Categoría: Entrevistas

La totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y más de 120 magistrados se dieron cita en Rosario para avanzar en un diagnóstico preciso sobre la gravísima situación generada por el narcotráfico. Se proponen actuar de manera articulada ante la profundidad de una crisis que, evidentemente, no es una prioridad para el Gobierno, que desenfundó una grosera réplica ante tan relevante cumbre. Ni qué decir de los casos en los que la penetración, la expansión y el asentamiento de la narcocriminalidad resulta funcional a las administraciones de turno para negociar su supervivencia en el poder o recibir tajadas económicas del hecho delictivo. O ambas cosas al mismo tiempo.

Que no sea nueva la impertinencia gubernamental hacia la Corte en particular y la Justicia en general no puede menos que provocar mayor alarma en el conjunto de la ciudadanía, harta ya de enfrentamientos y extremadamente débil frente a la tan notoria como pavorosa falta de soluciones.

Nada menos que el ministro de Justicia, Martín Soria, ha dicho que la megarreunión organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), en Rosario, fue “un teatro, un grotesco, una caradurez para mostrarse preocupados [los integrantes del Poder Judicial] por todo lo que pasa en Santa Fe cuando, años atrás, no movieron un solo dedo”. Seguramente, Soria no fue capaz de discernir que su insolente diatriba podía transformarse en un bumerán para el poder político, que poco y nada ha hecho para evitar que las cárceles, por ejemplo, se convirtieran en aguantaderos desde donde manejar el delito, además de haber contribuido al recrudecimiento de la violencia narco mediante el empobrecimiento y la fragmentación de poblaciones que viven hambreadas en las periferias, donde tanto víctimas como victimarios del narcomenudeo se juegan su subsistencia.

En lo que va del año ya se han registrado 108 asesinatos en Rosario producto de la narcocriminalidad.

Que no sea nueva la impertinencia gubernamental hacia la Corte en particular y la Justicia en general no puede menos que provocar una mayor alarma en el conjunto de la ciudadanía, ya harta de enfrentamientos y extremadamente débil frente a la tan notoria como pavorosa falta de soluciones

Esa gravísima situación ya había sido descripta con una claridad supina por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió a expertos para analizar recientemente el problema del crimen organizado en Rosario: “El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos”.

“Faltan políticas de Estado”, han coincidido en afirmar los participantes de la cumbre de Rosario. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intentó refutarlos diciendo que eso no es cierto porque en esa ciudad “hay actualmente 3449 agentes de seguridad: 708 pertenecientes a Prefectura, 146 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 2357 a la Gendarmería y 238 a la Policía Federal”. Otro ministro con poca capacidad de discernimiento: faltan políticas de Estado, no parches.

Seguramente, el ministro Soria no fue capaz de discernir que su insolente diatriba podía transformarse en un bumerán hacia el poder político, que poco y nada ha hecho para evitar que las cárceles se convirtieran en aguantaderos de delincuentes, además de haber contribuido a la penetración del narco en barriadas vulnerables

Entre las numerosas propuestas surgidas de la cumbre rosarina figuran:

•Coordinar y concentrar operativos entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, eliminando la superposición de tareas, directivas y esfuerzos de todo tipo.

•Crear una agencia federal especial contra el narcotráfico, que incluya a todos los poderes del Estado; entre ellos, a los municipios.

•Urgente cobertura de vacantes en juzgados y fiscalías federales.

•Capacitación permanente para magistrados, funcionarios y empleados judiciales frente a las nuevas herramientas que ha ido adquiriendo la narcocriminalidad, que ha avanzado cada vez más en diversos terrenos de acción y aumentado significativamente el nivel de violencia.

•Medidas de protección para jueces y fiscales abocados a estas investigaciones, hoy amenazados, junto con sus familias, sin los mínimos cuidados e incluso combatidos desde el propio poder político mediane presiones, intimidaciones y advertencias de destitución.

Es imprescindible trabajar sin más demoras sobre las causas del delito. Atacar solo las consecuencias nos indica que estamos llegando tarde y mal

•La realización de más campañas de prevención de la drogadependencia.

•Dictar y modificar las leyes que sean necesarias para enfrentar las nuevas formas de narcotráfico con aplicaciones punitivas más efectivas.

En casi todas las ponencias, explícita o implícitamente, quedó en claro que hay un aspecto sustancial en esta ingente lucha para sostener políticas de Estado eficaces y duraderas. Demanda esto coordinación entre los poderes públicos, pues ninguno podrá lograrlo por sí solo. Y aún más: ningún esfuerzo mancomunado podrá hacerse carne en la sociedad si antes no se concientiza sobre la extrema gravedad y los tremendos efectos y ramificaciones que importa este verdadero flagelo.

Que narcos estén sustituyendo al Estado en la prestación de servicios esenciales –uno de los problemas más graves de la falta de políticas en todos los niveles de poder– hace imprescindible empezar a trabajar sin más demoras sobre las causas del delito. Atacar las consecuencias, si bien es sumamente necesario, nos indica que estamos llegando tarde y mal al problema.

Como ha dicho con enorme acierto el juez Horacio Rosatti en su discurso en Rosario, se requiere una férrea voluntad política para enfrentar al narcotráfico. No basta con reprimir el delito, sino que urge emprender de una vez por todas la verdadera batalla cultural y educativa en pos de “la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social”.

Fuente: La Nación

El odontólogo Héctor Cámpora, quien fue ungido presidente de la Nación el 25 de mayo de 1973, con casi el 50% de los votos, fue una máscara que utilizó Juan Domingo Perón para demostrar que, aun proscripto, podía recuperar el poder a través del candidato de su elección. “Cámpora al gobierno, Perón al poder” fue la consigna de entonces. Cámpora duró solamente 49 días en el gobierno, pues fue cooptado por la Tendencia Revolucionaria Peronista (“la patria socialista”) en desmedro del peronismo de derecha, ortodoxo y sindical (“la patria peronista”), que reflejaba el sentir del líder epónimo.

Cuando Perón advirtió desde Madrid que su apoyo al peronismo revolucionario se le había ido de las manos, debió volver a la Argentina para retomar las riendas del gobierno, forzando la renuncia de Cámpora, inventando la transición de Raúl Lastiri y, ya sin ganas, asumiendo su tercera presidencia.

Después de la muerte de Perón y bajo la conducción de José López Rega, comenzó a funcionar la llamada Triple A, que asesinó sindicalistas, activistas e intelectuales de izquierda, como Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi. Son los “desaparecidos” previos a 1976 que, sumados a las víctimas del terrorismo desde 1970, ensangrentaron una historia que el peronismo se empeña en ignorar, mientras protege a Isabel Perón e indemniza a quienes provocaron su caída.

En la premura por entregar su banda presidencial al yerno de López Rega, al delegado de Perón se le cayó la máscara y, posiblemente, la dio por perdida antes de retirarse a San Andrés de Giles. No pudo imaginar que, treinta años más tarde, fuese recogida por un grupo juvenil para reivindicar los días de la “primavera camporista”, cuando la JP y Montoneros – que lo llamaban “el Tío”– intentaron aplicar, desde el gobierno, la doctrina del socialismo nacional.

