Categoría: Entrevistas

En momentos en que los argentinos nos sentimos conmovidos por el impacto de la criminalidad y de la violencia narco, asistimos a toda clase de justificaciones coyunturales y al ensayo de respuestas como el envío de efectivos de las fuerzas de seguridad –también militares– a Rosario, mientras se anuncia que se aceleraría la postergada cobertura de vacantes en los juzgados existentes y la creación de otros nuevos.

Hace tiempo que el narcotráfico dejó de ser una hipótesis en nuestra tierra para pasar a ser una realidad cruda y cierta que no se limita a la ciudad cuna de nuestra bandera o a la disputada Hidrovía, sino que también dice presente en la frontera norte y en muchos enclaves del conurbano profundo con búnkeres instalados en demasiados barrios para inseguridad de los vecinos. Tenemos a la vista los resultados de una ausencia de políticas firmes, claras y sostenidas. Del mismo modo, son conocidos los mecanismos por los cuales el narco se ocupa de cooptar a dirigentes políticos, al igual que a miembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial.

Desde 2010, la Cámara Nacional Electoral, a través de sentencias y acordadas, viene advirtiendo a los poderes públicos nacionales y provinciales sobre la necesidad de llevar el control del financiamiento de la política en todos los niveles de gobierno. El conocimiento de lo acontecido en otros países ha demostrado a nuestro superior tribunal electoral que el narcotráfico suele penetrar territorialmente desde la periferia hacia el centro, comenzando por disputar elecciones de concejales e intendentes en distritos alejados, como lo demuestra la cruda realidad de México, donde la muerte y el narcocrimen son una dolorosa realidad.

Por eso no ha sido extemporánea la recomendación que la Cámara hizo a los partidos políticos nacionales el 14 de marzo. En ocasión de reunir al Consejo Consultivo partidario con motivo del cronograma electoral en curso, avezados magistrados como Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera pidieron a las agrupaciones partidarias que, al momento de presentar sus rendiciones de cuentas anuales, brinden el detalle de los gastos realizados en los niveles provinciales y municipales, advirtiendo que el tribunal los controlará y auditará.

El control del financiamiento partidario fue impulsado por la propia Cámara en el fallo “Partido Nacionalista Constitucional” de 2002, en el cual se enfatizó una política de transparencia ante la “apariencia de corrupción” que conlleva la históricamente turbia relación entre dinero y política. Desde entonces, la ley 26.500, de control de financiamiento partidario y sus modificaciones fueron mejorando un sistema en permanente evolución que los alemanes llaman “la legislación interminable”.

Para esa tarea, los 24 jueces federales con competencia electoral y la Cámara cuentan con la colaboración de un Cuerpo de Peritos Contadores, registrándose miles de sanciones por incumplimientos en las rendiciones anuales y de campaña.

Sin embargo, es de lamentar que ese notable avance de la legislación y de la Justicia Federal Electoral no haya tenido correlato en los sistemas electorales provinciales. En efecto, muchas provincias carecen de todo tipo de normativa sobre la materia mientras que en otras se registran sistemas de control meramente formales que no aplican sanciones. El problema radica en que son las jurisdicciones locales las más permeables al flagelo del narcotráfico.

Una acordada de 2014 se ocupó particularmente de los problemas derivados de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Propuso el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, estrechando la colaboración con la AFIP, la UIF y las provincias a través de convenios que también se extiendan a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando se detecten aportes de personas políticamente expuestas o situaciones especiales por considerar. La legislación se hizo cargo de algunas recomendaciones, pero otras continúan pendientes, particularmente en lo referido al vacío legal existente en las provincias.

Cuando las elecciones se realizan bajo el régimen de simultaneidad es más factible extender el control federal sobre las jurisdicciones locales, pero eso se dificulta notablemente cuando los procesos electorales se dan en diferentes momentos.

Nuestra Constitución nacional establece que cada provincia elige a sus autoridades locales y organiza sus elecciones, por lo que cada jurisdicción tiene también sus propios organismos electorales y cada Legislatura dicta sus leyes electorales. Nada empaña ni violenta al federalismo que se realicen acuerdos de cooperación, de colaboración o de adhesión entre la Justicia Federal Electoral y los poderes locales a los efectos de enfrentar a un enemigo tan poderoso y furtivo que requiere del máximo expertise y de la energía concentrada de todos los niveles del Estado. Como enseñara uno de los maestros del federalismo argentino, el doctor Pedro José Frías, el federalismo de concertación favorece y fortalece a nuestro sistema representativo, republicano y federal en todos los planos. El combate contra el narcotráfico demanda también que, sin demoras, extrememos su aplicación.

Fuente: La Nación

Infelizmente para la Justicia como también para los judiciables, cada tanto tiempo aparecen nefastos personajes como el fallecido Norberto Oyarbide, un prototipo de juez que ha avergonzado a la institución. Esa clase de funcionarios, que eran impensados hasta hace no muchos años, se han convertido en este tiempo en un recurso altamente utilizado por los sectores más abyectos de la política y del hampa.

Casi sin darnos cuenta, lo que era calificado como repudiable se ha transformado en una marca reconocible en la vida pública argentina. A tal punto que hoy es plausible pensar que hay más de un “nuevo Oyarbide”.

Uno de ellos ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Se trata del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien quizás haya sobrepasado todos los límites de su inspirador, al cruzar fronteras que ni el propio y atormentado Oyarbide se había atrevido a trasponer.

