Categoría: Entrevistas

Cuando se construyó la Nación Argentina, a nadie se le ocurrió crear una Subsecretaría de la Resiliencia para mejorar la autoestima popular, luego de décadas de luchas civiles. Ni multiplicar reparticiones con el objeto de “articular, coordinar, asistir, incluir, promover, fortalecer, integrar, abordar, gestionar, proteger y potenciar” actividades enigmáticas, como rezan los frondosos organigramas del Estado nacional. Ahora el país decae, indigestado por la proliferación de verbos, multiplicación de cargos y ausencia de buen gobierno.

La Generación del 80 tuvo un programa claro, que evitó que otros ocupasen el sur del Río Colorado y hoy hablamos de Bariloche y Calafate, de las Malvinas y la Antártida, de YPF y Vaca Muerta, del Chocón y Piedra del Águila como si hubieran caído del cielo. En aquella década, se creó la moneda nacional, se triplicó la red ferroviaria, se expandió el telégrafo, se inauguraron escuelas, se construyeron puertos, se instalaron faros y el observatorio más austral del mundo, en las islas Orcadas. Se abrieron las puertas a la inmigración y se dictaron las leyes de matrimonio civil y de educación común.

El kirchnerismo hizo suya la bandera de los derechos humanos y logró el apoyo de “colectivos” diversos con reclamos postergados para ampliar su base de sustentación fogoneando odios y revanchas. A cambio, les dio indemnizaciones a algunos y, a otros, derechos de papel, ya desteñidos por el hipoclorito inflacionario

Entre 1880 y 1930, la Argentina batió un récord mundial, al crecer durante 50 años a una tasa del 5% anual acumulativo. A finales del siglo XIX teníamos el PBI per cápita más alto del mundo y creció una industria competitiva, sin subsidios ni prebendas, gracias a los progresos de la educación, la abundancia de capital y la fortaleza del salario real.

Sin embargo, el progreso trajo sus detractores. La inmigración suscitó la reacción del nacionalismo aristocrático, mientras que la prosperidad provocó la crítica romántica del modernismo. Luego emergieron el nacionalismo popular, los indigenismos, los diversos socialismos, el fascismo y el comunismo. La fusión del marxismo y el peronismo se plasmó en el llamado “socialismo nacional” que inspiró el Programa de Reconstrucción Nacional anunciado por Héctor J. Cámpora en su discurso inaugural de 1973. Basado en la teoría de la dependencia, fue la antítesis de los principios que colocaron a la Argentina en el podio de las naciones. Al privilegiar la autarquía, aumentar los gastos corrientes y la emisión monetaria, culminó en el Rodrigazo de 1975, cuyos efectos nefastos subsisten hasta ahora.

No es de extrañar entonces, que la agrupación que lleva el nombre del odontólogo epónimo, describa su accionar como una “militancia”, pues su objetivo no es la prosperidad colectiva, sino tomar el poder para garantizar la impunidad de la vicepresidenta de la Nación. Como piezas de ajedrez, ubica a sus acólitos en las principales cajas del Estado para disponer de cargos, contratar servicios y librar órdenes de pago con y sin retornos. Nada hay en su libreto que semeje un programa de desarrollo, con inversión privada y creación de empleos. Ante la espiral inflacionaria y la pobreza creciente, sus voceros solo atinan a repetir consignas setentistas olvidando que Cámpora fue desplazado por Perón, a los 49 días de haber asumido el cargo.

El principal costo de la inconducta camporista no radica en el manejo de sus cajas, ni siquiera en la eventual corrupción. El mayor costo es el impacto de sus dichos y desplantes sobre la actividad económica, la falta de empleo y la licuación de las jubilaciones. En síntesis, por causar inflación, pobreza y hambre

Además de la “liberación nacional” de 1973, el kirchnerismo hizo suya la bandera de los derechos humanos y logró el apoyo de “colectivos” diversos, con reclamos postergados, como el feminismo, el abortismo, los pueblos originarios, los piqueteros, los presos, los sin tierra y tantos otros para ampliar su base de sustentación, fogoneando odios y revanchas. A cambio, a algunos les pagó indemnizaciones y a otros, derechos de papel, ya desteñidos por el hipoclorito inflacionario.

Ensimismado en sus juegos de poder, a la militancia poco le importa mantener la estabilidad del frente que integra, como si ello careciese de costo para el conjunto de la población. Quienes gobiernan no pueden darse el lujo de sumir al país en la pobreza, mientras disfrutan de sus privilegios, sus bancas y sus cajas. La gente no llega a fin de mes, los sueldos no alcanzan y las changas tampoco. Lo único que prolifera es la droga, la mendicidad y los asaltos. Son cada vez más quienes engrosan las filas de la “economía popular” sometiéndose a caciques y punteros por un plato de lentejas. Un eufemismo para recibir subsidios del Estado por fuera de la contabilidad pública y crear una nación paralela, de inspiración mapuche, sin propiedad, empresas, ni patrones.

Los pueblos se organizan para superar los obstáculos y adversidades de la vida. Para eso tienen gobernantes que establecen un orden, para el bien común. Cuando los gobernantes carecen de autoridad y son incapaces de sostener un orden creíble, prevalece el sálvese quien pueda. Sin incentivos correctos, ni respeto por la ley, sin aplauso al mérito y castigo al delincuente, el instinto de supervivencia suscita conductas perversas que bloquean el funcionamiento de la sociedad.

Como en Mariupol bajo fuego ruso, al final del camino se detienen las máquinas, se apagan las calderas, se oscurecen las ciudades, se interrumpen los semáforos, se paralizan los trenes, se aquietan las turbinas, se abandonan las fábricas, se evacúan los hospitales, se enmalezan los campos, se obturan las cañerías, estallan los transformadores y, en las tinieblas, se regresa al trueque o la piratería.

La crisis actual no está originada por la deuda externa, ni por el FMI, ni por Mauricio Macri, ni por la pandemia. Todo gobierno puede torcer el rumbo de las cosas mediante un cambio de timón que suscite confianza. Cuando ello ocurre, se fortalece la moneda, crecen las reservas y se reduce la inflación. Reaparece la inversión, aumenta el empleo y mejoran los salarios.

El principal costo de la inconducta camporista no radica en el manejo de sus cajas, ni en la incorporación de nepotes, ni siquiera en la eventual corrupción. El mayor costo es el impacto de sus dichos y desplantes sobre la actividad económica, el riesgo país, la ausencia de crédito, la fuga del peso, la falta de empleo, la caída del salario y la licuación de las jubilaciones. En síntesis, por causar inflación, pobreza y hambre.

Eso es el costo que implica, para la sociedad en su conjunto, que la organización presidida por el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, sin pudor ni vergüenza, maneje en forma irresponsable los cargos que la Constitución argentina ha creado para promover el bienestar general y no para alcanzar los objetivos judiciales de su lideresa.

