Categoría: Entrevistas

Apesar de haber adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al respeto de los derechos de los niños, en la Argentina cerca del 30% de los menores de edad padecen inseguridad alimentaria, por cuanto no acceden regularmente y a tiempo a los nutrientes que necesitan para poder desarrollarse y crecer correctamente.

Así lo establece un informe sobre condiciones de vida y desarrollo de la infancia elaborado por la Universidad Católica Argentina, que deja en claro que la última década tiene un saldo claramente negativo en cuanto a la relación entre los más pequeños y la alimentación, sobre todo por la falta de recursos económicos en las familias. La conclusión del informe es alarmante: la seguridad alimentaria en la infancia y la adolescencia no está garantizada en el país. El piso de carencias alimentarias se ha elevado de modo significativo desde 2018.

El pico máximo de estas dificultades para acceder a los alimentos se dio en 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para prevenir los contagios de Covid-19, pero que terminó siendo contraproducente para miles de niños.

Ese contexto hizo que, en la Argentina, durante el primer año de la pandemia, el 37,2% de los niños y adolescentes corrieran riesgo alimentario. La situación pospandemia, en 2021, se retrotrajo a los niveles de 2018 y 2019, con el 29,2% y el 30,5%, respectivamente. Dentro de la población que ha restringido en cantidad y calidad la ingesta, se reconoce que, en 2021, el 14,9% experimentó hambre por problemas económicos. Para colmo, no se ven mejoras en el acceso a los nutrientes a través de paliativos estatales que, hasta aquí, vienen demostrando su ineficiencia.

Esta grave privación de alimentos en el contexto del ASPO afectó especialmente a los menores que viven en el conurbano bonaerense (20,1%), a los del estrato trabajador marginal (36,4%), a los hogares monoparentales (24,9%) y a la primera infancia y adolescencia (15,9% y 17,4%).

Si a esto se le suma la fractura que vive el sistema educativo, tanto por el desgaste histórico como por la debilidad que le imprimió la falta de clases presenciales durante gran parte de la pandemia, la situación se torna cuando menos inquietante. Estamos ante una generación que recibe una calidad educativa y de alimentación aún más endeble que la de sus padres.

Esto se vuelve indignante al ver la cantidad de recursos que el Estado dilapida infructuosamente en ayudas sociales que no son más que un parche, sin un programa seriamente diseñado e ideado para fomentar el desarrollo de la persona en su totalidad: que todos los padres puedan trabajar dignamente para alimentar a sus hijos es un doloroso desafío pendiente.

Fuente: La Nación

Una serie de hechos registrados en las últimas horas sigue dando inequívoca cuenta del agravamiento de la decadencia en que se encuentra nuestro país.

Uno de ellos tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, una de las dos sedes de la casa por excelencia de los debates parlamentarios del país. La sesión para aceptar la renuncia de Sergio Massa a su banca para pasar a desempeñarse como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura fue convertida en una vulgar estudiantina plagada de sobreactuaciones, chicanas, silbidos y exabruptos procedentes tanto de las bancas como de los palcos donde confluyeron numerosos referentes de la política y del sindicalismo afines al Gobierno.

Resultó, antes que un trámite institucional de un normal recambio de autoridades, un espectáculo pendenciero entre oficialistas y opositores más preocupados por defender su militancia que por atender e intentar solucionar los acuciantes problemas ciudadanos. Es harto conocida la poca actividad que vienen teniendo nuestros legisladores en materia parlamentaria, especialmente para debatir y sancionar leyes de trascendencia para el país. Poco es lo que tienen para celebrar.

La diputada Cecilia Moreau, consagrada como presidenta de la Cámara en reemplazo de Massa, aportó lo suyo en ese contexto de exacerbada partidización de la tarea legislativa. Quien es recordada por haber impulsado las trabas legislativas para un acuerdo con el laboratorio Pfizer, lo que demoró largamente el ingreso al país de esa reconocida vacuna contra el coronavirus que hubiera evitado numerosas muertes, dijo en su discurso que no venía a gobernar con sus hormonas, sino con su cabeza y que lo hacía en representación de un espacio político y de un gobierno que está dejando todo para salir adelante. Tres cosas para decirle a la señora Moreau: en primer lugar, flaco favor se hace a sí misma y a todas las mujeres al tener que aclarar que va a anteponer la razón a las hormonas. Segundo: no es función del presidente de Diputados “gobernar”, sino llamar a los legisladores al recinto, proponer votaciones, citar a sesiones y presentar para la aprobación los presupuestos de sueldos y gastos, como especifica, entre otros puntos, el reglamento interno de la Cámara, que ya debería conocer. Y tercero, como diputada que es, representa a los ciudadanos en general y no a una fuerza política en particular.

El lamentable espectáculo que en algunos tramos tuvo visos de festividad para despedir a un Massa tratado como el mesías que arreglará los profundos desarreglos del Gobierno –faena en la que fracasaron rotundamente otros muchos “elegidos”– tuvo otro momento tan bizarro como vergonzoso con la jura de su reemplazante en la banca, Juan Marino, del Frente de Todos. En lugar de optar por Dios, por la patria o los Santos Evangelios, como habilita el reglamento, el dirigente piquetero lo hizo por “el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que se fugaron”, y vitoreó “la lucha obrera y piquetera de todos, todas y todes”.

Si el Congreso asombra por su actual perfil, no menos sorprendentes resultan varias de las encuestas sobre la provincia de Buenos Aires con vistas a los comicios de 2023. Los mejores posicionados por el oficialismo y la principal fuerza de la oposición son Axel Kicillof y Diego Santilli, respectivamente. Resulta lamentable que estos dos exponentes de lo peor de la vieja política, con más debe que haber, sean los favoritos en la carrera electoral provincial.

Como otra muestra de dónde nos encontramos como país, no podemos dejar de mencionar las clases universitarias del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por corrupción en la causa ión. Próximamente, disertará en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata sobre “Economía y la palabra”, relacionando “conceptos básicos de la economía con el uso periodístico que se hace de ellos”, según la minuta que llegó a los alumnos de esa casa de estudios estrechamente vinculada con el kirchnerismo. Boudou ya había disertado sobre “Guerra jurídica y noticias falsas” en la UBA.

Siempre se puede caer más bajo. Tratemos dvitarlo.

