Categoría: Entrevistas

Se hacen cada vez más destructivas del sector privado las medidas del Gobierno para sobrevivir con la angustiosa situación fiscal y evitar el drenaje de las reservas. Al no atacar las causas, sino los efectos, cada paso que da constituye solo un parche que cierra precariamente un problema, pero que abre otro mayor. Las consecuencias están a la vista. La producción industrial de junio cayó el 2,3% respecto del mismo mes del año anterior y la construcción lo hizo en un 2,5%. Las ventas de servicios y bienes no durables muestran caídas y hay un creciente desabastecimiento de insumos importados esenciales para la salud y la producción.

No se ha aprobado aún por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso que le permitirá a la Argentina devolver los préstamos puente que debió tomar para no caer en default con ese organismo. Esa aprobación seguirá seguramente al Staff Agreement ya logrado, pero pondrá como condición el cumplimiento del compromiso de no superar este año un déficit fiscal primario del 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto no parece posible dado el exceso ya verificado a esta altura del año y los requerimientos de “platita” que impone la campaña electoral. El Gobierno intenta resolver la cuestión apelando a la circunstancia que la contabilidad pública se conduce por lo pagado y no por lo devengado: se retrasan los pagos a proveedores y contratistas. Esta situación se ha ido agravando. Se estima que la deuda flotante supera 1,6 billones de pesos, equivalentes a 5500 millones de dólares o al 1,1% del PBI. Se sabe que los retrasos en los pagos entorpecen las obras, creando mayores costos que serán dirimidos, ya sea con la quiebra del proveedor o con un mayor costo para los contribuyentes y los usuarios.

El camino elegido por Massa ha sido el de provocar una devaluación impositiva que, además de seguir destruyendo el sector privado, podría devolvernos a deshonrosas calificaciones internacionales

El cepo cambiario emplea diversas herramientas para limitar al máximo la salida de dólares de las reservas. No es una novedad que el Banco Central sea acosado por quienes quieren comprarle dólares y, por otro lado, le cueste forzar a quienes deban vendérselos, ambos a un precio menor al del mercado. En esta pretensión inverosímil ha ido recurriendo a farragosos procesos de autorización de importaciones que, además, generan focos de corrupción. Impuso la obligación de financiar a plazo estas operaciones sin considerar los perjuicios comerciales y sus costos. Por otra parte, requiere aprobación para transferir utilidades o cualquier tipo de pagos. Estamos administrados por un gobierno que impide pagar a quienes son solventes y pueden hacerlo.

La obvia necesidad de equilibrar el mercado de cambios ha puesto el tema de la devaluación en las negociaciones con el FMI y en las expectativas de la gente. Por otro lado, el discurso político impide utilizar esa medida. El camino elegido por el ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, ha sido el de hacer una devaluación impositiva. En un reciente decreto, introdujo ilegalmente el impuesto denominado País, del 7,5% a la importación de bienes y servicios y a las contrataciones internacionales. Entre otras cosas, esto incluyó los fletes marítimos, encareciéndolos y exigiendo, además, plazos de pago con absorción de riesgo cambiario, extraños a un mercado sumamente ágil.

No es improbable que nuestro país retorne a la deshonrosa calificación de puerto sucio. En conclusión, estamos frente a un gobierno que no paga y que impide pagar.

Fuente: La Nación

El 20 de junio de 1820, a los 50 años, falleció Manuel Belgrano. Se dice que sus últimas palabras fueron “¡Ay, patria mía!”, expresando su dolor ante la disolución del gobierno nacional en la batalla de Cepeda y el fracaso de las campañas militares que le llevaron la vida. Belgrano, hombre de letras y frágil de salud, debió comandar ejércitos hasta el Paraguay, el Alto Perú y el norte argentino por amor a la patria.

Nadie muere por amor al Estado, ni siquiera por la nación o por un país. Son palabras nobles, pero con mayor contenido político o geográfico. La patria significa otra cosa, un acorde justo que conmueve al alma. Toca los sentimientos más profundos de las personas, hasta el punto de disponerlas a dar la vida por ella. Evoca la tierra de los antecesores y el bagaje cultural que implica: el idioma materno, las tradiciones de antaño y las costumbres de ahora. Los recuerdos compartidos, los compañeros de colegio y los juegos de barrio. La música, los dichos populares y el humor parecido. Los aromas de panaderías, los rituales diarios, la comprensión de gestos, bromas y sobreentendidos. Todo eso y mucho más.

Esa ligazón no admite exclusiones ideológicas: están comprendidos todos quienes han respirado desde niños esos olores particulares, visto los mismos paisajes y oído los mismos rumores. Quienes lucharon por la independencia quisieron la soberanía política para el autogobierno, sin distinción entre pobres o ricos, gauchos o “galeritas”, rubios o morenos, progresistas o reaccionarios. No buscaban la liberación, sino la libertad.

Los sentimientos que suscita la palabra patria son tan potentes que suele ser utilizada con fines subalternos, bien distintos del sentido que le dio Belgrano en su último adiós. Tanto la derecha extrema como el kirchnerismo ramplón han pretendido levantar la bandera patria para dividir a la sociedad según sus intereses, convirtiéndola en una mercancía de marketing político.

