Categoría: Entrevistas

Después de casi tres décadas lo han logrado: el sistema de salud, que era ejemplo de calidad, acceso y cobertura, se desmorona. Es admirable que aún hoy, pese a todo, siga siendo suficientemente bueno en términos comparativos con muchos países.

Mientras la matrícula de profesionales argentinos decae, al igual que la de los inscriptos para las vacantes de residencias médicas, crece el número de extranjeros. Es natural que así suceda, pues no hay combinación tan atractiva como la de calidad y gratuidad en un país que es muy económico para vivir en relación con la capacidad económica de los postulantes o de sus padres. Lamentablemente, ese mismo criterio de racionalismo y economicidad que impulsa a los estudiantes o recién graduados a venir no los retiene al final de las carreras. Tampoco la familia, los amigos, la cultura, en resumen, “las raíces”, bastan para impedir el alejamiento de nuestro suelo de quienes han nacido en el país.

No se puede negar la actual migración de profesionales. Son en general los más capacitados quienes emigran entre explicables reticencias por amor al terruño. Buscan otra calidad de vida, reconocimiento económico, estabilidad y seguridad para las familias.

Emigran con el sueño de un futuro mejor. Ese concepto de migración masiva y constante, tanto en el campo de la medicina como de otras disciplinas, nunca lo habíamos vivido antes con igual intensidad. La Argentina está perdiendo a quienes más sueñan, más trabajan y más estudian.

La política sanitaria es un engranaje crítico dentro de la gran maquinaria de las políticas públicas. La salud carece de una valorización social suficiente, según demuestra una encuesta de la Universidad de San Andrés, de septiembre último; la salud es nombrada allí como problema principal solo por el 1% de la población y ocupa un lejano 13er puesto en el ranking de las preocupaciones colectivas. Eso no es nuevo. Durante la pandemia de Covid, la salud se ubicaba en el puesto 12° entre aquellas preocupaciones e interesaba de verdad a nada más que al 4% de la población.

Entre los profesionales de la salud, son en general los más capacitados quienes emigran del país. Buscan otra calidad de vida, reconocimiento económico, estabilidad y seguridad para sus familias

Si en el curso de una pandemia de origen desconocido y desarrollo impredecible, con 150.000 muertos, la salud era la gran ausente entre las cuestiones de mayor agobio social, era explicable que su crisis quedara fuera de la agenda política. ¿Por qué habría de llamar la atención, entonces, que se la eludiera como tema a tratar en los dos recientes debates presidenciales?

Estamos padeciendo las consecuencias de años y años de políticas erróneas y de brutal demagogia sanitaria. La Argentina tiene un gasto en salud del 10% del PBI. Esto nos pone en el concierto de las naciones centrales, pero si lo desagregamos, advertimos que, de ese porcentaje, la salud pública es financiada en un 2,8% con impuestos. La otra parte proviene, en un 4,2%, de aportes a la seguridad social, y en el 3% de gastos privados. Entre estos últimos, el 1,5% corresponde al pago de cuotas por medicina privada y el otro 1,5% a lo que se denomina “gasto de bolsillo”. En suma, nuestro país tiene una carga tributaria propia de los países nórdicos, pero el 72% del gasto en salud no es financiado por el Estado, sino por los propios beneficiarios.

Según expertos en finanzas públicas, un argentino promedio trabaja hasta mediados de julio para pagar impuestos. No es diferente ese destrato social en el caso de los profesionales de la salud: entre la suma de impuestos directos e indirectos, tributan entre el 48% y el 54% de sus remuneraciones, con la paradoja de que una enfermera universitaria, aun con los ajustes paritarios, bordea hoy el indicador de pobreza.

En medio de una situación de esta naturaleza es posible concluir que el sistema de salud ha sido abandonado a su suerte. En unos casos, por simple mala praxis política, por impericia o imprudencia; en otros, por oscuros designios. No olvidemos que, tanto como ocurre con el sistema previsional, la salud es caja de cuantiosos recursos. ¿Vamos a olvidar, acaso, los turbios manejos que hubo durante la epidemia de coronavirus en la compra de vacunas y la secuela de miles de muertes que pudieron haberse evitado de otro modo? Dentro de este cuadro es imprescindible tener en cuenta que la salud genera vínculos de dependencia con las autoridades que aparecen otorgándola, incluso al ponerla sobre los hombros y responsabilidad de las entidades financiadoras y prestadoras de los servicios de salud.

Entretanto, la suma de derechos con que se ha sobrecargado al sistema, algunos de escasa o nula justificación científica o sanitaria, carece de la contrapartida mínima con los recursos necesarios para mantener en funcionamiento los servicios médicos. Esto deriva en desfinanciamiento estructural y, por consiguiente, en diferentes modalidades de migración de profesionales, como las de atender solo en consultorios privados o cobrar aranceles complementarios, sin contar las demoras en los turnos o el deterioro gradual de equipos médicos, producto de que los aranceles recibidos no alcanzan para pagar amortizaciones. Agréguense a eso los efectos de la inflación galopante, de las restricciones a la importación de equipos e insumos, total o parcialmente producidos en el extranjero, y la confusión y angustias suscitadas por los diferentes tipos de cambio.

Los candidatos presidenciales deberían dar una respuesta acerca de cómo encarar las políticas que permitan avizorar soluciones a la magnitud de los serios problemas que enfrenta el sistema

Un parque de equipos que, por obsolescencia tecnológica, debe ser repuesto como mínimo cada cinco años, en la Argentina supera los 10 y 15 años de vida. Pierde así calidad diagnóstica terapéutica y entra en un proceso de deterioro que imposibilita su uso adecuado. Hoy, el problema ya no es reponer, sino reparar un parque tecnológico que cada día es más obsoleto.

