Categoría: Entrevistas

  • Escuelas que, en lugar de enseñar, adoctrinan

    La reelegida intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, sigue dando tan prolíficos como pésimos ejemplos de lo que, entre otras muchas cosas, nunca debería hacer un dirigente político: adoctrinar a alumnos de escuelas cualquiera fuere su nivel.

    No es la primera vez que Mendoza acude a una dependencia estudiantil de su distrito –en obvia sintonía con las autoridades educativas–, para solazarse con lo que pretende ser mostrado como un hecho espontáneo por parte de los chicos. En esta oportunidad, concurrió a una escuela quilmeña, donde fue presentada casi como una estrella de rock por la docente a cargo, que arengaba a los pequeños alumnos a corear el nombre de la intendenta, quien ingresó al aula con los brazos en alto.

    “Yo te voté”, le dijo una pequeña niña que sabía de memoria un virtual “himno” de campaña político-partidaria, que concluye con la frase “te queremos Mayra y que gane Massa”, a lo que la jefa municipal le respondió: “Ojalá”, luego de haber preguntado quién quería ser intendente o intendenta cuando fuera grande.

    En septiembre de 2022, docentes de varias escuelas de San Francisco Solano, denunciaron otro tan reiterado como inaceptable adoctrinamiento de alumnos de escuelas secundarias del distrito, a quienes se les pretendía inculcar que el intento de ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido pocos días antes en la puerta de su domicilio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, “fue gestionado por los medios de comunicación, la Justicia y la oposición”. Las docentes relataron que habían sido advertidas de las duras consecuencias que sufrirían en caso de negarse a impartir esa infamia entre los estudiantes. Según dijeron, oponerse a incorporar esa grosera desvirtuación de la realidad como eje curricular era pasible de recibir diversos tipos de castigos. “Son semilleros camporistas. Están haciéndoles a los chicos un lavado de cabeza. Las propias directoras promueven sentadas de los alumnos en nuestra contra y que falten a nuestras clases”, declaró una de ellas.

    La pulsión del camporismo por instruir a alumnos en su prédica partidaria no se ha detenido nunca. La propia Mendoza ya había protagonizado un año antes otro hecho similar. Difundió por redes sociales un video suyo mostrando una serie de dibujos de niños de jardín de infantes que le llegaron, según dijo, como forma de agradecimiento por haberles recuperado el edificio escolar. Fue tan burdo aquel adoctrinamiento que el texto, pretendidamente escrito por alumnos de menos de cinco años, decía “Muchas gracias gestión Mayra Mendoza”.

    En 2023, entre otros muchos ejemplos, fue el turno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuyo gobierno ideó una propuesta para conmemorar los 40 años de retorno a la democracia con un cronograma oficial cuyos temas eran, entre otros, “el triunfo de Raúl Alfonsín, el juicio a las Juntas, la hiperinflación, el menemismo, el fracaso del 1 a 1, la presidencia de Néstor Kirchner, la reducción de niveles de pobreza –que ahora debería explicar por qué volvieron a subir de manera estrepitosa con el kirchnerimo nuevamente en el poder–, el desendeudamiento durante las presidencias de Cristina Kirchner, los fondos buitres, la ley de medios, la vuelta del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri y el tratamiento de la pandemia en el de Alberto Fernández”. La elección de los ítems como las formas de enunciarlos lo dicen todo. El recuerdo de las cuatro décadas del retorno a la democracia nada tenía que ver con esa bajada de línea sesgada y por demás autoritaria.

    Sería abrumador enumerar todos los ejemplos de adoctrinamiento en escuelas por parte del kirchnerismo. Elegimos uno más por lo brutalmente tosco que resultó. Durante la pandemia, se imprimieron 18 millones de cuadernillos para alumnos estatales en los que se les indicaba leer a los de segundo y tercer grados una nota del diario Página 12, en la que se destacaba un proyecto de ley de una entonces legisladora camporista por el que se exigía a empresas de transporte otorgar a los empleados determinados dispositivos. A los de cuarto y quinto se les ordenaba leer un decreto presidencial referido al sector privado y el goce de haberes, mientras que a los de sexto y séptimo se les pedía interiorizarse sobre un recorte periodístico del diario La Unión, de Lomas de Zamora, donde se enumeraban obras públicas dispuestas por el gobierno nacional con declaraciones del ministro del área, Gabriel Katopodis.

    Podría decirse que el kirchnerismo ha abrevado con ganas en las aguas turbias del peronismo de los años 40 y 50, cuando en las escuelas se repartían materiales con frases como “Perón nos ama” o se obligaba leer La razón de mi vida, una autobiografía de la segunda esposa del entonces jefe del Estado.

    Resulta nefasto que se siga insistiendo en este tipo de “instrucciones” a los alumnos, a los que, contrariamente, habría que enseñarles a tener la libertad de pensar críticamente, de elegir y de discernir, y la necesidad de respetar las ideas de todos por igual.

    No alcanza con la tan valiente como aislada denuncia de un par de docentes. Todos quienes aspiramos a contar con un Estado respetuoso de las leyes y de sus ciudadanos deberíamos exigir que quienes ejercen temporariamente el poder desistan de una buena vez de continuar con estas prácticas improcedentes por totalitarias. Deberíamos exigir también a las autoridades educativas que asuman la responsabilidad que les cabe y que dejen de consentir este despropósito o de mirar para otro lado.

    Como sociedad, como padres de alumnos, como sus guías y como adultos responsables de la formación de las nuevas generaciones, no podemos seguir permitiendo que, como bien dijo una de las docentes de San Francisco Solano, las escuelas se conviertan en la creación de semilleros de militancia.

    Fuente: La Nación

  • Mayor decadencia aún es posible

    “Desde que se inventó la pala, nunca alcanzaremos el fondo” es un aforismo siempre aplicable a la economía argentina. Luego de instaurado el próximo gobierno el 10 de diciembre venidero, la disyuntiva será salir del pozo por arriba o continuar cavando para enterrarnos aún más.

    En esta gravísima coyuntura, descripta hasta el hartazgo en todos los programas de actualidad y cuya principal consecuencia es la pobreza creciente, será inevitable un mecanismo de estabilización para detener la decadencia. Sin embargo, habrá una gran diferencia, según se realice en un contexto de confianza o de incertidumbre.

    No es lógico que la Argentina tenga un gasto público que absorbe el 45 por ciento de su PBI, financiado con los impuestos más altos del mundo y con la tercera inflación más elevada del planeta

    La clave para cambiar las expectativas, aumentar la demanda de dinero, reducir el riesgo argentino y la sucesión de consecuencias virtuosas que conlleva la confianza es que el plan genere condiciones para derrotar la inflación, aumentar la inversión, expandir el crédito, multiplicar el empleo y también el consumo gracias al fortalecimiento de la moneda.

