Categoría: Entrevistas

Es lógico que tanto analistas locales como internacionales se pregunten cómo es posible que quien es considerado el principal responsable de una gestión económica que ha dejado a la Argentina al borde de la hiperinflación y sin moneda, a su Banco Central sin reservas y a su población en niveles extremos de pobreza, haya terminado siendo el candidato presidencial más votado en las recientes elecciones generales. Más aún cuando la coalición gobernante a la que representa ha sido jaqueada por resonantes y vergonzosos escándalos de corrupción.

El sentimiento de hartazgo que anida en la ciudadanía provocó que en las primarias abiertas (PASO) desarrolladas el 13 de agosto la coalición oficialista exhibiera el peor desempeño en comicios nacionales en la historia del peronismo, con alrededor del 28% de los votos afirmativos, que la ubicaron en el tercer puesto. Anteayer, el ministro candidato Sergio Massa logró un importante repunte, al alcanzar el 36,7% de los sufragios, que lo catapultaron al primer lugar y le permitirán disputar el 19 de noviembre la segunda vuelta electoral frente al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien cosechó el 30% de los votos, un guarismo levemente inferior al obtenido en las PASO sobre el total de votos afirmativos.

Es probable que aquel sentimiento de hartazgo haya cedido ante un sentimiento de miedo hacia un salto hacia lo desconocido que suponía la candidatura de Milei, y que terminó beneficiando a la oficialista Unión por la Patria.

No es, por cierto, la única explicación posible para el triunfo parcial de Massa. Sin dudas, el festival de populismo y el llamado “plan platita”, irresponsablemente ejecutado desde el Ministerio de Economía de la Nación, hicieron lo suyo y rindieron sus frutos en términos electoralistas sobre segmentos de la sociedad atrapados por el clientelismo, al igual que los temores de algunos de los 18 millones de argentinos que, tristemente, dependen parcial o totalmente de los favores del Estado.

Aun tras su fracaso electoral, Juntos por el Cambio tiene un trascendente rol para ayudar a preservar el sistema institucional, impidiendo que este se desvíe por el camino de las tentaciones autoritarias y abogando por el predominio de los valores sobre los intereses

El hecho de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, haya alcanzado su reelección con un apoyo cercano al 45% de los votantes constituye también una sorpresa, si se tienen en cuenta los desaguisados éticos y morales que marcan a su gobierno y al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, empezando por los escándalos que han rodeado a su exjefe de Gabinete Martín Insaurralde y terminando con el de las tarjetas de la corrupción en la Legislatura provincial. No puede dejar de sorprender y decepcionar que Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y delfín de Insaurralde, haya obtenido la intendencia de Lomas de Zamora con más del 50% de los votos.

La elección presidencial está lejos de estar terminada. Plantea, sin embargo, pocas esperanzas para los ciudadanos de a pie que deberán elegir el 19 de noviembre entre un candidato de una fuerza política que ha consentido la corrupción del kirchnerismo y entre un postulante que, en repetidas ocasiones, ha recurrido a la agresión y de cuyas condiciones para el diálogo y la conformación de equipos existen justificadas dudas.

Es factible que, en la presente transición hacia la segunda vuelta electoral, el papel que desempeñen los dirigentes de las fuerzas políticas excluidas de la instancia electoral definitoria pueda ser decisivo, sin olvidar que sus actos nunca podrán suplantar la libre decisión de los votantes.

Las principales miradas se posarán sobre la actitud que adopten los dirigentes de la golpeada coalición Juntos por el Cambio, si es que esta fuerza política logra encauzar las diferencias internas que, tras su hundimiento electoral, amenazan con aflorar. La responsabilidad de quienes conducen las distintas agrupaciones que integran esta coalición opositora será fundamental, no solo frente al escenario electoral, sino de cara a la nueva etapa política que se iniciará el 10 de diciembre. Especialmente, frente al hecho de que en el Congreso de la Nación, ninguna fuerza política contará con mayoría propia: Unión por la Patria tendrá 108 diputados sobre un total de 257 y 34 senadores sobre 72, mientras La Libertad Avanza apenas contará con 37 integrantes en la Cámara baja y 8 en la Cámara alta. Los referentes de Juntos por el Cambio deberían agotar los esfuerzos por seguir un camino compartido. No menos que eso debería esperar la ciudadanía de una coalición que reunirá alrededor de 93 diputados y 24 senadores nacionales, además de una decena de gobernadores. Y si su unidad corriese peligro frente a la hora de tomar una decisión de cara al ballottage de noviembre, tal vez sería preferible que deje en libertad de conciencia a su militancia.

Nada de esto puede implicar, sin embargo, un desentendimiento de los problemas del país. Es menester que la principal fuerza opositora en términos de representación parlamentaria asuma que, aun tras su fracaso en la elección presidencial, tiene un trascendente rol por delante para ayudar a preservar el sistema institucional de la república impidiendo que este se desvíe por el camino de las tentaciones autoritarias y abogando por el predominio de los valores por sobre los intereses.

Fuente: La Nación

El diccionario de la lengua española define el negacionismo como el rechazo a reconocer la existencia presente o pasada de determinadas realidades, muchas veces hechos históricos o naturales relevantes. Especialmente el Holocausto, llevado adelante por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa en tiempos de la Segunda Guerra mundial, congrega a muchos negacionistas.

Al mencionar esa tragedia, la Real Academia Española se ha hecho cargo de los orígenes del vocablo, nacido con posterioridad al fin de dicha contienda. En general, refiere a trabajos de historiadores como Paul Rassiner, en Francia, que procuraron desmentir que hubiera habido de parte de la Alemania nazi un plan de aniquilamiento sistemático de la población judía e, incluso, que el número de víctimas fuera de la magnitud que declararon las potencias aliadas.

Por ley de 1985, la República Federal Alemana sancionó penalmente la negación del Holocausto. Esa figura delictiva quedó vigente en la Alemania reunificada después de la implosión del imperio soviético. Otros países europeos también la contemplan en su legislación.

Desde la izquierda más radicalizada e irresponsable, incluido el kirchnerismo, no solo se ignoran los crímenes cometidos en el país por bandas asistidas por Estados extranjeros, sino que se busca condenar a quienes minimicen o reivindiquen el accionar de las Fuerzas Armadas contra la subversión

No hay, sin embargo, entre los estudiosos del Derecho Penal, una doctrina pacífica sobre lo que debe establecer la legislación en ese punto. Y nadie, con un mínimo de conocimiento histórico y conciencia humanitaria y democrática, se atrevería a negar que la Shoah constituyó una manifestación de barbarie y crueldad como no ha habido otra que haya quedado grabada de igual modo en la memoria de las naciones. Izquierdas de todo tipo olvidan por completo otras persecuciones sufridas por el pueblo judío en el siglo XX, en particular la que tuvo por escenario a la Unión Soviética

Fue tal en los años 40 la consternación mundial a medida que se iba conociendo de forma fehaciente el éxodo compulsivo de judíos, y su masacre masiva en campos de concentración nazi, que el derecho internacional humanitario cambió desde entonces de una vez y para siempre. La Declaración universal de los derechos humanos, sancionada en 1948 por la asamblea general de las Naciones Unidas (ONU), fue el gran punto de partida.