Según un trabajo del economista Esteban Domecq, a partir de la regulación de precios de la medicina prepaga, la actividad en salud, que venía creciendo al 7% hasta el año 2011, había caído al 2,3% anual para el sector privado en el momento de la pandemia. Desde 2020 ha decrecido el 7%. En los últimos 12 años se aprobaron cien normas que incorporan nuevas coberturas, pero ninguna de ellas con la contrapartida de los recursos indispensables para su financiación. Eso sí: se reguló de forma nada sustentable el precio de esas coberturas, y los juicios por responsabilidad civil, laborales y de acciones de clase acrecentaron su condición de industria generadora de exacciones al sistema de salud en magnitud y desproporción inimaginables.

Desde la entrada en vigor de la ley de regulación de la medicina prepaga hasta agosto de 2023, según fuentes del sector, las prestaciones deberían haber incrementado sus valores un 100% más de lo autorizado, para alinear sus costos con el incremento del índice del costo de vida.

Con la urgente necesidad de alcanzar el financiamiento necesario para su subsistencia, el sistema argentino de salud afronta dos enormes incógnitas: quién lo va a financiar y cómo se hará para que recupere los recursos que no recibió en forma oportuna. En las dos semanas que restan para la definición del próximo período presidencial, los candidatos deberían dar una respuesta acerca de cómo encarar las políticas que permitan avizorar soluciones a la magnitud de los serios problemas que enfrenta el sistema. La esperamos.

Mañana: La falta de insumos médicos importados.

Fuente: La Nación

El próximo 19 de noviembre, los argentinos concurriremos una vez más a las urnas en una segunda vuelta electoral para decidir quién será el próximo presidente de la Nación. Se trata de un hecho trascendental para nuestro sistema institucional, que coincide con el fin de semana largo derivado del feriado fijado para el lunes 20 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

En ese marco, la Cámara Nacional Electoral, de manera unánime, ha solicitado al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el traslado de ese día inhábil con el fin de evitar que el fin de semana turístico genere altos niveles de ausentismo en el balotaje, además de afectar la asistencia de autoridades de mesa, delegados y fiscales.

La organización de las elecciones nacionales implica una compleja logística que involucra a una importante cantidad de ciudadanos que participan en diversos roles que hacen a la administración del proceso eleccionario. Posponer el feriado permitiría que los recursos estén más enfocados en garantizar su integridad y eficiencia.

El único antecedente en nuestra historia electoral en el que los ciudadanos argentinos votamos en una segunda vuelta, en las elecciones del 22 de noviembre de 2015, se dieron idénticas circunstancias, por lo que mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner se dispuso el traslado del día inhábil al fin de semana siguiente. El objetivo no fue otro que favorecer “la participación masiva” en los citados comicios de carácter obligatorio, para “reafirmar nuestro sistema electoral y la solidez del funcionamiento de las instituciones democráticas”.

En el mismo sentido, la Cámara ha señalado, en su reciente pedido a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, la necesidad de garantizar la participación ciudadana en las próximas elecciones, entendiendo que la fecha fijada para el feriado nacional de referencia obstaculiza el normal desarrollo del acto electoral, en atención a razones de orden público, tales como fomentar la participación democrática, facilitar la logística electoral y fortalecer el compromiso cívico.

En un feriado que extiende el fin de semana, es común que la gente busque actividades de ocio, esparcimiento y turísticas, que probablemente desvirtúen la atención sobre la importancia de las elecciones en las que se decide la máxima magistratura nacional.

Esto no solo ha movilizado a las instituciones sino también a la propia ciudadanía, que impulsó una petición en la plataforma Change. org: “Muevan el feriado del 20 de noviembre para que la gente vote”.

No atender a esta justificada solicitud implicará sin dudas mayores niveles de ausentismo electoral, que podrían terminar restándole legitimidad a quien resulte elegido presidente. La obstinación del gobierno nacional en no hacerlo puede interpretarse como una estrategia electoral tendiente a lograr la menor participación de la población para sacar algún rédito.

En momentos excepcionales y trascendentales como el que representa una elección presidencial, sería menester que se concrete el traslado del feriado referido en aras del fortalecimiento de nuestro sistema electoral, del fomento de la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas en el marco de los 40 años de recuperación de nuestras instituciones democráticas.

Esta medida garantizaría que la voz de los argentinos se escuche clara y fuerte en la elección de sus representantes, marcando un nuevo hito en la historia democrática del país.

Fuente: La Nación

Mientras la situación política se muestra agitada e incierta en el camino hacia el balotaje del 19 de este mes, ya se divisan los rasgos que caracterizan una hiperinflación. Sus causas se han acentuado y son más nítidos sus efectos.

La emisión de dinero está alcanzando niveles inéditos ante un déficit fiscal desbordado que no encuentra otra forma de cubrirse. Como hecho sintomático con ribetes casi novelescos, la Casa de Moneda no da abasto y han debido licitarse emisiones en el exterior. Tres aviones cargueros deben traer desde Alemania 117 toneladas de billetes de mil pesos. El conjunto de medios de pago creció un 55% en los últimos 60 días. Ya no le es posible al Banco Central absorber dinero emitido mediante letras. El elevadísimo stock de Leliq hace las veces de una enorme bola de nieve con los altísimos intereses que el mercado necesita para suscribirlas. Se trata de una bomba cuyo poder explosivo crece exponencialmente día tras día.

El “plan platita” del ministro-candidato agrava sustancialmente el desequilibrio fiscal. Entre la reducción electoralista de impuestos y los aumentos del gasto, ese plan está costando 1,08% del PBI.

La hoguera inflacionaria tiene otro componente que el Gobierno provoca, pero no puede controlar. Es el derrumbe de la confianza y el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Las personas y las empresas se desprenden de los pesos a velocidad creciente a medida que perciben la aceleración inflacionaria. La medición de esa velocidad mediante los días en que rota el conjunto de los medios de pago (billetes más depósitos a la vista) muestra una reducción desde 8,1 días en el pasado julio hasta 5,5 días en octubre. Esto significa un aumento de la velocidad del 47%. Tiene el mismo efecto que la emisión y ambos fenómenos se potencian.