La idea de que la patria es solo una parte de la sociedad viene de lejos. En 1924, Manuel Baldomero Ugarte publicó su libro La Patria Grande, tomando la idea de José de San Martín y Simón Bolívar respecto de la unidad latinoamericana, pero –según Ugarte– para enfrentar al imperialismo anglosajón. Del mismo modo que, una década más tarde, el exilado León Trotski propuso la creación de los “Estados socialistas de América Latina”. Ese componente ideológico de la Patria Grande desnaturaliza el concepto al introducir la lucha anticolonialista como factor de aglutinación frente a enemigos externos y sus socios internos.

La variación marxista del ideario de los grandes libertadores fue promovida por Hugo Chávez en Venezuela y adoptada por el kirchnerismo, con teatralizaciones varias, como la remoción de la estatua de Cristóbal Colón y su reemplazo por Juana Azurduy. En esa misma línea, el nombre de la patria es utilizado en la unidad básica y supuesta “usina intelectual”, el Instituto Patria. También se adoptó esa designación en 2011 para dar cobijo rentado a militantes de La Cámpora en una mansión de Barrio Norte: la “Casa Patria Grande”, un organismo creado para fortalecer los vínculos entre los países latinoamericanos. Con bastante poca imaginación, el precandidato Juan Grabois designó a su espacio Frente Patria Grande, que integra la alianza Unión por la Patria. Una verdadera indigestión patriótica nutrida por izquierda. Casi siniestra.

En su discurso del 5 de marzo de 1960, Fidel Castro pronunció su célebre “¡patria o muerte!” como consigna de lucha revolucionaria. No como bandera para lograr la independencia de Cuba, que ya lo era desde 1902, sino para alcanzar la liberación del imperialismo, implantando el socialismo. Así está hoy la república de Martí, completamente liberada y totalmente empobrecida. Ante la necesidad, la población entona “patria y vida” reclamando techo, tierra y trabajo, además de comida.

En la Argentina, la subversión armada también reivindicó la defensa de la patria como justificativo de sus atentados criminales con el lema “La sangre montonera es patria y es bandera”. El intelectual del socialismo nacional, John William Cooke, identificó la patria solo con el pueblo, los descamisados, los pobres, los excluidos. Y colocó enfrente a la oligarquía, la antipatria y el cipayaje aliado al enemigo externo, el imperialismo, expresiones acuñadas por Arturo Jauretche, el exradical que dio al peronismo su discurso populista más pegadizo. En términos actuales, serían los poderes concentrados, los medios hegemónicos, la Sociedad Rural y el capital financiero, aliados del FMI, los Estados Unidos y sus socios globales.

En 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el movimiento guerrillero Todos por la Patria asaltó el Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, en un ataque dirigido por Enrique Gorriarán Merlo del PRT/ERP. Nuevamente, la patria tuvo poco que ver en ese intento de corte sandinista de imponer el marxismo en el país. Pero allí va la palabra, viene y va sin que nadie detenga su mal uso.

El 25 de mayo de 2018 tuvo lugar un acto en el Obelisco bajo la consigna “La patria en peligro” para repudiar el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, convocado por actores como Pablo Echarri y Nancy Dupláa y secundado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), de Roberto Baradel; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de Juan Grabois, y referentes de organizaciones de derechos humanos, como Estela de Carlotto. La “defensa de la patria” es un antiguo estribillo desde la época de Eva Perón, quien se refirió a “la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que debemos defender como la más justa, la más libre y más soberana de la tierra”. Setenta años después, la patria es menos justa, menos libre y menos soberana de tantos abusos populistas hechos para defenderla.

La defensa de la patria es ahora el discurso hueco de Unión por la Patria, el espacio político que ha demolido los cimientos morales y materiales de la convivencia entre los argentinos. Sin embargo, nadie se reúne ahora en el Obelisco con la consigna de entonces, ni los actores, ni los sindicalistas, ni los referentes de los derechos humanos. a pesar de que son testigos de la ruina que vive el país.

Es redundante repetir los daños causados a la patria por el empecinamiento de Cristina Kirchner en lograr su impunidad a cualquier precio. La inflación galopante, la licuación de ingresos, la pobreza creciente, el hambre infantil, la violencia urbana, el trabajo informal, la expansión del narcotráfico y la corrupción ya no son peligros que acechan a la patria, sino realidades que golpean en todas las puertas y en especial de los más humildes. Aquellos para quienes el peronismo dice gobernar.

Quienes convocan a defender a la patria no utilizan la palabra en el sentido que le dio Belgrano en su lecho de muerte. Para La Cámpora, la patria es “el otro militante” y ninguno más. Su batalla final es para mantener cargos y cajas, empresas y directorios, sueldos y viáticos, pasajes y estadías, empleados y choferes, asesores y secretarios, parientes y amigos en todos los resquicios del Estado. Esa es la única patria que conciben y que llaman a defender frente al peligro de volver al llano.