    Nada de ello ocurrirá si no se logra el equilibrio fiscal reduciendo el gasto público y no aumentando la presión tributaria.

    Sin dudas, el círculo virtuoso será sostenible si el sector privado incrementa la riqueza en forma regular y no lo será arrinconándolo hasta el agotamiento, en beneficio de burócratas, acomodados y amigos del poder como viene sucediendo desde hace ya mucho tiempo.

    En un país sin ahorro interno ni crédito externo, con inflación desbocada, sin divisas para importar y con presión fiscal extraordinaria, la forma de salir del pozo debe ser siempre por arriba, sin enterrarnos aún más, reduciendo los gastos del Estado para reestablecer el equilibrio y la sensatez.

    En lugar de achicar el Estado, Massa instruye a los legisladores de su espacio a seguir manteniendo la elefantiásica estructura de la administración pública y los subsidios económicos y sociales que conforman el núcleo del brutal gasto estatal

    Lógica, una ONG independiente liderada por Matías Olivero Vila, pretende crear conciencia fiscal en todos los sectores y niveles sociales a partir del sentido común: “Gastos lógicos, impuestos lógicos y país lógico”. En una reciente solicitada publicada en LA NACION, sintetizó su propuesta, ya anticipada en el último Coloquio de IDEA y en diversos congresos y jornadas realizados por todo el país.

    Lo cierto es que no es lógico que la Argentina tenga un gasto público que absorbe el 45 por ciento de su PBI, financiado con los impuestos más altos del mundo y con la tercera inflación más elevada del planeta. Tampoco es lógico que el 40 por ciento del precio de los bienes sean impuestos y que, a pesar de tanto socialismo, la pobreza supere los 40 puntos. El país no crece desde 2011, con caída de más del 10 por ciento del PBI per cápita.

    Lógica ha hecho un importante llamado abierto y público a los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei para que fijen su posición y compromiso referidos a temas clave para la sociedad.

    En ese mensaje (cuya solicitada ilustra este editorial), la referida ONG enumera varias preguntas para los candidatos a presidente, de cara al próximo balotaje, “que nos pueden cambiar la vida a los argentinos”, se afirma en el documento.

    La clave para cambiar las expectativas, aumentar la demanda de dinero, reducir el riesgo argentino y la sucesión de consecuencias virtuosas que conlleva la confianza es que el plan genere condiciones para derrotar la inflación, aumentar la inversión, expandir el crédito, multiplicar el empleo y el consumo gracias al fortalecimiento de la moneda

    Entre esas demandas, figuran en qué cinco rubros del gasto público se centran las principales soluciones que ambos proponen, si se comprometen a no sancionar nuevos impuestos y a bajar los existentes, qué herramientas implementarán para luchar contra la informalidad, si está dentro de sus objetivos bajar la inflación hasta eliminarla y si se comprometen a emitir una norma de transparencia fiscal que visibilice para los consumidores el IVA y otros impuestos nacionales y locales aplicables a sus compras.

    Parte de la respuesta del candidato peronista ya se puede encontrar en el Presupuesto Nacional 2024 elevado al Congreso, donde no se incluye ninguna medida concreta para reducir el tamaño del Estado. Por el contrario, el 23 de octubre del corriente año, día posterior a la primera vuelta electoral, Massa solicitó a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que se trate con urgencia la separata del mensaje del presupuesto para lograr superávit eliminando algunos de los “gastos tributarios” y beneficios impositivos detallados allí y que, de no reducirse, generarían pérdidas de recaudación de 4,72% del PBI, en 2024.

    Los gastos totales del proyecto de presupuesto 2024 ascienden a 67,3 billones de pesos, de los cuales los gastos corrientes representan el 92,4%, causando un déficit primario equivalente al 1,6% del PBI. Como el Gobierno pretende un superávit del 1%, Massa pide a esa comisión parlamentaria que analice ya mismo los diversos beneficios impositivos incluidos en la separata y que se focalice en aquellos que favorecen a grandes empresas para eliminar los más gravosos.

    Es hora de dejar de prometer lo que, en los hechos, no se cumplirá. Esa nefasta práctica debe ser erradicada. Sincerar la economía y plantear soluciones de fondo y duraderas es la ruta que debe seguirse, sin atajos que nos mantengan por el mal camino

    En el listado de “gastos tributarios” y beneficios impositivos, se cuentan exenciones al impuesto a las ganancias, como los derechos de autor, la venta de títulos y acciones de cotización pública, el pago de dividendos, las plataformas digitales en el exterior y la valuación ganadera a costo histórico.

    El foco del ministro-candidato Massa es eliminar las exenciones al Poder Judicial y hacia allí apunta su recomendación a Heller. También se listan exenciones de IVA o alícuotas reducidas para medicamentos, diarios, libros, entradas, prestaciones médicas, entidades educativas y reintegros a exportadores, así como alícuotas diferenciales del impuesto a los combustibles y de contribuciones de seguridad social.

    En materia de promoción industrial, están en la mira los regímenes de Tierra del Fuego, de minería y de economía del conocimiento; las sociedades de garantía recíproca, el fomento a los bienes de capital, la educación técnica, los bosques cultivados, la industria naval, el bioetanol, la energía renovable, las autopartes, el capital emprendedor y el fomento a las PYME. Hay que aclarar que no significa que serán derogados, sino que integran la separata cuyo escrutinio se solicita a los legisladores.

    Un capítulo aparte merecen los bienes personales, un tema favorito de Heller, autor del impuesto a la riqueza. Massa apunta a gravar los depósitos en cajas de ahorro y eliminar la exención de inmuebles rurales, pues “solo con los localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país”.

    De esa manera, el ministro–candidato se propone mantener las políticas públicas “prioritarias”, que parecen ser todas las actuales, ya que el presupuesto no contempla, en forma detallada como la citada separata, la eliminación de ninguna estructura de la administración pública ni de las 34 empresas estatales ni de sus fideicomisos y, mucho menos, de los subsidios económicos y sociales que conforman el núcleo del gasto estatal.

    El esfuerzo de la ONG Lógica es plausible, aunque muy difícil de concretar en un país donde la pobreza, el empleo público, los planes sociales, los subsidios económicos y el clientelismo empresario han constituido una red de intereses creados que parece blindar el sistema actual de cualquier intento de reforma.