Solo un fuerte shock de confianza permitiría atenuar la gravísima crisis en la que ya hemos entrado

De acuerdo con la teoría cuantitativa del dinero el impacto conjunto del crecimiento de la masa monetaria y el de su velocidad de circulación explicaría una inflación del 130%. En ese mismo período, comprendido entre julio y octubre, sin embargo, el índice de precios al consumidor del Indec alcanzaría un aumento del 43%. La diferencia puede explicarse por la artificialidad de los precios relevados cuando los mercados se trastocan, no solo por los retrasos forzados de las tarifas y el tipo de cambio comercial, sino también por la ruptura de las cadenas de comercialización. Se ha generalizado una situación en la cual “no hay precio” o se hacen ventas con precios por fijar. Han desaparecido productos en las góndolas cuyos precios declarados no tienen aplicación en la realidad.

Estos hechos son característicos de una hiperinflación. El control cambiario y la brecha entre el dólar libre y el oficial han agotado con creces las reservas. El Gobierno intenta paliar el problema mediante un goteo de las importaciones y la acumulación de una importante deuda comercial. Se está paralizando la producción y faltan medicamentos y combustibles. Lo cierto es que hay una inflación en potencia, no manifestada, y aunque un nuevo gobierno implemente políticas y reformas adecuadas, la apertura de esa válvula y la normalización de precios relativos producirá un inevitable proceso de muy alta inflación.

Esto debe ser comprendido por la ciudadanía y por los representantes de las distintas fuerzas políticas.

Resulta inaudito que Sergio Massa sea quien está cebando esta bomba e intentando a la vez que no le explote antes del 19 de noviembre. Su irresponsable comportamiento hace suponer que no es consciente del efecto destructivo sobre la estructura productiva y la sociedad que tiene una hiperinflación. Queremos suponer que su contrincante, Javier Milei, no desea que se agrave la situación antes del balotaje. Debería retroceder de su imprudente pensamiento respecto de que cuanto más suba el tipo de cambio menos complicada será su prometida dolarización.

Solo un fuerte shock de confianza permitiría atenuar la crisis en la que ya hemos entrado. Los dos candidatos presidenciales deberían pensar cómo lograrlo.

Fuente: La Nación

Mientras el problema de la escasez de nafta y gasoil se extendía a todo el país, al tiempo que se generalizaban las largas colas de autos para cargar combustible y crecía el número de estaciones de servicio sin suministro, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, reaccionó demagógicamente, al amenazar a las empresas petroleras con impedirles exportar si hoy por la noche no se alcanza una solución para la crítica situación.

Resulta llamativo que el ministro candidato ignore que es YPF, la compañía controlada por el Estado, la empresa que más aumentó sus exportaciones. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, pasó de exportar 2453 barriles diarios entre enero y marzo de este año a vender 20.246 barriles por día entre julio y septiembre.

En rigor, el problema que se ha exteriorizado en los últimos días es producto de una equivocada política de control de precios y tarifas, que fue y continúa siendo un arma engañosa contra la inflación, que termina destruyendo la producción y la inversión. Se trata de una estrategia que requiere subsidios que incrementan el déficit fiscal y que siempre resultan insuficientes para cubrir los costos de producción. Alienta así la demanda mediante precios contenidos, al tiempo que desalienta la oferta y es susceptible de provocar situaciones de desabastecimiento como la que se vive en estas horas.

Un gobierno intervencionista puede intentar controlar precios o volúmenes de un producto, pero difícilmente pueda controlar ambas cosas al mismo tiempo

Es sabido que, en materia económica, lo que no se ajusta por precio termina ajustándose por volumen. No es ni más ni menos que lo que le está ocurriendo a la Argentina en el mercado de combustibles, aunque esta situación se extienda a vastas áreas de la actividad económica.

En los últimos meses, se profundizó la brecha de precios entre los valores internacionales y los locales. La cotización del petróleo Brent ronda los 89 dólares por barril, en tanto que en la Argentina se comercializa a 56 dólares. Y el litro de nafta súper en las estaciones de la ciudad de Buenos Aires se comercializa a un valor que promedia los 260 pesos, el equivalente a 74 centavos de dólar al tipo de cambio oficial de 350 pesos o a solo 30 centavos de dólar a la cotización del contado con liquidación, que cerró ayer en torno de los 844 pesos. Esos valores parecen ridículos al lado de los de Uruguay (1,94 dólares por litro), Chile (1,50 dólares) o Brasil (1,17 dólares).

La capacidad de refinación permite que el país, exportando alrededor del 20% de su producción total, sea autosuficiente en nafta, aunque no así en gasoil, producto que requiere la importación del 15 al 20% del consumo total.

En economía se pueden hacer muchas cosas, menos evitar las consecuencias

Es obvio que la distorsión entre los precios internacionales y locales estimula a las empresas argentinas a aumentar sus exportaciones en lugar de vender su producción en el mercado doméstico. Pero la legislación vigente las fuerza a abastecer el mercado interno antes de comercializar combustibles al exterior. No obstante, ninguna empresa puede estar obligada a operar a pérdida, siendo forzada a importar gasoil a un precio superior al que podría venderlo a nivel local.

La actual crisis se profundizó por una conjunción de factores que conformaron una suerte de tormenta perfecta. Por un lado, las importaciones de combustibles se vieron trabadas: YPF vio restringido su acceso a divisas y tuvo tres buques parados sin poder pagarles. Al mismo tiempo, la empresa petrolera estatal tuvo paradas programadas para realizar tareas de mantenimiento en sus dos principales refinerías, lo cual pudo haber resentido la producción.

A todo esto se suma un aumento de la demanda por parte del segmento agrícola –en plena campaña de siembra– y, especialmente, de numerosos usuarios que salieron a llenar el tanque de sus autos para anticiparse a un incremento en los precios de las naftas que parece ineludible, más allá de que la secretaria de Energía, Flavia Royón, lo atribuya irresponsablemente a una “psicosis”.

