Categoría: Entrevistas

El gobierno de Javier Milei enfrentará uno de los escenarios más difíciles y desafiantes que haya encontrado presidente alguno desde el retorno de la democracia en 1983, ya que a las graves desequilibrios macroeconómicos hay que sumar un nivel de pobreza que afecta a más del 40% de la población.

Una inflación proyectada en torno del 190% para todo 2023, un sensible atraso tarifario, una deuda pública que ronda por todo concepto los 419 mil millones de dólares, un déficit fiscal crónico, un mercado cambiario atado a cepos, una brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que supera el 150%, un Banco Central con reservas negativas y una elevadísima tasa de riesgo país que nos coloca fuera del mercado de crédito internacional son apenas algunos indicadores de la monumental crisis económica y financiera que atraviesa la Argentina.

Como resultado de semejantes inconsistencias, sumadas al intervencionismo estatal, a la desmedida presión impositiva para los contribuyentes y a la falta de seguridad jurídica, nuestro país ha venido perdiendo terreno en cuanto a su participación en el comercio mundial, agravando así el problema derivado de la escasez de divisas. Durante el año último, las ventas al exterior de la Argentina apenas representaron el 0,34%, cuando en 1940 alcanzaban el 2,4%, al tiempo que el número de empresas exportadoras se redujo a la mitad en los últimos 15 años. Semejante situación habla a las claras de la necesidad de dejar atrás el sesgo antiexportador impuesto por gobiernos que alentaron arbitrarias intervenciones en el comercio exterior, agravadas por el cepo cambiario.

La inseguridad jurídica, el exceso de regulaciones en la economía y el fuerte déficit fiscal, que ha sido durante las últimas décadas la principal fuente de un proceso inflacionario cada vez más descontrolado, no han hecho más que desalentar la inversión productiva y generar un estancamiento en la creación de empleo privado.

Junto a la necesidad de desarmar las fuentes de desequilibrio que afectan las cuentas del Estado, las nuevas autoridades deberán promover una revolución en las relaciones del trabajo, tendiente a facilitar la contratación de trabajadores y a mejorar de la productividad laboral. Luego de décadas de prédicas que apuntaron a garantizar una falsa protección de los trabajadores, será menester instrumentar un marco jurídico que posibilite la creación de más empleos a través de la baja de los impuestos al trabajo y una efectiva defensa contra el desempleo sin convertir al despido en un evento infranqueable que termine siendo destructivo para la continuidad de las empresas, en particular de las más pequeñas.

El mayor desafío del futuro gobierno nacional será, ante todo, recobrar la credibilidad que hace tiempo perdió una dirigencia política que se acostumbró a servirse a sí misma, mediante la creación de más y más privilegios, en lugar de servir al bien común.

El hartazgo de la ciudadanía frente a la explosiva combinación de ineptitud con corrupción que exhibieron los regímenes populistas que gobernaron la Argentina derivó en el apoyo a una figura sin mayores antecedentes políticos, cuya principal virtud a los largo de la campaña electoral fue interpretar en forma correcta el cansancio social ante una dirigencia a la que acertadamente identificó como una casta y trazar un diagnóstico crudo pero a la vez certero sobre un Estado elefantiásico que solo supo dilapidar recursos sin brindar soluciones de fondo a los problemas de la gente.

Pero para recrear la confianza, el futuro presidente de los argentinos no solo deberá plantear soluciones creíbles para el sinfín de problemas descripto. Deberá demostrar que sabe tanto de economía como de política, para articular los necesarios acuerdos que le permitan gobernar con apenas 38 diputados nacionales sobre 257 y con solo 7 senadores nacionales sobre 72. Será crucial, en el mismo sentido, que desde el primer día de su mandato, responda con la energía necesaria ante las amenazas de grupos sindicales y de organizaciones de piqueteros que no parecen dispuestos a perder sus rentables nichos de poder y sus privilegios.

Resulta imprescindible que el futuro presidente de la Nación no cometa el error de no explicitarle a la sociedad la dimensión de la pesada herencia que recibirá, producto de políticas que han hecho del despilfarro del gasto público y del desaliento de la inversión productiva una constante, además del irresponsable populismo electoral que contribuyó a hacer trizas las finanzas del Estado en los últimos meses. Hará falta una cruda descripción de la realidad, absoluta franqueza y no poca docencia para que prime un mayoritario espíritu de colaboración entre los argentinos y terminar con un modelo populista que nos ha conducido a la ruina.

