún comportamiento que permita relacionarlo y cuando, desde 1975, una ley había puesto a la fuerza a disposición de las autoridades federales en lo relativo a la lucha contra el terrorismo. Por lo demás, la condena plantea el absurdo de que se lo penalice por el cumplimiento de sus indelegables obligaciones, inventando una participación criminal y desconociendo que los delitos de lesa humanidad deben ser probados. Ni el conocimiento ni la voluntad de Smart de haber colaborado en los hechos de los que se lo acusa pudieron jamás probarse.

Los tratados internacionales que otorgan mayor garantía a los derechos humanos consagrados por la Constitución no hacen distingos respecto de personas ni delitos para asegurar su amparo. Pero sí lo hace la Justicia argentina. No puede haber un derecho paralelo, una especie de derecho penal del enemigo que no respete las formas procesales ni las garantías fundamentales, tal como lo ha recordado la Corte Suprema en el fallo “Tomasi”, otro caso en el que se exhibió una total arbitrariedad en el juzgamiento de civiles en esta clase de delitos. Asistimos a un claro interés del Estado por construir y perseguir un delito abusando de su poder punitivo, en grave colisión con las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.

Resulta incomprensible en términos jurídicos la diferencia de criterios a la hora de juzgar la responsabilidad de los comandantes de la junta militar, no en orden al ejercicio del poder administrador de gobierno, sino al dictado de órdenes emitidas para el combate contra el terrorismo. A tal punto llega la arbitrariedad que Smart ha sido condenado por hechos por los que se absolvió a Jorge Rafael Videla y a Roberto Viola, integrantes de la Junta militar del gobierno de facto, y a Ramón Camps y Ovidio Ricchieri.

Debiera ser prioritario para una sociedad preservar su sistema judicial de nefastas injerencias, asegurando para todos el derecho al debido proceso, a plazos razonables de juzgamiento, al principio de cosa juzgada y a la exactitud en el encuadre de los delitos, incluidos los considerados de lesa humanidad, para evitar toda discrecionalidad ideológica o inconcebible parcialidad. Insistir en reformar la Justicia para asegurarse impunidad al mismo tiempo que se violan las normas detrás de un discurso ideológico revanchista es atentar contra el Estado de Derecho.

Fuente: La Nación

Hay una Argentina subterránea, esperando nacer. Es el país de los que cada mañana se levantan para trabajar, para sembrar o cosechar, para crear, para ofrecer bienes y servicios, para estudiar, para enseñar. Latente, debajo de las crisis económicas y políticas, de las ideologías, de las ocupaciones, las tomas, las discusiones de poder y la puja de intereses, hay una Argentina que, paradójicamente, tiene un potencial inimaginable. Es el país de Vaca Muerta y la minería, de los unicornios y las start up, del campo y los industriales que innovan y compiten. Pero es, sobre todo, el país del talento argentino.

La Economía del Conocimiento se nutre de ese talento para desplegarlo en servicios profesionales, en software y tecnología, producción audiovisual, biotecnología y producción de bienes sofisticados. Solo en servicios profesionales y de tecnología se exportaron 7200 millones de dólares en los últimos 12 meses, con lo que se constituyó en el tercer complejo exportador del país. Un sector que no solo aporta divisas a una Argentina ávida de dólares, sino que también es uno de los principales empleadores, con el 7,3% del empleo privado nacional y más de 460.000 puestos de trabajo de medio y alto nivel salarial, radicados en toda la geografía nacional. Esto sin mencionar la creciente fuga de talentos hacia el mercado informal que afecta la oferta local exportable y que, en 2021, equivalió al 22% de la producción total.

Tenemos un excelente equipo de Tecnología del Conocimiento, pero necesitamos superar el grave desacople con el mundo, derivado de nuestros desequilibrios macroeconómicos

Una importante comunidad de profesionales, científicos y empresas alimentan un ecosistema de conocimiento altamente respetado en el mundo. La economía del conocimiento navega una ola de crecimiento global que se expande sin reconocer límites, sobre todo luego de la pandemia. Por eso, el presente es solo una muestra de este potencial argentino. Polonia, un país comparable al nuestro, exporta 30.000 millones de dólares. Nosotros podríamos hacerlo, pero enfrentamos dos obstáculos para ese despegue: la macroeconomía, especialmente el frente cambiario que perturba el desarrollo de inversiones, y una demanda de profesionales que supera la capacidad del sistema educativo para formarlos. Ambos problemas son evidentes y deben ser el foco de una inmediata política pública consensuada por todo el arco político para superar exitosamente un cambio de época que compete a todos.

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Economía ha tomado algunas medidas que apuntan en esta dirección. La Economía del Conocimiento ha sido reconocida por primera vez a nivel de una secretaría de Estado en el organigrama del gabinete nacional, equivalente a Industria, Agricultura o Energía.

Se ha buscado reducir el fenómeno de la fuga de talentos que sufren las industrias, al permitir a las empresas acceder a dólares libres en función del incremento de las exportaciones, reducir las contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias de las empresas, entre otros beneficios. Si a las modificaciones introducidas al régimen de la ley de Economía del Conocimiento se sumara, además, una adecuada capacitación, se podría impulsar al principal motor de la exportación, el sector de servicios profesionales (abogados, contadores, diseñadores, ingenieros, entre otros), que tiene una participación del 58% sobre el total, superior al de los perfiles tecnológicos. En esta dirección se reforzó el proyecto educativo Argentina Programa 4.0.

