Categoría: Entrevistas

Ya prácticamente no quedan actores ni sectores que puedan abstraerse de la crítica situación que atravesamos. Desgraciadamente, la realidad indica que siempre se puede estar peor y nuestro sistema sanitario viene siendo triste ejemplo de ello.

En los últimos días, las ocho cámaras y entidades más representativas ligadas a la provisión de equipamiento e insumos han denunciado que las restricciones cambiarias impactan de lleno en la actividad y ponen en estado crítico el abastecimiento del sistema sanitario. Reunidos con el ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, y su par de Salud, Carla Vizzotti, presentaron una nota que también hicieron llegar al subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y a los titulares del Banco Central y de la Anmat.

La Cámara Argentina de Insumos, Implantables y Equipamiento Médico (Cadiem); la Cámara de la Industria Traumatológica (Cadit); la Cámara Argentina de Fabricantes de Implantes Médicos (Cafime); la Cámara Argentina Fabricantes y Comerciantes de Ortopedia y Rehabilitación (Cafycor); la Cámara de Industrias para la Salud de la Provincia de Córdoba (Caisal); la Cámara Argentina de Productores de Equipos Electro Médicos (Capeem); la Cámara Argentina de Reactivos para Diagnóstico (Caprodi), y la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Subcomisión de Reactivos y Elementos de Diagnóstico (Uapered) reclaman respuesta del Gobierno.

Ante el inminente riesgo de desabastecimiento, esas entidades necesitan destrabar lo más rápido posible el conflicto que generan los atrasos en la aprobación y los nuevos plazos de pago del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase). No hablamos solo de multinacionales, sino también de pymes –que las hay y muchas– en el sector. En numerosos casos, aun cuando adeudan ya miles de dólares por insumos recibidos, empresas y laboratorios no han encontrado hasta aquí respuesta oficial a sus demandas y las alertas se encienden.

No nos referimos solo a los medicamentos. Carecer de reactivos y demás insumos y de repuestos para equipamiento, entre otros, torna imposible dar respuesta a las necesidades más elementales de los pacientes. Desde no poder brindar los resultados de un simple análisis de laboratorio o medir con los correspondientes reactivos el nivel de glucemia, pasando por que falte un repuesto de un tomógrafo, las situaciones se multiplican. Las dramáticas consecuencias conducirán más temprano que tarde a la imposibilidad de concretar una cirugía, brindar un tratamiento de radioterapia o concretar un trasplante, entre muchas otras necesidades médicas perentorias, afectando la salud presente y futura y poniendo en riesgo numerosas vidas.

En el sector destacan, además, que el conjunto de los insumos que se requieren representa menos del 1% del comercio exterior argentino. Una vez más, los ciudadanos vemos no solo pisoteados nuestros derechos, sino amenazada nuestra salud ante el desgobierno al que nos somete el oficialismo. Sin ninguna razón ni criterio por fuera de la propia impericia para llevar adelante un programa económico serio, retacean divisas para cuestiones vitales dilapidándolas en la compra de aviones, transportando nutridas comitivas a encuentros en el exterior del país y alojándose en costosos hoteles a nuestro cargo, por solo mencionar algunos pocos despropósitos.

Mientras la salud de los argentinos se deteriora, por cuanto los cuadros de estrés y ansiedad también afectan seriamente el sistema inmunológico, la ministra Vizzotti enfrenta una nueva tormenta y su funesta trayectoria oficial, iniciada como mano derecha de Ginés González García, no permite augurar buenos resultados. Habrá que ver cómo el flamante precandidato Massa vuelve a intentar convencer a la sociedad de que los mismos que nos trajeron hasta aquí resolverían estos y otros problemas en un eventual gobierno, a partir del 10 de diciembre.

Fuente: La Nación

Recientemente trascendió que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tendría en estudio un pedido formulado por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat) para que se le otorgue espectro en la banda de 3,5 GHz. Según la información que circula en el sector, aquel ente nacional tendría en evaluación un plan para dar curso a dicha solicitud. Se plantearía atribuir la banda de 3600-3700 MHz para servicios de 5G y asignárselos a Arsat en el orden nacional durante 20 años.

El proyecto dispondría asimismo que la empresa estatal utilice esas frecuencias para la adopción de la tecnología 5G en la industria y el sector público nacional, provincial y municipal, además de la posibilidad de firmar convenios con cooperativas y con pequeñas y medianas empresas (pyme). Según trascendió también, el pliego para el futuro concurso de otras tres bandas para los servicios de 5G contemplaría que, en caso de quedar vacante algún lote, este podría adjudicarse a la Arsat.

Hasta ahora, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA –tal su nombre legal– se había mantenido esencialmente como una firma mayorista. De prosperar este proyecto, entrará en competencia con el resto de las empresas de telecomunicaciones, particularmente con las móviles. Sin embargo, carente de financiamiento legítimo, lo hará del único modo que saben hacerlo las empresas estatales: con subsidios directos o implícitos.

No deja de levantar suspicacias, entre otros muchos aspectos, la posibilidad de que la firma de convenios con las pymes pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares por parte de la Arsat

En este caso, mientras sus competidoras deberán adquirir el espectro a título oneroso, la Arsat lo recibe gratis. Si fuera una sociedad anónima con propósitos comerciales, la Arsat debería regirse por las mismas reglas que sus competidoras. Por otra parte, si el Estado debe acudir a formas propias del derecho privado, es un claro indicio de que estamos frente a tareas que no son propias de él.