Sobre la base de tales antecedentes, con más de 80 años de antigüedad, en la Argentina se ha abierto un debate sobre el comportamiento del Estado argentino en los años 70 y principios de los 80 del siglo anterior. Se sabe lo que ocurrió por el afán de erradicar, primero con la ley, y después a sangre y fuego, a las bandas terroristas que propendieron, infructuosamente, instalar aquí una patria socialista.

Desde la izquierda más radicalizada e irresponsable, entre cuyas expresiones salientes cabe señalar al kirchnerismo, no solo se ignoran los crímenes cometidos en la Argentina por bandas asistidas por Estados extranjeros, sino que además se pretende sancionar a quienes minimicen, justifiquen, reivindiquen o hicieren la apología del accionar de las Fuerzas Armadas contra la subversión en aquellos años de plomo. Hay, al menos, tres proyectos en ese sentido presentados en el Congreso Nacional por quienes se acordaron tarde, y mal, de los derechos humanos.

Quienes toman la historia como un juego y a los argentinos como imbéciles se erigen en jueces y acusan a quienes nieguen tal o cual referencia de la verdad “oficial” sobre aquellos nefastos tiempos

Parecería que la inmensa mayoría del país coincide con lo determinado en el juicio histórico a los integrantes de sucesivas juntas militares respecto de que, en la persecución del terrorismo, hubo un plan sistemático de aniquilamiento de la subversión y, por lo tanto, de sus miembros. Es más: la coincidencia ciudadana concierne a la convicción de que en ese accionar cayeron también víctimas inocentes y se cometieron hechos de lesa humanidad, como vejaciones, violaciones y secuestro de menores.

Que no hubo excesos en el sentido de actos que fueron más allá de lo previsto por la autoridad militar de aquellos años. Que hubo, sí, un “exterminio”, como había proclamado Perón que debía realizarse en el verano de 1974, después del ataque sufrido por una unidad del Ejército en Azul. O, un “aniquilamiento”, como el que dispuso a mediados de 1975 el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

La libertad de pensamiento y de expresión en modo alguno equivale a realizar apología de delito

Eso explica, como una concatenación lógica de decisiones, que el peronismo se comprometiera en su momento a respetar la ley de pacificación nacional, promulgada por los militares el 27 de septiembre de 1983, poco antes de entregar el poder a un gobierno civil. Daba por extinguida la persecución penal a personas que hubieran cometido delitos con motivación o finalidad terrorista y extendía sus beneficios a todos los hechos de naturaleza penal realizados para prevenir, conjurar o poner fin a aquellas actividades terroristas o subversivas. La primera parte de esa ley está ausente en los discursos en que se trae el pasado para ponerlo al servicio del presente político. Conviene recordar que Raúl Alfonsín, candidato a presidente por el radicalismo en 1983, se opuso en toda la línea a la ley llamada popularmente de “autoamnistía” dictada por los militares.

Quienes toman a la historia como un juego y a los argentinos como imbéciles, o sea los mismos que apoyaron esa norma tan controvertida y se negaron a integrar más tarde la comisión nacional que investigó la desaparición de personas (Conadep), ahora pretenden sancionar a quienes nieguen tal o cual referencia de la verdad “oficial” sobre aquellos nefastos tiempos. Se trata de un inadmisible acto de hipocresía.

Aceptar cualquier silenciamiento es dejar la vía libre para que se cometan más excesos de naturaleza ideológica y se perpetúen las vías prebendarias que muchos han usufructuado en los últimos 20 años a partir de una tan tendenciosa e ideologizada interpretación de los derechos humanos

El mero ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión sobre hechos del pasado en modo alguno equivale a realizar apología de delitos. Quien niegue, por ejemplo, la versión tan infundada como falaz establecida por la izquierda de que hubo 30.000 muertos por causa del terrorismo de Estado no hace más que tomar en cuenta la autoincriminación de exsubversivos de que se trató de una cifra inventada para potenciar la denuncia en el plano internacional de lo que ocurría en aquellos años en la Argentina.

Hay muchos otros asuntos para discutir sobre procesos de reconstrucción de la memoria histórica, no solo a cuanto a política, guerra y persecuciones de cualquier naturaleza; también respecto de negaciones o afirmaciones sobre cuestiones climáticas, pandémicas, de inmigración forzosa y otras tantas.

Nadie debe silenciar la caracterización que dicte su conciencia sobre capítulos de nuestra historia. De otra manera, negaríamos el derecho al revisionismo histórico, por más falsas que hayan sido sus conclusiones sobre grandes procesos de la Argentina del siglo XIX y partes del siglo XX. La imposición de una sola “verdad”, sin aceptación siquiera de otros matices o cuestionamientos a algunos de sus aspectos, es contraria a la libertad de pensamiento, de prensa y de expresión.

Aceptar ese silenciamiento es dejar la vía libre para que se cometan más excesos de naturaleza ideológica y se perpetúen, con amordazamiento de los críticos, las vías prebendarias que muchos han usufructuado en estos últimos 20 años a partir de una tan tendenciosa como ideologizada interpretación de los derechos humanos. Sería, en definitiva, aceptar sin polémicas la inequidad de que hayan quedado impunes los crímenes de la subversión, mientras ha habido encarcelamientos por largo tiempo, sin condena legal alguna, y hasta sin el debido proceso, de imputados de haber combatido un terrorismo asistido desde el exterior.

La historia contrafáctica, que mal podría utilizarse para justificar el terrorismo de Estado practicado en los 70 por dos gobiernos peronistas y, a renglón seguido, en una escalada descomunal, por los militares, está llamada a indagar qué habría sido de este país de haberse instalado en él otra patria socialista. ¿Seríamos como Cuba? ¿Seríamos, acaso, como Venezuela o Nicaragua?

¿Alguien se atrevería a negarnos el derecho a ese interrogante? Que levante la mano.

Fuente: La Nación

En ocasión de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, muchos nos hemos interesado por la historia de Palestina y del pueblo judío. Para quienes la Primera Guerra Mundial era una conflagración distante en su memoria cotidiana, ahora han recordado (o aprendido) que fue el final de los grandes imperios, salvo el británico: el austrohúngaro, el germano, el ruso y el otomano.

Este último fue dividido en distintos territorios, algunos de ellos “bajo mandato” de la Sociedad de las Naciones, conforme el artículo 22 del Tratado de Versalles. Es decir, fueron dados en “tutela” a las potencias vencedoras hasta que pudieran convertirse en estados independientes. En el caso de Palestina, correspondió al Reino Unido su administración a partir de 1922 y calificó como mandato tipo A, como Mesopotamia y Siria, que tenían viabilidad como naciones independientes, fuera del dominio turco.