Es claro que un gobierno intervencionista puede intentar controlar precios o volúmenes de un producto, pero difícilmente pueda controlar ambos al mismo tiempo. En economía, se pueden hacer muchas cosas, menos evitar las consecuencias.

Fuente: La Nación

Es tal la vorágine de acontecimientos cotidianos en nuestro país, que muchos quedan por fuera del radar ciudadano. A fines de septiembre, por caso, en sesión especial del Senado de la Nación se convirtió en ley la creación de cinco nuevas universidades nacionales. La aprobación en Diputados había llegado de la mano del oficialismo y la izquierda, con la oposición de La Libertad Avanza.

Los proyectos tuvieron distintos orígenes. La activa Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social, es quien apoyó la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, a instancias de las diputadas Gabriela Estévez (FdT) y de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical). En sus tiempos de diputado nacional, el actual ministro-candidato Sergio Massa había tramitado el pedido para la Universidad del Delta, mientras que su compañero Ramiro Gutiérrez impulsaba la Universidad de Pilar.

Le debemos al diputado nacional (FdT) y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, la propuesta de jerarquizar y dotar de autonomía y presupuesto propio al Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, antiguamente Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, creada bajo el impulso de Hebe de Bonafini en 2000. Esta nefasta institución de tan dudosos méritos que se define como “un ámbito de resistencia” plantea que todas sus carreras “están atravesadas por los derechos humanos”. Gestionar universidades con dinero del Estado, esto es de todos los ciudadanos, o construir viviendas bajo programas como Sueños Compartidos son objetivos ciertamente alejados de cualquier concepción racional de los derechos humanos. En este caso, una vez más, su grosera tergiversación solo ha demostrado servir para el latrocinio.

Fue Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, quien sarcásticamente aseveró que la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo “tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo”. Le asiste la razón.

Mientras Blanca Osuna (FdT) destacó que tres universidades más aguardan aprobación “con intención de quintuplicar la cantidad de alumnos en los 40 años de democracia”, Maximiliano Ferraro, diputado por la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de “desentenderse de los problemas más urgentes que atraviesan la educación obligatoria y que también hacen a la calidad de la educación superior”. Detrás de una falsa gratuidad arancelaria, seguimos equivocando los caminos y no contemplamos la realidad de los estudiantes a la hora de brindarles la formación que demanda su inserción en el mundo laboral.

No se equivocan quienes entienden que la educación debería estar en el centro de cualquier programa político. Así debe ser si el propósito es que nuestros niños y jóvenes superen los paupérrimos resultados de sus aprendizajes actuales, la repitencia y el abandono. Medidas como la comentada solo confirman el espurio interés de la política por seguir abriendo centros de adoctrinamiento, cajas de financiamiento y guaridas para los propios, alevosamente alejados de cualquier loable propósito. ¿Para qué querríamos sumar nuevos claustros cuando el 70% de los niños de diez años están en situación de pobreza de aprendizajes y no pueden leer y comprender un texto simple? ¿No debiéramos destinar esos recursos a mejorar las condiciones en la educación básica?

“Se necesita audacia”, pues enfrentamos “la urgencia de alfabetizar”, planteaba días pasados el peruano Jaime Saavedra, uno de los máximos referentes en esta materia del Banco Mundial, en el congreso de Alfabetización, Lectura y Escritura 2023, que congregó en Mendoza a 20 ministros y exfuncionarios del área educativa iberoamericana.

En el mismo ámbito, el exministro de Educación de Portugal, Nuno Crato, explicó cómo su país, sumido en una crisis económica, inició un plan de alfabetización, cambio curricular y evaluación continua que condujo a mejorar sus puntajes en distintas pruebas. “La crisis no es excusa para bajar el rendimiento”, afirmó con razón. Cuando los recursos escasean, administrarlos adecuadamente es clave, podríamos agregar. Seguir financiando universidades con dudosos fines es desfinanciar a un Estado quebrado que, lejos de alentar el mérito y la superación, apuesta a seguir alimentando pobres, convenientemente ignorantes e ideológicamente dependientes.

Fuente: La Nación

Una clara señal de nuestra debilitada institucionalidad es que, durante los debates presidenciales, los ataques que el oficialismo viene realizando contra la Corte Suprema de Justicia no hayan ocupado espacio alguno. El más brutal es el absurdo juicio político desarrollado en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados. Su labor, una verdadera caza de brujas, concluyó pocos días atrás con los dictámenes firmados por una mayoría, obviamente oficialista, por los que esa comisión resolvió dar traslado a los jueces de los cargos en su contra, englobados en la causal de “mal desempeño”.

A partir de ahora, todos los integrantes de la Corte deberán distraer su atención de los casos que, si han llegado a esas instancias, son por definición complejos y merecedores de un profundo análisis. Es pertinente recordar que la Corte no tiene jurisdicción para tratar cualquier caso, sino solo los de suficiente trascendencia institucional para justificar una instancia más, por arriba de las anteriores ya transitadas. Es por ello que elige con cuidado cuándo intervenir, para dar así una respuesta final a litigios que suelen envolver complejas relaciones entre los poderes de la Nación y los de las provincias, o giran en torno al correcto funcionamiento y atribuciones de los órganos que la propia Constitución ha creado, o bien involucran la vigencia de derechos y garantías constitucionales cuyo alcance debe fijarse con precisión.

Montaron una verdadera caza de brujas contra los jueces de la Corte. Es absolutamente inadmisible que pretendan juzgarlos políticamente por el contenido de sus sentencias

Estos ejemplos sobre la complejidad de los casos que llegan a la Corte Suprema se entroncan con lo siguiente: buena parte de los cargos realizados contra los jueces, aunque en ocasiones no alcancen a todos sus miembros, se relacionan con la manera en que dictaron sentencias en asuntos de relevancia. Entre ellos, el que analizó la constitucionalidad de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el suscitado a raíz del reclamo realizado por la ciudad de Buenos Aires cuando, por decisión de la Nación, se le detrajeron arbitrariamente cuantiosos fondos de la coparticipación federal de impuestos y cuando la Corte resolvió conforme a la ley vigente en ese entonces si resultaba aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad el cómputo de la prisión preventiva según las reglas del Código Penal y sus leyes modificatorias.