La agrupación que honra su apellido gravita pesadamente sobre la gestión de Alberto Fernández, con la ascendencia que le otorgan los votos y el liderazgo de Cristina Kirchner. Curiosamente, reivindica las mismas banderas de aquellos jóvenes armados que no pudieron concretar su sueño socialista, al haber sido expulsados por el mismísimo fundador del peronismo. Por si quedase alguna duda, Perón los echó de la Plaza de Mayo aquel lluvioso 1° de mayo de 1974 y, luego, durante el gobierno de su viuda María Estela Martínez, se firmaron los cuatro “decretos de aniquilamiento” para legitimar el terrorismo de Estado.

Al reclamar ahora los herederos del Tío defenestrado no haber cumplido el Presidente compromisos asumidos al aceptar su nominación, confunden a la población, que no está para letras chicas, preocupada por la carestía de la vida, la inseguridad y la falta de trabajo. Nadie sabe qué clase de acuerdos habrán celebrado los dos Fernández pues, además de no haber sido públicos, sus cláusulas no serían oponibles a terceros, como bien lo sabe cualquier abogado, exitoso o no.

A poco que se profundice en las tácticas camporistas para condicionar la gestión presidencial mediante “guerras relámpago”, se advierte un rasgo común: la necesidad imperiosa de no perder su base de votantes el año próximo, a cualquier costo. Es la negación del largo plazo para asegurar su continuidad en la estructura del Estado, controlar cajas, preservar cargos y, por sobre todas las cosas, asegurar la impunidad de su lideresa

De sus arengas insidiosas no surge ningún programa alternativo de gobierno, sino invocaciones pueriles a la inclusión, la distribución y la justicia social, sin ningún número que muestre cómo, cuándo ni dónde. Sus voceros no se lucen con reflexiones de largo alcance. El principal legado que han sabido perpetuar de aquellos años “dorados” son técnicas para guerrillas de desgaste, aunque ahora sin violencia, en el contexto de una frágil democracia.

Según los diccionarios, esa forma de combatir incluye las emboscadas, los sabotajes, los saqueos, las incursiones, las guerras relámpago, los cortes de líneas de suministros, el secuestro de enemigos y la interceptación de comunicaciones. Si se toma la forma metafórica, no es difícil descubrir afinidades en las operaciones de desgaste que conducen contra Alberto Fernández desde que la vicepresidenta de la Nación se irritó por la inacción de sus ministros y los invitó a buscarse “otros laburos”.

Al haber celebrado la nación argentina un acuerdo muy laxo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, para evitar un default de consecuencias gravísimas, no tiene explicación que ese sector del Gobierno lo cuestione públicamente y tome iniciativas que directamente obstaculizan el cumplimiento de sus metas.

La presentación de proyectos de ley de elevado costo fiscal, sin consulta con el Palacio de Hacienda, configuran emboscadas legislativas. La ausencia de funcionarios del área energética en las audiencias tarifarias, son sabotajes a la luz del día. Las chicanas a la reducción de subsidios son alevosos golpes de mano. Las moratorias previsionales, que desequilibran aún más la relación entre activos y pasivos, son saqueos a las arcas públicas. El adelantamiento del aumento del salario mínimo es una maniobra distractiva para acciones peores. Los incrementos dispuestos por el gobernador Axel Kicillof, para “crecer distribuyendo”, son cortes a las líneas de suministros porque, con mayor emisión, las alacenas quedarán vacías.

A poco que se analicen las tácticas camporistas para condicionar la gestión presidencial mediante “guerras relámpago”, se advierte un rasgo común: la necesidad imperiosa de no perder su base de votantes principalmente bonaerenses el año próximo, a cualquier costo. Es la negación del largo plazo para asegurar su continuidad en la estructura del Estado, controlar cajas, preservar cargos y –por sobre todas las cosas– asegurar la impunidad judicial de su lideresa y sus hijos, él cabeza indiscutible de la agrupación. Para ella, el único largo plazo que importa es el referido a sus procesos penales y no los que involucran al país en su conjunto.

En la actual coyuntura mundial, cuando la energía y los alimentos podrían ser una tabla de salvación para “poner a la Argentina de pie”, esas emboscadas, sabotajes y saqueos ahuyentan las inversiones que decuplicarían la producción de hidrocarburos construyendo ductos, plantas y puertos para exportarlos. E impiden que se multiplique el cultivo de granos, hasta en zonas marginales, con las mejores tecnologías, para alimentar al mundo con cereales y oleaginosas argentinas.

La Cámpora no parece capacitada para construir naciones –basta observar la situación de quebranto de Aerolíneas Argentinas–, sino para erosionar instituciones. De aquel sueño setentista solo conserva la “tendencia” a petardear gobiernos para lograr sus objetivos, sin importar daños colaterales. Las nostalgias del tiempo del Tío son demasiado dañinas para los desafíos de la crisis actual.

Fuente: La Nación

Se conocieron en los últimos días comentarios de una exministra de educación chilena, Adriana Delpiano, sobre la situación educativa en la Argentina. Al igual que muchos otros especialistas, la exfuncionaria del país trasandino no termina de comprender el origen de la tragedia educativa que nos aqueja cuando recuerda tiempos no tan lejanos de reconocido liderazgo argentino en la materia.

Como funcionaria, Delpiano fue uno de los pilares de la reforma llevada a cabo por Michelle Bachelet entre 2015 y 2018. Integra la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, un espacio pluralista de expertos que participaron en Buenos Aires de una conferencia acerca de la propuesta de reforma del estatuto docente que lleva adelante el gobierno porteño.

Precisamente en relación con los docentes formuló sus más agudas observaciones, pues atribuyó al enorme menoscabo del prestigio de la profesión la ausencia de atractivo para captar a los mejores. “El trato profesional con los profesores, el reconocimiento social hacia el maestro es muy importante. Es algo que creo que la Argentina tenía y perdió”, afirmó. Vale destacar que los maestros chilenos son hoy profesionales que han debido completar cinco años de estudio. Sus salarios también han mejorado para equipararse con otras profesiones y se los evalúa para que, dentro de plazos razonables, puedan desplazarse entre los cinco niveles establecidos que fijan su mayor o menor remuneración, tres de los cuales son obligatorios y solo dos optativos. Sobre la base de esto, el sistema chileno puede determinar la conveniencia de que algún docente no deba continuar ejerciendo. Su propia experiencia seguramente es la que le permite ver en el rol de los sindicatos a uno y otro lado de la cordillera la explicación de las diferencias. No se equivoca.

Los resultados de las distintas evaluaciones educativas hablan por sí solos y deberían acallar cualquier infundado reclamo gremial para igualar hacia abajo

La Legislatura porteña trataría mañana en el recinto el proyecto de reforma del estatuto docente, que ya tiene dictamen favorable de comisión. El oficialismo confía en lograr su aprobación a pesar del rechazo de algunos gremios docentes y de la oposición. Uno de los 28 cambios más destacados se asocia a asignar más peso al mérito que a la antigüedad a la hora de definir puntajes para ingresos y ascensos, valorando los esfuerzos y los logros individuales. En la misma dirección, además de crear nuevos cargos, incorpora los “ascensos horizontales” que eliminan la actual obligación de salir del aula para crecer en el escalafón –secretario, vicedirector, director y supervisor– y permite acceder a mayores salarios a un maestro de clase. Se fija también que la titularización de docentes en escuelas secundarias solo pueda hacerse por concurso. Sin duda, todo proyecto será siempre perfectible pero celebramos que la ciudad de Buenos Aires tome la posta en una materia tan delicada como urgente.

