Categoría: Entrevistas

Isaías José Suárez, de 29 años, el asesino del ingeniero Mariano Barbieri, había sido detenido más de una docena de veces por la policía por haber cometido diversos delitos. Registraba seis condenas en los últimos ocho años: cinco de ellas por robo, una con armas y agravado por la intervención de un menor. Había recibido también una por violencia de género y fue declarado tres veces reincidente. Pero estaba en libertad. Y el 30 del mes último apuñaló con un cuchillo tipo Tramontina al ingeniero Barbieri, padre de un bebé de dos meses, para robarle el celular.

Lamentablemente, no es el único caso. Pasado mañana comenzará el juicio por el homicidio de Andrés Blaquier, el empresario de 62 años asesinado de un balazo en el pecho en octubre de 2022 para robarle la moto cuando circulaba por la Panamericana. Uno de los acusados cumplió 17 años hace apenas dos meses. El otro, en poco más de un mes, será mayor de edad. Ambos tienen antecedentes. Uno se había escapado de un centro de un instituto de menores donde estaba alojado. Previamente, ambos intentaron fugarse durante un traslado en el que provocaron lesiones a los celadores. Pedro Blaquier, hijo de la víctima, convocó a una marcha en coincidencia con el comienzo del juicio, a las 9.30, en la puerta de la sede del juzgado situado en la avenida 12 de Octubre 1475, en Pilar.

El sistema penal y procesal penal no funciona y es el causante del dramático estado de inseguridad que padecemos. Muchas personas pueden recuperarse de una estafa o de un daño patrimonial, pero jamás podrán hacerlo si son víctimas de delitos violentos que ponen en riesgo la vida propia, la de un ser querido o que significan en tantos casos quedar postradas o incapacitadas de por vida.

Ha desaparecido en la práctica el arma más eficaz de cualquier política de seguridad: la prevención

La policía y las fuerzas de prevención, por efecto de una legislación que no las protege y de la desconsideración de muchos jueces y fiscales acerca de su labor y de los peligros que enfrentan –ya sea por ignorancia o razones ideológicas– tienen hoy más miedo de disparar contra un delincuente que de recibir de este un disparo.

Ha desaparecido en la práctica el arma más eficaz de cualquier política de seguridad: la prevención.

Resulta indispensable devolverle la calle a la policía, que debe actuar juntamente con fiscales disponibles durante las 24 horas. La calle no es neutra. Siempre tiene dueño. Si uno la abandona, otro toma inmediatamente su lugar. El narco, los robos violentos, el hurto de bronces y cables eléctricos y hasta la venta ambulante ilegal, por citar algunas de las actividades prohibidas de la que somos víctimas o testigos diariamente, son consecuencia del abandono de la vía pública por parte de la policía.

Deben regresar los controles. Es un recurso que probadamente hace disminuir el delito. La policía debe poder solicitar, a su solo criterio, la identificación de las personas. Y debe poder retenerlas hasta consultar con el fiscal actuante el procedimiento por seguir, que podría continuar con su retención hasta la constatación de antecedentes y domicilio o la formación de una causa penal si existieran elementos que así lo indiquen. Debe existir un régimen sancionatorio para las faltas al código urbano o delitos correccionales que permitan su sanción inmediata, incluyendo el arresto policial con noticia al fiscal y la prisión dispuesta por este, bajo el concepto de tolerancia cero. Todo ello, con un período previo de concientización de la sociedad sobre el regreso a un sistema basado en privilegiar la seguridad de las personas ante los delitos violentos que pongan en peligro la vida y la salud de los habitantes.

La legislación procesal debe reincorporar la peligrosidad como elemento decisivo para disponer o no una excarcelación. Es necesario asegurar el involucramiento de la Justicia en la seguridad ciudadana, respondiendo ante ella por delitos cometidos por reincidentes excarcelados, pese a evidencias de un comportamiento peligroso para sí y para terceros.

En países con niveles de seguridad aceptables, el cúmulo de antecedentes provoca la presunción de que el individuo vive del delito y, en consecuencia, los agravantes de la ley prevén condenas no inferiores a los 20 años o la prisión perpetua.

Resulta también indispensable actuar decididamente en favor de la niñez y de la adolescencia en riesgo. En los barrios carenciados de los suburbios de las grandes ciudades crece al amparo del completo desinterés del Estado un fenómeno del cual resultan víctimas los más desprotegidos, expuestos a la droga o el reclutamiento por parte de adultos, que va desde la inclusión en el mundo de las drogas y la comisión de delitos hasta su utilización para pedir limosna o revolver la basura.

Bandas de narcotraficantes, secuestradores y maras conviven en un territorio que se dividen a su antojo, impidiendo que la sociedad establezca allí sus medios y sus reglas. Si buceáramos en la infancia de Suárez, habitante del Barrio 31 y cartonero de oficio, o en la de los dos menores acusados del homicidio de Blaquier, no nos extrañaría descubrir una niñez desprotegida, sometida a la violencia, carente de una educación formativa y de programas especiales contra el fenómeno de la marginalidad, que deberían comenzar por la capacitación y valorización de la mujer, la otra gran víctima de ese entorno estancado, como eje para la reconstrucción de la familia, destruida por las condiciones de vida de un ambiente brutal, ilegal y despiadado.

Fuente: La Nación

Finalmente, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aprobó el llamado a licitación para la adjudicación de frecuencias para el denominado Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (Stefi). Se trata, más allá del acrónimo que se asemeja al nombre de una destacada tenista alemana, de avanzar en la licitación prometida para el primer trimestre de este año de servicios de acceso inalámbrico fijos y móviles que hagan uso de la tecnología 5G. A la vez, se resolvió en forma directa y gratuita adjudicar frecuencias a la empresa estatal Arsat para el mismo fin. Si bien ambos procesos tienen su individualidad, se encuentran íntimamente vinculados por tratarse de la asignación de frecuencias para un mismo servicio y una misma tecnología.