    Fuente: La Nación

  • Reelecciones eternas

    El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, ha anunciado su intención de convocar a una convención para reformar la Constitución local con el propósito de suprimir la reelección indefinida del primer mandatario y de los legisladores provinciales, para limitarla a dos mandatos consecutivos, debiendo transcurrir un período de cuatro años para aspirar nuevamente a ocupar esos cargos.

    Tanto Catamarca como Formosa y Santa Cruz tienen aún permitida por sus constituciones la reelección indefinida de sus gobernantes, una cláusula que viola, sin duda, la concepción republicana del poder, que establece la periodicidad y limitación de los mandatos, en particular cuando se trata de cargos ejecutivos.

    La Constitución catamarqueña solo dice que los gobernadores podrán ser reelegidos, sin aclarar si es por un período o en forma eterna. Hasta ahora los gobernantes han interpretado que rige la reelección indefinida.

    La propuesta es extender la limitación de una única reelección consecutiva a los legisladores provinciales y los intendentes municipales, que en algunos casos llevan más de 20 años al frente de sus departamentos.

    Sería deseable que en esta reforma se incluya un artículo similar al 115 de la Constitución de Mendoza, que establece limitaciones tendientes a impedir la inmediata sucesión entre gobernadores y vicegobernadores y viceversa como entre sus familiares hasta segundo grado.

    No deben repetirse situaciones escandalosas, como la maniobra que se intentó en San Juan para catapultar a la gobernación a un hermano del mandatario provincial, Sergio Uñac, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara que este no podía aspirar a un tercer mandato consecutivo, o como las sucesiones matrimoniales que han imperado en Santiago del Estero, tanto con el juarismo como con el actual régimen zamorista.

    Los gobiernos no forman parte, en una democracia, de los patrimonios personales de los mandatarios. Ese principio está en el espíritu de la Constitución nacional, de la que las constituciones provinciales no pueden apartarse.

    Es de esperar que este paso de Catamarca sea seguido por Santa Cruz y Formosa a la brevedad.

    Fuente: La Nación

  • ¡Quiero una familia!

    El conmovedor dibujo que ilustra este editorial lo envió Pilar, de ocho años, a la jueza que tiene a su cargo el proceso de adopción en la jurisdicción de San Martín, provincia de Buenos Aires. Pilar tiene dos hermanos mayores: Agustina, de 12, y Nicanor, de 10. Los tres llevan ya seis años institucionalizados en diferentes hogares. Hoy se encuentran en La Casita de Manos Abiertas esperando una familia. Se preguntaron, ¿por qué Martina tuvo una familia que la eligiera si llegó después que nosotros? Resulta difícil decirle que el juzgado no se ocupa como debería o que por ser tres hermanitos es más difícil que los adopten juntos o que solo hay postulantes dispuestos a ahijar niños pequeños… o darle cualquier explicación que se crea que puede resultar satisfactoria.

    Las causas de las increíbles e irrazonables demoras son muchas. Entre ellas, la burocracia de los organismos administrativos de protección de derechos, el exponencial incremento de causas y la complejidad de trabajo de los tribunales, la falta de una interacción coordinada entre juzgados y organismos administrativos, la resistencia de familias de origen que apelan todas las decisiones, la edad de los niños y la falta de la obligada perspectiva de niñez y debida diligencia reforzada con la que deben actuar todos los actores judiciales. Son ellas las principales causas que demoran las decisiones sobre adopción.

    Urge facilitar el camino a quienes, alejados de su familia de origen, pasan demasiado tiempo en instituciones u hogares de tránsito sin ser adoptados

    Merecen también un párrafo aparte dos cuestiones sustanciales: la falta de integración de las vacantes judiciales y el hecho de tratarse de un grupo de hermanos. Respecto de las vacantes, cabe destacar que, en San Martín, la falta de cobertura es del 50% de los juzgados. Ello obliga a los jueces titulares a atender en forma simultánea dos juzgados con la obvia duplicación de tareas que ello implica, con su impacto negativo directo en la materialización de una Justicia eficaz, humana y oportuna.

    Respecto de los grupos de hermanos, la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos informa que el 90% de los inscriptos como aspirantes a adopción están dispuestos a ahijar niños de hasta dos años de edad; menos del 7%, a adoptar niños entre 2 y 10 años, y menos del 1%, a adoptar a grupos de hermanos integrados por cuatro o más niños. Todo ello obliga a los juzgados a extremar las medidas para encontrar postulantes activando rápidamente convocatorias públicas.

    Como se advierte, ninguna de las dificultades apuntadas es decisiva por sí misma, pero todas confluyen en una vulneración sistemática de los derechos humanos más sagrados de los niños, privándolos de crecer y desarrollarse en una familia.

    La práctica de la escucha judicial de los niños de manera directa por los jueces, además de cumplir con tratados internacionales vigentes de jerarquía constitucional, debe estar presente en todos los procesos en los que ellos tienen derechos vulnerados. Se trata de un mecanismo invalorable para orientar las decisiones hacia el verdadero interés superior del niño, que es en última instancia el bien jurídicamente protegido más relevante en estos casos.

    Privarlos de crecer y desarrollarse en una familia vulnera los derechos más sagrados de los niños

    En muchos otros, los niños son víctimas de violencia, maltrato y abusos aberrantes, al punto de poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, a veces prima la irracionalidad. Aferrarse dogmáticamente a priorizar la familia de origen existiendo esos antecedentes pone en riesgo a los propios menores. Hemos comentado en varias oportunidades desde estas columnas decisiones equivocadas en tal sentido que costaron la vida al menor de edad.

    En el caso de estos tres hermanos a los que nos referimos, aceptaron ser separados con tal de ser recibidos en una familia. Lamentablemente, sin éxito hasta hoy.

    Una alternativa que probó su eficacia en casos como el que nos ocupa son las convocatorias públicas. Ello sucede cuando no existen postulantes en los registros locales ni a nivel país dispuestos a adoptar niños de las edades que tienen los niños a los que nos referimos.

    La experiencia indica que, agotadas la instancias señaladas, con esta herramienta se obtiene el resultado esperado. Como consecuencia de recientes convocatorias públicas, se han inscripto 379 familias interesadas en adoptar cinco hermanos y 35 familias en el caso de dos hermanos. Son tan solo algunos de los que recordamos y hemos destacado editorialmente.

    Ello demuestra que, a pesar de todas las trabas y contratiempos, algo funciona bien en el sistema cuando esta es la respuesta.