Fuente: La Nación

El presidente de la Nación pronunció una frase que describe perfectamente cuáles son las prioridades de su gobierno. “Dejemos de lado cualquier diferencia. No es un año electoral: podemos dedicarnos de pleno a resolver este tema”.

El asunto por atender este año –según dijo públicamente Fernández– es la calidad de la educación, el regreso a las aulas y la recuperación de días de clases presenciales.

Aquella aseveración del Presidente no fue producto de un lapsus. Como en muchos otros temas, el jefe del Estado no se hace cargo de lo sucedido, sino que traslada responsabilidades. Si en 2020 la educación en el país fue desastrosa, la culpa la tuvo la pandemia. Si en 2021 siguió en caída libre, fue por culpa del año electoral. Ni la más mínima autocrítica por el tiempo perdido, ni por el masivo cierre de aulas más allá de lo razonable, ni por la creciente deserción escolar por falta de estímulos y de recursos de todo tipo. Ni siquiera –como él mismo reconoce– por haber priorizado la política electoral a sacar a la educación del pozo.

Por deficiencia, obscenidad o cinismo, la culpa siempre es del otro. Es la política del “otroculpismo”.

Un día, de manera intempestiva, el Presidente anunció la intervención y expropiación del grupo cerealero Vicentin. Cuando las críticas a su decisión se tornaron casi unánimes e insostenibles, tuvo una reacción tan inusitada como irrisoria: “Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles”.

A juicio del Presidente, Mauricio Macri es responsable de todo lo malo ocurrido en el país y de haberle pedido dinero al FMI, y el FMI es culpable de habérselo concedido al país y de desembolsar más de lo prudente. Es en el período 2015-2019 donde Alberto Fernández circunscribe la culpa de todo. Hoy no admite ningún tipo de responsabilidades previas al gobierno de Cambiemos. Sin embargo, cuando jugaba de opositor a Cristina Kirchner, la acusaba de mal manejo económico; de encubrimiento en el caso AMIA; de haber “hartado a la ciudadanía con su actitud dominante, constantemente imperativa”; de haber cometido “abusos como la democratización de la Justicia, el tratamiento de las medidas cautelares y el modo en que obtuvo la ley de medios” en un Congreso al que calificaba de “escribanía” de la expresidenta –una equivocada e innecesaria ofensa a los escribanos–, a la que recomendaba “revisar todas las cosas que dijo para rectificarse”. Curiosamente, varias de esas cuestiones son las que hoy defiende fervorosamente Alberto Fernández, un hombre al que no parece caberle el menor sentimiento de culpa.

Ya sea por boca del Presidente o de funcionarios claves del Gobierno a los que el jefe del Estado no desmiente, “los ricos” fueron los responsables de que haya llegado el virus del Covid al país hace casi dos años; los runners de la Capital tuvieron la culpa de la disparada de casos; las familias que se reunieron para las Fiestas resultaron promotoras de los rebrotes y también lo fueron las escuelas porteñas, que empezaron a funcionar de manera presencial antes que el resto del país, aunque nunca se haya podido comprobar que las aulas abiertas provocaran subas de contagios. Del mismo modo, el que viajó al exterior para vacunarse fue considerado poco menos que traidor a la patria.

Más tarde, se cerraron las fronteras para que no entraran nuevas variantes del virus, pero entraron y, entonces, la culpa fue de los jóvenes que hacían fiestas clandestinas.

Acaso el summun de los despropósitos acusatorios haya ocurrido cuando el Presidente culpó a los médicos: “El sistema sanitario se ha relajado. En un tiempo en que los contagios estaban disminuyendo, se abrieron las puertas [de los quirófanos] para atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían haber sido tratadas más adelante”. E hizo especial un inexplicable hincapié en el mayor número de camas que el sector privado estaba ocupando para atender otro tipo de patologías, algunas gravísimas.

Mientras tanto, el velatorio multitudinario de Maradona, los piquetes, las fiestas en la quinta de Olivos y las reuniones partidarias en espacios cerrados se podían hacer porque la culpa de los contagios siempre la tenían y la tienen otros.

Tampoco admitió el Gobierno ser responsable de la pésima gestión en la compra y administración de las vacunas contra el Covid. A cambio, culpó a los laboratorios por fallas en las entregas y a supuestas exigencias insalvables nunca aclaradas.

Es este el Gobierno que más se ufana de cuidar a los pobres y resulta que, después de 27 meses de gestión, hay cada vez más pobres, pero la responsabilidad es de la administración anterior.

La inflación es otro capítulo aparte. Se hizo crecer el gasto público de manera escandalosa, pero se pretende culpar exclusivamente a los empresarios de la suba de los precios. Entonces, se echó mano de los controles de precios, que vuelven a fracasar, como históricamente ocurrió, pero no por culpa de la propia ineptitud sino de vaya a saber qué factores perversamente complotados.

“La gente no vota a un presidente para que le eche la culpa a otro, sino para que resuelva los problemas”, decía Cristina Kirchner en septiembre de 2019, en plena campaña electoral. Una deducción muy acertada, pero que, en los hechos, no pasa del enunciado.

Fuente: La Nación

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“Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir. Quiero vivir en una sociedad en la que todos los que trabajaron toda su vida tengan el respeto que se merecen”. La frase corresponde a Alberto Fernández. Fue dicha en julio de 2019, en campaña por la presidencia de la Nación. En ese tramo de su vida política, el hoy jefe del Estado también solía afirmar con cierta frecuencia: “No es posible que no les podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron”.

Habiendo pasado ya poco más de dos años de gestión como jefe del Estado, resulta clarísimo que aquella promesa no solo no se cumplió, sino que tomó el rumbo contrario.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.503.0_es.html#goog_1093823881

Constantemente, los jubilados vieron y ven perder poder adquisitivo por causa de la desenfrenada inflación y por cambios negativos en la fórmula de ajuste de los haberes. Está claro que el actual gobierno los ha tomado como una de las principales variables de ajuste.

Resulta por demás irritativo el fallo que autorizó a Cristina Kirchner a percibir dos exorbitantes jubilaciones de privilegio sin que el Estado siquiera apelase, mientras que a miles de jubilados se les retacea el pago de reajustes reconocidos judicialmente

Según un informe de la consultora Econviews, el gasto en jubilaciones y pensiones con relación al PBI fue el año pasado el menor desde 2015: cayó 5,3% en términos reales (descontada la inflación) en 2021, en comparación con el año anterior. Y no solo eso: el Gobierno compensó con un ajuste en jubilaciones los mayores gastos en subsidios a la energía.

Otro informe lapidario en materia previsional es el Global Pension Index 2021, elaborado por el Mercer CFA Institute, que comprobó que nuestro país tiene el segundo peor sistema jubilatorio sobre una lista de 43 naciones que abarcan el 65% de la población mundial. El único país de los 43 evaluados con un puntaje inferior al de la Argentina es Tailandia en ese índice global. La novedad es aún más dramática para la Argentina. Si bien ambos países ya ocupaban los peores lugares del ranking, en 2020, un año después el nuestro cayó todavía más en la calificación general: del 42,5 a 41,5 puntos, mientras que Tailandia bajó de 40,8 a 40,6, lo que la ubica a menos de un punto de nuestro país.