A diferencia de otros procedimientos llevados a cabo durante los últimos años, incluso por este mismo gobierno, ni el dictado del reglamento del Stefi ni el pliego ni la adjudicación a la Arsat fueron precedidos de una consulta pública como ordena el decreto 1172/2003. Una adjudicación de este recurso a 20 años debió haber estado sometida a consulta pública para darles la oportunidad de ser tenidos en cuenta a todos los interesados.

Ambas decisiones fueron precedidas por una sorpresiva suspensión de la reunión de directorio en la que se consideraba el pliego, tras un llamado presidencial para pedir la postergación. Tres días después, quedó una vez más en evidencia el papel decorativo de Alberto Fernández ante el ministro-candidato Sergio Massa.

El Enacom avanzó con el voto en contra de los directores de la oposición respecto de la licitación llevada adelante con el manifiesto propósito de intentar arrimar algunos recursos a la caja del Estado. Claramente, el Gobierno no prioriza la conectividad ni la rápida adopción de esta tecnología, sino que prima en él la necesidad de nutrir de dólares las alicaídas reservas del Banco Central o pesos (se puede pagar al tipo de cambio oficial) para el “plan platita elecciones 2023″.

La expectativa del oficialismo, hecha trascender desde 2022, respecto de que la subasta aportara 1400 millones de dólares se ha visto ahora reducida considerablemente. Entre otras cuestiones, como producto de la brecha entre los dólares financieros y el oficial.

El ajuste se da por el lado de la inversión, que para el primer año solo prevé la instalación de una antena con tecnología 5G en capitales de provincia y en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, algo que parcialmente ya cumplen varias compañías. Al cabo de siete años solo se exigirá una antena en localidades de 30.000 habitantes, y una cada 20.000 habitantes en las localidades mencionadas. Una antena puede significar una inversión de unos 80.000 dólares y el pliego, a tenor con una tendencia moderna, permite compartir la infraestructura por lo que la inversión para cada compañía podría limitarse a un tercio del total necesario para cumplir con tan exiguas metas.

Para tomar una referencia, basta con mencionar que la licitación de 2G y 4G llevó estas tecnologías a las localidades de 500 habitantes. Postergar la conectividad es la lógica consecuencia de haber priorizado las necesidades de caja a contramano de lo que hacen los países de la región, como Brasil, Chile o Colombia, que, en lugar de dinero, anteponen las inversiones en infraestructura. No se trata de llevar 5G a cada rincón de la Argentina, pero sí de aprovechar la licitación para mejorar la cobertura territorial y poblacional, eventualmente con otras tecnologías.

Se ratifica así tácitamente el malogrado decreto de necesidad y urgencia 690/2020, que permite al Gobierno controlar los precios de este futuro servicio.

Una mención aparte merece la adjudicación a título gratuito a la sociedad comercial estatal Arsat –también rechazada por la oposición– de un lote de frecuencias para 5G con el objetivo de desarrollar un “plan estratégico de conectividad federal” que no existe o que, si existe, nadie conoce. Ello ya mereció la crítica desde este espacio editorial por el intento de crear una nueva Entel, compitiendo de forma desleal e innecesaria con el sector privado y que seguramente solo incrementará el déficit público o dará lugar a negocios inconfesables con empresarios amigos del poder. Nada impide que la empresa Arsat se “asocie” a su libre arbitrio con terceros para que, en definitiva, sean estos quienes desarrollen ese “plan estratégico” sin pasar por una licitación onerosa como habrán de hacerlo quienes se presenten a competir. Por otra parte, esta iniciativa ya fracasó en dos ocasiones durante 2012 (decreto 2671) y 2015 (ley 27.207). Además, en una maniobra rayana en la extorsión, se plantea que los lotes que hipotéticamente quedaran vacantes en el concurso convocado podrían ser adjudicados también a la Arsat.

El nuevo pliego y la adjudicación directa a esa empresa han sido recibidos con una inusual crítica de los tres operadores móviles argentinos, que han puesto en duda, en un comunicado conjunto, su participación en el concurso en esas condiciones.

Estamos en presencia de una licitación inoportuna a pocos meses de que el gobierno finalice y diseñada pensando exclusivamente en las necesidades de caja del erario y no de la conectividad de los argentinos, en un contexto de mucha opacidad que permite pensar que se busca cumplir con finalidades diferentes de las declaradas.

Fuente: La Nación

En 2019, hacia fines del gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente electo Alberto Fernández le solicitaba que no realizara designaciones en la Cancillería ni en ningún otro estamento del Estado porque todas esas decisiones iban a ser revisadas. Temía Fernández que el gobierno de Cambiemos le dejara un tendal de empleados públicos nombrados a última hora. Hoy es Federico Pinedo, a quien se menciona como referente en política exterior de la candidata Patricia Bullrich, quien pide por nota al canciller Santiago Cafiero que se frene la compulsiva designación de diplomáticos políticos y de carrera porque, de ganar Juntos por el Cambio, estas serán revisadas.

Pareciera una situación similar entre ambas transiciones. Muy por el contrario, mientras el gobierno de Cambiemos bajó el número de empleados de la planta estatal en un 20%, el de Fernández sigue incrementándola vorazmente, y no solo en la Cancillería, con nombramientos de diplomáticos a tan solo tres meses de dejar el poder, sino también en casi todas las áreas de la administración nacional, donde se destacan principalmente los puestos asegurados a La Cámpora, principal administradora de las “cajas” más suculentas de numerosos organismos públicos y que lleva todas las de ganar en este perverso plan de ejecución.