No podemos aspirar a mejorar la calidad y la equidad educativa si no trabajamos en la formación y mejora continua de nuestros docentes. La revisión de los estatutos nacional y de cada jurisdicción no puede continuar postergándose cuando su diseño reviste más de sesenta años. Sin duda, hay cuestiones neurálgicas que habrán de debatirse en el marco de un plan integral. Los resultados de las distintas evaluaciones escolares hablan por sí solos y deberían acallar cualquier infundado reclamo gremial, instituciones que han preferido no actualizarse para igualar siempre hacia abajo y conservar los privilegios de unos pocos. No hay futuro posible si no mejoramos la calidad educativa.

Fuente: La Nación

EL secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, ha lanzado duros picotazos sobre el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, sin tomar en cuenta el costo para la Nación que implican sus dichos. En el estado de fragilidad que sufre la economía argentina por falta de dirección política, esas diatribas solo agravan la situación, debilitan la moneda y aceleran la inflación.

Si bien Larroque afirmó, correctamente, que la solución de fondo debe provenir de la política económica y no de la social, no devela las medidas que propone. A estar por el nombre de su agrupación y su énfasis en “no tener miedo para enfrentar intereses”, parecería que el modelo sería el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, del epónimo Cámpora (Héctor, 1973).

Ese plan, a punto de cumplir sus bodas de oro, preveía la planificación integral de la economía y la fuerte intervención del Estado para instaurar un orden social más justo y reacio al capital extranjero. Por ello, todos los actores debieron sentarse en la mesa del Pacto Social para negociar con el gobierno qué recibiría cada uno y qué les exigiría éste a cambio. Como ahora, ese programa solo causó desconfianza y fuga de capitales. Los férreos controles del dólar, los precios, las tarifas y los salarios, con aumento del gasto público, generaron tensiones que estallaron en el célebre Rodrigazo de 1975.

La ideología que inspiró ese ensayo de “socialismo nacional” tenía como pilar fundamental la llamada “liberación”. La creencia de que toda América Latina debía unirse en un fraterno abrazo socialista, como lo propuso Manuel B. Ugarte (1875-1951), formando una “Patria Grande” para oponerse al imperialismo yanqui. En su versión actual y con la venia de Ugarte, para liberarse del FMI.

Los activistas de La Cámpora se ufanan de tener calle, controlar territorios, ejercer militancias, caminar los barrios y conocer las necesidades de la gente. Pero ninguno explica cómo crear riqueza en gran escala, para dar vuelta la situación actual

Si quedasen dudas respecto al ideario de La Cámpora, la propia Cristina Kirchner, en julio de 2020, sintetizó así sus objetivos: “La construcción de una nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal hegemonizado por las finanzas globales”. Se trata de una versión nacional y popular, de “El Capital Financiero” (1910), la obra cumbre de Rudolf Hilferding (1877-1941), pensador austro marxista, último ministro de finanzas de la República de Weimar, durante la hiperinflación de 1923. Esa “hiper” fue detenida después de su renuncia, con una reforma monetaria (el Rentenmark) y una fuerte reducción del gasto público.

La Alemania próspera de hoy, no es resultado del pensamiento de Hilferding, que la desbarrancó, sino del “milagro alemán” de Ludwig Erhard, ex ministro de Economía de Alemania Federal (1949-1963), basado en las leyes del mercado. O sea, del capitalismo liberal, aún sin el prefijo “neo”. La República Democrática Alemana (1949-1990), nacida el mismo año que la otra, colapsó con la caída del Muro de Berlín. Ello demostró, como un ensayo de dos vacunas, los efectos nocivos de la “nueva normalidad” que Cristina Kirchner intenta inocular en una Argentina al borde de su tercera hiperinflación, 100 años más tarde.

Sorprende que una agrupación con tanta responsabilidad política, haga peligrar la estabilidad de Guzmán para insistir en alquimias fracasadas. En 2022, la única pregunta que cualquier dirigente debería responder (y Guzmán también) es cómo generar empleos genuinos para sacar al país de la pobreza, sin caer en otra hiperinflación.

Los activistas de La Cámpora se ufanan de tener calle, controlar territorios, ejercer militancias, caminar los barrios y conocer las necesidades de la gente. Conocen las carencias al dedillo, pero ninguno explica cómo crear riqueza en gran escala, para dar vuelta la situación actual. Como Juan Grabois y otros dirigentes sociales, parecen periodistas de investigación o miembros de la Cruz Roja Internacional al describir los dramas causados por el desempleo, la falta de vivienda, la desnutrición infantil, el abandono escolar, la violencia social, la droga y el hambre. Pero lo único que hacen es más asistencialismo, mientras los dramas se ahondan bajo sus narices.

Al vetar el acuerdo con el FMI, La Cámpora pretende eliminar el sendero de estabilización pactado y recuperar la libertad para “poner plata en los bolsillos de la gente” y difundirlo mediante pautas publicitarias. Mientras tanto, la gente correrá detrás del espiral de precios, con pesos que se depreciarán a mayor velocidad. Como le ocurrió a Rudolf Hilferding, el mentor de Cristina Kirchner, en 1923.

¿Qué ideas tienen Larroque y su agrupación, además de emitir y crear nuevos impuestos? ¿Formar cooperativas en fábricas recuperadas? ¿Expropiar campos?

Larroque también propuso un “shock de inversiones” para reactivar la economía y entusiasmar a los gobernadores. Pero no con inversión privada, pues sería imposible, sino mediante un plan de obras públicas, sin financiación. Otra quimera inflacionaria de quienes no piensan en función del bienestar general, sino de las próximas elecciones y la impunidad de su lideresa.

Si además de tejer contubernios y ubicar parientes en el PAMI y en la Anses, hablasen con industriales del conurbano, sabrían que ninguno arriesgará un centavo si prevé que cuanto más venda, más perderá. Cierre de importaciones, ausencia de crédito, controles de precios, insumos en falta, licuación de cuentas a cobrar, pagos al contado y costos dolarizados, son obstáculos insalvables para quienes deberían dar empleos. Sumado a la conflictividad social derivada de la inflación creciente.

En cuanto al campo, tampoco tienen idea del nivel de inversiones que requiere operar una explotación agrícola o ganadera. No solamente el paradigma del trabajo de “sol a sol”, sino el capital requerido para preparar el suelo, sembrar semillas registradas, aplicar agroquímicos dolarizados, utilizar tecnologías satelitales y correr riesgos climáticos hasta la cosecha. Sin espaldas suficientes, los campos volverían a ser extensiones desiertas, con pastos duros y ganado cimarrón, como en el siglo XVIII.

¿Qué ideas tienen Larroque y su agrupación al respecto, además de emitir y crear nuevos impuestos? ¿Formar cooperativas en fábricas recuperadas? ¿Expropiar campos para arrendarlos a “pooles” de siembra, como propone Grabois? ¿No advierte que ningún inversor arrendaría en esas condiciones, salvo amigos del poder?

