Categoría: Entrevistas

Toda vez que un gobierno cree que puede fijar y decretar el precio de algo termina por no saber cómo salir del problema y cae en el ridículo. Le está sucediendo eso hoy al actual gobierno como consecuencia del llamado cepo cambiario.

Con el fin de reducir la inflación, oportunamente se dispuso controlar el tipo de cambio aplicado a exportaciones, importaciones y transacciones financieras, obligadas a operar en el mercado oficial. La medida perseguía utilizar la cotización del dólar como ancla antiinflacionaria. Además, se complementaba con congelamientos y controles de precios. No era una política novedosa en la Argentina. Fue aplicada muchas veces y fracasó siempre que se lo intentó. No solo fue así, sino que los controles de precios o del tipo de cambio dejaron una costosa secuela de problemas; entre ellos, la destrucción de capacidad productiva.

La pregunta es por qué, ante tales evidencias, los gobiernos insisten en aplicar controles directos. Una razón es la resistencia ideológica de gran parte de la clase política a aceptar que la inflación tiene origen macroeconómico y particularmente monetario. Ese mismo sesgo ideológico rechaza al mercado como instrumento eficiente, compatible con la libertad ciudadana. Además, quienes carecen de formación económica se apoyan más en lo intuitivo y creen que los productores y comerciantes son quienes fijan los precios, los aumentan arbitrariamente y “se llevan la plata con carretilla”. En el planteo amigo-enemigo de esta equivocada concepción, los que están del otro lado merecen, como mínimo, ser controlados imponiéndoseles los precios.

Cuando los efectos indeseados de los controles llegan a un límite, se hace necesario salir de ellos o compensarlos. La peor alternativa es la que está siguiendo el actual gobierno, al otorgar excepciones y dar alivio en forma discrecional a unos y no a otros.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-tipos-de-cambio/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-TBQ7GQJXLJEALAN2IFLHHKDUNI-0&parentTitle=El%20mamarracho%20cambiario%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fel-mamarracho-cambiario-nid19102022%2F

Es así como apareció el dólar soja para inducir a los exportadores a no retener el grano y concretar los embarques. A quienes lo hicieran antes de una fecha determinada se los autorizó a liquidar un porcentaje de los dólares obtenidos en el mercado financiero. Así obtuvieron alrededor de 200 pesos por dólar en lugar de 140. El Banco Central pudo pasar a comprar reservas luego de que estas cayeran a niveles críticos. Pero superado el plazo de vigencia, los exportadores de soja vuelven a esperar una devaluación, reteniendo el grano.

Por su lado, no pocos importadores aceleran sus compras o las sobrefacturan, asumiendo también que llegará una devaluación general. El Banco Central ha vuelto a vender reservas, convalidando esa presunción. La aceleración de la devaluación diaria del dólar oficial no ha sido suficiente para reducir la brecha cambiaria y, además, sigue quedándose corta frente a una inflación que crece sin parar.

Como consecuencia del dólar soja, inmediatamente otros sectores reclamaron tipos de cambio más favorables. La respuesta fue admitir el dólar tecno para la industria del conocimiento. Aparecieron, además, los llamados dólar Qatar y dólar Coldplay, junto a otras cotizaciones como el dólar cripto, que replicaba la cotización en dólares del bitcoin. Estas variantes se suman al dólar oficial (mayorista y minorista), el dólar ahorro, el dólar turista y el dólar tarjeta, el contado con liqui, el MEP y el dólar informal o blue, entre otros.

Estamos así, ante innumerables cotizaciones, algunas de las cuales favorecen al Gobierno y otras ofrecen ventajas para quienes tienen acceso a ellas. Los sectores que aún no lograron las suyas hacen lobby y presionan para obtenerlas. El intervencionismo pone así decisiones que implican millones de dólares en manos de funcionarios que no deben atenerse a reglas preestablecidas. Frente a su escritorio, se sientan inexpertos “especialistas en mercados regulados”. Es un caldo de cultivo para la corrupción y un escenario impredecible e inabordable para convocar inversores de riesgo en la Argentina. Por otro lado, del ridículo no se escapa. Resuena la voz de aquel vendedor de colectivo que ofrece diversos artículos “para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero”.

Fuente: La Nación

MADRID.- Hay una convergencia inquietante entre la Rusia de Vladimir Putin y la Corea del Norte de Kim Jong-un, no tan solo en su concepción del arma nuclear como resorte del terror para preservar su poder y expandir su hegemonía sobre países vecinos, sino también en la similar reacción que suscitan sus sistemáticas vulneraciones de la legalidad internacional y de las resoluciones de las instituciones multilaterales. Están coincidiendo estos días la exhibición de fuerza balística de Pyongyang para amedrentar a Japón y Corea del Sur, y el lanzamiento por Rusia de más de un centenar de misiles y drones suicidas sobre Ucrania en una ofensiva vengativa, sin objetivos militares, que ha dejado un reguero de civiles muertos y de infraestructuras destruidas.

Pyongyang, que ha efectuado 26 lanzamientos este año, disparó el 3 de octubre un misil con alcance de 4500 kilómetros y capacidad para golpear la base estadounidense de Guam. En respuesta a su lanzamiento, EE.UU., Corea del Sur y Japón realizaron ejercicios militares en las aguas que separan la península de Corea de Japón. Dos días después, Corea del Norte lanzó dos misiles, estos de corto alcance y con capacidad para transportar cabezas nucleares, y el miércoles disparó otros dos más.