Este magistrado llegó a su sillón de la mano de un sector de la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE). Desde su despacho contribuyó –y contribuye– a ejecutar tareas claramente reñidas con el alto magisterio que ejerce gracias a la protección y las promesas que recibe del poder político.

Hace unos meses, Martínez de Giorgi arremetió contra LA NACION y uno de sus periodistas, Diego Cabot. Hasta ese momento, nunca se había visto la osadía de impulsar investigaciones para afectar el sagrado derecho de reserva de la fuente periodística, un derecho que cuenta con protección constitucional. Primero, pidió al municipio de Vicente López, donde se asienta la redacción del diario, los registros de las cámaras instaladas en las cercanías, en un claro intento de deslegitimar una extraordinaria labor periodística de investigación, que devino en uno de los procesos por corrupción pública y privada más grandes que nuestra historia recuerde: la causa de los cuadernos de las coimas.

Tal deleznable proceder no fue producto de la búsqueda de la verdad, sino, por el contrario, de una inestimable colaboración con un grupo de defensores interesados en la demolición de esa causa judicial. Solo las reacciones airadas de la comunidad, de organizaciones de la vida pública y de entidades periodísticas argentinas e internacionales lograron que este juez desista de su proceder. No obstante, el agravio a la libertad de prensa estaba consumado. Finalmente, la Cámara de Apelaciones zanjó el asunto con una fuerte advertencia al magistrado. “Las pruebas propuestas se orientan a obtener de Cabot una información que el nombrado ha decidido amparar en el secreto de las fuentes de información periodística. Avanzar en el terreno propuesto sería burlar las limitaciones que el testigo ha invocado, atacando con ello uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho”, se escribió en la resolución.

No son pocos los que recuerdan en los pasillos de Comodoro Py cierta vez en que habría terciado ante otro juez del fuero, para que un abogado, operador y posteriormente detenido, corriera en auxilio del extinto Daniel Muñoz. La intención era mejorar su situación en un caso donde se juzgaba el multimillonario lavado de dinero del exsecretario presidencial de los Kirchner.

Tanto el falso influyente, señalado por varios declarantes en la causa cuadernos, como varios de sus familiares terminaron detenidos y elevados a juicio oral por sus tropelías. Son numerosas las personas que ilustran sobre su amistad y sobre su presencia casi diaria en el despacho del “nuevo Oyarbide”.

Persistente en su interés por la causa cuadernos, y siempre permeable a prácticas poco claras, su osadía procesal lo llevó a intentar otra embestida, esta vez de la mano del generoso empresario Armando Loson y de su abogado Carlos Vela, también conocido por amistades y complicidades con un próspero fiscal.

Así las cosas, el magistrado accedió a abrir una causa paralela, para intentar nuevamente deslegitimar la investigación de los cuadernos, en otro claro abuso de autoridad. Su actuación exhibe un flagrante desconocimiento de los deberes de los jueces y del Ministerio Público, ya que intenta producir prueba de manera ilegítima. Todo en auxilio o salvataje del mencionado empresario.

Encadenando una osadía sin límite, nuevamente se metió con la libertad de prensa, en otro claro ataque a Jorge Bacigalupo, una de las fuentes de la investigación del periodista Cabot y testigo que optó por develar su identidad para contribuir al éxito de la investigación.

Hace pocos días fue allanado su domicilio con la pueril excusa de que, por haber entregado los cuadernos de las coimas al periodista, podría ser cómplice de algún delito.

En la búsqueda supuesta de escrituras autógrafas indubitables, que muy difícilmente puedan obtenerse con ese avasallamiento a su domicilio y a su intimidad, se secuestraron los teléfonos y computadoras de este valiente testigo. Vale preguntarse qué prueba indubitable podría obtener de esos dispositivos. Obviamente la artera medida vino acompañada de estrépito mediático, agitado por las oficinas oficiales de propaganda, y ejecutada por la hoy tenebrosa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), brazo armado de la mazorca kirchnerista y de estrechos lazos con el alcantarillado de la república.

Este magistrado atacó una vez más a la prensa libre y a sus fuentes, apareciendo frente a la sociedad no como lo que debiera ser. De hecho, en muchos de sus movimientos se deja ver la intención de ascender y llegar a la Cámara Federal porteña.

Nunca fue requerido acerca de los motivos por los que visitaba en la cárcel a determinados presos, por sí o por enviados, con la consigna de arrancarles algún relato falaz, que sirviese a sus ruines intereses.

El nuevo Oyarbide ha confesado en otros expedientes su amistad con el abogado Raúl Plo y su familia, motivo que significó su inhibición y apartamiento en una causa que lo involucraba. Resulta altamente llamativo y sugestivo, en la más benévola de las interpretaciones, que no se haya excusado en las causas que directamente afectan o podrían afectar a su entrañable amigo y queridos familiares de este, procesados en la causa cuadernos. Plo y algunos de sus familiares ya tienen su expediente elevado a juicio oral y público. Gran parte de su accionar ha pretendido socavar lo comprobado y ha realizado arteras medidas de prueba a todas luces ilegales, violatorias de las garantías constitucionales para cualquier ciudadano. Todo, en auxilio de sus amigos y de poderosos y generosos empresarios. En varios de sus expedientes hay una sospechosa coincidencia: el cuestionado fiscal es Gerardo Pollicita.

Podemos afirmar que lamentablemente desde hace un buen tiempo hay un nuevo Oyarbide en la Justicia Federal.

Es de esperar que la sociedad y los órganos competentes no toleren más la generación de estos siniestros personajes que deshonran su juramento y mucho contribuyen a la alicaída opinión que tiene la sociedad sobre el Poder Judicial.

