Categoría: Entrevistas

El líder de la organización terrorista Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, acaba de sorprender con una nueva nota publicada en la prensa digital. No sorprende su acostumbrada falta de autocrítica sobre la orgía de violencia que desataron durante la década del 70 los Montoneros y el ERP, responsables de 17.380 víctimas conforme la información documentada en poder del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).

Con su habitual soberbia, Firmenich se quejó de la “proscripción al peronismo montonero con la teoría de los dos demonios”, para rematar con la temeraria afirmación de que esa proscripción “no es ajena a la triste decadencia actual”.

Firmenich acometió abiertamente contra la democracia de nuestro país, al calificarla de “liberal dependiente” y responsabilizarla de todos los males argentinos, incluido “el endeudamiento externo como la guillotina para el descuartizamiento de la nación en beneficio de las multinacionales” y las “restricciones” en materia tecnológica, energética, en desarrollo social y en logística de transporte, entre otros problemas. Claramente, quien solo reconoce la violencia como instrumento confirmó desconocer que, con matices, la democracia es el sistema que impera en la mayoría de los países desarrollados con mayor bienestar económico y en los más exitosos de la región, como Chile y Uruguay.

En el mismo sentido, aboga por el reemplazo de la Constitución nacional por lo que denomina un “nuevo contrato social económico”, consistente en un “programa de salvación nacional” que deberá ser “necesariamente un programa revolucionario de cambio de estructuras” sin el cual seremos “campo minado fértil para la provocación de una guerra civil”. Su insistencia nos remonta a los regímenes dictatoriales que han aniquilado los derechos humanos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En otra condenable apología de la violencia, agregó que “la chispa para el inicio de las guerras civiles puede ser cualquier cosa que incendie las grietas derivadas de la historia”. Y es así como arribó al tema del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, presentándolo como consecuencia de la “provocación terrorista para la guerra civil”. De sus expresiones se desprende una suerte de justificación de cualquier violencia que se genere contra la oposición, la prensa y los jueces, en especial, por vincular la “grieta” con el juzgamiento de Cristina Kirchner, que consideró antesala de una “proscripción política del enemigo disfrazada de persecución penal”.

Sus repetidas referencias a la posibilidad de una guerra civil sugieren una aterradora invitación a la lucha armada, como si la experiencia pasada de tan trágicas como dolorosas consecuencias no hubiera sido suficientemente aleccionadora. Tales manifestaciones sitúan a Firmenich detenido en los años de la violencia armada y pasan por alto que, desde entonces, nuestro país forjó una democracia que celebra ya casi cuarenta años, por más que él la califique de “fallida”.

La nostalgia trasnochada de Firmenich excede la mera divagación intelectual al amparo de la cual se pergeñó una tan sangrienta como frustrada revolución, más allá del repetido cliché de proponer “retirar definitivamente a la República Argentina del FMI” y de la supuesta salvación de “crear un sistema monetario-cambiario nacional y soberano con una moneda de ahorro que denomina “argentino de oro”. Firmenich se monta sobre el episodio que vivió días atrás la vicepresidenta para sugerir, contra toda evidencia, que fue parte de una conspiración antiperonista que involucró incluso “un plan dictado desde el exterior”. Y a partir de esa premisa sin fundamento, interpela con “¿no se dan cuenta de que el odio gorila contra el kirchnerismo replantea la guerra civil peronismo-antiperonismo?”.

Sus temerarias reflexiones preocupan no solo por su contenido explícito, sino también por el sanguinario historial criminal de su autor, que no se arrepiente de su pasado e insiste en el camino de justificar la violencia con fines políticos.

Sería tan oportuno y bienvenido como improbable que el Gobierno repudiara estas manifestaciones propias de un discurso de odio por parte de quien fue uno de los tristísimos protagonistas de una década sangrienta. Descalificaría así su pretensión de equiparar al peronismo con su exorganización terrorista al referirse al “peronismo montonero” y afirmar que “el peronismo será revolucionario o no será nada”.

En tiempos de ánimos crispados, todo el arco político debería alzar la voz contra personajes de la catadura moral del que nos ocupa y que aún pretenden dar cátedra. Darle espacio y alentar expresiones de esta naturaleza es favorecer la instalación de aquel espíritu violento atribuyéndole un falso poder cuyo saldo tanto lamentamos todavía.

Fuente: La Nación

La decisión administrativa firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, destinada a congelar el empleo en empresas públicas para completar la medida que había anunciado su antecesora, Silvina Batakis, al suspender el ingreso de personal a la ya de por sí hiperobesa planta estatal, deberá ser seguida muy de cerca. Se tendrá que verificar si no se está ante un nuevo anuncio falaz con el solo objetivo de hacer creer que se calman las aguas cuando, de manera solapada, el abuso sigue agitándolas.

Estamos tan acostumbrados al “hecha la ley, hecha la trampa”, que aquella medida de Batakis tuvo más de efectista que de verdadero comienzo de saneamiento del empleo público. Mientras la efímera ministra disponía el congelamiento de ingresos en el Estado hasta diciembre de 2023, en el Boletín Oficial se publicaban numerosos llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 en Economía, y para pasar a planta permanente 43 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 153 en Cultura y 120 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En absurda defensa de semejante contrasentido, el Gobierno destacó el hecho de que esos ingresos se concretaran mediante concursos, pero no aclaró que eran exclusivos para quienes trabajaban para el Estado en condiciones precarias, es decir que, en definitiva, ya estaban cobrando desde hacía mucho tiempo sus haberes con dineros públicos. Mal podría hablarse entonces de “transparentar el empleo estatal” mediante pruebas de oposición y antecedentes cuando nadie de fuera del sistema está habilitado para competir.

Que se quiera hacer pasar al gato como si fuera una liebre es, además de un dicho popular, una vieja práctica de los gobiernos populistas. Sin ir más lejos, el Presidente ha venido hablando de una recuperación del empleo privado tras la enorme afectación que produjo la pandemia en ese sector. Sin embargo, en los hechos, lo que ha crecido es la precarización del empleo privado registrado, de la mano del aumento del número de monotributistas, lo que, junto a la caída del salario real, lleva a concluir que el balance cualitativo es deficitario, contrariamente a lo que ocurre con el empleo público, para el que las autoridades dictan un parate cuando no se habían perdido puestos de trabajo, sino todo lo contrario.