El voto democrático definirá el rumbo político de los próximos cuatro años. Solo podemos desear que, cualquiera fuese el rumbo, se retorne a los valores de quienes usaban la palabra patria con sincera honradez. Y que su malversación sea sancionada mediante la condena moral y el voto de una sociedad cansada de ser expoliada en su nombre.

Fuente: La Nación

Según la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer trimestre del año la pobreza llegó al 38,7%, lo cual representa un aumento de 4,4 puntos con relación al mismo período de 2022. Tal porcentaje representa 1.169.808 nuevos pobres en los conglomerados urbanos. Además, la indigencia pasó del 8,2% en el primer trimestre de 2022 al 8,8% en el mismo período de 2023.

La pobreza crece entre los más chicos y también la indigencia, traducida en hambre. El porcentaje de pobreza infantil , que en el primer trimestre de 2022 era del 48,1%, se disparó al 54,7% en igual período de este año. Constituye un salto de 6,6 puntos porcentuales, lo que implica que 618.979 chicos cayeron en la pobreza en tan solo un año.

En tanto, la cantidad de chicos indigentes pasó de 967.111 (12,1%) en el primer trimestre de 2022 a 1.059.964 (13,2%) en el mismo período de este año. Son 92.853 nuevos niños y adolescentes que ahora no pueden ni remotamente acceder a una canasta mínima de alimentos.

Tal como se ha venido señalando en los últimos tiempos, la realidad impacta también entre los ocupados, donde la tasa de pobreza subió del 24,4% al 28,7%; es decir que incluso quienes tienen trabajo están, en promedio, cada vez más lejos de los productos de primera necesidad. Tanto la línea de indigencia como la de pobreza se calculan en relación con la evolución del precio de las canastas de alimentos, que aumentaron más que la propia inflación. Hacia marzo último, la canasta básica para no ser indigente aumentó el 120,1% interanual; la de pobreza, el 113,2%, y la inflación, el 104,3%.

Las proyecciones auguran un futuro aún más sombrío. A este ritmo, para el segundo trimestre se descuenta que la pobreza habría vuelto a crecer por la mayor inflación y los consecuentes incrementos en los valores de las canastas de alimentos. Al respecto, expertos de la Universidad Torcuato Di Tella, al proyectar los microdatos del Indec, vaticinan para el primer semestre de este año un nivel promedio del 42,1%.

La pobreza es consecuencia de problemas de larga data que se han visto agravados y cuya resolución debería ser urgente. Con más de una generación de argentinos que ha crecido alejada de la cultura del trabajo, la comprobada ineficacia de muchísimos programas sociales para combatirla se verifica también por cuanto obstaculizan el crecimiento económico y, por ende, lo agravan, dado que desestimulan la productividad.

La sociedad argentina está atravesada por una pobreza estructural que tiende a sumar carencias crónicas en materia de recursos y capacidades de desarrollo humano. Se trata de una deuda social que se viene acumulando tras décadas de decadencia, que se agrava en contextos de crisis como el actual y que, durante momentos de crecimiento, tiende a disminuir, pero siempre queda por arriba del piso precedente.

Más escandalosos que los datos recientemente conocidos sobre la pobreza y la indigencia que padece casi la mitad de la sociedad argentina son la falta de compromiso y madurez de nuestra dirigencia política. No haber podido hasta aquí consensuar líneas de acción en el tiempo, independientemente del signo político que se encuentre ocasionalmente a cargo de la conducción del Estado, revela una preocupante insensibilidad ante una dolorosa realidad. Se trata, sin duda, de una de las grandes deudas de la democracia, que ha cumplido cuatro décadas ininterrumpidas.

El drama de la pobreza en la Argentina se agrava periódicamente porque las medidas de fondo siguen ausentes. Urge diseñar programas que incentiven la contratación de trabajadores por el sector privado y encarar las reformas que alienten la perdida confianza inversora, en lugar de seguir alimentando prácticas populistas. Solo así se podrá empezar a contener los graves problemas económicos y sociales que hieren tan profundamente a demasiados compatriotas. Debería ser compromiso de todos, actores políticos y sociedad en general, agotar los medios para que nadie quede excluido de un sistema que garantice la propia dignidad y el derecho a soñar con un futuro mejor para las generaciones venideras.

Fuente: La Nación

La educación fue una de las actividades más jaqueadas en tiempos de la pandemia. Desgraciadamente, por distintas razones, repetidamente revisadas desde estas columnas, el cumplimiento del calendario escolar y las horas de clase, así como distintas disposiciones vinculadas con la calidad y equidad educativa, siguen tan amenazados como durante el aislamiento social preventivo obligatorio.

Héctor Masoero, vicepresidente primero de la Academia Nacional de Educación (ANE) y presidente del consejo de administración de la Universidad Argentina de la Empresa, reflexionó en un medio colega que, desde el regreso a la democracia, nunca se han cumplido los días lectivos que dispone la ley. Mencionó también que distintos estudios confirman que no habría relación directa entre los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), los días de clase y las horas necesarias que la OCDE promedia en 4,3 diarias. Cita el ejemplo de Chile, el país de la región que se destaca por su mejor rendimiento en las referidas pruebas, y que ofrece 38 semanas de clase por año; mientras que Brasil no consigue tan buenos resultados a pesar de sus 200 días de clase. Cabe señalar que en países como Japón, otro ejemplo, son 203. “En educación no abundan las recetas”, reconoce Masoero.