En este contexto de depreciación de los haberes de los jubilados y pensionados, resultan por demás irritativos el fallo que autorizó a Cristina Kirchner a percibir dos exorbitantes jubilaciones de privilegio por más de 2,5 millones de pesos mensuales, sin que el Estado siquiera apelase, y la posterior decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimando un pedido de la diputada Graciela Ocaña para que la causa llegara a la Corte. Nada mejor que este ejemplo para notificarnos de que hay hijos y entenados especialmente a los ojos de la Anses, que así como consiente un doble haber absolutamente ilegal para la jefa partidaria, dilata miles y miles de respuestas a juicios por actualización de haberes de quienes no pueden esperar, trabajaron toda su vida y nunca fueron destinatarios de privilegio alguno, como los que sí sigue percibiendo parte de la dirigencia política.

Es necesario repensar el sistema previsional, pasar de un régimen caduco, devastado y corrompido a uno moderno, dinámico y eficiente

Poco y nada puede esperarse del reciente anuncio presidencial, realizado en el contexto de las tirantes relaciones con el Fondo Monetario Internacional, referido a la derogación de jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. En primer lugar, porque tendría un efecto fiscal más que acotado. Y, en segundo término, porque en 2020 y por iniciativa del propio Gobierno, el Congreso ya sancionó una ley con idéntico motivo, que terminó judicializándose en muchos casos.

Las demagógicas disposiciones que se vienen sumando desde el anterior gobierno kirchnerista convierten en un fracaso continuo la ecuación para la clase pasiva.

La rapiña reconoce como uno de sus hitos más nefastos la estafa, en 2008, por parte del gobierno de Cristina Kirchner al confiscar los dineros depositados en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que funcionaban desde la reforma previsional de 1993. Pero no terminó allí. Posteriormente, se pusieron en marcha moratorias que aumentaron en cerca de cuatro millones los beneficiarios de jubilaciones: personas que jamás habían efectuado los aportes de ley o que lo habían hecho de manera insuficiente.

Las frases grandilocuentes y las promesas vacuas, además de alimentar la sinrazón, insultan la inteligencia y el honor de quienes dedicaron toda su vida al trabajo y cumplieron regularmente con sus obligaciones ante el fisco

Son muchas medidas de similares que solo achatan la pirámide y generar una flagrante discriminación entre quienes han sido cumplidores toda su vida y quienes han hecho caso omiso de las leyes en vigor. Se sucedieron el disparatado anuncio de jubilar a desocupados, otra locura populista lanzada en plena campaña electoral; también las denominadas jubilaciones por reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para mujeres de todo el país que hayan criado hijos, entre otras disposiciones que vienen a deteriorar aún más un sistema que ya no puede cumplir los beneficios que concede. Baste con recordar las enormes demoras en tramitar jubilaciones y pensiones durante la pandemia a quienes acataban todos los requisitos legales, mientras alegremente el dinero de los jubilados sigue destinado a otros fines.

Los fondos de la seguridad social son usados en nuestro país como una caja donde la política cree estar habilitada para meter mano sin tener que rendir cuentas.

Por otro lado, lejos de conceder derechos, la estrafalaria y afiebrada matemática con la que el Gobierno financia su asistencialismo subestima a quienes reclaman un trabajo digno y no dádivas.

La aberración de seguir desviando los fondos de los jubilados, mientras son cada vez menos los aportantes como consecuencia de las malas políticas laborales y previsionales, del creciente cuentapropismo y del apabullante trabajo en negro, nos llevará pronto al colapso de un sistema que ya viene dando sucesivas muestras de estar agotado.

No es con frases tan vacías como grandilocuentes con las que saldremos adelante. Hace falta mucha prudencia, seriedad y compromiso para que, desde una óptica realista, se repiense un sistema caduco, devastado y corrompido para hacerlo moderno, dinámico y eficiente. La mayor longevidad poblacional cambiará el mundo tal como lo conocemos y obliga ya a replantear los modelos económicos para aprovechar las nuevas oportunidades.

Fuente: La Naciòn

Nuestro Presidente ha experimentado una fuerte caída de su imagen positiva en la percepción de la opinión pública. Obedece principalmente a la mala gestión de su gobierno en prácticamente todas las áreas. La inacción del Ministerio de Ambiente frente a los incendios en Corrientes o la disparatada iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior para crear una Empresa Nacional de Alimentos, con control mayoritario del Estado, son los ejemplos más recientes de esa inoperancia. Pero el desgaste presidencial también se relaciona con innumerables expresiones inoportunas, que más de una vez lo han mostrado lejos de las auténticas preocupaciones de la sociedad, así como a sus recurrentes contradicciones en sus apreciaciones sobre la actual vicepresidenta de la Nación.

La devaluación de la palabra se remonta a la forma en que Alberto Fernández, desde que fue ungido como candidato presidencial por Cristina Kirchner en 2019, ha ido desmintiendo o desconociendo, uno por uno, los graves cuestionamientos que él mismo había formulado en años anteriores contra la expresidenta. Esta postura adquirió particular elocuencia días atrás, cuando el primer mandatario declaró como testigo en el juicio por el direccionamiento de obras públicas para el empresario Lázaro Báez durante los tres gobiernos kirchneristas.

El jefe del Estado, durante la citada audiencia, defendió a la expresidenta, principal acusada, y sostuvo que el modo en que un gobierno reparte la obra pública es una decisión “no judiciable”, al tiempo que protagonizó un tenso contrapunto con el fiscal de la causa, Diego Luciani, de quien Fernández dijo irrespetuosamente que tenía “un problema de comprensión”. A pedido de la defensa de Cristina Kirchner, el tribunal dejó sin efecto una pregunta del fiscal al Presidente sobre declaraciones radiales que este formuló en 2016, cuando reconoció que el día en que renunció como jefe de Gabinete le había recomendado a la actual vicepresidenta que prestara atención “a lo que está pasando en la obra pública” y había afirmado: “No quiero que se robe más en la Argentina”.

La depreciación de la palabra se remonta a la forma en que Fernández, desde que fue ungido como candidato presidencial por Cristina Kirchner, ha ido desmintiendo o desconociendo, uno por uno, los graves cuestionamientos que él mismo había formulado contra la expresidenta

Las contradicciones del Presidente quedaron muchas veces de manifiesto frente a las múltiples causas judiciales que enfrenta Cristina Kirchner. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2015, Alberto Fernández había escrito en un artículo publicado en este diario: “Solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado. […] Cristina sabe que ha mentido y que el memorándum firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados”. Y poco después, el 20 de abril de ese año, también en las páginas de la nacion, al referirse a la muerte del fiscal Alberto Nisman, el propio Fernández afirmaría: “Aquella acción psicológica desplegada por los genocidas acaba de ser revivida por el gobierno nacional (de Cristina Kirchner). Ahora se trata de tapar tan solo una muerte: la de un fiscal que denunció el objetivo final del inexplicable pacto firmado entre el gobierno argentino y el iraní. […] Esta vez lo hace un gobierno que, aunque propicia el castigo de esos genocidas, acaba repitiendo una de sus más infames prácticas, que consiste en enterrar la memoria del muerto en el mar de los infames y dejar impunes a sus perversos asesinos. Así procede el Gobierno. Por algo será”.