La conexión entre Rusia y Corea del Norte se plasma también en la imposibilidad de traducir el rechazo creciente a su chantaje belicista en forma de apoyo a las sanciones internacionales en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ambos cuentan con el doble veto sistemático de China y de la propia Rusia. Ambas potencias concertadas demandan el aligeramiento de las sanciones y la apertura de una vía de diálogo diplomático, que afirmaría el statu quo actual, el de Rusia como ocupante del 20% del territorio de Ucrania y el de Corea del Norte como potencia nuclear. De abrirse paso el doble desafío ruso y norcoreano, quedaría reconocido el derecho de conquista de cualquier país con capacidades nucleares sobre sus vecinos desprovistos de estas, mientras que muchos países que no las tienen se apresurarían a adquirirlas. Una auténtica catástrofe para la política de no proliferación y una devastadora amenaza para la paz en el mundo

El País

Fuente: La Nación

Ser jubilado y tener el PAMI como prestador de salud viene siendo desde hace ya mucho tiempo una doble condena para millones de personas. Hoy, esa alarmante situación es todavía más dramática: conseguir un turno para consulta o simple realización de un estudio, o lograr una derivación puede llevar meses. Lo mismo ocurre ante una cirugía, sumado a que puedan requerirse insumos o prótesis cuya adquisición también se demora interminablemente.

“El desborde es absoluto y la enfermedad no espera. Un turno por una derivación del médico de cabecera, por ejemplo, es a cuatro o cinco meses. La indicación de un estudio de baja complejidad para avanzar hacia un diagnóstico suma un par de meses más. Y, si es necesario un tratamiento, pueden pasar diez meses o un año”, se lamenta, con toda razón, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.

En el PAMI, una millonaria caja de fondos, niegan que ello ocurra. Prefieren hablar de casos aislados entre los cinco millones de jubilados cuyas prestaciones se han deteriorado sensiblemente desde la pandemia por coronavirus, y demandan poner en perspectiva esos graves problemas. Sin embargo, a poco que se hable con un jubilado, cualquiera puede confirmar el estado de abandono, indefensión e impotencia por el que están pasando. Una simple operación de cataratas, por ejemplo, puede demorar meses y pasar hasta un año antes de operar el otro ojo. Son apenas algunos ejemplos de lo poco que al sistema le interesa el bienestar del paciente y su pronta rehabilitación, además del gigantesco costo económico asociado. En un país escandalosamente inflacionario como la Argentina, alargar tanto la compra de insumos solo puede derivar en una debacle mayor. Cuanto más tiempo avanza, más empeorará la enfermedad y ello generará mayores costos. Un círculo vicioso que nadie parece dispuesto a cortar.

A poco que se hable con un jubilado, cualquiera puede confirmar el estado de indefensión en que se encuentra

Ni qué hablar del atropello desde el punto de vista humanitario. A esta altura de los acontecimientos, frente al despiadado juego con la salud del sector precisamente más necesitado de atención, tanto por su edad como por su fragilidad, suenan insultantes los eslóganes del Gobierno tendientes a demostrar una sensibilidad social que ni siquiera exhibió la directora del PAMI, la camporista Luana Volnovich, cuando vacacionaba holgadamente en el exterior o más recientemente cuando designó a su hermano Guido como gerente de la entidad. “Primero la gente” fue el lema elegido allá por mayo último en reemplazo del tan utópico como falaz “Reconstrucción argentina”.

Ya no es aceptable que se siga invocando a la pandemia como excusa de todos los males que afectan el pésimo servicio que otorga el PAMI. Ciertamente, como consecuencia de aquel dramático momento en la vida del país y del mundo, quedaron huellas profundas debidas a múltiples factores; entre ellos, que muchísimas personas se vieran forzadas a abandonar sus tratamientos y que el sistema de salud estuviera casi por completo abocado a atender la emergencia. Pero también es cierto que parte de ese agravamiento de la situación ocurrió precisamente porque el Gobierno embarcó a la ciudadanía en una cuarentena de duración inusitada, postergando atenciones y tratamientos, y porque no previó debidamente la salida sanitaria de semejante estropicio. Muchos médicos que entregaron su sapiencia y pusieron su trabajo al servicio de todos, casi sin descanso, para enfrentar al Covid-19, huyeron horrorizados del sistema público, que no los contuvo ni oportuna ni debidamente, y que, mucho menos, los reconoció como se debía. La falta de recursos humanos es otro factor clave del alargamiento de los tiempos de espera para ser atendidos.

Un problema adicional directamente vinculado con malas decisiones políticas es haber modificado, desde marzo pasado, el esquema de compra de insumos junto con la implementación de la libre elección de especialistas para procedimientos en más de 30 especialidades. Frente al reclamo de los pacientes por demoras, numerosos profesionales lo atribuyen a que la adquisición de esos materiales pasó a ser parte de la práctica médica en el lugar de atención. Muchos de los prestadores no cuentan con presupuestos suficientes para encargarse de esa tarea y eso, inevitablemente, genera más y más demoras. Y ni hablar si, como pretendía el oficialismo en el Congreso, se hubiera sancionado el proyecto de ley denominado Compre Argentino, supuestamente para favorecer a la industria nacional, que habilitaba al Estado a comprar sus insumos hasta un 20% más caro, incluso en bienes tan sensibles como los medicamentos que adquiere el PAMI.