Las características climáticas y las costumbres y necesidades locales son las que rigen los calendarios escolares de cada país sin que pueda hablarse de calendarios perfectos o de duración óptima. De hecho, Masoero señala que lo que cuenta es en qué medida se cumplen las horas del sistema. En el caso argentino, tanto los 180 días de clase que fija la ley como las 4,3 horas por jornada que responden adecuadamente al promedio recomendado sirven de poco cuando solo se declaman pero no se respetan. En nuestro país, también se incumple el artículo 28 de la ley de educación nacional, que exige para la escuela primaria una jornada “extendida o completa”, pero que solo es cumplida por el 21% de las escuelas. De igual modo, pese a distintos esfuerzos y al agregado reciente de una hora más de clase en distintas jurisdicciones, no se ha cumplido con la resolución del Consejo Federal de Educación del año pasado que tiende a este cumplimiento.

Lo grave es que, en la práctica, a duras penas llegamos a un promedio de 168 días en razón de la creciente politización y sindicalización de la labor docente, a pesar de que la ley estableció que “ante el eventual incumplimiento” de los 180 días de clase anuales, “las autoridades educativas” de cada jurisdicción “deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos”. Esta es una violación más a las leyes educativas.

Aun cuando pareciera no existir, en opinión del mencionado académico, correlación entre inversión educativa y rendimiento académico, no podemos soslayar que la asignación del 6% del PBI para el financiamiento educativo que prevé la ley nacional sancionada en 2006 solo se cumplió en 2013 y 2015; esto es, en apenas dos de los 16 años transcurridos. Está claro que la revisación de estas flagrantes violaciones de las leyes tiene consecuencias en la muy mala calidad educativa actual y en las enormes desigualdades que esto apareja.

Ya nos referimos desde este espacio a la reciente declaración que, bajo el título “La educación es una prioridad”, difundió la ANE. No es solo con más horas y días de clase como se resolverá la enorme crisis educativa argentina. Es clave que los candidatos y los partidos reconozcan la importancia estratégica de la cuestión para acordar que sea considerada un servicio de “importancia trascendental” o “esencial” como lo disponen las normas laborales. “No hay riqueza económica posible con los chicos fuera del aula”, sentencia con razón Masoero al mencionar el ejemplo de los Estados Unidos.

Si la dirigencia política dedicara la mitad de los esfuerzos que desperdicia en inconducentes enfrentamientos a diseñar y presentar los programas que los ciudadanos reclamamos en terrenos medulares como el de la educación, nuestros hijos podrían soñar que un mejor futuro es posible. Como viene señalando desde hace años la Asociación Civil Educar 2050, con su campaña #YoVotoEducación, la necesidad de mejor enseñanza y aprendizaje debe reclamarse también desde el voto y este es un año especial para recordarlo. Resulta imprescindible que quienes triunfen en las elecciones generales de este año reafirmen su apoyo al Compromiso por la Alfabetización, impulsado desde Argentinos por la Educación, junto a 130 organizaciones de la sociedad civil, y que no soslayen la importancia de la educación como principal motor del país al que aspiramos.

Fuente: La Nación

No hace mucho nos referíamos desde este espacio a decisiones de países como Suecia e Italia, que optaban por limitar el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas. En el caso de Suecia, al punto de redireccionar financiamiento para distribuir libros de texto con el fin de detener el descenso en los niveles de lectoescritura y comprensión lectora experimentado en los últimos años.

Una iniciativa en Finlandia recogió más de 30.000 firmas en pos de prohibir el uso de celulares en las escuelas, medida que el gobierno conservador consideró seriamente una forma de reforzar el poder de los docentes para intervenir durante las horas de clase ante las distracciones que imponen estos dispositivos.

En estos días, los Países Bajos se han sumado a la tendencia tras difundirse estudios que ponen en evidencia que los alumnos se distraen y disminuyen su rendimiento con el uso de dispositivos electrónicos. El ministro de Educación, Cultura y Ciencia, Robbert Dijkgraaf, reconoció que, si bien los teléfonos móviles son parte de la vida de todos, dados sus efectos en la atención y concentración no corresponde que estén en las aulas. Se anunció así la directiva que fija que, a partir del 1º de enero próximo, junto con tabletas y relojes inteligentes, quedarán prohibidos en ámbitos educativos a excepción de su uso por razones médicas o de discapacidad.

Estudios científicos han mostrado que estos dispositivos tecnológicos afectan las habilidades necesarias para el aprendizaje, por lo que en realidad lo que se busca es proteger a los alumnos. La decisión fue fruto de un acuerdo entre centros escolares y organizaciones afines con el ministerio. Quedará bajo la órbita de cada establecimiento educativo cómo instrumentar la prohibición, marcando el límite entre lo que quedará permitido y lo que no. Profesores, alumnos y padres fijarán las reglas.