Quizás sea demasiado benévolo pensar que los cuervos que vuelan sobre Guzmán han leído a Hilferding para aplicar sus recetas en la Argentina. Más bien, parece una improvisación de los “pibes para la liberación”, para conservar sus cargos en el Estado y de paso, intentar tácticas “a la Putin” para proteger a la vicepresidenta del largo brazo de la Justicia, que la espera. Aunque los cuervos acechen.

Fuente: La Nación

Hace diez años, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, expuso en el Senado los fundamentos para expropiar a Repsol el control accionario de YPF. Con la soberbia de la renta sojera y lenguaje de dirigente estudiantil, propuso reemplazar las “viejas recetas” neoliberales de “ajustes permanentes”, por una nueva panacea: el modelo de crecimiento con inclusión social, que no requiere ajuste alguno. ¿La clave? Impulsar el mercado interno fortaleciendo los salarios, para crear un círculo virtuoso de crecimiento sin costo aparente. Según Kicillof, eso se lograría “desacoplando” los precios internos de los internacionales, pagando el Estado una diferencia a los productores para que tengan una utilidad razonable.

Esa “piedra filosofal” para generar riqueza mediante controles y subsidios, valdría tanto para la energía, como para los alimentos. Los argentinos deberían pagar por su comida, su nafta, su electricidad y su gas, solo lo que sus bolsillos permitan. Eso es, los costos internos de producción y no las plusvalías de los mercados internacionales. Un pensamiento cercano al “valor de uso” marxista, frente al “valor de cambio” capitalista. El resultado de ese experimento lo estamos viendo ahora.

Kicillof acuñó una expresión inolvidable, síntesis del pensamiento económico kirchnerista: “seguridad jurídica y clima de negocios, palabras horribles”. Según la militancia, como el Estado no es el problema, sino la solución, la inversión privada solo se requiere cuando y donde el gobierno lo disponga. La seguridad jurídica y el clima de negocios serían exigencias colonialistas para gobernantes genuflexos.

Eugenio Preobrazhenski (1886-1937), padre de la planificación soviética y la transición al socialismo, se anticipó un siglo a Kicillof rebatiendo también “viejas recetas” del capitalismo liberal, al publicar su obra La Nueva Economía (1926). Allí propuso acelerar la industrialización de la URSS con recursos del campo para subsidiar fábricas y al nuevo proletariado. Un Kicillof “avant la lettre”, aunque el ruso no apostrofó de “imbéciles”, “tarados” o “estúpidos” a los liberales de antaño –los marginalistas de la escuela austríaca– como el ministro agravió en el Senado a sus odiados “neoliberales” de hogaño.

La Unión Soviética se desarticuló en 1991, debido a que el marxismo, exitoso como metodología de análisis social, nunca funcionó como sistema económico, por haber ignorado la irreductible persistencia de los incentivos humanos. Al requerir fusilamientos para imponer sus objetivos, Josef Stalin logró una industrialización forzada, pero incapaz de sostenerse en el tiempo. Fue Mijail Gorbachov quien arrojó la toalla, reconociendo que, sin seguridad jurídica ni clima de negocios, no hay crecimiento posible. Sin capitalismo, no hay paraíso.

En China, Rusia, Vietnam, Malasia, Laos, Singapur y varias naciones africanas, donde rigen dictadores que se perpetúan en el poder, la “seguridad jurídica” se logra mediante sujeción a sus reglas autoritarias. Pero en las democracias liberales, donde se respetan los derechos individuales, sociales y humanos, los sistemas económicos no funcionan a punta de fusil. No es posible ignorar el rol de los incentivos en los procesos de inversión y consumo. Las democracias liberales son mecanismos de relojería complejos, con decisiones descentralizadas, que toman en cuenta la “seguridad jurídica” y el “clima de negocios” para coordinar expectativas.

Si se emite dinero sin control, el público se desprenderá rápido de los billetes, acelerando la inflación

Hace ya treinta años que el mundo ha archivado La Nueva Economía de Preobrazhenski y ha reconocido, por las buenas o por las malas, que los incentivos mueven las conductas humanas. Sin embargo, en la Argentina, con el invento del “desacople” para el crecimiento con inclusión social, el kirchnerismo ha ignorado principios elementales, a costa del bienestar general. O sea, haciendo un país para ninguno, mientras lo promete para todos.

Hasta un niño de escuela sabe que, si se obliga a vender más barato, se multiplicarán los compradores, pero desaparecerán los vendedores. Y los productos reaparecerán en el mercado negro, a precios mayores. O cambiarán las marcas, o los tamaños, o las calidades. Nadie regala nada. Y si medran inspectores, se transarán diferencias a través de coimas o favores. Elemental, Watson, dirán sus padres.

Si se congelan tarifas de electricidad aumentará el consumo displicente, pero habrá cortes de luz, porque las distribuidoras no harán inversiones. Si se desacopla el valor de las naftas y el gasoil, faltará combustible para tractores, autos y camiones. Si no hay gas por caída de inversiones “desacopladas”, habrá que importar GNL a precios siderales, y afrontar cortes en las fábricas.

Si se congelan peajes, los conductores se accidentarán por baches y banquinas mal mantenidas. Si se atrasan las cuotas de las prepagas, se reducirán las prestaciones y los pagos a médicos y sanatorios. Si se incrementan el PMO (Programa Médico Obligatorio) y los amparos judiciales, se fundirán las obras sociales, además de las prepagas. Si crecen los impuestos al trabajo y los juicios “para transar”, habrá menos empleo en blanco y mayor informalidad. Si se ofrecen créditos blandos, los tomarán quienes no harían esas inversiones con su propio dinero. Si se subsidia el transporte público, se inventarán trapisondas para cobrar de más, como lo enseñó Ricardo Jaime. Si crecen los planes, se generarán incentivos para no trabajar, mientras se financian “organizaciones sociales” con más poder que ministerios y municipios.

Si el Banco Central desacopla el tipo de cambio y sigue emitiendo, todos demandarán divisas baratas y los exportadores evitarán liquidarlas, dejándolo sin reservas para importar insumos y repuestos. Si se emite dinero sin control, el público se desprenderá rápido de los billetes, acelerando la inflación. Si se absorben los pesos con letras, se esconderá bajo la alfombra una bomba de tiempo inflada con intereses. Si se pretende compensar a jubilados, informales y monotributistas dándoles una pompa de jabón, jamás recuperarán el poder adquisitivo de sus ingresos, sino lo contrario, aunque el “modelo inclusivo” lo predique. ¿No es obvio? Sí, es obvio.

Si los jueces ceden a las presiones políticas, bancos y empresas exigirán ley de Nueva York en sus contratos, en lugar de la ley argentina. Si las ocupaciones de tierras son consentidas por los tribunales, el derecho de propiedad quedará en duda afectando el riesgo país. Si un garantismo ajeno al orden legal es permisivo con el delito, también dañará la seguridad jurídica y habrá menos recursos para educar y emplear a quienes hoy delinquen, impidiendo salir de la trampa social que denuncia esa doctrina. Si se indemniza a quienes se asilaron durante el régimen de Isabel Perón o la dictadura posterior, se armará una industria de especialistas para tramitar pagos en la oscuridad de expedientes reservados, como a Nacha Guevara.

