Categoría: Entrevistas

Dos turistas fueron gravemente agredidos la semana pasada por un grupo de encapuchados que cortaban la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi. Los jóvenes se acercaron a los manifestantes para saber cuánto demoraría el corte y fueron atacados violentamente con palos y piedras. Las heridas muestran que el azar impidió que los golpes les causaran lesiones irreversibles o incluso la muerte. No hubo autoridades ni para evitar el corte ni para defender a los turistas. No hubo tampoco ningún funcionario nacional o provincial de ningún ministerio, ni de Parques Nacionales, ni del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) que se pronunciara al respecto. Hace tiempo que el Estado ha abandonado el área.

Hay que decirlo nuevamente y en voz alta: no se trata de “un conflicto mapuche”. Se está frente a un conflicto originado por violentos delincuentes comunes que actúan en una región del país donde conceptos como derecho de propiedad, libre tránsito y seguridad se ven diariamente atropellados. Como solución a un problema ya cotidiano, el Gobierno solo ha promovido el simulacro de las llamadas “mesas de diálogo” –entre dichos delincuentes y los castigados ciudadanos–, que resultaron, de acuerdo a lo previsible, inútiles. Los violentos encapuchados celebran salirse con la suya mientras la sociedad sigue bregando pacíficamente para que alguno de los ya demasiados expedientes que se tramitan ante la justicia provincial y federal encuentren un solo funcionario que aplique la ley en tiempo y forma. No estamos ante una rebelión generalizada; se trata solo de un reducido grupo de sediciosos que han decidido desacatar la Constitución y desafiar la soberanía argentina. La verdadera comunidad mapuche se encuentra integrada pacíficamente con la sociedad local y quienes pretenden reclamar documentadamente sus derechos recurren a los procedimientos legales previstos para tales efectos.

La voluntad de las autoridades de poner orden continúa ausente y los vecinos de la Patagonia se sienten cada vez más indefensos. Hace ya mucho tiempo ya que el Estado los dejó librados a su suerte

Un estudio promovido por la consultora Trespuntozero en Neuquén, Río Negro y Chubut muestra que el 80,6% de los encuestados opina que el conflicto derivado de la toma de tierras en la Patagonia es de una gravedad alta o muy alta, que el desempeño del gobierno nacional frente al conflicto es malo o muy malo y que el accionar de la Justicia es también malo o muy malo. En pocas palabras, la opinión mayoritaria es que las instituciones no defienden ni la soberanía ni los derechos de los ciudadanos.

En Chile se ha liberado a Facundo Jones Huala, principal referente de la violencia local. Vale la pena destacar una cuestión significativa: Jones Huala guarda relación con los cuatro grandes conflictos de la Patagonia. En Cuyamen, donde murió ahogado Maldonado, estaba Jones Huala; en Mascardi se encuentran los hermanos de Jones Huala; en el Parque Central de Bariloche, un espacio de 2500 hectáreas destinado a toda la ciudadanía, está la madre de Jones Huala y, en Cuesta del Ternero, donde ya hubo que lamentar una muerte, también hay familiares de Jones Huala.

La voluntad de las autoridades de poner orden continúa ausente y los vecinos se sienten cada vez más indefensos. La violencia no tuvo como único objetivo las viviendas cercanas al lago Mascardi, ni las agresiones físicas a los dueños de algunas cabañas o a Parques Nacionales. Recientemente, incendiaron el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y dos máquinas de Vialidad rionegrina cerca del cerro Catedral, en Bariloche, solo por mencionar algunos de los daños.

Estamos ante una administración que ha llegado a una indiferencia cómplice y escandalosa, cuando no una indiscutida connivencia para cometer delitos. Priorizando cuestionables ideologías y prácticas asociadas al clientelismo político, los gobernantes han abandonado su auténtica razón de ser: la gestión ordenada y eficiente de las cosas, el servicio a la ciudadanía y, por sobre todo, el respeto a los derechos fundamentales. No se trata de sordera, ni de ineptitud, se trata sin ningún margen de duda de una burda y manifiesta complicidad.

Fuente: La Nación

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“La Corte Suprema invadió a los demás poderes del Estado”, sentenció Juan Martín Mena, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), actual viceministro de Justicia de la Nación y alfil de Cristina Kirchner en cuestiones judiciales, ante el reciente fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 que desbalanceó el Consejo de la Magistratura, impulsada por la hoy vicepresidenta.

El juez Juan Ramos Padilla, quien calificó de “delirante y golpista” el referido fallo, impulsa la marcha contra la Corte convocada para pasado mañana. “Sacaremos este poder que afecta la soberanía, el desarrollo y la paz de nuestro pueblo”, amenazó.

El viceministro de Justicia y el juez ignoran que corresponde al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Ese principio, aplicado por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene un siglo y medio de vigencia y constituye uno de los pilares de nuestro sistema republicano.

Los miembros de la Corte no son elegidos ni removidos por regla mayoritaria como los integrantes de otros órganos políticos, explicó el constitucionalista Roberto Gargarella al referirse a la “objeción democrática” que se interpone en la cuestión, justamente para contar con la independencia necesaria para ejercer esa potestad de control de constitucionalidad.

El kirchnerismo más duro impulsa la movilización desconociendo el juicio político como instrumento para remover jueces y lo hace falsamente amparado en la que definen como una demanda social que busca “aumentar el control popular”, evitar que se apliquen “leyes contra el pueblo” y “democratizar la justicia”. El artículo 121 de la constitución cubana establece que los tribunales están subordinados a la Asamblea del Poder Popular y al Consejo de Estado. ¿Será el modelo que buscan imponer al presionar a la Corte?

Nuestra Constitución nacional señala que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete el delito de sedición”, una figura penal de inusitada gravedad.

Con su violencia acostumbrada y “finos” modos, Bonafini vocifera: “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela; que les moleste”. Lo pregona subida a un tren fantasma de impresentables, desfachatados y sinvergüenzas, muchos de ellos con prontuarios delictivos, conocidos por sus prepotencias y procederes antidemocráticos

La diputada camporista Vanesa Siley y sus pares Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, el embajador Ricardo Alfonsín y organismos de derechos humanos apoyan la movilización.

Roberto Baradel, conductor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, confirmó la presencia de la entidad, pero no todos los gremios asumieron la misma postura. También los muy desacreditados Pablo y Hugo Moyano, que, parece una ironía, se consideran víctimas de persecución judicial, reclamarán la renovación del tribunal. Luis D´Elía y Hebe de Bonafini, que más de una vez cuestionaron a los “gordos “cegetistas, hoy se les unen para “echar a todos los miembros de la Corte”. Con su violencia acostumbrada y “finos” modos, Bonafini vociferó: “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela; que les moleste”. Lo pregona subida a un tren fantasma de impresentables, desfachatados y sinvergüenzas, muchos de ellos con prontuarios delictivos, conocidos por sus prepotencias y procederes antidemocráticos.

El propio presidente Alberto Fernández fijo posición al afirmar que “con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”. Sin la más mínima autocrítica, el jefe del Estado parece no querer darse cuenta de que, si hay un poder que realmente funciona muy mal hoy, es precisamente el Poder Ejecutivo que él representa.

La institucionalidad peligra. Aquel “vamos por todo” recobra fuerza. La burda arremetida contra el máximo tribunal de justicia del país amenaza con sumergirnos aún más en el oscuro y convulsionado tramo de la historia que estamos atravesando. Que no nos distraigan ni nos mientan más. No a la impunidad, sí a la república

La independencia de los poderes republicanos y el control de constitucionalidad de las leyes siempre será un problema para quienes solo desean gobernar por decreto y burlar a la Justicia. Los dichos del Presidente resultan imperdonables, máxime si se tiene en cuenta que provienen, además, de un funcionario profesor de derecho que se define como democrático.