Universidades y centros superiores de enseñanza quedan exceptuados de la flamante directiva, que será revisada a fines del año escolar 2024/2025, luego de evaluar su eficacia.

El nivel de invasión que ha planteado la llegada de la tecnología a las vidas de todos, con su carga de beneficios incluida, no puede negar tampoco su condición de adictiva.

¿Qué autoridad puede reconocerse a un docente para educar si no puede controlar el uso de dispositivos en las aulas durante las clases? ¿Puede plantearse en términos de legalidad e ilegalidad una medida al respecto? En la era digital, muchos preconceptos deben ser revisados. Afortunadamente, algunos países intentan ya poner el caballo delante del carro. No combatir de alguna manera el sesgo de confirmación que imponen las redes es limitar perniciosamente el desarrollo del pensamiento crítico, acotando la libertad para pensar y alejando a los estudiantes de una de sus más sublimes potencialidades: la de aprender.

Fuente: La Nación

Nos referíamos ayer a la decisión del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, de trasladar la estatua del general Julio Argentino Roca, ubicada en el Centro Cívico de Bariloche, a una barranca más cercana al lago Nahuel Huapi en la que ya se ubica otro conjunto escultórico. La propia gobernadora rionegrina y candidata a sucederlo en la intendencia, Arabela Carreras, criticó el proyecto de Gennuso al señalar que “la discusión sobre la historia requiere un debate mucho más profundo, fuera de los contextos electorales para evitar especulación”.

Sería imposible determinar cuál es más absurda entre las razones prevalecientes para pretender desplazar aquel monumento ecuestre. Si es para “refuncionalizar” la plaza en que se encuentra desde 1941 en lugar dominante, argumentando que entorpece visuales al lago, o si la decisión obedece, de acuerdo con los vientos revisionistas que soplan desde hace años, al interés por congraciarse con el sentimiento de supuestos “pueblos originarios afectados por la presencia de Roca” en un espacio tan central como el Centro Cívico de la ciudad patagónica. Como si los dineros públicos sobraran, además, en medio de la pobreza generalizada en el país para mudanzas sin ton ni son.

Convengamos que la segunda razón se acomoda mejor a los criterios históricos que, en el orden nacional, los Kirchner llevaron a otros dislates, inspirados en el difunto dictador venezolano Hugo Chávez.

El busto del brigadier general Juan Manuel de Rosas, emplazado por años también en el Centro Cívico, fue retirado hace 20 meses con la promesa de ser restaurado. A raíz de esta nueva polémica en torno a Roca, las autoridades anuncian que volverá a su emplazamiento antes de fines del corriente mes. No tuvo esa suerte Colón, reemplazado por Juana Azurduy frente a la Casa Rosada y trasladado a la Costanera porteña en otro ejemplo de ideologización rampante.

Nada, en el fondo, logrará empequeñecer la figura de Roca; más bien la magnificará

La cultura de la cancelación a la que también nos referíamos ayer, tan de moda en los Estados Unidos y Europa, ha prosperado durante veinte años sin que se opusieran los debidos obstáculos permitiéndole avanzar hasta extremos de insensatez. Solo de un tiempo a esta parte ha comenzado una reacción proporcional a los desafíos que impone. Que la estatua de Churchill haya debido ser protegida en las vecindades de Westminster, frente a la iracundia de manifestantes que arremetían contra toda expresión de tiempos coloniales, muestra que el caso de uno de los grandes constructores del Estado argentino pertenece, lamentablemente, a una categoría propia todavía de estos tiempos, y no solo de la Argentina.

En 1999, el Estado nacional transfirió por ley a título gratuito, aceptado por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el denominado conjunto arquitectónico Centro Cívico –que al año de su inauguración sumó el monumento al general Roca por decisión de Exequiel Bustillo, presidente de la Dirección de Parques Nacionales– para que esta conserve y preserve a perpetuidad, tanto en su aspecto exterior como interior; los edificios así como los diseños arquitectónicos y paisajísticos de terrenos y plazas que lo integran. El cargo impuesto solo podría ser modificado, mediante ley del Congreso de la Nación.

El gobierno de Bariloche se ha amparado para tan controvertida decisión en la tesis exhumada por Gonzalo de Estrada, hijo del arquitecto Ernesto de Estrada, creador del Centro Cívico. Ha pedido que el predio retorne a la idea original de su padre, que era la de una plaza seca, despojada de cualquier ornamentación histórica como las que están en debate. Sea la de Roca o una en honor a las Madres de Plaza de Mayo, presentes ya en los pañuelos que se repintan en el suelo cada 24 de marzo, según contempla también la polémica propuesta oficial.

El Centro Cívico lució como plaza seca en su primer año. Sería un exceso de formalismo retornar al proyecto original después de más de 80 años. Provocaría una confusión tal que no podría menos que tomarse como atajo para desplazar finalmente a la estatua que sufre, año tras año, en cada manifestación, el ataque vandálico de quienes reniegan del agradecimiento ciudadano a uno de los gobernantes argentinos más ilustres. El gobierno local argumenta que en un lugar menos central se desalentará su vandalización.