Fuente: La Nación

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No resulta exagerado afirmar que la Argentina atraviesa uno de sus más dramáticos momentos en materia socioeconómica ni puede desconocerse cuánto han influido las luchas intestinas de la coalición gobernante en esa situación. Tanto la ineptitud del presidente de la Nación como la parálisis de la acción de gobierno derivada de las disputas de poder alentadas por la vicepresidenta han sido decisivas para llegar al actual estado. La incapacidad de unos y otros para dejar de lado la cultura populista que, en nombre del Estado presente, solo profundizó los rasgos de un Estado bobo ha sido una constante en estos años. Sus graves consecuencias están hoy a la vista.

El mes de julio, con un aumento del costo de vida que los especialistas estiman en un 8%, terminará dando cuenta de una inflación anualizada nunca vista desde 1991, cuando el país empezaba a salir de la hiperinflación. Ningún economista serio cree que el índice inflacionario estará por debajo del 80% en 2022, un flagelo que golpeará a todos, aunque de manera especial a los sectores más sumergidos de la población.

Este daño podrá ser aún mayor si las autoridades nacionales –y quienes hoy, con Sergio Massa a la cabeza, asumirán la conducción económica del país– continúan sin entender o negando los terribles efectos de una emisión monetaria que, a partir de la desesperación electoral manifestada por el oficialismo en 2021, se tornó descontrolada. Junto a ese fenómeno, asistimos a un aumento de la velocidad de la circulación de la moneda local derivado de la desconfianza de los agentes económicos y de millones de ciudadanos.

La caída de la confianza radica ni más ni menos que en el fuerte desequilibrio de las cuentas de un Estado que gasta mucho más de lo que recauda y que se ha venido financiando con más y más deuda o con emisión de billetes. Según datos del economista Agustín Monteverde, el déficit total del sector público nacional anualizado ronda el 9,3% del PBI, si se suman un déficit primario del 3,5%, intereses equivalentes al 2% y un déficit cuasi fiscal del 3,8%. Algunos de esos componentes tienen una trayectoria al alza asegurada, ya que los intereses mensuales por Leliq pasaron de 200.000 millones de pesos a 350.000 millones.

El rojo de las reservas netas líquidas ya supera los 6000 millones de dólares, lo cual hace suponer que el BCRA estaría usando dólares de los encajes bancarios como si fueran propios

Igualmente grave resulta la situación de las reservas del Banco Central (BCRA), que solo en julio debió desprenderse de 1274 millones de dólares y que, entre el viernes y el lunes último –es decir, cuando ya se conocía que Massa asumiría como ministro de Economía– perdió otros 250 millones de dólares. Las reservas netas de la entidad monetaria son negativas en 1000 millones de dólares y el rojo de las reservas netas líquidas ya supera los 6000 millones de dólares, lo cual hace suponer que el BCRA estaría usando dólares de los encajes de los depósitos bancarios como si fueran propios.

En este contexto, como ya hemos señalado desde esta columna, más que un superministro de Economía, la Argentina requiere acuerdos profundos que permitan llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para terminar con un déficit fiscal crónico y recuperar la confianza perdida, que es el activo más valioso de un país. No alcanza con meros parches ni con medidas aisladas. No hay magia ni salvadores.

De lo que se trata es de dar claras señales de voluntad política para achicar los gastos del Estado, dejar de emitir, desregular y abrir la economía, incentivar las exportaciones, además de estimular la generación de empleos mediante modalidades de contratación más flexibles y menores impuestos al trabajo.

Por ahora, la esperanza más inmediata es que la llegada de Massa al Palacio de Hacienda permita dejar atrás al menos parcialmente la confusión de roles y los conflictos de poder que surgieron desde el mismo momento en que Alberto Fernández asumió la presidencia merced al aval de Cristina Kirchner. Es de esperar que al menos un mínimo de coordinación permita superar el desgobierno derivado de los ministerios loteados. Desde ya que no alcanza con eso: la sociedad reclama respeto por la seguridad jurídica, que cesen los intentos del poder político por someter a los jueces y por dotar de impunidad a la vicepresidenta y sus secuaces, y poner fin a los negociados que favorecen a los amigos de la fracción gobernante. Pero quizás esto último sea pedir demasiado, teniendo en cuenta la catadura moral de quienes manejarán en adelante los hilos del gobierno.

Fuente: La Nación

De nada vale que la República Argentina tenga una población en gran número educada, creativa y emprendedora. Que integre el triángulo del litio, que su pampa húmeda sea la más productiva del mundo, que tenga inmensas reservas de agua dulce y que Vaca Muerta sea el segundo yacimiento de gas del planeta. De nada valen esas riquezas, si el país no despierta confianza. La confianza es la piedra basal para convertir los recursos en riquezas. Sin ella, viviremos de discursos y se expandirá la pobreza.

La confianza perdida por tantos años de insistencia en políticas populistas y, más recientemente, por los errores del actual desgobierno, no se recuperará con cambios de caras en el gabinete ministerial ni con manoseos cambiarios, con los cuales se busque evitar las impostergables transformaciones que requiere la Argentina, empezando por una auténtica reforma del Estado.

Ningún superministro, como Sergio Massa, podrá evitar las consecuencias de continuar imprimiendo billetes para soñar con ganarle al aumento de precios, jugando con la hiperinflación. Y tampoco prevenir los efectos de un ajuste sin plan, que solo provocará estanflación, con desempleo y recesión.

El plan económico que debería aplicarse es bien conocido: bajar gastos, dejar de emitir, desarmar las Leliqs, abrir la economía, desregular actividades, flexibilizar el régimen laboral, reformar la coparticipación e, inclusive, fusionar provincias en regiones. Hay mucha tela para cortar.

Sin embargo, es indispensable que ese plan sea creíble. Es decir, que resulte consistente y sustentable en el tiempo. Solo así se aumentará la demanda de pesos, caerá la inflación y crecerán las reservas. De lo contrario, el ajuste será un sacrificio inútil para los que menos tienen, como temen los movimientos sociales con más intuición que información.

También se requiere un colchón de dólares para atender vencimientos de deuda y pagar subsidios en descenso durante la transición. Sin ese “capital de trabajo”, cualquier programa volará por los aires ante el corte de planes y aumentos de tarifas, en un contexto de “default”. No habrá salida de la crisis sin fondos frescos y no habrá divisas, sin crédito. Mucho menos, sin confianza.