    Existen muchas familias que están invisibilizadas porque no se encuentran inscriptas, pero que, ante una convocatoria, reaccionan positivamente, tanto para el sistema como para los menores de edad. Los medios de comunicación estamos abiertos a colaborar en estas convocatorias de excepción siempre que se nos solicita.

    Guardamos la esperanza de que muy pronto Pilar y sus hermanos mayores puedan hallar esa familia que tanto desean y necesitan.

    Fuente: La Nación

  • La fiesta inolvidable

    Alguien va a pagar la fiesta a todo tren de Sergio Massa, candidato presidencial, ministro de Economía y factótum desde hace un tiempo del Gobierno, como lo fue el coronel Juan Perón durante la revolución de 1943. Hay una diferencia entre ambos, y curiosamente es a favor de Perón: este renunció a los cargos oficiales a partir del momento en que se lanzó a conquistar por los votos el poder que había conquistado dos años antes por las armas.

    Alguien va a pagar la fiesta, decimos, porque no se puede gastar alrededor del 1,2% del producto bruto interno a fin de hacer lo posible, y hasta lo prohibido por la ley, para que el candidato de Unión por la Patria triunfe en el balotaje del domingo 19. Hay fechas establecidas por normas vigentes a fin de que los postulantes que se hallen en funciones públicas cesen en el uso de los recursos públicos con objetivos proselitistas. Aquellos son, además, recursos obtenidos por exacciones no pocas veces confiscatorias, y siempre compulsivas, contra los contribuyentes.

    No ha habido en la historia electoral de la Argentina un caso parecido al de Sergio Massa, quien ha comprometido en términos fabulosos la economía nacional, haciéndolo al servicio de sus exclusivos intereses personales

    No ha habido en la historia electoral de la Argentina un caso parecido al de este candidato que ha comprometido en términos fabulosos la economía nacional, haciéndolo al servicio de sus intereses personales. El ministro sobre cuya gestión pudo decir uno de los dirigentes de la oposición que elevó en 4 millones el número de pobres de la Argentina y subió en un año el costo del dólar de 300 a 1000 pesos ha agotado con planes demagógicos, y una política desenfrenadamente patrimonialista, las últimas reservas de un Estado en toda la línea quebrado.

    Ha comenzado por dejar al campo en un suspiro con su insinuación de que se extienda a los bienes rurales en explotación el vulgarmente llamado impuesto a los bienes personales. Luego, lo acotó en un día a quienes poseen propiedades rurales en el exterior; otro día, lo ciñó a 450 explotaciones que seguramente estarán en Uruguay, Paraguay, y algo en Brasil y los Estados Unidos. Terminó, por el momento, en su interminable variación de trucos dialécticos, haciéndoles decir a sus voceros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que han sido instruidos para que analicen hipótesis de reducción impositiva al campo desde la perspectiva de una Argentina dispuesta a afianzar las exportaciones.

    Todo este enredo ha sido consecuencia del compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional de alcanzar en 2024 un déficit primario del 0,9 por ciento. ¿Cómo alcanzar un porcentaje tan estricto cuando a la mala praxis económica de un largo año habrá que sumar en adelante el pago de una fiesta preelectoral que será, por los montos en juego, no menos inolvidable que la de la película de Peter Sellers, como estrella central, que han celebrado por más de medio siglo audiencias de todo el mundo?

    Las consecuencias del escándalo por la terrorífica exacción al Estado para hacer campaña con el fin de arrimar votos a la fórmula presidencial del oficialismo deberán pagarlas el propio ministro-candidato y sus amigos políticos y no quienes vienen padeciendo la brutal mala praxis que deja al país más endeudado que nunca y sin reservas en el Banco Central

    Sí, quién pagará esta fiesta, como se preguntaron los integrantes de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias, al descalificar el “insoportable despilfarro de dinero de los últimos días en pos de lograr acompañamiento electoral”. No juegue con el campo, Massa, los productores saben distinguir las picardías porque las han conocido de todo tipo; con la ganadería, desde antes de que hubiera patria, en 1810 y 1816, y más tarde, con esa implantación extraordinaria de cultivos que arrancó con los gringos de Esperanza, en Santa Fe, y que desde se allí se extendió a casi todo el territorio nacional.

    Usted, Massa, conoce la entereza de los productores. Pusieron el pecho y dijeron basta al atropello inaudito del gobierno de Cristina Kirchner y su ministro de Economía Martín Lousteau, en 2008, con aquella absurda resolución 125 que pretendía esquilmarlos con la apropiación casi por entero de la renta sojera a partir de un cierto precio. Ese “yuyo”, que la entonces presidenta y hoy vicepresidenta en las sombras calificó con improcedente desprecio en aquella encrucijada política es el rubro de mayores ingresos de divisas para la Argentina.

    Se queda el Estado por retenciones o derechos de exportación con el 33 por ciento de su precio y se apodera, entre tantos otros valores, del 12 por ciento del trigo y del maíz. Después se aplican las otras gabelas, porque aquellas constituyen un verdadero asalto político, con consecuencias económicas mediatas gravísimas para todos, y directamente para la actividad agropecuaria. Por las carnes, el Estado se queda también con un alícuota discriminatoria: del 9 por ciento, en su caso, y así con otros productos.

    El campo sabe distinguir entre los verdaderos timadores y los que usan el tipo de prepotencia que sentó reales en el poder con los dos Kirchner como presidentes. En lo que no puede ni debe distinguir es en las políticas que ignoran en los hechos, cualquiera fuere la forma de su expresión, lo que el campo representa para el interés general del país. Haber enviado a la Cámara de Diputados de la Nación una separata a la ley de presupuesto 2024 con las exenciones a todo tipo de impuestos o jubilaciones, regímenes de excepción industrial, como la monstruosidad que lleva a desarmar y armar electrodomésticos en Tierra del Fuego, o subsidios que han desangrado la economía real, no legitima en modo alguno ninguna intención de extender el gravamen a los bienes personales a la propiedad rural en explotación. Ni siquiera con el camelo de que eso se deja a la consideración de los legisladores.

    Por comenzar, se trata de un impuesto que se emparienta con la eliminación en su tiempo, pero no reconocida por Buenos Aires y alguna otra provincia, del impuesto a la herencia. Si se extendiera a los bienes personales –las sociedades ya están gravadas–, habría una superposición de contribuciones inadmisible con lo que cobran las provincias, por impuestos inmobiliarios, y los municipios, por tasas a la mejora y mantenimiento de caminos que con más frecuencia de la deseada se hallan en regulares o pésimas condiciones. Eso sin contar el peso de las retenciones y otros impuestos que agobian al campo.