Ese acomodo de militantes no solo constituye una violación de los decretos del propio Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Sergio Massa, anunciando la tan pomposa como falsa congelación del ingreso de empleados al Estado, sino que representa un gravísimo obstáculo para el gobierno entrante, sea cual fuere su signo político. Entre otras cuestiones, le obstaculizará sobremanera la imperiosa desarticulación del trabajo rentado pero no ejecutado, conocido vulgarmente como “ñoqui, y lo someterá a una más que probable andanada de costosos juicios laborales que, una vez más, deberemos pagar todos los contribuyentes. La necesidad del Gobierno de cubrirse frente a una eventual derrota y fidelizar el voto de sus simpatizantes aparece como el verdadero fondo de su accionar y no las burdas excusas basadas en el mérito –nunca comprobado– o los concursos, hechos a medida, ya que solo pueden participar de ellos quienes ya cobran un sueldo del Estado.

Un documento inapelable de esa brutal arremetida gubernamental es el Boletín Oficial. Producto de un minucioso trabajo realizado por LN Data sobre esa base, se advierten designaciones en 82 decretos durante la semana posterior a las PASO, 81 en la siguiente y 79 en la primera completa de septiembre. En total, 242 decretos de designaciones en escaso lapso.

Van algunos ejemplos:

• Se determinaron casi 70 pases a planta permanente en el Ministerio del Interior, otros 15 en Defensa y nuevos cargos y estabilidad laboral de última hora en otros ministerios, como Salud, Seguridad, Justicia y Mujeres. En numerosas ocasiones, se concedieron prórrogas por 180 días hábiles, es decir, que exceden largamente el mandato del actual gobierno.

• Se nombraron embajadores en varios países, entre ellos, Panamá, República Checa, Bangladesh y Camboya, además de una larga lista de nuevos jefes de misión, con el consecuente gasto administrativo que generan los traslados. Fuentes diplomáticas aseguraron que, más allá de la foja de carrera de los designados, se están cubriendo cargos para los que no había apuro. “Se está yendo el bote y nadie quiere quedarse abajo”, concluyó una de ellas, en una frase que lo resume todo.

Van algunos ejemplos puntuales para graficar semejante desmanejo:

• La Dirección de Migraciones, que encabeza Florencia Carignano, oficializó el pase a planta permanente de 67 empleados.

• El Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, hizo lo propio con otros 15 trabajadores.

• En el caso de Salud, hubo prórrogas en distintas designaciones por 180 días hábiles, es decir, más allá del cese del actual mandato presidencial.

• Se crearon, además, puestos en la llamada Unidad de Gestión Técnica en cannabis y cáñamo industrial, designaciones con plazo fijo que también se reiteran en las carteras de Justicia, Seguridad y Mujeres. Y ni qué hablar de la desesperación del oficialismo senatorial por tratar decenas de pliegos de jueces antes de que concluya el actual mandato presidencial y se reconfigure la Cámara alta con los nuevos legisladores el próximo 10 de diciembre. Entre esos pliegos figuran los de varios magistrados amigos, en los que el kirchnerismo confía que podrían asegurarle impunidad a la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner.

Respecto de La Cámpora, sus integrantes coparon empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas (fue la que más empleados sumó: casi 500), Télam, la TV Pública, además de numerosos ministerios como los de Interior y Desarrollo Social, que manejan profusos presupuestos.

Hace una semana, desde estas columnas, hemos criticado otro de estos viles manejos, curiosamente a cargo de quien decía que venía a ordenar el empleo público cerrando el grifo de los ingresos: Sergio Massa. Pues bien, el ministro-candidato acaba de impulsar la cobertura de “800 puestos vacantes” en su área, cuando debió haberlos desactivado para ahorro de las cuentas públicas.

Este nefasto blindaje de parientes, amigos, correligionarios y conocidos por parte de las autoridades salientes va más allá de un mero acto de viveza criolla, ya harto conocido por los argentinos. Importa un corset para el nuevo gobierno, otra vil estocada al ya profundo déficit económico del país, un enorme saqueo a los bolsillos de los contribuyentes y, éticamente, la confirmación de que a cierta dirigencia nada le importan los ciudadanos. El kirchnerismo debería trocar su edulcorado eslogan “la patria es el otro” por “nos servimos de la patria para salvarnos nosotros”.

Fuente: La Nación

El sorpresivo anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, de que, desde octubre, se eximirá del impuesto a las ganancias a los asalariados que perciban menos de 1.770.000 pesos, equivalentes a 15 salarios mínimos, podrá llevar cierto alivio a algunos trabajadores. Pero la alegría durará muy poco si esta decisión es, como tantas otras medidas demagógicas del actual gobierno nacional, financiada con más y más emisión monetaria, y fuera del marco de una reforma tributaria seria e integral como la que reclama la grave crisis argentina.

Cabe preguntarse por qué este alivio fiscal que beneficiaría a unos 600.000 asalariados no fue instrumentado bastante antes si, como se afirma en el Ministerio de Economía, el costo fiscal será mínimo y se compensará con una mayor recaudación, producto de un mayor consumo. ¿Cuál será la razón por la cual no resultaba factible adoptar esta modificación un año atrás, cuando Massa llegó al Palacio de Hacienda, y sí ahora, en el peor momento que atraviesan las cuentas fiscales?

Del mismo modo, podemos preguntarnos por qué una medida parecida, promovida en 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, tendiente a disminuir Ganancias y el IVA en determinados productos de la canasta familiar, fue duramente rechazada en esa oportunidad por el kirchnerismo, al tiempo que los gobernadores del peronismo acudieron en protesta ante la Justicia, ya que la recaudación de ambos tributos es coparticipable.

Si alcanzar la meta de déficit fiscal ya era complejo, con el nuevo “plan platita” se tornará aún más difícil

La única respuesta es la desesperación electoralista, que deriva en manotazos de populismo por parte de un ministro-candidato que pugna por alcanzar el ballottage en los comicios del 22 de octubre.

Algunas de esas medidas apuntan claramente a obtener un rédito electoral. Otras, a asegurarle a la coalición oficialista espacios de poder en el aparato estatal para el caso de que el gobierno cambie de manos en diciembre; tal es el caso de los numerosos pases a planta permanente de militantes rentados contratados por el Estado; las prórrogas de concesiones que benefician a amigos del poder, y las compras directas con sobreprecios por parte de organismos y empresas estatales.