Dos aspectos resultan básicos para entender la enormidad que significa que los jueces de la Corte Suprema sean atacados por el contenido de sus decisiones salvo, claro está, ejemplos extremos de verdadero prevaricato, que consiste en dictar sentencias a sabiendas de que ellas contradicen el derecho vigente. Claro está que no es el caso. El primero es que ante los tres supuestos que se mencionan como causales de mal desempeño se ofrecieron más que sobrados fundamentos de las distintas decisiones. Ninguno de esos casos era sencillo de resolver y, se sabe además, los jueces deben fallar con abstracción de sus gustos o simpatías cuando una norma de derecho positivo determina una solución jurídica específica, como fue el caso de quienes votaron a favor de la aplicación del cómputo de la prisión preventiva, de acuerdo con las reglas del Código Penal. En otro caso, el de la coparticipación federal de impuestos, los jueces optaron por una solución que no implicó darle toda la razón al reclamante, sobre la base de las ponderaciones efectuadas. Y en el último, el de la conformación del Consejo de la Magistratura, los jueces ofrecieron una interpretación de sentido común cuando concluyeron que el equilibrio entre los estamentos que componen ese organismo y que la Constitución reclama estaba siendo groseramente violado en un esquema donde la mayoría de la representación había sido confiada a los miembros del estamento político.

Los jueces fallan con abstracción de sus gustos o simpatías toda vez que una norma de derecho dispone una solución jurídica específica. Pretender lo contrario es abjurar del Estado de Derecho

El segundo aspecto por remarcar es que los jueces de la Corte Suprema recorren un largo camino entre su propuesta por el titular del Poder Ejecutivo hasta que el Senado les da el acuerdo con una mayoría calificada, que incluye superar posibles impugnaciones, análisis de antecedentes y audiencias públicas, proceso de mucho más rigor que el que se exige para el desempeño de cualquier otro cargo.

Una vez superadas esas etapas, urge dejarlos trabajar tranquilos como única forma de asegurar su independencia. Urge claramente también no alzarse contra sus decisiones, como sucedió recientemente cuando el Senado prestó fuera de plazo el acuerdo a la jueza Ana María Figueroa para la Cámara Federal de Casación Penal. Al hacerlo, desobedeció a la misma Corte Suprema que, con apoyo en una concreta norma de la Constitución, resolvió que la citada magistrada había cesado en su cargo al cumplir 75 años sin haber obtenido antes de esa fecha el correspondiente acuerdo.

Quienes hoy atacan arteramente al más alto tribunal son los mismos que se jactan de desobedecer sus sentencias, que son obligatorias e inapelables

No es atacando la majestad de la Justicia y a los integrantes de uno de los tres poderes del Estado la forma en que alguna vez lograremos salir del atolladero institucional en el que nos encontramos.

Es de esperar que se desista prontamente de esta tan infundada como oprobiosa maniobra basada en los caprichos de un sector que, en lugar de respetar las normas establecidas, ha decidido montar un show inaceptable en defensa de oscuros intereses políticos.

Fuente: La Nación

La Argentina de pésimas credenciales en el mundo por la continuidad de gobiernos tramposos no ha cambiado un ápice por los resultados de la primera vuelta electoral. Había una primera oportunidad de reacción después de la sorpresa del domingo y se perdió. Debió haber infundido cuanto antes en el candidato y presidente de facto y sus adláteres un sentido de la responsabilidad y de la política ajustada a fundamentos morales, tan ausentes en las administraciones originadas en el kirchnerismo.

Los primeros en comprobar que nada había cambiado han sido los operadores del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas. Allí se supone que los precios han de tener invariablemente la transparencia de las commodities: las enormes cantidades en movimiento, como en el caso de los granos, aseguran en principio la seriedad de precios y valores. Horas después de los comicios, sin embargo, consignatarios y representantes de frigoríficos recibían llamados telefónicos con la advertencia de que el kilo de hacienda en pie debía congelarse en no más de 999 pesos.

La trampa, otra vez, como en los tiempos de las conminaciones violentas y fraude gubernamental en las cifras del Indec, manipuladas a su antojo por la triste figura del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno. Fueron hechas con la complicidad de supuestos técnicos dispuestos a cualquier alevosía con tal de satisfacer las demandas políticas de alguno de los Kirchner. Las denuncias de lo sucedido estos días en Cañuelas develan comportamientos de una misma familia de actitudes. Fuentes del Gobierno las desmintieron, como es habitual que suceda cuando se denuncian casos de intimidaciones y amedrentamientos políticos hechos con sigilo y de forma casi anónima.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se atrevió a declarar que en su área se respeta la actividad del campo y se actúa con la voluntad de trabajar junto con las cadenas de producción. Nadie señaló especialmente a Bahillo como autor o inspirador de las amenazas de que se dispondrá la baja de las matrículas de los operadores en el mercado de Cañuelas que resistan las presiones bajo cuerda del Gobierno, lo que sería una suerte de muerte laboral de esos operadores. Pero tampoco ese funcionario puede pretender que le creamos cuando dice que nada sabe sobre lo que ha estado sucediendo estos días o que ignora en absoluto las prácticas mafiosas que caracterizan al bajo mundo del gobierno del que es parte.

Como si no hubiera ya suficientes provocaciones, las exportaciones de carne bovina quedaron frenadas anteanoche por unas horas debido a la intervención del Gobierno. Ayer a la mañana se produjo la contramarcha. No fue otra cosa que un grosero apriete para evitar las necesarias adecuaciones en el precio de la carne.

