Categoría: Entrevistas

Hace pocos días el papa Francisco concedió el estatus de “Asociación Privada de Fieles” de carácter internacional al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), nacido en Buenos Aires en 2017 y formalmente reconocido por el Vaticano en 2019, a pedido de uno de sus fundadores, el magistrado porteño Roberto Andrés Gallardo, a quien ahora le asignó su presidencia para el período 2023-2028. Bajo dependencia de esa asociación, creó el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni fue nombrado para integrar su junta académica y fundadora por el mismo período.

De buenos lazos con el Vaticano, Zaffaroni y Gallardo habían participado allí a fines de marzo de una cumbre sobre “Colonialismo, descolonización y neocolonialismo: una perspectiva de justicia social y bien común”, con participación de jueces, académicos y personalidades latinoamericanas.

Como persistente detractor de numerosas gestiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el “militante” juez Gallardo emitió controvertidos fallos como el de suspensión del sistema de vigilancia y reconocimiento facial de prófugos. Fue quien en agosto de 2022 hizo lugar a la acción de amparo que pedía que el jefe de gobierno porteño retirara el vallado y las medidas dispuestas por la Policía de la Ciudad en inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, medida que le valió una recusación por falta de imparcialidad. Previamente, en 2018, había impedido que se aplicara la reglamentación sobre el uso de armas de fuego por efectivos policiales en la ciudad de Buenos Aires.

Al repasar las actuaciones de tan controvertidos personajes, cabe destacar el público apoyo de Zaffaroni a Cristina Kirchner en las causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta. Llegó a sugerir públicamente, en agosto de 2022, que si ella era condenada, el presidente Alberto Fernández tendría que indultarla, por entender que es objeto de una persecución política. Del mismo modo, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promovió el indulto del condenado exvicepresidente Amado Boudou.

En su paso por el Poder Judicial, donde fue juez nacional en lo criminal y miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, años antes de ser designado en la Corte Suprema de Justicia, dejó nefastos antecedentes. Basta recordar el escandaloso caso Tiraboschi, en el que el entonces juez Zaffaroni le redujo la pena a un hombre que obligó a practicarle sexo oral a una niña de ocho años, esgrimiendo que lo había hecho mediante un juego y con la luz apagada, lo que convertiría al abuso en menos traumático. Un fallo revelador de una perversa escala de valores.

Una investigación periodística de 2011 detectó que seis departamentos de su propiedad eran utilizados por mujeres que brindaban servicios sexuales. Ricardo Montivero, apoderado de Zaffaroni y quien dijo estar a cargo de su alquiler, fue condenado a pagar una multa por violación a la ley de profilaxis. El exjuez argumentó que él era solo una inocente víctima de lo que consideró una desnaturalización del contrato de locación.

Resulta inexplicable su designación cuando en múltiples ocasiones Francisco se manifestó en contra del tráfico de drogas, cuya legalización defiende Zaffaroni, y en contra de la prostitución y la trata de personas que sufren la indiferencia y el descarte de parte de la sociedad.

Por sus implicancias, tal vez lo más grave de su foja de servicios es su condición de principal impulsor del llamado garantismo –en rigor, abolicionismo de la ley penal– en la Argentina, cuyos graves efectos nuestra sociedad paga a diario en vidas. Demasiados jueces abrevan en esta doctrina, traducida en la libertad de un sinnúmero de detenidos con graves antecedentes que vuelven a delinquir.

A los referidos antecedentes, suficientes para considerar más que cuestionable su mera nominación, se suma la férrea defensa por parte de Zaffaroni de la teoría del lawfare, que hace referencia a supuestas operaciones de manipulación judicial, política y mediática para desprestigiar, enjuiciar y encarcelar a figuras públicas de relevancia. No hace mucho, esta doctrina fue recogida en un discurso público por el papa Francisco, quien afirmó que con la instrumentación del lawfare se persigue “reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario”. Se trata, sin embargo, de una teoría que ha sido utilizada por altos funcionarios, justificadamente acusados de corrupción con categóricas pruebas, para garantizarse impunidad.

Nombramientos de esta índole, que solo pueden traducirse como un respaldo del Papa a la acción de determinados jueces, resultan injustificables y en nada contribuyen a desandar la profunda grieta que padece la sociedad argentina cuando el Santo Padre vuelve a tomar tan clara posición. Se alejan incluso del sentido común, toda vez que el Sumo Pontífice, frente a la agresiva polarización existente, ha insistido reiteradamente en la necesidad de promover liderazgos que pacifiquen y ayuden a superarla.

Fuente: La Nación

a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido absolutamente clara, en su fallo sobre el caso Schiffrin, al establecer que cuando un magistrado cumpla 75 años cesará en sus funciones en forma automática, a menos que cuente con un acuerdo del Senado que antes de la fecha límite prorrogue su mandato. La doctora Ana María Figueroa, jueza de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) desde el año 2011, cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, por lo que alcanzó ese día el límite etario que el máximo tribunal restableció en su interpretación de la Constitución Nacional.