Fuente: La Nación

La decisión del Gobierno de obligar a organismos públicos como la Anses a desprenderse de bonos en dólares y canjearlos por títulos en pesos constituye un nuevo manotazo que tendrá severas consecuencias sobre el financiamiento del sistema previsional, además de estar viciado de ilegalidad.

Representa también una mancha más sobre la credibilidad de un presidente que había prometido que iba a privilegiar a los jubilados sobre los bancos y que iba a desendeudar al Estado de Leliq para dejar de pagar intereses y así elevar los haberes jubilatorios. El resultado está hoy a la vista: el stock de Leliq se ha multiplicado hasta unos 12 billones de pesos y más que duplica el tamaño de la base monetaria, al tiempo que las jubilaciones han seguido perdiendo poder adquisitivo ante la inflación.

En 1958, Franco Modigliani y Merton Miller demostraron que, en un mercado perfecto, el valor y la solvencia de una empresa dependen solo de su capacidad para generar ganancias, independientemente de cómo se financie (capital propio o deuda). Su trabajo les valió el Premio Nobel de Economía. De manera análoga, la solvencia y el riesgo de un país dependen de su capacidad para generar ingresos que cubran gastos. Cuando un país con déficit crónico llega al límite de presión impositiva y agota todas sus fuentes de financiamiento tanto en moneda extranjera como en pesos, la operación que ha planteado Sergio Massa de manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es irracional y temeraria.

El Gobierno ha recurrido a decretos de necesidad y urgencia que reconocen la falta de recursos genuinos para pagar los próximos vencimientos de deuda y se propone llevar a cabo operaciones financieras para malvender deuda en dólares, a tasas superiores al 30%, obtener pesos y postergar temporariamente la inevitable devaluación del peso en una economía en recesión, y con una inflación de más del 100% anual.

Para lograr esto, el Gobierno requiere que todos los organismos del Estado –pero en particular el FGS– que posean bonos soberanos en dólares los canjeen por bonos en pesos. Luego, el Gobierno procederá a vender esos bonos en dólares en el mercado local a cambio de pesos y emitir nuevos títulos para financiar su gasto y hacer frente a vencimientos de deuda. A los compradores de esos bonos en dólares, se los incentiva con la libertad de vender esos títulos en el exterior, o sea que podrán dolarizar sus pesos sin perder derechos de operación en el mercado oficial para el pago de importaciones.

Sin embargo, un análisis básico indica que no existen argumentos racionales para que el FGS y los demás organismos estatales participen en esta maniobra. La exención de responsabilidad para funcionarios que los decretos del Poder Ejecutivo proveen en caso de que el canje no sea beneficioso para dichos organismos es una clara señal de que se trata de una estrategia tan arriesgada como abusiva. Tampoco hay argumentos para apoyar los decretos de un gobierno que se propone malvender el stock de bonos en dólares que respaldan las jubilaciones de los argentinos para financiar el déficit crónico del Estado.

Asimismo, la constitucionalidad de los decretos será puesta a prueba ya que vulnera derechos de leyes anteriores que intentaron darle mayor solvencia al sistema previsional en general, y la reparación histórica de los jubilados en particular.

El FGS fue creado en 2007 con el declarado propósito de “asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables”. Paradójicamente, quien estaba al frente de la Anses por aquel entonces era el propio Massa.

No extraña que ya se hayan presentado denuncias judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Alberto Fernández y Massa, ante la tentativa de utilizar activos de los aportantes al sistema previsional para fines extraños a la seguridad social y de vulnerar la autonomía financiera y económica del FGS, en lo que puede considerarse como un nuevo asalto a los fondos jubilatorios.

A principios de año el Gobierno intentó controlar el precio del dólar contado con liquidación (CCL) vendiendo dólares del BCRA. Ahora intenta lo mismo utilizando bonos en dólares.

Dada la acuciante situación económica y social, que se verá profundizada por la fuerte caída de la recaudación derivada de la grave sequía, resulta irresponsable no consensuar y avanzar con medidas de fondo y reformas estructurales que apunten hacia un horizonte de sustentabilidad para la economía argentina. Seguir brindando pésimas señales con medidas como las anunciadas la semana última solo dañará aún más la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia económica.

Fuente: La Nación

Se atribuye al economista Simón Kuznets haber dicho: “Existen cuatro clases de naciones: desarrolladas, en desarrollo, Japón y la Argentina”. La diferencia de Japón sería en sentido positivo, por su capacidad de resiliencia luego de Hiroshima y Nagasaki. La Argentina lo sería en sentido negativo, por su persistente decadencia a pesar de contar con inmensos recursos naturales.

Hasta Carlos Marx se sorprendería ante la “excepcionalidad” argentina, pues en 1848 había descripto al Estado como “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (“Manifiesto Comunista”, 1ª parte) y hoy, como Kuznets, abriría la boca al verificar que en la Argentina las cosas son siempre al revés. Regresaría, quizás, a la biblioteca del Museo Británico a escribir sobre nuestro caso, como la excepción que confirma la regla.

Aquí el Estado no es instrumento de la clase burguesa para explotar al proletariado, como lo describió Marx, sino a la inversa: es usado por pícaros que logran cargos públicos para hacer fortuna y convertirse en burgueses, a costa de un proletariado ingenuo que los vota, mientras se lo explota. Ha sido cooptado por intereses sectoriales, políticos venales, operadores todoterreno, militantes engreídos, mariscales sin bastones, trepadores de paraavalanchas, punteros barriales y buscavidas varios, para lucrar con desvíos de poder en su provecho.