    Erró fiero el secretario de Estado del área, Juan José Bahillo, cuando contestó las aprehensiones públicas de las entidades agropecuarias, diciendo que “intentan sembrar miedo innecesario”. Olvida que el gato escaldado teme hasta del agua fría. El campo alza la voz una vez más para reclamar que lo dejen trabajar sin sobresaltos, sin “miedos innecesarios”, justo ahora que comienza a hacerse sentir El Niño y con él la promesa de dejar atrás una gravísima sequía y lograr para el país una gran campaña agrícola, a pesar de los reveses sufridos a esta altura por el trigo a raíz de la adversidad de diversas condiciones climatológicas.

    El escándalo por una fiesta sin duda inolvidable, pero por lo terrorífica, lo deberán pagar el candidato- ministro y sus amigos políticos. No quienes sufren en su actividad hasta por el freno a las importaciones de fertilizantes y fitosanitarios como derivación fatal de un gobierno que ha dejado al país más endeudado que nunca, y sin reservas en el Banco

    Fuentte: La Nación

  • Sigue faltando una política deportiva de largo aliento

    Los recientes Juegos Panamericanos, llevados a cabo en Santiago de Chile, terminaron con un sabor agridulce para los argentinos. Es que, más allá de algunos resonantes y emotivos triunfos, la representación de nuestro país obtuvo 17 medallas doradas y un total de 75 preseas, cuando cuatro años atrás, en los juegos disputados en Lima, había cosechado 33 doradas sobre un total de 101. El séptimo puesto conseguido por la Argentina en Santiago marca un retroceso con respecto al quinto lugar obtenido en Lima en 2019.

    Este retroceso argentino en el medallero –encabezado, como de costumbre, por los Estados Unidos– puede explicarse por el hecho de que diez disciplinas deportivas cosecharon menos oros que los conseguidos en los juegos realizados cuatro años atrás. Particularmente magra resultó la cosecha para el remo, un deporte que en otras épocas le dio enormes alegrías a la Argentina: pasó de cuatro medallas doradas en Lima a ninguna en Santiago. La natación también descendió de cuatro oros a cero. El canotaje cayó de cuatro a dos; el ciclismo de ruta, el patín artístico, el taekwondo, la arquería y el voleibol pasaron de uno a cero, y la pelota, de tres a dos.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-medallero/index.html?initialWidth=773&childId=anexo-2OLF6IV4EBGA7EY23YTKTO257Y-0&parentTitle=Sigue%20faltando%20una%20pol%C3%ADtica%20deportiva%20de%20largo%20aliento%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feditoriales%2Fsigue-faltando-una-politica-deportiva-de-largo-aliento-nid08112023%2F

    El palista Agustín Vernice, con dos preseas de oro, y María José Vargas, con cuatro podios en racquetball, sumando sus actuaciones individuales y por equipos, fueron los deportistas argentinos que sobresalieron por su número de conquistas. Los deportes que más medallas aportaron fueron el canotaje, con un total de siete, y la pelota vasca, con seis, seguidos por el yachting y el tenis, con cinco cada uno, y el esquí acuático, con cuatro.

    Una vez más, la mayor fortaleza del deporte argentino se advirtió en disciplinas colectivas como el hockey, donde las Leonas y los Leones ratificaron su predominio con sendos oros; el handball, que les dio el oro a los varones y una medalla de plata a las mujeres; el básquetbol, que además del primer puesto para los hombres premió con una histórica medalla de bronce al equipo femenino, y el rugby. Se trata de tradicionales especialidades a las que, desde estos juegos, habrá que sumar al waterpolo masculino, que logró una medalla de bronce luego de 60 años.

    Pese al balance desfavorable en la comparación con la performance general de hace cuatro años, son destacables algunas actuaciones individuales.

    Sorprendió gratamente el atletismo, por la medalla dorada obtenida por Belén Casetta, quien alcanzó el récord panamericano en los 3000 metros con obstáculos; por la no menos histórica medalla de plata lograda por Florencia Bonelli en la maratón, y por la confirmación de Germán Chiaraviglio, que obtuvo el segundo puesto en salto con garrocha. No menos importante fue la medalla de bronce conseguida por los varones en la posta de 4 por 100 metros, con récord argentino incluido.

    El retroceso general en el medallero puede reconocer múltiples factores. Podría mencionarse desde el calamitoso estado de la pista nacional de remo, en Tigre, castigada por el abandono y la desidia desde hace mucho tiempo, hasta el desinterés del sector privado por apoyar deportes alejados de los negocios que brinda el profesionalismo. Pero, sin dudas, sigue existiendo una asignatura pendiente, dada por la falta de políticas de largo aliento para el deporte amateur, que vayan más allá de una estrategia cortoplacista enfocada a obtener determinado número de medallas en una competencia.

    Agustín Vernice ganó dos medallas doradas en sendas pruebas de canotaje en los Panamericanos de Santiago
    Agustín Vernice ganó dos medallas doradas en sendas pruebas de canotaje en los Panamericanos de SantiagoCARLOS ACUNA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT – PHOTOSPORT CHILE

    No pasa exclusivamente el diseño de esas políticas por la inyección de recursos presupuestarios. La cantidad puede importar, pero mucho más trascendente es la calidad de la inversión y la capacidad de una dirigencia deportiva que muchas veces no ha estado a la altura del compromiso que de ella se espera, sino que ha privilegiado sus intereses particulares, cuando no políticos.

    La crisis económica que vive la Argentina torna difícil imaginar que pueda mejorarse fuertemente el presupuesto nacional para el deporte, especialmente en un país que se ha quedado sin reservas y que no puede afrontar los costos en dólares que requerirían algunas especialidades deportivas. Será necesario definir un rumbo claro para el deporte de alto rendimiento y acertar en la elección de las mejores personas para gerenciar esta política de Estado.

    Fuente: La Nación

  • La salud mental, en agenda

    Según la Organización Panamericana de Salud, en la región de las Américas, continúa persistiendo la discriminación contra personas con problemas de salud mental, muchas de las cuales carecen de acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y, en algunos casos, a abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas.

    Resulta, en tal sentido, interesante, un informe de la consultora estratégica Voices! y de Win International, que consultaron a 28.702 individuos de 39 países alrededor del mundo sobre aspectos relacionados con su vitalidad; entre ellos, el estado físico, el peso, el estado de ánimo y los niveles de estrés percibidos. Un dato sorprendente fue que la Argentina resultó el país de América Latina con peor evaluación del estado anímico. Esto se manifiesta en que un 68% de los argentinos autopercibe su estado de ánimo como bastante bueno o bueno, contra el 28% que lo califica como bastante malo o malo. Si a estos indicios se los compara con años anteriores, se puede reparar en que hay una disminución muy notoria y preocupante en comparación con los resultados de 2018, donde más del 85% de los argentinos sostuvo que su estado de ánimo era calificable como positivo.