Dicho en otras palabras, un juez es juez hasta que cumple 75 años de edad, salvo que haya logrado obtener un nuevo acuerdo del Senado antes de ese momento. En el caso del pliego de la doctora Figueroa, el Senado fracasó en dos intentos por reunir quorum y aprobar su continuidad en el cargo.

El secretario de Justicia, Juan Martin Mena, solicitó recientemente por escrito al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que sostenga a Figueroa en el cargo ante similares antecedentes que se resolvieron luego en el Senado. Por su parte, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio pidió en estos días a Cristina Kirchner que archive el pedido de acuerdo a la prórroga excepcional para que se les permita abocarse a la agenda del país.

La doctora Figueroa, designada presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal para el año 2023, había ya decidido unilateralmente que hasta la finalización del año legislativo y mientras aguarda el acuerdo del Senado que no obtuvo, seguiría en su sitial sin firmar resoluciones jurisdiccionales vinculadas con las causas en trámite, ni cuestiones de la presidencia del cuerpo. El vicepresidente primero de la CFCP, doctor Mariano Hernán Borinsky, asumió las tareas de la presidencia, a pedido de sus colegas.

El indecoroso comportamiento de la doctora Figueroa quedó también de manifiesto la semana última, cuando se hizo presente en el acto por el 92° aniversario de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, al que por compromisos del ámbito judicial no pudo asistir el juez Borinsky. Figueroa se presentó como presidenta del máximo tribunal penal y pronunció un discurso en calidad de tal, en medio de la sorpresa de los asistentes a ese encuentro.

La decisión de Figueroa de aferrarse a su cargo de magistrada, que le valió ya dos denuncias penales, resulta inaceptable y deja en una situación de indefinición muchas causas en las que intervenía como jueza de la Sala I, entre ellas la del caso Hotesur-Los Sauces y la del Memorandum con Irán, en las cuales se investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esas causas llevan más de dos años en trámite ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal colegiado integrado además por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

La decisión de la doctora Figueroa de aferrarse a su cargo de magistrada, que le valió ya dos denuncias penales, resulta inaceptable y deja en una situación de indefinición muchas causas en las que intervenía

El impropio proceder de la doctora Figueroa no tiene precedentes entre los jueces del Poder Judicial de la Nación. Por un lado, normativamente cesó en sus funciones como jueza al cumplir los 75 años de edad. Por el otro, se niega a aceptar la situación y decide permanecer en el cargo. A su vez, dispuso que no ejercería aquellas funciones que en realidad aspira a mantener con el argumento de “evitar suspicacias”, lo que deviene en una situación tan grave como anómala. Constituye una flagrante contradicción pretender seguir siendo jueza habiendo resuelto no asumir las responsabilidades que corresponden al cargo.

Las causas mencionadas, entre otras, se han vuelto rehenes de la magistrada porque ella participó como jueza en audiencias públicas ya celebradas y estudió los expedientes, pero no firmó la decisión definitiva. Al no asumir que no es más jueza de la CFCP tampoco habilita a otro magistrado para que subrogue su vocalía, lo que permitiría destrabar la situación y avanzar con el trámite de la causa, respetando los principios de juez natural y celeridad en el proceso penal.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires fijó taxativamente su posición e instó a que se convoque a concurso para cubrir la vacante. Afirmó que la pretensión de la jueza resulta “inadmisible y genera escándalo jurídico al vulnerar un precepto constitucional que no admite más que la interpretación que surge de su claro texto, sin perjuicio de las sanciones penales cuya conducta reticente pudiera generar”. Con acierto señaló también que los jueces, encargados de aplicar el derecho, “son los primeros que se deben someter a él” y advirtió que tolerar esta situación “potenciaría el descrédito de nuestras instituciones, ya bastante transitadas por constantes ejercicios de abuso de poder”.

No es tampoco la primera vez que la magistrada burla las normas. A pesar de la inhabilitación que pesaba sobre ella para actuar en delitos de lesa humanidad, apartada por sus colegas por haber oficiado de querellante en delitos así encuadrados en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, aprovechó una vacante en la Sala 1 de la referida CFCP y logró, merced a sus aceitados vínculos, que el Ejecutivo, violando la Constitución nacional, saneara mágicamente sus títulos. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en el rol de “amicus curiae”, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que anule, por “anómala y escandalosa”, la sentencia dictada con su participación por dicha sala en la causa “Campos, Rodolfo y otros s/recursos extraordinarios”, donde se condena a militares, policías y civiles por hechos de la década del 70′.

Entretanto, senadores del oficialismo intentan condicionar el tratamiento de la reforma de la ley de alquileres –a la que la Cámara de Diputados dio media sanción una semana atrás– a la aprobación del pliego que extiende por cinco años el mandato de la jueza Figueroa, pese a que ya se ha vencido el plazo para eso, además de las designaciones de unos 75 jueces y fiscales, entre los cuales hay no pocos candidatos afines al kirchnerismo. La búsqueda de impunidad para la vicepresidenta de la Nación y otros funcionarios acusados por hechos de corrupción surge como el principal objetivo de esa maniobra de chantaje político.