Profesores de derecho de todo el país rechazaron la marcha y programaron un encuentro en defensa del máximo tribunal para dos días después. Destacaron la gravedad de que integrantes de los tres poderes del gobierno federal, con el expreso aval del presidente de la Nación, apoyen la iniciativa destituyente en abierta violación de la separación de poderes que fija la Constitución.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la marcha y alertó sobre la gravedad del nuevo ataque al Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó de igual modo los dichos de Alberto Fernández.

Debilitado tras la última derrota electoral, los tiempos del oficialismo se acortan. La confianza en el Gobierno se encuentra entre las más bajas de la década. Cada quien elige sus batallas y la embestida contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se hace parecer como prometedora bajo el disfraz de una cruzada en defensa del pueblo, disimulando así su auténtico vil objetivo. El discurso de la vicepresidenta en Honduras culpando a los jueces de ir contra los intereses de la mayoría confirma el rumbo.

Con tensiones que se acrecientan, la certeza respecto de un plan de impunidad para beneficiar a Cristina Kirchner se robustece en la sociedad y el Gobierno evidencia estar cada vez más disociado de la agenda ciudadana. No hay lógica, solo urgencias. La movilización propone un frente superador de las diferencias internas, cuando lo cierto es que sus organizadores solo se parapetan detrás del reclamo de impunidad, rejuntados en una enorme bolsa de gatos. Una muestra de fuerza que –transporte, paga y choripanes mediante– pretenderá convertirse en advertencia –propia del estilo patoteril y mafioso al que adhieren– para una justicia, que deberá pronunciarse en causas sensibles como la del pacto con Irán, Cuadernos, Vialidad, Hotesur y Los Sauces, entre muchas otras.

Les preocupa también que, en el último tiempo, el tribunal supremo exhiba récords de fallos. Al oficialismo, ciertamente, más que nunca le convendría su lentitud. Ochenta son los funcionarios con recursos pendientes por causas de corrupción, involucrados en fallos de alto impacto político y económico. Aguardan también en la Corte nueve recursos presentados por la vicepresidenta, señalada como jefa de una asociación ilícita en varios expedientes judiciales.

Sin número suficiente para remover jueces, sin consensos legislativos para las reformas, solo les resta atropellar e insistir con el tan inconsistente como falaz discurso del lawfare y las acusaciones a la Corte. El pensamiento mágico que les permite reconocer un triunfo en una sonora derrota los conduce también a ilusionarse con que los jueces probos reaccionen a las amenazas y presiones, y simplemente renuncien.

El Gobierno insistirá con seguir introduciendo cambios en las reglas de la institucionalidad para construir un sistema judicial afín, como en la República de Cuba. Una desesperada lucha que se libra en varios frentes. La batalla por el Consejo de la Magistratura debería unir a todo el bloque opositor y será crucial el tratamiento de esa ley en las sesiones extraordinarias que arrancan pasado mañana.

Mientras tanto, la activa mesa judicial kirchnerista integrada, entre otros, por Oscar Parrilli, Eduardo Valdés, Rodolfo Tailhade, Juan Martín Mena y Leopoldo Moreau, aspira también a deshacerse del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y del fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, además de tratar la ley de reforma de la Corte y el pliego del impresentable juez Daniel Rafecas para ungirlo como jefe de los fiscales.

La institucionalidad peligra. Aquel “vamos por todo” recobra fuerza y el tren fantasma que marchará contra la Corte Suprema amenaza con sumergirnos aún más en otro tramo oscuro de difícil retorno en nuestra convulsionada historia. Que no nos distraigan ni nos mientan más. “Democratizar” nunca será instaurar una garantía de impunidad. Está en cada uno salir de la anomia y la comodidad para hacernos cargo activa y mancomunadamente del futuro de la Nación. Exijamos el robustecimiento de las instituciones y defendamos la división y el equilibrio de poderes. No a la impunidad. Sí a la república. Sí a la justicia independiente. Mañana puede ser tarde.

Fuente: La Nación

Toda prohibición u obligación por parte de la autoridad implica alguna limitación de las libertades individuales de sus gobernados. Esto no significa que deban rechazarse por principio, ya que podrían ser necesarias bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, difícilmente podría objetarse la obligación de conducir por la derecha o la de revisar técnicamente el vehículo cuando supera cierta antigüedad, pues entra en juego la seguridad de terceros. También puede ocurrir con la salud. Justamente es en esta área donde se han despertado discusiones relativas a la vacunación contra el Covid. El principio debe ser el de respetar en todo lo posible las libertades individuales en tanto la incidencia sobre el resto sea limitada.

Con la firma de los legisladores nacionales oficialistas Juan Carlos Alderete (Buenos Aires) y Lía Caliva (Salta) fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el que se incorporan al Calendario Nacional de Vacunación las vacunas aplicadas contra el Covid-19 y sus variantes. De sancionarse esa norma serían aplicables a estas dosis las disposiciones de la ley de control de enfermedades prevenibles por vacunación, que regula ese calendario, y que en su artículo 2° establece la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Consecuentemente con ello, en su artículo 7° dispone: “Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación (… ) son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación”. Esta obligatoriedad se traduce en la exigencia de presentación de certificados en determinadas circunstancias. Por ejemplo, para el ingreso y egreso del ciclo lectivo, la tramitación o renovación del DNI, el pasaporte y la licencia de conducir o la gestión de asignaciones familiares. El incumplimiento de la obligación de vacunarse sería además penalizado con multas y habilitaría a la autoridad sanitaria jurisdiccional a emprender acciones para efectivizar la vacunación, que podría llegar hasta su realización compulsiva.

La ley actual establece que las vacunas contra el Covid no son obligatorias. El nuevo proyecto, sí

El nuevo proyecto propone la vacunación contra el Covid para mayores de 18 años, y en el caso de los menores de entre 3 y 17 años, solo a los que presenten comorbilidades o enfermedades de riesgo.

Los legisladores deberán decidir sobre la compatibilidad de este proyecto con la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, de noviembre de 2020, que facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para comprar vacunas. Para volverlas tanto técnica como comercialmente viables, esta norma eximía a los laboratorios responsables de su fabricación y provisión de pagar indemnizaciones por los posibles efectos adversos de su aplicación. Esta eximición era imperativa para obtener vacunas que aún no habían sido suficientemente probadas. A la lógica de esta decisión que algunos podrán cuestionar, el gobierno argentino habría de sumarle el factor ideológico, teñido de apelaciones demagógicas en la selección de los laboratorios a los que recurrió en su campaña de vacunación en otro pésimo manejo de la cuestión sanitaria.

La ley de 2020 establecía, además, que las vacunas contra el Covid no eran obligatorias, por lo que entraría en conflicto con lo postulado en el nuevo proyecto. En este sentido, ¿cuál posición debería predominar? La obligatoriedad de vacunas no es un hecho nuevo en la Argentina ni tampoco en el mundo. Ha estado vigente en la vacuna contra la viruela, exigida para inscripciones escolares y para viajes. También la de la poliomielitis y demás vacunas para la primera edad, que obligan a los adultos a cumplir con lo requerido. La justificación de todos esos casos tiene fundamento en la gravedad de la enfermedad, su contagiosidad y en la eficacia comprobada de la vacuna.