Cabe preguntarse de dónde saldrán los recursos para el despliegue de la red, que requiere de cuantiosas inversiones, sin que se conozca hasta ahora que exista un plan de negocios sustentable.

Lo más probable es que, de llevarse a cabo esta aventura, se termine generando otro innecesario aumento del gasto público, que, una vez más, deberemos subsidiar todos los argentinos, usemos o no sus servicios, como sucede con la deficitaria Aerolíneas Argentinas, por citar un solo ejemplo.

La Arsat, una sociedad comercial con fines de lucro, no sería una empresa viable si no fuera por los aportes del Estado nacional, que en un país empobrecido como la Argentina podrían tener mejor destino.

Tampoco se justifica este proyecto en la presunta inexistencia de iniciativas privadas para satisfacer esas necesidades de comunicación, ya sean las del propio Estado o de los particulares, más ligada a la situación actual del país que a otra cosa. En la actualidad, las tres empresas de telefonía móvil existentes deben cubrir con la tecnología 4G toda localidad de más de 500 habitantes y los principales corredores viales del país.

Cabe señalar que, para llegar donde el mercado no puede hacerlo por falta de incentivos económicos, se encuentra el fondo del servicio universal, cuya administración debe ser mejorada y transparentada, como ya se ha comentado en este espacio editorial.

Tampoco deja de levantar suspicacias la posibilidad de que la firma de convenios con pequeñas y medianas empresas y cooperativas, pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares de este valioso espectro, por intermedio de la Arsat. Eventualmente, ello ocurriría en absoluta violación de principios de concurrencia y publicidad que deben orientar cualquier adjudicación de recursos estatales y, con más razón, si son escasos. Algún fiscal debería investigar, además, si este proyecto no resulta violatorio de la ley por la que se estableció el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno.

A tono con la sinuosa trayectoria del ministro-candidato presidencial, a quien reportan las autoridades del sector, este proyecto mezcla el estatismo perimido de los que añoran a la vieja Entel con el tan harto conocido como nefasto capitalismo de amigos.

Fuente: La Nación

Con aires de novela, se conoció la historia de Fernando Alves Ferreira, quien, casado con Marcelo Ramírez, había contratado a Eduarda Santos de Almeida para que actuara como madre subrogante. A poco de que esta diera a luz a mellizos, Marcelo falleció de muerte natural. A partir de entonces, según relata Fernando, Eduarda comenzó a mostrarse exigente con relación a los niños.

Sin otra explicación que esa, en un sendero que conduce al mirador de Lago Escondido, Fernando asesinó a Eduarda, disparándole nueve tiros de una Magnum 357, vaciando un cargador de seis balas y una recarga de tres más. Aunque previamente había denunciado la desaparición de Eduarda, una vez detenido, confesó su crimen.

Acusado de homicidio triplemente agravado por femicidio, uso de arma de fuego y alevosía, Fernando declaró que se autopercibe mujer y que, en realidad, responde al nombre de Amanda. Su defensa argumentó que, al no ser un hombre, no se estaría ante la figura de un femicidio, con lo que se suprimiría un agravante. La Fiscalía entendió que se trataba de una burda estrategia, una defensa utilitaria dado que solo después de haber transcurrido diez meses del hecho, Fernando pasó a autopercibirse como Amanda.

Luego de tres horas de deliberación, un jurado popular de 12 miembros lo condenó por uso de arma de fuego y alevosía y desestimó la imputación de femicidio. La extensión de la pena deberá ser definida por el juez de la causa, pero a la doble calificación le correspondería la pena de prisión perpetua.

Si bien no altera el resultado del caso, el tardío argumento defensivo, no convence. Más allá de la decisión del jurado en este caso concreto, que se contemple la autopercepción de género como argumento defensivo en términos tan acomodaticios debería preocupar. Estos nuevos parámetros a la hora de invocar justicia podrían presentarse con mayor frecuencia y constituyen un llamado de alerta. A tal punto que semanas atrás había corrido el rumor de que la defensa del principal acusado en el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en el Chaco, podría recurrir a parecidos argumentos, aunque esto fue rápidamente desmentido por Ricardo Osuna, abogado del imputado.

Fuente: La Nación

El 24 de febrero de 2022, en una acción militar en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas, la Federación Rusa invadió el territorio soberano de Ucrania, apoderándose de fracciones del este y el sur del país. El conflicto desatado por Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, dio inicio a una guerra convencional.

La confrontación implicó un enfrentamiento indirecto entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar que si bien no incluye a Ucrania, contiene a países decisivos que apoyan a Kiev, colocando, por lo tanto, al Kremlin en abierto desafío a las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos.

Desde entonces han transcurrido más de 500 días y se han producido innumerables pérdidas de vidas humanas de ambos lados, además de gravísimos daños materiales en la infraestructura ucraniana. Pero el conflicto se arrastra, por lo menos, desde 2014, a partir de la situación generada por la anexión de la estratégica península de Crimea por los rusos. Se trató de una operación desplegada con gran eficacia por el Kremlin, que despertó los deseos independentistas de la población rusa o étnicamente rusa que habita el sur y el este de Ucrania, que a su vez es estimulada desde antaño por Moscú en su objetivo de recuperar territorios que considera propios. Constituye una perspectiva que, llevada a sus conclusiones más extremas, implica el desconocimiento de la soberanía ucraniana por parte de Rusia.