Se espera que el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de garantizar la eficaz prestación del servicio de justicia, defina prontamente una situación a todas luces tan irregular como la de la doctora Figueroa, poniendo fin a la incertidumbre que impacta sobre algunas de las causas más importantes que debe resolver sin más demoras la Justicia de nuestro país.

Fuente: La Nación

Ante las nuevas miradas que impone la economía global, cada vez mayor cantidad de gente se encuentra familiarizada con conceptos como el de las empresas de “triple impacto”, aquellas cuyo objetivo es conciliar el desarrollo económico y social atendiendo también la protección del ambiente, con responsabilidad y transparencia. Para la nueva filosofía que muchos adoptaron, la aspiración ahora es ser la mejor empresa para el mundo y no la mejor del mundo.

El llamado Sistema B promueve la transición de las compañías hacia economías sustentables. La Argentina alcanzó el hito de 200 empresas B certificadas, casi el 20% de las de América Latina, detrás de Brasil y Chile, en un universo global de más de 7000 empresas B sobre un total de 125 millones en todo el mundo. Esta nueva identidad empresarial, con una tipología legal novedosa, irrumpe en la naturaleza misma del sistema económico heredado de la Revolución Industrial. Para registrarse como empresa B, las exigencias son muy estrictas. Además de elevar su propósito de lucro y equilibrar los intereses con los accionistas y todos los actores involucrados –consumidores, inversores, trabajadores, formadores de opinión, reguladores–, debe dedicarse a la creación de valor mensurable para la sociedad y el planeta, de corto y largo plazo, de lo local a lo global.

Los distintos estatutos societarios persiguen una nueva base de competitividad que aporte al bien común y que contempla distintos aspectos: inclusión de personas con vulnerabilidades en el mercado (por ejemplo, Zafran, Pura), regeneración de ecosistemas degradados (Guayaki, Natura, Ovis 21), integración social a través del desarrollo tecnológico (Quinto Impacto), reducción de la brecha social (Traza) y transición hacia una matriz energética basada en renovables (Tonka).

Por otro lado, se trata de empresas que se someten a un escrutinio global e independiente muy estricto a través de una herramienta de evaluación que permite medir holísticamente, con casi 200 preguntas, el impacto de la empresa en los trabajadores, los clientes y todas las comunidades incluyendo proveedores con las que se relacionan, el ambiente y su gobernanza. Esta herramienta reconoce las certificaciones de productos y de procesos que hayan obtenido los usuarios. A diferencia de ellas, esta certificación se enfoca en la organización empresarial y les permite ser al mismo tiempo un agente innovador de cambio en la sociedad y un actor clave para la evolución histórica del sistema capitalista dominante.

Ser empresa B tiene múltiples ventajas. A la empresa le permite alinear la vocación humana de construir un legado público, legalmente protegido, y llevarlo a su núcleo de negocio optimizando el bien común, superando el lema de la maximización del lucro y la reducción de costos sociales y ambientales hasta donde la ley le permite. También, atrae talentos especialmente entre los más jóvenes que buscan un sentido trascendental para su trabajo, en consonancia con sus valores. Impulsa asimismo la creatividad, permite acercar inversiones afines al propósito a partir de una identidad y pertenencia global de impacto positivo en la sociedad y en el planeta como parte de un movimiento ciudadano empresarial global.

En tiempos en que el llamado greenwashing, es decir la manipulación para el posicionamiento de las marcas, genera tanta desconfianza, la empresa B se somete a exigentes auditorias aleatorias, recertificaciones trianuales, penalidades por falsedades dispuestas por una comisión internacional, que pueden incluir juicios al directorio o a la gerencia de la empresa por incumplimiento del estatuto para garantizar la credibilidad de la marca compartida. La evaluación del Impacto B se perfecciona cada tres años con los aportes de una comunidad de práctica cada vez más amplia.

El sistema ha inspirado a otros actores a hacer sus aportes. Por ejemplo, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo aprobó una orientación con titulación de grado de Administración de organizaciones y empresas de impacto, mientras que tanto la ciudad como la provincia cuyana aprobaron regímenes jurídicos de compras públicas que premian la conducta de la sostenibilidad y del impacto positivo empresarial.

La empresa B constituye una innovación macroeconómica para que las mismas organizaciones desplieguen herramientas y dinámicas con respuestas explícitas a las demandas sociales, ambientales y culturales independientemente del color político, permitiéndonos elegir con la decisión comercial qué soluciones queremos. Un horizonte infinito de posibilidades de innovación y de creación colectiva se abre para miles de millones de personas en los asuntos comunes que nos aquejan. Las 200 Empresas B de la Argentina son claro ejemplo de lo posible, a nivel individual y colectivo, y abren para la sociedad una ventana de inspiración, entusiasmo y nuevo optimismo, que celebramos.