En la crisis actual, los diversos actores del Frente de Todos, como un conjunto de jinetes sin cabeza, se desdicen, se cuestionan y se contradicen. Es indispensable que aprendan cómo funciona una sociedad, para que los incentivos se ordenen en sentido provechoso para el conjunto y no solo para quienes disfrutan de cargos y cajas del Estado, con agendas personales ajenas al descalabro que su ignorancia provoca.

Fuente: La Naciòn

Pocas instituciones del país tienen la longevidad y suscitan tanto respeto como la Academia Nacional de Medicina. Eso explica la simpatía con la que se han seguido los actos de apertura del año de su bicentenario.

La conmemoración comenzó el 9 del actual, fecha de su creación, hace 200 años, durante el gobierno de Martín Rodríguez y con la inspiración, cuándo no, de Bernardino Rivadavia, por entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Tiempo después de haber sido fundada, la institución entró en un proceso de inanición que se prolongó hasta después de Caseros. En el largo período del conservadorismo retrógrado y dictatorial de Juan Manuel de Rosas, quedaron neutralizadas las posibilidades de florecimiento de espacios de reflexión profesional con tendencia autonómica, como son las academias.

Entre las múltiples actividades contemporáneas, la Academia Nacional de Medicina se ha distinguido por su Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. Precisamente durante la pandemia que asoló al país desde marzo de 2020, ese instituto hizo llegar a los centros nacionales de salud indicaciones apropiadas a las circunstancias, desde el experimentado conocimiento de sus autoridades.

Ya sabemos de qué modo el gobierno nacional siguió su propio derrotero, por llamar de algún modo a un andar errático que incluyó decisiones tan escandalosas como la de desentenderse de vacunas de fabricación norteamericana, probadas antes del visto bueno oficial en Estados Unidos con la participación voluntaria de miles de argentinos. Dejó así, por un tiempo, a millones de argentinos prisioneros de una vacuna rusa que ni siquiera hoy cuenta con la legitimación de las potencias centrales de Occidente.

De todos modos, las aportaciones del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, a cargo del doctor Jorge Lemus, cerraron, como en una bienvenida predestinación ante la opinión pública, un círculo de actividades históricas. Se entroncaron de ese modo con el trabajo humanitario de no pocos miembros de la Academia en 1868/69, durante la epidemia de cólera y, en 1871, con la de fiebre amarilla.

De los académicos de aquellos años aciagos pudo decirse, al igual que de Mitre y sus hijos, que no abandonaron la ciudad, y estuvieron al servicio permanente del vecindario, aunque al precio de contraer la enfermedad. Esto se tradujo con el transcurso del tiempo en la condición de Mitre como caudillo popular de Buenos Aires en términos que no había conocido antes. Se había quedado en la ciudad, en contraposición a Sarmiento y la mayoría de los miembros del Congreso, que se retiraron por precaución al “pueblo” de Belgrano.

La ley de academias, sancionada en 1924 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, sentó las bases de prestancia y estimuló los servicios públicos de este tipo de instituciones, al catalogarlas como asociaciones civiles sin otra relación con el Estado que las subvenciones que hacen posible su funcionamiento. Dentro de una partida de recursos cada vez más exiguos, y que obligan a las academias a procurarse medios de subsistencia por otras vías, la Academia Nacional de Medicina participa de más del 50% del total asignado hoy por el Estado a estas organizaciones.

No es esto, conviene aclararlo, motivo de discusión alguna con las instituciones pares. La Academia Nacional de Medicina cuenta también con un Instituto de Hematología y participa con el Conicet del Instituto de Medicina Experimental (IMEX). Se trata de emprendimientos de excelencia, con niveles de investigación científica de orden superior y prestaciones a la sociedad de una significación que acarrea los costos consiguientes que deben afrontarse.

Esta gran academia sufrió, como otras instituciones de alta valía para la ciencia y la cultura del país, los vaivenes políticos del país. En 1952, un decreto tan disparatado como persecutorio del presidente Perón, dispuso que los académicos deberían retirarse a los 60 años de edad, cuando en realidad en esos ámbitos lo que se distingue son los méritos de una larga y probada trayectoria. Además, se determinó que no podían durar más de cinco años en los sitiales que ocuparan. Años después, un decreto del gobierno de la Revolución Libertadora, refrendado por el ministro de Educación, Atilio Dell’Oro Maini, restauró los fueros académicos.

Los más eximios maestros de la medicina argentina han tenido cabida en esta institución bicentenaria: Bernardo Houssay, que la presidió; César Milstein (este como miembro honorario) y Luis Federico Leloir. O sea, los dos primeros premios Nobel de Medicina, y el último, de Química; René Favaloro, también. Pero como parte de la Academia nadie ejerció en su historia mayor influencia que Mariano Castex, célebre profesor de Clínica Médica, y médico personal de los presidentes Alvear (con quien lo unía una relación familiar), Justo, Ortiz y Castillo.

Castex presidió la Academia con solo 42 años y correspondió a su iniciativa colocar la piedra fundamental del edificio de Las Heras, construido, como la escuela de al lado, por una donación de los hermanos Marcelino y Rafael Herrera Vegas en memoria del padre de ambos. La consistencia de ese palacio, tan asociada a la imagen conquistada por la medicina argentina a través de sus logros en la sociedad de la que es parte y en centros científicos del exterior, fue el resultado de largos años de trabajo. Se inauguró, finalmente, en 1942, después de haber tenido su sede, en los cinco años precedentes, en un edificio de Parera al 100.

Hacemos votos para que el lucimiento de las realizaciones por el año del bicentenario sea acorde con el ilustre historial de esta institución que enaltece al país.

Fuente: La Nación

Hace 40 años, el único unicornio destacado era el azul que perdió el cantautor cubano Silvio Rodríguez y por el cual ofrecía “cien mil un millón” para obtener información. Si ahora lo hubiese buscado por una red social cubana (no censurada), lo habría encontrado con facilidad.

El siglo XXI es tiempo de otros unicornios. Son empresas jóvenes, basadas en la innovación tecnológica y que revolucionan actividades tradicionales. Cuando tienen éxito y llegan a valorizarse por encima de los 1000 millones de dólares, el mercado inversor las denomina “unicornios”, evocando el carácter fantástico del animal de un solo cuerno, espiralado, que imaginó la mitología griega.

Lo sorprendente es que la Argentina, un país en decadencia, agobiado por la inflación y la pobreza, con una clase media en vías de extinción, haya dado lugar a una docena de esos unicornios como Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX, AuthO, Ualá, Vercel, Aleph, Tiendanube, Mural, Bitfarms y Satellogic. Además de otros en gestación, que aún no han llegado a ese terreno de valorización.

Habiendo pasado por sus aulas, públicas y privadas, la mayor parte de sus fundadores vive en el exterior, aunque reconocen la existencia de un “ecosistema emprendedor” en nuestro país, donde contratan a muchos de sus colaboradores. Todos ellos, sin duda, han sido el último aliento de la Argentina educada, amante del progreso, el esfuerzo y el mérito, valores “burgueses” que prevalecían hasta el descalabro populista de este siglo.