Ucrania no es una república más entre las que integraban la Unión Soviética. Con 45 millones de habitantes, praderas inmensamente fértiles y acceso a los mares templados, siempre fue considerada vital por Moscú, tanto durante el período imperial como durante la etapa soviética. Al punto de que el antiguo asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski explicaría que cuando Rusia controló a Ucrania, pasó a ser un imperio, pero cuando perdió el dominio sobre esa nación cesó su categoría imperial.

Los acontecimientos de 2014 derivaron en una suerte de guerra civil en el Donbass, donde se acumularon alrededor de 15.000 muertos, y no son sino la consecuencia de una disputa mucho más antigua, que tiene bases en la geografía y la historia, los dos elementos inmodificables que con frecuencia determinan el comportamiento de los Estados y sus líderes.

Es probable que la potencia más beneficiada por el conflicto termine siendo China, porque una Rusia aislada de Occidente podría replegarse y verse obligada a aumentar su dependencia de Pekín

El origen de aquella disputa se vincula con la interpretación crítica que el régimen de Vladimir Putin impuso acerca del nuevo orden mundial surgido en 1991, con el fin de la Guerra Fría. Un orden que, a los ojos del Kremlin, contiene dosis de ilegitimidad suficientes como para conducir a una política que, en lugar de propender a la conservación del sistema, estimula a su desafío. Con el agravante de que, en este caso, la potencia que interpreta que esas humillaciones son inaceptables es poseedora del arsenal nuclear más extenso del mundo, solo comparable al norteamericano.

Se trata de una visión que no puede dejar de alarmar a la comunidad internacional, frente a las enseñanzas de la historia, que nos indica el peligro para la paz que significa el hecho de que una potencia fundamental del sistema se vea tentada a iniciar una política exterior alocada.

Una Rusia revisionista, guiada por sus instintos más primitivos, mostró hasta qué punto el optimismo del orden global de la pos Guerra Fría parece definitivamente agotado.

El accionar ruso es inaceptable en tanto implicó una ruptura del orden internacional basado en la inviolabilidad de los territorios soberanos y en un sistema establecido en torno a reglas, que derivó en el incumplimiento del llamado Memorando de Budapest de 1994, alcanzado entre la Federación Rusa, Ucrania, EE.UU. y el Reino Unido. Este acuerdo consistió esencialmente en la garantía de la soberanía territorial de Ucrania a cambio de la devolución a Moscú del arsenal nuclear soviético desplegado en su territorio.

Por supuesto, la invasión rusa a Ucrania no significó la primera de su clase en el orden mundial surgido tras el fin de la Guerra Fría, toda vez que en 2003, en forma virtualmente unilateral, EE.UU. lanzó un “ataque preventivo” contra Irak con el pretexto de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y estaba vinculado a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, extremos que no pudieron comprobarse.

Casi un año y medio después de la invasión, el conflicto parece empantanado en una suerte de guerra de desgaste que podría extenderse en el tiempo, con un costo en términos de vidas humanas difícil de prever

La guerra, a su vez, ofreció hasta ahora dos paradojas simultáneas. En el plano estrictamente militar, mostró un desempeño ruso inferior al esperado y una resistencia ucraniana de mayor eficacia a la que se podía imaginar. Ucrania logró sostener una importante resistencia y, durante la segunda mitad de 2022, consiguió recuperar territorios y posiciones, aunque con el correr de 2023 esa capacidad se vio limitada.

En otro aspecto, Rusia consiguió sostener su economía y experimentar un daño material de menor envergadura que el pronosticado, en buena medida por la reorientación de las prioridades estratégicas de Moscú hacia China. Un extremo que, en última instancia, aparece contrario a los intereses occidentales, que deberían propender a separar y no a hermanar a Rusia con China.

Entretanto, la posibilidad de un ingreso de Ucrania a la OTAN volvió a ocupar el centro de las conversaciones en la cumbre de la alianza atlántica celebrada recientemente en Vilna. En este plano, corresponde recordar que se volvió a exhibir la acaso interminable cuestión sobre las precauciones de las potencias occidentales respecto de la incorporación de Ucrania, que complicaría aún más el deteriorado vínculo con Moscú.

En el plano estratégico, en tanto, las consecuencias geopolíticas del conflicto en curso podrían estar marcando una profundización de la competencia entre EE.UU. y China. En ese marco, dos actores como la UE y Rusia quedarán probablemente disminuidos en sus posiciones relativas de poder y más dependientes, respectivamente, de las dos superpotencias del siglo XXI.

Corresponde señalar que la potencia más perjudicada por la guerra sea probablemente Alemania, una nación que en el pasado inmediato gozó del contexto más favorable en décadas, resultante de tener un paraguas de seguridad provisto por los EE.UU. y la OTAN, energía abundante y barata de Rusia y un enorme mercado en China.

Al mismo tiempo, es probable que la potencia más beneficiada termine siendo China, por el hecho de que una Rusia aislada de Occidente podría verse obligada a replegarse y aumentar su dependencia de Pekín.