Fuente: La Nación

La peor receta para resolver los problemas de una economía que presenta desequilibrios estructurales es la de aplicar intervenciones que pretendan borrar los efectos sin atacar las causas. Cuando así se actúa se avanza en callejones sin salida, con tensiones crecientes que terminan en fuertes correcciones incontroladas. Por ejemplo, el uso del retraso cambiario para combatir la inflación lleva inevitablemente al control de cambios, o sea, al cepo. En poco tiempo se desemboca en la pérdida de reservas que se resuelve con la limitación de las importaciones y de los pagos externos. Y así se afecta la producción y la oferta de bienes, lo que impulsa los precios hacia arriba. Las reservas finalmente se agotan, sin antes pasar por el uso indebido por el Banco Central de divisas que solo debe custodiar y no disponer. Entonces aumenta el riesgo de los depositantes y el llamado riesgo país. Se encarece el crédito y se ahuyentan las inversiones. Y así sigue el mundo del revés.

La política de tapar las consecuencias mientras se agravan las causas también se aplica en el plano fiscal. La expansión del gasto público continúa a pesar de su colosal crecimiento en los últimos veinte años. La dotación de empleados públicos crece y se siguen sumando moratorias previsionales para otorgar jubilaciones a quienes no hicieron aportes. Los planes sociales se multiplican, alimentando no solo a los necesitados, sino a intermediarios que frecuentemente llenan las calles de piquetes. De todo esto resulta que a pesar de la despiadada presión impositiva, persiste un elevado déficit fiscal. Agotadas las posibilidades de financiarlo con deuda en condiciones razonables, se ha recurrido inevitablemente a la emisión monetaria. Los límites que le impone al Banco Central su Carta Orgánica han sido superados mediante el arbitrio de la distribución de utilidades ficticias que supuestamente se logran con la devaluación sobre las reservas en moneda extranjera. Esa creación diarreica de dinero es parcialmente absorbida mediante la colocación de letras a muy alto interés suscriptas por bancos, que así retacean el más riesgoso crédito al sector privado. El gasto cuasifiscal por el pago de esos intereses se suma al déficit fiscal para constituir entre ambos el principal factor inflacionario.

Los resultados fiscales de julio ponen una nueva luz de alarma. El déficit de la administración nacional aumentó un 106% respecto del mismo mes del año anterior. Fue la consecuencia de una caída real de los ingresos del 3,4% en ese mes, versus un aumento del gasto primario del 2,6%. Estas cifras muestran la imposibilidad de cumplir con la meta de déficit primario no superior al 2,5% del PBI acordada con el FMI. Más comprometida aún es la situación si se incorpora el déficit cuasifiscal resultante de los intereses de la deuda emitida por el Banco Central. El stock de Leliq alcanza a 19 billones de pesos con altísimos intereses. Las estimaciones del total del déficit fiscal y cuasifiscal superan los seis puntos del PBI. Aquí está el meollo de la inflación que padecemos. Está claro que esta es la causa que hay que curar y eso no se logra con intervenciones y parches.

El reciente desembolso de 7500 millones de dólares del FMI fue condicionado a la aplicación, entre otras medidas de ajuste, de una corrección del retraso cambiario. El Gobierno accedió a devaluar el peso en un 20% al tipo de cambio oficial, sin el acompañamiento de un programa integral que corrigiera los problemas de fondo. Pese a que se considera probable un próximo gobierno de otro signo que aplique correcciones más ortodoxas, la devaluación deterioró aún más la confianza y tuvo un rápido traslado a precios. En este mismo contexto la cotización del dólar informal trepó velozmente y la brecha cambiaria se ubicó de nuevo arriba del 100%. Así persiste el ataque sobre las reservas y el contagio sobre los precios. La inflación para agosto se estima por arriba del 12%. La aceleración está acentuando el fenómeno de la huida del dinero, potenciando el efecto inflacionario de la propia emisión. Según estimaciones privadas, el agregado monetario M1 (monedas y billetes en circulación más depósitos a la vista) estaría pasando de rotar cada 8,4 días en junio a hacerlo cada 6,7 días en agosto. La velocidad de rotación se acerca así peligrosamente a la observada en la hiperinflación de 1989. También se ha comenzado a advertir la dificultad de comerciantes y fabricantes de fijar precios al no poder precisar el costo de reposición.

Los saqueos, aunque sean impulsados por grupos disolventes, encuentran un ambiente favorable en el fastidio social ante los aumentos de precios, para muchos inalcanzables. Tropezamos recurrentemente con la misma piedra. En un mundo en donde la lista de países con alta inflación no supera el número de dedos de una mano, resulta incomprensible que no hagamos lo que todos saben que debe hacerse.