¿Puede la actual coalición gobernante crear esa confianza, con un historial tan negativo? Para tener crédito, no sirven las marchas militantes, ni las amenazas al campo, ni el apoyo de Lula, Evo, Maduro u Ortega, sino todo lo contrario. Los políticos también son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras. Las convicciones expresadas por voceros del Frente de Todos, lo dicho y lo hecho, son opuestas a los valores que generan confianza.

Quien sostuvo que “la seguridad jurídica es una palabra horrible” (Axel Kicillof), con la soberbia de la soja a 700 dólares, ahora advierte que, sin reservas para llevarse al mundo por delante, el respeto a las instituciones es esencial para acceder al crédito.

La buena reputación se construye despacio y se pierde en un instante. Lo sabía Nicolás Avellaneda cuando dijo: “Si es necesario pagaremos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos” (1877). Y la Argentina del Centenario mostró los frutos de esa convicción moral. Por el contrario, quienes aplaudieron el default de 2001 y aún simpatizan con aquella irresponsabilidad, son considerados insolventes dolosos.

Quien no tiene crédito, para conseguir monedas debe “bajarse los pantalones” en forma indigna y ofrecer fiadores, consentir gravámenes o aceptar imposiciones innecesarias cuando gobiernan quienes son reconocidos por el valor de su palabra. En la historia hay varios casos de medidas extremas para garantizar promesas de deudores esquivos.

El derrotado rey de Francia, Francisco I, entregó a sus hijos de rehenes al emperador Carlos V en 1526, en lugar de a sí mismo, como garantía de cumplimiento del Tratado de Madrid. No parece buen ejemplo para la Argentina, a pesar de que alguien utilizó a sus hijos como testaferros para ocultar fortunas malhabidas. ¿Y la cesión de las Malvinas, como lo propuso Juan Manuel de Rosas en 1843 para pagar el crédito Baring Brothers? Tampoco es una alternativa viable, a pesar de haber cedido territorio en Neuquén para una base china y tierras del Ejército Argentino a la Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Y si se cediese durante 15 años la isla de Tierra del Fuego, como establecía el Tratado de Versalles (1919) respecto al valle del Ruhr? Pero los acreedores no querrán hacerse cargo del costo fiscal que implica la industria electrónica, tan cara al frente gobernante como carísima para el resto de la sociedad. ¿Y si la Argentina se convirtiese en territorio administrado por otros, bajo mandato, como preveía la carta de la Sociedad de las Naciones (1919) para colonias de los países derrotados? Algunos “cipayos” verían con buenos ojos tener un presidente argentino, un congreso formado por escandinavos, una justicia administrada por suizos y un cuerpo policial de chinos veteranos de Tiananmen. Pero seguramente ni suizos, ni escandinavos, ni chinos querrían exponerse al fracaso de gobernar a los argentinos.

¿Garantes externos? ¿Quizás Cuba, Irán o Rusia podrían avalar nuestros bonos bajo ley internacional? ¿Confiarán los inversores en Díaz-Canel, Ibrahim Raisi o Vladimir Putin, los amigos de Cristina Kirchner? ¿O pensarán en la dificultad de ejecutarlos en tribunales de La Habana, Teherán o Moscú, donde los molestos son encarcelados, amputados o envenenados?

Como lo aprendió la vicepresidenta en el caso de Chevron y Vaca Muerta, el riesgo argentino obliga a aguzar el ingenio para que los fondos ingresados no queden atrapados en las redes de las emergencias nacionales. Y a ocultar en cláusulas secretas esos esquemas ingeniosos para no quedar expuestos ante la opinión pública.

También ahora, si el milagroso reciclado de figuras propias nos depara un superministro que intentase obtener dólares frescos para estabilizar la economía sin entregar Tierra del Fuego o al país bajo mandato, deberá extremar su creatividad para idear cómo anticipar ingresos del exterior por fuera del alcance de la política local, sean flujos futuros de Vaca Muerta o de otros generadores de divisas.

Aunque al final del camino, encontrará en su propia tropa el principal obstáculo para poder hacerlo: los fantasmas de Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós y Rodolfo Ortega Peña que detendrán su mano a tiempo, para proteger la soberanía nacional y evitar “la entrega” del patrimonio al extranjero.

De ese modo, quienes malversaron la confianza, el activo más valioso que tiene una nación, y dejaron a la República sin crédito, harán pagar a todos el costo de su perversa ideología al servicio de la impunidad y su frívola improvisación.

Fuente: La Nación

Hasta ahora el presidente Alberto Fernández era criticado por la ineptitud con la cual ha ejercido el cargo. Es mayor, sin duda, la responsabilidad que le cabe a la vicepresidenta en el desgobierno de los Fernández. Lo percibe la opinión pública al descalificarla en las encuestas con apreciaciones manifiestamente negativas sobre su imagen, más negativa que nunca, desde un cariz más moral que político ante la pérdida considerable de poder real que ha sufrido desde los comienzos del gobierno que ella misma urdió.

De poco le sirve a la vicepresidenta la renuencia a presentarse en público, salvo apariciones periódicas en que pretende ajustar cuentas más hacia dentro del oficialismo que hacia afuera, al margen de su intolerable ataque a los jueces que son indiferentes a sus presiones en procura de garantizarse impunidad.

Cristina Kirchner deberá algún día rendir cuentas. No solo por las cuestiones que la comprometen en hechos de corrupción, sino también por el estado de desasosiego en que su estilo y desmesura conceptual han sumergido al país. Ha contagiado de tal forma al Presidente con la noción de que la política exige una estrategia de confrontación y exclusión que este ha cometido, entre otros, un último acto de inaudita gravedad, mintiendo flagrantemente: acusar a los productores agropecuarios de guardar en silobolsas unos 20.000 millones de dólares a costa del resto de la población.

Cristina Kirchner deberá algún día rendir cuentas. No solo por las cuestiones que la comprometen en hechos de corrupción, sino por el estado de desasosiego en que su desmesura ha sumergido al país

Si lo creyera de verdad, no podría ser presidente de los argentinos. Ahí está, ha de saberlo, el producto gestado por el trabajo y las inversiones en la campaña anterior para hacer gradualmente frente a los gastos de la campaña que corre, y a la siguiente, que comenzará en 2023. ¿Qué poder de compra tendrían mañana si tradujeran por completo su cosecha de un día para otro en devaluados pesos argentinos? Si el primer mandatario no lo supiera, ¿en qué extraviados actos perdió el tiempo en sus años de jefe de Gabinete, en los de opositor acérrimo de Cristina Kirchner después y en estos dos últimos años en la Casa Rosada?