Frente al despiadado juego con la salud del sector más necesitado de atención, tanto por su edad como por su fragilidad, suenan insultantes los eslóganes del Gobierno tendientes a demostrar una sensibilidad social que ni siquiera exhibió la directora del PAMI, Luana Volnovich, cuando vacacionó holgadamente en el exterior o cuando designó a su hermano como gerente

Más que “primero la gente”, lo que se observa es “primero la trampa”. Dicho en términos del propio Semino, “donde hay una necesidad, sobre todo en algo tan delicado como la salud, y más de un adulto mayor, hay un negocio”.

A eso hay que sumar las demoras en compras de insumos que dependen del propio PAMI, como sillas de ruedas, con retrasos de hasta tres meses en entregarse, con lo que esos plazos implican para la calidad de vida de los pacientes geriátricos que las necesitan.

Por lo demás, resulta inadmisible que en el PAMI justifiquen las demoras en el servicio en que también se producen retrasos en coberturas privadas de salud. Quien puede pagar una prepaga tiene la posibilidad de cambiarla hasta encontrar la que más le convenga, no es eso lo que ocurre con el PAMI. La mayoría de los jubilados no tiene manera de costearse un servicio particular ni de pagar prestaciones de manera privada. Deberían saberlo perfectamente quienes han reformulado los ajustes de los ingresos de la clase pasiva para que cada vez se cobre menos, quedando la actualización de las asignaciones mensuales a distancia sideral de la galopante inflación.

Es hora de abandonar los eslóganes y las excusas. Urge reconstruir un sistema que, en lugar de curar, enferma

La burocrática estructuración operativa del PAMI, una suerte de profundo pozo negro donde caen las demandas y los reclamos de exhaustos pacientes, suma más daños y perversión. Paradójicamente, contribuye a seguir deteriorando la salud de los afiliados, disminuyendo su posibilidad de rehabilitación y, en muchos casos, llevándolos a la muerte.

Es hora de abandonar los eslóganes y las excusas. Urge reconstruir un sistema que, en lugar de curar, enferma.

Fuente: La Nación

La economía argentina se enfrenta hoy a una encrucijada que requiere ser resuelta para poder volver a crecer, crear empleo, reducir la pobreza y frenar el éxodo de argentinos que buscan en otros países lo que hoy no podemos ofrecer como sociedad.

Entre 2003 y 2015, nuestro país ha duplicado su nivel de gasto público, lo que a su vez fue llevando a la creación de impuestos distorsivos, a consumirnos nuestras reservas y, una vez terminadas, exprimimos el crédito interno y externo hasta agotarlo. Finalmente, hemos terminado utilizando la emisión monetaria para seguir financiando el gasto público monstruoso que hemos creado. La inflación exuberante que hoy nos agobia es el resultado final de este proceso decadente y autodestructivo y no habrá alquimia monetaria o cambiaria que la resuelva, hasta tanto no enfrentemos el problema original: el tamaño del Estado. Más gasto implica más impuestos, más distorsiones, más deuda, más inflación, más crisis, menos crecimiento, menos inversión, menos empleo, más pobreza.

La magnitud alcanzada por el gasto público es de proporciones insostenibles para las espaldas del país y constituye un caso asombroso para los estándares de la mayor parte de las democracias consolidadas. Entre 1980 y 2004, el gasto consolidado promedió el 23,3% del PBI, para lentamente comenzar a aumentar y llegar a su pico más elevado -cuándo no- en 2015, en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, con el 42%. Con gran esfuerzo, entre 2017 y 2019, se inició un proceso de reducción que lo llevó hasta el 36% en 2019, al cerrarse la presidencia de Mauricio Macri. Nuevamente, habrá que comenzar a reducirlo, en una tarea en la que al final del camino hay que converger a un nivel cercano al 30% del PBI si pretendemos eliminar los impuestos que más distorsionan la actividad económica y, a su vez, alcanzar un superávit fiscal que estabilice la economía y comience a eliminar la inflación.

Más gasto público implica más impuestos, más deuda, más inflación, más crisis, menos crecimiento, menos inversión, menos empleo y más pobreza

Es decir que, para crecer, la Argentina no solo debe ordenar sus cuentas fiscales, sino que necesita converger a un nivel de gasto público que pueda ser financiado con impuestos razonables y que sea consistente con su nivel de desarrollo. En la comparación regional con América Latina, nuestro país exhibe un nivel de gasto del 40% versus un mucho más razonable 22%.

El aumento del gasto público se ha concentrado en jubilaciones, subsidios, empleo estatal, planes sociales y en el déficit de las empresas públicas.

El sistema previsional actual gasta alrededor del doble de lo que sería esperable para el nivel de desarrollo y envejecimiento de la población. La “tasa de dependencia”, es decir, la proporción de nuestra población mayor a 65 años con relación a la población total es de solamente el 12%, contra un 20% en buena parte de los países desarrollados. Sin embargo, la Argentina gasta en jubilaciones un 10% de su PBI, prácticamente el doble de lo que erogan países con una estructura demográfica similar a la nuestra. Y solamente gastan 10% de su PBI en jubilaciones los países con una tasa de dependencia cercana al 20%.