A sus conocidas contradicciones y otras condenables actitudes, como la de haber sido parte de una fiesta clandestina en la quinta de Olivos en plena cuarentena o la de haber minimizado la vacunación vip con la que se beneficiaron funcionarios y amigos del poder político, el primer mandatario ha sumado a su archivo personal algunos delirantes proyectos personales, como el traslado de la capital y su propia reelección presidencial.

La dirigencia oficialista recibió con un llamativo silencio la sorpresiva confesión del Presidente de que soñaba con trasladar la capital

Con no poca sorpresa, que se convirtió en un llamativo silencio en la mayor parte de la dirigencia oficialista, la sociedad recibió en diciembre último una pública confesión del presidente Fernández. Desde Monteros, provincia de Tucumán, donde encabezó un acto público, el primer mandatario afirmó que le gustaría llevar a cabo un proyecto tan controvertido como utópico esbozado casi 35 años atrás por Raúl Alfonsín: trasladar la capital lejos de Buenos Aires.

En momentos en que nuestro país experimenta niveles de pobreza e inflación altísimos, y en medio de un creciente riesgo de caer en cesación de pagos, Alberto Fernández admitió que todos los días piensa “si la capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto al de Buenos Aires”. Y añadió que la imaginaba en el norte del país, con el fin de poner en valor a esa región.

El hecho de que su comentario no haya tenido gran trascendencia ni que haya merecido mayores repercusiones en el ámbito político en los dos meses posteriores da cuenta de que ni siquiera buena parte de la dirigencia de la propia coalición gobernante parece tomar demasiado en serio al Presidente. El silencio que provocaron aquellas declaraciones en el propio oficialismo bien podría ser considerado una señal de reprobación hacia un jefe del Estado que debería ocuparse de cuestiones mucho más importantes.

De nada sirve recuperar el centro de la escena política mediante declaraciones inoportunas, que no hacen más que aumentar la convicción general sobre las falencias éticas y la falta de coherencia de sus gobernantes

La sorpresiva iniciativa presidencial apenas contó con el aval del dirigente piquetero Juan Grabois, quien propuso la realización de una consulta popular para ponerla en marcha, y del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, quien aprovechó para postular a su provincia como sede ideal para albergar a la futura capital argentina.

Los disparatados designios del Presidente no terminaron allí, ya que, días después de expresar su deseo sobre la capital, admitió que podría buscar su reelección presidencial. “Si las condiciones están dadas, voy a hacer lo posible por seguir gobernando”, dijo, ante una consulta que le formuló el periodista Jorge Fontevecchia.

Tal vez el primer mandatario sienta la necesidad de no seguir perdiendo centralidad en su opaca gestión y busque llamar la atención con semejantes delirios, a contramano de la complicada situación del país y de las preocupaciones ciudadanas. Debería saber que de nada sirve recuperar el centro de la escena política mediante declaraciones inoportunas, que no hacen más que aumentar el escepticismo ciudadano y la convicción general sobre las falencias éticas y la falta de coherencia de sus gobernantes.

Fuente: La Nación

Contrariando cínicamente su palabra empeñada en las últimas semanas, Vladimir Putin pateó el tablero internacional de manera tan brutal y desproporcionada como innecesaria. Hasta hace pocos días, le aseguraba personalmente al mundo que estaba retirando efectivos militares de la frontera con Ucrania, cuando en realidad estaba reforzando sus tropas. Hoy, con los masivos ataques que conmueven al planeta, amenaza con provocar una catástrofe humanitaria en Ucrania y ha puesto en vilo a la comunidad internacional, violando los principios más elementales de las Naciones Unidas.

La ofensiva militar ordenada por el gobierno de Rusia contra distintos puntos del territorio ucraniano, no limitados siquiera al área conocida como el Donbass, que comprende a las dos regiones controladas por separatistas, es el hecho bélico más grave desde el fin de la Guerra Fría en el continente europeo.

El propio mensaje de Putin difundido el lunes último, cuando celebró tratados de amistad con las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, proclamadas por los separatistas del este de Ucrania, revela las verdaderas intenciones del líder ruso. El discurso que pronunció ese día lo desenmascaró, luego de semanas en las que venía negando la alternativa de una invasión a Ucrania.

Así como en 2014 anexó Crimea a su inmenso territorio, la Rusia de Putin no parece reconocer fronteras

Quedó claro desde ese momento que el objetivo de Putin va mucho más allá de controlar a las dos regiones separatistas. Concretamente, el presidente de Rusia tildó a Ucrania de ser una nación artificial sin tradición de Estado. Sugirió así que su existencia es un simple error o accidente histórico, como si no tuviese derecho a existir como país independiente, buscando de ese grotesco modo legitimar su violación de la soberanía ucraniana para regar de sangre su territorio.

Así como en 2014 anexó Crimea a su inmenso territorio, la Rusia de Putin no parece reconocer fronteras. Hoy avanza sobre toda Ucrania con despiadados bombardeos y probablemente mañana quiera extender su dominio sobre otras naciones que en su momento integraron la Unión Soviética.

La posibilidad de que Ucrania ingresara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) habrá sido molesta para Putin. Pero pretender justificar las hostilidades rusas hacia aquel país por esa razón violenta el derecho de cualquier Estado europeo reconocido a elegir su propio destino.

La Argentina no puede volver a equivocarse como durante la Segunda Guerra Mundial

Ayer, el presidente ruso volvió a formular declaraciones temerarias: “A cualquiera que considere interferir desde el exterior, si lo hace, enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya entrado en la historia. Espero que me escuchen”.

Las condenas a la actitud beligerante del gobierno ruso se multiplicaron a lo ancho de todo el mundo. Pero las sanciones económicas a Rusia anunciadas por el presidente estadounidense, Joe Biden, pueden sonar escasas frente a la dimensión de la provocación liderada por Putin. Esta vez se requerirá una particular firmeza y determinación del bloque occidental, que lamentablemente no se vio ante la anexión de Crimea, actuando siempre dentro del orden internacional.

Tras el error del presidente argentino de visitar a Putin en Moscú, donde cuestionó a los Estados Unidos y dijo que la Argentina podía ser una puerta a Sudamérica para Rusia, el comunicado que ayer emitió la cancillería argentina enderezó algo la posición de nuestro país. Señaló esta declaración que, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, nuestro país rechaza firmemente el uso de la fuerza armada y llama a la Federación de Rusia a cesar sus acciones militares en Ucrania.