En conclusión, puede señalarse que, casi un año y medio después de la invasión, el conflicto parece empantanado en una suerte de guerra de desgaste que podría extenderse en el tiempo, con un costo en término de vidas humanas difícil de prever, a la vez que, en el plano estratégico, la guerra podría reafirmar el más inquietante proceso al que nos toca asistir: el que da cuenta de la persistencia de las diferencias entre las tres principales potencias del mundo actual.

Fuente: La Nación

Recientemente, se cumplieron 27 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo, con logros concretos en materia de prevención de accidentes laborales y con una cobertura que alcanza a más de 10 millones de trabajadores y a más de un millón de empleadores.

El compromiso con la prevención puede advertirse en la sistemática reducción de la cantidad de accidentes mortales, que descendieron un 76% desde la puesta en marcha de la nueva legislación. Pese a ese notorio avance, una creciente litigiosidad amenaza al sistema y la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Del mismo modo, una controvertida acta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), emitida en septiembre del año último, ha sugerido a los juzgados un método de ajuste de las sentencias laborales absolutamente desproporcionado, que afecta la seguridad jurídica y pone en serio peligro la supervivencia de numerosas empresas, fundamentalmente pequeñas, en un escenario económico por demás desfavorable.

Hacia fines del presente año, habrán ingresado unos 136.000 nuevos juicios solo por accidentes de trabajo, según estima la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Si bien 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se concentra el 95% de los trabajadores, han adherido oportunamente a la ley nacional de riesgos del trabajo y a su reforma del año 2017, solamente la provincia de Mendoza creó el Cuerpo Médico Forense, esencial para la aplicación de la norma y para evitar los conflictos. De este modo, en los restantes 15 distritos, los peritos médicos judiciales siguen conservando el incentivo a sobrevalorar daños porque sus honorarios continúan convenientemente acoplados al monto de la minusvalía que ellos mismos ponderan, por lo que a mayor porcentaje de incapacidad remanente, mayor será el honorario.

Resulta claro que la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, al igual que de cualquier otro esquema de base aseguradora, no podrá mantenerse si se deben pagar prestaciones dinerarias por incapacidades sobrevaloradas o si se generan nuevos servicios sin el financiamiento adecuado.

La solución pasaría por la constitución, sin mayores dilaciones, de los Cuerpos Médicos Forenses, una asignatura pendiente que incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, responsable de la constitución de esa institución en la ciudad de Buenos Aires.

Se multiplican los intereses de los montos indemnizatorios, excediendo la inflación y el índice de variacion salarial

A estos problemas, que derivan en el incesante crecimiento de la industria del juicio laboral, se ha sumado el acta 2764 de la CNAT, que ha modificado radicalmente la forma de aplicación de las tasas de interés que se empleaban en los juicios laborales, tanto por accidentes de trabajo como despidos, multas y demás créditos laborales, provocando una actualización astronómica de los valores reclamados.

Esta actualización dispuesta por la CNAT sugiere un método de ajuste de los montos de sentencia que incluye la capitalización anual de tasa activa, que no solo va en contra del Código Civil, que dispone una sola capitalización al momento de notificar la demanda, sino que arroja montos muy altos, sobre todo en los juicios iniciados antes de 2016. En algunos casos, el monto de la liquidación supera en un 50% el capital actualizado por inflación con más de 6% anual, cuando la indexación se encuentra prohibida.

Tal decisión exacerba la problemática derivada de la industria de los juicios laborales, por cuanto multiplica los intereses de los montos indemnizatorios, excediendo largamente la inflación y el índice de variación salarial, al tiempo que aumenta el incentivo a litigar, poniendo aún más en riesgo al castigado mercado laboral en su conjunto y la subsistencia de muchísimas empresas, además de sobrecargar la justicia del trabajo.

Asimismo, provoca un claro incremento del costo país, restándole competitividad a la economía argentina y agregando inseguridad jurídica por parte de uno de los poderes del Estado. A tal punto que no existen actualmente activos en las carteras de la inmensa mayoría de las empresas, incluidas las ART, que tengan un rendimiento tal que permita calzar y hacer viable la aplicación de la arbitraria acordada de la CNAT.

Esta situación ha generado un sinnúmero de apelaciones e interposición de recursos extraordinarios y de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal del que se espera que ponga las cosas en su lugar para no agravar aún más tan preocupante situación.

Fuente: La Nación

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COAS) y Control Risks tiene como propósito evaluar esta capacidad de los países latinoamericanos. Los resultados de la edición 2023 del informe ubicaron a Uruguay al frente, a Venezuela en el fondo, y a la Argentina y Brasil a mitad de tabla entre un total de 15 países examinados por especialistas.

Tanto Uruguay (con 6,99 puntos sobre 10) como Costa Rica (6,76), los países mejor calificados para combatir las prácticas corruptas, experimentaron una baja en su performance con respecto a los informes de los últimos años.

Con 5,07 puntos, la Argentina se mantuvo sin grandes cambios respecto del informe 2022, estabilizándose tras una trayectoria negativa de tres años, aunque descendió del sexto al séptimo puesto.

El reporte señala que, si bien la cuestión de la corrupción sigue siendo un tema de relevancia, no ha encontrado en la sociedad el mismo interés que recibió en años anteriores, lo que ha desplazado a la lucha contra la corrupción a segundo plano.