Marcos Galperín (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Alec Oxenford (OLX), Eugenio Pace y Matías Wolowski (AuthO), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Gastón Taratuta (Aleph), Ignacio Franchini y Eugenio Munaretto (Tiendanube); Patricio Jutard, Mariano Suárez Batán y Agustín Soler (Mural); Emiliano Grodzky y Nicolás Bonta (Bitfarms) y Emilio Kagierman (Satellogic), además de los ya veteranos Martín Varsavsky y Wenceslao Casares, han revolucionado el comercio electrónico, el desarrollo de software, la seguridad informática, la inclusión financiera, las plataformas digitales, la publicidad en internet, las tiendas virtuales, las pizarras online, el “minado” de bitcoins y hasta minisatélites de baja órbita para servir al agro, la minería y los hidrocarburos.

Esas visiones contrastan con otros personajes sórdidos, que dedican su creatividad a construir negocios alrededor de las cajas del Estado o a obtener inmensas plusvalías mediante regulaciones que disponen aportes compulsivos o regalan mercados cautivos. A diferencia de los luminosos unicornios, se especializan en expoliar a los argentinos, condicionando políticas públicas en su provecho, usando el empleo como toma de rehenes, anudando connivencias sindicales y repartiendo comisiones en tiempo y forma. Eso explica la oposición de factores de poder a cualquier auditoría externa, como el FMI, que pudiese correr el velo de ese maridaje siniestro que bloquea el crecimiento del país.

Ningún unicornio se formó sobre la base de contactos oficiales, ni con adjudicaciones directas, ni con regulaciones de favor. Han generado riqueza con propuestas disruptivas reconocidas como creadoras de valor en cualquier idioma, en cualquier latitud. En pocas palabras, son competitivos a nivel global. Si la Argentina no hubiese adoptado un corporativismo corrupto que remató al Estado al mejor postor, arruinando sus instituciones, los unicornios serían muchísimos más y ofrecerían oportunidades de trabajo a millones de jóvenes que hoy no encuentran futuro.

Si Silvio Rodríguez perdió en Cuba su unicornio azul hace 40 años y nunca más lo pudo encontrar, esperemos que la Argentina logre desembarazarse de los oscuros intereses para no perder más unicornios, ni tampoco las 650 mil empresas de la economía real que sobreviven a un gobierno aliado a quienes debería repudiar

En el podio de sus antípodas, está, sin duda, Hugo Moyano y su familia, cuyas empresas saben “minar bitcoins” extrayendo valor del Sindicato de Camioneros y de Oschoca, su obra social, desviando fondos de los trabajadores a su bolsillo, además de retornos en las compras y refacciones a precios inflados. El presidente Alberto Fernández no recibe en Olivos a los unicornios, sino a este sindicalista prepotente, enemigo acérrimo de aquellos. Prefiere mercados cautivos al mercado abierto.

Víctor Santa María, titular de un holding nutrido con expensas abonadas por consorcistas agobiados, está en el escalón siguiente. Por ello, muchos edificios han convertido las porterías en maxikioskos, tercerizando los servicios de limpieza. Como su fuerte son las alturas, se traslada en un helicóptero de casi tres millones de dólares, lujo desconocido entre los unicornios, formados en la cultura del trabajo austero. Es ineludible referirse también a Mauricio Filiberti, proveedor de cloro a AYSA, cuya fortuna incluye un yate de 74 metros en el Mediterráneo. Su contratista Transclor ha desinfectado por décadas las aguas que bebemos, pero a un costo que mejor ignorar, para no envenenarnos. Ahora es dueño de Edenor, en sociedad con José Luis Manzano, a quien Horacio Verbitsky atribuyó la famosa frase “robo para la Corona”.

Amado Boudou, siendo aún vicepresidente, quiso imitar a este último, pero sin igual talento. Intentó comprar Ciccone Calcográfica para imprimir billetes con inflación creciente, pero no le salió. Revalidó su título de “auténtico decadente” para asesorar a Hebe de Bonafini, quien, luego de compartir sueños con Sergio Schoklender, quería mejorar la imagen de su fundación. Con su vara moral, debe pensar que la mejoró.

Cristóbal López, Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra son antípodas recientes. Tanto se ha escrito sobre ellos, que poco puede agregarse acá. Su principal talento fue cobrar sobreprecios en contrataciones públicas: un juego de niños cuando se controlan las dos puntas. Mientras otros argentinos diseñaban satélites de baja órbita, López y su socio Fabián de Souza, en órbita estelar con Ricardo Echegaray (AFIP), retuvieron el impuesto a los combustibles para adquirir Petrobras. Un ejemplo de creatividad que merece un premio de Florencia Saintout (Universidad de La Plata).

Tampoco puede omitirse al grupo Eskenazi, “experto en mercados regulados”, que compró parte de YPF sin pagarla, en un negocio concebido por Néstor Kirchner, sin segundas intenciones. Al igual que Boudou, el enjuague fracasó y después de quebrar dos subsidiarias españolas, le dejaron al Estado la demanda de Burford Capital, gracias a otra torpeza de Axel Kicillof. Dos casos para que enseñe Laura Radetich, la efusiva maestra de La Matanza, si quiere sacar a sus alumnos de la pobreza.

Para coronar ejemplos, cuesta entender cómo Juan Grabois, tan próximo al papa Francisco, pueda llamar “hombre bueno, de corazón puro” a Máximo Kirchner, capitalista hotelero, heredero de una fortuna de origen ilícito, que jamás se ha arrodillado para lavar los pies a un pobre. Quizás haya visto la misma ecografía cardíaca que comparten algunos científicos, artistas e intelectuales, cuando aplauden a este hombre tan bueno y puro como su madre, según ese estudio.

La Argentina está inmovilizada por la gravitación de intereses oscuros sobre la política en todos sus niveles; una red de privilegios y prohibiciones que inhiben cualquier iniciativa creativa. Si Silvio Rodríguez perdió en Cuba su unicornio azul hace 40 años y nunca más lo pudo encontrar, esperemos que nuestro país logre desembarazarse de aquellos intereses para no perder más unicornios, ni tampoco las 650.000 empresas de la economía real que aún sobreviven a un gobierno aliado de quienes debería repudiar.

Fuente: La Nación

El reciente acampe durante dos días en la avenida 9 de Julio no fue un acto espontáneo para celebrar una gesta patriótica, para venerar una aparición milagrosa o en solidaridad por el pueblo ucraniano. El insólito camping mostró, al pie del Obelisco, la peor faceta del populismo: cómo ha logrado hundir al país en un marasmo de pobreza que cualquiera aprovecha para socavar los cimientos de la Nación.

Movilizados por el Frente de Unidad Piquetera, el Polo Obrero y otros grupos sociales de extrema izquierda, en demanda de más planes Potenciar Trabajo, muy pocos de los 20.000 acampantes se trasladaron hasta allí por ideología, sino por necesidad. Con el aumento de la inflación, el dinero no alcanza y las familias quedan indefensas ante la extorsión de quienes controlan a discreción la billetera oficial.

Padres y madres, con sus criaturas, fueron trasladados en ómnibus, como rehenes de una batalla mayor que no comprenden, contra el capitalismo, contra la propiedad privada y en favor de la dictadura del proletariado. Por lo menos, esa es la ideología de quienes los llevaron, seguidores de Trotsky y su “revolución permanente”.

