Categoría: Entrevistas

El drenaje de reservas llevó días atrás al Banco Central a disponer que las importaciones que, a su juicio, no sean estrictamente indispensables obtengan las divisas fuera del mercado oficial o en todo caso con financiamiento. Tal medida impuso en la práctica un desdoblamiento del mercado cambiario, lo que implica una devaluación para una elevada proporción de los bienes importados. Fue una decisión de apuro y desprolija, que amplía los espacios de discrecionalidad.

Por las mismas angustiosas razones, el 6 de febrero de 1989, el entonces ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Juan Sourrouille, impuso un desdoblamiento en tres mercados cambiarios: el comercial, el especial y el libre. Los dos primeros eran fijados por el gobierno para exportaciones e importaciones en proporciones variables y definidas para cada posición arancelaria. El dólar libre era para transferencias financieras, turismo y cualquier otro fin, una forma más ordenada de salir del atolladero de un drenaje de reservas como consecuencia de usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Fue el final del Plan Primavera y, a partir de aquella medida, la inflación se aceleró.

Deberá esperarse un escalón inflacionario a raíz de estas medidas. Pero sería ilusorio pretender que el efecto se agote luego de subido ese escalón

No es esa la única similitud con lo ocurrido ahora, 33 años después. En 1989 no solo debió corregirse el retraso cambiario. Las tarifas de los servicios públicos también sufrían una notable reducción real que había ocasionado insuficiencias en las prestaciones y fuertes déficits en empresas estatales. Había cortes de energía y demoras infinitas para obtener una línea telefónica. Aquel retraso tarifario se repite hoy con la misma exigencia de subsidios. El Gobierno debe compensar pérdidas mediante aportes que cargan sobre el Tesoro. No hay otro camino que normalizar las tarifas, que en ese caso dejarán de ser anclas para, en la transición, impulsar costos y precios.

Deberá esperarse un escalón inflacionario como consecuencia de estas medidas. Pero sería ilusorio pretender que el efecto se agote luego de subido el escalón. La recuperación de los precios atrasados dejará a otros en posición negativa y en todo caso se observaría un cambio por impulsos imperativos.

Otro factor que influirá sobre el abastecimiento y los precios es la devaluación para aquellos que pasen del mercado oficial de cambios al informal. Aun los importadores que lo eviten financiándose deberán pagar altas tasas de interés, que trasladarán a precios.

Hacen falta otras decisiones para reducir el déficit y la emisión, que son la verdadera causa de la inflación

Las medidas adoptadas con relación al cepo cambiario apuntan a terminar con la pérdida de reservas, pero hacen falta otras para reducir el déficit fiscal y la emisión de dinero, que son la verdadera causa de la inflación. Todavía no hay claridad ni seguridad sobre la normalización de las tarifas de la energía y el transporte. Por su lado, los planes sociales son objeto de manejo y poder político, pero poco se espera de su reducción. Mientras se tenga un 40% de pobreza y no se restablezca la confianza que impulse la inversión y el empleo privado, será difícil reducir los subsidios y racionalizar las desbordadas burocracias estatales.

Resta considerar otro factor de posible impulso inflacionario. Es la huida del dinero o el aumento de la velocidad de circulación, según el ángulo desde donde se lo mire. Es un peligroso factor de riesgo que puede espiralizar la inflación, como ocurrió en 1989. Depende de comportamientos colectivos relacionados con temores y perspectivas. La falta de idoneidad y las grietas abiertas dentro del oficialismo están creando un escenario dramático.

Fuente: La Nación

La semana pasada un incendio quemó por completo la oficina de la Secretaría de Bosques del Chubut, ubicada junto a la planta de gas del Paraje Pedregoso, cerca de la localidad de El Hoyo, donde en 2018 la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ya había atacado maquinarias de la empresa que llevaba adelante la construcción del gasoducto cordillerano. Este violento grupo se adjudicó el repudiable hecho y se encontraron banderas panfletarias que reivindicaban la lucha de la violenta organización.

La RAM es una agrupación liderada por Facundo Jones Huala, ahora prófugo de la Justicia chilena tras haber sido condenado a nueve años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurridos en Chile, en diciembre de 2016.

Un día después del incendio, docentes, alumnos y personal de la Universidad Nacional del Comahue izaron la bandera mapuche en distintas sedes que esa casa de estudios tiene en Río Negro y Neuquén y, a la hora de los discursos, afirmaron que no tenían que pedirle “permiso al papá Estado” puesto que se trata de “una nación preexistente al Estado nacional argentino”. Más allá del error histórico de asegurar que los mapuches son oriundos de nuestra Patagonia, donde habitaban los tehuelches, invadidos en el siglo XVIII por los araucanos (o mapuches), tal como afirman los más serios antropólogos e historiadores, no es admisible una provocación a la soberanía de la Argentina como el izado de la bandera mapuche con una pretendida posición separatista, que conlleva una reivindicación de un concepto jurídico distinto al de propiedad, raíz de nuestro derecho occidental.

Como hemos manifestado en estas páginas, la comunidad mapuche se encuentra en la mayoría de los casos integrada pacíficamente a nuestra sociedad, con su propia cultura y sus costumbres, y por ello no debe homologarse a los violentos que hacen uso de ese origen –aunque a menudo no lo posean– para la reivindicación de derechos territoriales donde nunca han estado, transformando su actuar en una verdadera extorsión para conseguir beneficios o reconocimientos de falsos derechos. Basta analizar el arraigo intempestivo de las comunidades en sitios como Vaca Muerta o, ahora con el comentado proyecto del hidrógeno verde, en la meseta de Somuncurá.