Lo único cierto es que el Presidente ha animado con sus palabras a jefes de organizaciones piqueteras a comunicar que irán en tren de pérfido escrache al emblemático predio de la Rural, en Palermo, el próximo sábado, justo cuando se realice la inauguración de la muestra anual.

El Presidente ha cometido un último acto de inaudita gravedad, mintiendo flagrantemente: acusar a los productores agropecuarios de guardar en silobolsas unos 20.000 millones de dólares a costa del resto de la población. Si lo creyera de verdad, no podría ser presidente de los argentinos

Un solo incidente, por mínimo que fuere, causado por esa provocación será interpretado, al menos en los orígenes, como otra imprudente obra del Presidente y de quien se ha obstinado en destruirle las modestas bases de sustentación propia y de confianza en sí mismo: la vicepresidenta. Porque la violencia natural en el lenguaje político de quien presidió dos malhadados gobiernos habría terminado por impregnar, a ojos de todos, a quien, entre dudas y disgustos, eligió como testaferro político por cuatro años.

Tan absurdo es el cuadro de situación, tan impropio del funcionamiento normal de un régimen democrático es lo que ocurre, que hay funcionarios públicos de alta jerarquía en el gobierno nacional, asociados a movimientos piqueteros, que se proponen ir en protesta este sábado a Palermo. Son los que han instaurado la cultura de pedirlo todo del Estado –y, por extensión, de quienes trabajan y contribuyen con sus esfuerzos y recursos personales al fisco– sin ofrecer, en rigor, nada a cambio. Son los que procuran vivir en una eterna noche indulgente de Reyes Magos. Son los que piden un salario universal imposible de solventar sin más emisión monetaria –incluso a juicio de personajes radicalizados de este mismo gobierno– por un Estado quebrado, al que por sus incumplimientos justificadamente se maltrata en el mundo financiero que le retacea apoyos.

Hay funcionarios de alta jerarquía en el Gobierno que se proponen ir en protesta este sábado a Palermo. Son los que han instaurado la cultura de pedirlo todo del Estado

Más sensata que las declaraciones del Presidente y que la amenaza de los virtuales escraches intimidatorios anunciados por caudillos piqueteros ha sido la posición del ala mayoritaria de la Confederación General del Trabajo (CGT). Ha desechado, como se sabe, la pretensión de Pablo Moyano, hijo del jefe de los camioneros, y de Sergio Palazzo, del gremio de los bancarios, de realizar actos de protesta ante las sedes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

¿Ajustar cuentas contra los “marcadores de precios”? ¿No los atraganta la hipocresía de aparentar que ignoran que la madre de todos los males de que se victimizan se halla en la inflación? Cómo negar que un Estado al que ellos también azuzan para que gaste muchísimo más de lo que admite una mínima razonabilidad nos ha convertido en un país empobrecido por las políticas populistas.

Equivocar la apuesta en esta instancia es seguir jugando con fuego

Será de desear que, además del lógico rechazo a la incomprensible propuesta de alterar la atmósfera social por encima del grado que ha suscitado alarma general, la conducción de la central obrera lograse avanzar en la idea promotora de un diálogo social, que conduzca a acuerdos esenciales entre la política, el capital y el trabajo. Pero convénzanse todos, y en primer lugar quienes han abrevado en cauces populistas: en medio de la crisis de espanto de la que todos somos prisioneros, aquella idea aristotélica de que “la única verdad es la realidad”, que memorizaba Perón en rapto de irreprochable sinceridad, marca el contexto al que nadie podrá escapar si quiere dotar a los eventuales acuerdos de una mínima seriedad.

Ningún acuerdo resultará útil a los intereses de la república si prescinde de la lección de que con más populismo el futuro argentino será todavía más sombrío que el de estas horas ya de por sí acongojantes. Equivocar la apuesta en esta instancia es seguir jugando con fuego.

Fuente: La Nacion

En 1944, estudiantes universitarios se enfrentaron en las calles con activistas sindicales, oponiéndose a la participación de los gremios en la gestión de las universidades y allí utilizaron por primera vez el cántico “alpargatas sí, libros no” que luego se atribuyó a Eva y Juan Domingo Perón para identificar al peronismo.

Pues bien, ahora ha llegado el tiempo de reivindicar a la alpargata, pues, con la perspectiva del tiempo, fue símbolo del trabajo y el esfuerzo personal. Ese sencillo calzado, de origen vasco, se introdujo en la Argentina con la inmigración luego de la Organización Nacional. Durante los 300 años que corrieron desde la fundación de Buenos Aires y hasta entonces, la pampa húmeda no estaba cultivada y tan pronto el viajero salía de la ciudad, se encontraba con pajonales, colas de zorro y espesos cardos, más altos que los jinetes.

En el ámbito urbano, los pobladores usaban calzado rústico, fabricado por alguno de los 72 zapateros registrados en Buenos Aires (1744). En el campo, por el contrario, el gaucho caminaba poco y montaba con botas de potro. Ni unos ni otros labraban la tierra; apenas se producía un mínimo de grano, destinado a atahoneros y panaderos. En 1850 eran solamente las hectáreas sembradas.

La alpargata evoca al agricultor que, por primera vez, puso en valor la fertilidad del suelo argentino, caminando detrás de un arado de mancera y luego, en rudimentario tractor a vapor, hasta convertir la Argentina en “granero del mundo”. La cultura del trabajo y el sacrificio junto con la educación dieron lugar a una clase media única en América Latina, que, más allá del campo, fundó las primeras industrias y desarrolló el comercio en ciudades, colonias y pueblos del interior, alentada por el sistema de valores implícito en la Constitución de 1853: el esfuerzo, el mérito, el talento y el éxito. Correlato del derecho de propiedad, las libertades individuales y la división de poderes, para garantizar aquel y aquellas.