La ambigüedad de la política exterior argentina había vuelto a instalarse anteayer, durante la sesión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, cuando el representante permanente alterno de la Argentina, Fabián Oddone, puso especial cuidado en no mencionar a Rusia, al instar a apegarse a los principios internacionales y a “redoblar los esfuerzos de acercamiento diplomático para aliviar tensiones”.

El gobierno argentino tiene una gran responsabilidad frente a este conflicto. Por un lado, no puede avalar la premisa de la autodeterminación de una población que esgrime Putin, como los británicos con las Islas Malvinas, para intervenir en defensa de las autoproclamadas repúblicas independientes del este de Ucrania. Por otro lado, debe dejar de dudar sobre si nuestro país es o no es parte del mundo occidental y democrático. No puede volver a equivocarse como durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y apostar a profundizar su aislamiento internacional.

El mundo democrático no puede consentir la agresión rusa. Y la Argentina tampoco.

Fuente: La Nación

Ni Rosa Luxemburgo ni Karl Liebknecht, ídolos de la izquierda alemana, dijeron “La izquierda te da fueros” antes de ser ejecutados por los Freikorps, la milicia paramilitar que aniquiló la revolución comunista de 1919, en la Alemania de Weimar. Aunque ambos eran de izquierda, fueros no tuvieron.

Son palabras que se atribuyen, en cambio, al expresidente Néstor Kirchner, dichas en 2003 durante una conversación con Ramón Puerta, por entonces senador nacional y exgobernador de Misiones. Sin dudas, las imágenes de aquellos, como de otros íconos del marxismo, le sirvieron a Kirchner y a su esposa para camuflar la corrupción con el manto expiatorio del idealismo ajeno.

Los gobiernos que no pretenden ser democráticos no necesitan ser progresistas para obtener fueros. Ni fueron progresistas las 15 repúblicas “democráticas” (así se llamaban) que integraron la URSS (1922-1991), ni lo son las actuales dictaduras afines al kirchnerismo. En Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, China o Rusia no hay derechos individuales ni humanos. No hay organizaciones sindicales, ni feministas, ni orgullo gay, ni movimientos sociales. Sus dictadores ejercen fueros obtenidos con la represión del disenso y el encarcelamiento y ejecución de opositores.

El kirchnerismo no solo acumuló poder por izquierda, sino también por derecha, con el apoyo de corporaciones de sindicalistas, comerciantes, contratistas, industriales, publicitarios y profesionales que se aferran al orden establecido y a sus alianzas con el Estado prebendario para conservar rentas y privilegios

El desafío del fallecido expresidente fue conciliar las reglas de juego de la democracia con su apetito desmedido por acumular en su provecho poder y fondos públicos. Y lo logró al combinar la versátil picardía peronista con el discurso ético de la izquierda, en una conjunción patológica, más práctica que doctrinaria. Eso le permitió usufructuar la supremacía moral que se atribuyen los discípulos de Gramsci con el submundo de las licitaciones digitadas, facturas infladas, retornos en efectivo y hoteles con “lavanderías”, propio de las mafias sicilianas.

Ernesto Laclau enseñó que, luego de la caída del Muro de Berlín, se debía reformular el marxismo y construir un nuevo poder, acumulando demandas sociales insatisfechas, uniéndolas contra el enemigo común: el orden burgués. Cuanto grupo quejoso cuestionase el sistema vigente, cualquiera fuese la razón, allí debería estar el líder populista, integrándolo, para alcanzar la ansiada hegemonía y demoler las instituciones republicanas. En términos más sencillos, “ir por todo”.

Lo que no imaginaron Laclau ni su esposa, Chantal Mouffe, fue que esa estrategia sería utilizada por el kirchnerismo, no para la liberación nacional, sino para lucrar en nombre del progresismo. Y allá van, con ojos cerrados y oídos sordos, como una feligresía embobada, los activistas más disímiles. Derechos humanos, feminismo, igualdad de género, ecología, pueblos originarios, abortistas y garantistas. Sin omitir a los presos, los sin tierra, los manteros y las múltiples minorías que sienten injusticias y reclaman derechos. Además de algunos hombres de la cultura, científicos, artistas y literatos, quienes, seducidos por el relato arielista o por los ceros en sus contratos, convalidan fueros malversados con el aura de sus propias valías.

Pero el kirchnerismo no solo acumuló poder por izquierda, sino también por derecha, con el apoyo de corporaciones de sindicalistas, comerciantes, contratistas, industriales, publicitarios y profesionales varios que se aferran al orden establecido y a sus alianzas con el Estado prebendario para conservar rentas y privilegios. De algún lado salen los fondos para que los dirigentes kirchneristas más destacados vivan en lujosos barrios cerrados, departamentos en Puerto Madero o en mansiones enrejadas. Aunque pareciera contradictorio, es así. La izquierda da fueros, pero los negocios dan dinero.

El caso reciente de José Schulman, presidente de la Liga por los Derechos Humanos, quien insultó y abofeteó a una empleada en una terminal de ómnibus, en Santa Clara del Mar, demostró con crudeza las reales convicciones del agresor, un activista profesional al servicio del kirchnerismo. Y, también, la verdad de la frase que titula este editorial, ante el mutismo de las entidades que suelen marchar por los derechos de la mujer. Y la propia liga que, en lugar de exonerarlo, le concedió una licencia indecorosa, hasta que finalmente Schulman decidió renunciar al cargo.

Como decía Chico Marx, imitando a su hermano Groucho: “¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?”. Esa frase la pronunció en 1933, mucho antes de que las imágenes y las voces se grabasen por doquier, como en la actualidad.

¿Qué hubiera dicho el otro Marx, el filósofo de Tréveris, al ver las bolsas del convento, los billetes en la Rosadita, los dólares de Florencia, los campos de Báez, los condominios de Muñoz o los lujos de Gutiérrez? ¿Cómo hubiera reaccionado el autor de El Capital ante las múltiples grabaciones de Alberto Fernández afirmando primero y desdiciendo después lo que vieron sus ojos de la corrupción kirchnerista? ¿Y si hubiera leído los testimonios de arrepentidos, los peritajes de expertos y los informes oficiales acerca de quienes se escudan en vulnerables y excluidos, para ocultar sus fechorías? ¿A quién creería el viejo Karl? ¿Al relato oficial o a sus propios ojos?

Sin dudas, en la penumbra de la Biblioteca Británica, se arrancaría las barbas, una por una, con la ayuda de su amigo Engels, al comprobar cómo lo que tuvo por impoluta ideología se utilizó en la Argentina para embolsar gigantescas plusvalías.

“La izquierda te da fueros”: una frase reveladora que describe en cinco palabras la esencia del kirchnerismo y la doble vara del progresismo nacional y popular.