    Jaqueados por los múltiples efectos de una pandemia y con una economía local desquiciada, la salud mental de los argentinos merecería mayor atención. El aumento de síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida reportado por la Facultad de Psicología de la UBA no sorprende, pero preocupa, además de alimentar prejuicios y tabúes siempre vigentes en relación con la salud mental. Los grupos etarios más vulnerables identificados a partir de la pandemia son los niños, los adolescentes y las personas mayores.

    Las compras de psicofármacos por parte del Estado podrían acercar un panorama, pero la falta de transparencia y trazabilidad del sistema vuelve imposible su rastreo. La mejora en la capacidad de respuesta para atender enfermedades crónicas no transmisibles no se dio con los padecimientos mentales.

    El presupuesto de salud mental no parece suficiente cuando constituye la décima parte de lo que indica la ley y apenas el 1,3% del presupuesto nacional de salud. La norma nacional vigente, aprobada en 2010, para muchos sin evaluación seria sobre la afectación de la salud mental de los argentinos, proponía avanzar en una llamada “desmanicomiolización”, esto es en la sustitución del sistema de atención en hospitales psiquiátricos por uno de salud mental comunitario, con hospitales y centros de atención primaria, además de dispositivos intermedios como hospitales de día y viviendas asistidas, que brinden atención continua, con profesionales especializados y adecuadamente preparados. Pero la insuficiencia de recursos nos aleja del objetivo, además de que el pase de un paradigma a otro debe contemplar los grises. Numerosos profesionales denuncian la falta de decisión política para implementar una norma de hace más de diez años que pese a haber constituido un avance ha encontrado problemas en su aplicación al proponer pasar del ya comprobado ineficaz e ineficiente hospital psiquiátrico a los nuevos modelos vigentes en el mundo.

    Los legisladores nacionales escucharon los atribulados reclamos de familiares sobre falta de seguimiento, asistencia con equipos móviles, casas de día, educación y grupos de autoayuda para personas con problemas de salud mental que requieren contención a tiempo. Marina Charpentier, madre del popular Chano, planteó la desesperante y desgarradora situación de quienes, como ella, llevan demasiados años buscando soluciones eficaces. Erigida en la voz de muchos, insistió en el generalizado reclamo de modificar una ley que ha mostrado serias deficiencias en cuanto a quién decide sobre la necesidad de una internación psiquiátrica. Claramente, un adicto al consumo de sustancias –tercera causa de consultas en salud mental– que disponga de los medios para hacerlo puede no acceder a internarse, ante la muchas veces desesperada mirada de sus seres queridos que nada pueden hacer para ayudarlo, como planteó la madre del músico. Lo mismo ocurre ante alguien con un brote psicótico, situaciones que pueden comprometer la seguridad de terceros también, como ocurrió con el policía asesinado frente al MALBA el año pasado. Estos problemas tristemente cotidianos de miles de personas alcanzan alguna visibilidad por el protagonismo de un famoso o por la espectacularidad de una trágica consecuencia. Pero allí están, aguardando atención y resolución.

    El controvertido artículo 20 de la norma plantea que la internación “debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”, y que solo podrá efectivizarse ante “una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, difícil de sopesar. Las demoras en la práctica pueden tener peligrosos efectos por lo que se ha sugerido también un cambio mínimo en la ley que demande la intervención del equipo multidisciplinario cuando el paciente ya haya sido internado y no como condición previa. Hay también profesionales que aducen que no pueden internar porque la ley se los prohíbe y otros que recogen que la norma plantea la internación involuntaria, más alejada de la judicialización del pasado y a sola firma de un psicólogo o psiquiatra que avale la internación. Para muchos, el problema no es la ley sino las dificultades o fallas en su implementación.

    Años atrás, el entonces diputado Jorge Enríquez preparó un proyecto que rescata el rol del médico psiquiatra como el más idóneo para resolver una internación, contemplando también la actuación de juntas multidisciplinarias ante situaciones de mala praxis. Así como hay excelentes profesionales, lo delicado de las cuestiones involucradas también se presta para el abandono de pacientes, con todo lo que ello acarrea para su posterior seguimiento y estabilización. Además, no podemos desconocer las enormes fallas de un sistema en el que muchos no encuentran cabida para sus tratamientos, principalmente en el caso de adictos, sin coberturas ni medios, con peligro para sí y para la sociedad.

    Cada quien necesita una intervención distinta y el abordaje integral debe indudablemente incluir la contención a las familias. En más de una década, las mejoras que la ley entonces dictada proponía se toparon con el desfile de siete directores nacionales a cargo del área específica y un presupuesto insuficiente. Mientras tanto, las demoras –cuando no la falta de asistencia– para personas con trastornos mentales se traducen en su mayor deterioro, desafiando también la constancia y capacidad de sostenerlas de su círculo cercano. La salud mental debe ser prioridad en la agenda de cualquier gobierno. No podemos demorar este debate.

    Fuente: La Nación

  • Primeras conclusiones del proceso sinodal

    Una dificultad objetiva para poder seguir y entender los acontecimientos eclesiales es de lenguaje: la Iglesia tiende a manifestarse de un modo que puede resultar críptico para el público en general y que supone algunos lugares comunes que solo comprenden los iniciados en estas labores. En ese sentido, se advirtió en el sínodo que acaba de concluir otra etapa en Roma un esfuerzo por parte de muchos participantes por expresarse de manera sencilla y clara.

    A esto se suman otros factores, como por ejemplo la convocatoria a una asamblea que se extiende durante tres años (comenzó en octubre de 2021 y concluirá en octubre de 2024), de la cual participan 460 miembros, 365 con derecho a voto de todos los continentes. De los participantes, solo 81 son mujeres, el 17% del total, y 54 de ellas tienen derecho a voto.

    Hubo quienes se preguntaron por qué se convocó a un sínodo y no a un concilio. Corresponde considerar que un concilio supone otra organización y apunta a otros fines específicos. Un sínodo como este convocó a la jerarquía, a los expertos y a los laicos, hombres y mujeres, y se desarrolló en numerosos encuentros con diálogos en pequeños grupos, momentos de discernimiento, conversaciones espirituales, escucha y oración dedicada a solicitar la presencia del Espíritu Santo, como quien puede iluminar a la hora de tomar decisiones. El anhelo por la paz estuvo siempre presente frente a un mundo sumido en conflictos bélicos.