Estos grupos oportunistas se suceden según los vaivenes de la política y las suertes de las urnas. Se nutren de flujos de riqueza que provienen de las contrataciones públicas, de subsidios sin control, de intermediar planes sociales, otorgar créditos blandos, adjudicar permisos, aplicar prohibiciones, amparar abusos, crear mercados cautivos o engordar cajas sindicales, hasta que desaparecen del escenario con las alforjas llenas, dejando pasar a nuevas camadas que continúen la expoliación hasta que los recursos se agoten.

Nuestro país es el paraíso de la improductividad, por deformación de los incentivos y las cargas para producir con eficiencia y por el desvío de la inversión pública a la compra de chatarra ferroviaria, a construir rutas inconclusas o inconducentes, o a postergar gasoductos indispensables. Todas esas distorsiones configuran el famoso “costo argentino” que unos se imponen a otros, obstaculizando la apertura de la economía, necesaria para crecer en serio.

En la Argentina, no hay baldosa que se levante de donde no surjan personajes ignotos y prósperos, verdaderos dueños de parcelas de lo público, en connivencia con sus jefes políticos, sindicalistas o empresarios clientelistas. Orfebres silenciosos de una trama indestructible que los protegerá ante quienes intenten cambios sin advertir la complejidad del desafío.

Como muestras, vale la pena recorrer noticias recientes. Hace unos días se hizo público que la AFA designó a Deportick para comercializar las entradas para los partidos de la selección nacional. Tan pronto nuestro columnista Carlos Pagni levantó esa baldosa, apareció Javier Faroni, marido de una diputada del Frente de Todos y amigo de Sergio Massa, quien lo ubicó como director de Aerolíneas Argentinas facilitando así su vínculo con el presidente de la AFA, quien le otorgó el negocio.

El amable lector también pudo enterarse de que la ministra de trabajo, Raquel Cecilia “Kelly” Olmos, tiene su ministerio loteado en áreas estratégicas controladas por sindicatos que le marcan la cancha desde sus respectivas baldosas. Sabiendo que con los “gordos” no se juega, evita pisarlas, como en la rayuela. Asimismo, se conoció el aumento de derechos de importación sobre notebooks y laptops producidas en Tierra del Fuego, dando marcha atrás a la reducción dispuesta durante la gestión macrista. Sin duda, resultado de un lobby silencioso bajo la codiciada baldosa del régimen fueguino, cuyo impacto será negativo para la productividad general, aunque el decreto diga lo contrario.

Para rematar, el diputado Ricardo López Murphy denunció que Aysa, presidida por Malena Galmarini, pretende beneficiar a Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano, al llamar a licitación para proveer policloruro de aluminio (PDA) a partir de 2024 (después de que asuma el próximo gobierno). Según aquel, se eligió el PDA fabricado por Filiberti en Transclor y no otros coagulantes alternativos para evitar la competencia de otras empresas.

Muchos se preguntan si la Argentina tendrá salida esta vez, con el escepticismo de quienes conocen el paño. Luego de décadas de distorsiones, se han creado múltiples intereses que se nutren de ellas, en una adaptación al medio darwiniana, pero bien criolla. No son actividades turbias, sino pymes que nunca imaginaron que su falla de origen podría afectarlas si las reglas cambiasen.

Esa es la gran dificultad para poner a la Argentina de pie. No basta con denunciar la corrupción, pues la solución de la pobreza no surgirá de los tribunales. Tampoco con un plan económico, por más sólido y consistente que parezca. El problema es primero cultural y luego político. La estructura a transformar está sostenida por convicciones profundas que impregnan todo el arco político pues, como dijo Juan Perón respecto de radicales, socialistas y conservadores, “somos todos peronistas”, incluyendo a sus seguidores. Conocía las ideas y creencias del argentino medio, quien, a pesar de su individualismo, es estatista, proteccionista y renuente a los rigores del mercado.

En muchos casos, la defensa del statu quo no provendrá de los afectados sino de los mismos dirigentes que prometieron el cambio. Llegado el momento y luego de revisar las encuestas, es posible que les tiemble el pulso si la mayoría pide lo contrario. Las razones para conservar la línea de bandera, el transporte gratuito, la energía subsidiada, los bancos de fomento, las empresas recuperadas, las industrias sensibles, la inflexibilidad laboral o los privilegios del empleo público, quizás los fuercen a reformular promesas de campaña. Pues en el fondo, ¿tendría razón el astuto general de Puerta de Hierro?

La prosperidad solo se alcanzará cuando la sociedad se atreva a mirarse en el espejo y reconozca que no es más viable parcelar la función del Estado en baldosas bajo las cuales se negocien intereses particulares. La profundidad de la crisis debería ser una oportunidad para priorizar el interés general, como lo establece la Constitución Nacional, y tener como objetivo colectivo lograr una Argentina competitiva, abierta al mundo y capaz de transformar en bienestar para todos, la potencia de sus riquezas naturales, la excelencia de sus industrias y el talento de sus emprendedores.

En ese momento, los discípulos de Simon Kuznets deberían reformular el habitual apotegma –quedándose así sin esa remanida muletilla– para asimilarnos a Japón por nuestra resiliencia casi nipona luego de 80 años de populismo.