Tras recibir el desembolso de 7500 millones de dólares del FMI y comprometerse a cumplir la meta de déficit fiscal anual del 1,9% del PBI con el organismo financiero internacional, Massa lanzó un paquete de 730.000 millones de pesos (0,4% del PBI) para atenuar el impacto de la devaluación y la inflación sobre los ingresos. Se amplió el presupuesto de este año, sumando un gasto extra de 7,6 billones de pesos, al tiempo que fueron aumentadas las partidas del programa Potenciar Trabajo y de la Tarjeta Alimentar, que son gerenciadas principalmente por organizaciones como el Movimiento Evita y La Cámpora. Y también se dispuso la asignación de una suma fija de 60.000 pesos para trabajadores del sector privado y empleados públicos que cobren hasta 400.000 pesos por mes, pagadera en dos cuotas, y un diferimiento por seis meses del pago del componente impositivo que beneficiará a monotributistas de las categorías A, B, C y D, entre otras medidas.

El mayor desequilibrio fiscal y la necesidad de financiar al Tesoro le pondrán más presión a la emisión monetaria

Como parte del plan electoral, solo en agosto se incrementaron las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias en un 22% interanual en términos reales. Como no podía ser de otra manera, fue el distrito bonaerense, donde el kirchnerismo apuesta a la reelección del gobernador Axel Kicillof, el mayor beneficiado: recibió una mejora real del 55,5% en el mismo período.

Si alcanzar la meta de déficit fiscal ya era complejo, con el nuevo “plan platita” se tornará aún más difícil. Es innegable que el mayor desequilibrio fiscal esperado y la necesidad de financiar al Tesoro Nacional le pondrán más presión a la emisión monetaria, sembrando dudas sobre cuánto más podría crecer el ya de por sí altísimo nivel de inflación al que nos ha llevado la irresponsable política económica de un gobierno que parece haber sido concesionado a un funcionario que se mueve en un 99% como candidato y apenas un 1% como ministro de Economía.

Fuente: La Nación

Hay pocas cosas más delicadas y sensibles que la salud de las personas. Será tal vez por eso que tanto una cuestión de impacto global como la pandemia de Covid-19 o la falta de una prótesis quirúrgica o un órgano para trasplante capturan la atención ciudadana. Convengamos que la ausencia de gestión que ha sido sello de este gobierno no vio en lo sanitario una excepción. Muy por el contrario, los funcionarios de esta cartera recibieron, y reciben, fundadas críticas por sus tan reiteradas como desacertadas acciones u omisiones.

Las últimas llegaron de parte del Fondo Monetario Internacional cuando advirtió que nuestro país no solo no cumplió con las metas económicas, sino que tampoco publicó, según lo acordado, los informes de auditoría sobre gastos y contratos firmados en el contexto de la pandemia por coronavirus, muchos con carácter reservado impuesto por la mayoría oficialista y sin los debidos controles internos.

El amiguismo político se impuso a la tragedia comunitaria. A la planificación la reemplazó un tan aceitado como inmoral intercambio de favores

Al dolor por los muertos que sumó innecesariamente el pésimo manejo oficial de las vacunas, se suman las prohibiciones a la circulación de familiares desesperados ante la inminencia de un fatal desenlace, la imposibilidad de visitar a los enfermos e, incluso, la de despedir a las personas fallecidas y darles debida sepultura. Normas que ha quedado palmariamente demostrado que solo aplicaban para algunos pocos con llegada al poder. Todo esto, sin adentrarnos en los inescrupulosos manejos del escandaloso vacunatorio VIP en cuyo marco, afortunadamente, comienzan a tomarse nuevas declaraciones indagatorias, luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti pretendiera cerrar parcialmente el caso.

Las revelaciones que confirman circuitos paralelos para la autorización de visitas hospitalarias que al conjunto de la población se le prohibían, reactivaron la indignación. Con una naturalidad rayana en la inimputabilidad, la presidenta de una organización de la sociedad civil, claramente colonizada por el oficialismo, aprovechó un acto oficial para dirigirse con toda confianza “a Carla”, la ministra de Salud de la Nación, a fin de agradecerle desde un atril y con un micrófono, haber podido visitar a su esposo internado en terapia intensiva antes de que muriera, el 20 de agosto de 2020. La confesión revela no solo una situación contraria a las normas por entonces vigentes, y por tanto condenable, si no, peor aún, la falta de registro ontológico sobre lo que está bien y lo que está mal por parte de quien se expresa. Solo así puede explicarse que pueda autoincriminarse a viva voz y sin sonrojarse luego de haber sido sujeto de un tratamiento privilegiado.

La ministra, la misma que negociaba con laboratorios amigos y que viajaba a Rusia para asegurar embarques, se esmeró por “dar por cerradas todas las especulaciones”. Pretendió desmentir lo que consideró “una noticia falsa que no refleja en nada lo sucedido”. Contó para ello, como corresponde, con el apoyo de ministros amigos de distintas jurisdicciones, miembros del Consejo Federal de Salud, argumentando que, desde el 10 de agosto de 2020, su cartera había publicado ya las recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en sus últimos días.

El decoro pasó a ser una mera palabra en el diccionario de los otros, una moralina vetusta reemplazada por la viveza criolla y el acomodo

Algo parecido puede decirse de Ginés González García, captado en sus paseos por el Viejo Continente, tratando de justificarlos con un curso sobre servicios de salud, luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, lanzara que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. O de Luana Volnovich en el Caribe, titular del PAMI, en otro ejemplo del “haz lo que digo pero no lo que hago”.