La situación no ha cambiado por las recientes elecciones ni cambiará por los resultados del balotaje: cambiará cuando se modifiquen las conductas morales y políticas, y cuando la sociedad sea más severa con quienes la llevaron al desastre

Es increíble que en los partidos de oposición hayan surgido voces estimulando acuerdos con vistas al balotaje con una fuerza política que ha sido sinónimo, aquí y en el mundo, de corrupción en el manejo de los negocios públicos. O especializada en el uso de procedimientos nada republicanos para retener a toda costa el poder y disfrutar hasta la eternidad obscenos privilegios como los de Martín Insaurralde. Los aprietes producidos en Cañuelas y los de las últimas horas tienen un objetivo clarísimo: evitar que los precios de la carne puedan subir antes del 19 de noviembre, como si fueran un poste imbatible en medio de la correntada del río desbocado que es la inflación argentina, la más alta hoy en el mundo, superior a la de Zimbabwe.

Una vez más se tapa el sol con manos quemadas de tanto taparlo, sin otros resultados que acentuar el disimulo de los fundamentos de la economía y dejar al país ahondándose en el estado caótico en que se encuentra. El curso de esa situación no ha cambiado por las elecciones recientes ni cambiará por la confirmación eventual de sus resultados en una segunda vuelta; cambiará cuando se modifiquen las conductas morales y políticas, y la sociedad se resuelva a ser más severa con quienes la han llevado al estado de postración en que se halla.

Hay infinitos datos para identificar con precisión ese estado de cosas, pero ninguno lo expresa con mayor dramatismo que la tasa de pobreza poblacional que compartimos con los países más atrasados del mundo. Nuestro caso es peor que el de otros, pues concierne a una involución de tal magnitud que se convierte en materia crónica de examen político, social y económico por académicos de relevancia mundial.

Como dijo uno de los operadores de Cañuelas, no solo hay dólar blue, sino novillos blue: el Gobierno sigue generando mercados paralelos (negros), insostenibles para modificar una realidad que impone de todos modos sus reglas implacables. Por eso se ejercen presiones para congelar por debajo de los 1000 pesos los precios de pizarra, ya que los sabuesos del oficialismo prefieren desentenderse de las transacciones que se corresponden con el rigor de ofertas y demandas y se llevan adelante por otros conductos que los que están a la vista. La consigna de gente del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que revolotea últimamente por Cañuelas para “observar” y tomar nota de lo que se habla en el mercado es realizada con la determinación de que la carne no incida en los números de la inflación y en las góndolas de los supermercados.

Parte de esta política de manipulaciones es la promesa a la industria exportadora de “fabricar” un dólar para la carne en diciembre a cambio de que el asado se mantenga a 2000 pesos en esos establecimientos. Todo esto se hace con olvido de que el kilo de carne está muy retrasado con respecto a la inflación general: los costos de producirla suben a diario, como los insumos en cualquier campo, que alcanzan cifras estrafalarias en relación con tiempos no lejanos.

Entre abril y julio, el precio del asado, por ejemplo, subió a una tasa de apenas el 1,9% mensual. El novillo logró actualizar su valor en el segundo semestre con un salto, primero, del 21%, y otro, luego, del 28% a raíz de la devaluación del tipo de cambio oficial dispuesto al cabo de las PASO. Pero los movimientos repentistas suelen ser aprovechados por pocos productores, los más atentos y afortunados en vender en el momento oportuno.

En septiembre se dio vuelta la taba y el volumen de carne ofrecida resultó mayor que la de su absorción por la demanda interna, con el consiguiente efecto sobre los precios. Varios factores han incidido negativamente este año sobre las carnes. Uno, el enfriamiento de los valores del corte Hilton; otro, la caída en un 24% de los precios pagados por China, gran compradora, en el mercado internacional.

La burocracia populista de la Argentina se excusa de responsabilidades por la debacle económica. Apunta a la incidencia de la sequía de 2022, que privó al país de más de 15.000 millones de dólares de exportaciones. Podría decir, también, que en muchos lugares de la pampa húmeda fueron secos tres de los últimos cuatro años y que 2023 ha traído hasta la fecha menos lluvias de las que se esperaban. Vale decir que la agricultura ha sufrido golpe tras golpe y está apenas en los comienzos de un aparente proceso de recuperación, pero la ganadería ha padecido por igual. Han faltado pastos y los costos por reposición de alimentos para la hacienda han sido por demás elevados, sin contar los aumentos en todo tipo de insumos.

Han estado en exceso aunadas las desventuras de la naturaleza y la política en provocar desazones en el sector de la economía por el que tenemos alimentos, fuentes de trabajos dentro de los establecimientos y fuera de las tranqueras, y la provisión del caudal de divisas extranjeras de mayor relieve, por márgenes notables, de la producción nacional. Cuidemos más al campo. Protejámoslo no solo de la brutal exacción de que es objeto por un Estado insaciable, sino también de las artimañas por las que se pretende que perdure una situación artificial sobre la verdadera marcha del país y de su realidad. No dejemos que se engañe a la sociedad.

Fuente: La Nación

Los procesos penales solos no llegan a buen puerto cuando la corrupción está metida en las entrañas de un país. Así lo confirmó el famoso Mani Pulite contra la corrupción italiana que involucró a unos 5000 funcionarios, empresarios y políticos que, en su mayoría, nunca fueron condenados.

Si los propios ciudadanos no nos involucramos y reclamamos a la política, poco podrá hacer la Justicia. Al tratarse de una realidad tan arraigada en la cultura, revertir este estado de cosas exige revisar las convicciones de una sociedad en relación con los valores. No basta con el Código Penal si el Código Moral o el contrato social no aglutinan voluntades en la dirección correcta. Cuando, por ejemplo, la realidad indica que se puede vivir a expensas del Estado sin trabajar y que nada mejor que dedicarse a la política para alcanzar una vida de lujos y dispendio, el sistema de valores se revela seriamente trastocado. Lo mismo ocurre cuando quien gobierna deslinda sus responsabilidades para atribuirle a otro los errores de una gestión que pretende hacer pasar como ajena. El cinismo, la mentira y los relatos terminan subvirtiendo tan burda como peligrosamente la verdad.