Con el tiempo, la producción rural se hizo mucho más compleja, con grandes inversiones de capital en tractores, acoplados, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras que operan contratistas especializados; aplicando biotecnología, drones y tecnologías satelitales. Al punto que todas las distorsiones posteriores de la Argentina autárquica, estatista y dispendiosa, fueron posibles debido a la competitividad del sector rural, impulsada por aquella alpargata primigenia.

En 1943 la economía comenzó a politizarse, pasando de confiar en los mercados, a las rentas reguladas. El sistema corporativista, generó nuevos incentivos y nuevos ricos: la lealtad, la subordinación, la disciplina y la afiliación política. Y 30 años más tarde, en un giro de 180 grados, viró a los borceguíes y las barbas de Sierra Maestra. Con el nombre de “socialismo nacional”, la doctrina justicialista se contaminó de Antonio Gramsci (1891-1937) y la lucha cultural por la hegemonía marxista continúa hasta ahora, como útil manto discursivo para subordinar a los más débiles y tapar la corrupción.

El esfuerzo, el mérito, el talento y el éxito serían armas culturales de lucha entre desiguales y deben ser desplazados por una nueva hegemonía. Así lo dijo Alberto Fernández: “Lo que hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años”.

Por primera vez, la mitad de los argentinos son pobres, pues los incentivos que impulsaban al trabajo y el esfuerzo fueron reemplazados por la cultura del pobrismo

En el ámbito educativo, se eliminaron las calificaciones, las sanciones y los aplazos. Los docentes no son evaluados y solo pueden mejorar sus ingresos por antigüedad y ascenso jerárquico, no por mérito. Las jubilaciones se otorgan a quienes aportaron y también a quienes no lo hicieron. El garantismo judicial enseña que el delincuente es víctima social de un capitalismo explotador y no infractor del orden jurídico democrático. Para los amigos del poder, las penas son sustituidas por pagos en dinero, cursos de oratoria o de jardinería. El ingreso a la administración pública, en lugar de ser por concursos públicos indiscutidos, se logra con contratos discrecionales, transformados luego en planta permanente para retribuir a militantes y familiares.

El peronismo toleró esa subversión ideológica, con tal de no perder sus cuotas de poder, a pesar del efecto devastador sobre el bienestar general. Por primera vez, la mitad de los argentinos son pobres, pues los incentivos que impulsaban al trabajo y el esfuerzo fueron reemplazados por la cultura del pobrismo.

Como en la Inquisición, la alpargata fue quemada en auto de fe, mientras fueron entronizadas la zapatilla, la sandalia y la chancleta, más apropiadas para marchas y piquetes que la noble “espadrilla” de yute. Ahora los movimientos sociales reclaman el Salario Básico Universal, poniendo su mira para financiarlo, otra vez, en el campo argentino. Juan Grabois propone la receta de Henry George (1839 -1897) para nacionalizar tierras y arrendarlas a pools de siembra, más eficientes que el Estado. Y, con esa renta, sueña con eliminar la pobreza para siempre.

Pero ningún pool de siembra invertirá en tierras gerenciadas por la política, incumplidora, oportunista y corrupta, salvo que su estrategia consista, una vez más, en recurrir a esquemas pergeñados para militantes y amigos.

Esos experimentos ya se hicieron, provocando hambre y mayor pobreza. La hambruna rusa de 1921-22; la de Ucrania de 1932-33 (Holodomor de Stalin) y la de China de 1959-61 reflejan el impacto de la colectivización cuando los agricultores pierden interés por producir. En Venezuela y Cuba, los alimentos esenciales están racionados.

Sin inversión en tractores, acoplados, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras; sin recursos para utilizar biotecnología, drones y tecnologías satelitales, una hectárea en la zona núcleo podría valer como una hectárea en el África subsahariana.

La Argentina podría salir de su actual crisis si recuperase los valores que la alpargata simboliza. Mientras continúe financiando marchas y piquetes con recursos del Estado, sin proponer un programa serio de estabilización y crecimiento para eliminar la pobreza, el país quedará descalzo, sin pan y sin trabajo.

Fuente: La Nacion

Vergonzosa, obscena, escandalosa y perversa son apenas algunos de los calificativos posibles para una decisión como la de la Unidad de Información Financiera (UIF), genuflexo organismo que acaba de abandonar su papel de querellante en la causa conocida como Vialidad, en la cual se investiga a Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz, en beneficio del pseudoempresario Lázaro Báez.

Apenas horas después de conocida esta incalificable maniobra, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens instó a investigar de manera “conglobada” las causas contra la vicepresidenta. Propone considerar en su conjunto “distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal”, conjugando los avances de las causas Vialidad, la llamada ruta del dinero K, Hotesur y Los Sauces y los cuadernos de las coimas. Así lo planteó el camarista junto a su colega Eduardo Farah, en un fallo que dio por desistido el recurso de apelación presentado y luego retirado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, contra la decisión del juez federal Sebastián Casanello de rechazar su sobreseimiento en la causa de la ruta del dinero K.

La UIF pasó sin más de acusadora a abogada defensora, una aberración que solo puede comprenderse –nunca justificarse– si se entiende que estamos ante un engranaje absolutamente funcional al encubrimiento que demandan las gestiones del kirchnerismo

Poco antes de que la UIF defeccionara de una de sus principales obligaciones en la causa Vialidad, precisamente la Oficina Anticorrupción (OA) había también incumplido sus deberes, dejando en claro que a los organismos de control del Estado durante los gobiernos kirchneristas no solo no les interesa avanzar sobre expedientes judiciales que involucran a la actual vicepresidenta y a varios de sus exfuncionarios, sino que se sienten impelidos a salir a defenderla, creando un muro de protección destinado a garantizarles impunidad.

Resulta tan irracional como disparatado que la unidad cuya función es “el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos económico-financieros complejos […] de modo de contribuir a reforzar el sistema financiero y el resguardo del orden socioeconómico” no solo haya decidido dejar de ser querellante, sino que haya pasado de impulsar el proceso y describir las maniobras delictivas, en tiempos de independencia durante la gestión anterior, a pedir la absolución de la vicepresidenta y sus exfuncionarios. Es decir, se pasó sin más de acusadora a abogada defensora, una aberración que solo puede comprenderse –nunca justificarse– si se entiende que estamos ante un engranaje absolutamente funcional al encubrimiento que demandan las gestiones del kirchnerismo, subordinado a los organismos de control al servicio de consagrar la corrupción.