Aunque diversos estudios de reconocidas consultoras publican periódicamente radiografías del empleo público, saber a ciencia cierta cuál es la cifra total sigue siendo un misterio. El dato verificable surge de los que tienen relación de dependencia directa, que pasaron de ser 2,1 millones de empleados en 2000 a 3,8 millones en la actualidad, incluyendo trabajadores estatales municipales, provinciales y nacionales. Es decir, la planta de empleados públicos aumentó 78% en los últimos 22 años. Si se ausculta con precisión cuándo fue que creció más, tal como publicó recientemente LA NACION, ello ocurrió desde que el kirchnerismo asumió el poder, en 2003. Para esa época, la administración pública tenía 240.553 empleados, más 18.971 de otros entes del sector estatal. Cuando Cristina Kirchner terminó su segunda presidencia, en diciembre de 2015, la planta había trepado a 381.424 empleados y en los entes se contabilizaban 22.837. Hay que aclarar que esa cuenta no incluye trabajadores de empresas como Correo Argentino, Arsat, Enarsa, AySA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que, en total, sumaban alrededor de 24.000. Tan curioso como provocativo resulta que a esas cifras se haya llegado estando vigentes distintas reglamentaciones referidas al congelamiento de ese tipo de ingresos laborales. Tampoco está de más recordar que muchas de esas trampas a la normativa se canalizaron, por ejemplo, a través de convenios con universidades estatales para triangular los ingresos, mediante contratos tan extravagantes como extemporáneos, con facturaciones estrafalarias e improcedentes.

Otro dato insoslayable de la realidad es que, mientras esos reiterados seudocongelamientos refieren solamente a la administración nacional, es sabido que en las provincias el empleo estatal crece sin freno al son de las necesidades políticas de muchos gobernantes, que “pagan” favores electorales con trabajo estatal y que no temen amenazar con quitárselo a quienes osen retirarles su apoyo. O el ya harto conocido caso de nepotismo en la administración pública, como, por ejemplo, el del gobernador riojano, Ricardo Quintela, que colocó a 30 familiares en puestos estatales y hasta en la Corte provincial, según reveló un reciente informe del programa PPT, que conduce Jorge Lanata.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la planta estatal también creció, sumando capas geológicas. Pasó de 3,6 millones a 3,8 millones de empleados públicos: alrededor de 180.000 más durante los cuatro años de mandato, contra un millón de empleados en los que se incrementó la planta estatal tan solo durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

De cumplirse la decisión administrativa de Massa, las empresas del Estado estarán obligadas a informar mensualmente al Indec, mediante declaraciones juradas, la variación en el número de empleados. También deberán hacerlo las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Habrá que estar muy atentos entonces a esas rendiciones de cuentas que presenten los organismos y a las medidas que se adopten en caso de incumplimientos o tergiversaciones para que esta vez la ley no tenga trampas, agujeros negros por donde se filtren las imaginativas fórmulas que han encontrado las distintas administraciones para falsear la realidad incrementando descaradamente el déficit fiscal.

Fuente: La Nación

La convocatoria del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a la oposición y a otros sectores representativos del país con el fin de “reencauzar la convivencia democrática” nace de una contradicción flagrante y de una inmensa hipocresía: quienes llaman a la paz son los primeros en agitar fantasmas de guerra. El diálogo supone buena fe, algo que precisamente le falta al gobierno de Alberto Fernández.

De Pedro dice contar con el aval presidencial y vicepresidencial para llevar adelante la referida convocatoria, pero ha sido el propio primer mandatario el primero en culpar a la Justicia y a los medios de prensa independientes por el lamentable episodio ocurrido una semana atrás. Le siguieron, entre muchos otros exponentes del oficialismo, el gobernador Axel Kicillof, y dirigentes sindicales y sociales.

Ayer mismo, en el Senado, el oficialismo volvió a esgrimir sus peores armas cuando, tras criticar a la oposición por abstenerse de suscribir una declaración conjunta en repudio por lo sucedido una semana atrás, volvió a hablar de persecución judicial a Cristina Kirchner. Encabezó esa ya tan nefasta diatriba el senador José Mayans, el mismo que, para “lograr la paz social”, había exigido que se frenara la causa Vialidad.

Lejos de llamar a afianzar la paz social, el oficialismo sigue usando aquel penoso hecho con fines partidarios. ¿De qué otra manera puede interpretarse la convocatoria a “recuperar la racionalidad” de parte de De Pedro cuando la justifica en que “no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina”?

Para hablar de recobrar la convivencia pacífica, el kirchnerismo debería rectificarse de todo lo que ha venido haciendo para quebrarla

¿A qué paz social se refieren el Presidente y el juez Juan Ramos Padilla cuando instan a que no se suicide el fiscal Diego Luciani, acusador en la causa Vialidad, y cuando ese magistrado cercano al kirchnerismo, junto con Jorge Rachid, del Instituto Patria, convocan a una movilización bajo la consigna “corte a la Corte”?

Tal como consignó recientemente un lúcido lector de LA NACION, después de dos décadas sembrando odio, el kirchnerismo no puede quejarse de lo que hoy está cosechando. Para hablar de recobrar la convivencia pacífica, debería rectificarse de todo lo que ha venido haciendo para quebrarla.

Desde ya que la Argentina necesita seguir consolidando la democracia recobrada hace casi 40 años. Pero, para que ello ocurra, la convocatoria al diálogo tiene que ser franca, y sus objetivos, muy claros. Todo el país ha quedado conmocionado ante lo sucedido, pero los ciudadanos no pueden ni merecen quedar anclados en el debate de un hecho que le corresponde a la Justicia esclarecer. Hay muchos otros problemas impostergables que resolver: la devastadora inflación, que sigue sumiendo en la pobreza a familias enteras; la inseguridad, que diariamente se cobra miles de vidas de inocentes; el narcotráfico, que, a fuerza de muertes y venganza, está reemplazando al propio Estado en vastas zonas de nuestro país; la decadencia educativa, la falta de futuro para tantos jóvenes que deciden emigrar para intentar hallar afuera las respuestas a las necesidades que aquí no encuentran, entre otros problemas sumamente acuciantes. En esos temas debería estar basado el diálogo, de modo de arribar a políticas de Estado serias y duraderas, que trasciendan los gobiernos. Está claro que ocuparse de la agenda pública más urgente incluye deponer los odios, pero con eso no alcanza.

Se esperan de parte de la dirigencia verdaderos actos de contrición y demostraciones de decencia que vayan acompañadas de acciones concretas. Erosionar las instituciones de la república desafiando la división de poderes es declararle la guerra a la democracia, debilitándola progresiva y dramáticamente. Es, en definitiva, darle la espalda a la ciudadanía que, como nunca, observa impávida el lugar de destierro al que pretenden confinarla dirigentes más ocupados por su propio bienestar que por el general.

Si, como bien se ha dicho, el episodio que vivió la vicepresidenta una semana atrás ha significado un tremendo llamado de atención, un salto en escala, deberíamos capitalizar este momento para intentar salir adelante, con el esfuerzo y compromiso de todos, llamando a la racionalidad, sin falsedades y extremando la cautela.