Fuente: La Nación

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en distintas localidades de Neuquén, Córdoba, Mendoza y el conurbano bonaerense, sumados a los cierres de comercios en algunos barrios porteños frente a rumores sobre intentos de saqueos, nos retrotraen a los peores momentos vividos durante la hiperinflación de 1989 y la crisis de diciembre de 2001. Frente a aquellos nefastos recuerdos y a la posibilidad de que el vandalismo vuelva a adueñarse de las calles, es imperioso no insistir en negar la realidad y tener presente que el orden no puede ser considerado nunca una mala palabra.

Tanto las imágenes de un supermercado incendiado y saqueado en Moreno como las del dueño de un negocio en Tres de Febrero intentando defenderse a escopetazos de grupos violentos o como las de vecinos del Bajo Flores y de la villa 1-11-14 organizando postas de vigilancia, armados con palos, para prevenir saqueos, no solo dan cuenta de la ausencia del Estado a la hora de proteger a la población. Son un perfecto resumen de que en no pocos lugares impera la ley de la selva.

En este contexto, provocaron indignación las irresponsables afirmaciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien en momentos en que se estaban registrando hechos de violencia, insistía en que no había saqueos y que todo se trataba de “una operación de la gente de Javier Milei” para “generar desestabilización”. Varios funcionarios buscaron separarse de sus dichos frente a lo innegable, aunque hasta ese momento las máximas autoridades del país, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, optaban por un silencio cómplice.

Nadie puede desentenderse de las complicadas circunstancias que vive la economía y de las fuertes remarcaciones de precios registradas en los últimos días, síntoma de la galopante inflación promovida por erradas políticas que siempre terminan castigando particularmente a los sectores más vulnerables de la población. Del mismo modo, es sabido que el Estado gasta unos 4000 millones de pesos por día en planes sociales, un monto sideral canalizado mayormente a través de organizaciones sociales.

Así como el empobrecimiento de la población es un hecho innegable, también lo es que episodios violentos como los saqueos no ocurren de manera espontánea ni promovidos necesariamente por quienes menos tienen. Responden fundamentalmente a móviles políticos y a la acción de grupos acostumbrados a delinquir. La propia Cristina Kirchner lo reconoció en un mensaje público que pronunció en 2012, en el que responsabilizó a sectores del peronismo por los saqueos que forzaron las renuncias anticipadas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

Hoy hay suficientes motivos para pensar que, detrás de los hechos de vandalismo más recientes, anida la intención de recurrir al colapso para dirimir cuestiones políticas. Que estos episodios de violencia hayan comenzado una semana después de la peor derrota del peronismo en una elección nacional y luego de no pocas advertencias de dirigentes y funcionarios kirchneristas sobre las eventuales consecuencias sociales de un triunfo electoral de la oposición, puede decirnos mucho sobre su origen.

Las irresponsables palabras de Eduardo Valdés, dando a entender que solo el peronismo puede garantizar la paz social, o de funcionarios como Aníbal Fernández, presagiando que correrá sangre si la oposición llega al gobierno, no pueden ser dejadas de lado. Tampoco la instigación a cometer delitos por parte de dirigentes piqueteros como Raúl Castells.

Cuando dirigentes del oficialismo se jactan y hasta se enorgullecen de su capacidad para ejercer impúdica e impunemente la violencia callejera para tomar como rehenes a los argentinos de bien, no puede descartarse que, una vez más, nos encontremos ante un intento para extorsionar a la ciudadanía, sembrando miedo ante la posibilidad de un cambio político.

Los saqueos registrados en las últimas horas son el fruto de una serie de factores en los que se conjugan la miseria, la marginalidad, la decadencia de la educación, el narcotráfico y el fracaso de las políticas populistas e inflacionarias. La falta de autoridad representada por un Estado inoperante para garantizar la seguridad y la búsqueda del aprovechamiento político por parte de grupos que temen perder el poder y sus privilegios han hecho el resto. Este último sector acaba de emitir su temerario mensaje y la ciudadanía deberá responderle en las urnas.

Fuente: La Nación

Desde hace años existe un consenso científico respecto de que el calentamiento global es un hecho y que está influenciado por la acción humana. El clima extremo se está convirtiendo rápidamente en la norma en todo el planeta. Sin embargo, aunque debería ser un asunto público de máxima prioridad, ha permanecido ausente en la última campaña electoral.

Sin debates, los principales candidatos han demostrado que el tema está lejos de sus preocupaciones inmediatas. Semejante insensibilidad se funda esencialmente en la idea de que el problema no les atañe o, como es el caso del candidato de La Libertad Avanza, que no existe. Sin embargo, independientemente de quién gane los comicios, la cuestión climática deberá abordarse con urgencia, ya que sus efectos tendrán graves repercusiones sobre la economía y la vida de las personas.

Se trata de uno de los problemas más complejos y graves con los que tendremos que lidiar en los próximos años. Incluso nuestro país es parte de acuerdos internacionales que importan compromisos que la Argentina debería cumplir para reducir sus emisiones de efecto invernadero y avanzar en la transición energética que ha de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable.