“Que la UIF pida esas absoluciones es la confirmación del acto criminal”, dijo la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica-Capital), acaso la más acertada descripción de lo que se pretende lograr digitando los organismos de control.

El control de los actos de gobierno exige el compromiso de todos con la institucionalidad. No cejemos en el pedido de justicia y breguemos por que sean castigados quienes se creen impunes

Laura Alonso, extitular de la OA durante el gobierno precedente, dio un paso más: “Con la cantidad de prueba que hay en el expediente, debería evaluarse el juicio por mal desempeño del titular de la UIF y los abogados que participan en esa querella”.

El requerimiento de elevación a juicio en esta causa fue firmado por Mariano Federici, como titular de la UIF durante el anterior gobierno. Hoy el organismo es conducido por Juan Carlos Otero, vinculado con el diputado Máximo Kirchner. Durante los alegatos del pasado lunes, Leandro Ventura, abogado del organismo, sostuvo que no existió la posibilidad de sobreprecios, que sería irresponsable avanzar en la acusación contra Cristina Kirchner y los demás imputados –piden solo unas escuetas penas para algunos exfuncionarios santacruceños de menor rango–, que tampoco existió fraude en la obra pública que recibió Báez y que no hubo delito de asociación ilícita. Y que, por todo ello, corresponde absolverlos.

“Las pruebas son contundentes. Las cartas para Cristina Kirchner están echadas”, contraatacó públicamente el legislador porteño Hernán Reyes (Juntos por el Cambio), quien trabajó con Elisa Carrió en varias denuncias de corrupción y para quien la actitud de la UIF de dejar de ser querellante en Vialidad “es parte del plan de saqueo de la obra pública: poder político, silencio judicial y complicidad de los organismos de control”.

Basta recordar que se trata de la misma causa en que la Corte Suprema de Justicia rechazó hace pocas semanas varios planteos que habían presentado las defensas de la vicepresidenta y de otros acusados objetando la investigación.

El próximo paso tras los alegatos de los abogados ocurrirá el 1º del mes próximo cuando sea el turno de la presentación del fiscal Diego Luciani. Será un día clave con vistas al pronunciamiento final del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Esos tres magistrados integran la lista de 24 jueces y funcionarios judiciales víctimas de la violación de los sobres reservados en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del Consejo de la Magistratura.

El control de los actos de gobierno exige el compromiso de todos con la institucionalidad. Naturalizar la corrupción es una de las peores cosas que podrían pasarnos como sociedad. No cejemos en el reclamo de justicia, avalemos a los jueces valientes que cumplen con su deber y breguemos por que el merecido castigo de quienes erradamente se creen impunes vuelva a poner las cosas en el lugar del que nunca debieron salirse.

Fuente: La Nación

Solo con mucha inocencia podría hablarse de casualidad entre la iniciación de la etapa final del juicio a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz y la reciente vulneración de documentación crítica de los magistrados que integran ese tribunal. El acceso de desconocidos a oficinas públicas de la Administración General del Consejo de la Magistratura donde revisaron sobres lacrados con declaraciones juradas de magistrados y sus familiares constituye un atentado de una gravedad inusitada. Cabe preguntarse quiénes, en nuestro país, tienen la capacidad operativa para acceder a esa documentación. No se vislumbra otra finalidad que no sea la intimidación o extorsión. Si bien la documentación no fue retirada, bien pudo haber sido escaneada o fotografiada.

El hecho ocurrió durante el fin de semana largo de junio y afectó una de las áreas más sensibles del organismo judicial: la oficina que tiene bajo su custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales.

Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se ha informado sobre las medidas de seguridad que el Consejo había adoptado para proteger esa información tan delicada: solo se habla de documentación que estaba bajo llave en poder de funcionarios.

Naturalmente, el edificio cuenta con cámaras de videovigilancia. Pero, coincidentemente, no funcionaron en esa oportunidad. Es cierto que esa anomalía venía afectando desde el jueves anterior a todo el Poder Judicial, pero tampoco se ha informado cómo es posible que esto ocurriera durante tanto tiempo. Solo se ha explicado que el exterior del edificio es vigilado por la Policía Federal.

Ante la gravedad de lo sucedido, el Consejo de la Magistratura se reunió de urgencia y decidió la intervención del área intrusada, y se aguardan ahora los resultados de los peritajes.

La hipótesis de claras maniobras de intimidación se refuerza por la circunstancia de que de un total de 12.000 documentos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial solo se revisó una veintena de declaraciones entre las que se encontraban las de los tres magistrados que investigan a la vicepresidenta de la Nación en la causa Vialidad.

A ese claro acto de intimidación puede sumarse el hecho de que los delincuentes no tomaron previsión alguna para ocultar su atentado e, incluso, agregaron la “sutileza” de hurgar también en la documentación de funcionarios de fueros menos expuestos o de menor gravitación.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no ha dudado en considerar el hecho una nueva amenaza contra la Justicia y reclama que se esclarezca.

El delito fue denunciado por la Corte Suprema y por el Consejo de la Magistratura ante el juez Daniel Rafecas. El fiscal federal Ramiro González solicitó de inmediato medidas de pruebas como el registro de los ingresos, las declaraciones de los funcionarios, imágenes de otras cámaras de seguridad de la zona y la activación de células de telefonía, así como también información de la Policía Federal que debía custodiar el edificio.

No hay ninguna duda de que el hecho se inscribe entre las muchas y renovadas presiones contra la Justicia que se acumulan desde 2019, en ocasiones bajo el disfraz de propuestas de reformas y, en otras, como descalificaciones directas.

Esa tan vergonzosa como preocupante arremetida continuó con altibajos hasta fines de 2021. Pero desde diciembre pasado, cuando un fallo de la Corte dejó sin efecto una reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por Cristina Kirchner cuando era legisladora, se acentuó al punto de que el oficialismo lanzó una campaña para ampliar a 25 el número de miembros del más alto tribunal del país. Ni siquiera se tuvo en cuenta que fue la propia vicepresidenta quien, por aquellos años como integrante del Poder Legislativo, impulsó y logró su reducción a cinco integrantes. Tampoco que, en los últimos meses, el Gobierno nunca hubiera intentado cubrir la vacante producida por la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte. Tras todas esas indisimulables amenazas, un grupo de gobernadores adhirió al proyecto oficial de ampliación de la Corte buscando presionarla en vísperas de decisiones que esta se apresta a tomar en el litigio que mantienen varias provincias con la ciudad de Buenos Aires.