Fuente: La Nación

El repudiable atentado contra Cristina Kirchner debería servir para unir a los argentinos en la defensa de la democracia y jamás ser utilizado como arma política para acusar a opositores por un supuesto “discurso del odio”, como hicieron el Presidente y el gobernador Axel Kicillof agitando aguas que deberían calmar. Es demasiada obvia su maniobra para impulsar un “clamor popular” que exima a la vicepresidenta de penas por los delitos de corrupción que denunció el fiscal Diego Luciani.

Desde que la izquierda marxista pretendió cooptar el justicialismo hace medio siglo, se incubó un enfrentamiento entre los seguidores de Juan Domingo Perón, que costó muchas vidas y que subsiste en forma larvada. Ese es el discurso del odio más relevante y más profundo que aún no ha sido superado. Para quienes son jóvenes, basta contrastar lo que todavía simbolizan Isabel Perón y Cristina Kirchner para ese movimiento.

Isabel fue la primera presidenta mujer de América Latina, sucesora de Perón, tras su muerte en 1974. Cristina sucedió a Néstor Kirchner en 2007, aunque supo revalidar sus credenciales por mérito propio al ser elegida dos veces por amplia mayoría. Ambas integraron fórmulas conyugales con maridos que no confiaban en nadie, como los esposos Marcos en Filipinas o los Ortega en Nicaragua, paracaidistas ajenos a la democracia que suelen terminar sin ella. Como Manuelita Rosas, en 1841, las dos recibieron sendas “máquinas infernales” como legados maritales, una diseñada para aniquilar y la otra para corromper, pero esta vez explotaron en sus manos.

Cristina Kirchner e Isabel Perón tienen cosas en común y, si no, se complementan. Cuando una es acusada de aniquilar la subversión, la otra es ensalzada por indemnizar ilegítimamente a sus víctimas

Aquella conoció a Perón como bailarina folklórica. Luego abandonó la danza hasta 1975, cuando Celestino Rodrigo y José López Rega la hicieron bailar otras melodías. La segunda ha preferido los cánticos militantes para contonearse desde los balcones o los escenarios. Todavía está por verse qué compases le hará bailar Sergio Massa cuando los aumentos de tarifas y la mayor inflación atronen en los bolsillos de su audiencia. En la Argentina, las fiestas populistas siempre fuerzan a las viudas a bailar con los más feos.

Ambas hicieron carreras políticas de la mano de sus maridos y recibieron enormes fortunas de origen desconocido al fallecer aquellos. Isabel debió enfrentar juicios relativos a la sucesión de Perón y vive retirada, como una aristócrata española, evitando volver a la Argentina para no ir a prisión. En cuanto a Cristina, los esquemas armados por su marido fueron tan torpes que, ahora, en lugar de disfrutar de sus nietos, peregrina por tribunales mascullando “la que se siente una b… soy yo”.

La CGT ahora cierra filas para proteger a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, como lo hizo respecto de Isabel, demostrando su enorme laxitud ética. Una, procesada por delitos de lesa humanidad. Otra, por administración fraudulenta

Al igual que Cristina, la viuda de Perón percibe una doble pensión, por ella y por su marido, que alcanzó el grado más alto del escalafón militar. Ambas viven en barrios exclusivos de las ciudades donde habitan: Isabel, en un barrio cerrado próximo a Madrid. Cristina, en Recoleta.

La madrileña habrá recorrido el Valle de los Caídos lamentando no haber podido enterrar a su marido cerca del Generalísimo, la platense visitaba el insólito mausoleo de Río Gallegos acompañada por su constructor, Lázaro Báez, a quien le otorgaron toda su confianza, con el grado de testaferro mayor.

Al igual que Cristina, la viuda de Perón mantiene un estrecho vínculo con el Vaticano y ambas recibieron rosarios del Papa Francisco. La viuda de Kirchner lo usó como collar laico en Semana Santa en el encuentro EuroLat y como prueba divina de su inocencia en el Senado, cuando convocó a sus bloques en otra maniobra distractiva.

Cuando se trata de protegerlas de la Justicia, para el peronismo ambas son lo mismo. Mientras subsista ese odio larvado, nada bueno puede presagiarse

Mientras Isabel conserva recuerdos de López Rega e imágenes del Caudillo de España, la sucesora de Néstor guarda con orgullo sus fotos con Fidel Castro y Hugo Chávez, mientras relee La historia me absolverá, el alegato del comandante en su juicio de 1953, por el asalto a los cuarteles Moncada. Como se advierte, ambas viudas tienen cosas en común y, si no, se complementan. Cuando una es acusada de aniquilar la subversión, la otra es ensalzada por indemnizar fraudulentamente a sus víctimas.

El 31 de julio de 1974, el diputado Rodolfo Ortega Peña, director de la revista Militancia Peronista, fue asesinado por la Triple A durante la presidencia de Isabel. Ese grupo paramilitar fue organizado desde el gobierno para combatir la subversión armada, con apoyo del peronismo histórico. En dos años y medio, asesinó a alrededor de 3000 personas sindicadas como izquierdistas. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner nombró secretario de Derechos Humanos a Eduardo Luis Duhalde, socio de Ortega Peña y también impulsor del socialismo nacional, quien continuó en su cargo hasta su muerte, durante la presidencia de Cristina Fernández.

En 2007, la justicia española ordenó la detención de Isabel, a pedido de un juez de Mendoza, por el secuestro de dos activistas en 1974. Dada su avanzada edad, obtuvo prisión domiciliaria. De inmediato, las mismas Madres de Plaza de Mayo que ahora convocan a marchar por la vicepresidenta y que aplauden que tantos acusados por delitos de lesa humanidad no reciban el beneficio domiciliario a edad avanzada, celebraron la noticia como señal de que “comienza a llegar la justicia”. Para el peronismo, todo es lo mismo.

Este año, cuando Isabel cumplió 91, Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, pidió su sobreseimiento a la justicia federal en la causa de la Triple A, para poner fin “a la injusta proscripción que aún pesa sobre ella”. Y la misma CGT, con la firma de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, reclamó al Presidente la instalación de su busto en la Casa Rosada para “recuperar la memoria histórica de los trabajadores”. Así estaría cerca de la efigie de Néstor Kirchner. La CGT ahora cierra filas para proteger a Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, como lo hizo respecto de Isabel, demostrando su gigantesca laxitud ética. La una, procesada por delitos de lesa humanidad; la otra, por administración fraudulenta, con daño al sistema democrático.