Fuente: La Nación

El desarrollo de la tecnología, la velocidad de internet, los teléfonos inteligentes, el uso masivo y creciente de redes sociales y la escasa o nula regulación han propiciado las condiciones para un nuevo comportamiento social compulsivo, íntimo y silencioso: las apuestas online.

La expansión de las apuestas deportivas y el juego online se revela como una nueva forma de vicio especialmente peligroso para los adolescentes. Los menores de edad irrumpieron con fuerza en este mercado haciendo sonar todas las alarmas. Hay estudios que revelan un dato estremecedor: el 50% de jugadores que comienzan apostando siendo menores de edad, acaban siendo adictos al juego.

Tras la pandemia de Covid-19 se evidenció un nuevo fenómeno: el crecimiento de ese tipo de juegos entre adolescentes y preadolescentes. Son chicos que apuestan con el teléfono a partir de los 13 años, en grupo o solos, e incluso en horario de clases, y que están muy activos en las redes sociales, a merced de influencers que promocionan glamorosamente las apuestas en casinos virtuales.

El problema se hizo tan evidente que algunas escuelas comenzaron a dar charlas de prevención y a enviar comunicados a las familias pidiendo que hablen del tema en las casas. La adicción se irá instalando, de manera más sencilla por la vulnerabilidad de los jóvenes que duplican o triplican sus chances de caer en ludopatías antes de los 20 años. Tanto los juegos de apuestas online como presenciales están prohibidos para los menores de 18 años. Sin embargo, poco se hizo para regular el acceso irrestricto a través de la tecnología y se descuida a esa franja etaria.

Por ese y otros motivos, no resulta extraño que la Argentina aparezcca en un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como el país de la región en el que los jóvenes pasan más tiempo en internet, un promedio de cuatro horas por día.

Los expertos coinciden en que es complejo poder detectar cuándo el gusto por el juego se convierte en un problema. Aconsejan estar atentos a cambios abruptos de ánimo, si están eufóricos o muy tristes de repente. También sugieren prestar atención si hablan demasiado sobre el juego o si se pasan extensos períodos usando el teléfono celular.

Sobre este tipo de apuestas cabe mencionar una muy saludable y necesaria iniciativa: el proyecto presentado en agosto último por la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), que busca restringir el horario de la publicidad de los juegos de azar en línea y también circunscribir el pago de las apuestas virtuales al uso de tarjetas de débito, con el objetivo de evitar la acumulación de deudas.

Se trata de prevenir el juego patológico online y evitar consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social. El proyecto contempla que la publicidad del juego en línea solo pueda exhibirse en la franja horaria que va de la una a las cinco de la mañana, ya sea tanto en televisión, radio, plataformas de contenidos de internet, redes sociales como páginas web y aplicaciones.

Las publicidades no podrán en ningún caso estar orientadas a menores de 18 años y estarán prohibidas aquellas en las que participen deportistas, personajes famosos o figuras de relevancia pública. Tampoco podrán incitar directamente al consumo del usuario y estará prohibido el otorgamiento de bonos o vales de captación.

El proyecto contempla que no estarán autorizadas tampoco las publicidades que difundan expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar ni aquellas que asocien el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo.

Por otra parte, se solicita como requisito que se disponga de un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace.

A pesar de las consecuencias que trae aparejadas la adicción al juego y su inicio a edades cada vez más tempranas, el proyecto presentado por la diputada Campagnoli no ha sido tratado en ninguna comisión legislativa. Los intereses en juego, valga la redundancia, son enormes. Es de esperar que la nueva integración de las Cámaras revierta esta situación y se apruebe esa iniciativa a la mayor brevedad posible.

Fuente: La Nación

Cuando Eva Perón pronunció su famosa frase “cuando hay una necesidad, existe un derecho”, acuñó un célebre epítome de justicia social, según ella la entendía. Sin embargo, jamás hubiera imaginado que, 71 años después de su fallecimiento, la Argentina sería un país en decadencia, asolado por la pobreza, el hambre infantil, la deserción escolar y el narcotráfico, luego de décadas de gobiernos que repitieron esa consigna, invocando su nombre y amparándose en su imagen.