Poco les importa a quienes desprecian el orden burgués que se interrumpa el Metrobús, que se afecten derechos de otros ciudadanos, que se exponga a menores al frío o a eventuales hechos de violencia. “Cuanto peor, mejor” es la consigna para transitar hacia modelos fracasados como Cuba o Corea del Norte. Y allí van miles de argentinos, como ratoncitos tras el flautista de Hamelin. Cualquier obstáculo a esa marcha es “criminalizar” la protesta social, como si el trotskismo, al desconocer el orden constitucional, tuviese un salvoconducto para violarlo.

Es la cuadratura del círculo, que ningún político se atreve a resolver. Una papa caliente que nadie quiere agarrar pues, mientras haya inflación e inestabilidad política, la pobreza demandará más planes y la emisión provocará más pobres. Y si se cortan, sin un programa integral, habrá más piquetes y menos paz social.

El kirchnerismo ha creado las condiciones para una tormenta perfecta. Al defender el déficit fiscal con uñas y dientes, privilegió la inflación para financiar su estrategia de subsidios en busca de la impunidad de la lideresa. Y ha colocado a los más pobres en una rueda de hámster cada vez más concurrida: la carrera de precios y salarios.

Un funcionario del área social, verdadero Francis Fukuyama criollo, ya había declarado “el fin del capitalismo” en la Argentina. Pues, según su predicción, durante el menemismo se impuso una reconversión productiva que cerró fábricas y provocó desocupación. Como paliativo, se lanzaron planes asistenciales temporales, a la espera de un nuevo ciclo que reincorporase a los excluidos al sistema formal. Pero ello no ocurrió, según el funcionario, por fracaso del capitalismo y los excluidos nunca podrán regresar a la relación de dependencia tradicional. Profecía autocumplida por la incompetencia del gobierno que integra.

Ahora los planes son permanentes, asumiendo el Estado el rol de reemplazar al mercado y dar salida laboral con el plan Potenciar Trabajo a través de la economía popular, donde cuatro millones de personas se las “rebuscan” con tareas que les dan dignidad como personas, pero que no pueden sostenerse sin ayuda estatal. Con programas de capacitación para la inserción laboral, pero sin demanda del sector privado, todo esfuerzo se malogra en las redes de la política, donde impera el clientelismo, la subordinación y la ineficacia.

La estructura productiva argentina quedaría, entonces, conformada por dos universos diferentes: las vetustas empresas privadas, incapaces de generar empleos por la cortedad de sus miras y las vibrantes organizaciones sociales, impulsoras de cooperativas sin lucro ni patrones, pilares de un desarrollo “más inclusivo e igualitario”. Lo que soñaba el Che Guevara para Cuba, ejemplo de improductividad, politización y miseria, donde los ancianos no pueden jubilarse si quieren seguir comiendo.

La presencia en el acampe de Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y miembro del Frente de Todos, demuestra una convergencia de ideas, pues “todas las luchas son justas”. Al igual que los referentes del Polo Obrero, Grabois coordina entidades que reciben fondos cuantiosos del Estado y parece creer, como Pierre Proudhon, que la propiedad es un robo, al alentar tomas de tierras, urbanas o rurales, según su sentido personal de la justicia.

El programa acordado con el FMI, si se cumpliese, ofrecería un marco mínimo de estabilidad para disminuir el riesgo país, reducir la brecha cambiaria, mejorar el clima inversor y desinflar las presiones inflacionarias. En otras palabras, ayudar a salir del círculo vicioso de la decadencia y generar trabajo genuino, sin tutela, ni apoyos estatales. Pero ese programa es boicoteado por el mismo frente que gobierna,

Ante el fracaso de los controles de precios, el diputado Leopoldo Moreau y el gobernador Axel Kiciloff, con iguales consignas que la izquierda piquetera, rechazan el acuerdo con el FMI e instan a cubrir el déficit con medidas radicales: “si hay precios de guerra, se necesitan medidas extraordinarias”. ¿Retenciones móviles? ¿Junta Nacional de Granos? ¿Expropiaciones? ¿Prisión por agio y especulación? ¿Más impuestos de emergencia?

Se trata de alternativas distorsivas, que agravarán la crisis, profundizando la desconfianza. Es imposible salir del círculo vicioso de los planes sociales, si se descree de la fuerza creadora del capitalismo, basada en el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Basta consultar las reformas de Deng Xiao Ping (1978-2018) que sacaron de la pobreza a 750 millones de chinos, la Perestroika de Mijail Gorbachov (1985) que sepultó al comunismo soviético o las experiencias de las 15 repúblicas que integraban la URSS (1991) hasta convertirse, varias de ellas, en potencias económicas europeas.

La única solución para los planes sociales es un programa integral, basado en consensos políticos, que permita generar los empleos requeridos para sacar a los 17 millones de pobres de la rueda de hámster donde los puso el kirchnerismo para que corran, sin parar, detrás de precios que nunca alcanzarán. Salvo – claro está– para algunas “salidas transitorias”, llevándolos a piquetes, con una carpa y un choripán.

Fuente: La Nación

Las imágenes de fosas comunes y de civiles acribillados en las calles de Bucha, algunos atados de manos y con disparos en la cabeza, son propias de un cuento de horror. Esta brutal matanza es considerada uno de los peores crímenes de guerra ocurridos en Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el Kremlin se desentendió de las atrocidades, al afirmar que se trataba de una nueva provocación y una mentira de Occidente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que Estados Unidos había ordenado imágenes de civiles muertos como parte de un complot para culpar a Rusia. Sin embargo The New York Times publicó un análisis de imágenes satelitales que refuta la hipótesis rusa.

Son varios los países que hablan de genocidio. Otros han pedido que Putin sea considerado un criminal de guerra y juzgado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Tal el caso del presidente estadounidense, Joe Biden, que no solo reiteró que Vladimir Putin es un criminal de guerra, sino que anunció que impulsará un juicio internacional y buscará la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La población ucraniana soporta la peor de las guerras y la sed de venganza de Putin, pero ello no le impidió documentar desde el inicio de la invasión las violaciones de los derechos humanos que abarcan los ataques indiscriminados a instalaciones sanitarias, centros educativos y edificios destinados a vivienda.

La escalada de esta masacre debe hallar una nueva respuesta por parte de los países occidentales. Esclarecer cuanto antes la responsabilidad de las atrocidades cometidas en Bucha y seguramente en otras ciudades de Ucrania es un imperativo moral indeclinable. Tanta barbarie no puede quedar impune.

Fuente: La Nación

Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación en 1946, derogó el decreto de su predecesor, Edelmiro J. Farrell, que adhería al recién creado Fondo Monetario Internacional (FMI), por considerarlo un “nuevo engendro del imperialismo”. La Argentina fue el único país latinoamericano en no aceptar al organismo financiero internacional, como tampoco declaró la guerra a la Alemania nazi hasta dos meses antes de la caída de Berlín. Desde entonces, todo lo que implique tratar con esa entidad crediticia se encuentra marcado por ese prejuicio, ya parte de la cultura nacional. Para referirse al FMI es indispensable recurrir a subterfugios, argucias y disimulos que eviten el calificativo de “antipatria”.