La corrupción es, sin lugar a dudas, una amenaza para cualquier sociedad, desestabiliza sus instituciones y afecta gravemente los valores de la democracia, la ética y la moral, socava la justicia y atenta contra el imperio de la ley. Tal como ha quedado expuesto en el caso argentino, la independencia judicial es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de las prácticas corruptas.

Cuando un Estado asiste al debilitamiento de sus instituciones, las prácticas corruptas encuentran escenarios óptimos para desarrollarse. La corrupción es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento sustentable de la economía, la creación de empleos y el combate a la desigualdad y la pobreza. Asimismo, aleja la inversión, torna ineficientes a los gobiernos y deja impune la violación a la ley.

El desafío que impone combatir un problema tan grave y complejo requiere de la voluntad y decisión de todos los actores y estamentos de la sociedad, sin exclusiones. La experiencia mundial confirma que no tiene destino una nación si no se vence la peligrosa inercia de la impunidad.

Fuente: La Nación

Un gran número de castigados adultos mayores se han sumado a los nuevos pobres de la Argentina. Más de 4 millones y medio perciben la jubilación mínima que alcanza apenas los $70.930, con más del 80% que no llega a cobrar dos jubilaciones mínimas. Por la disparada inflacionaria, el valor de la canasta básica de los adultos mayores o jubilados aumentó en un año el 107,8% y ya supera los $ 205.000, debido al impacto de los gastos en vivienda, alimentos y medicamentos.

Tras haber aportado durante toda una vida, el hecho de que quienes deberían estar disfrutando de sus años de retiro se vean forzados a depender económicamente de sus familias o de hacer changas, mendigar en la calle y hasta revolver tachos de basura para poder comer, es imperdonable.

No todos tienen la suerte de una “jubilada VIP” como Cristina Kirchner, quien cobra una doble pensión de privilegio que hacia marzo último era de 9,1 millones de pesos y equivalía a alrededor de 150 jubilaciones mínimas de entonces, mientras espera resolución por otros 130 millones de pesos de retroactivo. Más de 70 mil jubilados que litigaron y tienen sentencia firme siguen esperando que la titular de Anses y militante de La Cámpora, Fernanda Raverta, ordene el pago de lo que se les adeuda antes de que pasen a mejor vida. Mientras un recurso en queja presentado ante la Corte Suprema para terminar con esta injusticia aguarda resolución, nadie debería olvidar que cuando Sergio Massa estuvo al frente de la Anses apelaba las sentencias para que los jubilados no cobraran los haberes que la Justicia fijaba.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) reportó que el haber jubilatorio promedio en junio fue un 18% inferior en términos reales al de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández.

La demagógica maquinaria preelectoral en manos de Raverta y Massa pergeña cómo sumar estos votos. Además de los recientes anuncios sobre nuevos créditos a tasa subsidiada para jubilados y pensionados, prepararían una actualización del paupérrimo bono extraordinario que complementa haberes por cobrarse en plena campaña electoral.

En el video protagonizado por Massa y actores en edad de ser jubilados que se conoció estos días, el precandidato les pregunta si saben que sus opositores estarían planeando eliminar al PAMI, aun cuando nadie anunció algo así. Si no se tratara de una ficción mal montada, algunos jubilados reales podrían haberle respondido que sería una excelente decisión habida cuenta de los negociados que se cocinan en esa guarida de La Cámpora en perjuicio de sus haberes, de su ineficiencia estructural alimentada incesantemente por una planta que solo en el último trimestre sumó más de 1100 empleados, con indecibles demoras en la atención médica y falta de insumos para intervenciones urgentes, pero siempre dispuesta a a engañar y adoctrinar convenientemente a millones de adultos mayores, cotillón mediante. No sin cinismo, Massa aconseja: “Nada mejor que un jubilado le cuente a otro jubilado”. Habría que explicarle al candidato que no necesitan que nadie les cuente lo que sufren cada día en carne propia.

La grave situación del sistema previsional forzará seguramente al próximo gobierno a considerar la impostergable reforma previsional, con un aumento de la edad jubilatoria. Lejos de robustecer con medidas razonables la financiación de un complejo sistema, la coalición gobernante solo supo seguir por las populistas sendas de las moratorias que favorecen a los incumplidores. Se sumaron millones de nuevos beneficiarios que no cumplían con la cantidad de años de aportes exigida, aumentando el gasto público y comprometiendo así a las futuras generaciones. Se estima que al concluir esta etapa, el 55% del total de los jubilados habrá accedido al beneficio previsional por una moratoria.

Por ahora, los jubilados no tienen nada que celebrar por fuera de la caducidad del absurdo y engorroso trámite de fe de vida. Ojalá no pase demasiado tiempo antes de que la Justicia pueda poner en caja tantas situaciones dolorosas. Y que quienes, al fragor de la campaña y con cara de piedra, solo suman vanas promesas a nuestros adultos mayores, reciban el merecido castigo en las urnas.

Fuente: La Nación

Las reservas internacionales suelen estar depositadas y ser administradas por instituciones elegidas por sus gobiernos. Exponen el manejo de la política monetaria y la solvencia para enfrentar situaciones ocasionales en que una emergencia externa lo requiera o para actuar eventualmente en soporte de la moneda. En la Argentina, la administración de las reservas está en manos del Banco Central (BCRA), cuya función esencial debiera ser la de sostener el valor del peso. Lamentablemente, ha fracasado en ese objetivo mientras se abocó a otros, desvirtuando la misión fundamental que su carta orgánica le impone.