La superficialidad e ignominia con que nuestras autoridades abordan el tema es sorprendente y las consecuencias están a la vista: Villa Mascardi sigue tomada por delincuentes y allí la soberanía parece haberse dado por vencida. Hay varios propietarios que han sufrido en carne propia los desmanes de los encapuchados y, como respuesta del Estado, solo han recibido postergaciones y pasados varios años no pueden acceder a sus propiedades. Proteger a los delincuentes se ha transformado en una actitud políticamente correcta que se matiza con pretendidos fundamentos seudoprogresistas o con entreverados caminos procesales.

Proteger a los delincuentes se ha transformado en una actitud políticamente correcta que se matiza con fundamentos seudoprogresistas

Basta ver la violencia desatada en Chile para saber que se trata de un reclamo similar al de nuestro país, que escala en desmadres y que los gobernantes evitan abordar. Como señaló recientemente el periodista Tomas Mosciatti, de la cadena Bio Bio, en la fiscalía de su zona el 97% de las causas son cerradas sin culpables, y en la de la Araucanía, solo el 1,3% de las investigaciones termina en condena. Así, “matar, robar, usurpar en la Macrozona Sur es gratis”. Allí la pretensión de instaurar un “Estado plurinacional” a través del proyecto de la nueva Constitución pone en riesgo la soberanía de la República de Chile, ya que si una Nación es un grupo de personas que en un territorio tienen una cultura en común y principalmente desean tener un futuro común, la “plurinacionalidad” no es sino la expresión más clara de que una nueva “nación” desea tener un futuro distinto al de las otras. Nuestra Patagonia es una de las zonas más bellas de la Argentina, donde el turismo (ya afectado por el temor a ataques y cortes de rutas sin control) podría ser uno de los grandes motores de la recuperación económica y social. Mientras tanto, las autoridades nacionales y algunas provinciales evitan tomar decisiones de fondo, sin saber que cada vez que eluden resolver el tema contribuyen, ellas mismas, con sus acciones u omisiones, a que perdure la violencia y, con ella, a un mayor retroceso institucional del país.

En la Argentina, todos los ciudadanos son iguales, más allá de sus orígenes, sus creencias y su cultura, y son bienvenidos en la medida en que se respeten las instituciones y desarrollen su vida en armonía con los demás, de modo pacífico.

La RAM es responsable de otros atentados, entre los que se encuentran el sufrido por la sede de Vialidad Provincial de Río Negro en la ciudad de Bariloche y la quema de la Oficina de Turismo de El Bolsón.

En esta última acción, antes de iniciar intencionalmente el fuego, ataron a la cama al matrimonio que estaba custodiando el lugar. El reclamo por el avance del grupo extremista llegó también de la Asociación Vecinal de Villa Mascardi (el lugar más atacado por la RAM), cuyos miembros emitieron en su momento un comunicado en el que denunciaron “estar desamparados en manos del terrorismo de Estado”.

La indefensión ciudadana solo puede explicarse, y nunca justificarse, desde la complicidad de gobernantes dispuestos a renunciar a la soberanía y al imperio de las instituciones de la república en pos de oscuros beneficios.

Fuente: La Nación

El proyecto kirchnerista para seguir sumando al sistema jubilatorio personas que no cuentan ni con los años de servicios ni con los aportes exigidos por ley representa otro paso más hacia el precipicio previsional por cuya cornisa transita nuestro país.

En esta oportunidad, el sector del bloque oficialista del Senado que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner sostiene que no se trata de una moratoria, sino de un programa para pagar deuda previsional, y que su impacto económico es “casi nulo” para las arcas de la Anses.

Según la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, “todos sabemos que los que este año y el que viene cumplirían 60 y 65 años (en el caso de mujeres y hombres, respectivamente) han atravesado vastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral”. Consideró que “han atravesado la dictadura, la hiperinflación, los picos de desocupación” y que eso les ha hecho dificultoso cumplir con todos los aportes de rigor. Lo que no dice la legisladora es que 15 de esos años –por no contabilizar todos los gobiernos peronistas que se sucedieron desde 1983 hasta acá– lo protagonizaron gestiones kirchneristas que han contribuido decididamente a horadar el sistema laboral legal, sosteniendo y aumentando el trabajo en negro y precario, anteponiendo planes y subsidios al empleo en blanco, y saturando el sistema previsional con la inclusión de más y más jubilados sin aportes previsionales en detrimento de quienes han cumplido con todas sus obligaciones durante al menos 30 años de servicio. A todas luces, un accionar que no ha sido ni inclusivo ni solidario por más que se lo quiera mostrar de esa manera.

El actual método de reparto se financia en alrededor del 60% con aportes genuinos; el resto proviene de ingresos tributarios o de aportes del Tesoro. No será con nuevos impuestos ni con parches como hallaremos una solución a la acuciante situación de nuestro sistema previsional

Se trata, lisa y llanamente, de seguir tensando con este proyecto una cuerda que ya no soporta más estiramientos ni en lo económico ni en lo ético. Mientras miles de jubilados esperan que la Anses acate las órdenes judiciales de reajustes por cobros mal hechos, mientras millones de jubilados reciben un haber mínimo irrisorio que no les permite vivir con dignidad y mientras el Estado hace la vista gorda y permite que continúen las jubilaciones de privilegio como las de Cristina Kirchner, doble beneficiaria que percibe mensualmente unos 3,5 millones de pesos, el oficialismo sigue pensando en parches demagógicos en lugar de abocarse a repensar el sistema en su conjunto para que deje de ser tan injusto como discriminatorio.