La frase ha suscitado debates respecto de la definición de derechos y del rol del Estado para satisfacerlos. Ante al drama actual, no tiene sentido responder al kirchnerismo, pues está claro que ha sido una muletilla de militancia –relato– para hacer crecer el Estado y agrandar sus “cajas” sin pretensiones académicas.

La ciudadanía ha descubierto que la justicia social ya no tiene por objetivo hacer prósperos a los obreros, felices a las familias y privilegiados a los niños, sino dar bienestar a los empleados estatales, quienes “materializan las políticas públicas” a cualquier costo y en su propio y exclusivo beneficio privado

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en un foro sobre Derecho y Populismo en la Universidad de Chile, explicó, con sentido común, que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad en un mundo de escasez. Fue por ello acusado de neoliberal y atacado por quienes han canjeado la justicia social por privilegios corporativos que ahora pretenden retener a toda costa.

El juez se refería a aquellos derechos que implican prestaciones del Estado, financiadas con recursos públicos. Pues hay otros derechos, también comprendidos en la frase de Eva Perón, que afectan relaciones entre particulares sin involucrar al erario público, como las relaciones laborales, los contratos de alquiler y la salud privada.

En esos casos, aunque no impliquen gastos, se producen “descalabros” si se crean derechos ignorando los incentivos humanos. La litigiosidad laboral ha causado el nivel más bajo de empleo regular que se recuerde; las leyes de alquileres, la desaparición de oferentes de viviendas y las que establecen prestaciones obligatorias a las prepagas (sobre todo, en discapacidades) las han “fundido” como financiadoras del sistema de salud, afectando también a médicos, sanatorios y laboratorios.

Si donde hay una necesidad existe un derecho, nadie explicó por cual ventanilla atiende la justicia social y cómo se saca turno, pues en los ministerios difícilmente contesten y, en las empresas, menos

Para los pensadores liberales, la frase debería ser reformulada pues –dirán– si hay una necesidad se formará un mercado para satisfacerla. Eva Perón les respondería que el Estado debe llegar donde el mercado se ausenta, a cualquier costo. El kirchnerismo, en cambio, atemorizado por la “motosierra” de Javier Milei, ha reescrito el apotegma de su jefa espiritual para defender sus cargos y privilegios, adoptando el lema “por cada necesidad, un ministerio”.

El control del Estado, de sus reparticiones y de sus cajas expande un mercado de intercambios, de retribuciones, de esferas de poder y de dinero, como las ferias más mundanas. Por eso la proclama de Eva Perón resultó útil para dar sustento ético al crecimiento del sector estatal “a cualquier costo” ocurrido en la Argentina, invocando necesidades que jamás fueron satisfechas, salvo para los nuevos funcionarios. Basta contrastar la realidad del país con los alambicados nombres que designan secretarías, subsecretarías y direcciones como profesiones de fe justicialistas.

Es lógico que los “descamisados” de salón arríen la bandera de una justicia social inexistente, mancillada por la corrupción y deshilachada por una inflación galopante. Prefieren dar batallas más concretas para preservar sus adicionales, pasajes, viáticos, horas extras, licencias, estabilidad y promoción por antigüedad, jamás por mérito.

La ciudadanía ha descubierto que la justicia social ya no tiene por objetivo hacer prósperos a los obreros, felices a las familias y privilegiados a los niños, sino dar bienestar a los empleados estatales, quienes, según puede leerse, “materializan las políticas públicas”. Sin ellos (y según ellos) no habría control de medicamentos y no se emitirían documentos de identidad, ni partidas de nacimiento. No funcionarían los hospitales, ni las escuelas, ni los tribunales. El país carecería de defensa, de seguridad y de justicia sin la intervención de los 3.500.000 agentes estatales que hoy cobran de billeteras oficiales en Nación, provincias y municipios.

Para el populismo, si hay un negocio también debe haber una empresa estatal. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad en un mundo de escasez. De inclusión, no queda nada

En su estrategia defensiva, el kirchnerismo pretende confundir las funciones del Estado con sus inmensas burocracias, como si el desarrollo social fuese el edificio de ese ministerio, el trabajo surgiese de la oficina del Potenciar Trabajo y el acceso a un techo de los pasillos de la Secretaría de Vivienda. Poco importa si en cada repartición hay cien o diez mil personas; ingresadas por concurso o por parentesco, militancia o amistad; si concurren diariamente o si son ñoquis; si crean valor social o si hacen política partidaria. Según el razonamiento, cualquiera fuese el número, cualquiera sus tareas, cualquiera sus capacidades, todos son indispensables para que el Estado exista como tal. Pues si aumentan las necesidades, deben subsistir los ministerios.