Las limitaciones por la falta de vacunación deberían aliviarse gradualmente y han de ser específicas

También hay razones en enfermedades maternas que, no inmunizadas y adquiridas durante el embarazo, pueden afectar seriamente al niño que nace. La obligatoriedad tradicional de estas vacunas se traduce en exigir su certificación, según lo establece el calendario nacional. La salud o la vida de terceros está en juego y esa es la justificación de la obligatoriedad aunque se limite la libertad de decisión de aquel que debe vacunarse. Sin embargo, hay una graduación en la forma y la medida en que se restringe esa libertad. Hay una apreciable distancia entre exigir haberse vacunado para poder hacer una tramitación y, en el otro extremo, que la autoridad proceda compulsivamente a vacunar a esa persona.

¿Cómo se ubica el Covid en estas reflexiones? Una primera realidad es que se trató de una pandemia de alcance mundial que en sus primeras olas expuso contagiosidad y alta letalidad. El coronavirus no era desconocido, pero no había vacuna desarrollada contra él ni para la cepa Covid-19 que fue la primera que se difundió con extraordinaria rapidez. Las medidas de aislamiento fueron poco eficaces y produjeron enormes daños en la economía de los países y en la psiquis de la gente.

La investigación de vacunas y su rápida producción e inoculación fueron la única esperanza del combate contra la enfermedad. Los laboratorios más importantes trabajaron con protocolos de experimentación muy limitados. Por esta razón, como hemos visto, necesitaron desvincularse de los riesgos emergentes de la aplicación de esos productos.

No parece necesario ni conveniente la utilización de un pase sanitario de aplicación general, así como tampoco se advierte por ahora la necesidad de introducir el Covid en el Calendario Nacional de Vacunación

Los caminos científicos fueron diversos. Varios de ellos se basaron en tecnologías modernas y estudios de investigación con plazos extremadamente cortos a fin de afrontar con rapidez la pandemia. Estas circunstancias dieron pie para alentar posiciones que cuestionaron la velocidad de las aprobaciones, alegando dudas sobre efectos secundarios posteriores.

Lo que muchas personas denominan como reacción antivacuna, cuando no necesariamente sea es la mejor definición, alcanzó proporciones en el Covid que no se habían producido con ninguna otra enfermedad inoculante. No las justificamos frente a la expansión de la pandemia y creemos que las exigencias de tener las vacunas, sin avanzar hacia la aplicación compulsiva, fueron razonables.

La aparición de nuevas olas de contagio con otras cepas del coronavirus ha corroborado la ventaja de la vacunación al morigerar síntomas y efectos, más que su contagiosidad. En adelante, la ciencia médica deberá dar su aporte definitivo. Por su lado, los gobiernos deberán tener siempre en la mira el máximo respeto posible de la libertad individual en equilibrio con la salud pública.

Las limitaciones por falta de vacunación podrán aliviarse gradualmente y deberán ser específicas. No parece necesaria ni conveniente la utilización de un pase sanitario de aplicación general. En este sentido, no se advierte la necesidad de introducir el Covid en el Calendario Nacional de Vacunación.

Fuente: La Nación

Es recurrente ver en cada encuentro de gobernadores, funcionarios nacionales o poderosos sindicalistas un enorme número de jets privados que las autoproclamadas “celebrities” de nuestra política y sus familiares utilizan para evitar mezclarse con el público en general, debidamente aislados de la realidad que vivimos y vemos todos.

Un claro ejemplo del despilfarro de fondos públicos tuvo lugar dos meses atrás en la ciudad de San Juan, sede de un partido de nuestra selección nacional de fútbol que, “casualmente”, coincidió con un encuentro de gobernadores peronistas. Como si no se tratara de un país con más del 40% de su población en la pobreza, gobernadores y demás funcionarios llegaron en lujosos y modernos aviones jet que, cuando no están al servicio de los poderes ejecutivos provinciales, cumplen vuelos sanitarios. Casi todas las provincias tienen entre una y dos aeronaves de este tipo, más algún avión o utilitario y helicópteros que son usados sin límite, decoro ni vergüenza para trasladarse a cuanto evento tenga lugar en Buenos Aires o en alguna otra plaza del interior. Incluso, muchas veces despegan a la misma hora y con el mismo destino que un vuelo regular de empresa aerocomercial. Esos jets cuestan entre dos y tres mil dólares por hora. Para un congreso partidario en la ciudad de Buenos Aires, el viaje en jet de un gobernador le cuesta en promedio al erario provincial cerca de un millón de pesos, contra unos 40.000 que costaría un pasaje en la empresa estatal. Los favores aéreos son, además, moneda corriente en la política.

La Agrupación Aérea Presidencial, al servicio exclusivo del presidente de la Nación, cuenta con tres helicópteros Sikorsky comprados por la administración Menem y un Boeing 737, a los que suman dos Learjet 60 de la Fuerza Aérea Argentina. Tanto el Presidente como la primera dama y su mascota Dylan son pasajeros frecuentes de la referida flota pública, que muchas veces incluye el último helicóptero adquirido por la Policía Federal. Las restricciones impuestas por la cuarentena no detuvieron a Fabiola Yañez, quien, en cuatro ocasiones de un total de 17, sorteó la prohibición para viajar a Misiones, en “visita oficial”, según registros públicos.

A menos que la vicepresidenta estuviera reemplazando temporariamente al Presidente, su investidura no la habilita a utilizar las aeronaves oficiales. Sin embargo, es usual que ella, reticente a viajar en helicóptero, disponga del Boeing presidencial que, por su gran tamaño, le garantiza mayor privacidad que los Learjet para trasladarse a Río Gallegos, con un costo de 12.000 dólares por tramo, unos cinco millones de pesos por fin de semana. La violación a la ley en la que incurre es doble: usa indebidamente las aeronaves y, además, lo hace por cuestiones particulares. Entre febrero y junio de 2021 se contabilizan 13 traslados entre Buenos Aires y Santa Cruz, además de un vuelo ad hoc desde la ciudad de Buenos Aires para transportarla de El Calafate a Río Gallegos, a unas tres horas de viaje en auto. Para las Fiestas, entre el 23 y el 30 de diciembre, seis fueron los viajes del Tango 11: iban con ella y regresaban vacíos, a casi 20.000 dólares por tramo.

Desde febrero habrían sido unos 30 vuelos. Solo 15 iban con ella a bordo. El resto, vacíos. Sumados los seis de lo que va del año, medio millón de dólares. Como si fuera poco, según surge de fuentes confiables, la vicepresidenta recurre también al avión de YPF, otro Learjet 6.

No olvidemos que entre 2003 y 2015 los “vuelos canillita” llevaban un promedio de 5 kilos de diarios sin ningún pasajero, 19 probados en uno de los desprendimientos de la causa de los cuadernos de las coimas, con testimonios sobre las valijas y mobiliario para los emprendimientos hoteleros familiares. Es sabido que incluso Florencia Kirchner utilizó estos aviones para desplazarse con amigas.

En tiempos de campaña, Victoria Tolosa Paz también se benefició con el uso de un recurso público como un avión de la Policía Federal para presentarse en un acto proselitista. El récord lo tiene Sergio Massa en sus recorridas bonaerenses: 53 vuelos en naves de la fuerza policial. Solo entre 2014 y 2018, había totalizado 290 vuelos en jets privados.