Andrés “Cuervo” Larroque declaró que la casa de Cristina, en Uruguay y Juncal, es un santuario peronista. La conversión de una unidad funcional en un lugar de veneración religiosa no parece conciliarse con el régimen de propiedad horizontal, ni tampoco con las normas de convivencia entre vecinos. Más simple es el santuario de la CGT para Isabel en el salón Felipe Vallese de la calle Azopardo.

Perón, que siempre leía las Vidas Paralelas de Plutarco, no hubiera tolerado que el historiador romano comparase a las dos viudas como paradigmas del peronismo. Su doctrina era lograr una comunidad organizada con justicia social, pero sin lucha de clases, como proponen quienes veneran a Héctor J. Cámpora.

Las dos expresidentas, testigos de los peores dramas que vivió la Argentina reciente, representan la contradicción más flagrante que subsiste en el peronismo. Se mantiene sin resolución, por una cuestión de poder e intereses. Con tal de mantener gobernaciones, intendencias, cajas sindicales, planes sociales y botines varios, les da igual Noruega que Venezuela.

Cuando se trata de protegerlas de la Justicia, para el peronismo ambas son lo mismo, aunque sean extremos opuestos. Mientras subsista ese odio larvado, nada bueno puede presagiarse para lo que vendrá. Con inflación del 100% y pobreza en aumento no debería unirse para ocultar delitos, sino para terminar con esos escandalosos flagelos.

Es tiempo de que repliquen a Mijail Gorbachov, adoptando una perestroika (renovación) con glasnost (transparencia) para superar modelos perimidos mediante un consenso republicano conforme los valores de la Constitución nacional. Seguir jugando a la ruleta rusa es profundizar la crisis y agravar la situación para quien triunfe el año próximo, acaso otro objetivo aún más difícil de aceptar, pero igualmente capaz de cohesionar voluntades.

Fuente: La Nación

La calidad del sistema electoral es un requisito esencial de la democracia, pues la soberanía popular se expresa a través del sufragio. Las reglas de juego transparentes para todas las fuerzas políticas y su estabilidad son imprescindibles para que el pueblo pueda elegir a sus representantes, manifestar su respaldo a un gobierno o buscar su reemplazo por otra alternativa. La legitimidad de origen de un mandato requiere del voto, que es el mecanismo sagrado para posibilitar “el gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo”, según la célebre definición de Abraham Lincoln en el campo de batalla de Gettysburg.

Una demanda de la ciudadanía en tiempos más cercanos, dirigida a lograr mayor involucramiento en el proceso de selección de los candidatos partidarios, terminó con la dedocracia o elecciones internas digitadas sobre la base de afiliaciones truchas y manejadas por “punteros”.

Se ratifica la voluntad de ciertos dirigentes de consolidarse como oligarquías con una concepción patrimonialista del poder, que disimulan con discursos populistas y demagógicos

El sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), perfectible por cierto, ha resultado un avance al reconocerles a los ciudadanos mayor participación en la conformación de las listas legislativas y en la postulación de quienes aspiran a ocupar cargos ejecutivos.

Noticias recientes dan cuenta de la intención del gobierno de Salta de suspender las PASO para los próximos comicios nacionales y provinciales. A esta decisión se sumarían Catamarca, La Rioja y San Juan. En el caso de La Rioja, se denuncia el intento del gobernador Ricardo Quintela de reformar la Constitución provincial para restablecer la reelección indefinida.

En San Juan se pretendería implantar la ley de lemas, sistema desprestigiado por las deformaciones que provoca y que afectan la representatividad de los elegidos. La ley de lemas posibilita que se elija a un candidato con pocos votos gracias a la acumulación de sufragios de sublemas que no tienen nada en común, salvo utilizar el mecanismo del lema, y suele llevar a problemas de gobernabilidad. La experiencia es que ha anarquizado a los partidos políticos, afectado la calidad de los actos electorales y el escrutinio, y disminuido la calidad de la representación.

Es frecuente que se presenten dentro de un mismo lema propuestas contradictorias, sin afinidad ideológica ni programática, distorsionando la voluntad popular. El sistema fue abandonado en varias provincias y solo subsiste en Formosa, Misiones y Santa Cruz, distritos que no son, precisamente, un ejemplo de calidad institucional.

Con estas actitudes se ratifica la voluntad de ciertas dirigencias de consolidarse como oligarquías con una concepción patrimonialista del poder, aunque lo disimulen con discursos llenos de consignas populistas y demagógicas.

Verdaderos gobiernos de familia, cuasi feudales, que ocupan cargos electivos y administrativos con extensas parentelas, son la constante, en especial en las provincias más atrasadas, y seguirán en esa situación porque es la escasa calidad institucional la primera causa de esa decadencia y pobreza de sus pueblos a pesar de la enorme transferencia de recursos desde las provincias que producen la casi totalidad de la riqueza nacional.

Suprimir las PASO e ir restaurando la ley de lemas son los mecanismos de estas oligarquías para mantener el poder, digitando candidaturas de familiares y amigos, aunque carezcan de idoneidad, como se observa en el Congreso, al solo efecto de negociar el financiamiento de ese control de las provincias que gobiernan.

En este contexto, se suman versiones en el sentido de que el oficialismo estudiaría la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales del año próximo con la intención de evitar que la principal fuerza opositora pueda resolver sus candidaturas mediante ese mecanismo.

Cualquier reforma del régimen electoral debe ser objeto de un amplio consenso político y de un debate parlamentario que se produzca con bastante anticipación al inicio de un proceso eleccionario. En este sentido, preocupa también la postergación de aprobación de las leyes de ficha limpia y boleta única.

El retroceso y la decadencia en la calidad institucional desde el restablecimiento democrático, que cumplirá 40 años el año próximo, son paulatinos, pero constantes. Se iniciaron con reformas constitucionales provinciales para imponer, primero, la reelección por un período que se transformó, luego, en varias provincias, en indefinida. Le siguió la herencia en las gobernaciones a hermanos o esposos, como viene sucediendo tanto en el orden nacional como en varias provincias.

Asistimos así a reformas electorales para perjudicar la representación legislativa, como los sistemas mixtos de elección de legisladores que no reflejan en la representación el caudal electoral de los partidos; el cambio de reglas de juego según cómo se perciban los comicios siguientes, y, como si eso fuera poco, propuestas disparatadas para terminar con la independencia del Poder Judicial, para imponer una autocracia permanente.

Es de esperar que la añeja tradición republicana argentina, con sus pilares fundantes de libertad e igualdad, o la Justicia, frenen estos intentos de desmanes propios de los tiempos anteriores a la organización nacional.