Para corregir este desequilibrio, es fundamental que la Argentina adopte, lo antes posible, una regla de movilidad en línea con la sancionada en diciembre de 2017. Esa movilidad se ajustó a las prácticas internacionales en vigor. Toda propuesta de reforma debe uniformizar la edad de retiro, tanto para mujeres como para los regímenes de excepción. Deben dejar de regir los privilegios actuales y la edad de retiro debería tener en cuenta las tendencias que muestran una extensión notable en la esperanza de vida de nuestros habitantes. La última vez que se revisó la edad de retiro fue en 1993 y, desde entonces, la Argentina ha mejorado su expectativa de vida en tres años. Hacia adelante, deben eliminarse los regímenes de privilegio y los denominados “especiales”, es decir, aquellos que permiten retirarse en edades sustantivamente más bajas que las del régimen general. A su vez, ninguna actividad debería contar con un diferencial en la edad de retiro mayor a cinco años que las vigentes en el régimen general, y las reglas para otorgar pensiones de fallecimiento deben adecuarse a prácticas internacionales en cuanto a cantidad de beneficiarios y grado de los beneficios. Deben revisarse, además, las pensiones por invalidez otorgadas de manera fraudulenta. Una reforma previsional de este tipo podría bajar el gasto público en cerca de cinco puntos del PBI luego de diez años de vigencia.

Todos los consumidores de servicios públicos deben pagar la tarifa plena por la energía, sin subsidios, salvo los beneficiarios de la tarifa social, adecuadamente administrada por el gobierno nacional en los rubros gas y electricidad, dado que será el que aporte los fondos para solventar esos subsidios. La incorporación creciente de usuarios a la tarifa plena tiene que estar acompañada de la eliminación gradual de las subcategorías domiciliarias a fin de llegar finalmente a una única categoría residencial, con un cargo fijo y otro variable, simplificación que favorecería a los usuarios y a las compañías.

El costo anual del déficit operativo de las empresas públicas totaliza el 1% del PBI. Se debe condicionar la entrega de fondos a esas empresas al cumplimiento de reglas de buena gestión, como la presentación de un plan de reestructuración y eliminación del déficit en un plazo determinado, cuyo eventual incumplimiento genere la suspensión de los subsidios.

El peso de la masa salarial del empleo público consolidado se sitúa en 10% del PBI. Se ha duplicado respecto del porcentaje que esta erogación representaba en los años 90. Los trabajadores públicos representan cerca del 20% de los ocupados en la Argentina. Casi 3,5 millones de personas. Así, el peso del empleo público supera el promedio observado en América Latina y se sitúa solo por debajo de Venezuela en la región.

La cantidad de empleados públicos creció entre 2001 y 2014 casi un 70%. El motor de esa expansión fue el empleo público provincial, que explica el 51% de tal aumento, seguido por los gobiernos locales (32%) y, finalmente, el gobierno nacional (17%). El crecimiento del empleo estatal en las provincias y municipios tiene su correlato en las cuentas públicas, en las que los salarios explican en promedio la mitad del gasto de esa procedencia.

Para lograr que la proporción de empleo público sobre el total disminuya en el tiempo es necesario congelar su aumento en los niveles actuales y lograr que el empleo privado crezca al 2% anual. Para ello es necesaria una reforma laboral que facilite la contratación de trabajadores.

Si el empleo privado creciera un 2% anual o por encima del 1% del aumento de la población, en diez años la proporción de empleados públicos sobre el total de empleos pasaría desde el 20% actual a un 16.5%. Y, para lograr que baje al 15%, deberían reducirse 300.000 puestos además del congelamiento propuesto. La base para el saneamiento del empleo público debe ser la prohibición de las distintas jurisdicciones de aumentar sus nóminas por encima de la plantilla vigente al momento de iniciarse el programa. Para aumentar el empleo en seguridad y salud hay que reducir la cantidad de empleados administrativos. No puede haber excepciones para la Nación, ni para las provincias ni para los municipios. La manera de hacer cumplir esta norma es a través de la distribución de fondos coparticipables. Si se modifica la ley de coparticipación de Ganancias y/o de IVA podrían establecerse mecanismos de detracción equivalentes al desvío de gasto en personal de cada una de las provincias respecto de la media nacional.

Es hora de poner manos a la obra y reducir el elefantiásico gasto público antes de que sea demasiado tarde. El país no puede esperar más.

Fuente: La Nación

Desde hace algunos años, se popularizó en el fútbol una frase atribuida al entonces director técnico de Colombia, Francisco Maturana, quien sostenía que en este deporte se juega como se vive. Más allá de las opiniones a favor y en contra de esta aseveración, podríamos sostener que en el fútbol profesional de la Argentina se replican situaciones que sufrimos a diario fuera de los estadios.

Al margen de los gravísimos hechos ocurridos anteanoche en el estado de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que podrían haber concluido en una tragedia aún mayor, si pensamos que en nuestro país resulta frecuente que se alteren las normas, que se improvisen decisiones y que hablar de planificación semeje un relato de ciencia ficción, el deporte regenteado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no desentona para nada con tal lógica.

Con cambios permanentes en los formatos de sus campeonatos durante más de una década, con la imprevisibilidad de los horarios y sedes de los partidos, con la utilización del cuestionado VAR en algunas ocasiones y no en otras, la Liga Profesional hace que para los clubes resulte muy complejo identificar objetivos certeros y trabajar en pos de metas.