Paradójicamente, nuestra Fuerza Aérea debe recurrir a aviones de museo para cumplir con sus obligaciones operativas, incluyendo aquellas relacionadas con la pandemia. En los últimos dos años recuperaron dos aeronaves Fokker 28 de unos 50 años de antigüedad que habían sido raleadas del servicio en 2017 y, al menos una, enviada al Museo Nacional de Aeronáutica junto con otra que ya se encuentra exhibida allí, aunque probablemente también sea vuelta al servicio luego de hacer las delicias de los visitantes. Ante la falta de recursos para adquirir aviones de transporte, solo se compró un Boeing 737 y dos Beech pequeños. El cansado Fokker 27 está siendo alistado para volver al servicio luego de ser, como sus hermanos mayores, enviado al museo. A todo esto, el presupuesto preveía unos 65.000 millones de pesos para cubrir las pérdidas operativas de Aerolíneas Argentinas en 2022. Con solo el diez por ciento de esa cifra, la Fuerza Aérea podría adquirir dos aeronaves de transporte mediano por año.

Los funcionarios deben abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, mucho más en momentos económicos críticos como los que atravesamos. El nivel de desmesura alcanzado confirma la incapacidad de estos dirigentes para interpretar el hartazgo de una ciudadanía que reclama actitudes a la altura de las circunstancias.

Fuente>: La Nación

Los cambios que pueda traer aparejados una reducción del Estado generan oposición o temor en buena parte de la sociedad. Hablar de reducir gastos es políticamente incorrecto. Por eso, el eje del debate sobre la crisis se traslada a la forma en que el déficit se financia. Con deuda, con impuestos o con inflación. Pero del gasto no se habla.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, político astuto, sostuvo que todos los gobiernos anteriores, incluyendo el de Mauricio Macri, habían sido responsables del actual endeudamiento de la Argentina. Dio en la tecla, pero omitió un detalle. Lo que tuvieron de parecidos fue que confiaron en un ilusorio crecimiento que permitiría licuar, en términos relativos, la dimensión del gasto estatal. En aquel momento, fue “gradualismo”. Ahora se lo llama “secretismo”. Por lo menos, así lo expresó Alberto Fernández, cuando sostuvo que la palabra “ajuste” fue desterrada de las conversaciones con el FMI, ya que “nuestro secreto es crecer”.

El verdadero triunfo del populismo en nuestro país es haber hecho indispensable la billetera estatal para que la población coma de su mano

El error de Morales fue no aclarar que el crónico endeudamiento tiene por causa el desbordado gasto público. Por eso le hizo el juego al kirchnerismo, que quiere instalar la deuda como chivo expiatorio de la crisis y no el gasto, la herramienta para mantener de rehén a la población. Un plan económico como el que exige el FMI, sería un tiro en el pie: menos gastos, pérdida de poder y liberación de rehenes.

La razón es sencilla. La mayor parte de los argentinos prefiere no alterar el statu quo, aunque ello implique hipotecar su futuro. Cargos, contratos, subsidios, pensiones, favores son nudos que los someten al poder. Ocho millones de personas en el sector privado sostienen a 20 millones que reciben dinero del Estado. Como en Cambalache, en la misma bolsa hay funcionarios probos, jubilados ordinarios y docentes sarmientinos junto a presos, terroristas y corruptos.

A grandes trazos, son cuatro millones de empleados públicos, ocho millones de jubilados y pensionados y casi otro tanto, que recibe planes sociales u otras asignaciones del Estado. Entre ellos, hay tres millones de jubilados sin aportes, dos millones y medio de empleados provinciales (en algunos distritos absorben más del 90% del gasto público), medio millón de municipales y un millón y medio de personas que cobran pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población económicamente activa).

Después de 80 años de gasto creciente se ha creado una madeja de intereses casi imposibles de desatar. Nunca es momento para introducir reformas, nunca es oportuno bajar los gastos. Ni durante las crisis, porque es contraproducente, ni durante el auge, porque es aguafiestas y piantavotos

En el Senado de la Nación se pagan 5000 sueldos y 5600 en la Cámara de Diputados, incluyendo los 2100 que alberga la inexpugnable imprenta y la biblioteca del Congreso. Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen legislaturas con 1203 representantes. Se desconoce la cantidad de empleados, asesores y prebendas que rodean a esos ya numerosos cargos legislativos, más las jubilaciones de privilegio. Todo esto sin contar los concejos deliberantes en los 2300 municipios del país.

¿Quién no tiene un docente en la familia? Hay un millón de docentes: una mayoría laboriosa mancillada por expertos en ausentismo, pues la tercera parte está cubierta por suplentes para cubrir licencias obtenidas con certificados médicos dudosos o con acomodos políticos. ¿Quién no ama el cine nacional? Los 600 empleados del instituto del cine (Incaa) se llevan la mitad de los ingresos. Poco queda para el cine. ¿Quién no está orgulloso de la ciencia argentina? Pero muchas veces, por presión política, se costean becas para investigaciones que carecen de simetría con la capacidad de pagarlas. Docentes, cineastas y científicos, epítomes de la inteligencia nacional, también rehenes del poder, apologistas del gasto y detractores del ajuste.

Las supuestas políticas activas que promociona el Gobierno, como mantener millones de empleados públicos, expandir planes sociales y seguir subsidiando la energía, no impulsan el crecimiento, sino la fuga de capitales y de cerebros, el aumento de precios, la desaparición de la moneda y la pauperización del país

Las empresas estatales tienen sistemas de contratación poco transparentes que alimentan un universo de proveedores poco partidarios de reducir gastos. Como muestra, habría que preguntarle a Mauricio Filiberti, abastecedor de cloro a la deficitaria Aysa, dueño de un yate de 64 metros en el Mediterráneo.

Como él, aunque sin el yate, muchas empresas privadas, estudios contables, firmas consultoras, bufetes de abogados, agencias de publicidad, compañías de seguros, de transporte y contratistas varios dependen de organismos estatales para facturar ingresos. Rehenes del poder, beneficiarios del gasto.

¿Quién se atreve a tocar las tarifas de energía para reducir los subsidios y mejorar el servicio? Sensible a los reclamos de clubes de barrio, comedores populares y escuelas parroquiales, hasta varios conspicuos diputados se opusieron a los aumentos en 2018, cuando fueron la principal medida de Macri para reducir el déficit público. Cuatro años más tarde, la situación es peor, pero los 15 millones de usuarios de Edesur y Edenor son rehenes del subsidio a las tarifas y parecieran que muchos prefieren los cortes a mejorar su realidad.

En 2015, el 40% de las personas recibía algún tipo de subsidio social, hasta aumentar al 50% por la pandemia. No hay dudas de que la implementación de 140 planes sociales diferentes ha funcionado como red de contención ante el desamparo y la vulnerabilidad extremas. Pero también han sido formas de capturar como rehenes a los más necesitados. Piqueteros y “planeros” ocupan la primera fila en la gesta por el gasto, aliados contra cualquier programa de estabilización.

La pantomima de enfrentarse con el FMI no tiene por objeto salvaguardar el bienestar de los argentinos, sino evitar un plan económico y mantener el gasto desenfrenado para que la población siga siendo rehén del poder aunque colapse la Nación

Ni qué hablar de gran parte del sindicalismo. Con sus múltiples cajas negras, los retornos en las obras sociales, la personería gremial única, la cooptación de la justicia laboral, la industria del juicio y la homologación de aportes compulsivos. Nada que huela a democracia sindical, a auditorias independientes, a flexibilización laboral. Rehenes del poder y adictos al gasto, aunque pierdan afiliados, crezca la informalidad y los corran por izquierda.

Ese es el verdadero triunfo del populismo. Haber hecho indispensable la billetera estatal para que la población coma de su mano. Después de 80 años de gasto creciente, se ha creado una madeja de intereses involucrados casi imposible de desatar. Nunca es momento para introducir reformas, nunca es oportuno bajar los gastos. Ni durante las crisis, porque es contraproducente, ni durante el auge, porque es aguafiestas y piantavotos.