Fuente: La Nación

En un conocido experimento social se dejaron dos automóviles abandonados. Uno, en una zona marginal, que fue rápidamente vandalizado. El otro, en un barrio acomodado, donde se mantuvo intacto durante varias semanas. Hasta que, como parte del experimento, al segundo le fue rota una ventanilla. En poco tiempo, fue vandalizado como el primero. El cristal roto de un automóvil, de una casa, de una escuela o de un país, sin que nadie se apresure a repararlo, demuestra abandono, ausencia de dueño y falta de vigilancia que invitan al robo, la intrusión y al daño.

Nuestro hogar colectivo, la Argentina, se encuentra vandalizado. Poco a poco, le fueron rompiendo los cristales al deteriorarse el principio de autoridad, la vigencia de la ley y el respeto por las instituciones. De allí se derivaron la ausencia de moneda, la inflación, la falta de dólares, la corrupción pública, la expansión de la pobreza y los reclamos sociales por el aumento de precios y la caída de los ingresos.

Nuestro hogar colectivo, la Argentina, se encuentra vandalizado. Poco a poco, le fueron rompiendo los cristales al deteriorarse el principio de autoridad, la vigencia de la ley y el respeto a las instituciones

Los cristales no se rompieron por granizo, ni por un terremoto bíblico. Fueron quebrados a cascotazos por quienes descreen del sistema republicano como forma de gobierno y del capitalismo democrático para generar prosperidad mediante la inversión privada. Con pecheras y redoblantes, reclaman un orden más justo, demoliendo el existente, sin aclarar cuál sería mejor. Aunque lo sospechamos.

Pablo Moyano, Andrés Larroque, Hebe de Bonafini, Juan Grabois, Axel Kicillof, Luis D’Elía, Juliana Di Tullio, Roberto Baradel, Hugo Yasky y otros más tiran piedras culpando al enemigo “anterior, interior o exterior”, sin reconocer que la crisis de pobreza es contracara de la fiesta populista que reivindican. Al amenazar al fiscal Diego Luciani, esa reivindicación ha adquirido un nivel de virulencia inaudito, siempre hueca de propuestas para alimentar, abrigar y curar sin emisión.

Los cristales no se rompieron por granizo, ni por un terremoto bíblico. Fueron quebrados a cascotazos por quienes descreen del sistema republicano como forma de gobierno y del capitalismo democrático para generar prosperidad mediante la inversión privada

Quienes apoyan los “años dorados” de Cristina Kirchner, con sus jubilaciones sin aportes, ampliación de derechos y proliferación de subsidios, no son capaces de formular ni una idea para detener la inflación y eliminar la brecha cambiaria, sin recurrir a la prepotencia de la militancia grupal. Como denuestan el trabajo privado, solo recurren a impuestos a los sectores más productivos u otras formas extractivas de consumir capital a cualquier costo. Paralelamente, contratan los servicios del camaleónico Sergio Massa y su mimetizado Gabriel Rubinstein para viajar a Washington e intentar seducir (en inglés) a quien más aborrecen, el FMI. Otro giro de 180 grados, ahora por derecha, que marearía al calesitero más fogueado.

Para imaginar el sistema que pretenden imponer a fuerza de ladrillazos, hay que recordar lo ocurrido 60 años atrás. En 1959, fue la revolución cubana, que contagió a toda América Latina, a pesar de contrariar al Comintern moscovita. En la Argentina se formó Montoneros, el grupo terrorista que quería instaurar un socialismo nacional, siguiendo a John William Cooke, el exdelegado de Perón que luchó con los cubanos en Bahía de Cochinos (1961). Montoneros llegó al poder en 1973 durante la breve gestión de Héctor José Cámpora. La adopción de su apellido por parte de La Cámpora es una buena pista acerca del nefasto arquetipo que idealizan para nuestro país.

Quienes apoyan los “años dorados” de Cristina Kirchner, con sus jubilaciones sin aportes y proliferación de subsidios, no son capaces de formular ni una sola idea para detener la inflación y eliminar la brecha cambiaria, sin recurrir a la prepotencia de la militancia grupal

Como Perón era, ante todo, un militar de ultraderecha, los echó de la Plaza de Mayo el Día del Trabajador de 1974, abriendo el camino para que luego el “brujo” José López Rega y la siempre exculpada María Estela Martínez pusieran en marcha su aparato de exterminio denominado Triple A. Los cuatro decretos ordenando “aniquilar” la subversión, firmados en 1975 (incluso por Antonio Cafiero), usaron el mismo verbo utilizado por Perón el 20 de enero previo, por cadena nacional y ataviado con uniforme de teniente general, cuando llamó a “aniquilar este terrorismo criminal”. Eso parecen no recordar los sindicalistas, gobernadores, intendentes y dirigentes sociales que corean su nombre mientras se alinean con La Cámpora por sus platos de lentejas y prebendas. Para el peronismo, Cristina e Isabel son lo mismo.

En el laboratorio de las utopías revolucionarias ya se pueden ver los resultados de los experimentos que tantas vidas costaron aquí y allí. Y observar dónde conduce el sueño guevarista que idealizan quienes apedrean nuestro hogar común. Solo Cuba permanece como un museo viviente, donde la población quiere huir y no puede precisamente por encontrarse aislada.

La consigna ¨si la tocan a Cristina que q… se va a armar” no es solamente una amenaza para proteger a la lideresa del kirchnerismo, sino que equivale a una lluvia de adoquines sobre los cristales de nuestro hogar, que repercutirá sobre el empleo, la inflación y los índices de pobreza. Es un ataque frontal y despiadado al futuro de todos los argentinos por igual

Para comparar el final de estos caminos institucionales, los argentinos deben recordar arengas olvidadas de Domingo Faustino Sarmiento y de Ernesto “Che” Guevara, dos paradigmas que siguen vigentes y en pugna. En 1965, Guevara envió, desde el Congo, un “mensaje a los pueblos del mundo” (Conferencia Tricontinental, La Habana) propiciando crear “dos, tres, muchos Vietnam” como consigna de acción revolucionaria ¿Cuál era el modelo de desarrollo que aplicaba en Cuba el ídolo camporista? Forzar el trabajo a punta de pistola, bajo amenaza de paredón. En 1970, Fidel Castro lanzó – con tono épico – la zafra de azúcar de 10 millones de toneladas, para exaltar la producción sin patrones. Pero solo alcanzó 8,5 millones y, ante el fracaso, casi renuncia al cargo. “¡Si lo tocan a Fidel, que q… se va a armar!”, seguramente coreaban sus militantes de verde oliva.