Desde 2003 hasta la fecha, se han puesto en marcha moratorias que incrementaron en cerca de cuatro millones el número de beneficiarios de jubilaciones; en su mayoría, personas que jamás habían efectuado los aportes de ley o que lo habían hecho de manera insuficiente. Entre otras excentricidades, se anunció que podrían jubilarse los desocupados y obtener años de aportes “por tareas de cuidado” las mujeres que hayan criado hijos.

No resulta menos criticable el hecho de que el kirchnerismo fundamente este nuevo desaguisado en que el mes próximo vence una ley que dejaría fuera del sistema previsional a unas 500.000 personas a las que, pese a su situación irregular, ya se les había prometido integrarlas. Como si eso no fuera suficiente, debe agregarse que, según los propios dirigentes kirchneristas, este nuevo proyecto ni siquiera fue conversado con el Ministerio de Economía, lo cual implica admitir que importa más la puja interna dentro del Gobierno, que especula con medidas efectistas dirigidas a captar votantes, que hallar soluciones sustanciales para problemas estructurales que condicionan gravemente el porvenir de todos los argentinos por igual.

Como hemos dicho recientemente desde estas columnas, la inviabilidad presente y futura del sistema previsional es cada vez más evidente y se hace imprescindible encarar una profunda reforma que, por ejemplo, tenga en cuenta el aumento de la edad jubilatoria y su equiparación entre mujeres y hombres. Hemos pasado de contar inicialmente con cuatro aportantes activos por cada jubilado a apenas menos de dos en la actualidad. Ello, sumado al aumento de la esperanza de vida, también impone generar mecanismos de ahorro y capitalización que impidan que el sistema colapse.

El actual método de reparto se financia en alrededor del 60% con aportes genuinos; el resto proviene de ingresos tributarios específicos o de aportes del Tesoro. No será con nuevos impuestos, ni haciendo uso de la política de la sábana corta, ni con más parches como hallaremos una solución a este tan acuciante como delicadísimo problema. Es hora de dar la verdadera discusión, la que impida que caigamos sin más trámite en el fondo del precipicio.

Fuente: La Nación

Como planteamos días pasados, en un nuevo intento por salvar a la vicepresidenta de avatares judiciales que comprometen seriamente su futuro –y congraciarse con algunos gobernadores –, el Gobierno envió un proyecto al Senado para elevar de 5 a 25 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si hoy son cuatro y no cinco sus integrantes ha sido por la renuncia de Elena Highton de Nolasco y porque el Poder Ejecutivo no ha iniciado el proceso para cubrir esa vacante.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lidera este delirante coro, con olvido del lamentable estado del Poder Judicial de su provincia, donde centenares de nombramientos de jueces esperan su definición. Sin ir más lejos, en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hay tres vacantes por cubrir, con lo cual debería inhibirse de opinar en temas que exceden su competencia y comenzar por nombrar los magistrados que la provincia necesita imperiosamente.

Si bien el proyecto presentado por Alberto Fernández no insiste en la peregrina idea de designar a un juez por provincia, en los considerandos ha quedado latente esa necedad.

El absurdo consiguiente está en línea con las expresiones militantes que desconocen los principios republicanos y lo normado por nuestra Constitución nacional, en referencia a que los jueces carecen de legitimidad porque no fueron elegidos por el pueblo.

Es evidente que la división de poderes, verdadera garantía republicana, incomoda notoriamente al partido gobernante. No se trata de que los jueces puedan ser los más votados, ni por el pueblo ni por el conjunto de gobernadores. Se trata de que sean los mejores, los más probos y aptos y, sobre todo, independientes de toda presión externa, pero, en especial, de la de los otros dos poderes del Estado cuya misión es controlar y cuidar que sus actos se ajusten a la Constitución nacional.

Los jueces son designados como lo prevé la Constitución, con acuerdo del Senado y, por ser cabeza de un poder, no admiten dependencias de ningún tipo. Para su designación rige la sola exigencia de la idoneidad.

Este intento de modificar la actual composición del más alto tribunal del país y, de esta manera, licuar su independencia, más allá de los rastreros objetivos que persigue, apunta lisa y llanamente a terminar con la división de poderes.

No hay nada más federal que el Senado, con tres representantes por distrito. Son ellos quienes prestan acuerdo a la designación de los miembros de la Corte. Carecen de sentido las falsas excusas invocadas de falta de federalismo, como también de eventual ausencia de integración femenina.

Pero, además, la Corte ya es federal porque su competencia es la de la Constitución y esta es republicana y federal. Si la preocupación es el origen de las designaciones, basta tener presente que dos de los actuales jueces son santafecinos, uno cordobés y otro se crió en Corrientes. Tampoco son cuestionables los antecedentes de filiación política histórica de sus integrantes, cuando la hubiere.

Para la ciudadanía, está claro ya que no es en razón de su eficiencia o mejora de funcionamiento que surge esta temeraria propuesta de un inmanejable tribunal deliberativo de 25 miembros, sino el afán de dominar este poder, quitándole precisamente su independencia, con la pretensión de someter a quienes tienen el deber de decidir finalmente no solo sobre la vida, la libertad, el honor y las garantías ciudadanas ajustándolas a la Ley Fundamental, sino de velar porque los otros dos poderes no abandonen el cauce constitucional.