Es admisible que los bancos centrales actúen como prestamistas de última instancia de los sistemas bancarios, pero no como prestamistas habituales de sus gobiernos. También es comprensible que emitan dinero y que compren o vendan divisas en un régimen de caja de conversión. Así fue en la Argentina décadas atrás y con la convertibilidad. Pero es inaceptable que emitan dinero para cubrir el déficit fiscal. Pues bien, el BCRA realiza justamente todo lo que no debe hacer. Para peor lo hace contraviniendo las normas prudenciales que la propia entidad monetaria impone a todas las entidades financieras que están bajo su supervisión y control.

El patrimonio neto de un banco resulta de la diferencia entre sus activos y sus pasivos. Toda vez que recibe dinero que tiene que devolver, se mantiene y registra como un pasivo y el mero acto de recibirlo no implica un aumento patrimonial. Si el compromiso de devolución no es inmediato o es eventual, el banco puede disponer del dinero para otorgar créditos o realizar inversiones. Pero sigue siendo un pasivo aun en caso de que sean depósitos sobre los que no paga interés alguno.

Hay normas prudenciales que son necesarias para enfrentar eventuales pérdidas o corridas bancarias a partir de reclamos masivos de los depósitos. Estas reglas valen también para el BCRA. Las reservas internacionales de un país son un activo. Están integradas por las tenencias en oro y divisas, comprendiendo las provenientes de préstamos, como los del FMI, los swaps de China o la emisión de letras en dólares. También incluyen los encajes de los depósitos en dólares, que los bancos deben entregar al BCRA.

Se entiende como reservas netas las que resultan de restar a las reservas brutas aquellas que están atadas a un compromiso de devolución. Tal es el caso de los préstamos, el swap con China y los encajes de los depósitos bancarios en dólares.

Según los últimos datos relevados la semana última, las reservas brutas del Banco Central cerraron en 26.612 millones de dólares, cuando a comienzos de este año eran de 44.166 millones. Al día de hoy, hechas las correspondientes deducciones, las reservas netas resultan negativas en unos 6000 millones de dólares. Esto quiere decir que el BCRA ha gastado una parte de las reservas que respaldan pasivos. No es relevante identificar a cuál pasivo se ha dejado de respaldar, porque el dinero es fungible. Pero sí es trascendente que el nivel de reservas netas es el más bajo desde la salida de la convertibilidad.

Por tal motivo, resultará fundamental que el gobierno argentino alcance un acuerdo con el FMI antes de fin de mes, ya que para esa fecha deberá pagarle al organismo unos 3400 millones de dólares. Apostar a que China podría acudir en nuestro auxilio sería un error: impondrá otras exigencias y, seguramente, tasas de interés mayores.

El artículo 33 de la Carta Orgánica del BCRA establece que la entidad “podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera”. Está claro que se persigue un objetivo prudencial, particularmente necesario cuando se trata de activos que deben devolverse en algún momento. Muy lejos está la norma de admitir que las reservas internacionales, aun las que no están comprometidas, se gasten para mantener artificialmente la cotización del dólar como ancla antiinflacionaria. Lo lamentable es que este proceder no solo pone al Banco Central y al Gobierno al borde de la cornisa, sino que también está requiriendo destructivas limitaciones a las importaciones. La falta de insumos afecta severamente la producción y, a pesar del cepo, las pérdidas de reservas no ceden. Es obvio e inevitable que esto le deba ocurrir a quien vende un bien a un precio inferior al del mercado.

¿Hasta cuándo puede sostenerse esta situación? El Gobierno seguramente intenta que sea hasta que finalice el proceso eleccionario. Su principal acreedor, el FMI, querrá evitar el default de su principal deudor, pero encuentra crecientes limitaciones formales para desembolsar nuevos fondos para quien está incumpliendo las condiciones acordadas. El déficit fiscal y la emisión en el primer semestre las han excedido. Mientras tanto, se han debido cancelar los últimos vencimientos utilizando los yuanes del swap chino y los derechos especiales de giro (DEG). En ámbitos financieros se interpreta esto como estar recurriendo a los vestigios del fondo del balde, rascando el fondo de la olla. Es difícil pronosticar lo que pueda ocurrir antes del 10 de diciembre, pero de lo que no hay dudas es de que quien gobierne a partir de ese día recibirá una herencia que nunca hubiera querido.

Fuente: La Nación

Sobran motivos para que los argentinos nos angustiemos por el futuro que vislumbramos, ya no para nosotros sino, sobre todo, para las jóvenes generaciones. Muchos pueden caer livianamente en el error de creer que tantos años de desaciertos solo afectan nuestro presente, sin considerar que, lamentablemente, el alto costo se extiende largo y amenazante sobre un perentorio futuro. Tanto más prolongado cuanto más demoremos en enderezar el rumbo.

Si los diagnósticos se ciñen al plano económico, más de un tratado se ha escrito ya sobre la experiencia argentina. En lo social, los índices de pobreza alcanzados nos sumen en una tan dolorosa como escandalosa situación que castiga duramente a millones de compatriotas. Pasar revista de todos y cada uno de los distintos escenarios locales, es por demás tortuoso y desmoralizante.