La soberanía no solo se defiende recitando a Arturo Jauretche y a Raúl Scalabrini Ortiz, sino con una conciencia colectiva que exija a los gobernantes una administración correcta de los recursos para evitar su dispendio y, en última instancia, su bancarrota

Los países bajo mandato no se convertían en colonias ni eran protectorados. Los mandatarios no podían aplicar su propia legislación y debían limitarse a la gestión de sus servicios públicos, sin poder político ni militar sobre los territorios. En alguna medida, era como una administración municipal ampliada para velar por la seguridad, la salud, la educación y la justicia; el desarrollo de infraestructura, la provisión de electricidad, agua y cloacas, la gestión de los recursos fiscales y demás prestaciones propias de una organización política en ciernes.

En la actualidad, hay autores que proponen volver al régimen de los mandatos (o fideicomisos, en el lenguaje de las Naciones Unidas) para proteger a los habitantes de países fallidos, que no logran su consolidación interna por sus malos gobiernos. Se refieren a sucesores de aquellos difuntos imperios coloniales o de las federaciones comunistas, posteriores a la disolución de la URSS. Otros piensan lo mismo, pero no lo explicitan, respecto de países que no saben administrar los bienes que la naturaleza les dio, en contraste con la carestía que sufren otros pueblos menos afortunados.

Medio en broma, medio en serio, a veces se ha dicho que la Argentina funcionaría mejor si tuviese policías noruegos, jueces suizos y otros extranjeros en los demás cargos públicos, alejados de las “roscas” políticas locales, como en los países bajo mandato. Quienes han imaginado esa Argirópolis de rendición, saben de la conducta de los argentinos en el exterior, reconocidos como buenos ciudadanos, apegados al cumplimiento de las normas y destacados en las ciencias, las artes, los deportes, las profesiones y los exitosos unicornios.

La República Argentina tiene mañana, día de elecciones generales, una gran oportunidad para intentar recuperar la dignidad perdida y su tan vapuleada autoestima; es responsabilidad de todos hacer escuchar nuestra voz en las urnas

Esta evocación, quizás irritante y trasnochada del sistema de mandatos, viene a cuenta como llamado de atención ante la decadencia de nuestro querido país y la aparente indiferencia de quienes tienen capacidad para liderar un cambio. De tanto mirarnos el ombligo, no advertimos el inmenso atractivo que tienen en el actual contexto mundial nuestros recursos naturales, nuestras bellezas turísticas, nuestras ciudades, ríos, playas y montañas, nuestra ubicación geopolítica, nuestra cultura, nuestra tradición abierta y nuestra herencia cosmopolita.

No tenemos idea de la joya con la que contamos y que no sabemos cuidar. Hay varios dichos al respecto, como “contar plata delante de los pobres” para graficar el dispendio de riqueza y bienestar potenciales que realizamos cada día, sin advertir que otros nos observan con avidez por sobre el hombro. Y, aun peor, incurrimos en ese dispendio en perjuicio de las generaciones futuras, carentes de voz en el presente, que merecerían recibir una mejor herencia y no un país fundido por el desgobierno y la corrupción.

No hay quien no se enamore de nuestras “provincias unidas”. Los turistas las descubren y no pueden creer lo que ofrecen sus tres millones de kilómetros cuadrados. Los estudiantes latinoamericanos que asisten a nuestras universidades gratuitas disfrutan su estadía como locales y, aunque luego se vayan, son heraldos de una tierra prometida. Los países vecinos, desconcertados ante las desventuras de su “hermana mayor” la siguen admirando y amando, como cuando era el faro de América Latina. Hasta Francis Ford Coppola y Robert De Niro se deslumbraron con Buenos Aires, su vitalidad, su calidez y la sensualidad de su tango.

Los inmigrantes más recientes, como los venezolanos o los rusos, sufren las desdichas de la inflación, pero no lo cambian por ningún otro destino, por las condiciones de vida que la Argentina les ofrece, además de su empatía hacia los extranjeros, inexistente en otras latitudes. Eso lo saben bien los miles de paraguayos, peruanos, bolivianos y chilenos que encontraron trabajo sin discriminación y educación de calidad para sus hijos bajo la celeste y blanca. El ojo avizor de las grandes potencias en expansión, como la República Popular China, también la tiene marcada en su mapa, por su ubicación estratégica y sus célebres recursos naturales. Por suerte, Alberto Fernández no llegó a abrirle la puerta a Vladimir Putin, pues ya lo tendríamos aquí, como en la península de Crimea. Ni Cristina Kirchner consolidó su alianza política con la República de Irán, tan ajena a nuestro compromiso con los derechos humanos.

Así como la inteligencia artificial se hizo presente de forma sorpresiva, abriendo un horizonte de incógnitas, todo está cambiando de forma acelerada por los efectos de la pospandemia, las migraciones masivas, el calentamiento global, la contaminación de los mares, la deforestación de la Amazonia y de nuestros bosques, la invasión a Ucrania y la guerra en Medio Oriente, para no mencionar la tensión entre China y Taiwán. Todo ello afectará el abastecimiento de energía, de alimentos y de seguridad en Europa Occidental donde ahora se considera a la autonomía estratégica como reto prioritario. En un planeta que se encamina a los 10.000 millones de habitantes, cualquier territorio rico y poco habitado será observado con lupa y codiciado por quienes están asediados por el hambre y la superpoblación.

La soberanía no solo se defiende recitando a Arturo Jauretche y a Scalabrini Ortiz, sino con una conciencia colectiva que exija a los gobernantes una administración correcta de los recursos de la Nación para evitar su dispendio y, en última instancia, su bancarrota. Esa malversación de riqueza –negligente o perversa– se encuentra hoy reflejada en los índices de pobreza e indigencia, a pesar de la expansión del Estado a niveles inauditos (o debido a ello). Y ha sido desnudada ante el mundo por la acumulación de laudos y sentencias adversas en tribunales extranjeros por deudas incurridas para financiar desajustes. Es una debilidad que somete a nuestro país a mendigar ayuda en foros indeseables y a aceptar alineamientos objetables.

La República Argentina tiene una gran oportunidad para recuperar su dignidad y su autoestima por decisión propia: mañana es día de elecciones. No será entregando su soberanía al mandato de otros países como en Medio Oriente, sino mediante el mandato que el pueblo dará a sus nuevos gobernantes a través de las urnas, como corresponde a una democracia que el populismo ha debilitado, pero no derrotado.

Fuente: La Nación

Al inaugurar la Asamblea General, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el mes último sobre el retraso en las metas que se habían propuesto para 2030 y describió los dramas de las guerras, el cambio climático y la injusta desigualdad. Señaló además que las divisiones crecientes no solo se dan entre países o bloques de países, sino también en el interior de las propias democracias, amenazadas ahora por el auge del autoritarismo.