Fuente: La Nación

Se observa en los últimos tiempos una llamativa unanimidad acerca del rotundo fracaso de la actual ley de alquileres, sancionada en junio de 2020. Sus regulaciones no han dejado conformes ni a propietarios ni a inquilinos, al tiempo que solo han provocado una fuerte retracción de la oferta de viviendas, con la consecuente suba de precios en las pocas que se ofrecen en el mercado locatario.

En estos días, se han producido reuniones entre representantes de inquilinos, de cámaras inmobiliarias y de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para evaluar posibles modificaciones a la fallida norma vigente, con el fin de ampliar la oferta de inmuebles en alquiler y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

Es probable que el problema diste de ser solucionado mientras persista el tan absurdo como irrefrenable afán intervencionista del Estado en un mercado que históricamente ha funcionado bien cuando las partes pudieron negociar con libertad y que, comprobada y definitivamente, no ha funcionado cuando las regulaciones oficiales se tornaron asfixiantes, tanto en el pasado como en la actualidad.

De ninguna manera mejorará la situación si se impone el criterio, avalado por algunas asociaciones de inquilinos, de avanzar con un impuesto sobre las viviendas vacías u ociosas.

Contrariamente al discurso intervencionista y populista que impera en algunos sectores del oficialismo, y de la izquierda, las soluciones a la escasez de oferta en el mercado locatario no provendrán de más regulaciones del Estado, sino de una creciente libertad de los locadores y locatarios para negociar los contratos de alquiler.

En no pocas materias, los argentinos hemos revelado una mayúscula incapacidad para aprender de las lecciones del pasado. No es esta la primera vez que los despropósitos legislativos y el intervencionismo estatal destruyen el mercado de alquileres. Ocurrió esto siete décadas atrás, durante el primer peronismo, y se repitió con variantes en otras épocas.

La última reforma en el régimen de locaciones de inmuebles urbanos pretendió favorecer a los inquilinos, pero terminó convirtiéndose en un salvavidas de plomo para ellos, al tiempo que sembró de inseguridad jurídica las operaciones, desalentando la oferta de inmuebles en alquiler.

Entre otras medidas, se dispuso en aquel momento que los contratos de alquiler deberían extenderse por un mínimo de tres años, en vez de dos, y que su precio solo podría ajustarse una vez al año, de acuerdo con un índice que contemplaría el del costo de vida y la variación de los salarios. Con una inflación superior al 50% anual, determinar que solo se podrá ajustar un alquiler una vez al año, en lugar de trimestral o semestralmente, le genera al propietario un perjuicio considerable.

Disponer, asimismo, que todos los contratos de alquiler sean registrados en la AFIP no hizo más que fomentar aún más la informalidad. Pretender que un arrendatario pague más impuestos sobre un inmueble que alquila es no entender que la renta de casas o departamentos ha dejado hace tiempo de ser un buen negocio. Se estima que la renta de una propiedad en la Capital Federal, sin contar impuestos, no llega al 3% de su valor, por lo que recuperar una inversión inmobiliaria podría demandar nada menos que unos 40 años, un período que no existe casi en ningún lugar del mundo.

Lejos de la creencia en que la mayoría de los propietarios de inmuebles en alquiler son capitalistas acaudalados, un gran número de ellos son jubilados y cuentapropistas que, esforzadamente, lograron sumar un pequeño capital que les permita compensar sus magras jubilaciones en la etapa final de sus vidas.

Como reflejo de la bajísima renta que ofrece la inversión en inmuebles de alquiler, la propia Secretaría de Comercio Interior de la Nación maneja cifras según las cuales solo en la ciudad de Buenos Aires hay unas 133.000 viviendas en venta, cuando la media histórica rondaba las 50.000, y apenas se concretan unas 3000 operaciones de compraventa por mes, según los datos del Colegio de Escribanos porteño. Pensar que la solución a la existencia de tantas unidades vacías sería imponerles un nuevo impuesto representará otro disparate que agravará aún más el problema.

La intrusión de los gobiernos en las relaciones entre particulares que deben regir el mercado locatario siempre provoca desequilibrios. Los alquileres de inmuebles precisan dejar de estar condicionados por disposiciones populistas y demagógicas, para sujetarse a la ley de oferta y demanda. En todo caso, en lugar de desconocer esta sabia tesitura, quienes tienen el deber de legislar deberían promover la inversión en inmuebles para renta y favorecer las operaciones en el mercado locatario con exenciones impositivas que garanticen una renta razonable a los locadores y un precio justo para los inquilinos. Insistir en fracasadas regulaciones asfixiantes solo seguirá alimentando la depresión del mercado, perjudicando tanto a inquilinos como a locadores.

Fuente: La Nación

En su obra póstuma De la estupidez a la locura, Umberto Eco explica con una broma algo que, de tan usual, pasa inadvertido: que los seres humanos tendemos a responder de diferente manera una misma pregunta, según cómo se nos la formule. Refiere que dos religiosos, uno dominico y otro jesuita, compartían ejercicios espirituales. El dominico le preguntó a su amigo cómo era posible que fumara permanentemente durante ese tiempo de oración. El jesuita le contó que su superior lo había autorizado. El dominico se sorprendió porque, ante el mismo pedido de autorización, el suyo se lo había negado. “¿Pero cómo se lo has pedido?”, inquirió el jesuita “Bueno, obviamente, le pregunté si podía fumar mientras rezaba”. A lo que el jesuita dijo: “Mal hecho, debiste haberle preguntado si está permitido rezar mientras uno fuma. Mi superior dijo que a Dios le agrada que se comuniquen con Él en todo momento”.

¿Qué pensaríamos de la salud mental del que agradece calurosamente al cajero automático porque le entrega el dinero que antes él mismo había depositado?

Las distintas maneras de preguntarse lo mismo, acaso puedan confundir a la hora de establecer la “gratuidad” de algo. Por lo general, la justificación de esa condición es que responde a un “derecho humano”. Está visto que para muchos argentinos cualquier cosa muy demandada debería convertirse en prestación estatal.

Un ejemplo algo pintoresco es el de una legisladora porteña que impulsa la gratuidad del protector solar por considerar que no es un producto cosmético, sino un medicamento necesario para la salud humana. A poco que se aceptara ese criterio, también las bananas deberían ser entregadas gratuitamente, dado que es indudable que la humanidad necesita potasio. Ese pensamiento mágico amenaza permanentemente con adueñarse de la realidad. Basta como ejemplo recordar que el Congreso sancionó en 2019 una ley que reconoció el derecho de los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario a recibir educación sobre folclore.

No hay derecho natural que asista al reclamo de ninguna de esas cosas. En todo caso, podría eventualmente tratarse de una decisión de convertir algo en parte de gasto público y financiarlo de cualquier manera, como Fútbol para Todos, aunque más no sea con el impuesto inflacionario producto de la emisión monetaria sin respaldo. Sería interesante consultar a la ciudadanía, a la manera de la broma de Eco, qué le parecería que el Gobierno destinara el dinero de sus impuestos a pagar la cantidad de protector solar que decidiera consumir su vecino que pasa todo el día tomando sol, o a comprar acordeones y guitarras para las clases de chamamé en todas las escuelas del país. Probablemente entonces cambiaría el nivel de aprobación de semejantes dislates.