“Pertenecer tiene sus privilegios” era el contundente eslogan publicitario de una tarjeta de crédito. De eso se trata este gobierno. En su resumen de cuenta, luego de los últimos cuatro años de gestión, los ciudadanos solo hemos podido identificar algunos consumos, aquellos que trascendieron por candidez o desparpajo de sus protagonistas o por el acierto de una investigación periodística. Al amiguismo político lo mueve un dudoso affectio societatis; más bien diríamos que se trata de un incesante intercambio de favores en mutuo beneficio enquistado en el poder. Bajo el falso paraguas de una dudosa defensa de derechos, solo han sido capaces de repartir privilegios y prebendas con oscuros fines. El sistema funciona adecuadamente desde el propio vértice del poder. Y se extiende como mancha de petróleo hacia todas las capas sociales, incluidas –precisamente porque de ellas se alimentan– las más desfavorecidas, convertidas en depositarias de planes, bicicletas, bolsones de comida o electrodomésticos en un malsano afán por hacerles creer que les importan por algo más que por su capacidad para votarlos. Cómo explicar de otra manera el triunfo de Axel Kicillof en las últimas PASO, protagonista indiscutido de la inseguridad y la marginalidad que reinan en la provincia de Buenos Aires.

La complejidad cada vez mayor de una burocracia estatal que crece al ritmo del incremento del gasto público encuentra en este sistema combustible permanente. Cada trámite podrá asociarse con una excepción o una facilitación en el nutrido mercado de los amigos. Si hasta un delito claramente probado como el que plasmó la foto de la fiesta en Olivos puedo resolverse con un simple pago, entre amigos. Los billetes circulan a una velocidad pavorosa y al ritmo de una emisión insuficiente, pues sirven para pagar bienes y para alimentar males. Mientras tanto, el decoro pasó a ser una palabra del diccionario de los otros, una moralina vetusta ampliamente reemplazada por la viveza y la lógica del acomodo que el hartazgo ciudadano castiga en las urnas.

Fuente: La Nación

El denodado trabajo de la sociedad civil ha suplido en muchas ocasiones la ausencia del Estado. La Fundación Pescar constituye un excelente ejemplo de cómo encarnar la conocida reflexión de Lao-Tse: “Si quieres quitarle el hambre a un hombre, dale un pez; pero si quieres que no vuelva a tener hambre, enséñale a pescar”.

Corría el año 2003 cuando sus fundadores –Edgardo Palmero, Eduardo Novillo Astrada y Silvia Uranga–, junto a la Universidad del Salvador y la Asociación Conciencia, inspirados en el ejemplo de la Fundação Projeto Pescar Brasil, se propusieron formar a personas en situación de vulnerabilidad para que pudieran insertarse en el mundo del trabajo. Hoy sus programas tienen alcance nacional y se centran en torno a tres pilares claves: la capacitación técnica, la formación socioemocional necesaria para insertarse en el mundo del trabajo y el entrenamiento en el uso de nuevas tecnologías.

Haber potenciado la labor para pasar de 18 beneficiarios en 2003 a un total de casi 76.000 a la fecha presupone un tan exitoso como extendido tendido de redes y alianzas. La pandemia obligó a adaptarse a la virtualidad y desde Pescar también demostraron que supieron sacar buen partido de una situación difícil. A través de sus centros educativos se brinda formación personal y laboral a jóvenes de escasos recursos para brindarles oportunidades.

Desde Pescar apuestan a una sociedad en la que el trabajo sea un valor fundamental. Esto presupone lograr el apoyo de más y más generadores de empleo, además de recursos para poder ofrecer más vacantes de formación. A través de alianzas con empresas que aprovechan las fortalezas estructurales de Pescar y la capacitación en distintas áreas de expertise, el 82% de los egresados logró insertarse laboralmente y el 53% continúa cursando estudios superiores, en muchos casos con becas de formación posterior. Unos 1200 voluntarios de empresas socias colaboran en su capacitación, promoviendo en ellos valiosos hábitos y actitudes para su rol de empleados.

Nos unimos a las celebraciones de Pescar por sus primeros 20 años de trabajo en la transformación del presente y el futuro de muchos argentinos. Hacemos votos para que con la ayuda de todos puedan seguir haciendo que cada día sean más las personas que concretan sus proyectos de vida laboral.

Fuene: La Nación

La tan acertada como esperable decisión unánime de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cesar en sus funciones como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal a Ana María Figueroa trasciende el propio fallo. No solo representa un ajustado acto de justicia para quien pretendía vulnerar la Constitución nacional forzando su permanencia en el cargo, sino que también conlleva un mensaje mucho más amplio: respetar la ley no es una opción, es un deber que alcanza a todos los ciudadanos por igual.

Queda claro que ese mensaje es el que tanto molesta hoy al Gobierno, principal sostén de la ahora magistrada jubilada. Perturba especialmente al kirchnerismo, que tenía puestas en Figueroa muchas de sus esperanzas de conseguir impunidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre los principales amanuenses de la titular del Senado, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fue ayer el más ofuscado con el fallo de la Corte. Dijo que es “algo gravísimo” y que “asistimos a una nueva ruptura del Estado de Derecho y el diseño constitucional de la Argentina”. Tal vez deba entenderse esa crispación en el propio término usado por Mena: la Constitución nacional no se adapta al “diseño” al que aspira su facción política, el de hacer la vista gorda frente a los actos de corrupción en el poder.

Constituye un hecho de la realidad y no una suposición que Figueroa fallaba en línea con las aspiraciones de Cristina Kirchner. No solo votó en favor de declarar inconstitucional la ley del arrepentido en la causa conocida como de los cuadernos de las coimas, luego de confesiones de funcionarios y empresarios de haber recibido y pagado sobornos, sino que además dio su aval al apartamiento del fallecido juez Claudio Bonadio en otra causa en la que era investigada la vicepresidenta. También había denunciado Figueroa presiones del macrismo que nunca pudo probar.