En sentido similar y en el mismo ámbito de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso como tarea urgente la de cuidar la democracia ante el avance de la intolerancia y los totalitarismos, y señaló la necesidad de defender el derecho de las minorías, así como el respeto a los derechos humanos.

Las advertencias de ambos expositores tuvieron su correlato en recientes estudios que muestran el declive democrático. Según los resultados de una reciente encuesta de Latinobarómetro, realizada entre el 20 de febrero y el 18 de abril pasado a 19.205 personas en 17 países de la región, el apoyo a la democracia en América Latina cayó en la última década, al tiempo que crece el respaldo al autoritarismo, especialmente entre los más jóvenes.

El informe muestra que sólo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia como régimen político y que a un 28% de los latinoamericanos les resulta indiferente un gobierno democrático o uno autoritario, mientras que un 17% prefiere un sistema político antidemocrático a cualquier otra vía.

Los datos arrojan también una tendencia de los más jóvenes a adherir a soluciones autoritarias: un 20% de los que tienen entre 18 y 25 años prefiere el autoritarismo, frente otros grupos etarios, como los mayores de 61 años, donde esa opción solo es apoyada por el 13%.

Con relación a la Argentina, el reporte señala que se registra un 62% de apoyo a la democracia, con un aumento de siete puntos porcentuales desde 2020 (55%). Contamos con la menor cantidad de ciudadanos que son indiferentes al tipo de régimen en la región (15%), sin variación desde 2020, mientras que los que apoyan el autoritarismo se apuntan con un 18%, un crecimiento de cinco puntos porcentuales respecto de 2020 (13%).

Por su parte, el barómetro 2023 de la fundación Open Society evaluó las apreciaciones de más de 36.000 personas en 30 países sobre la democracia y concluyó que, a pesar de que la mayoría de los consultados (86%) quiere vivir en un estado democrático y que hay incredulidad generalizada sobre la capacidad de los gobiernos autoritarios y populistas para cumplir lo que prometen y avanzar por los caminos de las agendas globales, los jóvenes, especialmente de la Generación Z y los millenials, tienen poca fe en la democracia.

Las democracias están siendo atacadas desde adentro por fuerzas políticas dispuestas a corromper y destruir a las mismas instituciones que las llevaron al poder, explotando las deficiencias del sistema para promover el odio, la violencia y el poder desenfrenado.

Con una opinión pública descontenta con la política y en un contexto de protestas crecientes con dificultades para mantener el orden, la tentación de gobiernos autocráticos pareciera aumentar y, con ello, los riesgos para la estabilidad democrática.

La falta de apoyo a la democracia allana el camino para que haya más populismo y regímenes no democráticos. Por ello, es imprescindible contar con partidos políticos sólidos, poderes judiciales independientes, autoridades electorales imparciales y fuertes protecciones legales para la libertad de prensa y el activismo cívico. En otras palabras, urge robustecer todo aquello que incomoda y frena a los populistas que arremeten sin cesar.

Fuente: La Nación

En los últimos 15 días nos encontramos con una multiplicidad de hechos que generaron en gran parte de la sociedad un nuevo gesto de disconformidad y hastío con sectores de la clase política.

Desde Insaurralde y Kiciloff, pasando por Milei, Massa, Macri, todos dieron lugar a que se discuta la condición con la cual gestionan, se presentan en calidad de aspirantes a representantes legislativos y ejecutivos o su condición de liderazgo de frentes o coaliciones electorales o de gobierno.

Que estemos hablando hoy de estos nombres, es porque en la opinión publicada en redes sociales, o por periodistas de investigación, o actuaciones de jueces y fiscales, y hasta las principales portadas de los diarios de tirada nacional, han puesto la lupa sobre su actuar en tanto alguna sospecha u opacidad en su obrar ha quedado al descubierto.

Siguiendo a Giovanni Sartori y Norberto Bobbio, quienes nos dejaron en claro qué hay en el debe y en el haber de la democracia, aún hoy, podemos distinguir que la crisis que se presagia, preanuncia -o para algunos se da de manera light o asintomática- es de representantes y no del sistema representativo.

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Por un lado, las falsas promesas de la democracia respecto a que venía a resolver los autoritarismos, la posibilidad de participación, debate de ideas y pluralismo, el desarrollo social y económico, las condiciones de igualdad, entre otras demandas que se suponían hacían a la democracia mejor frente a todo autoritarismo es relativo a los continentes y país que se estudien. No hay una postura ni postulado único al respecto.

Por otro lado, la opacidad de la democracia o la vuelta de un poder invisible lejano a la posibilidad del escrutinio ciudadano, dando cuenta de poderes corporativos, grupos de inteligencia o grupos paramilitares o facciosos que sin estar a la vista del pueblo y por fuera del alcance de los poderes de control constitucional influyen de modo decisivo en elecciones o en políticas públicas también es una condición que en todo régimen repúblicano se discute y combate. Es decir, se reconoce el problema y se proyecta y aplican políticas para mitigar este riesgo transnacional.

Finalmente, que el modelo plebiscitario o refrendario sin el debate profundo de las condiciones de la democracia, sin un modelo deliberativo y participativo, lo único que auguraba era una nueva época de populismos de derecha e izquierda, de candidatos con perfiles elocuentes que gracias a la televisión y redes sociales validan una política cercana al show mediático y muy lejos del debate racional y complejo de los asuntos problemáticos y comunes de cada sociedad también es una debate de época, pero podemos pensar en oleadas que oscilan en tendencias hacia prácticas e institucionales en uno y otro sentido. 

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El debate sobre lo deliberativo versus lo emotivo no es nuevo ni será definitivo dada la naturaleza humana y la condición clave que se discute desde el Renacimiento y que tiene que ver con: la imagen, el humor social y la opinión respecto de los hombres de Estado. (Maquiavelo).

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Este análisis del estado de la democracia y sus representantes de baja performance, poca ejemplaridad, mucha opacidad en la toma de decisiones, escándalos de corrupción y sospechas sobre la legalidad e idoneidad, nos exige poner en evidencia que no es lo mismo en términos de escala ni concepto poner en riesgo al sistema por los actores que juegan dentro del sistema.

Por esto, desde Insaurralde con sus gastos y viajes escandalosos, Milei con sus declaraciones temerarias y sospechas en el armado de listas, Massa con su gestión crítica en un contexto de incertidumbre económica, Macri con su indefinición sobre apoyos que ponen en crisis a una coalición, todos, nos dejan un sabor amargo en materia de performance de representantes si tomamos la referencia de los 40 años de democracia.

Queda, por tanto, en los actores y en las fechas de las elecciones por venir (fechas ni sistema que están bajo discusión su legitimidad y se busca mejorar con boleta única, por ejemplo) en la legitimidad de origen que tendrán y posterior legitimidad de gestión que construirán, demostrar que todo lo anterior puede mejorar lentamente para fortalecer el rol y performance de los dirigentes en los tres niveles de gobierno.