Los jueces de la Corte se eligen por su idoneidad y se mantienen por su propio prestigio, honestidad y seriedad, sin sujeción a nada que no sea la Constitución y las leyes, verdadera garantía de su independencia. Valga aquí reiterar el conocido ejemplo del general Bartolomé Mitre quien, cuando accedió a la presidencia de la república, propuso para la Corte a ciudadanos intachables: sus enemigos políticos.

Además del proyecto en sí mismo, habría que analizar dos cuestiones institucionales de gravedad inusitada: la amenaza cursada por los gobernadores y el golpe de Estado que implica este intento de destruir a la Corte Suprema.

El hecho de que gobernadores esgriman el proyecto como amenaza a los actuales ministros de la Corte es prueba de las graves y disvaliosas consecuencias que importa.

Por otro lado el proyecto en el que unen fuerzas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunos mandatarios provinciales y el Poder Ejecutivo apuntan claramente a desjerarquizar a la Corte hasta hacerla desaparecer.

En vez de estos trasnochados proyectos, urge respetar las instituciones. Solo seremos libres si nos sometemos a la ley. Nuestro país se erige muy por encima de viles intereses, carentes del menor respeto por las normas y decididamente alejados de todo sentido de la oportunidad.

Fuente: La Nación

Otra vez la política toma de rehén a la educación. Cada gobierno dedica tiempo y esfuerzo a denostar lo hecho y lo no hecho por la gestión anterior en una interminable pulseada que, una vez más, termina por alejarlos de las reales preocupaciones ciudadanas.

Como todos los años para esta misma época, llegó el frío y con él un clásico en la provincia de Buenos Aires. La dirigencia política discute si fueron 1200 o 2000 las escuelas con dificultades heredadas en sus sistemas de calefacción, si la falta de suministro de gas es total o parcial, si se finalizaron o no las obras programadas y si la responsabilidad es o no es de la empresa distribuidora de energía, entre otras disgresiones oficiales, tan inconducentes como interminables.

Lo cierto es que las autoridades no han podido menos que reconocer los problemas en el suministro de calefacción, avalando la suspensión de clases, la reducción de horarios o su reprogramación en cientos de establecimientos, aunque no haya un registro oficial sobre cuántas escuelas se vieron afectadas. El director general de Escuelas de la provincia, Alberto Sileoni, pudo reconocer que “tenemos un problema importante de gas” y subrayó que sobre un total de 11 mil establecimientos provinciales, los inconvenientes se verifican en “poco más del 2,5% del total”. Merlo y Quilmes reportan ser los distritos más complicados. Dos años de escuelas cerradas podrían haber supuesto que en ese tiempo se las pusiera en condiciones, pero unas 214 ni siquiera pudieron abrir luego de la cuarentena por encontrarse en obra.

Solo en La Plata se calcula que 45 establecimientos debieron posponer o suspender la actividad, mientras los gremios identifican unos 85 con falencias en sistemas energéticos. Como era de esperar, las protestas se multiplicaron en los consejos escolares bonaerenses, incluido algún “frazadazo”. Mientras tanto, desde Juntos por el Cambio se solicitaron informes sobre el estado de los sistemas de calefacción y los motivos que justificaron los cierres de escuelas. Por su parte, Evolución Radical requirió conocer qué medidas adoptó el Ejecutivo frente a los cierres y si hay plan de reapertura.

Es lamentable y cuestionable que no se haya aprovechado el período de pandemia para reacondicionar las instalaciones escolares

El censo de infraestructura y relevamiento provincial de 2021 identificó 1967 escuelas con problemas estructurales de gas –el 18% del total–, en su mayoría con el suministro cortado total o parcialmente, y otras tantas en riesgo. Las situaciones se repiten en otros puntos del país, como Rosario, donde 300 establecimientos carecen de suministro de gas.

Mientras el Frente de Unidad Gremial (Suteba, FEB, Sadop y Amet) pidió informes a las autoridades y los activos Padres Organizados no cesan de denunciar la falta de previsión, demasiados chicos volvieron a estar ausentes en las aulas.

¿Puede ser optativa la asistencia a clase de los alumnos? ¿Es la educación pública una prioridad? ¿Cómo puede serlo si las aulas no están en condiciones y la conectividad no está al alcance de todos?

Un día se anuncia con buen tino que unos cien establecimientos incorporarán más horas de clase, y al día siguiente se envían notificaciones a padres sobre reducción de horarios por falta de calefacción. Con la cantidad de horas de aprendizaje perdidas por pandemia, solo pensar que no se aprovechó ese tiempo ni para la enseñanza, ni para el reacondicionamiento de instalaciones, revela el nivel de imprevisión que nos rige.

Los resultados de las evaluaciones escolares son dramáticos y nadie puede ya ignorar el colosal impacto del prolongado período de aislamiento social obligatorio sobre los aprendizajes de nuestros niños y adolescentes. Recuperar ese tiempo perdido parece ya imposible, pero cuesta entender que continuemos perdiéndolo por impericia, falta de planificación o inconciencia. Que no nos distraigan. No hay futuro sin educación.

Fuente: La Nación

El Ministerio de Educación porteño, sanamente empeñado en recuperar los aprendizajes perdidos en tiempos de pandemia, dictó una resolución que prohíbe a los docentes usar la “e”, la “x” o el signo “@” en las aulas para neutralizar el género en las palabras, por considerar que constituyen una barrera para la incorporación de la lectoescritura. La medida llega tras los resultados de las pruebas en lengua y comprensión lectora realizadas en 2021, que mostraron una fuerte caída respecto de las evaluaciones efectuadas dos años atrás.