Fuente: La Nación

El poder del narcotráfico no solo se hace visible en Rosario con las balas y con el terror, sino también con las relaciones cada vez más aceitadas que mantienen sectores vinculados al crimen organizado con los resortes de poder, que dan las garantías para que esa actividad criminal funcione sin mayores problemas. El sociólogo e investigador Matías Dewey señala que esa “protección” está basada en la “suspensión de la ley”. En resumen, se sospecha que los narcos pagan sumas importantes y financian campañas políticas para obtener una mercancía muy valiosa: la impunidad. Sin ella sería imposible que los líderes criminales no solo se enriquezcan con la venta de drogas, sino que además puedan invertir su renta cada vez más elevada.

Esa búsqueda de impunidad atraviesa las instituciones y los partidos políticos, y termina siendo la base para que una violencia cruel provoque que Rosario tenga una tasa de homicidios cuatro veces superior a la del total de la Argentina, con 288 asesinatos que se produjeron el año pasado.

El caso del senador provincial del Partido Justicialista Armando Traferri sirve como síntesis para ver cómo penetró ese fenómeno criminal en lo más profundo. Este dirigente de San Lorenzo, una ciudad próspera a nivel económico, donde están asentadas gran parte de las terminales portuarias, nunca pudo ser imputado por asociación ilícita por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que terminaron denunciados por el propio legislador. Estos dos funcionarios judiciales buscaron develar una trama en la cual conviven la corrupción política y judicial, y la influencia de grupos narcos como Los Monos.

A Traferri lo acusan de recibir un pago de 250.000 dólares de un “empresario” que manejaba los casinos ilegales en Rosario, asociado a la fuerza con el clan Cantero. Ese pago estuvo destinado, según declaró en su condición de arrepentido Leonardo Peiti, a financiar la campaña electoral de 2019 del peronismo, que llevó a Omar Perotti a la gobernación. El mandatario santafesino negó haber recibido dinero sucio.

Se sospecha que los narcos pagan sumas importantes y financian campañas políticas para obtener impunidad

Peiti confesó haber financiado esa campaña para tratar de pasar a la legalidad con su emprendimiento, es decir, manejar el juego online de Santa Fe, algo que nunca ocurrió. Pero para que esa misión prosperara debía evitar tener problemas judiciales. Para ello también utilizaba los servicios de Traferri, que –según la declaración del fiscal Gustavo Ponce Asahad– pagaba al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, una cuota de 5000 dólares a cambio de que no prosperaran denuncias por juego ilegal. En esa red de connivencia también figuraban jefes policiales como el exjefe de la Policía de Investigaciones de Santa Fe Daniel Corbelini.

En medio surgió un imprevisto. El empresario empezó a ser extorsionado por la banda de Los Monos, por lo que se hizo socio de ellos, al entregarles el control de pequeños casinos ilegales desparramados por Rosario, de los cuales la policía también cobraba sobornos. Los Monos pasaron a tener la misma cobertura judicial que su socio, cuyo operador en la Justicia era Traferri.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery investigaron a fondo, pero nunca lograron imputar a Traferri. Primero, el Senado de Santa Fe les cerró la puerta al rechazar el pedido para retirar los fueros legislativos al senador de San Lorenzo. Se unieron los dos partidos mayoritarios, radicales y peronistas, para resguardar corporativamente al senador. Luego crearon una comisión para investigar a los fiscales que querían investigar al poder. La Corte Suprema de Santa Fe hizo lo propio cuando los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación recurrieron a esa instancia, tras agotar la vía judicial. Con cinco votos contra uno, el máximo tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de las normas que regulan los fueros, que habían presentado los fiscales en total soledad.

Ante un panorama incierto, el único camino que les quedó a los fiscales fue acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa instancia, el procurador Eduardo Casal avaló el pedido de los fiscales y, en un dictamen, describió las incongruencias en el máximo tribunal de Santa Fe a la hora de votar sobre este caso.

El dictamen afirma que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. Con ese argumento, Casal señaló que “las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas”. Los ministros de la Corte Suprema de la Nación tienen en sus manos ahora un caso que podría ser una bisagra en Santa Fe, porque marcará si hay poderes indemnes a la Justicia. Es la primera vez que dos fiscales logran romper esa espesa constelación en la política que ofrece las garantías para que el narcotráfico tenga impunidad.

Fuente: La Nación

El conflicto diplomático surgido a raíz de la sorprendente fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra de Rafael Correa condenada por corrupción, de la embajada argentina en Quito, donde estaba asilada, se ha transformado en un verdadero escándalo que pone en riesgo las amistosas relaciones entre la Argentina y Ecuador.

La sigilosa huida, informada por el canciller Santiago Cafiero al gobierno de Guillermo Lasso, tuvo como destino Caracas y provocó la justificada indignación del gobierno ecuatoriano, que declaró persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y le dio dos días para abandonar el país. Apenas conocida esa decisión, el canciller Cafiero dispuso lo mismo con el embajador ecuatoriano en la Argentina, Xavier Monge Yoder.

Cabe recordar que María de los Ángeles Duarte había sido condenada en tres instancias judiciales y en dos gobiernos distintos a ocho años de prisión por el delito de cohecho, que es imprescriptible según la Constitución de Ecuador. En las investigaciones se determinó, entre otras cuestiones, el reparto de unos 14 millones de dólares provenientes de empresas de obra pública, entre ellas, Odebrecht.

A pesar de estos antecedentes fue decisiva la reunión entre Cristina Kirchner y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, mantenida en el Senado. En esa ocasión, Correa –prófugo de la Justicia de su país por un caso de corrupción– le pidió a la vicepresidenta que la Argentina le concediera asilo político a María de los Ángeles Duarte, solicitud que fue refrendada por la expresidenta y dirigida al canciller Cafiero.