Con independencia de quién gane los comicios, la cuestión climática deberá abordarse con urgencia, ya que sus efectos tendrán graves repercusiones sobre la economía y la vida de las personas

Haber trazado propuestas en relación con el llamado triple impacto (económico, social y ambiental) seguramente les hubiera permitido a los candidatos ganarse la simpatía de un sector de la población, sobre todo de los más jóvenes, que en gran medida ven en estos comicios una elección antigua, sin mística ni ilusiones, que impide soñar un país que posee un gigantesco potencial para un desarrollo sostenible. Probablemente la ignorancia de esta oportunidad ha llevado a los candidatos a considerar que este tipo de propuestas no arrastrarían votos ni conducirían a un progreso económico. Es un error. Las condiciones económicas actuales ofrecen la oportunidad de invertir en las infraestructuras adecuadas para reactivar el crecimiento y, al mismo tiempo, facilitar la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Una agenda que combine medidas climáticas y en favor del crecimiento ofrece numerosas oportunidades económicas: el fortalecimiento de los mercados de infraestructuras, de tecnologías y de servicios de bajas emisiones de carbono; el aumento de la confianza de los mercados como consecuencia de una política climática más transparente; el aumento de los incentivos para innovar y mejorar la eficiencia o la anticipación a los riesgos climáticos.

En un tema central como es el cambio climático la ciudadanía está reaccionando con mayor responsabilidad que los políticos en ejercicio, excesivamente constreñidos por los intereses en juego. No se trata de movimientos antipolítica ni de una nueva versión del comunismo. Al contrario, lo que ocurre es que la ciudadanía no se resigna a la inacción de los gobernantes e interpela a las fuerzas políticas.

Sería indispensable que antes de las elecciones generales de octubre, cada uno de los candidatos presentara su visión y sus propuestas en la materia. De esa manera la ciudadanía sabría cuál es el compromiso de cada uno con las actuales y las futuras generaciones y votaría con fundamento en lo que cada uno ha propuesto.

Fuente: La Nación

Si algún día se publicara un compendio que reuniera las desmesuras en las que incurren desde hace años diariamente muchos de los representantes locales de un sindicalismo tan vetusto en sus propuestas como enriquecido a costa de los trabajadores, la cantidad de tomos podría darnos una idea del fenómeno. Ciertamente no por la cantidad de nombres, apenas un puñado de eternizados en sus sillones, ellos o sus familiares, si no por su inagotable capacidad para entorpecer y obstruir el normal desenvolvimiento de una sociedad ya cansada de sus abusos y atropellos.

Edgardo Llano es el líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) desde hace 19 años, tras haber sido reelegido consecutivamente por quinta vez, en otra muestra de la oxidación y degradación de unas falsas democracias sindicales con juntas electorales adictas. Presidente interino de la sección de Aviación Civil de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), este reconocido ultrakirchnerista y miembro de La Cámpora es también secretario adjunto de la CTA de Hugo Yasky.

Acostumbrado a la buena vida que sus cargos le procuran, viajó días pasados a Cancún para participar de la cumbre de la ITF. En el encuentro estaba otro transportista, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, vicepresidente regional de esa federación internacional para América Latina y el Caribe, digno heredero de su padre – otro personaje resistente a las prácticas democráticas, cuyos mandatos no se miden en años, sino en décadas – con quien comparte un nivel de vida llamativo.

“Sin duda, movemos al mundo” posteó Llano, jactancioso, dispuesto a disfrutar de un fin de semana en el Caribe, alejado de las enormes preocupaciones que castigan a sus representados. El lunes siguiente a las PASO, ni bien descendió del avión que lo trajo de regreso, para confirmar sus afirmaciones y como muestra inmediata de su poder, fue el gestor de un sorpresivo paro de los trabajadores de la empresa estatal Intercargo, proveedora de servicios de maleteros en aeropuertos, que se extendió por 12 horas y que motivó la cancelación de más de 60 vuelos en el Aeroparque. Se sumaron luego a la medida interrupciones en Córdoba, Mendoza y Ezeiza, donde tampoco se acató la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Unos 12.000 damnificados sufrieron cancelaciones y reprogramaciones, muchos recién para los días siguientes, con los consiguientes costos y trastornos.

La cancelación de vuelos en distintos aeropuertos, que causó trastornos por más de 12 horas a muchísimos pasajeros, es otra muestra contundente del autoritarismo que ejercen quienes usan a sus representados para dirimir internas políticas y seguir enriqueciéndose impunemente

El origen de este viejo conflicto se encuentra en el encuadramiento sindical del personal de la empresa Swissport Argentina, que brinda servicios de handling –recepción de equipajes en el check in y su depósito en la cinta transportadora– a Intercargo, que los traslada desde allí hasta el avión. Esos trabajadores pertenecen a la Unión de Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Upadep), pero el sindicato liderado por Llano pretende, desde hace tiempo, imponerles la representación gremial de APA.