Se le preguntó al ministro-candidato Sergio Massa su opinión respecto del escándalo protagonizado por el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Solo atinó a decir que fue “un error” para pasar a señalar que “la señorita [por la modelo Sofía Clerici] tenía antecedentes en la materia con otro político” y que el lomense había iniciado ya una causa por extorsión.

No hay lugar para el sueño de la dignidad construida sobre la base del esfuerzo cuando décadas de una nefasta contracultura han socavado los cimientos morales de tantas personas. Solo así podrá explicarse que Federico Otermín, dirigente muy cercano a Insaurralde y candidato a sucederlo, triunfara con el 51% de los votos en el distrito que acunó uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. La misma lógica que encumbró al primer puesto en los últimos comicios al responsable de la crítica situación que atraviesa el país.

La Justicia busca actualmente pruebas de plata no declarada por Insaurralde en España, Uruguay y los Estados Unidos. Aquí fueron 13 hasta ahora los allanamientos en la causa que hurga en el origen de su patrimonio. Entre otros delitos, se lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El más sonoro allanamiento fue el que detectó autos de alta gama, más de 650.000 dólares, 2 millones de pesos y dinero uruguayo, además de joyas, en el domicilio de Clerici. No deja de llamar la atención que tal requisa se concretara solo después de las elecciones, con tantos días transcurridos desde que se destapó el escándalo. Otra conveniente demora, como la que retrasó la apertura del celular del puntero Julio “Chocolate” Rigau, que pone en evidencia la cadena de complicidades y mafiosas articulaciones entre estamentos del poder.

La encerrona es tan dolorosa como difícil de sortear para una sociedad hastiada. Atender la emergencia educativa sin demoras constituiría la mejor apuesta. Han sabido cooptar los valores que nos legaron nuestros próceres para instaurar un perverso sistema prebendario que se alimenta del pobrismo y la división, para sostenerse con promesas populistas debidamente regadas desde las arcas del Estado. No hay lugar para el asombro porque llevamos demasiado tiempo sometidos a la desfachatez del poder, víctimas de una grieta que solo debería distinguir entre probos y corruptos. Ya poco sorprende cuando quedan sepultados en el olvido tantos escandalosos episodios en una sucesión tan vertiginosa como interminable.

Fuente: La Nación

Gobierno de unidad, unión nacional, llamado a la concordia. Con distintos matices, ese concepto ha estado presente en buena parte de nuestra historia. Y, las más de las veces, se ha apelado a él en vísperas de momentos fundacionales o de crisis profundas. Lo usó larga y sentidamente Manuel Belgrano en su artículo “Causas de la destrucción o de la conservación y engrandecimiento de las naciones”, publicado el 19 de mayo de 1810 en el diario Correo de Comercio, es decir, seis días antes de la Revolución de Mayo.

“La historia misma de nuestra nación, en la época que estamos corriendo, nos presenta más de una prueba de que la desunión es el origen de los males comunes en que estamos envueltos y que nos darán muchos motivos para llorarlos mientras existamos”, escribió Belgrano.

El propio Preámbulo de la Constitución nacional enumera como uno de sus objetivos “constituir la unión nacional”.

Lamentablemente, a lo largo de los tiempos, ese concepto se fue tornando abstracto. Parte de nuestra dirigencia política, sindical y empresarial se encargó de vaciarlo de contenido anteponiendo divisiones de todo tipo al verdadero esfuerzo por cristalizar los necesarios acercamientos.

Las prácticas autoritarias y excluyentes; la cerrazón frente a las ideas del adversario; la falta de capacidad para aceptar el disenso, acercar posiciones y, eventualmente, corregir el rumbo en pos de una salida concertada a problemas de índole diversa han sido la regla y no la excepción.

¿Puede resultar entonces extraño el escepticismo que se percibe en buena parte de la sociedad frente a la promesa hecha por Sergio Massa de que, si llega a la presidencia de la Nación, convocará a “un gobierno de unidad nacional”?, ¿se le debe creer así sin más a Javier Milei cuando dice que, en un eventual gobierno suyo, convocaría a sus adversarios sin importar la procedencia política, habiendo denostado a muchos de ellos, calumniándolos de manera grosera?

¿Acaso no restan los irresponsables pases de factura interna de las últimas horas entre dirigentes de la oposición con vistas al próximo balotaje? Si hubiera una real intención de forjar la unidad nacional, ¿no debería trabajarse para lograrla ya mismo?

¿Por qué habría que creer, como dijo Massa, que el domingo se murió la grieta en la Argentina si se la sigue cavando con fuerza y esmero desde casi todo el arco político y, por inevitable efecto cascada, desde parte importante de una sociedad sumida en el hartazgo y la decepción?

El 9 de julio de 2012, al conmemorarse el 196º aniversario de la Declaración de la Independencia, Cristina Kirchner convocó a la unión de los argentinos. “Unidad nacional no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Unidad nacional es ponerse de acuerdo en las cosas básicas para que el país siga creciendo”, dijo quien más se ocupó en las dos últimas décadas de profundizar la fosa en que está dividida la sociedad, hastiada del ninguneo de su dirigencia respecto de los verdaderos problemas que la aquejan.

¿Qué respuesta recibió Fernando de la Rúa de la dirigencia política intra y extrapartidaria cuando el 22 de noviembre de 2001 –poco menos de un mes antes de su caída– convocó a un gobierno de unidad nacional, “deponiendo todo el interés mezquino y sectorial”?

Nunca en un conflicto la responsabilidad es de una sola de las partes. Como sociedad, los ciudadanos debemos estar dispuestos a exigir que se concreten esos tan demorados acuerdos y a trabajar decididamente para intentar cerrar las heridas que dejaron las sucesivas grietas, sabiendo que no será ni fácil ni inocuo y que, para lograrlo, deberemos anteponer el bienestar general al individual. Porque, si no es así, ningún llamado a la unidad tendrá posibilidades de concretarse. La unidad no se decreta, se construye a paso firme y sostenido.