    En estas semanas, algunas personalidades marcaron los momentos más relevantes. Por ejemplo, las meditaciones del fraile dominico inglés Timothy Peter Joseph Radcliffe.

    Pero cuando se atiende al título de ese sínodo sobre la sinodalidad o bien parece un juego de palabras, o de otra manera hay que ir más en profundidad. La sinodalidad, tal como propuso el papa Francisco y lo subrayaron muchos miembros del encuentro, señalaría otra forma de sentir y vivir la Iglesia. En ese sentido, estaríamos ante una de las grandes tareas de este pontífice en su misión de renovar la institución de su grey: “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, explica el Papa. “Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra ‘Sínodo’. Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de Roma– es un concepto fácil de expresar, pero no tanto de llevar a la práctica”. La sinodalidad encuentra entre sus fuentes tanto las crónicas de la vida de los primeros cristianos como el mismo Concilio Vaticano II. Curiosamente, algunos observan cierta distancia entre la personalidad de Bergoglio, inclinado muchas veces a tomar decisiones inconsultas sobre la base de sus intuiciones y convicciones personales, y este vigoroso llamado a la sinodalidad.

    Algunos temas se entrecruzaron con un clima de gran libertad para exponer y de reserva para respetar, precisamente, esa libertad. La sinodalidad, entendida como una manera de caminar juntos como pueblo de Dios, es una forma de ir hacia una renovada concepción de la Iglesia, ajena a las estructuras a veces rígidas o demasiado cristalizadas. El Papa insistió en cuidarse del clericalismo, que afecta tanto a la jerarquía como a los sacerdotes y a no pocos laicos. No está dicho que Bergoglio no haya conocido esos defectos, pero ciertamente comprende con claridad la amenaza de esa mentalidad.

    En otro orden, también se percibió que había temas no resueltos hoy en la Iglesia. Las tensiones entre las manifestaciones de la Iglesia alemana y la norteamericana no dejaron de llagar a la asamblea, que sin embargo optó por privilegiar el encuentro libre y fraterno, y dejar para más adelante otras problemáticas como el acceso de la mujer al ministerio o la opción por el celibato optativo de los sacerdotes.

    ¿Qué influencia tendrá la movilización de todo un sínodo como este en la vida cotidiana de los católicos? ¿Significará algo para las nuevas generaciones? ¿Acrecentará o no el diálogo ecuménico e interreligioso?

    Es de esperar que la Iglesia argentina comunique ahora de la forma más efectiva la importancia de este evento internacional que ha convocado a gran parte de la Iglesia universal.

    Fuente: La Nación

  • La prepotencia de un Estado impotente

    Desde que asumió Néstor Kirchner, la Argentina adoptó el modelo económico venezolano. En la tierra de Hugo Chávez, se subsidiaron los alimentos, la energía y el transporte con la renta petrolera. La salud y la educación ya eran públicos allí y aquí. En nuestro país, se quiso utilizar la renta del campo para compensar la diferencia entre los precios internos y los costos reales. Ambos creyeron lograr el mundo feliz que imaginó Aldous Huxley sin tanta alharaca literaria, mientras tuvieron las arcas llenas.

    En la Argentina, el Kirchner epónimo pretendió así solucionar el desequilibrio de precios relativos que estalló al abandonarse la convertibilidad, debido al gasto público creciente, sostenido por una economía no competitiva y carente de mercado de capitales. Desde 2003 postergó el ajuste con subterfugios para disimular que los argentinos quedamos “desacoplados” del mundo, para que no saltásemos de la olla hirviendo como la rana del cuento. Pero ahora, el hervor es insoportable.

    Cristina Kirchner hizo de ese dislate una teoría a la que adhirieron tanto Alberto Fernández como Sergio Massa. Según ella, la llave de la prosperidad de los pueblos consiste en alinear los precios con los salarios e impedir que la mano invisible aleje de los bolsillos los productos y servicios de la “mesa de los argentinos”. Si los costos aumentan, más duros deberán ser los “aprietes” y mayores los subsidios para compensar las brechas. No tomó en cuenta los incentivos perversos que se desatan cuando esa llave abre la caja que Zeus le regaló a Pandora. No aprendió su teoría en Harvard ni en la Universidad de La Matanza, sino de su mentor intelectual, el gobernador Axel Kicillof, a quien la patria tanto le debe en materia de pasivos externos.

    En “El ABC del Comunismo”, de Nicolás Bujarin y Eugenio Preobazhensky, el manual más difundido en la URSS y en la Cuba de Fidel Castro, se explicaba la mecánica del Estado como si todos fuesen marionetas obedientes del poder político. No dedica ni un solo capítulo a los incentivos que suscitan los precios y los controles sobre la conducta humana. Ni a los incentivos para cooptar, someter o corromper que guían las decisiones de toda nomenklatura. Para Bujarin y Kicillof, los incentivos son irrelevantes pues el Estado tiene poder de compulsión para prohibir y controlar, subsidiar y gravar, amenazar y confiscar, clausurar y sancionar, procesar y condenar. Así lo supo ejercer Néstor Kirchner y así lo aplica Massa, su discípulo en ciernes.

    Como el interés individual funciona también en la órbita estatal, burócratas y militantes transan favores tras bambalinas. No solo con hoteles y bolsos, sino subastando resoluciones que dan acceso a créditos baratos, a las SIRA, a los dólares oficiales, a las excepciones y a las exenciones, determinan quiénes pasarán a planta permanente o ascenderán como favores políticos y qué grupos piqueteros administrarán subsidios y quienes accederán a despachos oficiales. No existe el Estado equitativo y benévolo que imaginaba Friedrich Hegel: es otra forma de mercado donde opera la lapicera, como bien dijo Cristina Kirchner, su admiradora.

    Los controles de precios desalientan la producción, las tarifas baratas incentivan el dispendio y su congelamiento provoca apagones. La “brecha” alienta maniobras cambiarias, mientras la nefasta ley de alquileres reduce la oferta habitacional, en tanto las “puertas giratorias” inducen el delito y la impunidad, la corrupción

    No es necesario leer a Javier Milei para saber cómo funcionan los mercados cuando el Estado prepotente aplica el manual populista; basta con ser argentino y haber vivido en este país durante los últimos 50 años. Ahora hay faltantes de combustibles, de elementos para la salud, de repuestos para vehículos y de insumos para las industrias. De igual manera, escasean la mano de obra para las cosechas, los médicos en las cartillas y los operarios para las fábricas. Faltan mercaderías en ciudades fronterizas, porque los vecinos arrasan con todo lo que encuentran, además de llenar los tanques de sus vehículos. Vivimos en la Argentina regalada para quienes vienen del exterior y carísima para quienes ganan en pesos.