Nada nuevo bajo el sol. En 1957, el yugoslavo Milovan Djilas había acuñado la expresión “la nueva clase” en una obra que conmovió al mundo, denunciando las élites que ocupaban los cargos en el bloque soviético. En 1979, el mexicano Octavio Paz escribió El ogro filantrópico, referido al estatismo como cáncer amenazante en su país y a la nueva clase surgida de la burocracia, con su secuela de privilegios y corrupción.

En tiempos de Eva Perón nadie hubiese imaginado que las necesidades se irían ampliando a múltiples actividades económicas, bien ajenas a los derechos del niño, del trabajador y de la vejez. Y que, en lugar de ministerios, serían entes autárquicos y sociedades las que expandirían el poder de los funcionarios para darles existencia. Para el populismo, si hay un negocio, también debe haber una empresa estatal.

Y así hemos llegado al momento actual, con una panoplia de 33 reductos con formas societarias que emplean a 90.000 personas, donde se derrochan recursos de manera inmoral, pues sus déficits deben ser cubiertos con emisión monetaria, generando más pobreza y menos justicia social. Durante el primer semestre de 2023 acumularon pérdidas por 2451 millones de dólares, equivalente a 14 millones diarios. Muchas son reestatizaciones dispuestas por los Kirchner de empresas privatizadas por Menem.

No son la causa principal del déficit, como los subsidios y el régimen previsional, pero son las más insidiosas ya que, con sus estructuras de derecho privado, tienen mayor flexibilidad de contratación y ocultamiento, de discrecionalidad y artificio que las clásicas reparticiones públicas. Y, por tanto, cuentan también con más recursos para desviar en provecho de contratistas y proveedores “arreglados”, sin llamar la atención.

Como muestra, vale mencionar a Aerolíneas Argentinas, la más conocida de todas ellas por su profusa publicidad para identificarla con la soberanía nacional, que perdió 73.000 millones de pesos y aumentó su personal en 528 empleados solo durante el primer semestre del corriente año. La empresa de bandera, con 81 aviones y 11.900 empleados, exhibe una proporción de 145 de ellos por avión. En contraste, American Airlines tiene 921 aviones y 36.000 empleados, con una relación de solamente 39 por aeronave. Con razón el sindicalista Pablo Biró, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), amenazó con resistir hasta la muerte (“literalmente”) a quien quisiera reducir ese déficit, revisando los números y cuestionando privilegios. Aunque después se desdijo, no deja de agraviar a quienes viven en la miseria, que jamás han volado y que duermen en el hall de Aeroparque soñando que, algún día, allí aterrice la verdadera justicia social.

De inclusión e igualdad, nada queda. El pueblo argentino, sin saber de derecho ni de economía, advirtió que fue estafado con slogans durante 20 años y que, en lugar de mejorar su nivel de vida, ha caído en la más abyecta pobreza mientras quienes controlan ministerios y empresas públicas prosperan bien ajenos a los dolores populares. Si donde hay una necesidad existe un derecho, nadie explicó por cual ventanilla atiende la justicia social y cómo se saca turno. Pues en los ministerios no contestan y en las empresas, menos.

Sin duda, Eva Perón los hubiera echado de la Plaza, como su marido lo hizo con sus predecesores, aquel 1° de Mayo de 1974.

Fuente: La Nación

Tan insólita como llamativa resultó la presencia del eventual futuro jefe de la Policía Federal Alejandro Rolle durante una reunión con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, conduciendo el encuentro. Sin ministro ni secretario de Seguridad designados aún por el presidente electo, Javier Milei, la pregunta que surge es ¿quién elige al jefe de la fuerza? ¿Aníbal Fernández,? ¿ La gestión saliente impone un funcionario? Resulta nunca vista la injerencia que pretende ostentar un gobierno en retirada. En la foto, Aníbal Fernández está flanqueado por los funcionarios mileístas Nicolás Posse y Guillermo Francos. ¿Son ambos conscientes de lo que están avalando?