Así como Moyano atropella con el Registro de Trabajadores de App para forzar, por ejemplo, la afiliación de los repartidores de Mercado Libre o de los motociclistas de servicios de delivery, Llano, persiste en desconocer también que en la Argentina rige la libre afiliación sindical. Las cuotas sociales o los fondos de las obras sociales que manejan opacamente nunca lucen suficientes.

Intercargo realizó las correspondientes presentaciones legales, dado que el conflicto le es ajeno, mientras que las autoridades del Ministerio de Trabajo siguen sin resolver la disputa de fondo con medidas de fuerza que se reiteran. En esos pases de facturas entre sindicalistas, los usuarios son, una vez más, sufridos rehenes, como también lo son los alumnos cuando Roberto Baradel hace de las suyas o los pasajeros del transporte público quedan a pie por las huelgas. Experta en roscas y aprietes, la oligarquía sindical adoptó la prepotencia y la violencia como método extorsivo. Renuente a rendir cuentas de sus nada transparentes gestiones, sus millonarios patrimonios son la mejor carta de presentación de los reconocidos “gordos”.

Una corporación sindical hoy debilitada ante la precarización y caída del trabajo formal redobla sus esfuerzos en pos de los reclamos de sus líderes, cada vez más alejados de las necesidades y preocupaciones de sus representados, cuyos justos derechos no están en condiciones de defender.

Incapaces de ponerse a la altura de las circunstancias, aferrados a sus privilegios y a rígidas concepciones largamente perimidas, optan por distanciarse de las nuevas demandas que el mundo laboral plantea en el siglo XXI, confrontan con una sociedad cansada de sus violentos y extorsivos procederes y se resisten a las impostergables reformas que el país necesita para iniciar un camino de desarrollo.

Fuente: La Nación

El pasado 2 de agosto, el PAMI denunció un hackeo masivo a su sistema informático atribuido a un software malicioso de denegación del servicio. Se trata de unas 14.000 computadoras inoperativas cuyo encendido hasta ayer aún se desaconsejaba, planteando una delicada situación de emergencia. En un primer momento, voceros de la obra social de los jubilados negaron incluso lo ocurrido y buscaron explicar las dificultades a partir de un supuesto cambio de servidores.

Lo cierto es que tanto la página como la app del PAMI dejaron de funcionar, privando a unos cinco millones de afiliados de servicios esenciales. El sistema de emisión de recetas y órdenes electrónicas utilizado por los profesionales que brindan servicio a los afiliados, junto con los de control, registro, dispensa y auditoría de medicamentos, se vio automáticamente paralizado.

A través de FarmaPAMI, el afiliado tiene a su disposición, en cualquier farmacia del país, los medicamentos indicados por su médico de cabecera. Con la caída del sistema, solo las recetas prescriptas con anterioridad pudieron dispensarse hasta el restablecimiento del servicio digital que usan los profesionales para su emisión y que venía obligando a los ya castigados afiliados a retornar presencialmente al consultorio médico para pedir la emisión en papel, con complicaciones tales como descuentos que no se aplicaban.

Las demoras en la entrega de medicamentos impusieron interrupciones de tratamientos con riesgo para la salud de muchas personas mayores, aun cuando se ordenó que los servicios de atención en curso se renovaran automáticamente. Los problemas se suceden uno tras otro y la Defensoría de la Tercera Edad vio triplicarse el número diario de denuncias con adultos mayores que sumaron nuevos calvarios a sus penosas vidas.

La Anmat, por su parte, debió autorizar las ventas de la industria farmacéutica y de productos médicos sin la información que posibilita su trazabilidad nacional.

Ante un parcial restablecimiento de los servicios, por 30 días se habilitó un sistema mixto de convivencia entre órdenes en papel y digitales, mientras otros servicios aún funcionan con mecanismos “de contingencia”. Dentro del PAMI, muchos reconocen que estarán ante una “olla a presión” si los inconvenientes no se resuelven, con consecuencias no solo para los pacientes, sino también para la administración financiera y las licitaciones de servicios que gestiona la entidad.

Los ataques cibernéticos se multiplican, tanto en el ámbito público como en el privado, con mayores niveles de sofisticación y alcances. Se estima que ya han sido hackeados unos 1300 organismos gubernamentales. La situación preocupa y plantea desafíos para mejorar los protocolos de protección de información sensible.

La reacción inicial de pretender negar los hechos o disfrazarlos de lo que no son demoró el aviso a los titulares de datos, una práctica recomendada por la Agencia de Acceso a la Información Pública. Al día siguiente del ataque, en un visible afán por llevar tranquilidad, el PAMI reportó que sus protocolos de protección de la información “han funcionado correctamente” y que se estaba “garantizando la atención médica” a los afiliados. Confirmando que siempre son buenos para los relatos, el domingo pasado el grupo Rhysida publicó en la web oscura que la información secuestrada se encuentra a la venta, estrategia para exigir antes de las 72 horas el pago de unos 735.000 dólares de rescate, proceder poco recomendado por los expertos, ya que, pudiendo conservarse copia de los datos, los deja expuestos a nuevas extorsiones.