Gobiernos incapaces de cualquier emulación pretenden deshacer la obra constructora de los grandes gobernantes del pasado

Su responsabilidad es custodiar el patrimonio histórico. Con sus aviesas intenciones políticas no hace más que alentar las depredaciones que no logran desvalorizar el peso histórico de una personalidad notable del país. Nada, en el fondo, logrará empequeñecer la figura de Roca.

Estas peripecias de época terminarán por magnificarla aún más en tiempos de zozobra nacional, con gobiernos que, incapaces de cualquier emulación, no han hecho más que pretender deshacer la obra constructora de los grandes gobernantes del pasado.

Fuente: La Nación

El gobierno nacional acaba de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regula el régimen del personal militar. Los dirigentes opositores Eugenio Burzaco, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert calificaron la iniciativa como un nuevo intento de chavización de las Fuerzas Armadas con el propósito de politizarlas para ponerlas al servicio de los intereses del oficialismo. En defensa del proyecto, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo que fue redactado “con un importante grado de consenso”. Argumentó que los exministros del área Horario Jaunarena y Nilda Garré habían participado de su confección. Sin embargo, Jaunarena negó haberlo consensuado e hizo una serie de advertencias de fondo.

En opinión de numerosos especialistas de la oposición, el Gobierno persigue domesticar el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, vulnerando el sistema de calificaciones, mérito y mando jerárquico al habilitar la injerencia política del Ministerio de Defensa. Cuestiones técnicas y relacionadas con la carrera militar quedarían así supeditadas a la intervención arbitraria de la política partidaria en su propio beneficio y con riesgosos edectos para la sociedad..

La redacción del proyecto no deja dudas. Por ejemplo, habilita al presidente de la Nación para ascender a suboficiales pasando por encima de la junta de calificaciones y de la opinión fundada de sus superiores jerárquicos, delega en el Ministerio de Defensa la facultad presidencial de pasar a retiro a los militares en actividad, permite a los suboficiales pasar a la categoría de oficial y a la tropa a la de suboficial, y condiciona los ascensos al criterio de la Universidad de la Defensa Nacional, un ámbito sensible a las presiones políticas e ideológicas.

Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones de la democracia. Cumplen con la función primordial de defender nuestro territorio. Reconocidas y valoradas por el servicio que prestan a la sociedad y la sólida formación profesional de sus integrantes, los gobiernos kirchneristas las han ido desactivado operativamente, atacándolas y llevando los salarios de sus miembros, en muchos casos, por debajo del nivel de subsistencia, estigmatizando su valiosa labor a partir de un sesgo claramente ideológico.

El presupuesto operativo de las Fuerzas Armadas es históricamente el más bajo en términos reales.

Los reiterados anuncios gubernamentales de adquisición de nuevo equipamiento son solo falsas promesas. Importantes predios que ellas custodian han sido entregados a los amigos del Gobierno mientras avanzan iniciativas para cerrar los liceos de formación militar.

El proyecto en cuestión busca claramente convertirlas en otra facción kirchnerista copiando el modelo chavista de la Venezuela de Maduro, o el de las “democracias tuteladas” por fuerzas pretorianas.

Violentar una institución de la República para reducirla a una fuerza de choque de un grupo o facción merece el mayor repudio. Se trata, decididamente, de otro golpe artero a las instituciones de la república, dirigido a sostener militarmente un proyecto autocrático.

Fuente: La Nación

La multiplicidad y duración de los piquetes que hace ya largo tiempo tienen paralizada a Jujuy reconoce, como mínimo, tres objetivos principales: conculcar los derechos de los ciudadanos de la provincia sembrando violencia y autoritarismo con el objetivo de defender a delincuentes como Milagro Sala, desestabilizar el gobierno de Gerardo Morales y denunciar falaces persecuciones y victimizaciones para seguir alimentando el caos y embarrar con ese proceder antidemocrático la cancha electoral nacional en una provincia donde ha quedado demostrado que a la oposición le cuesta hacer pie.

La brutal arremetida para incendiar la Legislatura provincial en momentos en que el propio gobernador alcanzaba acuerdos legislativos con la oposición parlamentaria para la sanción de la reforma constitucional constituyó un hecho absolutamente irracional, fomentado por sectores que buscan tabicar la provincia en su exclusivo beneficio político y judicial. Ni siquiera les ha importado que, como consecuencia de esos cortes, falleciera una mujer que viajaba desde Buenos Aires a Bolivia, quien se descompensó en el ómnibus que la trasladaba tras haber quedado largas horas retenida en medio de piquetes.

No parece afectarles a esos sediciosos que miles y miles de personas se vean imposibilitadas de seguir una vida normal, cumpliendo con sus trabajos o cuidando de su salud. Tampoco, que numerosísimos viajeros hayan desistido de ir a Jujuy por los incesantes impedimentos con que habrían de toparse. Ni les han movido un pelo las pérdidas económicas a las que sometieron al sector comercial y turístico provincial, impedido de trabajar como cabía esperarse durante la temporada alta de vacaciones de invierno. No hay mejores muestras que las citadas para mensurar el egoísmo que mueve a estos delincuentes, amparados en la protección del gobierno nacional, decidido a no liberar los caminos cortados dentro de su jurisdicción.