Actualmente, Cuba solo produce media tonelada, carece de suministro eléctrico, de alimentos y medicamentos, además de violar sistemáticamente los derechos humanos. Y eso que no sufre bloqueo alguno, a pesar de los dichos de Alberto Fernández. Salvo con los Estados Unidos, puede comerciar con todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, incluyendo Venezuela, Colombia, México y Brasil. Y con toda Europa, África y Asia, donde tiene contrapartes como Rusia, China, Irán, India, Australia y Japón. Lo que no funciona es el comunismo. Ni en Cuba, ni en ningún otro lugar del mundo.

Casi cien años antes que el “Che” convocara a crear “dos, tres, muchos Vietnam”, Sarmiento, aborrecido por el kirchnerismo por representar la modernidad y la ilustración (¡y haber traído 61 maestras norteamericanas!) pronunció un discurso en Chivilcoy (1868), donde se comprometió a crear “cien Chivilcoy” en sus seis años de gobierno “con tierra para cada padre de familia y escuelas para sus hijos”.

El pueblo de Florencio Randazzo era modelo de progreso con familias de inmigrantes dedicadas a la agricultura, sociedades de fomento, centros culturales y, por supuesto, escuelas sobre la base de valores de clase media como el mérito, el trabajo y el respeto a la ley. Por ese entonces, la producción agrícola de la Argentina era reducida, comparada con la ganadería. Ahora se producen casi 145 millones de toneladas de granos en base al esfuerzo privado. Obsérvese la diferencia con Cuba, que todavía es incapaz de producir una tonelada de caña de azúcar.

La consigna “Si la tocan a Cristina, que q… se va armar” no es solamente una amenaza para proteger a la lideresa del kirchnerismo, sino que equivale a una lluvia de adoquines sobre los cristales de nuestro hogar, que repercutirán sobre el empleo, la inflación y los índices de pobreza futuros. Unos dañan la independencia de la Justicia, otros lastiman la división de poderes, los siguientes astillan la libertad de prensa y todos pretenden aterrorizar a la población, tal como predicaba quien prefería muchos Vietnam, a cultivar en Chivilcoy.

Fuente: La Nación

Hace casi 40 años la Argentina retomaba el camino hacia la vida democrática. La sociedad se conmovió entonces ante un candidato que ofrecía vivir según las reglas establecidas en la Constitución nacional. El Preámbulo y los valores en ella establecidos fueron la hoja de ruta de una república que recuperaba las instituciones. Un hito fundamental de ese pasado fue el alegato final del fiscal Julio Cesar Strassera en el juicio a las Juntas, en diciembre de 1985. Repitió ese día el “Nunca más” con la humildad de señalar que la frase no le pertenecía ya que, como dijo, es patrimonio del pueblo argentino.

Hay muchas razones para recordar la trascendencia de la imagen del fiscal Strassera frente al tribunal y a los integrantes de las Juntas requiriendo las condenas luego de un juicio que había insumido hasta entonces dos años.

Hoy, la valiente y loable intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa conocida como Vialidad es el último eslabón de un proceso que lleva seis años. Ya en 2016, el juez Julián Ercolini, en una resolución de 794 páginas, ordenó procesar a Cristina Kirchner por considerarla prima facie coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

La historia que siguió al procesamiento es conocida. Apelaciones, incidencias, audiencias, recusaciones, idas y venidas entre todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, con la evidente finalidad de dilatar el juicio en lugar de aportar pruebas para demostrar su inocencia.

Resulta preocupante que, por ceguera ideológica, tantos personeros del kirchnerismo estén llamando a la población a alzarse contra las leyes y la república

Ayer, bajo la pueril excusa de no poder hablar ante el tribunal, Cristina Kirchner realizó una provocadora defensa mediática luego de conocido el fundado alegato de los fiscales, que pidieron para ella una pena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Se trató de una simple muestra de desesperación frente a las pruebas que abundan en la causa. Fue una tan inexplicable como exultante muestra de poder realizada desde el Senado de la Nación, lugar que no debería utilizar para defenderse de delitos de corrupción. La Cámara alta no puede ser la guarida desde la cual cuestionar a la Justicia en su propio beneficio.

Cristina Kirchner no pudo rebatir hasta ahora ni las pruebas ni las conclusiones legales de los fiscales ni ningún aspecto de este juicio que intentó retrasar y bloquear mediante la presentación de un sinfín de chicanas. Le queda todavía la etapa de alegato de las defensas y la posibilidad de volver a hablar hacia el final del trámite judicial. Pero prefiere desviar el foco. Solo se ocupó ayer, una vez más, de lanzar incriminaciones políticas inconsistentes, de victimizarse, de mostrar que, si en algo le interesa la Justicia, es para poder someterla a sus arbitrios, no para preservarla como el poder independiente que es.

Así como aquel “Nunca más “de Strassera, quedará en la memoria colectiva la conclusión de Luciani: “Señores jueces, es corrupción o justicia”.

La inclusión del delito de corrupción y de la lucha contra la impunidad en el poder ha sido central en la Constitución nacional reformada en 1994. Su artículo 36 sostiene claramente: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Cristina Kirchner conoce perfectamente el valor de esa cláusula porque fue convencional reformadora en 1994. Sin embargo, hoy la desprecia por el simple hecho de que la acusada es ella. No defiende la Constitución ni las leyes, sino que se defiende a sí misma. Ella no se percibe como una ciudadana más, sino como privilegiada. Protestar ahora mediáticamente porque los jueces no la dejaron declarar cuando legalmente ya no correspondía hacerlo en esta parte del proceso da la pauta del imaginario escalón donde pretende situarse respecto del resto de los mortales.

Haber sostenido que esta causa en la que está procesada como jefa de una asociación ilícita responsable de defraudación al Estado es “un juicio contra todo el peronismo” es un mensaje más para el adentro de su partido que para el afuera: necesita que sus compañeros de ruta apuntalen su tergiversación de los hechos, apañando el burdo invento conceptual del lawfare, victimizándose junto con ella y denunciando proscripción. En ese sentido estuvo orientado el tan escandaloso como absurdo comunicado del presidente de la Nación, Alberto Fernández, condenando la supuesta persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta. Fernández tampoco respeta la Constitución, cuyo artículo 109 dispone que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Igual que su mentora política, el jefe del Estado violenta la división de poderes y miente. ¿O, acaso, está cimentando el camino para otorgar un eventual indulto?

No pueden menos que condenarse también los términos en los que se expresó el ministro de Economía, Sergio Massa, tras conocer el pronunciamiento de los fiscales. Dijo que “estamos ante un peligroso antecedente para la política, los empresarios y aquellos que tienen dependientes”. Peligroso es que esos “dependientes” del poder de turno puedan delinquir amparados por quienes los dejan hacer para cobrar su tajada. Algo que tanto Massa como Alberto Fernández denunciaban con el dedo en alto respecto del kirchnerismo antes de volver al redil, con indisimulables ansias de poder absoluto y una progresiva amnesia política.