La exministra ecuatoriana estuvo alojada desde agosto de 2020 en la embajada argentina en Quito en calidad de huésped hasta que el presidente Alberto Fernández le concedió el asilo político. Desde entonces, el gobierno de Lasso siempre se negó a otorgarle un salvoconducto para que pudiera salir del país.

Hasta el momento no se han podido determinar las circunstancias en las cuales la exministra Duarte se fugó de la embajada argentina. El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en referencia al proceder de los funcionarios de la embajada argentina, afirmó ante la Asamblea Nacional que “en el mejor de los casos hubo negligencia y en el peor de los casos hubo complicidad”.

Además, reveló que el embajador Fucks se negó a entregar los videos de las cámaras de seguridad, los libros de ingreso y otra documentación que pudiera ayudar en la investigación sobre el momento y el modo en que escapó la exministra de la residencia.

El ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, sostuvo que, unos días antes de la fuga, el ministro consejero de la embajada argentina, Adrián Biotti, le pidió a la policía, que rodea el edificio como medida de seguridad, que se alejara de la zona y dejara de hacer el registro de los autos que ingresan y salen de la sede diplomática.

La embajada argentina en Quito tampoco sabe –o dice no saber– cómo salió Duarte de la sede diplomática. Uno de los supuestos que se manejan desde Ecuador es que Duarte pudo haberse ocultado en un auto con patente diplomática, que permite libre circulación y no puede ser requisado por las autoridades.

Tanto cerca del canciller Cafiero como del embajador Fuks negaron tajantemente las palabras de Holguín y de Zapata. El funcionario argentino expulsado acusó al gobierno de Lasso de mentir para tapar su responsabilidad en la huida.

Rafael Correa, apoyado por sus aliados de la Patria Grande, sostiene que María de los Ángeles Duarte, al igual que Lula o Cristina Kirchner, es víctima del lawfare. En el episodio que concluyó con la furtiva huida de la exministra, quedó expuesto el funcionamiento de un tipo de diplomacia en la región que se activa para asistir a una cofradía de condenados por corrupción a quienes se tilda de “perseguidos políticos”.

Es de esperar que este lamentable y dudoso hecho sea aclarado con total transparencia para dejar a salvo el buen nombre de quienes hayan sido ajenos a cualquier maniobra que hubiera contribuido a la fuga de Duarte y castigar con todo rigor a quienes hayan sido los responsables de haberla facilitado.

Ello no solo permitirá restablecer sin fisuras las relaciones entre la Argentina y Ecuador, sino que también despejará cualquier duda acerca de la utilización de las embajadas argentinas como guaridas para corruptos y delincuentes.

Fuente: La Nación

Una pareja que no lograba un embarazo decidió someterse al procedimiento de fecundación in vitro, con embriones conformados por material genético de terceros. Se implantaron dos embriones y al tiempo nació una niña. Desavenencias propias de pareja condujeron a la separación y a plantearse el destino de tres embriones que habían sido criopreservados, dado que no pensaban tener más hijos. Le hicieron saber a la institución involucrada su voluntad de descartar dichos embriones, para lo cual se les explicó que necesitaban una autorización judicial. Cabe aclarar que aun cuando las personas deben recibir información suficiente y prestar su consentimiento sobre la criopreservación y las opciones para el uso y destino de embriones almacenados, esto no formaba parte del contrato inicialmente celebrado con la clínica.

Tramitada la acción judicial pidiendo autorización para el descarte, el caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 77, a cargo de la doctora Vilma Díaz. La magistrada rechazó el pedido de autorización sosteniendo, con sólido fundamento, que “el embrión detenta la condición de Humanidad”. La Sala “I” de la Cámara Civil no compartió este criterio, se explayó sobre la innecesariedad de una autorización judicial, discrepando sobre el estatus jurídico del embrión. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aunque no ha fijado aún fecha, el máximo tribunal ha expresado que tratará el tema en audiencia pública con participación de todos los interesados.

La situación ha despertado indignación en sectores abortistas que sostienen que se trata de una forma elíptica de atacar la ley del aborto, en caso de que la Corte entienda que no es posible descartar un embrión.

Lo cierto es que el tema sigue siendo polémico. La Justicia ha llegado a soluciones divergentes en varios casos, unos a favor del descarte y otros a favor del respeto a la viabilidad del embrión.

La cuestión no es menor, pues se estima que en el país existen hoy 92.000 embriones criopreservados. La ley que se anunciaba en el Código Civil y Comercial sobre el destino de estos no ha sido dictada, habiendo perdido estado legislativo uno de los proyectos sobre la materia.

El tema es delicado porque atañe a concepciones filosóficas y científicas profundas y muchas veces divergentes.

Está claro que la Corte no considera que la ley de divorcio haya resuelto el problema del destino de los embriones no implantados. Por su potencialidad, desde la perspectiva bioética, los embriones creados por técnicas de reproducción asistida merecen el máximo respeto, protección y cuidado.

Fuente: La Nación

Según un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre pobreza multidimensional, dos de cada tres chicos de la Argentina son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, a la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro.

El informe se basa en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que muestran que, al primer semestre de 2022, el 51,5% de los chicos vivían en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Y si se suman las privaciones no monetarias, el valor asciende al 66 por ciento.

En total, son aproximadamente 8,8 millones los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales y 3,7 millones (28%) enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente: es decir, tres de cada diez chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado.