Los derechos consagrados por la Constitución no pueden ser letra muerta. Todos nuestros niños y jóvenes deberían poder educarse a fin de desarrollar sus potencialidades para su propio bienestar y para contribuir al crecimiento de la nación. Sin inequidades. Para ello, solo alimentándolos adecuada y suficientemente podremos asegurarnos que sus cerebros estarán en las mejores condiciones, una utopía hoy cuando el escándalo del hambre jaquea tempranamente a tantos niños.

Tampoco podemos hoy jactarnos de que sus jóvenes mentes estén recibiendo los mejores aportes. La crisis de la educación los ha tomado de rehenes. Con docentes desprestigiados y sin reconocimiento social, cuesta imaginar que esta noble y valiosa profesión pueda seguir convocando a los mejores, salvo honrosas excepciones, que las hay y muchas. Reconocidos hoy más por su antigüedad en el cargo que por sus méritos, sin la capacitación y formación que el mundo actual demanda, los magros salarios docentes revelan qué lugar les asignamos en esta sociedad en crisis. Precisamente a quienes enfrentan la enorme responsabilidad de enseñar a leer y escribir a nuestros niños, abriéndoles la puerta al conocimiento y al pensamiento crítico que deberíamos tender a desarrollar en ellos.

En lugar de ver profesionalizarse cada día más su loable labor, los vemos forzadamente subsumidos y silenciados detrás de quienes solo intentan ruidosamente alejarlos más y más de las aulas, reduciendo jornadas, rechazando capacitaciones, fijando ridículas condiciones y violentando lo que debiera ser una sana representación gremial, hoy convertida en guarida de ideología y adoctrinamiento detrás de siniestros personajes que todos querríamos ver bien alejados de nuestros hijos.

En paralelo, la situación sanitaria es igualmente insatisfactoria. Grave déficit de infraestructura, presupuestos insuficientes y carencia de recursos mínimos para la atención preocupan a lo largo y ancho del país. Sin embargo, no debiera ser esto lo más inquietante. Es el recurso humano el que demandará mayor tiempo de reposición, claramente hoy desatendido.

Días atrás tuvo lugar el examen único de residencia, una instancia de formación, para la que se postularon 7300 médicos, bioquímicos y enfermeros con títulos obtenidos en la Argentina o en el extranjero, convalidados localmente, para cubrir 5848 vacantes. Este año se graduarían unos 1800 médicos que, pudiendo completar su formación, por razones económicas muchas veces prefieren hacer dos guardias en lugar de una residencia. Por este motivo, las vacantes para residentes no siempre se cubren en su totalidad en algunas especialidades, con el consiguiente perjuicio para el perfeccionamiento profesional.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, Luis Ignacio Brusco, señaló que uno de cada tres inscriptos para residencias es hoy extranjero, mayormente de la región. Considera que, dado que no sobran médicos en la Argentina, hay que ser pragmáticos y se enorgullece de que muchos profesionales muy bien formados en sus países vengan a completar sus estudios aquí. Hoy, en Medicina hay más de 200 carreras por fuera de salidas tradicionales como pediatría, cardiología, psiquiatría y clínica. Muchas de estas son esenciales y que estén en baja resulta preocupante cuando hoy la elección profesional se inclina notoriamente hacia especialidades mejor pagas como anestesiología, cirugía o medicina forense. Brusco insiste en la importancia de promover o ayudar precisamente a las de mayor demanda para que no falten en el futuro.

Pediatría es una de las que está actualmente en la palestra ante el aumento de los casos de bronquiolitis. En 2023, habiendo 525 vacantes para residencias en la especialidad, solo se presentaron 394 postulantes. Integran el amenazante cuadro quienes emigran o planean hacerlo por mejores sueldos cuando el pluriempleo local les resulta no solo agotador sino también insuficiente. Si no sembramos hoy, mañana será tarde.

Maestros para enseñar y preparar las jóvenes mentes y médicos para cuidar su salud de la mejor forma nos devuelven una imagen ciertamente inquietante de lo que puede depararnos el porvenir. Ante una instancia electoral, los programas y propuestas de los candidatos deberán contemplar cómo resolver también estas difíciles ecuaciones en el menor tiempo posible.

Fuente: La Nación

La decisión de apoyar a Sergio Massa como candidato presidencial de Unión por la Patria ha provocado revuelo dentro del peronismo y de la oposición, pues el corrimiento ideológico que implica pasar del discurso izquierdista de La Cámpora a las convicciones ambidiestras del ministro de Economía, además de la desazón de algunos, ha generado engañosas expectativas empresarias como si el líder renovador pudiese transformarse en el Menem de los años 90.

A diferencia del riojano, que se apoyó en el grupo Bunge & Born para introducir reformas estructurales de apertura económica, privatizaciones y desregulación, Massa tejió una trama de lealtades con sectores que prosperan en simbiosis con empresas estatales y con rentas de privilegios regulatorios. No confía en el mercado, sino en sus amistades. Y si mostrase alguna hilacha menemista, hallará a los legisladores kirchneristas vetando todo desvío de la ortodoxia dictada por el Instituto Patria.