Esta regulación se sumará a medidas como la extensión de los días y las horas de clases, que forman parte del plan desarrollado por el Ministerio de Educación de la ciudad para la recuperación de aprendizajes perdidos durante la prolongada cuarentena dispuesta durante la pandemia de coronavirus entre 2020 y 2021.

Todos los docentes de los niveles inicial, primario y secundario de la ciudad de Buenos Aires, tanto en escuelas del ámbito privado como del público, deberán entonces respetar las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza.

Mediante recomendaciones y guías prácticas elaboradas por el citado ministerio, los docentes accederán a las formas en que sí podrán emplear el lenguaje no sexista, contempladas por la Real Academia Española (RAE), sin necesidad de incurrir en deformaciones que entorpecen los aprendizajes. Estas innovaciones acarrearon graves problemas a entre el 10 y el 15% de personas que padecen dislexia –una de las principales causas del fracaso escolar– o a quienes son no videntes.

Los contenidos deben ser accesibles para los alumnos. Generarles frustración e impotencia es sumarles dificultades y favorecer el abandono. “La presencia del lenguaje inclusivo en ambientes alfabetizadores, en lugar de reforzar la adquisición del lenguaje, genera confusión”, explicó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Creer que el uso de algunas letras o símbolos que confunden a los niños nos convierte en una sociedad inclusiva que valora la diversidad es cuando menos ingenuo

Este nuevo ordenamiento del uso del lenguaje para la comunicación con los alumnos, que incluye también la cartelería y las comunicaciones con las familias, en nada obliga a los docentes fuera del ámbito escolar o en sus vidas cotidianas, por lo que acusar de discriminatoria la medida o afirmar que vulnera la libertad de expresión, el derecho a la identidad y expresión de género es una manera más de pretender imponer otra forma de sesgo en sentido contrario, con el agravante de que contraría lo normado por la RAE a la fecha, además de dificultar seriamente los aprendizajes.

El gobierno porteño recogió, de este modo, la experiencia de Francia, donde las autoridades educativas desaconsejaron la llamada escritura “inclusiva”, por cuanto modifica el respeto de las reglas y representa un obstáculo para la lectocomprensión. Asimismo, tuvo en cuenta el caso de Uruguay, donde se dispuso que el lenguaje denominado “inclusivo” debe ajustarse siempre a las reglas del idioma español.

Nadie discute ya que la pluralidad y la inclusión son materias cuyo abordaje se debe fomentar también en el ámbito escolar. Pero creer que el uso de algunas letras o símbolos que confunden a los niños nos convierte en una sociedad inclusiva que valora la diversidad es cuando menos ingenuo.

Podríamos en todo caso proponer enseñar braille para comunicarnos con personas no videntes, o lenguaje de señas para facilitar el diálogo con personas hipoacúsicas, al igual que practicar la paciencia para interactuar con quienes tienen trastornos del espectro autista, o ahondar en el respeto al dirigirnos a los mayores.

Incluir no es cambiar letras. La verdadera inclusión requiere cambiar comportamientos.

Fuente: La Nación

Bajo el pomposo anuncio de un Plan Integral de Regularización del Empleo Público, el Gobierno presentó la plataforma Concursar 2.0 y dispuso que 29.000 personas contratadas en diversas áreas de la administración pública se incorporen por concurso a la planta permanente. Es este un hecho reiterado en la historia de nuestra burocracia estatal. Cuando se acerca un cambio de gobierno, la intensa presión del personal contratado pugna por lograr esa estabilidad que, por disposición constitucional, beneficia al empleado público. Acceder al pedido no impacta en el bolsillo de quien toma la decisión, pero la gratitud de los favorecidos le suma rédito político .

Cuando ese funcionario asumió su cargo se encontró en su estructura con empleados –algunos seguramente sumados por la gestión precedente– que habían adquirido los vicios propios de quien no teme perder su empleo. Costaba hacerlos trabajar y además no les tenía confianza. La solución fue contratar a miembros de la tropa propia para que trabajen y dejar que los existentes vegeten de ahí en más, sumando “ñoquis”. De esta forma, en cada gestión de gobierno se agrega una capa geológica de empleo público. El salto en el gasto, que luego habrá que sostener en el tiempo, se produce en los inicios de la nueva gestión, cuando ingresa su propia camada de contratados. Afirmar que su incorporación a planta permanente no implica un incremento del gasto es un argumento engañoso e irresponsable para defender la medida. En realidad, se transforma un gasto reversible, como es el de los contratos, en otro supuestamente fijo. Debe suponerse además, que previamente a esa transferencia de recursos humanos, el Poder Ejecutivo habrá tenido que disponer ampliaciones y cambios en las estructuras para generar las vacantes. En los considerandos de los decretos para justificar esos nuevos puestos se desarrollan los más acabados ejercicios de imaginación, intentando explicar por qué razón hacen falta más empleados en el área.

¿Qué razonables funciones incorporó el Gobierno para necesitar un 33% más de empleados administrativos que veinte años atrás?