El aumento de las canastas de precios de alimentos que definen la pobreza y la indigencia traspasó con creces el 100% y superó el índice de aumento de precios. El Indec informó que la canasta básica total (CBT) –la línea de la pobreza– y la canasta básica alimentaria (CBA) –el piso de la indigencia– reflejaron el mes pasado una variación interanual del 111,3% y del 115,1%, respectivamente, frente a una tasa de inflación que, en igual período, fue del 102,5 por ciento.

Para no ser pobre, una familia tipo necesitó en febrero $177.063, mientras que para no ser indigente esa suma fue de $80.483.

Por otro lado, el estudio de Unicef advirtió que nueve de cada diez chicos en situación de pobreza monetaria viven en familias en las que su padre o su madre trabajan, lo cual refleja que la sola creación de empleo, sin tomar en cuenta su calidad, no permite salir automáticamente de la pobreza.

Solo con acuerdos políticos basados en metas de corto, mediano y largo plazo se podrá sacar a la población de niños, adolescentes y jóvenes de la penosa y humillante situación en que se encuentra

Al respecto, Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión de Unicef Argentina, manifestó que el tipo de empleo marca la diferencia: “La tasa de pobreza de niñas y niños que residen con personas ocupadas formalmente disminuye al 32%, y aumenta al 60% cuando viven con adultos ocupados en la informalidad. Este dato nos permite observar que no se sale de la pobreza creando cualquier tipo de empleo, sino empleo decente, es decir, protegido y de calidad”.

Por su parte, Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, señaló que la pobreza es más que la escasez de ingresos. “Vivir las primeras etapas de la vida en la pobreza significa no asistir a la escuela o hacerlo con retraso, no tener acceso a servicios básicos, entre otras carencias”, sostuvo.

La pobreza es un mal endémico de la Argentina. Es la expresión de la mayor desigualdad social en educación, ingresos, calidad de vida y acceso a la salud, porque se relaciona con exclusión, expulsión y marginalidad. Sin embargo, no es el problema más urgente de los políticos, ya que no hablan de ella, porque la supieron incrementar.

Combatir la pobreza, la indigencia y la marginalidad supone colocar la centralidad del trabajo digno como eje fundamental de las políticas públicas; el empleo y la mejora sensible del ingreso de las personas, de los hogares y las familias argentinas, como instrumentos privilegiados de los procesos de desarrollo social.

En esa lucha juegan un papel decisivo las metas en educación, salud y empleo. La educación constituye el activo más importante para forjar las capacidades humanas para quebrar la disparidad de ingreso y la mejora de la calidad del trabajo

En función de buscar soluciones se necesitan acuerdos políticos y planes con metas para el corto, mediano y largo plazo, con la adecuada asignación de recursos, que brinden a la población intteegrada por niños, adolescentes y jóvenes alternativas superadoras. Solo así se los podrá sacar de la penosa y humillante situación en la que se encuentran y ofrecerles a cambio una vida con mejores expectativas y realmente digna.

Fuente: La Nación

Duele comprobar que la Argentina se está convirtiendo en un paraíso para el narcocrimen. Pero más doloroso aún es que quienes tienen hoy el deber de gobernar hagan hasta lo imposible por seguir garantizando la libertad de movimientos de jefes del narcotráfico, en lugar de velar por la seguridad de la población.

Lo dicho no requiere mayores pruebas cuando ha tomado estado público que una enorme parte de los graves delitos registrados en Rosario, y que se han cobrado la vida de numerosas personas inocentes, incluidos niños, han sido ordenados desde las cárceles en las que se alojan reconocidos líderes de peligrosas bandas vinculadas al narcocrimen.

Se trata de unidades penitenciarias donde los presos pueden utilizar teléfonos celulares y estar conectados por WiFi con sospechosa libertad. Algunos de esos dispositivos les son vendidos por personal del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que, por si fuera poco, vio desmantelada la oficina de inteligencia criminal en las cárceles, por lo que perdió toda posibilidad de controlar conversaciones telefónicas entre los jefes del narcotráfico detenidos.

Las autoridades nacionales y los responsables de este verdadero disparate deben hacerse responsables.

Recientemente, la Procuración General de la Nación exhortó al impresentable ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos tendientes a erradicar el uso de teléfonos celulares por detenidos en las unidades penales federales, a colocar inhibidores de señales en los pabellones carcelarios y a cumplir la ley que, desde 2017, prohíbe que los presos tengan celulares en su poder.

Sin duda, alguien debe hacerse responsable. Principalmente, funcionarios como la titular del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, más preocupados por concederles los beneficios de la prisión domiciliaria a peligrosos delincuentes con el pretexto de que se debe superar el problema de la superpoblación carcelaria.

El kirchnerismo no puede eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia

Jubilada en 2018 después de una larga carrera en el Poder Judicial, donde llegó a ser jueza de la Cámara Nacional de Casación, y tras su paso por la presidencia de la agrupación Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, Garrigós de Rébori se incorporó al Instituto Patria, fundación política que responde a Cristina Kirchner, donde se ocupó de la coordinación del equipo de administración de Justicia.

En 2020, fue nombrada por el presidente Alberto Fernández como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y como interventora del SPF, cargo que insólitamente ocupa hasta hoy.

Como militante en la agrupación Justicia Legítima, Garrigós de Rébori fue una tenaz defensora del proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a sostener la necesidad de que “a los jueces se los pueda controlar y puedan rendir cuentas de su gestión” como magistrados. Consideró en aquel momento que había que “abrir la corporación para ver cómo es por dentro” .