Más allá de las explicaciones brindadas, está claro que una conducción que ha demostrado su impericia en el gerenciamiento del organismo presenta estos “inconvenientes” a pocos meses de la finalización de una pésima gestión. A su ineficiencia estructural debidamente alimentada por unos 1100 nuevos empleados solo en el último trimestre, esta guarida de La Cámpora, administradora de una caja tan suculenta como la del PAMI, en la que nadie podría garantizar que no hayan metido mano para proselitismo electoral al punto de dejarla paralizada, vuelve a tener en vilo a nuestros sufridos adultos mayores. Sin sistema y sin vergüenza.

Fuente: La Nación

MONTEVIDEO.– Se hace muy difícil de este lado del Río de la Plata tomar clara conciencia de la enorme gravedad de la coyuntura argentina. La situación acumula varias dimensiones y se desenvuelve sobre capas de otras crisis anteriores que nunca terminaron de resolverse. Para el caso de la pobreza, por ejemplo, no es que prácticamente la mitad de la población sufre de estar en ese estado económico, sino que al menos la mitad de ella arrastra esa situación por varias generaciones. Y es en esta grieta gravísima que hacen estribo las mafias del narcotráfico con consecuencias de inseguridad que, como en el caso de la ciudad de Rosario, terminan hiriendo toda la convivencia social.

La situación económica no podrá ser resuelta por quien gane las elecciones de octubre de un día para el otro. Los nudos de desequilibrios son enormes y están entrelazados. Sea quien fuere el ganador, tiene frente a sí una situación explosiva que no permitirá soluciones mágicas ni rápidas. Y eso es justamente lo que Uruguay tiene que tener claro: la Argentina seguirá en esta situación de angustia social y desorden económico por bastante tiempo. Ello implica que nuestros problemas de frontera seguirán presentes, con la depresión económica de todo nuestro entramado comercial y productivo del Litoral. Ello implica, también, que lejos de ser un país proclive a la apertura económica y comercial, no estará en condiciona es en los próximos años de enfrentar ningún cambio que lo lleve hacia un mayor libre comercio.

El País (Uruguay)

Fuente: La Nación

El asesinato a balazos en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha conmovido a la comunidad internacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha considerado el magnicidio como un intento del crimen organizado para amedrentar al Estado y sabotear las elecciones previstas para el 20 de agosto.

Villavicencio, un periodista devenido dirigente político, era un crítico que no dejaba piedra sin remover, desde la corrupción hasta el crimen organizado. Una de sus investigaciones periodísticas puso contra las cuerdas al exmandatario Rafael Correa y a funcionarios de su gobierno cuando destapó una trama de coimas. Por ese caso, Correa fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Sus más relevantes propuestas electorales apuntaban a implementar estrategias de mano dura para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, en particular la estatal. En enero de este año denunció ante la Fiscalía a 21 candidatos a alcaldes por supuestos nexos con el narcotráfico y aseguró haber entregado información sobre financiación que respaldaba la acusación.

El asesinato del candidato no debería verse como un caso aislado o solo vinculado a la contienda política. Es exponente directo de la espiral de violencia que ha crecido en los últimos años en Ecuador. Estadísticas de la policía revelaron que entre enero y julio de este año se registraron 3568 asesinatos, lo que implica un aumento del 58% respecto de 2022.

Este magnicidio ha sido solo otro ejemplo de cómo el narcotráfico y el crimen organizado son una amenaza para la calidad de las democracias latinoamericanas cuando los Estados pierden el control de los territorios y el poder del dinero ilegal alimenta la corrupción. Todo crimen mafioso es también un crimen político.

Cabe mencionar que Villavicencio no es el primer político acribillado en esta campaña. El mes pasado, sicarios mataron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y unos días antes tres disparos mortales alcanzaron a Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Ecuatoriana por la provincia de Esmeraldas. Recientemente, Estefany Puente, candidata a la Asamblea por la provincia de Los Ríos, fue víctima de un ataque contra su vida cuando el auto en el que viajaba fue tiroteado por desconocidos.

El accionar de estas mafias desestabiliza los gobiernos elegidos en forma legítima y sirve como un abono para los discursos populistas que, utilizando la legítima demanda ciudadana por mayor seguridad, acaban resquebrajando la democracia, como viene ocurriendo en la gestión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Lo ocurrido en Ecuador constituye un severo llamado de atención para América Latina, y especialmente para nuestro país, sobre los peligros que implica naturalizar la presencia de las mafias del narcotráfico y de su poder corruptor, que se vale de todas las formas posibles de violencia para doblegar el Estado de Derecho.

Es de esperar que los resultados de las elecciones ecuatorianas dejen de lado a quienes se identifican con el accionar de estas organizaciones criminales. Será la mejor forma de honrar la memoria de Villavicencio junto a la de todas las víctimas y de rendir tributo a la institucionalidad democrática.

Fuente: La Nación