Al igual que el Presidente, también el gobernador Axel Kicillof sostuvo que “después de cuatro años de macrismo y dos de pandemia se está viendo un crecimiento relevante” y que aplicar un ajuste sería frustrarlo. “Tenemos que reforzar las políticas activas para que lleguen a los que más las necesitan”.

¿Esa es la “estrategia secreta” para crecer? ¿Mantener millones de empleados públicos en todo el país? ¿Continuar dilapidando recursos para subsidiar la energía? ¿Expandir los planes sociales para paliar la pobreza que la inflación provoca? Esas políticas activas no impulsan el crecimiento, sino la fuga de capitales y de cerebros, el aumento de precios, la desaparición de la moneda, la pauperización de la Argentina.

No hay que engañarse. La pantomima de enfrentarse con el FMI no tiene por objeto salvaguardar el bienestar de los argentinos, sino evitar un plan económico y mantener el gasto desenfrenado, para que la población continúe siendo rehén del poder kirchnerista, aunque la Nación colapse.

Fuente: La Nación

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Máxima autoridad del Poder Judicial bonaerense, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires supo gozar de gran prestigio jurídico e institucional. Como comentábamos en nuestra columna editorial de ayer, el alto tribunal viene sufriendo un proceso de virtual vaciamiento que amenaza esa tradición con solo cuatro de sus siete integrantes, tras el fallecimiento de quien fue su ministro decano, Héctor Negri, y la jubilación de Eduardo de Lázzari, luego fallecido, y de Eduardo Pettigiani.

La afectación a su funcionamiento es evidente. El sistema de rotación anual en la presidencia, previsto por la Constitución bonaerense, lleva a que cada uno de sus vocales asuma ese rol cada siete años. La reducción del número de miembros provoca una aceleración en la frecuencia de esa rotación que impacta y distorsiona el sentido previsto constitucionalmente para su orden y funcionamiento.

Otra anomalía derivada de la anterior es la necesidad de convocar a los jueces de la Cámara de Casación Penal en los casos en que los fallos precisen de una mayoría que sus actuales integrantes no pueden alcanzar por sí solos. Una responsabilidad que este año recayó en Víctor Violini: el autor del vergonzoso fallo que, en 2020, facilitó la salida indiscriminada de detenidos peligrosos con el genérico e infundado argumento de la pandemia.

Las tres vacantes en el Supremo Tribunal bonaerense deberían ser cubiertas por juristas calificados, asegurando que las designaciones no se transformen en prenda de negociación política

La conducta de Violini fue denunciada por la Asociación Civil Usina de Justicia y también por los legisladores Juan Pablo Allan, José Andrés De Leo, Claudia Rucci y Sandra Paris. A raíz de esas actuaciones, el magistrado tiene en curso un proceso de juicio político, además de una demanda en su contra iniciada por el diputado nacional Alberto Asseff ante su resistencia a entregar la declaración patrimonial de bienes.

En 2016, la Corte bonaerense modificó el régimen de presentación de declaraciones juradas en el Poder Judicial. Desde entonces, sus funcionarios están obligados a entregar anualmente dos versiones de ese documento, una reservada y otra de público acceso. Violini se negó a presentar su declaración patrimonial confeccionada en este último formato pese a estar obligado a hacerlo. Esa reacción le valió el pedido de jury de parte de Asseff y el inicio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.

Violini aparece citado reiteradamente, junto con otros nefastos personajes, en las escuchas que derivaron en la detención de una banda mixta liderada por funcionarios policiales y judiciales dedicada al vaciamiento de viviendas en City Bell. Las investigaciones de este caso, conocido como la causa Melazo por ser el exjuez de Garantías quien está acusado de liderarla, condujeron a la suspensión de Martín Ordoqui, su colega en el Tribunal de Casación bonaerense.

Es inevitable que las debilidades de un tribunal desintegrado graviten en el Consejo de la Magistratura y que las disputas que allí se dirimen puedan incidir directamente en la selección de los magistrados, imponiéndose el poder político por sobre la búsqueda de consideraciones éticas y estrictamente profesionales

Las tres vacantes en el Supremo Tribunal bonaerense deberían ser cubiertas por juristas calificados, asegurando que las designaciones no se transformen en prenda de negociación política. Versiones periodísticas dan cuenta de que uno de los cargos podría ser cubierto por el juez federal Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, quien votó, junto a Adrián Grünberg, el sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces. De confirmarse, tamaña contraprestación constituiría otra gravísima descalificación para el alto tribunal provincial y para los responsables políticos de integrarlo con personas intachables, idóneas e independientes.

Advertíamos ayer en este espacio editorial sobre los efectos que adquiere la degradación remuneratoria del Poder Judicial bonaerense, de la que no están exentos los miembros de la Suprema Corte. Desde hace años que destacadas personalidades del ámbito jurídico y la propia Corte insisten en la necesidad de alcanzar un sistema de autarquía presupuestaria. Incluso llegó a existir un proyecto de ley que proponía ese régimen que logró obtener estado parlamentario. Lamentablemente, fue desechado sin la menor consideración en una muestra más de desprecio institucional a iniciativas de esta naturaleza que, sin dudas, fortalecerían la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Como es dable esperar, las dificultades que atraviesa la Corte provincial impactan sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuya presidencia es ocupada por uno de los ministros del alto tribunal. Es inevitable que las debilidades de un tribunal desintegrado graviten en el Consejo, y que las disputas que allí se dirimen puedan incidir directamente en la selección de los magistrados, imponiéndose el poder político por sobre la búsqueda de consideraciones éticas, profesionales y de independencia.

De manera más directa, el raquitismo estructural de la Suprema Corte incide severamente en la virtual parálisis del procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. Tal como lo fija la Constitución bonaerense, ante la denuncia contra un magistrado se debe sortear la integración de un jurado de cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula para evaluar la probabilidad de avanzar con un jury en su contra. Quien ejerza en ese momento la presidencia de la Corte preside ese jury.

En los hechos, dichos procedimientos llevados a cabo virtualmente se paralizaron durante más de un año y solo algunos registran algún avance. Cabe señalar que las conductas de dos jueces de la Cámara de Casación provincial, de un fiscal general y de fiscales vinculados a casos resonantes de conocimiento público, además de los de otros magistrados, se encuentran actualmente en trámite de enjuiciamiento. Claro que el kirchnerismo se halla más preocupado por promover sin fundamento alguno un juicio político contra el procurador general provincial, Julio Conte Grand, uno de los funcionarios más probos y honestos de la Justicia.

Con la más alta jerarquía de la organización judicial en semejante estado es poco lo que puede esperarse; menos aún requerírsele. Solo cabe ratificar y denunciar sin descanso el estado de descomposición institucional del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Nada indica que no se trate de otra situación deliberada con el solo fin de mantener subordinada la Justicia a la voluntad de un poder político comprometido en numerosas causas de corrupción y que encuentra en estos procederes la forma de continuar bregando por su impunidad.

Fuente: La Nación

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reveló su intención de ser reelegido al anunciar un ambicioso plan de seis años. Denominado “Seis por seis”, el programa se sustenta en la obra pública para cubrir un vacío de infraestructura: rutas, vías rápidas, viviendas, unidades carcelarias y pavimentación de calles.

Llama la atención, sin embargo, que entre esas metas aspiracionales que se propone cumplir no exista referencia alguna a la necesidad imperiosa de restaurar el funcionamiento del Poder Judicial provincial, y también la confianza en él.