    El populismo y la ignorancia, su prima hermana, han soslayado tantas veces las reglas del sentido común que nuestro país podría destacarse en el Guinness del fracaso. Es sabido que los controles de precios desalientan la producción, que las tarifas baratas incentivan el dispendio y que su congelamiento provoca apagones. Que la “brecha” alienta maniobras cambiarias, mientras la nefasta ley de alquileres reduce la oferta habitacional, en tanto las “puertas giratorias” inducen al delito y la impunidad alienta la corrupción. Que los créditos subsidiados fomentan la especulación y los cepos invitan a la fuga de capitales. Que las moratorias estimulan el incumplimiento, que la industria del juicio perjudica el empleo, que las cajas sindicales enriquecen a los sindicalistas, que las pautas publicitarias oficiales facilitan los “retornos” y que siempre favorecer al indolente descorazona al meritorio.

    La prosperidad colectiva nunca se logrará forzando precios a la baja para alinearlos con salarios cada vez más degradados por la inflación. Esa caída en tirabuzón, que implica mayor emisión monetaria, solo puede detenerse mediante un “shock de confianza” que incluya el correcto alineamiento de incentivos. El orden social es frágil y solo se sostiene con la aplicación regular y constante de reglas de juego no discrecionales, de acceso abierto y percibidas como equitativas. Eso inducirá al trabajo productivo, al empleo formal y a la elevación genuina del nivel de vida.

    Si por miedo al cambio, por sumisión a los intereses creados o por una ideología extraviada se pretende mantener el statu quo financiando el sempiterno desajuste con la soja, el gas esquisto, el litio o el cobre sin introducir reformas para reducir gastos, ganar competitividad y abrir la economía al mundo, los incentivos perversos continuarán medrando dentro y fuera del Estado. Con su resultado de pobrismo distributivo y capitalismo de amigos, estandartes de una decadencia anunciada.

    Solo cuando los salarios se alineen con los precios y no a la inversa, lograremos vivir en normalidad, como los países vecinos. El poder de compra solo crecerá cuando se fortalezca la moneda por confianza y no con aumentos de papel. Si el nuevo gobierno generase dudas con respecto a su vocación o su capacidad para adoptar las medidas necesarias para estabilizar y crecer, estaremos en el peor de los mundos posibles: asediados por un “Estado presente” más prepotente y, a la vez, más impotente.

    Fuente: La Nación

  • El sistema de salud, en crisis (Última parte)

    Tal como señalamos en nuestro editorial de ayer, la situación del sistema de salud argentino está frente a una profunda crisis, a la cual no son ajenos los prestadores privados que ofrecen la más alta complejidad médica en el país y que, a sus problemas de financiamiento, suman hoy la falta de provisión de insumos importados, necesarios para la atención de la población.

    Seis directores de estas instituciones han tenido que salir del silencio que se habían impuesto hace cinco años, cuando surgió la inquietud de conversar sobre los problemas que estaban enfrentando en un sistema que iba deteriorándose. Así nació el autodenominado Grupo de los Seis (G-6).

    Se trata de los hospitales Italiano, Británico y Alemán, la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), la Fundación Favaloro y el Hospital Universitario Austral. Sus responsables médicos tomaron la decisión de ser protagonistas y de que se los escuche, no solo por la importancia de los centros de salud que representan, sino por ser actores fundamentales en el sistema de salud del país, a cargo de entidades sin fines de lucro, dedicadas a la más alta complejidad, con prestigio y reconocimiento internacionales.

    Hasta ahora trataron de manejar las dificultades con la mayor eficiencia posible, con los ingresos y su distribución equitativa, buscando no afectar la calidad que los distingue. Pero se ha llegado a un punto en que ni así es viable continuar. La responsabilidad que pesa sobre sus espaldas es enorme y, si no se adoptan las medidas correctivas necesarias, la atención médica, desde las prácticas o consultas más simples hasta las más sofisticadas, no podrán realizarse o verán más limitada aún su accesibilidad.

    La crisis económica no solo ha derivado en menor poder adquisitivo de la población, sino que también está teniendo un fuerte impacto en el sistema de salud en su conjunto. La devaluación se trasladó de inmediato a los costos y las restricciones cambiarias impactan de lleno en esta actividad, que ya de por sí posee una dinámica inflacionaria propia, por encima del nivel general, que impacta directamente en los costos de las prestaciones.

    La devaluación del peso se trasladó de inmediato a los costos y las restricciones cambiarias impactan de lleno en la actividad

    Ante esta situación, urge adoptar medidas que apuntalen el financiamiento del sector. No nos referimos solo a los medicamentos. Carecer de reactivos y demás insumos o de repuestos para equipamiento, entre otros, torna imposible dar respuesta a las necesidades más elementales de los pacientes.

    Cabe mencionar que las citadas seis entidades de salud también destinan recursos a la docencia e investigación biomédica y a la formación profesional. Emplean, juntos, a más de 20.000 personas, incluidos 6500 médicos, 4300 enfermeros, 1600 residentes y 7500 empleados no médicos; por año, atienden más de 6 millones de consultas, realizan más de 105.000 cirugías, superan los 1000 trasplantes y cubren unas 125.000 internaciones con sus 1800 camas. Su voz no puede ser ignorada.

    A pesar de la gravedad por la que atraviesa el sistema, la salud quedó fuera de la discusión en estos tiempos electorales, en momentos en que obras sociales y empresas de medicina prepaga se vuelven cada vez más frágiles y cuentan con cada vez menos prestadores de servicios médicos.

    Cabe preguntarse cómo una cuestión que cobró centralidad desde la irrupción del Covid-19 y que ahora se ve agravada por un grave problema de financiamiento no estuvo presente en los debates presidenciales llevados a cabo el 1° y el 8 de octubre.

    Si bien las nuevas autoridades que gobernarán la República asumirán el próximo 10 de diciembre, la gravedad del sistema de salud requiere la adopción de medidas urgentes que pongan fin al desfinanciamiento que sufre el sector y que destraben la comercialización de los insumos importados.

    En tal sentido, unas 30 instituciones de la salud han planteado que su situación se halla “casi al límite” por cuanto los proveedores les informan que se están acabando los stocks y que desde mayo último no acceden al dólar oficial para importar esos insumos, indispensables para la continuidad de las prácticas médicas. Nada justifica demorarlas cuando la salud y la vida de los argentinos están en peligro.

    Fuente: La Nación