Fuente: La Nación

No hay lugar para distorsiones ni falsedades; los gobiernos deberían abrevar en la honradez, el vigoroso entusiasmo y la infatigable actitud de servicio del Libertador

El nombre del ilustre José de San Martín ha retomado estos días protagonismo más allá de las honras que merecen sus prolongados y desinteresados servicios a su patria y a las naciones de la parte austral de América del Sur.

Han vuelto a difundirse insólitas teorías acerca de la presunta irrelevancia de las acciones y campañas que en buena ley le valieron su título de Libertador y, por otro lado, se han usado presuntos fragmentos de sus cartas y proclamas para adecuarlos a las necesidades de propaganda que pretendieron ser aprovechados políticamente.

Unas y otras conductas resultan reprobables porque tienden a distorsionar la imagen del Gran Capitán en la mente y el corazón de los argentinos, un revisionismo sin fundamentos dirigido a concitar la atención pública.

Es más, desde hace un tiempo, se utilizan los nuevos medios digitales para construir una imagen supuestamente “real” del prócer, cosa que ha ocurrido y sucede también con otras figuras. Se difunden así retratos animados conformados sobre la base de una mezcla de estampas a los que se les agrega voz, poniendo en su boca lo que se desea.

Como sucede ya desde hace demasiado tiempo, inescrupulosos sujetos revisionan a su gusto tramos de la historia argentina forzando relatos con miras a un egocentrismo impúdico, en lugar de aprender de los prohombres que forjaron nuestro país

Acerca del primer punto, más allá de las monumentales obras del expresidente Bartolomé Mitre y del fundador del Instituto Nacional Sanmartiniano, José Pacífico Otero, y de la excelente biografía de la prematuramente fallecida historiadora Patricia Pasquali, por no citar sino una de varias “vidas” relevantes, existe cuantiosa documentación por lo que lejos estaríamos de un personaje “ficticio”.

Hay registro de los denodados esfuerzos del hijo de Yapeyú para llevar adelante con paciencia, sabiduría y entereza la gran obra de constituir un ejército con el que afrontó la hazaña del cruce de los Andes, las vicisitudes de la campaña contra los realistas en Chile y el notable esfuerzo anfibio que lo llevó a las costas del Perú. No solo eso, sino también sobre la difícil tarea de levantar con sabiduría y dotes de hombre de Estado una nueva nación: la hermana República del Perú.

Tales documentos, reunidos en casi 20 volúmenes por el Instituto Nacional Sanmartiniano, son la demostración más evidente de sus esfuerzos como Libertador y hombre de Estado, que ha merecido la gratitud de los pueblos de la parte septentrional de Sudamérica, por su entendimiento con el Libertador Bolívar y por haberle brindado los héroes formados bajo su guía que protagonizaron las formidables cargas finales de la independencia en Junín y en Ayacucho.

Habría que agregar la existencia de documentos sanmartinianos en otros repositorios de diferentes países que reflejan la importancia fundamental de su papel en el logro de la emancipación del continente.

Respecto del mal uso de presuntos mandatos sanmartinianos, cabe subrayar que quienes los modificaron según su conveniencia, con seguridad hubiesen encontrado apoyatura fiel para cada tema en los varios volúmenes dedicados a reunir los pensamientos más relevantes del Libertador.

No está de más recordar que San Martín quedó en el bronce por lo que hizo, sobreponiéndose a sus humanas falencias y debilidades, no por haber carecido de ellas, como bien señalara el miembro de la Academia Nacional de Historia, profesor Miguel Ángel de Marco. Ese es su ejemplo, tan vigente como necesario en nuestros días. La honradez, el vigoroso entusiasmo y la infatigable actitud de servicio deben regir la conducta de los que gobiernan.

Fuente: La Nación

La ciudad de México fue sede de la 79ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se difundió la última edición del Índice Chapultepec de Libertad de Prensa, un barómetro sobre su vigencia en 22 países de América Latina, que dio cuenta de que la región descendió a su nivel más bajo en el promedio global de los últimos cuatro años.

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria” y que “es cada vez más difícil hablar de democracias plenas”.

El recrudecimiento de las dictaduras, el fortalecimiento de los autoritarismos, el crimen organizado y la debilidad económica fueron los factores que más afectaron las libertades de expresión y de prensa en la región, cuyo promedio global descendió a solo 47,84 puntos, la primera vez por debajo de 50, sobre un total de 100 puntos posibles.