Omite así un aspecto sustancial que no parece ser una prioridad para su programa. Probablemente, una de las razones sea que Kicillof delegó en Cristina Kirchner el manejo de esa área tan sensible, al igual que lo ha hecho el presidente Alberto Fernández en el orden nacional. El gobernador designó a Julio Alak en el Ministerio de Justicia por decisión de la vicepresidenta. Pero Alak está supeditado a lo que resuelvan el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, dos influyentes funcionarios de relación directa con Cristina, aunque en apariencias dependan del ministro.

Pérez Aznar milita en La Cámpora y representa al Poder Ejecutivo bonaerense en el Consejo de la Magistratura provincial, organismo a cargo de la selección de quienes aspiran a ser jueces o integrantes del Ministerio Público. Pellegrini ocupó antes la Secretaría de Crímenes contra la Humanidad en la Procuración General de la Nación, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. Al igual que ella, es miembro de la agrupación Justicia Legítima.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia funciona con cuatro de sus siete miembros, ya que existen tres vacantes por cubrir

El Consejo de la Magistratura bonaerense envió este año al menos 150 pliegos con ternas de candidatos para cubrir alrededor del 20% de los cargos de jueces, camaristas, fiscales, defensores y asesores tutelares que permanecen vacantes en el Poder Judicial. Es uno de los temas que el nuevo jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, negocia con la oposición para resolver la compleja agenda judicial en la provincia de Buenos Aires, para lo cual se viene reuniendo con distintos actores de relevancia.

En el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires confluyen dos esferas de gestión: la Administración de Justicia y el Ministerio Público. La máxima autoridad es la Suprema Corte de Justicia provincial, para nada ajena al fenómeno de los cargos sin cubrir. De hecho, funciona en la actualidad con cuatro de sus siete miembros, y tres vacantes por cubrir.

Por fuera de las previsiones edilicias y de equipamiento, el presupuesto provincial que analiza la Legislatura bonaerense no prevé un incremento de partidas para cargos en el Poder Judicial, excepto la creación de algunos juzgados de familia. Se trata de una decisión contradictoria, pues no contempla la necesidad de otros operadores imprescindibles del sistema de familia, como defensores y asesores de menores.

En este contexto se disparan los índices de litigiosidad en la amplia mayoría de los fueros. Según los datos oficiales, tanto en el de paz como en el de familia el incremento ronda el 50%. En el penal, orilla el 15%. Las cifras también son significativas en el fuero contencioso administrativo. Se presenta de este modo un panorama de más casos y conflictos por atender, con menor número de magistrados. Con dispendios en numerosas áreas, en esta tan sensible no caben recortes de gastos.

El deterioro del nivel salarial es otro dato inquietante. Comparado con el resto de las jurisdicciones (la Nación, las 22 provincias y la ciudad de Buenos Aires), el distrito bonaerense ocupa el decimosexto puesto en esa escala. En algunas categorías, la posición es incluso más baja. Esa caída en los ingresos resiente una función estatal esencial y conspira contra el cumplimiento de principios tutelares básicos impuestos por tratados internacionales, normas constitucionales y legales ligadas a la posibilidad efectiva de acceder al servicio de justicia.

El sistema penitenciario también genera honda preocupación como otro ingrediente de una política carente de objetivos, claramente sustentada en prejuicios ideológicos y doctrinas tan anacrónicas como inoperantes

El equilibrio de poderes, base del sistema republicano, está amenazado en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de este fenómeno y constituye un riesgo palpable. La búsqueda de mejores remuneraciones y condiciones laborales es el principal motivo por el que empleados, funcionarios y magistrados migran a jurisdicciones vecinas y al sistema federal. La intención de trasladar sobre ellos la responsabilidad propia de los poderes políticos deriva también en una sistemática desacreditación del Poder Judicial.

Todos estos datos configuran un grave estado de descomposición institucional que debería alertar a la ciudadanía y a los diferentes sectores sociales, planteando cuánto hay, en sus raíces, de desaprensión, de desconocimiento de la realidad y del manejo de la cosa pública, o de actitud deliberada, con miras a un sistema de jueces militantes con una Justicia asimilada, estructural y funcionalmente, al Poder Ejecutivo.

La gravedad de la situación mantiene movilizado al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, al Colegio de Abogados bonaerense y a la propia Suprema Corte provincial, que presentaron y promovieron mejoras, sin que hayan recibido un adecuado tratamiento.

El sistema penitenciario de resguardo, protección y readaptación de las personas privadas de la libertad también genera honda preocupación como otro ingrediente de una política en la materia carente de objetivos; claramente sustentada en prejuicios ideológicos y doctrinas tan anacrónicas como inoperantes. También en este terreno se revela la ausencia de un plan integral que contemple de manera ineludible los aspectos edilicios, la capacitación del personal penitenciario, el sistema educativo y de readaptación articulado con planes de salida laboral y educativa.

El año pasado el Poder Judicial bonaerense cumplió doscientos años de existencia. Lo que pudo ser una ocasión para celebrar el bicentenario lo encuentra en una franca descomposición derivada de la degradación de su autonomía e independencia con grave perjuicio para el ejercicio de los derechos y garantías de todos los habitantes de la provincia.

Mañana: La degradación de la Suprema Corte bonaerense

Fuente: La Nación

Adiferencia de la filosofía y de las ciencias, que versan sobre las causas, la magia predica verdades, sin recurrir a los principios de la lógica, ni de la física, para explicar sus conclusiones. De antigua raíz indoeuropea, “magh” se asocia a la capacidad para crear ilusiones, irrealidades, engaños, trucos y hechicerías. En 2015, Cristina Kirchner acuñó su memorable frase “no fue magia”, para explicar –aunque ella no lo dijo así– que fue la soja y no una ilusión, truco o hechicería, lo que financió el exponencial aumento del gasto durante su gestión. A niveles que nadie pudo, luego, reducir.

En la actual crisis argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha sido incapaz de estructurar un discurso unívoco, que convoque a poner a la Argentina de pie, tras un programa que ordene las cuentas y atraiga inversiones. Solo relato, peroratas monocordes, listando culpas ajenas y con la vista clavada hacia atrás, mientras el país cae en tirabuzón.

Las distintas áreas del Gobierno se encuentran parceladas entre sectores del heterogéneo Frente de Todos, cuyo objetivo es consolidar el poder de sus distintas facciones, a través del control de “cajas” discrecionales que permitan la irracional gestión de recursos públicos a los que nos tienen acostumbrados. Todo es militancia, promesas, chicanas, tribunas y estadios.

En una experiencia con pocos antecedentes mundiales, se prefiere recurrir a supuestos “magos de la pobreza” y a ahuyentar a quienes saben cómo crear genuina riqueza. A diferencia de 2015, esta vez sí podemos afirmar que “es magia”, pero en sentido inverso. Los magos de 2022, en lugar de transformar en oro los metales de baja ley, convierten en pobres a los sectores medios y en indigentes a los pobres, humillándolos con bolsones, tarjetas y comedores. No saben, o simulan ignorar, que de la pobreza se sale hacia arriba y no hacia abajo. No con controles de precios, cepos o ayudas puntuales, sino aumentando el poder de compra del salario, para que precios y tarifas sean alcanzables con la normal retribución del trabajo, como en nuestros países vecinos. No incrementando salarios nominales ni con planes sociales, sino fortaleciendo el valor del peso.