Muchos otros distritos padecen también los efectos de estos despropósitos. Medios de prensa de la ciudad de Buenos Aires, como de la provincia de Jujuy, se ven en la obligación de proveer un tan necesario como estrafalario servicio: proporcionar diariamente a la ciudadanía la agenda de cortes y piquetes, pues las protestas cancelan toda posibilidad de circulación, tanto peatonal como vehicular.

Tampoco ha sido consecuente la Justicia al ordenar que se dejen liberados determinados sectores, confirmándoles de ese modo a los piqueteros que su derecho a peticionar ante las autoridades sea absoluto, en flagrante cancelación del derecho del resto de los pobladores a circular libremente, como dispone la Constitución nacional.

Recientemente, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por 60 personas, entre comerciantes, empresarios y vecinos de clásicos destinos turísticos jujeños, como Humahuaca, Tilcara y Purmamarca, para que liberen las rutas nacionales, en su mayoría tomadas por violentos grupúsculos mayormente kirchneristas y de izquierda, con figuras prominentes que viajaron incluso desde Buenos Aires, de largo prontuario en actividades de este tenor también en el sur de país, como el exmontonero Julio Urien.

La “solución”, a todas luces disparatada, fue el levantamiento parcial y por pocos minutos de los cortes para permitir el paso de un escasísimo número de afectados y volver inmediatamente a cerrar la circulación.

Debe preocupar, y muchísimo, la falta de medidas concretas y contundentes para terminar con estas aberraciones, acompañadas muchas veces por ataques de violencia extrema contra quienes solo buscan vivir en paz y libertad.

Según la senadora nacional Silvia Giacoppo (Frente Jujeño Cambiemos), en los piquetes y cortes en su provincia hay activistas a los que vincula con la organización Tupac Amaru, que –aun desde su prisión domiciliaria– sigue liderando Sala, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 13 años de prisión que le cupo en su carácter de jefa de una asociación ilícita y por haber defraudado al Estado.

Conforme un estudio de la consultora Diagnóstico Político, 2022 fue récord de piquetes en todo el país. Hubo casi 10.000 interrupciones de la vía pública, de caminos y rutas. El año en curso podría arrojar todavía peores resultados.

Sin dudas, la inacción frente a quienes se apoderan impunemente del espacio público en flagrante violación de las leyes habla a las claras de un aceitado sistema de poder omnímodo, convalidado y alimentado por autoridades tanto o más antidemocráticas que los propios delincuentes.

Es hora de terminar con estos atropellos, de hacer prevalecer la ley, reponer el orden y garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos por igual. Seguir en esta oprobiosa senda del todo vale no hará más que profundizar los enfrentamientos y hundirnos aún más en la decadencia de valores de la que muchos quieren sacar provecho imponiéndola como regla.

Fuente: La Nación

El hallazgo fortuito de una avioneta accidentada en Avía Terai (Chaco) con 325 kilos de cocaína, a los que luego se sumaron 32 kilos hallados a 60 metros, expone uno de los agujeros más negros en materia de seguridad y control en la Argentina: el espacio aéreo. Según consta en la investigación judicial, la aeronave provenía de Bolivia y la hipótesis principal indica que planeaban arrojar los bultos a modo de “bombardeo” como frecuentemente hacen en la zona, y que la droga iba a tener como destino puertos de Rosario o de la provincia de Buenos Aires para ser embarcada a Europa, donde se multiplica por diez el valor de este estupefaciente producido en Chapare, región del trópico boliviano, que domina el movimiento cocalero liderado por Evo Morales.

Doce días después, se encontró el rastreador satelital de la avioneta en una construcción abandonada a 2 kilómetros del lugar de la caída. También fueron detenidos en el departamento boliviano de Santa Cruz el propietario y el piloto de la aeronave acusados del delito de “tráfico de sustancias controladas” a la Argentina.

En otro episodio, en el departamento salteño de Anta, se detuvo a cinco hombres a bordo de un camión con 423 kilos de cocaína que habían sido arrojados desde una avioneta cerca del límite con Santiago del Estero.

Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína se disparó exponencialmente en los dos últimos años. Durante la pandemia, el tráfico por rutas aéreas que sirven para el traslado de la droga desde Bolivia y Perú hacia la Argentina reemplazó al terrestre, mucho más controlado como consecuencia de las restricciones sanitarias.

El itinerario del tráfico de cocaína por vía aérea se inicia en las regiones de Beni y de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y los vuelos, dependiendo del lugar de entrega, tienen una parada de reabastecimiento de combustible en Paraguay para luego llegar a territorio argentino. Más excepcionalmente, se registran también vuelos directos hacia las provincias del norte. Gran parte de este flujo aéreo no es detectado por las autoridades. Bolivia y Paraguay no poseen radares para captar vuelos ilegales, tampoco la Argentina, cuya infraestructura es decididamente obsoleta.