A las denominadas décadas ganadas, décadas arrasadas, esperemos qué en los próximos cuatro años podamos sumar y hablar del final de la década, hacia el 2030, como la década del desarrollo en clave civilizada, sostenible y con integridad. 

Fuente: Perfil.com

Una encuesta del Observatorio Hacer Educación (UBA) hizo foco en la población en general y en la comunidad educativa, a través de 405 docentes, para conocer sus percepciones en la era digital. Entre otras cuestiones, ambos expresaron su convicción sobre la necesidad de que la tecnología adquiera mayor protagonismo, pero señalaron que son contrarios a los celulares en las aulas y al aprendizaje por medio de redes sociales.

Con aplicaciones diseñadas precisamente para capturar nuestro interés, al punto de generar comportamientos adictivos, una sola notificación recibida implica que el alumno se desconcentre y lo obliga luego a retomar la atención. Involucrar a los jóvenes en propuestas estimulantes parece ser el desafío, enseñándoles también a reconocer los riesgos que conllevan las pantallas, pero contribuyendo a que construyan inteligentemente también su ciudadanía digital.

A partir de trabajos científicos internacionales que consideraron resultados de las pruebas PISA, la Unesco presentó en Montevideo, ante 18 ministros de Educación del mundo, un informe titulado “La tecnología en la educación: ¿una herramienta según los términos de quién?”. A pesar de que las evidencias y los datos son claros y confirman que los celulares reducen los resultados escolares positivos, destacaron que menos de una cuarta parte de los países ha prohibido su uso, tal como se recomienda cuando interfieren con los aprendizajes y no contribuyen a un objetivo educativo específico.

El informe realiza asimismo un “llamamiento urgente” para que se haga un uso adecuado de la Inteligencia Artificial (IA). Unos pocos países han desarrollado ya currículas sobre esta delicada materia. Promueven desarrollar habilidades críticas para que los jóvenes aprendan a discernir entre información real y falsa, alertando también sobre la privacidad de los datos, el ciberacoso y el impacto emocional del uso prolongado de dispositivos.

El desafío es equilibrar la utilización de tecnología y libros en las escuelas, alejándose de decisiones de corte político para resolver según cánones pedagógicos. No es cuestión de soportes, sino de propuestas didácticas. Estamos ante un escenario complejo con muchos vectores al que debemos dedicarle máxima atención. No hay futuro sin educación.

Fuente: La Nación

Mientras el gobierno nacional promocionaba la quinta edición del demagógico Previaje, empeñado en poner pesos en los cada vez más flacos bolsillos de los argentinos, el por entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se paseaba en un yate de lujo por las azules aguas del Mediterráneo y daba cátedra sobre sus lujuriosos placeres, mientras dilapidaba una fortuna en euros. Ni estas vacaciones en compañía de una modelo, ni los 200 viajes al exterior que sumó desde 1999, pueden ser justificados por su llamativamente modesta declaración patrimonial ni por su sueldo de funcionario.

Casi al mismo tiempo en que tomaban estado público las imágenes de Insaurralde y su acompañante en el yate Bandido, el abogado Gastón Marano presentó una sugestiva denuncia por presunta “evasión fiscal” y “lavado de activos” ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. Se trataba de una típica maniobra conocida como “forum shopping” (elegir al juez), pues la amistad de Insaurralde con el magistrado era bien conocida. Con la misma premura y el afán por barrer todo debajo de la alfombra, bastaron algunos llamados cruzados para que el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia presentara su renuncia al cargo provincial y luego a su candidatura a primer concejal de Unión por la Patria en en ese distrito.

En plena campaña electoral, la intención de dar vuelta la página rápidamente para relativizar su impacto político contó con el aval del ministro y candidato presidencial Sergio Massa, quien escuetamente comentó que Insaurralde “cometió un grave error”, mientras su compañero de fórmula, Agustín Rossi, se jactaría de que “en cuatro horas el tema estuvo resuelto”. Claro que el escándalo estaba muy lejos de estar “resuelto”. Las sospechas sobre la millonaria división de bienes entre Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio ya venían sonando y continúan sumando nuevos y obscenos ingredientes.

Como era de esperar, las denuncias en contra de Insaurralde, Cirio y la modelo Sofía Clerici, siguieron apilándose bajo distintas carátulas y en distintas sedes.

El juez Ernesto Kreplak, magistrado que también debió excusarse por su manifiesta vinculación con el kirchnerismo, aceptó la excusación de su colega Villena y avanza con la causa penal, disponiendo medidas de prueba, incluido el levantamiento del secreto bancario que beneficiaba a los imputados. Las investigaciones podrían destapar nuevas madrigueras y maniobras de lavado de dinero que se suman a las que preanunció la detención y posterior liberación del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau.

La corrupción atraviesa las entrañas de nuestro sistema político desde hace demasiados años. Hemos tenido sobradas muestras de eso, pagadas incluso con vidas como en el caso de la tragedia de Once, por solo mencionar uno. Harta de que se consienta lo imperdonable bajo el pretexto de que quienes gobiernan “roban pero hacen”, la sociedad argentina asiste a escandalosos ejemplos de las obscenidades del poder, que le son refregadas con absoluto desparpajo en su propia cara, en momentos en que la situación socioeconómica exhibe índices de pobreza e indigencia que lastiman.

Antes de las últimas devaluaciones del peso y de la aceleración de la inflación hasta los actuales niveles del 12,7% mensual, ya había más de 1,8 millones de niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza extrema y atravesados por el hambre. El conurbano bonaerense concentra el 51,2% de los pobres del país. Cada vez más pequeños, en lugar de asistir a clases, salen tempranamente a cartonear para poder comprar algo de comida, cuando no a robar o a vender droga.

En un rincón de Tigre, la ONG Bote al Agua (@botealagua) trabaja con niños de comunidades de bajos recursos en la construcción de botes de madera como herramienta para el aprendizaje. Probablemente ellos no hayan escuchado hablar del lujoso Bandido ni de las dispendiosas aventuras de un intendente de Lomas de Zamora. Pero necesitan mantenerse a flote. En su inocencia, sumergidos en carencias, navegan otras aguas mientras sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias. Ese que los funcionarios corruptos les roban a mano armada, sin disimulos ni vergüenzas, disparando contra sus humildes embarcaciones y agujereando sus ilusiones. Los ciudadanos necesitamos sin más demoras, recuperar la esperanza y ver naufragar de una vez por todas a la impunidad.