Las investigaciones de la Justicia hasta el momento dieron como resultado, entre otras cuestiones, que el patrimonio del seudoempresario Lázaro Báez creció 12.000 por ciento entre 2004 y 2015, y que el de Austral Construcciones lo hizo en un 46.000 por ciento mediante la adjudicación de contratos direccionados en su beneficio por el matrimonio Kirchner durante sus presidencias consecutivas. ¿Qué demostró la vicepresidenta para contrarrestar o desmentir esas pruebas? Nada contundente que se sepa hasta ahora. Solo ataques a la oposición y a la prensa independiente, cargados de inexactitudes y de furia, mucha furia. Un sentimiento que Cristina Kirchner y sus laderos esperan proyectar y mantener en alto en las calles, como se vio durante las últimas horas, incluso con agresiones de sus seguidores a la policía, que, como es su deber, trataba de evitar desmanes de parte de quienes alimentan el odio y el resentimiento. Las declaraciones de Hebe de Bonafini y de otros tantos personeros del kirchnerismo llamando a un alzamiento contra la Corte y la Constitución resultan tan aberrantes como peligrosas y desnudan la ceguera ideológica y las conveniencias personales que les impiden apreciar la verdad.

No es verdad, como dijo Cristina Kirchner en diciembre de 2019 cuando le tocó declarar en este juicio, que a ella ya la había absuelto la historia. Para que eso ocurra, tras un juicio justo y procesalmente incuestionable, primero deberán expedirse los jueces.

Estamos ante un momento bisagra de nuestra historia como país. Como bien ha dicho el fiscal Luciani en su alegato, “una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”.

Como ciudadanos, desde el lugar que cada uno ocupa, debemos exigir a nuestros representantes el sometimiento absoluto a las normas. Perseguir la verdad defendiendo las instituciones es consolidar la democracia. Corrupción hubo siempre. Lo que como sociedad no podemos permitir es que reine la impunidad.

Fuente: La Nación

Un breve listado de las aberraciones del régimen dictatorial del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el poder desde 2007, incluía ya, entre otras cuestiones, su persecución a la oposición, su continua violación a las leyes, el acoso a la prensa y la represión a las protestas de 2018, durante las cuales los abusos policiales –todavía impunes– dejaron 309 muertos.

Pero la escalada de hechos aberrantes en Nicaragua volvió a tomar un lamentable impulso con el reciente arresto por parte de fuerzas policiales de monseñor Rolando Álvarez, junto a otros ocho religiosos en la sede episcopal de Matagalpa.

En 2021, la dictadura de Ortega ordenó las detenciones arbitrarias de siete precandidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del gobierno, de cara a las elecciones presidenciales en las que el matrimonio en el poder se aseguró un cuarto mandato, en unos comicios que terminaron siendo una farsa.

La Argentina, en una decisión que debe celebrarse, pero que forma parte de su pendular y oscilante política exterior, condenó en la Organización de Estados Americanos (OEA) los abusos a los derechos humanos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de los presos políticos, en una votación alineada con la posición de Estados Unidos y de otros países de la región. El documento aprobado “condena enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua” e insta a que se “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos”.

El apoyo argentino a la resolución ocurrió días después de que el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, considerado el nexo del ministro Sergio Massa y la Cancillería, defendiera vergonzosamente la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el contexto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) argumentando que “todos los países [de ese grupo] son democráticos” y que “es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno”.

Tamaña afirmación resulta contradictoria con la reciente resolución aprobada por nuestro país en la OEA asimilando la situación de la dictadura nicaragüense con los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela.

Respecto de la detención de monseñor Álvarez, ya se contabilizan más de 200 actos hostiles de la policía nicaragüense contra miembros de la Iglesia, incluso privándolos de medicinas y alimentos. También se registraron cierres de cadenas de radio y televisión católicas, que se suman al exilio forzado del obispo Silvio Báez, al del párroco Edwin Román, a la condena a prisión de seis sacerdotes, algunos trasladados a centros de torturas y a la expulsión del nuncio Waldemar Sommertag, en marzo último.

Las asociaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, católicas y movimientos de Nicaragua enviaron cartas al Vaticano en las que denuncian estos atentados a las libertades religiosas. En la misiva al papa Francisco, que lleva la firma de más de 60 organizaciones, manifestaron ante el silencio del Pontífice: “Le rogamos, le imploramos que no nos dejen solos. Escuchen nuestra palabra”.

En nuestro país, el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, envió una carta al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, expresando la preocupación de los obispos argentinos por la situación de la Iglesia en Nicaragua.

Algunas opiniones especializadas en la política vaticana sostienen que el papa Francisco ha optado por la prudencia sopesando la posibilidad de recrudecimiento de los ataques, asimilando su postura de silencio a la del papa Pío XII ante el Holocausto cuando temía que el fin de su supuesta neutralidad pusiera en mayor riesgo la vida de miles de personas. También se plantea que no se expida ante la posibilidad de una futura intervención como mediador ante el gobierno de los Ortega, que no ha demostrado ningún interés en el diálogo. Si esa fuese la decisión del Santo Padre, debería concretarse a la brevedad posible. El inmenso sufrimiento del pueblo nicaragüense y la permanente violación de derechos humanos no admite mayores dilaciones. La izquierda radicalizada de muchos países de la región amenaza el escenario de las libertades religiosas y el ejemplo de Nicaragua marcará en gran medida el futuro latinoamericano

Fuente: La Nación

El director de la radio El Destape, Roberto Navarro, quedó comprendido en la figura que establece el artículo 212 del Código Penal, que reprime con prisión de tres a seis años a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”. Lo interpretó la doctora Silvina Martínez, de la Asociación Civil Bajo la Lupa, quien sostuvo que los dichos de Navarro no están relacionados con la libertad de expresión, sino con el delito.

Navarro es un periodista militante kirchnerista devenido en empresario gracias a la abundante pauta oficial que recibió y que, según datos del Enacom, ascendió a más de 130 millones de pesos en los últimos dos años, cifra que le permitió hacerse de la frecuencia que fue de Radio El Mundo. Es también quien en 2015 anunció con estridencia en C5N el supuesto triunfo de Daniel Scioli sobre Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de ese año, blooper que se repitió en 2019 con los candidatos del Frente de Todos en los comicios de Mendoza y, en 2021, en los de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, Navarro al comentar el escrache que sufrió el actor Pablo Echarri, responsabilizó del hecho a “los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul”, a quienes acusó de estar generando violencia. “Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo tenemos que hacer para frenarlos. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos”, aseguró.

En forma inmediata, diversos referentes de la oposición política, así como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED (Liberad de Expresión + Democracia) repudiaron tales inaceptables declaraciones.