Los leales a Cristina Kirchner se aferran al Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional de José Ber Gelbard de hace medio siglo, basado en la transferencia de recursos del campo a la industria, el control de cambios y de precios, el rechazo al capital extranjero, la nacionalización de la banca, el direccionamiento del crédito, la sustitución de importaciones y la selección discrecional de ganadores y perdedores. Axel Kicillof, su heredero intelectual, aborrece la seguridad jurídica, pues cuando el Estado dirige la orquesta, los empresarios solo deben ajustarse a la música que les marca el paso. La única seguridad que importa a sus militantes es la estabilidad en sus cargos con la certeza de sus prebendas.

Massa difícilmente pueda dar vuelta la percepción que el mundo inversor tiene de la Argentina como incumplidora serial. Un desafío que también enfrenta la oposición, dado que es el país más demandado en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión (Ciadi) por empresas que invirtieron conforme a reglas que fueron incumplidas y por su extenso historial en la justicia de Nueva York, tanto por los sucesivos “defaults” como por la burda expropiación de YPF.

Se necesitará demostrar fuertes convicciones y apoyo político para que los inversores regresen a la Argentina. Y Massa no cuenta con lo uno, ni contará con lo otro. Su permanente cambio de posturas, su afición por la casuística y los remiendos “para llegar” sin devaluar, demuestran que no le importan las instituciones ni la seguridad jurídica, aunque la inflación aumente y la pobreza se multiplique.

Quienes aplauden que haya tomado distancia de los “ñoquis de La Cámpora” a quienes prometió barrer, no lo hacen por esperar cambios, sino porque saben que no cambiará nada. Massa es incapaz de generar credibilidad y, si accediese al sillón de Rivadavia, continuará haciendo peronismo clásico: el “toma y daca” de los regímenes especiales, los privilegios sindicales, las excepciones puntuales, las franquicias sectoriales, los guiños a los amigos y los abrazos a los enemigos.

Como dijo el politólogo argentino Sebastián Mazzuca, profesor de la Johns Hopkins University, en una reciente entrevista de LA NACION: “Cuando se hace riqueza a partir de un decreto, no hay capitalismo ni sustentabilidad”. El único camino sólido y sustentable para el crecimiento es el aumento de productividad de toda la economía, no solamente de los sectores elegidos por el Gobierno. Y ello requiere –además de tener moneda– recuperar el crédito para financiar inversiones que reconviertan el perfil productivo de la Argentina. Es indispensable mejorar la competitividad de todas las actividades para que los costos internos se alineen con los internacionales y podamos encontrar – valga la ironía – celulares y computadoras de Tierra del Fuego en comercios de Bogotá, Lisboa o Estambul, generando divisas y no consumiéndolas.

“Además de riquezas naturales se necesitan instituciones”, continuó Mazzuca. Ni el litio, ni el gas, ni el cobre, ni las energías limpias, ni la soja deben ser tablas de salvación para evitar cambios que perturben el statu quo de un Estado hipertrofiado, provincias mendicantes, empresarios privilegiados, sindicalistas millonarios y políticos clientelistas. Tampoco bastará con anunciar planes de obras públicas o inversiones puntuales sin una reformulación del contexto institucional para que el mercado funcione en forma virtuosa y se aleje de los despachos oficiales.

¿Soberanía verdadera? ¿Desterrar al FMI? Eso solo será factible cuando la Argentina multiplique su PBI per cápita, restableciendo la confianza y los incentivos que atrajeron capitales e inmigrantes luego de la organización nacional. Cuando se reemplace la prebenda y el clientelismo por la competencia, el trabajo productivo y el mérito.

El canciller Santiago Cafiero, al cuestionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló la gran asimetría que existe entre nuestro país y los 27 que integran aquella. Pero eso no es un dato de la Naturaleza, sino el resultado de malas políticas públicas, como las de su gobierno. Si se continúa con el modelo actual, solamente nos sentiremos de igual a igual con Haití o Afganistán. En lugar de lloriquear, se necesita liderazgo para que la Argentina se inserte en el mundo de forma competitiva.

Pero esa alternativa es soslayada por el peronismo en todas sus variantes, ya que generar confianza es contrario a su ADN. Allí está, a flor de piel, la incómoda estrofa de la “marchita” que reafirma su natural propensión a ahuyentar el capital, gravar el ahorro y contraponer “la producción” con “los mercados”, ignorando que para producir se necesita atraer profesionales, obtener créditos, instalar plantas, desarrollar proveedores, lograr clientes y tender lazos intangibles para construir reputación. Ello solo puede lograrse con las reglas abiertas del capitalismo democrático y no con negociaciones opacas, como ocurrió con Chevron, con Venezuela o con China.

El debate que abrió la inesperada candidatura de Massa es también un revulsivo para la oposición, enfrentada con la dificultad política de cambiar un país de inmenso potencial, pero paralizado por 80 años de economía cerrada. Soslayar esa anomalía implicaría continuar con las distorsiones del “costo argentino” y su contrapartida, la protección aduanera, las prebendas regulatorias y los subsidios discrecionales. Perpetuarla sería condenar al empresario nacional a la mendicidad y la sumisión política.

Cabe esperar que haya un acuerdo fundamental para unir fuerzas y proponer un camino de reformas profundas que apunten a la competitividad, no como propuesta “economicista”, sino como imperativo ético para mejorar las expectativas de una población que está perdiendo la esperanza de vivir en un país normal.

Fuente: La Nación