Fuente: La Nación

La Argentina es un extraño país que ejercita cada vez con más frecuencia la costumbre de asomarse al abismo y detenerse en el centímetro final. Parece administrar el mecanismo con habilidad, pero en cada intento el sistema de frenado se desgasta un poco. El último martes volvió a ocurrir cuando el dólar superó los $1000 y sonaron todas las alarmas. Se dispuso un virtual feriado cambiario y se paralizaron por completo las Siras. Los proveedores dejaron de vender porque se quedaron sin precios de referencia y se agravaron los faltantes de productos básicos. Cuando Javier Milei recomendó desarmar los plazos fijos en pesos, y Sergio Massa le respondió al calificarlo de “irresponsable”, directamente se congelaron todas las operaciones financieras. “El efecto que tuvo la politización de la corrida fue inmediato”, señaló un agente del sector.

Muchos intuyeron en esa escena de descalabro económico y fricciones políticas una muestra de lo que puede ocurrir a partir del próximo lunes 23, tanto en un escenario de triunfo en primera vuelta de Milei o de un eventual ballottage con Massa o Patricia Bullrich. En todos los campamentos políticos, y también en círculos empresarios, verbalizaron la idea de un caos en el interregno, si se impone la lógica de un ganador que tiene el poder de su palabra, pero no ejerce, y un gobierno perdedor sin incentivos para seguir en modo Cirque du Soleil, con sus piruetas y trapecistas. En ese sentido lo que se percibió esta semana pareció un anticipo del futuro. De hecho en el equipo de Milei vienen trabajando desde hace tiempo en una hipótesis de desmadre generalizado y entrega anticipada del poder. Es la indicación que recibieron los que articulan con los equipos técnicos, y así lo transmitieron a interlocutores del sector privado. El propio candidato dijo varias veces: “Yo estoy preparado para asumir ya”. Difícil que el peronismo entregue esa bandera histórica. Los más moderados al lado del líder libertario aseguran estar “dispuestos a dialogar en una transición”, pero advierten que solo lo harían si es para “implementar nuestro plan” y jamás para establecer un cogobierno. Los más políticos ven ineludible un período de fuertes convulsiones.

Después del caos de los primeros dos días de la semana, la alerta cundió en el oficialismo, como ya había ocurrido con la corrida de abril, aunque ahora ocurrió a diez días de las elecciones. En el kirchnerismo se conversó con inquietud sobre los riesgos de la transición y de los esfuerzos que había que hacer para evitar una eventual retirada a lo Afganistán. El término hiperinflación como amenaza se coló en las charlas. Massa suspendió su campaña, se reunió con gremialistas y dirigentes sociales que fueron a verlo en gesto de apoyo, y por la noche habló con Cristina Kirchner para ponerla al tanto de las medidas que adoptaría a partir del día siguiente. La vicepresidenta refleja una preocupación crónica por la situación social, pero al mismo tiempo trasunta una lejanía que por momentos decepciona a sus fieles más nostálgicos. El opaco desencanto de ya no ser.

Massa no lo lamenta tanto. De hecho dice sentirse cómodo con la centralidad absoluta que adquirió tras las PASO, una manera indirecta de marcar que no extraña las intervenciones de ella (algunos siembran dudas sobre si podría reaparecer en el acto del martes en Sarandí). También debió prescindir de un rol más activo de Máximo Kirchner, muy lastimado por el caso Insaurralde (quien el martes volvió de su aislamiento en el Partido de la Costa, donde estuvo recluido en el country de su socio Juan Pablo De Jesús, para replegarse en el campo de otro amigo, pero en el conurbano). El diputado deambuló en la última caravana de Axel Kicillof y Massa como quien cumple el papel en una obra a la que le quedan pocas funciones. De hecho Máximo transmitió a algunos interlocutores su decisión de dejar la presidencia del PJ bonaerense a fin de año. En todo ese ecosistema subsiste el pánico a nuevas filtraciones; es el fantasma de Sofía Clerici.

A partir de esas enormes dificultades, Massa intentó contraatacar desde su rol de ministro y candidato, con la convicción de que es en la acción donde encuentra sentido su gestión. Le entusiasma encontrar culpables y lanzar operativos comando, aunque su eficacia sea dispar. Guillermo Michell, el “sheriff” según la jerga del establishment, irrumpió con agentes de la AFIP, la Aduana, la UIF y la CNV en cuevas y financieras varias. No confía en la policía para esas operaciones relámpago porque está convencido de que actúa en connivencia con los operadores. De hecho sostiene que el “croata” Ivo Esteban Rojnica recibió un preaviso para fugarse. Las gestiones de Massa para que el sector agroexportador acelerara liquidaciones fracasaron. Los productores están sentados sobre su cosecha con la convicción de que después del 22 sobrevendrá otra devaluación. La prueba está en que en septiembre vendían unas 250.000 toneladas de soja por día a un valor de $162.000 y ahora, con un precio de $179.000 ofrecen 38.000 toneladas diarias.

La alternativa que buscó el Ministerio de Economía fue ofrecer otro dólar especial a la minería, la pesca y el sector automotor, pero las internas entre las secretarías de Desarrollo Productivo, Agricultura y Minería demoraron siete días su implementación y la medida regirá solo para cinco días hábiles. El cortoplacismo alcanza a veces su paroxismo en este contexto. Massa apuesta a obtener de ahí 1250 millones de dólares, que sumados a los 5000 millones más del swap chino le permitirían llegar hasta el día de un supuesto ballottage, pero en esos sectores aseguran que con suerte lograrán juntar 700 millones. A Matías Tombolini tampoco le fue bien. Insistió con ampliar subsidios del fideicomiso del trigo y no tuvo eco. Los productores están desgastados de esa fricción negociadora y ahora solo esperan el resultado de las elecciones. De hecho algunos le transmitieron con crudeza su visión: “Ahora estamos todos esperando el resultado electoral. Si entran al ballottage con una diferencia de 3 o 4 puntos, hablamos. Si quedan afuera o pierden por 7 u 8 puntos, te bloqueamos el Whatsapp”. Es el infierno temido por Massa. Por más de que él se quede en el cargo y mantenga su hiperkinesis voluntarista con la idea de volver algún día, el riesgo si pierde feo es que se le licúe el poder que aún retiene, no solo porque el empresariado se lo demuestre, sino porque el peronismo ya no lo reconocerá como líder.

Números y percepciones

Hay dos modos de intentar asomarse a lo que puede pasar en las elecciones del domingo. La primera es la racional-cuantitativa, basada en encuestas cada vez más desacreditadas (los propios consultores hacen advertencias sobre sus números), que muestran que el escenario de tercios de las PASO no se alteró demasiado y que seguro habrá ballottage. Milei estaría arriba con alrededor de 32-34 puntos, Massa en torno de 30 y Bullrich entre 26 y 28. Si esto es así, la definición está abierta. Pero no menos importante que la incertidumbre sobre el ganador, es que se estaría a la puerta de un gobierno con solo un tercio de las adhesiones. El amesetamiento demostraría también fragmentación del voto y un enorme desafío para los planes reformistas que todos enuncian. Casi una inevitable condena al que gane a consensuar apoyos para desarrollar un plan de gobierno. Sería una señal de una sociedad de que no termina de confiar en nadie definitivamente, y que en consecuencia divide sus preferencias para que la política se encargue de unir las piezas. Lo hace no solo al distribuir el voto entre los presidenciables, sino al diferenciar su conducta entre las elecciones provinciales y las nacionales. Lo que viene será un mapa muy heterogéneo del poder.