Cada mes aumenta la inflación. Y cada mes, por ese aumento de precios, son más las personas que no pueden cubrir con sus ingresos lo que necesitan para una subsistencia apenas digna. Sus billetes para pagar el changuito nunca alcanzan y son ellos las mayores víctimas del impuesto inflacionario.

Los “magos de la pobreza”, expertos en mover fichas en el tablero de cargos de organismos y municipios solo conciben alternativas inconexas, que implican más emisión y mayor penuria para quienes no pueden protegerse de la escalada inflacionaria.

No hay medida que los “magos” propongan que no implique mayor inflación o desaliento a la inversión.

El déficit fiscal, originado en desajustes económicos, fuerza a multiplicar los subsidios sociales, para paliar sus propias consecuencias. El congelamiento tarifario diseñado por Julio de Vido se ha convertido en una bola de nieve de difícil solución y de incierta segmentación, además de dejar a muchísimas familias a oscuras, en plenas fiestas. Los aportes a las empresas públicas, como Aysa (Malena Galmarini); Aerolíneas Argentinas (La Cámpora); Correo Argentino (La Cámpora); IEASA, ex Enarsa (importaciones de GNL, también La Cámpora); Cammesa (subsidios eléctricos, La Cámpora); Yacimientos Carboníferos Rio Turbio; Radio y Televisión Argentina, entre otras, insumen al Tesoro unos 16 mil millones de dólares por año.

En lugar de reducir esos gastos, los nuevos “magos” inventan programas para paliar la misma miseria que esos déficits provocan, mediante programas de nombres ingeniosos y nefastos resultados, pues se basan en mayor emisión monetaria.

¿Potenciar Trabajo? ¿Más fondos para cajas de La Cámpora, como el PAMI o la ANSeS? ¿Más dinero para la Secretaría de Inclusión Social? Más emisión, más inflación, más pobreza. ¿Más recursos para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat? Más emisión, más inflación, más gente sin techo. ¿25.000 empleados públicos más en la Provincia de Buenos Aires? Más emisión, más inflación, menos empleo privado. ¿Programa “Ahora 12″? Las últimas cuotas las pagan los pobres, no los compradores. ¿Programa “Más Cultura”? Más emisión, más inflación, más ideología, menos cultura.

¿Dos pensiones de Cristina Kirchner, por $2.500.000 mensuales? Más emisión, más inflación, mayor pobreza para los jubilados, más descreimiento en la política. ¿Doce vuelos oficiales al Calafate, por 100,000 dólares? Más emisión, más inflación, mayor pobreza para la gente de a pie, más indignación ciudadana.

En un contexto de desconfianza, fuga de capitales y asfixia financiera, pretender estabilizar aumentando una presión fiscal ya insostenible implica debilitar a quienes deben sostener el gasto creciente. En última instancia, en lugar de mayor recaudación en términos reales habrá más emisión, más inflación y mayor pobreza.

Sería interesante que los referentes de la economía popular que apoyan al Gobierno, cortan calles y culpan al FMI interpelen a quienes cobran esas pensiones, a quienes manejan esas cajas, a quienes contratan, viajan, designan, sin control alguno. Ahí está el origen de la inflación y el huevo de serpiente de la pobreza.

Creer que un “rebote” de la economía es crecimiento es una ilusión que Martín Guzmán, el mago de Columbia, pretende suscitar para justificar su mediocridad. El crecimiento no es un fenómeno natural, ni parte de un ciclo regular, como el día sigue a la noche. Esta noche, nuestra noche, puede continuar y hacerse aún más oscura, mientras continúe el festival de gastos, emisión y desgobierno. Aunque no se debiese un centavo a nadie.

Defender el interés nacional convocando a batallas que terminarán en derrotas para la Nación entera no es una medida populista inocua. Como no lo fueron la de Leopoldo Galtieri luego de ocupar las Malvinas, o la de de Adolfo Rodríguez Saá de diciembre de 2001, cuando anunció que crearía un millón de empleos con los fondos ahorrados por no pagar la deuda externa.

“No fue magia”. Eso debería decir el dirigente que tenga la capacidad, el talento y el apoyo político para cambiar el rumbo actual de la Argentina, sobre bases genuinas. Ya hemos vivido el Rodrigazo de 1975, la hiperinflación de 1989 y el abandono de la convertibilidad en 2002, para tener experiencia suficiente. Basta de medidas casuísticas y de remiendos que atizan la inflación. Tener que culpar al FMI para justificar políticamente un programa de ajuste es otra solución perversa. Optar por ese camino de pseudo imposiciones foráneas luce atractivo para el discurso populista, pero implicará que el Gobierno cargue con todo un costo social que más le valdría aprovechar como generador de confianza en pos del ingreso de capitales, nuevas inversiones, generación de empleo genuino y fortalecimiento de la moneda. Y si caemos en “default” por creer en la magia, ningún rey mago vendrá en nuestra ayuda.

Fuente: La Nación

En medio de un índice de inseguridad tan creciente como preocupante, se conoció recientemente una polémica medida adoptada por la interventora en el Servicio Penitenciaro Federal, María Laura Garrigós de Rébori: ordenó que no se les informe más a los jueces si los sentenciados se arrepintieron de su delito al momento de tener que decidir si se les conceden beneficios como la libertad condicional, la libertad anticipada o salidas transitorias.

La exjueza y extitular de la agrupación Justicia Legítima fundamentó la derogación de las normas que regulaban la forma de confeccionar las historias criminológicas de los sentenciados en que, a su juicio, todo registro sobre respuestas afectivas del condenado –sean sobre la conducta delictiva cometida, la condena recibida o el tránsito carcelario– “se construyen indefectiblemente sobre la intromisión en la vida interna de la persona que ha recibido una sanción penal, por la cual ya se encuentra cumpliendo pena, y el fuero íntimo de su personalidad: ámbitos en los cuales el Estado no puede inmiscuirse”.

Resulta curioso, incluso desde el sentido común, que se sostenga que se puede violar la intimidad de un detenido con preguntas claves para valorar la situación psicosocial de un condenado que deberá reinsertarse en la sociedad

La funcionaria, designada en el cargo por el presidente Alberto Fernández, amplía su interpretación al sostener que tampoco corresponde “agravar las condiciones de la pena condicionando el usufructo de los derechos liberatorios a partir de variables como el arrepentimiento, los sentimientos de culpa, el posicionamiento frente al delito, la conciencia del daño, la capacidad empática, la presencia de deseos reparatorios o reinvidicativos, de emociones como el miedo, la satisfacción, la indiferencia, entre otras respuestas afectivas”.

Es cuanto menos curioso, incluso desde el sentido común, que una alta funcionaria penitenciaria considere que se viola la intimidad de un reo con preguntas que son vitales para quienes buscan valorar en qué situación psicosocial se haya un condenado para reinsertarse paulatinamente en la sociedad. Es como decirle a un empleador que tendrá prohibido preguntar a los aspirantes a conseguir un trabajo sobre cuestiones vinculadas con su forma de manejarse en la resolución de conflictos, su perfil familiar y social o su predisposición para integrar equipos porque, de hacerlo, estaría inmiscuyéndose en aspectos de su personalidad.

Para llegar a esa más que cuestionable resolución, Garrigós de Rébori hizo una serie de consultas, entre ellas, al excandidato de Cristina Kirchner para ocupar la Corte Suprema de Justicia y actual embajador en Italia, Roberto Carlés, quien interpretó que la valoración del arrepentimiento de un delincuente condenado responde a una evocación de preceptos católicos que se basan en la actitud frente a la víctima por parte del responsable de un hecho delictivo y que ese arrepentimiento interno y personal no debe ser tomado en cuenta en un sistema laico.