Respecto de la comparación del comportamiento de los argentinos como sociedad y la realidad de nuestro fútbol, Eduardo Sacheri, reconocido escritor y entusiasta seguidor de ese popular deporte, afirmó años atrás, que “somos demasiado inseguros como para asumir responsabilidades, demasiado impacientes como para empezar de cero y demasiado egoístas como para sospechar que tal vez nos convendría cumplir la ley”.

La prueba incontrastable fue que, faltando solo cuatro fechas para la finalización del torneo, aún existen dudas acerca de si habrá descensos de categorías y, por ende, de cuántos equipos participarán en el campeonato del año venidero.

El diputado nacional Marcelo Casaretto acaba de presentar, sin ponerse colorado, un proyecto legislativo para que se eviten los descensos

Hasta el momento, lo que está en carpeta es que descenderían dos equipos al finalizar el actual campeonato y que ascenderían otros dos, por lo que en 2023 disputarían el nuevo torneo 28 equipos. Se trata por cierto de una cifra exagerada si se considera que las principales ligas del mundo suelen estar integradas por no más de 20 equipos.

Por si fuera poco, sumado a este constante manoseo y a la confusión general, y como si no existiesen en la Argentina otros problemas de magnitud, el diputado nacional Marcelo Casaretto, del Frente de Todos de Entre Ríos, acaba de presentar, sin ponerse colorado, un proyecto legislativo para que se eviten los descensos, iniciativa que beneficiaría a equipos complicados con el promedio, como el representativo de su provincia, Patronato de Paraná.

No sería este el único papelón al que quedó expuesta la AFA en los últimos tiempos. Sin ir muy lejos, puede recordarse lo sucedido en diciembre de 2015, durante una asamblea de clubes en la que debía elegirse al presidente de la entidad rectora del fútbol argentino entre Marcelo Tinelli y Luis Segura y hubo más votos que votantes: se registró un empate 38-38 con 75 asambleístas presentes.

En función de todo esto, podríamos sostener que en la Argentina se regula y fiscaliza el fútbol profesional de la misma manera que los gobiernos nos hacen vivir, con medidas improvisadas y arbitrarias –cuando no sospechadas de corrupción–, y con cambios permanentes en las reglas de juego de acuerdo con la conveniencia del momento. Ocurre, por ejemplo, con las normativas económicas y financieras, al igual que con la legislación electoral, siempre proclive a ser modificada en función de los intereses y conveniencias del gobernante de turno.

Con groseras manipulaciones a la orden del día, parches e intervenciones interesadas, así en el fútbol como en la vida, la Argentina va camino de perder su futuro por goleada.

Fuente: La Nación

En las últimas semanas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio un paso desesperado en la escalada del conflicto que mantiene con Ucrania. Convocó a la movilización de reservistas para continuar su cruzada criminal sumando ya 200.000 personas a las Fuerzas Armadas bajo dudosos criterios de selección que llevaron a otros tantos miles a huir masivamente para evitar el reclutamiento. Otra señal de su desesperación han sido las amenazas de recurrir al uso de armas nucleares.

El autócrata ruso se muestra desconcertado con los resultados de una guerra que le parecía fácil ganar. Sus planes se vieron frustrados no solo por la destreza y la valentía de los ucranianos, sino también por las deficiencias de sus propias Fuerzas Armadas, que están agotadas, mal equipadas y desmoralizadas a más de siete meses de una invasión que, según la propaganda rusa, iba a durar solo unas semanas.

A pesar de todo, Putin redobló la apuesta. No solo anexó los territorios de Ucrania ocupados –Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Kherson– argumentando que serán rusos para siempre, sino que también parece dispuesto a utilizar el submarino de propulsión nuclear K-329 Belgorod, capaz de lanzar minisubmarinos de acción terrorista y espionaje y portador del misil Poseidón, conocido como “el arma del apocalipsis”.

Era de prever que reaccionara como lo hizo después de que se multiplicaron las malas noticias que llegaban del frente, pero también a causa del debilitamiento de su posición frente a China, cada día más incómoda con la guerra, que perjudica seriamente sus negocios con Europa; frente a Turquía, que cree imprescindible la retirada rusa de los territorios ocupados para que cesen las hostilidades, y frente a la cada vez mayor disidencia interna manifestada en inéditas protestas en las calles contra la sinrazón de la ofensiva en Ucrania.

Para sumar mayor presión, el papa Francisco se dirigió a Putin, aunque sin nombrarlo, llamándolo a detener por amor a su pueblo la espiral de violencia y muerte que ha ocasionado la guerra, a la que definió como un horror y una locura. A su vez, animó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a abrirse a serias propuestas de paz. En su más dramático llamado desde que comenzó el enfrentamiento, el Papa reconoció que el desarrollo de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazante que suscita grandes preocupaciones a nivel mundial.

“Deploro la situación creada en los últimos días con ulteriores acciones contrarias a los principios del derecho internacional, que aumentan el riesgo de una escalada nuclear, hasta hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial”, dijo Francisco.

Existe una creciente preocupación de la comunidad internacional ante las medidas de Putin, quien se siente cada vez más acorralado, cuestionado incluso por sus connacionales, tomando peligrosas medidas que pueden llevar esta absurda guerra a una aun peor, sin salida.