Si bien Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen exhibiendo la calificación de naciones sin libertades, Honduras, El Salvador y Bolivia acompañan ahora a Guatemala en la lista de países con alta restricción a la libertad de prensa. Además, la República Dominicana, por primera vez, se ubica como el único territorio con plenas libertades al superar levemente los 80 puntos, destronando a Canadá y Jamaica, cambios significativos con respecto a 2022.

Algunos países mantuvieron sus posiciones relativas, pero, a pesar de tener puntajes que los ubican en la franja de “baja restricción”, desmejoraron en su desempeño, entre ellos Uruguay, Panamá, Estados Unidos y Canadá.

Otros evidenciaron descensos importantes, tales como Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador. Costa Rica se mantuvo en la franja de baja restricción en la que también está Chile, pero este país sí presentó una leve variación ascendente. Brasil presentó una mejora. En cuanto a la Argentina, ocupó la undécima posición entre 22 países. El informe detalló señales inquietantes: la violencia y las intimidaciones del narco en Rosario; los ataques y las amenazas o las denuncias penales contra periodistas en Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Formosa y Tucumán, y las inconcebibles agresiones y descalificaciones de algunos candidatos a periodistas y medios.

El contrapeso que la libertad de prensa ejerce frente al poder absoluto ha puesto este derecho fundamental en la mira de muchos gobernantes embarcados en derivas autoritarias. La libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación son esenciales para toda democracia.

Ciudadanos e instituciones por igual deberían asumir como deber el compromiso de defender e impulsar las libertades de expresión y de prensa. Directa o indirectamente, nos pertenecen a todos y son la base del ejercicio cotidiano de la convivencia civilizada.

Fuente: La Nación

En los últimos días los gobernadores han expresado preocupación por la eventual quita de fondos recibidos de la Nación luego del cambio de gobierno.

Algunos de los mandatarios provinciales que apoyaron en el balotaje al candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, incorporaron el tema a la campaña del miedo: “Si gana Milei, suprimirá la coparticipación y no podré pagar los sueldos”. La magnitud del supuesto daño de esa tenebrosa premonición la hizo poco creíble. Sin embargo, sin esa mala intención, los gobernadores de la coalición de Juntos por el Cambio también reclaman que el próximo programa económico no los afecte.

La realidad es que el presidente electo, Javier Milei, no incorporó a su programa la eliminación de la coparticipación federal de impuestos. Lo que efectivamente han analizado, tanto algunos miembros de sus equipos como de otros centros de estudios, es una transformación del régimen de coparticipación para generar mejores incentivos que ayuden a ordenar el tantas veces desorbitado gasto provincial, alejándolo también de ser instrumento de alineamiento político. El propósito de esos cambios sería lograr mayor ligazón entre lo que se gasta y el esfuerzo aplicado para recaudar los fondos necesarios. Es lo que en la jerga económica se denomina correspondencia fiscal.

Debe lograrse correspondencia fiscal entre lo que gastan las provincias y el esfuerzo aplicado a recaudar los fondos necesarios

Más de una vez hemos señalado al régimen de coparticipación federal de impuestos como un elemento inductor de la irresponsabilidad fiscal de los gobernadores. Es una consecuencia de que la mayor parte de su gasto lo hacen con fondos que recauda el gobierno nacional, o sea que gastan con billetera ajena. Tienen el beneficio político de incrementar con distintos fines la planta de empleados públicos, realizar obra pública de dudosa utilidad o simplemente gastar sin pagar nunca el costo político de tener que aumentar los impuestos a sus coprovincianos.

La transferencia de fondos recaudados por el gobierno nacional cubre dos tercios del gasto provincial conjunto y en algunas provincias supera el 90%. Se da el caso de que a los gobernadores puede convenirles que se evadan los impuestos nacionales en sus provincias, ya que ese dinero queda así en su totalidad para ser gastado en sus territorios, mientras que si se pagan retornan por la vía de la coparticipación en un porcentaje menor. Esta situación ha generado a lo largo de los años una tendencia a gastar más y peor, aumentando las burocracias y los gastos corrientes. Los incentivos juegan en ese sentido y el fenómeno se viene observando desde la aparición de la coparticipación, en 1934.