Todo aquello que un legislador o funcionario propone que el Estado haga o entregue “sin cargo” no es a título gratuito. Probablemente lo sepan, pero evitan confesarlo

Incluso, resulta una falacia cuando se hace un culto de la “educación gratuita”. Alguien paga esa educación. Y ese alguien es la gran masa de contribuyentes, de la cual la mayor parte no accede a ese servicio por distintas razones. Si se quiere ser aún más directo en el razonamiento, puede decirse que la educación pública la subsidian incluso los que no pueden acceder a ella, como los tantos casos de familias materialmente imposibilitadas de enviar a sus hijos a la universidad, pero que deben pagar el IVA de los alimentos que no pueden dejar de consumir.

Durante una entrevista realizada en 1984 en la Universidad de Islandia, uno de los académicos le reprochó al premio Nobel de Economía Milton Friedman que los asistentes a una de sus conferencias hubieran tenido que pagar por escucharlo, rompiendo la tradición de gratuidad de esa casa de estudios. Opinó el catedrático que haber pagado por la charla no aumentaba la libertad académica, sino que la disminuía, a lo que Friedman argumentó. “¿Quién paga los gastos de la asistencia a las conferencias gratuitas? La gente que no asiste a ellas (…) los ausentes subsidiaban a los presentes en esos encuentros”. Según Friedman, la palabra “gratis” es una de las peor usadas, básicamente porque “la educación cuesta dinero”.

El Estado no produce ni regala nada que antes no le haya quitado a quienes lo producen

Del mismo modo, todo aquello que un legislador o funcionario propone que el Estado haga o entregue “sin cargo” a las personas no es a título gratuito. Muy probablemente lo sepan, pero se reprimen de confesarlo. Detrás de ese tipo de decisiones políticas se revela la clara intención demagógica de imponer un asunto como un beneficio sin reconocer que el costo lo absorberemos todos.

Aun cuando pudiera resultar una verdad de Perogrullo, vale destacar que el Estado no produce ni regala nada que antes no le haya quitado a quienes lo producen. En escasas oportunidades, los autores de estos interesados proyectos se ocupan de indicar de dónde saldrán los recursos para hacer efectivo el “derecho” que se proponen instaurar. Muchas veces, incluso, las propias leyes son sancionadas con una cláusula que deja para más adelante la decisión sobre el financiamiento. Es evidente que sus impulsores solo necesitan abrevar de las mieles que provoca el impacto del anuncio. Una irresponsabilidad absoluta a mediano y largo plazo.

Es una falacia decir que un impuesto es una exacción sobre el patrimonio de “los ricos”. La tremenda carga que representan es mucho más pesada para quienes menos tienen

La cultura de la falsa gratuidad también aplica, por ejemplo, a las bajas en los precios de las tarifas de servicios como la energía eléctrica, prácticamente congelados durante 17 de los últimos 20 años para no mal predisponer a los votantes con aumentos, aunque esa decisión derive inevitablemente en futuros cortes en el suministro como fruto de un irremediable colapso del sistema. Otro tanto ocurre con los anunciados viajes gratuitos de fin de curso para estudiantes bonaerenses y con el Previaje. ¿O alguien realmente piensa que el recupero no lo pagamos todos?

Es también harto conocido cómo muchos políticos se solazan con la inauguración de obras o el lanzamiento de programas a cambio de recibir el aplauso de los que, paradójicamente, han hecho el esfuerzo para que esos “beneficios” pudieran otorgarse. El engaño se completa magistralmente con el mensaje de que el impuesto es una exacción sobre el patrimonio de “los ricos”, cuando es más que evidente que la tremenda carga que representan los tributos de tasa fija, no progresivos, como son todos los que gravan el consumo, incluso la propia inflación, se tornan mucho más pesados para los que menos tienen. ¿Qué pensaríamos de la salud mental de un sujeto que agradece calurosamente al cajero automático porque le entrega el dinero que él antes ha depositado?

Pueden existir atendibles razones para destinar recursos públicos a necesidades sociales, en cuyo caso el legislador o el funcionario deben justificar y explicar con claridad qué cosas dejarán de hacerse para costear esa decisión, ya que los recursos son siempre escasos y las necesidades, infinitas.

Desgraciadamente, que se pretenda convertir un recurso en un derecho no lo convierte en ilimitado o de libre disponibilidad. La sábana corta es un buen ejemplo.

Fuente: La Nación

Aunque en la Argentina pasó casi inadvertido, el 9 de diciembre último se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por las Naciones Unidas. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, fue terminante al referirse al tema: “La indiferencia de los ciudadanos –dijo– es el mejor caldo de cultivo para que prospere la corrupción”.https://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/proyectos/js/tableau.html?id=Percepcion_corrupcion_mapa2021&altoTV=6300&altoD=5750&altoM=5900&initialWidth=733&childId=anexo-VOAAMKDU45DFPK665RBOK6VLNU-0&parentTitle=Corrupci%C3%B3n%2C%20otro%20%C3%ADndice%20para%20preocuparse%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fcorrupcion-otro-indice-para-preocuparse-nid10022022%2F

La más reciente calificación de Transparencia Internacional conocida hace pocos días, y que quedó plasmada en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021, señala que la Argentina no ha dado pasos significativos ni eficaces contra ella. Nuestro país cayó 18 puestos y quedó ubicado en la posición 96° entre 180 naciones. En 2020 ya había perdido 12 lugares en el ranking mundial, lo cual significó una recaída luego de haber escalado durante los años previos.

La calificación más destacada de nuestro país en el índice correspondió a 2019, cuando trepó 19 posiciones y obtuvo su mejor desempeño desde 2012, con 45 puntos. En ese último año de la gestión de Mauricio Macri, la Argentina había quedado en el puesto 66°, treinta lugares más arriba comparado con el último indice del 2021.

El referido ranking, que califica entre cero y 100 como mejor puntuación, evalúa a los países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, construido a partir de datos de 13 fuentes externas: encuestas y evaluaciones realizadas por varias instituciones que incluyen especialistas en la materia, empresarios y consultoras.

Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda encabezan las posiciones con 88 puntos, seguidos por Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo –todos con más 80 puntos– y Alemania, que mantuvo esa puntuación respecto del año pasado. Por el contrario, los países percibidos como más corruptos resultaron ser Somalía (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11).

En el continente americano, el ranking lo lideran los mismos cuatro países. Canadá es el mejor posicionado con 74 puntos, pero con una caída respecto del año anterior cuando había obtenido 77. Le siguen Uruguay con 73 puntos, dos más que en 2020 y, al tope de la región y en tercer lugar, Chile, que mantuvo 67.