Fuente: La Nación

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En un nuevo hecho escandaloso, por su nivel de violencia y por la ausencia del Estado en la defensa de la seguridad personal y de la propiedad, tanto pública como privada, un grupo de encapuchados pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche incendió una casilla móvil que la Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar precisamente un predio que había sido vandalizado el 1º de agosto último por grupos facciosos de similar procedencia. Con disparos de armas de fuego, piedras y palos, los agresores sorprendieron a los uniformados que estaban en el puesto, quienes se vieron forzados a retirarse para no resultar heridos o muertos.

El nivel de omisión del Estado en hechos vergonzosos como los registrados en la provincia de Río Negro es tal que recuerda la época de los malones. No solamente se siguen usurpando propiedades privadas, sino que ahora el ataque va directamente contra uniformados de la propia Gendarmería, es decir, contra las fuerzas de seguridad de la Nación. Es notorio que el responsable del área en el orden nacional, el incompetente ministro Aníbal Fernández, ha decidido abandonarlas a su suerte allanando el camino a los violentos. En ese punto es imaginable el temor de los escasos efectivos de las fuerzas de seguridad que el Gobierno decidió enviar allí ante los reiterados reclamos de la gobernadora Arabela Carreras. ¿Cómo pretender que los uniformados apliquen las leyes si nadie saldrá en su apoyo y salvaguarda? El mundo del revés. Hoy, en Río Negro, una banda de delincuentes tiene más poder que la Gendarmería. Estamos entonces ante un caso de sedición. ¿No se ha pasado de una actividad preinsurreccional a una acción de guerrilla rural apoyada por exdirigentes de Montoneros como Roberto Perdía, al frente de la mutual de abogados, y Fernando Vaca Narvaja, como bien sostuvo anteayer el propio auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto?

Las carteras de seguridad organizaron una nueva reunión –otra más– para crear un comando unificado de fuerzas en Villa Mascardi. Ese es parte del drama nacional: reuniones y anuncios ampulosos que rara vez se llevan a la práctica o que demoran tanto en atacar el problema que el daño es ya inconmensurable.

Desde fines de 2017, esa zona es escenario de constantes sabotajes, incendios, robos y destrucción de propiedades de todo tipo. Los vecinos, abandonados a su suerte, viven aterrados e, incluso, a sabiendas de que las propias autoridades amparan y asisten a los delincuentes, como es el caso de la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Por temor o connivencia, la Justicia tampoco colabora en tiempo y forma: las usurpaciones e incendios siguen impunes después de años de traslados y enredos jurisdiccionales.

La propia Mesa de Consenso Bariloche –una agrupación conformada por vecinos, dirigentes y empresarios, en contra del avance de la violencia en el sur del país– aseguró que el incendio de la casilla de la Gendarmería “es un hecho gravísimo” y que “no es un ataque a un particular, sino a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo”.

El Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina emitió un comunicado en el que condena el agravamiento de la situación de inseguridad que se vive en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) y que ve con preocupación la inacción de la Justicia y de las autoridades políticas para detener y procesar a los delincuentes. Es imposible hacer una descripción más precisa y al mismo tiempo lamentable: estamos frente a un caso de anomia del Estado. Frente al grado de violencia inusitada y sin control en Villa Mascardi, el silencio cómplice de las autoridades resulta brutal, humillante. Es una expresión más del desamparo en que se encuentra la sociedad. Todas las fuerzas políticas deberían comprometerse a solucionar este gravísimo problema, de modo de asegurar a la sociedad que esta anomia no se extenderá más en el tiempo. Pero, sin dudas, la mayor responsabilidad es siempre de quienes gobiernan, de aquellos en quienes la ciudadanía ha delegado su representación.

Es necesario generar una expectativa de legalidad a la población antes de que la situación se agrave y tengamos que lamentar más daños, incluso vidas.

Se trata de hacer cumplir nuestras leyes y de que nuestras autoridades no se escurran en un mar de respuestas ilógicas e inconducentes o que directamente desaparezcan de escena. La defección del Estado nos llevará irremediablemente a una Argentina sin destino.

Fuente: La Nación

Varios acontecimientos de suma gravedad ponen de manifiesto, una vez más, que la ciudadanía se ha convertido en rehén de algunos sindicatos, sin que el Gobierno ejerza eficazmente el poder de policía que tiene delegado a través del Ministerio de Trabajo.

El último, pero no único de los conflictos que se vienen registrando a ritmo acelerado, ha adquirido una proporción impensada y habla a las claras del fracaso de la intermediación oficial y del avance desproporcionado y nocivo de gremios que solo parecen haber sido creados para provocar conflictos, ya que ni siquiera se puede decir que defiendan eficientemente los intereses de sus representados. Las diferencias que mantienen los fabricantes de neumáticos y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) cruzaron recientemente un límite cuando el gremio tomó una oficina de la cartera de Trabajo, seguido de un acampe en la sede oficial, en la Capital.

De forma simultánea, los gremialistas lanzaron un paro hasta nuevo aviso en las tres fábricas de neumáticos del país, con bloqueos en los portones de acceso en reclamo de una recomposición salarial y de aumentos por las horas trabajadas durante los fines de semana. Las consecuencias no se hicieron esperar. La multinacional Bridgestone, de capitales japoneses, anunció que suspende temporalmente todas sus operaciones en la Argentina. Lo mismo hizo Pirelli al paralizar su actividad por falta de insumos, ya que el bloqueo impide el ingreso del camión con nitrógeno, suministro clave para la producción de neumáticos. Y se sumó Fate.