Anteceden a Navarro en la práctica de este nefasto accionar otros dirigentes kirchneristas, quienes, entre otras deplorables acciones, arengaron en 2011 a escupir fotos de diversos periodistas.

Con sus dichos, Navarro ha ido todavía más allá del reprochable escrache: incitó a la violencia sembrando el miedo y pretendiendo silenciar a quienes no piensan como él ni reciben dineros del Estado para militar en favor de una expresión político-partidaria.

La libertad de expresión en un sistema democrático exige aceptar y convivir con diferentes opiniones, pero no es compatible con la actitud amenazante y autoritaria de este periodista, quien desde un micrófono justifica y arenga en forma irresponsable una eventual utilización de la violencia contra la integridad y la labor de sus colegas, alimentando el odio y la división.

Fuente: La Nación

En 1921, Lenin debió girar a la ortodoxia para detener el caos económico de Rusia, apenas cuatro años después de la Revolución de Octubre (1917). El régimen de terror impuesto por los bolcheviques, además de eliminar el derecho de propiedad, utilizó la inflación como arma bélica para destruir la moneda. El “comunismo de guerra” convirtió a Rusia, potencia mundial, en un país paupérrimo, con sus fábricas paradas, caídas de cosechas y hambre generalizada.

A diferencia de la República de Weimar (Alemania, 1918-1933), donde la emisión se descontroló en forma no intencional, Lenin la multiplicó a propósito con el objetivo de eliminar la moneda, base fundamental del mercado, y la división del trabajo, causante por supuesto de la “alienación” de la clase trabajadora en provecho de la burguesía explotadora.

Y tuvo un éxito rotundo, pues los precios subieron un 655% en 1917; 10.000% en 1918; 90.000% en 1919; 900.000% en 1920, y más de 60.000.000% en 1921. La persecución a los campesinos por no entregar su grano a cambio de billetes depreciados motivó requisas, asesinatos y deportaciones. Sin cultivos, se provocó la gran hambruna del Volga (1920-21) estimándose los muertos en cinco millones. Como en la experiencia colectivista de la Comuna de París (1871), la gente comió hierbas y cortezas, perros y gatos. Hasta se reportaron casos de canibalismo.

Al haber repudiado la deuda zarista (default) Rusia quedó sin crédito para comprar alimentos en el exterior. Ante la dura realidad, Lenin debió “tragarse el sapo”, dando un volantazo en 1921 e implantando la Nueva Política Económica (NEP), que reintrodujo un capitalismo a medias para detener la inflación y recuperar la producción, incluyendo una reforma monetaria. Para no atribuir virtudes al sistema denostado, Lenin la llamó “retirada estratégica” en pos de consolidar el comunismo. Humillado, debió aceptar ayuda de los Estados Unidos y de la Cruz Roja para alimentar a la población, la que recibió sémola, cacao, leche condensada, pan blanco y azúcar.

Pero a Lenin el sapo capitalista le resultó indigerible y al poco tiempo sufrió cuatro infartos cerebrales que lo postraron. Murió en 1924. Ni lerdo ni perezoso, Stalin tomó el poder, abandonó la NEP y forzó la industrialización con planes quinquenales. No jugó más con la inflación pues, en la Unión Soviética, la moneda fue innecesaria, donde funcionaron el Gosplan, el racionamiento, el trueque… y los faltantes.

La Argentina, como Rusia antes de 1917, también fue una potencia mundial. Pero, desde la estatización del Banco Central en 1946, la emisión monetaria se convirtió en fuente inagotable de financiación del gasto excesivo. Todo empeoró durante los mandatos de Cristina Kirchner, a partir de 2007, quien la multiplicó para construir poder, como Lenin. Si la inflación no creció a propósito, hubo dolo eventual pues, según ella, no se origina en el déficit fiscal, sino en múltiples causas, como el bimonetarismo, la fuga de capitales, los formadores de precios, la especulación y la deuda externa. Ya lo dijo su ladera, la exdiputada Fernanda Vallejos: “Un estado soberano no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear”. Para quien llamó okupa al Presidente, la afición argentina por el dólar se puede corregir mediante controles de capitales, como lo enseñaría su “teoría monetaria moderna”.

Ante una inflación que se proyecta del 100% este año, con la mitad de la población en la pobreza y un décimo en la indigencia, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, pidió ante San Cayetano “actitudes solidarias que nos permitan reconstruir esta Argentina que nos duele a todos”, al referirse al “pan que diariamente se hace más inalcanzable como consecuencia de la inflación asfixiante que genera miseria”.

Presionado por la realidad, el trío gobernante resolvió un cambio de roles para ganar tiempo hasta la primavera, cuando, en teoría, se recompondrán las reservas por menor consumo de energía y mayores ingresos del campo. Como un film noir de los hermanos Coen, están rodando una película de simulación, sin libreto y mal actuada, donde lo único verdadero es el desprecio que los actores se tienen entre sí.

A 101 años del giro capitalista de Lenin, Alberto Fernández otorgó amplios poderes a Sergio Massa para conducir la economía, dentro de los parámetros fijados por el Instituto Patria. Y para crear expectativas pro mercado, el ungido prometió cumplir las metas pactadas con el FMI, viajando a Washington a fin de mes para invitar a Kristalina Georgieva a continuar su gran papel en la parodia.

En cuanto a la vicepresidenta, su rol es aparentar que se “traga el sapo” en silencio ante los anuncios de Massa, sabiendo que el derecho a veto le pertenece y que no se indigestará con el batracio, como le ocurrió a Lenin. Para indigestión, le basta con el alegato del fiscal Diego Luciani. Por otro lado, el famoso sapo parece más un renacuajo de arroyo del Tigre. Es una versión peronista de la NEP destinada al fracaso, pues no ajusta el sector público, ignora reformas estructurales y evita reducir la brecha cambiaria mediante una devaluación. Al no generar confianza, no habrá préstamos, ni inversiones, aunque el ministro los pida a Qatar, a Irán o a la China.

El Presidente, a su vez, cumple el rol de desplazado benévolo, sabiendo que se trata de un libreto escrito a tres manos, para escenificar un ajuste que no ocurrirá, en año electoral, mientras Cristina Kirchner no lo autorice. Mientras tanto, se dedica a dar cátedra en inauguraciones y a cometer errores de política exterior creyendo que presidir la Celac le otorga patente de corso y el peso internacional que no encuentra en su propia casa.

La población observa atónita este juego de apariencias, donde la coalición gobernante, para conservar cargos, prebendas e impunidad, intenta que el pueblo, a falta de mejor alimento, se trague el sapo que Cristina nunca acercará a su boca.

Fuente: La Nación