El aumento de la planta de personal va a contramano de la dirección que debiera seguirse frente al dramático crecimiento del gasto público y del déficit fiscal. El número de empleados de la administración nacional, sin incluir universidades ni empresas estatales, era de 291.287 en 2001 y trepó a 401.262 en 2016. En sus cuatro años de gobierno Mauricio Macri redujo esa cifra en 49.800 empleados, principalmente por efecto de jubilaciones, retiros voluntarios y no renovación de contratos. En los primeros dos años de gestión de Alberto Fernández, se aumentó la dotación en 10.380 personas. En ninguna de las dos últimas administraciones hubo un rediseño de la superestructura, ya que si bien la cantidad de ministerios fue más de una vez modificada, siempre numéricamente por encima de toda lógica, no varió prácticamente el número de unidades administrativas, esto es secretarías y subsecretarías.

Puede deducirse así la importancia del impacto de 29.000 nuevos cargos de planta permanente. ¿Qué razonables funciones incorporó el Gobierno para necesitar un 33% más de empleados administrativos que veinte años atrás? El trabajo de digitalización e informatización desarrollado por el ministro Andrés Ibarra durante el gobierno de Macri pareciera no tener su correlato en una reducción de personal. Pretender jerarquizar el rol de los empleados públicos, aumentando desaprensivamente su número, carece de lógica. El engorde de la planta permanente en esta cantidad de cargos es una evidencia de que el actual Gobierno no piensa encarar en lo inmediato la tan necesaria reforma del desmesurado aparato estatal. El amiguismo y la conveniencia política, a costa del bolsillo de todos los argentinos, continúa primando por sobre la impostergable racionalización del gasto.

Fuente: La Nación

La ampliación de la Corte Suprema de Justicia de cinco a 25 integrantes que han acordado impulsar el presidente Alberto Fernández y un grupo de 13 gobernadores provinciales peronistas no solo resulta inconveniente e inoportuna. Es también grotesca, al tiempo que la premura con la que el Gobierno pretende avanzar en esta reforma no deja mayores dudas acerca de los oscuros propósitos que persigue.

Desde principios de año, por orden de una vicepresidenta de la Nación ofuscada por el fallo de la Corte que anuló las inconstitucionales reformas que su anterior gobierno había impulsado en el Consejo de la Magistratura, un sector del Gobierno redobló los ataques al máximo tribunal, con proyectos que se canalizaron en dos comisiones del Senado, la de Justicia y la de Asuntos Constitucionales. El objetivo, como ya lo señalamos desde esta columna editorial, está tan a la vista que resulta obsceno. No es otro que la desesperación de la expresidenta por copar el tribunal con cortesanos propios y así evitar una o más condenas firmes en las diversas causas en las cuales se la investiga por corrupción.

Para camuflar la real causa del aumento de miembros de la Corte, se argumentan cuestiones de género –más ministros para incorporar mujeres–, de federalismo –más ministros para “representar” a todo el país– y también la carga de trabajo que tiene el alto tribunal, la necesidad de renovarla y la mala imagen de la Justicia en la población.

Naturalmente, si se piensa que en buena parte esa mala imagen obedece a una generalizada percepción sobre la politización de los jueces y su insuficiente independencia, con esta nueva propuesta esas supuestas falencias se agravarán.

Entre los proyectos que se barajaron, el Presidente y los gobernadores parecen apoyar el sugerido por el doctor Eugenio Zaffaroni de aumentar a 25 el número de ministros –uno por cada provincia y la CABA, además de uno definido por el gobierno nacional–, un nutrido y ralentizador sistema deliberativo para llegar a una sentencia judicial. Paradójicamente, una de las impulsoras de la ampliación, la propia Cristina Kirchner, allá por 2006, propuso bajar de nueve a cinco el número de miembros de la Corte, cosa que finalmente ocurriría. Y en 2016, cuando todavía estaba en el llano, Alberto Fernández advertía públicamente que el alto tribunal debía tener cinco jueces, al tiempo que refutaba los argumentos zaffaronianos para incrementar ese número y dividir a sus magistrados en salas.

Los operadores del cristinismo en el Gobierno encontraron el momento propicio para seducir a los gobernadores peronistas con la idea de reformar la Corte. La trivial propuesta cobró un inusitado impulso cuando, la semana pasada, un grupo de 16 gobernadores peronistas expresó su preocupación por la posibilidad de que el máximo tribunal de la Nación atendiera el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reducción de fondos de la coparticipación. Los firmantes ratificaron su acatamiento a la Constitución y su vocación republicana, sin disimular su actitud amenazante hacia la Corte ni las insinuaciones de eventuales juicios políticos a sus miembros si le dieran la razón al gobierno porteño. Reconforta la negativa a sumarse a esta desmesura por parte de dos relevantes gobernadores peronistas, como el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, quienes consideran que no se puede avanzar en proyectos de tamaña importancia sin la oposición.

No hay argumentos técnicos que avalen la necesidad de aumentar la cantidad de ministros. Mucho menos de oportunidad. Aun entre los que propician los cambios no hay coincidencia: por ejemplo, en la Comisión Beraldi, entre sus 11 integrantes, se produjeron cinco dictámenes diferentes.

La discusión no debería pasar por el número de miembros de la Corte, sino por el mantenimiento de su independencia, sin apremios ni presiones políticas, y por la necesidad de contar con jueces idóneos y honestos, y no con amigos del poder.

La idea de la federalización de la Corte es otra falacia, en tanto la voluntad de las provincias en la integración del alto tribunal se expresa en el acuerdo del Senado al candidato o candidata, y el hecho de que este cuerpo históricamente no haya cumplido bien con esta magna obligación no autoriza reforma alguna: las provincias ya participan en la integración del tercer poder. Y, en esencia, en un tribunal de justicia como nuestra Corte lo que prima es la estricta aplicación de la ley que se descuenta que ha sido dictada atendiendo los intereses regionales y provinciales por ambas cámaras del Congreso que representan una al pueblo de la Nación, y la otra a las provincias. No cabe agregar nuevas revisiones con otros sesgos o visiones. En verdad, lo que debe prevalecer en la elección de los integrantes de la Corte no es su pertenencia regional, sino su estatura moral y su versación jurídica.