La doctora Figueroa debería reintegrar el salario cobrado mientras se mantuvo atrincherada en su despacho, sin trabajar

Entre las cuestiones en que el kirchnerismo esperaba salir beneficiado con un fallo acorde con sus intereses por parte de Figueroa figuraban los pedidos de reapertura de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que Cristina Kirchner está acusada de lavado de dinero junto con sus hijos, y del memorándum con Irán. En ellas fue sobreseída sin llegar a juicio oral. Los votos de Figueroa, muy probablemente favorables, ya no forman parte de esos expedientes porque dejó de ser jueza antes de la sentencia.

Claramente, completar su vacante en la Cámara Federal de Casación Penal es visto por el Gobierno como una amenaza. Ese tribunal es clave, pues confirma o revoca las condenas y absoluciones por corrupción de la dirigencia política en la función pública, de todas las causas penales del país, de las pasadas y de las por venir.

La deleznable actitud de seguir siendo jueza más allá de los 75 años, edad jubilatoria tope, sin acuerdo del Senado para extenderla, atrincherándose en su despacho y continuando con el cobro de la totalidad de su sueldo, según detallaron investigaciones periodísticas –unos 3,7 millones de pesos netos mensuales–, soliviantó a sus compañeros de ruta que pasaron del asombro a la acción, provocando una reunión urgente, aunque, a decir verdad, un poco tardía. Figueroa, por cierto, debería reintegrar lo cobrado durante todo el tiempo que no ejerció como jueza.

No hay posibilidades de que normas legales o reglamentarias –mucho menos interpretaciones políticas– puedan desvirtuar esa decisión de la Corte al referirse a la aplicabilidad concreta del principio establecido en nuestra ley fundamental.

Como consecuencia del fracaso del oficialismo del Senado por otorgarle un acuerdo de continuidad, sus sesiones se vieron paralizadas y hasta se conocieron intentos de supeditar la aprobación del “salvavidas” para Figueroa al tratamiento de otros temas tan cercanos y vitales para muchísima gente, como la ley de alquileres. Un escándalo tras otro con el único fin de salvar el pellejo de quienes deben dar explicaciones ante la Justicia por las graves denuncias de las que son depositarios.

El fallo de la Corte representa un claro freno a la impunidad, un ordenador de la ley y un severo llamado de atención a quienes descreen de la división de poderes. Se han puesto las cosas en su debido lugar. Todos debemos cumplir con la letra de la Constitución.

Fuente: La Nación

¿Quién fue el ministro que, tras asumir hace poco más de un año, emitió una resolución para congelar el empleo público y evitar así el sobredimensionamiento de la planta permanente de trabajadores estatales? Fue Sergio Massa. ¿Quién es el ministro que decide ahora, y contra sus propias resoluciones previas, incorporar a esa planta permanente a casi 800 agentes estatales que tenían contratos y que, por ende, no se sometieron a ningún tipo de concurso de oposición y antecedentes? Sergio Massa.

“Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, había tuiteado Massa en agosto de 2022 como modo de justificación del congelamiento que, queda a la vista, fue y sigue siendo abiertamente vulnerado.

Las explicaciones de semejante falacia argumental son varias, pero podemos resumirlas en tres: a lo largo de la historia, el peronismo en todas sus variantes ha hecho del empleo público su bandera política, y de las cajas estatales, su principal instrumento económico; violar disposiciones judiciales, leyes, resoluciones y declaraciones administrativas nunca fue un problema para ese sector de la política, y menos representan un escollo cuando se acercan elecciones y se teme perder el poder. Es decir: si ya Massa-ministro no respetaba sus propias resoluciones, Massa-candidato las va a honrar todavía menos.

“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo, iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial. Esa “regularización” responde, en rigor, a una vieja tratativa de 2008, cuando la presidenta era Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete era el propio Massa. Está claro que el ministro-candidato no quiere dejar cuentas pendientes con su antigua y actual jefa públicamente silente, pero por lo visto todavía poderosa para el cobro de saldos atrasados.

Así, sigue su engorde el “club del empleo público”. En su defensa, funcionarios del área de Economía aseguran que no se está tomando a ningún empleado nuevo, sino pasando a planta permanente a contratados. Es decir, admiten que empleados cuyo contrato llega a su fin solo cambiarán de ventanilla de cobro, pero que no habrá ahorro económico para el Estado. Y, punto dos, como solo pueden presentarse a concurso los que ya dependían de un sueldo pagado por las arcas públicas, todo queda dentro del mismo coto de caza.

Va otro dato para sumar a esta nueva aberración que oficialmente se quiere mostrar como normal y esperable mientras la sociedad en su conjunto es fagocitada por la mala praxis del actual gobierno: todo lo que Massa ejecute en los pocos meses que le quedan como ministro tendrá consecuencias no solo presupuestarias, sino también operativas para la próxima gestión presidencial por iniciarse el 10 de diciembre. Si la oposición llegara a ganar, se topará con un Estado regurgitante de empleo público-político-partidario dejado por los perdedores. En cambio, en un eventual triunfo de Massa, sus huestes ya estarán debidamente acomodadas en las poltronas públicas, que financiamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.

Valgan estas cifras oficiales para enmarcar el descalabro que se pretende enmascarar. Cuando Massa asumió, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, la escalofriante planta de empleados que todos los meses cobra un sueldo del Estado en sus tres niveles sumaba 3.375.757 trabajadores. En mayo pasado fueron 3.429.784. Desde que el ahora candidato llegó al Palacio de Hacienda ingresaron 54.027 personas a alguna de las administraciones públicas, un promedio de 148 por día. Y aún le quedan tres meses.

Desde ya que hubo reparticiones del Estado que se mantuvieron estables en cuanto a incorporación de empleados. Pero hubo otras que se expandieron a su gusto, como el caso de Aerolíneas Argentinas, reducto intocable de La Cámpora: de los 997 trabajadores que ingresaron a la administración nacional entre julio de 2022 y junio pasado, 494 corresponden a esa línea aérea.