El operativo Escudo Norte, que se lanzó en 2011 y que incluyó un plan de vigilancia a través de radares en la frontera con Bolivia, resulta absolutamente ineficaz. Carece de la necesaria inversión y aprovisionamiento de tecnología para la vigilancia en la región. A pesar de los constantes anuncios, nunca se adquirieron los radares complementarios que son claves para monitorear vuelos a baja altura.

Cuando están por debajo de los 3000 pies, la actual infraestructura del Comando Conjunto Aeroespacial, creado en 2014, no permite detectar las aeronaves como Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Tal el caso de la avioneta hallada en el Chaco, que, de no haberse accidentado, no habría conducido al secuestro del cargamento de cocaína.

Si los narcovuelos no cometen una imprudencia o un error, no hay forma de detectarlos y el Estado no hace más que desentenderse frente a esta gravísima problemática.

La casual e inesperada detención de Jorge Adalid Granier Ruiz, un narco boliviano, catalogado como empresario, que era clave para el aprovisionamiento de cocaína en el centro del país, constituye otro ejemplo. No pudo superar un control de rutina por no tener licencia de conducir. La Justicia Federal argentina pidió su extradición, acusado de ser el principal transportista de cocaína por vía aérea desde su país a nuestro territorio. Lo apodaban “El señor de los cielos”, como se solía llamar al narco mexicano Amado Carrillo Fuentes.

En enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aprobó por decreto los derribos. Lo hizo como parte de la declaración de la emergencia en seguridad en todo el territorio nacional por el término de un año. Esa norma derivó en una fuerte polémica y se aplicó una sola vez en el caso de una aeronave en Corrientes. No hubo derribo, pero un caza de la Fuerza Aérea acompañó en el aire a la avioneta hasta la frontera con Paraguay.

La falta de inversión del Estado argentino en esta materia estratégica para el control del narcotráfico es alarmante. En ciudades como Rosario, la tasa de homicidios supera los 20 crímenes cada 100.000 habitantes.

Triste y peligrosamente, hemos llegado en nuestro país a naturalizar que el narcotráfico opere creando Estados paralelos, imponiendo sus reglas, sorteando todo tipo de obstáculos, enriqueciendo a mercaderes de la muerte y a sectores políticos y judiciales que hacen la vista gorda. Estamos comprometiendo dramáticamente el presente y el futuro de varias generaciones. Debemos exigir a los candidatos que expliciten sus programas al respecto. No hay más tiempo que perder.

Fuente: La Nación

Los gobiernos de Bolivia e Irán acaban de firmar un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, cuyo texto completo no se ha difundido. Solo se conoce lo que Teherán comunicó a la prensa a través de su agencia estatal. A pesar de la opacidad del documento acordado, autoridades iraníes dejaron trascender que la colaboración en equipos y conocimientos incluye la venta de material y el entrenamiento de personal y que los países de América del Sur “tienen un lugar especial en la política exterior y de defensa de Irán debido a ubicarse en una zona muy sensible”.

Desde 2006, Bolivia e Irán, con los entonces presidentes Evo Morales y Mahmud Ahmadinejad, suscribieron decenas de acuerdos para fomentar la producción de alimentos y medicinas, además de los nexos culturales, científicos y tecnológicos.

El referido convenio ha suscitado preocupación tanto en Bolivia como en la Argentina. Referentes de la oposición boliviana expresaron su inquietud porque esta nueva iniciativa representa una profundización de los vínculos en materias tan sensibles como seguridad y defensa, a la vez que piden que se informe sobre sus alcances.

En nuestro país, ha provocado reacciones que demuestran lo delicado de la situación. El Centro Simón Weisenthal reclamó al gobierno del Movimiento al Socialismo que cese en este tipo de acercamientos con un país “que refugia y premia a los prófugos del atentado terrorista más importante registrado en América Latina”: el ataque a la AMIA, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, del que acaban de cumplirse 29 años.

La DAIA, también preocupada por el acuerdo, difundió un comunicado alertando sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de toda la región, habida cuenta de los comprobados vínculos entre Irán y la agrupación terrorista Hezbollah, responsable del atentado contra la AMIA. También reclamó al gobierno argentino que se exprese al respecto, considerando que ex funcionarios iraníes están acusados por ese ataque. La entidad exhortó al Gobierno “a condenar este acuerdo y exigir a Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país, en 1992 (conra la embajada de Israel) y 1994 (AMIA)”.

Mediante una nota enviada por el canciller Santiago Cafiero a su par boliviano, Rogelio Mayta, nuestro país reclamó información sobre el referido convenio. No puede la Argentina menos que condenar y pedir explicaciones por el documento suscripto con un país que apaña y refugia a los responsables de tan atroz como impune atentado, al que se sumó el brutal asesinato del fiscal Alberto Nisman, en 2015, cuando investigaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento.

Es de esperar que el gobierno argentino reclame enérgicamente la respuesta oficial al pedido del canciller Cafiero y que se mantenga alerta para evitar efectos potencialmente graves para nuestro país.

Fuente: La Nación