La revisión de régimen no consistiría obviamente en quitar los fondos a las provincias, sino en devolverles potestades tributarias para lograr la mayor aproximación posible a la correspondencia fiscal. Esto es que quien gaste recaude. De esta forma los propios ciudadanos de cada provincia se preocuparían por presionar a su gobernador para que gaste menos y mejor. Los incentivos operarían en igual sentido que el interés del conjunto social. Esta es la forma eficiente de lograr un objetivo. No lo han sido los acuerdos federales ni las leyes de responsabilidad fiscal, que nunca se han cumplido al no ser aplicables penalidades personales. Ocurre que los gobernadores gastan mucho de su tiempo en la ciudad de Buenos Aires, presionando por fondos que no les corresponden por la distribución automática, cuando la costumbre de gastar sin recaudar los impulsa.

Bien harían los mandatarios provinciales en buscar junto al gobierno nacional una forma de perfeccionar el régimen impositivo para reducir el gasto y consolidar el federalismo

El actual régimen de coparticipación incorpora un mecanismo de distribución entre provincias que favorece a las menos desarrolladas, con la intención de nivelarlas. Aunque ello no se haya logrado, debe reconocerse la licitud de la resistencia de esas provincias a una correspondencia fiscal pura. Esto se resolvería con un fondo de redistribución entre provincias, auditado por ellas mismas, que permitiera un empalme con la distribución vigente. Claro que a partir de allí las compensaciones no debieran variar para que efectivamente aquel gobernador que quiera aumentar su gasto tenga que aumentar sus propios impuestos. Esto llevaría a un federalismo auténtico, como ocurre en los Estados Unidos, donde si un gobernador quiere atraer industrias o habitantes, debe ser más eficiente y reducir sus impuestos.

Estamos en el inicio de un nuevo gobierno que llega al poder con la consigna del cambio. Debe enfrentar una gravísima situación cuya génesis está en el exceso crónico del gasto público. Las provincias y municipios erogan la mitad del gasto público del país y además lo han hecho crecer en las últimas décadas a mayor ritmo que la Nación. Bien harían los mandatarios provinciales en reducir sus reclamos y buscar junto al gobierno nacional una forma de perfeccionar el régimen impositivo para promover la reducción del gasto, consolidar el federalismo y beneficiar al conjunto del país.

Debería irse incluso más lejos. No solo correspondería corregir la distorsión existente, sino también aquellos factores que han inducido el crónico aumento del gasto provincial.

Fuente: La Nación

En los países desarrollados –Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón, por nombrar solo unos pocos– se da una feliz convivencia entre medios de comunicación públicos y privados.

Ocurre que en esas y otras naciones, está bien clara la diferencia entre lo estatal y lo gubernamental, y entonces hasta se diría que aquellos en poder del Estado tienen una valiosa razón de ser. En efecto, hay infinidad de temas que pueden no ser de interés para desarrollar por empresas de comunicación privadas, ya sea por motivos editoriales, porque resulten poco rentables o porque no garanticen una alta audiencia.

Asuntos institucionales, educativos y científicos; elevados debates filosóficos o literarios, programas de apoyo escolar, repertorio de obras clásicas de la dramaturgia nacional y universal, miniseries y documentales históricos, conciertos u óperas desde el Teatro Colón y largas transmisiones de sesiones legislativas no son contenidos que suelan transitar con frecuencia por los medios en manos particulares. Es ahí donde los públicos pueden marcar la diferencia, complementarse, sin superponerse, con los medios privados para hacer un verdadero aporte a la cultura y a la imprescindible instrucción cívica y plural de la sociedad. Algo que ciertamente no siempre ocurre con señales de televisión abierta operadas por Contenidos Públicos SE, como Paka Paka o Encuentro.

Lamentablemente, eso no sucede en la Argentina donde, según las épocas, la performance de las empresas de comunicación estatales ha fluctuado entre resultados regulares y pésimos. En gobiernos como los de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri asistimos a diversos intentos de, al menos, apostar a algunos contenidos culturales de calidad y a un esfuerzo por apartarse de lo panfletario en materia política, como ha sucedido invariablemente durante las administraciones justicialistas de diversas coloraturas, desde las llamadas neoliberales (los diez años y medio que duró el menemismo) a las populistas (los más de 16 años que suman los cuatro gobiernos kirchneristas, el último por finalizar el próximo 10 de diciembre).