No por trillada debe ser desechada la vieja frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Fueron puntillosamente estudiadas las trampas, los decretos y las resoluciones del actual gobierno para hacernos creer que se cerraba el grifo de las arcas estatales. Solo se cerró para atender a los jubilados, la salud, la educación y la seguridad. El club del empleo público siguió, sigue y seguirá de fiesta.

Fuente: La Nación

Los saqueos y robos a locales comerciales que tuvieron lugar en distintos puntos del país recientemente no han sido algo extraordinario. Hay muchas otras formas de vandalismo a las que nuestra castigada sociedad parece haberse acostumbrado o resignado ante la pasividad de la Justicia y la inoperancia de las fuerzas de seguridad que, incumpliendo sus deberes y las reglamentaciones vigentes, nada hacen para evitarlas o penalizarlas.

La ciudad de Buenos Aires viene siendo exhaustiva y silenciosamente saqueada por amigos de lo ajeno que posan sus ojos en cuanto elemento de bronce salta a su vista. A lo largo de más de cuatro años se han sustraído buzones, llamadores, manijas, porteros eléctricos, adornos, picaportes, pasamanos, placas, letreros, cables y tapas de inspección de las veredas, por solo nombrar algunos codiciados elementos metálicos. Todo suma cuando solo cuenta su peso; desde el diseño más simple y sencillo hasta aquellos irreemplazables por su belleza y calidad artística, legado de otros tiempos. Hasta en plena pandemia el suministro de oxígeno en un hospital de Reconquista se vio interrumpido cuando fueron robadas unas cañerías de bronce.

La Bolsa de Comercio porteña perdió en junio pasado dos históricas aldabas con cabezas de leones, afortunadamente recuperadas al atraparse al ladrón. La fuente de la Plaza Alemania, en Palermo Chico, vio desaparecer 7 de sus 16 escudos de 150 kilos cada uno, mientras que en la Plaza Francia, en el corazón de Recoleta, el monumento obsequio de la colectividad gala se vio también despojado de 3 relieves de 250 kilos que ocupaban su base. Ambas obras habían sido declaradas monumento histórico nacional.

Placas conmemorativas de importantes conjuntos escultóricos, como los del general Carlos María de Alvear en Recoleta y del general José de San Martín en Retiro, también fueron robadas, borrando memoria histórica e información didáctica, para ser reemplazadas en algún caso por otras de resina.

Hablamos, en rigor, de delitos diferentes cuando el robo involucra una valiosa escultura o una chapa de bronce. El 80% de las 2300 esculturas porteñas son de bronce. Nada menos que la mitad de ellas han sufrido mutilaciones. El Herakles de Émile Bourdelle perdió parte de su arco; decapitadas y destrozadas quedaron las cinco figuras principales del Monumento a España ubicado en la Costanera Sur. En la plaza contigua al Museo Nacional de Bellas Artes, El segador, de Constantin Meunier, perdió su guadaña y a punto estuvo de perder un brazo antes de ser trasladado al predio de Monumentos y Obras de Arte (MOA) junto a El sembrador, del mismo autor, donde se custodian cientos de esculturas que peligran en el espacio público.

Desde 1996 desaparecieron unas 13 esculturas de bronce, de entre 20 y 450 kilos, engrosando listas de captura internacional. La Niña Feliz, por ejemplo, donada por el Gobierno de los Países Bajos y emplazada en Puerto Madero, fue robada en 2019, y detectada luego en Paraguay.

Los cementerios no son la excepción. En el de la Chacarita, la estatua de José Gregorio Rossi, creador de la cédula de identidad, de casi media tonelada de peso, desapareció misteriosamente en 2019 como ya había sucedido con los bustos de José Ignacio Rucci y Eva Perón. En 2022, más de 300 placas de bronce fueron robadas en un fin de semana, tras ser arrancadas de tumbas del Cementerio Israelita de La Tablada, ante la total indiferencia e inacción de las autoridades, denunciada por la AMIA.

Las iglesias no escaparon a las acciones vandálicas. Al robo de la baranda de la escalinata de la iglesia de San Nicolás se han sumado más recientemente los tableros de bronce de las puertas de la Basílica del Socorro.

El Gobierno de la Ciudad, responsable del control y la seguridad de las calles porteñas, parecería no haberse ocupado jamás del problema. No ha habido campaña de denuncia y esclarecimiento en procura de proteger el vandalizado patrimonio de los contribuyentes. El bronce sustraído irá subiendo de precio en su derrotero, un circuito que involucra a distintos actores, formales e informales.

En lo que va del año la Policía de la Ciudad ha detenido a 53 personas por robo de bronces de frentes de edificios antes de que pudieran vender sus malhabidos tesoros a alguno de los galpones clandestinos –o chatarrerías, según la jerga– ubicados en distintas zonas del ámbito metropolitano de Buenos Aires, como el barrio de Constitución. Se estima que el aumento de oferentes en el rubro de los metales ronda el 40% desde 2020. Quien recibe estos metales no hace distingos entre lo robado o lo surgido de una demolición o un desguace. A diferencia de lo que ocurre con los autopartes, no hay trazabilidad posible. Entre los materiales más vendidos ilegalmente, se encuentran además del bronce, el cobre y el acero.

No pocas veces las piezas terminan escondidas en carros de cartoneros que las fuerzas policiales no podrán requisar sin razón valedera. El fomento oficial a la tarea de los recicladores contribuye a proteger a los autores o encubridores de estos delitos. Los circuitos son bien conocidos y muy fácilmente detectables.

Fiscalizar y obstaculizar la recepción de aquello de dudosa procedencia, penalizando a los comercios que los reciben, e investigar el destino de las piezas, controlando también a los fundidores de metales, sería una forma de desalentar el robo de estos objetos que terminarán convertidos en canillas o incluso en nuevas esculturas, cuando no en lingotes para exportación. Tipificar y extremar las sanciones a este tipo de hechos ilícitos sería también una forma de prevenirlos.