Naturalmente, no son las únicas embestidas contra nuestra Justicia. Los ataques también provienen del crimen organizado, como sucede en Rosario, ciudad donde tuvo lugar una histórica reunión de jueces de todo el país en apoyo de los funcionarios locales que investigan allí el narcotráfico.

Ante estos antecedentes no extraña el silencio guardado por el Poder Ejecutivo respecto de lo ocurrido, ni que haya omitido solidarizarse con el Poder Judicial, ni la falta de reclamos oficiales de esclarecimiento del hecho.

Bien se ha dicho que “el juez, en su interior, debe conceder asiento grande a la fortaleza, que da firmeza al alma ante la amenaza de los poderosos”, pero cuando las presiones alcanzan a terceros como sus familiares, la cuestión es mucho más preocupante.

Fuente: La Nación

Ni la vicepresidenta Cristina Kirchner ni sus cofrades de La Cámpora dan muestras de comprender la brutal incidencia del déficit fiscal y su consecuencia, la inflación, así como sus derivaciones en términos de falta de inversiones, mientras el país se destruye paso a paso. Parecen vivir en otro mundo y, por lo tanto, resulta difícil que entiendan lo inadmisible de las extraordinarias exacciones sobre las actividades agropecuarias.

Tanto aquellos como el presidente Alberto Fernández han hablado, en un momento u otro, de desacoplar los precios internos de los internacionales y de obtener dólares por retenciones. No han explicado si es para atesorar el fruto del trabajo y del compromiso con el país de capitales generalmente argentinos, o para seguir dilapidando dólares como lo han hecho hasta ahora de manera harto alarmante.

Tiempo atrás, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) contestó al primer punto en medio de una polémica sobre el aumento del precio del pan. ¿Desacoplar qué?, se preguntó la entidad, si la harina, proveniente del trigo participa solo del 13% del costo del pan. Era un ejemplo elocuente del error culposo de las autoridades gubernamentales, ya que a esta altura funcionarios serios y responsables deberían poder fundamentar mejor sus discursos y decisiones. Si quieren hablar de desacoplamientos, tendrían que comenzar por preguntarse por qué la inflación de las potencias centrales orilla el 8% anual como consecuencia de gastos extraordinarios por el Covid y la invasión de Ucrania por Rusia, y por qué en la Argentina estará a fines de diciembre por encima del 80%, triste promesa de un récord mundial.

La aplicación de retenciones ha sido la vía por la cual los kirchneristas han pretendido aguar parte del manejo calamitoso que han hecho de la economía. Nada les alcanza, ni nada les alcanzará para cubrir los agujeros en todo lo que administran. Solo saben dilapidar recursos como si esto no tuviera costo para quienes pagan compulsivamente la fiesta irresponsable de tanto espíritu disoluto y, en definitiva, para el interés general de los argentinos.

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, ha entrado con el pie izquierdo e insistió en tropezar al decir que José Gelbard, padre de las regulaciones y los cepos que terminaron explotando después con el “Rodrigazo”, fue el mejor ministro de Economía. Para quienes no lo recuerdan, Gelbard murió con el carnet de afiliado al Partido Comunista, cuya superestructura secreta de carácter financiero –”El Directorio”– integraba.

Arrancó la ministra con la nefasta intrepidez de anunciar con tono festivo que continuará la política económica en vigor. Difícil saber cómo hará para alinearse con una política inexistente, carente desde los comienzos, en diciembre de 2019, de un programa mínimo, de un rumbo previsible más allá del plan acordado, y poco cumplido, con el Fondo Monetario Internacional para pagar las deudas con él contraídas.

Cuando en 2020 se subieron dos puntos a las retenciones sobre la soja, que ahora son del 33% de su valor, la ministra de Economía afirmó que eso serviría para evitar la sojización extrema de los suelos, en lo cual tenía alguna razón. Se olvidó de decir que sobre los principales sucedáneos de la soja, como las gramíneas –el maíz, el trigo y el sorgo–, ya pesaban y pesan gabelas también excesivas. El jueves por la noche, por la televisión dijo que no aumentarán las retenciones. Eso tiene el valor relativo de sus antecedentes, de lo que han dicho con insistencia el Presidente y la vicepresidenta y del riesgo de que se apliquen al campo exacciones por “ganancias inesperadas” por la guerra. ¿De qué ganancias inesperadas hablan, si no computan las alzas descomunales que ha habido en todos los insumos y tareas agrícolas, aparte del serrucho interminable este año de las commodities agrícolas?

La flamante ministra de Economía ha entrado con el pie izquierdo, al decir que José Gelbard, padre de las regulaciones y los cepos que terminaron explotando después con el “Rodrigazo”, fue el mejor ministro de Economía

Silvina Batakis, cuyo preocupante sprint final como ministra del exgobernador Scioli ha sido desnudado por la diputada María Eugenia Vidal, había dicho en un pasado no tan lejano que las retenciones tienen también que ver con la redistribución de los recursos. ¿De qué habló Batakis? Nadie del kirchnerismo salió a contestar cuando Néstor Roulet, exsecretario de Estado del gobierno de Juntos por el Cambio y productor agropecuario en Córdoba, hizo notar que si ese fuera un problema los recursos ya están por demás redistribuidos. De lo producido en 100 hectáreas, con un rinde de 2,8 toneladas por hectárea, el productor se queda con la utilidad neta de solo el 3,46% de la cosecha.

¿Y el resto? El Estado (nacional, provincias, municipios) se lleva el 56,47%; 38,75% se consume en costos y el 1,32% se derrama en la indispensable actividad portuaria.

Si la flamante ministra necesitara datos de absoluta actualidad, puede informarse en el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. Si los datos no la convencen tiene el derecho de refutarlos. Allí van.

Las retenciones, más la brecha cambiaria u olla a presión cuya tapa por las leyes inexorables de la ciencia está llamada a saltar por los aires si nadie se ocupa de ella, más la suma de otros diecisiete impuestos, determinan que de cada 100 dólares que el productor obtiene por su trabajo e inversiones, 70,5 sean para el fisco. En el caso específico de la soja, 87 dólares sobre 100 corren igual destino. ¿Más datos concretos, ministra?