En 1810, los revolucionarios de Mayo fueron conscientes de que no alcanzaba con proclamar la existencia de una nueva nación. Entendieron que la independencia, la soberanía y el afianzamiento de la unidad nacional solo podía lograrse con el esfuerzo sostenido y mancomunado de una población dispuesta a hacer sacrificios.

El camino no fue fácil ni estuvo allanado. Hubo luchas intestinas, peleas por liderazgos y sangrientos enfrentamientos entre argentinos. Pero la idea de unidad no era por entonces una abstracción. Si, aun en medio de aquellas lejanas diferencias, en algún momento llegamos a ser un país potencialmente competitivo, con crecimiento económico y niveles de educación y de salud envidiados por una porción importante del mundo, podríamos plantearnos volver a intentar aquella gesta.

No hay dudas del nocivo efecto que producen tantos años de decadencia y retroceso cultural en el más amplio sentido de la palabra. Nunca es sencillo pedir un esfuerzo más –especialmente a los que más padecen– máxime si quienes lo reclaman son los mismos que, con nefastos procederes, nos llevaron a esta situación y que nunca mostraron estar dispuestos a dar el ejemplo.

La cuestión es más que creer o no creer. Es actuar con pragmatismo y sin más demora para que la desunión no nos gane la batalla porque, como bien decía Belgrano, “es el origen de los males comunes en que estamos envueltos y que nos darán muchos motivos para llorarlos mientras existamos”.

Fuente: La Nación

Los gobiernos populistas presentan la creación de una empresa estatal o la nacionalización de una privada como un incremento del patrimonio de todos los argentinos. Sin embargo, con el tiempo queda claro que no es así. Quienes reciben el mayor beneficio de esas compañías suelen ser los políticos en el poder para ubicar amigos, parientes o militantes en cargos bien remunerados. En general, los cargos directivos y jerárquicos en esas empresas están mejor pagos que los del mismo nivel de la administración pública e incluso a veces mejor que en la actividad privada, a lo cual hay que sumar los viajes, el auto y otros privilegios. Resultan así un botín codiciado.

Los gremios suelen alegar y festejar que la empresa donde trabajan sea de “todos los argentinos”. Así, ellos pueden gozar de privilegios y salarios que no tendrían en una empresa privada. Entre bueyes no hay cornadas y es obvio que los gobernantes tratarán de minimizar los conflictos con dichos sindicatos. No solo por el costo político que pueda significar, sino también por las “ollas internas” que se puedan destapar. Además, no habiendo quien defienda el bolsillo de los ciudadanos que bancamos estas empresas, los proveedores, finalmente amigos de los funcionarios, políticos o gremialistas, celebran de parabienes. Seguramente terminarán satisfaciendo las necesidades de insumos o servicios de la empresa de “todos los argentinos” a precios mayores a los de mercado. Muchas veces ni siquiera tendrán que competir en una licitación y, cuando la haya, será entre pocos competidores, sin descartar una colusión entre ellos. No pocas veces los pliegos están orientados hacia quien responde con “generosidad”. Los sobrecostos que resultan de todas estas circunstancias se tratan de compensar mediante normativas que aseguran tener mercados con mínima o nula competencia.

No debería extrañarnos que muchos de quienes lleguen al gobierno estén ávidos de crear nuevas empresas estatales, que terminarán siendo nichos de corrupción. Es que nunca son de todos los argentinos. Los ciudadanos no son accionistas y no tienen la capacidad de controlar ni de influir en la gestión de estas compañías para mejorar su rentabilidad y eficiencia. Tampoco tienen voz ni voto como usuarios o clientes.

Los organismos públicos que debieran controlar que ofrezcan buenas prestaciones están usualmente alineados con los objetivos políticos del Gobierno. De esa forma, en las empresas estatales son juez y parte,.

El interés político siempre será prioridad para quienes administran las empresas del Estado. En consecuencia, no debería sorprendernos que estas empresas hayan acumulado pérdidas diarias de 14 millones de dólares durante el primer semestre, según informó oportunamente LA NACION. Queda claro que lo único que es de todos los argentinos es la factura que tendrán que pagar por la fiesta de los verdaderos beneficiarios de esas empresas. Esto es, los políticos de los gobiernos de turno, los funcionarios que ellos designan, sus amigos, militantes, proveedores y los gremios que las parasitan. Pensar que esto se puede cambiar con una buena administración estatal es prácticamente una utopía, ya que pocas veces se ha logrado. Por lo tanto, es necesario vender o cerrar las actividades que podrían ser desarrolladas o gestionadas por el sector privado. Se fomentaría la competencia en sectores que a menudo la mantienen restringida al solo efecto de moderar las pérdidas de alguna empresa estatal.

Tenemos gobiernos incapaces de cumplir con las funciones esenciales que les asigna la Constitución nacional y que hacen al bienestar de todos los argentinos. Sin embargo, tienen tiempo y habilidades suficientes para manejar empresas que podrían ser mejor gestionadas por el sector privado. Un absurdo que solo se explica por el afán de lucro personal. Primero deberían demostrar que pueden hacer bien aquello para lo que fueron votados.

Basta observar el caso de Aerolíneas Argentinas. Sus pérdidas no se pueden justificar en la supuesta mayor conectividad que brinda en el interior del país. Los pasajes de la empresa para destinos de cabotaje siempre fueron relativamente caros. Volar era un privilegio de pocos hasta que llegaron las empresas low cost, pero lamentablemente se les impusieron restricciones para desbancarlas y se las desplazó de algunos aeropuertos. Hay que abrir los cielos, de modo que todas las empresas que quieran puedan prestar el servicio mientras cumplan con la normativa local. Si se quiere que alguna aerolínea llegue a una determinada localidad y nadie lo está haciendo, se puede licitar un subsidio adjudicándolo a aquella empresa que ofrezca percibir el menor monto, según las condiciones de servicio estipuladas por el Estado. Un hecho es seguro, frente a toda justificación que pueda intentarse para tener una empresa estatal, habrá una forma mejor de satisfacer esa necesidad y con menor costo para los contribuyentes, dándole participación al sector privado.

Fuente: La Nación