Esta parálisis en la producción de neumáticos podría derivar en breve en un parate de la producción de automóviles, especialmente en las empresas fabricantes de pickups, que son las que utilizan los neumáticos fabricados localmente. Fuentes del sector automotor hablan de una “tormenta perfecta”, ya que este nuevo conflicto se suma a las dificultades para importar y la escasez global de semiconductores, piezas claves para las computadoras y las conexiones del tablero de los vehículos.

Otro de los conflictos tuvo como protagonista a la Fragata Libertad, emblema nacional que, como consecuencia de un paro gremial sorpresivo, quedó varada a la altura de la ciudad de La Plata durante casi toda una jornada. La llegada fue posible luego de que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) levantó temporalmente el paro de remolcadores. Un nuevo papelón que usa de rehén a este indiscutido símbolo nacional.

En otro caso escandaloso, al menos seis trabajadores, entre ellos una mujer, fueron heridos durante una violenta agresión cometida por cerca de 30 hombres identificados como integrantes del gremio de camioneros. El hecho ocurrió en la empresa de transporte Milo Logística, en Avellaneda, al abrirse el portón de ingreso y entrar el dueño, quien fue groseramente agredido por los inadaptados que lo esperaban para atacarlo, al igual que lo hicieron con el personal de seguridad y otros empleados.

A ese brutal proceder hay que sumar la impotencia padecida ayer por miles de personas que se vieron imposibilitadas de circular por parte de la Capital como consecuencia de varias marchas, entre ellas, la de organizaciones de la denominada Unidad Piquetera, que decidió acampar en la vía pública hasta tanto no recibiera del gobierno nacional respuesta a sus reclamos. Y, también, la de numerosos pasajeros de vuelos de cabotaje a los que se les cancelaron o reprogramaron viajes a raíz del paro nacional decidido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo de paritarias por encima de la inflación. En este ámbito, la adhesión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) provocó que los despegues se vieran afectados porque los paros restan personal para asistir en caso de incendio en los aeropuertos.

Está demostrado que a buena parte del gremialismo poco le importa que el ejercicio de sus derechos conculque los del resto de los ciudadanos. Si a ello se suma la carga extorsiva e ideológica que muchos les imprimen a sus demandas –hasta hubo denuncias referidas a que sectores del kirchnerismo alentaron y coordinaron las últimas tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires– queda claro cuál es el fin último de estas rémoras gremiales, líderes de la obstrucción y del destrato hacia quienes, en iguales o peores condiciones, se esfuerzan cada día para seguir adelante sin agredir a los demás.

No hay dudas, por lo demás, de que estas facciones patoteriles asumen la decisión de los conflictos desde el convencimiento de que aquellos a quienes perjudican son sus rehenes y su principal arma negociadora.

Resulta tan imprescindible como urgente que el Gobierno no se desentienda de ninguna de las aristas de esta problemática que no solo ha ayudado a generar con su ineficiente gestión, sino que después no sabe o no quiere resolver.

Todos los ciudadanos tienen que poder ejercer sus derechos, sin coartar los del prójimo y, obviamente, sin violencia de ningún tipo.

Fuente: La Nación

El 9 de diciembre de 2021 señalamos desde estas páginas que el reemplazo de la vacante que se había producido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era una oportunidad que debía aprovecharse para promover una designación responsable que recayera en una candidata ejemplar, y no para la picardía de designar jueces afines al gobierno de turno. Precisamente esto último es lo que el oficialismo demostró que tiene como único objetivo al impulsar, y lograr, la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley para aumentar el número de jueces del tribunal. De manera algo incoherente con la exigencia de las mayorías agravadas que las normas exigen para otras decisiones, esta puede aprobarse con las mayorías que se requieren para cualquier ley.

Los senadores que responden a la vicepresidenta alegaron razones insustanciales e infundadas de que la Corte puede ser “otra” por el mero hecho de agregarle jueces

La manera obsesiva en que los legisladores oficialistas se han ocupado de un asunto absolutamente ausente de las preocupaciones de los ciudadanos autoriza a sospechar lo evidente: se trata de un manotazo tendiente a influir sobre el tribunal que probablemente termine resolviendo la suerte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de varios de sus colaboradores en las causas en que son investigados por hechos de corrupción. Una vez más, la agenda de los políticos se muestra divorciada de la de sus representados.

En las intervenciones con que pretendieron defender la iniciativa, los senadores que responden a la vicepresidenta alegaron razones insustanciales e infundadas de que la Corte Suprema puede ser “otra” por el mero hecho de agregarle jueces.

No hace falta ser un experto en la gestión para saber que ninguna organización se vuelve más eficiente por sumarle más gente si no se revisan sus procesos de trabajo, porque de lo contrario solo habrá más volumen de cosas mal hechas.

La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos

En un tribunal colegiado donde cada juez debe revisar lo que opinan los demás solo aumentarán los atascos. No son menos disparatados otros motivos que destacan los legisladores, como el equilibrio entre hombres y mujeres (precisamente, la vacante que hay para cubrir fue dejada por una mujer, y hasta 2014 la Corte Suprema tuvo dos juezas) y la inconcebible “representación de las provincias”, una función que la Constitución nacional no le asigna al máximo tribunal, al que el oficialismo pretende convertir descaradamente en un órgano político más. Los jueces no “representan” a nadie, sino que aplican la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.