No es la única insensatez: también está el disparate del senador Oscar Parrilli de organizar un plebiscito o consulta popular sobre este tema.

El Poder Judicial y su cabeza, la Corte Suprema, como garante de la constitucionalidad de las leyes, es el poder permanente que enlaza las administraciones que periódicamente se suceden en los otros poderes. Contra lo que se alega sobre su carácter no electivo, quizás podría sostenerse que tiene más legitimidad democrática por cuanto en su integración se pronuncian los otros dos poderes democráticos.

Lamentablemente, desde hace mucho, el Poder Judicial es objeto de embates y manipulaciones de toda clase por los órganos políticos. La insensata iniciativa que ahora se propicia desde el oficialismo es más de lo mismo y amenaza con romper con el sano principio de división de poderes, que la propia vicepresidenta ha llegado a poner en tela de juicio. Con semejante ataque contra el último reducto de la legalidad, la República quedará en terapia intensiva.

Fuente: La Nación

Según Friedrich Hegel, el Estado representa la “eticidad” y la libertad humana no consiste en hacer lo que cada uno quiera, sino lo que aquel dispone. Para el filósofo de Stuttgart, la verdadera libertad se realiza cuando las vidas individuales se integran al conjunto, adecuándose a los fines del Estado, superador de egoísmos personales. A pesar de que pocos lo leen y menos lo comprenden, Hegel tuvo la suerte de que Cristina Kirchner se declarara “hegeliana” (San Juan, 2007) y actuara en consecuencia. Como Mary Shelley, soñó a Frankenstein y logró su propio best seller: el “Estado presente”, con bandera militante, pero gravemente ausente.

Durante la Generación del Ochenta, el Estado fue el impulsor de políticas de integración territorial, alfabetización, desarrollo de infraestructura, promoción de la inmigración y expansión de la agricultura, que pusieron a la Argentina en la cúspide de las naciones modernas. Se combinó así la fuerza creadora del capitalismo liberal con instituciones sólidas y políticas estables. Un país grande, con Estado mesurado.

El Estado, esa creación humana tan útil para generar prosperidad fijando reglas y coordinando esfuerzos, tiene sus límites. Así como la libre iniciativa no puede funcionar sin Estado, este no sirve para cualquier cosa. Las instituciones humanas son frágiles, siempre expuestas a abusos pícaros y desvíos de poder. Cuando hay cargos y dinero sobre la mesa, sin dueños visibles, los acicates individuales suelen superar los cánones morales.

A medida que la política lo hace crecer, su interior se descontrola y su eticidad desaparece. Se convierte en caja de movimientos compulsivos y extractivos, utilizado para fines alejados de los que justificaron su creación. Un artefacto desvirtuado, que mantiene sus atributos externos para hacer valer su imperium, en provecho de quienes lo gestionan. Partidas enteras, fondos especiales, recursos específicos, poco o nada vuelve a la sociedad en forma de prestaciones: el engendro de Shelley, el ogro filantrópico de Octavio Paz o el “Estado presente” kirchnerista todo lo fagocita, sin alimentar, curar, ni educar.

A medida que la dirigencia política lo hace crecer, la esencia del Estado asociada al bien común va desapareciendo, al igual que su eticidad

Hegel tuvo su pequeño triunfo al lograr que se identifique al Estado con el “bien común” y al mercado con el “egoísmo individual” y por tanto, su opuesto. Pero el Estado no está conformado por ángeles ni por noruegos, evocando el ideal de Alberto Fernández. Nadie podría imaginar a José Luis “Chupete” Manzano y a la Coordinadora radical, en los noventa, o a Sergio Massa y Máximo Kirchner, en la actualidad, negociando leyes para el “bien común”.

De noche el Estado está vacío, salvo turnos nocturnos, guardias de emergencia y brigadas de limpieza. Cuando los 47 millones de argentinos descansan en sus hogares, no se distingue a quienes al día siguiente volverán a despachos oficiales, de la otra multitud compuesta por empleados, obreros, profesionales, comerciantes, proveedores de servicios, monotributistas, integrantes de la economía popular o desempleados, que carecen de prerrogativas públicas. Todos tienen virtudes y defectos; todos se preocupan por sus familias, por su presente y por su futuro. En suma, responden a intereses personales, integren el Estado o sobrevivan fuera de él. El problema no es la gente, que es común y corriente, sino las instituciones desvirtuadas por el populismo, a costa de la Nación.

Como el Estado es el ámbito del poder, del manejo de fondos, de las designaciones y contrataciones, de la concesión de privilegios y el otorgamiento de excepciones, es el ámbito de la política por antonomasia. Y su natural tendencia es el abuso y la desmesura. Los organigramas con verbos difusos, como “coordinar”, “promover” y “articular” delatan las intenciones de quienes conjugan ambigüedades para crear más burocracia, controlar más actividades, designar más militantes, hacer más transferencias, otorgar más subsidios. En la desmesura también bulle el mercado, el mercado de las componendas, los favores, los acomodos, los cargos, los viáticos, las credenciales y el despilfarro de recursos públicos en los bazares de la política.