Como consecuencia de la brecha cambiaria el Estado se queda con alrededor del 50 por ciento de lo que debería corresponder a los productores. Desde la perspectiva de los intereses entrerrianos, el cuadro se desglosa de la siguiente manera: sobre 2072 millones de dólares que el año último fueron al fisco, 816 millones se debieron a la tergiversación del valor real del dólar y 441 millones de dólares a derechos de exportación (retenciones).

Nada alcanza, como decíamos, para satisfacer la voracidad del sector público, tan nulo en devoluciones en infraestructura, educación pública y seguridad urbana y rural, entre tantos rubros aquejados por su incompetencia y desidia manifiestas. ¿Tiene el Gobierno escasez de dólares como se queja incomprensiblemente Cristina Kirchner, evadiendo razones serias sobre las causas? A mayo de este año, la contribución del campo a las exportaciones ha sido del 66% del total.

¿Por qué no comienza el Gobierno por agradecer el empeño y la constante innovación y creatividad consagrados a las actividades agropecuarias? Los aportes del sector por derechos de exportación fueron en mayo de 110.248 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 30% en comparación con abril. El aporte anual de los DEX que se proyecta para 2022, según la Bolsa de Comercio de Rosario, llegaría a 8758 millones de dólares. Nada alcanza. El aporte tributario de las cadenas industriales fue en mayo de 416.390,25 millones de pesos, o sea, 24% más que en abril.

Desde posiciones de alta influencia en la conducción del Estado hasta el nutrido ejército de asesores incorporados al Estado en los dos últimos años, hay demasiada gente que nunca trabajó en la vida. O que trabajó poco. Difícil es, por lo tanto, demandar más prudencia y menos audacia para considerar a la actividad agropecuaria como lo que realmente es: motor de la economía y alimento de las arcas públicas.

Fuente: La Nación

El tenso proceso iniciado con la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y concluido con su reemplazo por Silvina Batakis, durante el fin de semana pasado, conlleva un penoso saldo para el Gobierno y para el país. Termina reforzando la imagen de un presidente cada vez más debilitado con una administración sin rumbo. Esta profunda crisis amenaza con continuar haciendo estragos si no se comprende que la raíz del problema es netamente política y, solo por extensión, económica.

La irresponsabilidad estuvo a la orden del día. Tanto en el ministro saliente, que presentó su dimisión de un día para otro, con una carta pública en la que desconoció su desastrosa gestión, como en quienes supuestamente conducen la coalición gobernante. Los prolongados conciliábulos entre Alberto Fernández y Sergio Massa, por un lado, y la conversación telefónica entre el primer mandatario y la vicepresidenta Cristina Kirchner, por otro, confirman que a los máximos dirigentes del Frente de Todos les preocupa más la distribución de los espacios de poder que la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas de la Argentina.

Es evidente que ningún técnico con prestigio y peso propio para hacerse cargo del Ministerio de Economía está dispuesto a asumir esa responsabilidad cuando la coalición oficialista se desintegra por luchas internas en las que el futuro judicial de Cristina Kirchner juega un papel relevante, cuando la autoridad presidencial está en permanente discusión y cuando no existe voluntad en la fuerza gobernante por acercarse a la oposición para acordar mínimas pautas que garanticen la gobernabilidad.

El nombramiento de Silvina Batakis no pasó favorablemente la primera prueba de fuego en los mercados

La situación del país es crítica. La inflación anual se aproxima a los tres dígitos, con más graves consecuencias para los sectores más vulnerables de la sociedad. El riesgo país sigue disparado. Las reservas líquidas del Banco Central no dejan de caer pese a que nuestras exportaciones alcanzan precios récord y las dificultades para obtener financiamiento no se limitan a la deuda expresada en moneda extranjera, sino también a la emitida en pesos. Para el segundo semestre de este año, se estima que solo los vencimientos de deuda en moneda local equivalen a unos 20.000 millones de dólares. Una cifra impresionante que requerirá de señales muy claras y fuertes en materia política, además de fiscal y monetaria, para poder pensar en una refinanciación.

El nombramiento de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda, como era esperable, no pasó favorablemente la primera prueba de fuego en los mercados. Si la flamante ministra, que llega con el aval de Cristina Kirchner, coincide con la vicepresidenta en que la desmedida emisión monetaria es solo un factor neutro en términos de inflación, cabe esperar una espiral inflacionaria aún mayor.

No hay dudas de que, por los cuatro años en que fue ministra de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli y por su reciente experiencia en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, podría exhibirse como una conocedora de la administración de fondos públicos y de la relación entre los Estados nacional y provinciales. Sin embargo, la licenciada Batakis carece del peso específico y el reconocimiento técnico que amerita una crisis como la actual para granjearse la confianza de los agentes económicos; tampoco la avalan éxitos de gestión.

Si la flamante ministra coincide con Cristina Kirchner en que la desmedida emisión monetaria es solo un factor neutro en términos de inflación, solo podremos esperar un proceso inflacionario mayor

No es un dato menor que, desde la secretaría de Estado que maneja las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias –hasta ayer a su cargo–, entre el primer cuatrimestre de 2021 y el mismo período de 2022, las distribución de esos recursos hacia la provincia de Buenos Aires pasó de 26.333 millones de pesos a 78.626 millones, una cifra que se ubicó muy por encima de la inflación. Se trata de un dato tan llamativo como preocupante que no permite presagiar las necesarias acciones de austeridad y contracción monetaria.

La magnitud de los problemas no se resolverá con el cambio de un ministro. El deterioro alcanzado exigía una cirugía mayor que la fragmentación del espacio oficialista continúa obstaculizando. El desmadre de una situación largamente anunciada se agrava a medida que las decisiones judiciales complican el panorama de quien, lejos de pensar en el país, solo busca su impunidad. La gravedad de la crisis no permite pensar en las urgentes reformas dirigidas a reducir el gasto público si primero no se consigue un nivel de cohesión gubernamental hoy claramente ausente. Demasiado pedir, sin dudas, para quienes solo dirimen espacios de poder e impunidad. La Argentina se desangra mientras unos pocos irresponsables solo buscan salvar su pellejo. Pero será vital no abandonar el apego a las instituciones aunque hayamos perdido una nueva oportunidad.

Fuente: La Nación