El mercado negro del bronce tiene ramificaciones internacionales y es responsable de la desaparición de unas 30 toneladas de bronce artístico de nuestro país, por las que se pagan precios muy superiores a los locales. Hablamos de episodios que, si bien se dan también en otros lugares del mundo, se han incrementado localmente en calles casi vacías en pandemia y ante el recrudecimiento de nuestra situación económica.

Detener esta sangría resulta imposible sin voluntad política. Las cámaras de seguridad resultan inútiles si no se investiga porque se presume, no sin fundamento, que un juez liberará al ladrón sin titubeos. La convergencia de pobrismo y vil garantismo nos ha llevado a naturalizar el delito.

Es penoso constatar cómo la negligencia oficial coadyuva, por acción u omisión, al crecimiento de estas actividades ilícitas con cadenas de complicidad alimentadas por millonarios negocios, incrementando la inseguridad y el deterioro del patrimonio urbano y la calidad de vida.

Fuente: La Nación

En 1990, el país se horrorizaba ante el caso de María Soledad Morales en Catamarca. La joven, de 17 años, fue asesinada por hijos del poder provincial que la drogaron y abusaron de ella en una fiesta. Más de tres décadas después, en junio pasado, era asesinada en Chaco Cecilia Strzyzowski, una joven de 28 años casada con César Sena, cuyos padres lideraban el movimiento Socialistas Unidos, agrupación íntimamente ligada al poder provincial. Hoy tanto César Sena como sus progenitores, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están en prisión, acusados de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.

El caso de Cecilia se emparenta con el de María Soledad. En ambos casos, una joven inocente se acerca a personas cuya proximidad con un poder sin límite en la ley los lleva a actuar de manera brutal y acaba perdiendo la vida. El crimen terrible cometido en Chaco tiene al mismo tiempo muchos vasos comunicantes con el caso de Milagro Sala en Jujuy, hoy en prisión domiciliaria por liderar una asociación ilícita, fraude y extorsión, en medio de denuncias de exintegrantes de su organización, Tupac Amaru, por violaciones de los derechos humanos. La familia Sena se dedicaba, como la líder jujeña, a la construcción de viviendas sociales con fondos públicos. Tanto Milagro Sala como los Sena eran sostenidos en su accionar delictivo por el poder político, que en su afán hegemónico los había incorporado como parte de ese “ejército” militante que está siempre tras la conquista del territorio y de la mente y las voluntades de los votantes. Detrás de Sala estuvo Cristina Kirchner en sus tiempos de presidenta; detrás de los Sena está Jorge Capitanich.

Los referidos casos dan cuenta de la forma en que pervive en muchas provincias argentinas, como el Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, un sistema feudal que lleva a los que mandan a sentirse dueños del cuerpo y el alma de la población. Así, a buena parte de las personas se les desconocen sus derechos ciudadanos para tratarlas como súbditos de un régimen que remite a los tiempos del Virreinato.

El ejercicio de este omnímodo poder deshumaniza. El otro no es visto como una persona en sí misma, sino como un medio para lograr los fines mezquinos que persigue la política partidaria cuando se pervierte. Un mero instrumento. Las palizas físicas y el maltrato psicológico que Milagro Sala infligía a quienes no la obedecían como ella pretendía, narrados por las mismas víctimas, tienen origen en el mismo sentimiento de impunidad que promovía el trato degradante que Emerenciano Sena y su esposa daban a los trabajadores de sus emprendimientos.

Marcela Leiva, una mujer que comenzó a colaborar con la organización de Sena en 2010, contó recientemente en distintos medios de prensa que la obligaban, junto a otros trabajadores, a realizar tareas desde las 5 de la mañana durante 15 horas diarias, bajo amenazas, y que los mantenían encerrados. Debían comer en el piso, muchas veces alimento en mal estado. Las humillaciones y la violencia que recibían mientras trabajaban eran algo cotidiano. “Nos puteaban continuamente y nos decían que éramos malas personas”, relató Leiva. “Emerenciano captaba personas del interior y las traía a trabajar con el cuento de la casa propia. Después las trataba como a cerdos, encerradas en el campo de tiro”, agregó.

Sena exigía una sumisión total. Tras una tormenta, el dirigente social le ordenó a Leiva que realizara una denuncia por la pérdida de bienes y materiales de obra. La mujer se negó a incluir en la lista elementos que estaban intactos. “Vos tenés que hacer lo que yo te diga”, le gritó Sena, según contó la mujer.

Leiva hizo siete denuncias contra Sena por reducción a la servidumbre, corrupción y lavado de dinero, todas desestimadas por la Justicia provincial y por el gobierno cómplice de Capitanich, quien, según cuenta la mujer, eligió ignorar también las cartas enviadas por las víctimas del líder social. “Le pedíamos audiencia y en respuesta él se sacaba fotos con Emerenciano”, dice Leiva. Para ella, Sena era “el niño mimado de Capitanich”.

Catamarca vio cómo se desmoronaba una de las dinastías políticas más rancias del país tras el crimen de María Soledad y después de las multitudinarias “marchas del silencio” clamando por justicia. En Chaco, tras el asesinato de Cecilia y ante la evidente cercanía entre el clan Sena y Capitanich, el voto en las PASO favoreció a la oposición, aunque el gobernador fue el precandidato individual más votado.

El asesinato de Cecilia confirmó la plena vigencia, en pleno siglo XXI, de regímenes provinciales con gobiernos que han sometido a la Justicia impidiéndole que contenga sus excesos, con ciudadanos que resignan su autonomía ante un clientelismo desembozado y funcionarios que se sienten impunes hasta el punto de desconocer, en acciones aberrantes, la dignísima condición humana de sus gobernados. Se trata de territorios en donde es imprescindible restablecer el imperio de la ley y el funcionamiento de las instituciones para destronar tanta impunidad y tanto abuso silenciado. Como sociedad, no podemos tolerar ni un crimen más sin exigir los cambios que demasiados poderosos resisten.

Fuente: La Nación