En esta primera lectura cuantitativa, se supone que Milei se despegó mucho en las primeras semanas post PASO, pero después retrocedió un poco cuando quedó en el centro de la escena y empezó a ser cuestionado en sus propuestas. En su entorno aseguran que no les alcanza para ganar en primera vuelta, pero que están cerca. Asumen que el vínculo con Luis Barrionuevo desgastó algo su slogan contra la “casta”, pero lo justifican con un dato insoslayable: “Nos está aportando fiscalización en los lugares donde nosotros no llegamos, además de logística y a veces alojamiento, como el otro día lo hizo en el hotel Sasso de Mar del Plata”. Hay un ala pragmática, como la que integran Guillermo Francos o Sebastián Pareja, que está convencida de que finalmente Milei aceptará las dinámicas de la política y terminará negociando con gobernadores, intendentes y legisladores. Los puristas son menos concesivos y hablan más de la ruptura del sistema para moldearlo desde una lógica renovada.

Massa tropezó con la devaluación, se recuperó con las medidas como las de Ganancias, y ahora se frenó otra vez, sobre todo por el dólar y la inflación. Su equipo maneja un escenario de 34 puntos de Milei, 30 para él y 25 para Bullrich. Tanto Massa como Milei admiten que buscan polarizar para correr a la candidata de Juntos por el Cambio. De allí que ambos se hayan sentido cómodos con los cruces por la corrida cambiaria, aunque lo sazonaran con duras críticas cruzadas. “Nosotros nunca lo atacamos, solo criticamos sus ideas”, se atajan en el campamento de Massa.

Mientras tanto, Bullrich cerró su mejor semana post PASO, después de muchos días de desconcierto y desánimo en su tropa. Tuvo un desempeño más vibrante en el segundo debate que en el anterior, buscó contrastar la crisis cambiaria con su mensaje de orden, logró que Mauricio Macri se sumara a su campaña activamente y lo coronó con el anuncio de que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si gana. Se percibió finalmente la necesidad de recuperar centralidad a través de movimientos concretos y no ya solo desde un discurso antikirchnerista que exhibía un desgaste. Macri acompañó la idea con una lógica pragmática: su objetivo prioritario es evitar que Massa pase al ballottage porque piensa que si lo logra apelará al discurso del gobierno de unidad republicana contra Milei, al que considera una trampa para incautos. La manera de inocularlo es potenciar a Patricia para ver si recorta distancia. No le entusiasmó demasiado enterarse el viernes en Pergamino, mientras recorría las calles con la candidata, del ofrecimiento que le haría a Larreta. “¿Estás decidida a hacer lo que estás haciendo?”, le preguntó sorprendido. “Solo le tenía que comunicar una decisión que ya había tomado”, esgrimió ella. Claro, el tema es que él no supo que Bullrich y Larreta venían hablando desde hace un tiempo sobre esa posibilidad y que lo terminaron de cerrar solo entre ellos hace tres días. Tampoco el jefe de gobierno porteño está exultante. Admite que “tenía otra ilusión” y en alguna charla reciente con su entorno había dicho que no le interesaba ser jefe de Gabinete. Pero este sábado demostró espíritu cooperativo al aceptar la propuesta de quien hasta agosto parecía algo más que una rival.

No es casual la decisión, aunque no está claro cuál será el efecto real en votos. Bullrich justificó hacerlo en la última semana para generar sorpresa en el tramo decisivo, cuando la gente madura su decisión. También es probable que haya atendido lo que decían los estudios cualitativos. “En nuestros trabajos se ponía en duda la capacidad de gestión de Patricia, si puede llevar a cabo el cambio profundo que promete, que es su principal activo. Del mismo modo, a Milei se le cuestiona la cordura. Mientras sus votantes lo ponen en valor diciendo que es un ‘genio loco’, al resto le genera miedo. Y en Massa el concepto clave es autoridad: cuando él logra imponerse, crece, pero cuando se muestra impotente ante la realidad económica, retrocede”, señalan en una de las encuestadoras más consultadas.

Pero si se toma distancia de la mirada cuantitativa que arroja un escenario de paridad, parece prevalecer en varios sectores una sensación no mensurable de que la elección está resuelta a favor de Milei, ya sea en la primera vuelta o en el ballottage. Algunos consultores señalan que “la espuma” que alcanzó el candidato en las semanas posteriores a las PASO mostró que podía estirar su techo; serían votantes en latencia que pueden volver, sobre todo atraídos por la posibilidad de clausurar la incertidumbre y dar vuelta la página hacia una nueva etapa. En el bunker libertario agregan que, basados en experiencias anteriores, la mayor parte de los que se suman a votar entre las primarias y las generales lo hacen siempre por la oposición, y que esta vez en ese grupo hay un núcleo de desencantados y descreídos que son la base de su electorado.

Parece concordar con algunos de los resultados del reciente estudio sobre cultura constitucional en la sociedad argentina que realizó la consultora Poliarquía y que será presentado este miércoles en el Colegio de Abogados por Daniel Zovatto, Eduardo Fidanza y Antonio María Hernández. Allí un 72% dijo sentirse “poco o nada satisfecho” con el funcionamiento de la democracia y el 50% de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase “No me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas de la gente”. Además creció un 6% el nivel de respuestas que dice que “en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor”. También se evidenciaron síntomas de anomia social al ser consultados sobre si la gente debería obedecer las leyes dictadas por el Congreso, aún si están en contra de su manera de pensar (33% de desacuerdo, 13% más que la última medición de 2014), o si los miembros del Congreso toman decisiones pensando en la gente (87% en desacuerdo, con una suba de 12%).

Los resultados denotan una fragilidad peligrosa en la construcción de institucionalidad cuando se van a cumplir 40 años de democracia, un deterioro que esta vez no parte de una amenaza de golpe militar, como en el pasado, sino de la profunda erosión del sistema de representación. Un campo inapropiado para que se repitan escenas de tanta inestabilidad y desorden como las que se vieron esta semana. Esa irrefrenable pasión por bordear siempre el abismo.

Jorge Liotti

Fuente: La Nación

El martes pasado, Taiwán celebró el 112° aniversario de su fundación, bajo la siempre latente amenaza del régimen de la República Popular China.

Desde el 10 de octubre de 1911, cuando esta pequeña isla se convirtió en república, tras un sacrificado y mancomunado esfuerzo, Taiwán avanzó hasta convertirse en una ejemplar sociedad democrática, que se distingue de las violaciones a las libertades que imperan en la China continental, además de ostentar un notable desarrollo económico, que lo transformó en una potencia tecnológica. A tal punto que, en el orden mundial, el 60% de los semiconductores y el 92% de los chips más avanzados se fabrican en Taiwán.