La iniciativa en debate en el Congreso es desesperada y grotesca, pero también el síntoma de un problema muy grave. La ciudadanía debe tomar conciencia de que la decisión no pasa por definir tal o cual número de jueces que tienen a su cargo resolver sobre la libertad, la propiedad y el honor de todos los argentinos (no solamente de Cristina Kirchner), sino por la responsabilidad con que actúen los que designan a esos individuos concretos.

Paradójicamente, en momentos en que nuestro país procura dar señales de confianza a los inversores y organismos de financiamiento internacionales de que habrá de cumplir con sus compromisos, se persigue sancionar una ley que ciertamente pondrá en jaque la independencia de la máxima instancia del sistema judicial argentino, cuya función es justamente la de dar previsibilidad y garantías de que las normas y los acuerdos serán cumplidos. La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos.

De tal manera, se trata de una decisión, de las más cruciales, de la que dependerá que la Argentina sea o no un país donde las reglas se ubiquen por encima de los intereses de cualquier facción y donde no sea manoseada la Constitución. Los dirigentes no son tan ignorantes, y por eso su responsabilidad es mayor: saben que muchos de los reales problemas que hoy tienen los argentinos, incluidas la inseguridad, la falta de empleo de calidad por insuficiente inversión y el éxodo de jóvenes calificados, dependen en buena medida de que el país parece dispuesto a seguir viviendo, para usar la expresión del recordado jurista Carlos Nino, “al margen de la ley”.

Fuente: La Nación

De la mano de concepciones populistas e intervencionistas camufladas bajo la idea de un Estado presente, a lo largo de los últimos veinte años, nuestros gobernantes se la han pasado intentando resolver problemas crónicos y estructurales tapando agujeros con medidas que solo han incrementado las distorsiones de la economía y agravando todos sus males.

Sobran ejemplos de esta política del parche, pero bastaría con analizar lo que se intenta hacer hoy para disimular la crisis cambiaria, con la multiplicidad de tipos de cambio para diferentes sectores de la actividad económica. O con advertir cómo la extensión de la política de planes sociales iniciada a partir de la crisis de 2001/2002 y de su secuela de recesión y desempleo terminó derivando con el correr del tiempo en más problemas insolubles, en lugar de aportar principios de soluciones.

Esta tendencia no ha hecho más que convertir a las supuestas soluciones en problemas mayúsculos de los que cada vez es más difícil salir.

El tipo de cambio oficial, cuya evolución distó de acompañar el aumento de la inflación con el fin de ser utilizado por el actual gobierno nacional como un ancla antiinflacionaria, se ha transformado hoy en una ficción y en un factor más de distorsión del comercio exterior y de la economía argentina toda.

En las últimas semanas, frente a la desesperación oficial por la pérdida constante de reservas internacionales del Banco Central, se ha buscado de distintas maneras incentivar la liquidación de divisas. Las iniciativas con ese propósito han ido desde su liquidación a un tipo de cambio superior al oficial (el llamado dólar soja) hasta la reducción de impuestos sobre las exportaciones o la posibilidad de disponer de los dólares generados por las ventas al exterior con algo más de libertad.

Los regímenes especiales para que los exportadores posean mayores estímulos para liquidar divisas y así incrementar su oferta han sumado, al menos hasta fines de septiembre, al campo, pero los sectores productivos que quedan fuera de esos esquemas reclaman beneficios similares. Tanto es así que ya se está reclamando un “dólar malbec” para la cadena vitivinícola y no tardarán en sumarse otros sectores a esa demanda. Pero lo cierto es que todos estos regímenes no son otra cosa que parches para paliar las deficiencias de una política económica caracterizada por su sesgo antiexportador y la falta de confianza inversora. Se trata de políticas de corto alcance, que no solo resultan absolutamente ineficientes, sino que además habilitan ventanillas para la corrupción de un Estado que pretende erigirse, una vez más, en árbitro para determinar, sin fundamento alguno, ganadores y perdedores.

La política de parches también se advierte en el supuesto ajuste que encara el ministro Sergio Massa. Mientras se anuncian congelamientos de vacantes en todo el sector público, se consignó que poco antes de que se pusiera en práctica esa medida la vicepresidenta Cristina Kirchner aprobó el ingreso a planta permanente de unas 280 personas en el Senado, al tiempo que las contrataciones de personal en diferentes áreas de la administración pública se multiplicaron. Basta con revisar el Boletín Oficial.

La reducción del gasto público dista de ser lo que se presenta. Por caso, la caída en términos reales que se advierte en julio último en el rubro de bienes y servicios consumidos por la administración pública solo puede explicarse por el diferimiento de pagos, lo cual derivará en el aumento de la deuda flotante, con sus consecuentes punitorios e intereses.

Entretanto, el flamante proyecto de ley de presupuesto 2023 contempla un incremento del 117,2% en programas sociales como Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias.

Se trata de indicadores del fracaso de la política económica del kirchnerismo y de la escasa voluntad oficial por poner en orden las cuentas públicas a través de las tan necesarias reformas estructurales que precisa el país.

Fuente: La Nación