El Ministro de Economía anunció un plan de fortalecimiento de la imagen exterior argentina como proveedora de talento y servicios de tecnología de alta calidad, al poner como foco la competencia directa con países referentes de nuestra región en la captura de mercados globales.

Estos primeros pasos en la dirección estratégica correcta son positivos. Participamos de un campeonato internacional en la cancha global de la Economía del Conocimiento. Tenemos un excelente equipo, pero necesitamos todavía superar el profundo desacople con el mundo derivado de nuestros desequilibrios macroeconómicos e intensificar la capacitación de nuestros talentosos recursos humanos.

Fuente: La Nación

Como hemos señalado en nuestro editorial “Un organismo fuera de control”, del 12 de agosto de 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) ejerce la función de registrar y fiscalizar las sociedades, asociaciones y fundaciones que se constituyen en la ciudad de Buenos Aires de una manera desorbitada. En lugar de desempeñar la competencia que tiene atribuida por la ley, dicta sus propios y extensísimos reglamentos y se inventa atribuciones que ninguna norma superior le ha dado. Entre ellas, la de exigir paridad de género en la composición de los directorios u órganos de administración, medida que existe en el mundo, pero que ha sido impuesta, no sin polémica, para determinados tipos de entidades y bajo ciertas circunstancias.

Los tribunales que tienen competencia en lo comercial y en materia contencioso-administrativa han declarado nulas esas disposiciones por carecer la IGJ de atribuciones para dictarlas, pero recientemente un tribunal de apelación en materia civil (competente para revisar las decisiones sobre asociaciones civiles) convalidó la orden que el organismo había dado al Jockey Club de Buenos Aires para incorporar mujeres como asociadas.

Por obvio que resulte, el derecho de elegir con quién asociarse presupone la libertad de no asociarse, y nada permite presumir que eso sea un ataque misógino, como disparatadamente fundamenta la IGJ

Con independencia de lo que cada quien piense sobre una institución que decide que sus miembros sean solo hombres (o mujeres, que las hay también), la sentencia se presenta como la suma de dos tendencias tan actuales como negativas. La primera: suponer de manera automática que toda elección es una exclusión y que esta, a su vez, siempre es discriminatoria. La segunda: creer que, a través de normas y decisiones, el poder público es capaz de hacer ingeniería social para revertir de manera acelerada las desigualdades y exclusiones que el gobernante de turno reputa injustas. En este caso, es inevitable asociar la medida con la condición de aristocrático que suele atribuirse al Jockey Club.

Sobre esa base, el tribunal, invocando genéricas normas y principios constitucionales y provenientes de convenciones internacionales, ha resuelto convalidar la exigencia de que un club privado incorpore mujeres.

La libertad de asociación tiene jerarquía constitucional. Por obvio que resulte, el derecho de elegir con quién asociarse presupone la libertad de no asociarse y nada permite presumir que eso sea un ataque misógino, como lo ha dicho la IGJ en sus disparatados “fundamentos”. Además, cualquier restricción que pretenda imponerse a esa garantía debe ser convalidada por una ley y, razonablemente, no por un organismo administrativo con funcionarios de tercera línea, que tiene muy modestas competencias de tipo registral.

Formar un club de hombres no es discriminar a las mujeres (además de que la primera acepción de “discriminar” es “seleccionar excluyendo”) y mucho menos atacar a las mujeres o conspirar contra los derechos de las mujeres. Es, simplemente, formar un club de hombres. Del mismo modo que ir al teatro no es discriminar a los dueños de los cines.

El estatuto del Jockey Club de Buenos Aires no indica de manera explícita que la condición de asociado esté limitada a los varones, pero ninguna duda cabe de que así es por una inveterada costumbre de sus integrantes, que así lo han interpretado. Que se sepa: no existen conflictos causados por mujeres que exigen la modificación de esa regla de asociación. Lo que no molesta a los ciudadanos ni a los asociados de ese club ni a los que no tienen interés en serlo resulta intolerable para un funcionario.

Nadie ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de la Asociación de Mujeres Juezas, cuyo estatuto no prohíbe que sea integrada por hombres, pero que es verosímil que no tenga ninguna paridad de género entre sus miembros. De hecho, en su página en internet informa que su comité ejecutivo está integrado –comprensible y razonablemente, dados el nombre y la finalidad de la institución– solamente por mujeres. Podrá argumentarse que, justamente, se trata de una entidad de mujeres que comparten la condición de ser juezas. ¿Bastaría entonces para terminar con las exigencias de una oficina estatal que el Jockey Club modificara su estatuto e indicara que se autopercibe como “un club social y deportivo de hombres que, cuando quieren, invitan a algunas mujeres a usar sus instalaciones”?

Más allá de este caso particular, es incomprensible la decisión de mantener al frente de la IGJ a su actual titular, Ricardo Nissen, cuyas excentricidades causan enorme daño a quienes intentan constituir y gestionar sociedades (obvios vehículos de inversión y de empleo) y también entidades civiles. Tampoco se justifica que los colegios que agrupan a los profesionales que brindan servicios relacionados con la IGJ (abogados, contadores, escribanos) no exijan de inmediato una corrección de rumbo en beneficio de sus clientes.

Fuente: La Nación