El Estado desmesurado, en desmedro de la sociedad civil, es propio de los regímenes totalitarios que lo exaltan para justificar su expansión sin límites y su utilización desviada, soslayando la razón práctica que motiva su existencia: ordenar la conducta social, compartir esfuerzos comunes e igualar oportunidades. Es un instrumento de creación humana, como la tarjeta SUBE, las historias clínicas digitales o el 911, para mejorar la vida de la población. Nada de eticidad, nada de Hegel, tampoco de Frankenstein.

Si se recrea la confianza, también se recreará el crédito

¿Es inadecuado comparar sus tres poderes con los tres dígitos de emergencias o con una tarjeta plástica? Si se observan con lupa distintas reparticiones y las labores de sus ocupantes, se advertirá que, en muchos casos, esos plásticos y esos dígitos crean más valor que quienes coordinan, promueven y articulan naderías.

El desafío de la hora es restituir el Estado a sus cauces para que deje de ahogar a la población en ese mar de billetes, con próceres o ballenas, que aumenta la pobreza cada día. Una simple racionalización de tareas en estructuras existentes, siempre benévola y políticamente correcta, no llevará a ningún lado. Para recuperar al Estado solvente y eficaz, deberán eliminarse dependencias y funciones completas conforme a la vara de los recursos y la sensatez de la mesura. Si se recrea la confianza, también se recreará el crédito y habrá formas de financiar una transición seria y sustentable.

En las tareas regulatorias, se deberán adoptar reglas generales y abiertas, con procesos automáticos y objetivos, para que la discrecionalidad no permita asignar plusvalías a los amigos del poder.

Los Estados nacionales movilizan sentimientos patrios y sus ciudadanos están dispuestos a dar sus vidas para defenderlos, como ahora los ucranianos. Es el Estado en serio, que hace valer su soberanía para garantizar su propio pacto constitucional y no permitir la imposición del extraño. Y quienes se sacrifican, confían en que su abnegación no se malversará en provecho de fines netamente personales, por quienes cantan el himno con una mano en la pechera y otra en la billetera engordada con los dineros de todos.

Fuente: La Nación

Con celeridad inusitada, el Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el amparo presentado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Dejó así a la funcionaria judicial a las puertas de su destitución a manos de un jury de enjuiciamiento al que Goyeneche le adjudica una abierta intención de separarla del cargo como castigo por haber avanzado contra el poder en una medida ejemplificadora para desalentar futuras investigaciones.

Goyeneche coordinó el equipo de fiscales que logró una condena de ocho años de prisión para el exgobernador provincial y exembajador en Israel Sergio Urribarri y lideró el grupo que investigó una gigantesca estafa en la Legislatura entrerriana, de alcances todavía desconocidos, que compromete, de mínima, al oficialismo local.

El máximo tribunal entrerriano se había negado originalmente a tratar el amparo de Goyeneche, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido de la fiscal, le ordenó que analizara la presentación de la funcionaria sobre la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su rol acusador en el jury que se le sigue. En respuesta a esa orden, el Superior Tribunal rechazó el planteo de Goyeneche y sostuvo que no correspondía analizar el amparo. Otra vez, la justicia entrerriana se negó a tratar el planteo sobre la inconstitucionalidad de un jury que avanza.

Cabe recordar que en los fundamentos de la decisión del más alto tribunal del país por el que se ordenó fallar nuevamente al tribunal provincial se sostenía que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local [entrerriana] carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.

El viernes último, consciente de que su suerte ya está definida, la fiscal le pidió a la Corte que volviera a intervenir ante tan “evidente injusticia”.

Esta situación resulta altamente preocupante para la Justicia en particular y el Estado de Derecho en general. Es nada más ni nada menos que una grosera muestra del formidable andamiaje que protege en nuestro país a dirigentes políticos acusados –y en el caso de Urribarri– condenados por corrupción.

Goyeneche está segura de que la van a destituir. Sabe lo profundo que han calado sus investigaciones y que la causa que se le imputa para separarla del cargo –su relación con un acusado al que no hay pruebas de que ella haya favorecido– es a todas luces insustancial frente a la investigación de fondo que viene realizando.

“En Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se respeta el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro: lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción”, dijo la fiscal a LA NACIÓN.

En apoyo de Goyeneche ya habían viajado a Entre Ríos representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina. El presidente de esa asociación, Alejandro Gullé, había dicho a este diario: “Estamos ante una situación de alta gravedad institucional. El mensaje que se está dando con esto es: si te metés con la corrupción, te va mal”.

La entidad del caso de Goyeneche es tal que trascendió las fronteras. El relator especial para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, expresó su preocupación y reclamó que el país informe qué medidas se tomaron para asegurar un juicio justo a Goyeneche y para garantizar la continuidad de las investigaciones en la provincia.

Una instancia tan delicada como lo es un jury contra una fiscal anticorrupción debería estar exenta de cualquier duda sobre el respeto del debido proceso.

Como hemos afirmado recientemente, el caso de Goyeneche desnuda, una vez más, la desesperación de ciertos sectores del poder político por trabar las investigaciones sobre hechos de corrupción y pone de manifiesto, además, el creciente y preocupante estado de indefensión en el que se encuentran jueces y fiscales reacios a garantizarles impunidad a los gobiernos. La estrategia de cooptación de la Justicia persigue avanzar hacia la destrucción de la división de poderes como eje central de nuestra Constitución. Lejos de constituir un acto de justicia sería otro ajusticiamiento destinado a imponer disciplina por vía del miedo.

Fuente: La Naciòn