De Sudamérica, por encima de la Argentina se ubica – además de Uruguay y Chile– Colombia, con 39 puntos. Brasil obtuvo el mismo puntaje que nuestro país (38), Ecuador y Perú aparecen con 36 y Bolivia y Paraguay, con 30, se ubican por debajo.

El peor situado de la región vuelve a ser Venezuela, en el puesto 177°. Nicaragua, otra nación cuestionada internacionalmente por violación a los derechos humanos y a las libertades civiles, solo obtuvo 20 puntos. Quedó en el puesto 167°.

El director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, Pablo Secchi, afirmó que el resultado para nuestro país es malo y que se observa una caída en la percepción de los consultados sobre el nivel de corrupción en el sector público.

Respecto de los factores que explican el deterioro en materia de corrupción en la Argentina, Ferreira Rubio enumeró la situación de los acusados por actos de corrupción, la relación del Gobierno con la Justicia y la falta de transparencia en la compra de vacunas contra el Covid-19. Destacó la creciente impunidad de la que gozan los involucrados en actos de corrupción y los reiterados intentos del Gobierno por colonizar al Poder Judicial. No menos peligroso consideró el proyecto que intentó modificar el Ministerio Público Fiscal. La gravedad de estos ataques llega hasta el nivel de la Corte Suprema de Justicia. Está claro que, sin un Poder Judicial independiente, la corrupción aumenta.

La Justicia lenta, ineficiente, politizada o secuestrada por el poder político es la mayor debilidad que enfrenta nuestro país para combatir la corrupción, ya que estimula en muchos poderosos una peligrosa ilusión de impunidad que los lleva a creer que sus actos corruptos jamás serán castigados y les permite, sin condena, reingresar constantemente a la esfera pública. Es imperioso que la Justicia imponga sanciones efectivas y ejemplificadoras.

Como país, debemos trabajar para cimentar una promoción eficaz no solo de una cultura de la legalidad, sino también de una cultura de la honradez, del esfuerzo y la responsabilidad.

Erradicar la corrupción no es fácil , pero es posible reducirla y controlarla activando los mecanismos previstos por la ley y las instituciones y aplicando las ejemplificadoras sanciones del sistema de justicia penal.

Fuentte: La Nación

El presidente Alberto Fernández y los sectores más racionales del oficialismo comprendieron que no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era un salto al vacío con consecuencias impredecibles y, sin dudas, muy gravosas. Por su lado, tanto los funcionarios del FMI como quienes deciden en su directorio también entendieron que llevar a su principal deudor a una situación de default ocasionaría un importante daño a la propia institución. Esto explica que no se hayan incluido reformas estructurales dentro de las condiciones acordadas en el nuevo préstamo de facilidades extendidas. Si bien el FMI no se saldrá de sus límites tradicionales, por ejemplo el plazo máximo de diez años y las tasas de interés, en este caso, y por ahora, no exigirá una reforma laboral, ni privatizaciones, ni una salida del cepo cambiario, ni una reforma administrativa, ni el recorte de subsidios superfluos para reducir el gasto público. Solo se plantea una actualización gradual de las tarifas de servicios públicos y se compromete a alcanzar el equilibrio fiscal en 2025. Pone asimismo límites a la emisión monetaria. Si bien estas metas constituirán un desafío difícil de lograr, son políticamente más digeribles para el populismo y la izquierda que lo que hubiera sido un programa con medidas explícitas desde el comienzo. La lectura que se hace es la de una ayuda política del FMI al gobierno argentino o, más bien, al Presidente frente al kirchnerismo. Por el nuevo préstamo, la Argentina recibirá una suma equivalente en cada oportunidad de pago de los vencimientos del préstamo anterior. El cumplimiento de las condiciones principales fijadas en el acuerdo solo será verificable cuando ya se hayan realizado todos los desembolsos del nuevo préstamo. De no haber sido cumplidas siempre se especula con el recurso de una postergación o revisión (waiver).

Quienes conocen en profundidad la economía argentina han visto el anuncio del convenio como una forma de salir del paso y evitar por ahora el default. Pero al no ver reformas estructurales ni el curso de las medidas necesarias para resolver genuinamente los desequilibrios macroeconómicos, se preguntan si el programa solo posterga un default o un episodio de alta inflación. Si subsiste el cepo cambiario con una brecha de más del 100% y persisten la falta de competitividad y la insuficiencia de inversiones, ¿cómo se explica el objetivo de que el Banco Central aumente en 5000 millones de dólares sus reservas?

Se trata de un acuerdo liviano, que solo evita un default inminente, lo que es bueno, pero no asegura que no se produzca una crisis futura. Así lo han entendido los mercados, que, luego de una primera reacción positiva de alivio, han vuelto a manifestar dudas bajando las cotizaciones de los bonos y acciones argentinos. Por otro lado, la gentileza política del FMI de evitar explicitar el concepto de ajuste no le permitió al Gobierno evitar una crisis en su frente político.

La vicepresidenta, eje central del poder, no explicitó su opinión, pero la renuncia de su hijo a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos es una señal que no puede ser pasada por alto. La fundamentación del legislador no se refirió al contenido del acuerdo, sino meramente a haber negociado con el FMI. Para los miembros de La Cámpora o del Instituto Patria, ese organismo internacional es la quintaesencia del mal, del que solo puede esperarse la defensa de intereses espurios en beneficio de quienes ejercen su domino en detrimento de los intereses populares. Ese es el discurso con el que construyen mitos y apoyos. Bajo esta perspectiva, cualquier acuerdo con el FMI deberá ser repudiado para guardar consistencia con el relato. Y eso es lo que ha ocurrido, lo cual abre un interrogante sobre el apoyo del Congreso al acuerdo, luego de que sea formalmente suscripto.

El populismo y la adopción de posiciones contestatarias y adheridas a las rémoras revolucionarias que aún producen dictaduras y pobreza siguen explicando la crisis argentina.

Las últimas elecciones de medio término parecen haber encontrado en la sociedad un mayor rechazo a esas tendencias. Sin embargo, estas todavía siguen siendo capaces de generar poder para proteger la corrupción. Así lo sinceró Néstor Kirchner cuando expresó: “La izquierda te da fueros”.

Más allá de lo que se acuerde con el FMI, la salida de la crisis argentina requiere un programa que no se guíe por lo “políticamente correcto”, entendido bajo una visión populista, sino enfocarse en lo económico y socialmente correcto. La superación de los desequilibrios no será resultado de un mágico crecimiento que lo logre automáticamente. La inversión y mayor producción y empleo requieren confianza y reglas razonables en materia laboral e impositiva. La presión tributaria debe reducirse y ello solo es posible si el gasto público se achica. Esto último exige cirugía mayor con atenuantes sociales bien diseñados y administrados. Si la palabra ajuste resulta inaceptable, deberá inventarse otra. Lo que no puede hacerse es desconocer el asunto y, menos aún, rechazar un acuerdo que, al menos, evita un problema inmediato y puede ser el comienzo de otro si no se lo resuelve adecuadamente.

Fuente: La Nación