Ya desde su cargo como responsable del SPF, disolvió el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), que había creado su antecesor, Emiliano Blanco, por recomendación de la ONU. Garrigós de Rébori también suprimió la dirección de inteligencia del servicio penitenciario.

Con la pandemia de coronavirus, además de concederse las prisiones domiciliarias de no pocos presos peligrosos para la sociedad, los servicios penitenciarios bonaerense y de otras provincias permitieron el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles, para que los detenidos pudiesen estar en contacto más asiduo con sus familiares. Pero esta medida no fue admitida por el SPF, por lo que los celulares que están siendo empleados en las cárceles federales por los presos han ingresado en forma ilegal, merced a la complicidad de los agentes y al relajamiento de los controles.

La razón de la histórica falta de convicción de los gobiernos a la hora de enfrentar el problema que plantean la inseguridad y, más recientemente, el narcoterrorismo que castiga a una zona cada vez más amplia de nuestra geografía, puede pasar por simple incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad.

Si bien es factible que el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado haya infectado las arcas de parte de la dirigencia política, al igual que de las fuerzas policiales y de no pocos miembros del Poder Judicial, es indudable que, por el hecho de haber gobernado durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo no está en condiciones de eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia. Es indispensable que quienes hoy se hallan al frente de áreas tan sensibles del gobierno tengan la dignidad de reconocer sus errores y presenten su renuncia.

Fuente: La Nación

El canje de una parte significativa de la deuda pública nominada en pesos ha sido un paso inevitable frente a la imposibilidad de atender los vencimientos inmediatos.

La suma de letras emitidas por el Banco Central y de títulos colocados por el Tesoro ha venido creciendo a un ritmo casi exponencial. Su magnitud ha impactado sensiblemente sobre el riesgo país a pesar del intento de relativizar el problema por parte del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, en un reciente artículo publicado por LA NACION. Un pasivo del 10% del PBI puede no incomodar a un gobierno solvente, pero no es el caso argentino.

En su campaña por la presidencia de la Nación, Alberto Fernández prometió destinar el stock de Leliq a aumentar las jubilaciones. Sucedió lo opuesto. En términos reales ha caído el ingreso mensual de los jubilados, mientras le emisión de esas letras por el Banco Central se ha multiplicado.

Lo ha hecho junto a otros títulos emitidos en pesos por el Tesoro, todos ellos consecuencia del déficit fiscal y cuasifiscal. Han sido los bancos, compañías de seguros y algunos organismos estatales los adquirentes de esos títulos, a los que se les han dado atractivos crecientes.

Este último canje entrega ya sea el Boncer ajustable por inflación (CER), o el bono Dual, que se ajusta por inflación o por la cotización del dólar oficial, el que sea mayor. En el idioma de la calle se diría “el sueño del pibe”. Si es solo por inflación, paga un interés. Además, se ha negociado con los bancos la liquidez de estos títulos –un derecho de put u obligación de comprarle a quien ejerce ese derecho– para acompañar alguna eventual caída imprevista de los depósitos. Pese a que el viceministro lo niega, esto parece ser una ventaja adicional en relación con tener que solicitar un redescuento.

El canje contó con el 64% de adhesión, postergando vencimientos por 4,3 billones de pesos para 2024 y 2025.

La reacción de los bancos ha sido obviamente positiva. Así lo manifestó el presidente de Adeba, la entidad que agrupa a los bancos de capitales nacionales. El canje convalida el ventajoso proceso de captación de depósitos y su colocación en títulos públicos que permiten una ganancia con mínimo riesgo. No se han recogido opiniones, que serían menos favorables, de los sectores productivos o de quienes aspiran a comprar una vivienda. El sector privado ha perdido gradualmente participación en el crédito en favor del Gobierno. En enero de 2020, el Gobierno absorbía el 28% del crédito. En enero de 2023, la proporción llegaba al 55%, con tendencia a continuar subiendo.

El desplazamiento del sector productivo es, sin duda, una de las causas de la caída de la actividad económica observada desde el último trimestre de 2022. Quien debe decidir invertir o aumentar la producción ya se ve desalentado por la inflación, el cepo cambiario, la restricción de importaciones, la agobiante presión impositiva, la inseguridad y la amenaza a la Justicia. Poco aliento le queda si, además, debe competir con el Estado para obtener crédito en condiciones que solo un gobierno desesperado puede ofrecer.

Se ha llegado a un escenario económico que cualquier analista externo consideraría la antesala de una hiperinflación. Contribuye a que esto no suceda el convencimiento mayoritario de que las elecciones traerán un cambio y de que serán elegidos quienes tienen un libreto apropiado y la lección aprendida. Eso está evitando una huida acelerada del dinero, que sería el factor detonante de una hiperinflación.

Refiriéndose este canje a una deuda en pesos, parecería remota la posibilidad de incobrabilidad por ser el deudor quien tiene la atribución de emitir pesos. Sin embargo, la magnitud que ha alcanzado esa deuda asegura que por un tiempo el pasivo seguirá creciendo, aunque se tomen las medidas apropiadas. Quien asuma el gobierno a partir del próximo 10 de diciembre se encontrará no solo con esa enorme deuda, sino también con una situación fiscal gravísima, un dólar oficial retrasado y reservas inexistentes, cepos de todo tipo, planes sociales considerados un derecho, tarifas de servicios públicos subsidiadas y un altísimo nivel de pobreza.

Hay solución, pero también mucho sacrificio por delante para poder resolver la situación a la que ha llegado nuestro país, agravada al extremo por el actual gobierno.

Fuente: La Nación