El reciente acuerdo alcanzado para evitar el inminente “default” ha demostrado hasta qué punto los preconceptos y la ideología impiden resolver temas serios, en forma explícita, y cómo se recurre a embustes y jugarretas que solo dañan lo que se quiere reparar.

Esta vez, el propio FMI aceptó entrar en ese juego, al declarar que “la Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento sostenible e inclusivo”. Sin embargo, sus funcionarios prevén que ningún compromiso será cumplido. Prefirió ser cómplice de un embuste “piadoso” y evitar el colapso argentino en medio de una crisis internacional. Sabe que la inflación, el ajuste a los pobres, seguirá aumentando, por el rechazo oficial a políticas “que fomenten un crecimiento sostenible e inclusivo”.

Los preconceptos y la ideología impiden resolver temas serios, mientras se recurre a jugarretas que solo dañan lo que se quiere reparar

El presidente Alberto Fernández, dirigiéndose al kirchnerismo, desplegó otro embuste: “¿Dónde están los ajustes? Con este acuerdo con el FMI, no hay ajuste”. Sin duda, el acuerdo no prevé reformas estructurales y por tal razón, no será sostenible. No prevé específicamente reducir gastos del Estado y encima, deberá quintuplicar las sumas previstas para importar energía. El actual jefe del Estado sabe también que, desde 2019, la inflación creciente ha mellado el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, planes y pensiones. El impuesto inflacionario, el ajuste más cobarde e insidioso, opera en forma impiadosa.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, con picardía, tramó su propio embuste. No ignora que el desequilibrio fiscal, heredado de su gestión y potenciado por el “plan platita” electoral, es inmanejable. Para curarse en salud y tomar distancia de la ineludible expansión de la pobreza, echa la culpa, en forma anticipada, a “las recetas del FMI”, aunque ni Hacienda, ni el Banco Central piensen aplicarlas en sus cocciones fiscales y monetarias. Más bien, para aplauso de la “patria financiera”, continuarán aumentando la tasa de interés, con un dólar controlado. Haciendo crecer, de esa manera, la inflación reprimida en el enorme stock de Leliqs. Otro embuste, más sofisticado.

Esta vez el FMI prefirió ser cómplice de un embuste “piadoso” y evitar el colapso argentino en medio de una crisis internacional

Este juego de embustes, adolescente y chapucero, empuja a la Argentina hacia un precipicio, sin que nadie pueda frenar la agonía de nuestra moneda, por falta de consenso político. Y así, uno de los países más dotados del planeta, se encuentra paralizado por un sistema de ideas y creencias perimidas, cuyo único resultado es el sacrificio de los más vulnerables en aras de mitos fracasados. O aún peor, en aras de la impunidad de la familia Kirchner, sus socios y testaferros.

Criticando la “moderación” de Fernández, intelectuales y artistas dieron a conocer un documento exigiendo medidas “rupturistas de un orden injusto e insustentable” para “mejorar la vida de nuestro pueblo”. De tanto leer a Ernesto Laclau, como Alonso Quijano leía libros de caballerías, sus autores pierden la perspectiva y el juicio crítico, haciendo recordar los grafittis de París (1968) o las consignas del “Cordobazo” (1969).

La vicepresidenta Cristina Kirchner tramó su propio embuste. No ignora que el desequilibrio fiscal, heredado de su gestión y potenciado por el “plan platita”, es inmanejable

Si alguna condena merece la moderación de Fernández es por razones opuestas a las invocadas. Mientras no se encaren reformas estructurales, para que el esfuerzo colectivo no se desvíe por distorsiones que impiden el crecimiento y la justa distribución de la riqueza, el país no se pondrá de pie.

En la Argentina, el mercado que mejor funciona, es el que opera dentro del Estado, no por fuera, como lo imaginan los intelectuales y artistas. A través de los años, factores de poder han consolidado sus intereses cooptando áreas de la gestión pública, en la Nación, provincias y municipios. O, aun más importante, en las empresas del Estado. De ese modo, se han asegurado contrataciones amañadas, mercados cautivos, regímenes de privilegio, estatutos especiales, distorsiones laborales, cajas discrecionales, concesiones leoninas, proteccionismo desmedido, créditos regalados o negocios paralelos. Ni qué hablar de las organizaciones sindicales, espina dorsal del movimiento peronista, con su personería única, sus aportes compulsivos y obras sociales millonarias y nunca auditadas, que han permitido formar, a sus dirigentes, patrimonios sorprendentes.

Ni Martín Guzmán ni los intelectuales y artistas que lo cuestionan entienden que, en la Argentina, para ganar dinero, no es necesario ser competitivo, sino “tener la vaca atada” con amigos en el poder

Y como contracara, funciona otro mercado, que desconocen los intelectuales y artistas, donde operan abrepuertas, intermediarios y lobistas, que recorren pasillos y despachos para atar puntas, influenciar dictámenes y lograr decisiones que pagan los que menos tienen. Es una alianza tan fuerte, que condiciona cualquier gestión de gobierno. Sindicatos, cámaras, consejos, colegios, gremios, guildas y cofradías, pocos hay que no hagan defensa cerrada de algún decreto, alguna resolución o algún inciso, claves para su rentabilidad sectorial.

Cuando Raúl Alfonsín quiso democratizar los sindicatos (ley Mucci) fracasó por la oposición de la CGT y el peronismo. Cuando Carlos Menem intentó flexibilizar las relaciones laborales, con Armando Caro Figueroa al frente del Ministerio de Trabajo, tampoco lo logró. En cuanto al decreto 2284/91 de desregulación económica, impulsado por Domingo Cavallo para introducir competencia en áreas tan disímiles como los honorarios profesionales, las farmacias o el transporte, poco duró. En tiempos recientes, el régimen de promoción de Tierra del Fuego que debía caducar, se extendió y la discrecionalidad en la gestión del comercio exterior, se agravó.

Como se señaló alguna vez, “en la Argentina, el problema son los lícitos, no los ilícitos”

Probablemente, quienes capturan plusvalías a través de su exitosa gestión en el mercado político, se habrán aliviado al advertir que no corren ningún peligro, ni con el acuerdo alcanzado con el FMI, ni con el documento “Moderación o Pueblo”, ya que ni Martín Guzmán, ni los intelectuales y artistas que lo cuestionan, entienden que, en la Argentina, para ganar dinero, no es necesario ser competitivo, sino “tener la vaca atada” con amigos en el poder. Como se señaló alguna vez, “en la Argentina, el problema son los lícitos, no los ilícitos”.

Con candidez universitaria, Guzmán defendió el acuerdo con el FMI sosteniendo que logró poner por delante “los intereses de la economía real”. Conociendo las trenzas corporativas que bloquean la productividad argentina, hubiese sido más acertado que pusiera por delante el interés general y no “los intereses”, en plural.

La inflación solo podrá detenerse con un shock de confianza, que reduzca, de la noche a la mañana, la velocidad de circulación del dinero. Es decir, con un cambio abrupto de expectativas, que aumente el apetito de los argentinos por conservar pesos en lugar de dólares. Mientras la coalición gobernante se quiebra por no haber cumplido el Presidente con los objetivos judiciales de Cristina Kirchner, el país seguirá escuchando embustes, mientras continúa el único ajuste: la inflación.

Fuente: La Nación