Considerar que los funcionarios presos son presos políticos es otro signo clarísimo de la desviación conceptual que se pretende imponer por sobre la fuerza de las leyes y los más elementales criterios de razonabilidad

Es sabido que tanto Garrigós como Carlés abrevan en la doctrina zaffaroniana de un garantismo rayano en el abolicionismo que resulta una afrenta para las víctimas de delitos y para los millones de ciudadanos que ansían vivir en un país seguro. Durante la pandemia, miles de presos de diversa peligrosidad fueron enviados a cumplir prisión domiciliaria. Muchos de ellos, incluso, se asentaron cerca de quienes fueron sus víctimas, generándoles un comprensible temor e incomodidades de todo tipo, como si su derecho a vivir tranquilas y de mantenerse a salvo de posibles reincidencias de sus atacantes directamente no existiera o se tratara de un derecho inferior. Otros condenados dieron por confirmadas las peores presunciones aprovechando tales “flexibilizaciones” judiciales para volver a delinquir.

Resulta pues esperable que la doctora Garrigós adopte este tipo de decisiones tan controvertidas e inadecuadas, pues responden a su manera de pensar. Sin embargo, no pueden menos que causar estupor en épocas en que el delito se enseñorea a lo largo y ancho del país sin que se advierta de parte de las autoridades un verdadero interés en combatirlo.

En junio de 2020, el mismo día de su asunción como interventora penitenciaria, ya podía empezar a vislumbrarse hacia dónde se orientarían sus líneas de acción. “El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica”, dijo casi como una premonición inevitable de algo que pudo haberse prevenido. Se hizo poco y nada. Los resultados están a la vista: los delitos no cesan y son cada vez más violentos.

Debemos convertir las cárceles en lugares para la resocialización y no en aguantadero de presos para que sigan cometiendo delitos y hasta manejando bandas narcos desde el encierro

“No hay posibilidad de superar la superpoblación en las cárceles si no contamos con la alternativa del arresto domiciliario, con o sin control electrónico”, agregaba apenas seis meses después la doctora Garrigós durante una jornada de la asamblea anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en la que destacó la labor “fundamental” del equipo de comisionados para garantizar los derechos de los presos.

Resulta lamentable la política –o la unidireccional política– criminal del actual Gobierno. Considerar que los funcionarios presos por corrupción son presos políticos es otro signo clarísimo de la desviación conceptual que se pretende imponer por sobre la fuerza de las leyes y los más elementales criterios de razonabilidad.

De parte de los funcionarios públicos se espera ejemplaridad, que acaten las normas y que no busquen subterfugios para esquivar su efectivo cumplimiento.

En lugar de proyectar decisiones erradas, debería atacarse el problema desde su raíz. Urge acordar y poner en práctica políticas de largo plazo tendientes a revertir la dolorosa pobreza que padece casi la mitad de los argentinos; a asistir a los más vulnerables con respuestas contundentes y no con dádivas que solo sirven para condenarlos a seguir en la dependencia y la miseria; a alentar la creación de fuentes de trabajo; a revalorizar el valor de la educación y el respeto por la autoridad; a hacer de las cárceles lugares para la resocialización, como dice nuestra Constitución, y no aguantaderos de presos para que sigan cometiendo delitos y hasta manejando bandas narcos desde el encierro, como el caso de Los Monos, en Santa Fe.

La superpoblación en las cárceles no se arregla excarcelando, sino tratando de evitar que se llenen. Es prioritario ponerse a trabajar sin más demoras para garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual.

Fuente: La Nacion

El descaro de la dirigencia política –con muy contadas excepciones–, que sigue creando y aumentando impuestos, llega a extremos inimaginables. Basta enumerar lo acontecido en los últimos diez días para corroborar que lo único que la grieta no ha podido traspasar es la sólida y unificada decisión de seguir expoliando a un importante segmento de la población conminado a pagar tributos para sostener a los que los crean o aumentan.

La jugada engañosa del oficialismo y la ingenuidad de la oposición llevaron a que la semana pasada la Cámara de Diputados aumentara las alícuotas del impuesto a los bienes personales y elevara aquellas que alcanzan a los que tienen activos en el exterior, lo que constituye un claro ejemplo de aquello a lo que nos estamos refiriendo. A ello debe agregarse la decisión del Poder Ejecutivo de firmar con 23 provincias –la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstuvo de hacerlo– un consenso fiscal con el objetivo de seguir aumentando y creando impuestos, como el de la herencia, habilitando en algunos distritos subas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos con el falso argumento de una “armonización tributaria”. Atrás quedó la promesa de baja de impuestos que asumieron los gobernadores en 2017.

No hay impuestos que alcancen cuando las cuentas públicas carecen de control y de racionalidad

Todo ello en un contexto de desigualdad entre quienes deciden y quienes pagan, convenientemente montado sobre el hipócrita argumento ideológico de castigar a los ricos para dar de comer a los pobres en una estrechez de mente que confirma cuán a la deriva nos encontramos si no se entiende la raíz del problema. Por su parte, los que deciden no han tenido el más mínimo gesto de reducir sus dietas ni aun en situaciones extremas como las del año pasado y, por el contrario, lo que han hecho ha sido aumentar los nombramientos en el Estado.

Es el sector privado el que continúa afrontando los cierres de empresas y pérdidas de empleo, por solo citar dos ejemplos, y el que pagó el ajuste para que la dirigencia política pudiera seguir sin sobresaltos a lo largo de 2020 y 2021.

Los legisladores, tanto nacionales como provinciales y municipales, son también responsables de no contribuir con el ajuste del desproporcionado gasto público. Pocas han sido las sesiones durante esta época de pandemia y, sin embargo, continúan con un número exagerado de asesores cuando lo racional sería que los bloques compartieran funciones no solo para reducir salarios y gastos, sino también para unificar criterios, tan necesarios a la hora de buscar consensos que podrían traducirse en las impostergables reformas que largamente reclaman los ciudadanos.

Resulta obligatorio respetar los principios constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva, cuya desatención amenaza la seguridad jurídica y expulsa las inversiones

Por otro lado, el asistencialismo se intensifica ante las amenazas de las organizaciones sociales de desestabilizar el orden público cuando el Gobierno debería estar abocado a crear las condiciones necesarias para generar empleo genuino. Cualquier promesa de incremento solo puede ser afrontado con más impuestos, ya que no se vislumbra ningún atisbo de decisión política con el fin bajar el gasto público en ninguna de las diferentes capas del Estado nacional, mucho menos un plan que proponga caminos para el desarrollo genuino de una economía quebrada.

Los recurrentes incrementos de la presión tributaria, incluyendo las distorsiones que genera el impuesto inflacionario, que castiga por sobre todo a los más vulnerables, están íntimamente relacionados con el sostenido aumento del gasto público, que refleja la voracidad de la clase política para financiar su gestión, a costa del sector privado y de la ciudadanía en su conjunto. No hay impuestos que alcancen cuando las cuentas públicas carecen de control y racionalidad. Resulta obligatorio respetar los principios constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva cuya desatención amenaza la seguridad jurídica y expulsa las inversiones que necesitamos.

La economía argentina vive momentos difíciles desde hace ya varios años y esta insaciable voracidad fiscal, lejos de atacar las causas de nuestros males, demanda sistemáticamente reasignar recursos desde el sector privado hacia el público por medio de impuestos, generalmente distorsivos, altamente nocivos para la economía de un país que necesita incentivos para crear empleos, acumular capital, generar ingresos y mejorar la productividad.

Fuente: La Nación