Según la revista The Economist, fue el décimo país con mayor índice democrático en 2022 –y el primero dentro del continente asiático–, al tiempo que, de acuerdo con el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, ocupa el cuarto puesto entre las 184 naciones registradas a nivel global. Otro informe elaborado por Reporteros sin Fronteras, ubica a Taiwán en el primer puesto en materia de libertad de prensa en Asia y en el 35° lugar en el orden mundial. Por si esto fuera poco, según el informe sobre felicidad mundial publicado por las Naciones Unidas, esta nación de solo 36.000 kilómetros cuadrados y 23 millones de habitantes ha sido reconocida como el segundo país con mayor índice de felicidad en Asia.

Estos logros, sin embargo, se ven hoy amenazados por el régimen chino que lidera Xi Jinping, que permanentemente viene provocando e intimidando a los taiwaneses con el envío de aviones de combate y buques militares en el estrecho de Taiwán y los mares de China Oriental y China Meridional. El declarado propósito de la República Popular China es tomar Taiwán y la fecha límite que se habría impuesto es el año 2027.

La sociedad taiwanesa se prepara para resistir la presión china. Ha aumentado su presupuesto militar y mantiene buenos lazos con algunos países de Occidente y, en especial, con los Estados Unidos, del que se espera que garantice la seguridad de la isla y le siga proveyendo material militar.

Pero, sin dudas, la importancia estratégica de Taiwán pasa por su industria de semiconductores. Una invasión china provocaría un desastre económico global y podría afectar la cadena de suministro de una tecnología clave para el mundo: nada menos que el 65% de los chips para teléfonos celulares, computadoras, lavarropas y automóviles del planeta son fabricados en Taiwán.

Consolidar la paz y la estabilidad en la región será decisivo para la economía mundial y para que se profundice la cooperación internacional en materia de inversión e innovación tecnológica. Pero será más trascendente aún para la defensa de los valores universales de libertad y democracia, que tanto les ha costado conseguir a los taiwaneses. De allí la importancia de abogar por el reconocimiento de los derechos soberanos de Taiwán y de poner fin a cualquier intento imperialista.

Fuente: La Nación

El proyecto de ley del presupuesto nacional para 2024 fue remitido por el jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre último, cumpliendo así con la fecha estipulada normativamente. Sin dudas, esta es una prolijidad, aunque no es ese el punto relevante del análisis que corresponde hacer sobre la llamada ley de leyes.

Como toda norma, la de presupuesto obliga a quienes tienen la responsabilidad de cumplirla. Ese es teóricamente su verdadero valor. Sin embargo, corresponde hacer dos salvedades. Las cifras de gastos constituyen un máximo autorizado, que es mandatorio. No pueden ser superadas a excepción de que ocurra previamente una modificación formalmente autorizada. Las cifras de ingresos, por el contrario, son estimaciones o metas cuyo cumplimiento siempre tendrán algún grado de aleatoriedad. Hay por lo tanto menos responsabilidad de los funcionarios en que esas estimaciones se cumplan.

Se suele hablar de la artimaña de subestimar los ingresos proyectados para que, al momento en que la realidad supere esas cifras, automáticamente puedan aumentarse los gastos sin necesidad de una autorización formal. Esto en realidad no es así. Aunque la ley de presupuesto suele incorporar una delegación de esa atribución a la Jefatura de Gabinete (artículo 5 del actual proyecto de ley), lo que ocurre en economías fuertemente inflacionarias, como la de la Argentina, las cifras del presupuesto son de hecho inevitablemente superadas. Cuanto más alta sea la inflación tanto más dificultoso y frecuente se presenta este fenómeno. Las autorizaciones de incrementos de gastos se suelen dar a posteriori. De esta manera, los presupuestos que se presentan terminan convirtiéndose en papel pintado, en dibujos sin ningún valor.

El demagógico “plan platita” no hace más que echar leña al fuego de la hoguera en que se ha convertido la economía del país

Esta circunstancia ya ocurre con el previsto para 2024, elaborado con una hipótesis de inflación de 135,7% para el corriente año y de 69,5% para 2024. Para la conversión de la moneda extranjera se utilizó un tipo de cambio de 365,9 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2023 y de 607,0 pesos para el último día de 2024. Considerando la realidad de los primeros nueve meses, la inflación no será inferior al 160% en 2023, con un arrastre de más del 80% para el próximo año. Esto significa que los valores nominales del proyecto de presupuesto deberán corregirse desde el inicio mismo del ejercicio y la mayor dificultad es que el factor de corrección no puede ser homogéneo.

Dicho esto, no deja de tener interés analizar los aspectos físicos que hay detrás de las cifras postuladas en el presupuesto 2024. Se mantiene inalterado el monto de remuneraciones, medido a moneda de valor constante. Esto significa que no se propone ninguna racionalización a pesar del evidente exceso en el número de empleados públicos acumulado durante los últimos años. Este criterio meramente inercial es aplicado tanto en la administración nacional como en las empresas estatales y en los organismos descentralizados. No hay ninguna propuesta tendiente a simplificar el elefantiásico organigrama y, menos aún, de tercerizar o privatizar funciones.

El gasto en seguridad social se presupuesta con un aumento real de 14%. Se trata de beneficios que responden a derechos adquiridos, aunque debe decirse que han sido otorgados con una profusión que va mucho más allá de una exagerada generosidad. De los 7,1 millones de jubilados y pensionados hay algo más de tres millones que accedieron a ese beneficio a través de moratorias, sin haber realizado previamente los aportes requeridos. Por otro lado, no puede menos que llamar la atención el crecimiento de los planes sociales, y generar dudas de que se estén pagando 1,23 millones de pensiones por invalidez laboral.

A pesar de estos incrementos de gastos, el presupuesto proyecta una reducción del déficit primario desde los 2,4 puntos del PBI en 2023 a 0,9 puntos el año próximo. Este ambicioso objetivo se apoya en tres ejes: un aumento de la recaudación impositiva, una reducción de los subsidios y un recorte del déficit de las empresas públicas. Ninguno de estos tres frentes de acción surge de las políticas del actual gobierno. Más bien se camina en sentido contrario abonando el demagógico y electoralista “plan platita”. Los cambios en el impuesto a las ganancias preanuncian una caída de la recaudación, que, por otro lado, está afectada por la de la actividad económica. A su vez, la aceleración de la inflación está acentuando los retrasos tarifarios.

En conclusión, el proyecto de presupuesto no propone ningún cambio significativo y además dista de reflejar una realidad inflacionaria y declinante. No debemos dejar de mencionar que no comprende el gasto cuasi fiscal originado en el colosal endeudamiento del Banco Central. La aprobación y sanción de este proyecto resultará superada por la realidad. Será tarea del gobierno que surja de las próximas elecciones revisarlo y adaptarlo a la realidad y a los cambios que la grave situación reclama.

Fuente: La Nación