Durante las campañas electorales para los tres últimos comicios –las PASO, la primera vuelta y el balotaje–, los principales medios estatales (TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam) tomaron partido descarada y abiertamente por el candidato oficialista y aún ministro de Economía, Sergio Massa, con coberturas amplias y generosas acompañadas de presentaciones y análisis por demás favorables y militantes. Por el contrario, el ahora presidente electo Javier Milei tuvo ostensible menor presencia en esos medios y, cuando contó con ella, la abrumadora mayoría de las veces fue para mostrarlo de manera peyorativa o destacar sus aspectos más negativos. Por cierto, estos medios se convirtieron en verdaderas usinas de la campaña del miedo contra el líder libertario y, al mismo tiempo, en vehementes promotores del dispendioso “Plan platita” y reflejo de los más mínimos movimientos del candidato Massa en actos y giras. Hasta se llegó a utilizar la transmisión de los partidos de la selección nacional de fútbol, que aseguraban un altísimo rating, para colar sin disimulo a continuación entrevistas al dirigente más poderoso del Gobierno, al menos hasta que se abrieron las urnas el domingo 19 a la noche.

Consultado antes y después de los comicios, Milei ha demostrado siempre una misma y coherente línea de conducta en la materia: que esos medios deben pasar de la órbita del Estado al ámbito privado, ya que generan un millonario gasto sin cumplir siquiera con las metas que se esperan de este tipo de empresas públicas, al menos en países desarrollados.

“La TV Pública –dijo el mandatario electo– se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam, también.”

Habrá que ver si esto es tan fácil y concretable rápidamente con un Congreso claramente dividido. Son empresas con mucho personal (3455 empleados) fuertemente sindicalizado, con gremios no pocas veces enfrentados entre sí y bastante desfasados desde el punto de vista tecnológico, lo que no las hace demasiado apetecibles, en principio, para atraer a capitales privados. Su déficit operativo, solo en el primer semestre de este año, ascendió a 12.571.000.000 de pesos.

En el caso de Radio y TV Argentina, cuenta con 2400 empleados. Otro despropósito solventado con dineros de todos los ciudadanos es Radio Nacional. Tiene 1600 empleados para una radio AM y tres FM, con sueldos que arrancan en 500.000 pesos por una hora o dos diarias de trasmisión, mientras que se pagan montos extras inexplicables, según reveló una investigación de LN+.

Nada impide ir ordenando en el menor tiempo posible esas empresas tan costosas para el erario público, achicar sus staffs con planes de retiro y no rellenar las vacantes que se vayan generando por jubilaciones o por empleados que emigran hacia otros trabajos. Lo que sí se podrá hacer desde el minuto cero del 10 de diciembre es limpiar los contenidos panfletarios para presentar las noticias y los debates con mayor equilibrio, pluralidad y amplitud, archivando las banderas ideológicas del actual oficialismo sin reemplazarlas, desde ya, por las del nuevo gobierno.

Fuente: La Nación

El sorpresivo triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales ha revuelto varios avisperos. Uno de ellos es el de los activistas de la cultura nacional y popular.

Durante 20 años, el kirchnerismo utilizó los programas de estudio, los medios de comunicación, las voces de periodistas y las palabras de intelectuales para dar una pátina de progresismo a su estrategia de vaciamiento de las arcas del Estado. Obtuvo el apoyo de grupos que reivindican valores muchas veces inobjetables, en provecho de personajes sórdidos cuyo interés ha sido –y sigue siendo– el enriquecimiento personal a costa del bienestar general. Prefiriendo así ser pobres, pero progres.

Fue Antonio Gramsci quien mejor planteó, ante su público marxista, la necesidad de ir más allá de la lucha de clases política, para adentrarse en el mundo de la cultura, develando la hegemonía que la clase explotadora ejerce sobre la sociedad a través de ideas y creencias compartidas pero que la someten, mediante instituciones en apariencia democráticas, a una verdadera explotación inadvertida. Suele decirse que el kirchnerismo ganó esa batalla cultural, ya que tuvo ocasión de “lavar la cabeza” durante dos décadas a toda una generación de jóvenes que solamente escucharon esa interpretación gramsciana de la historia nacional, de sus conflictos y armonías, de nuestros próceres, estadistas y líderes populares.

Así que, además de los cambios indispensables para transformar la economía y mejorar el nivel de vida de la población, es indispensable que el nuevo gobierno también disponga un giro de 180 grados a la ideología de la decadencia que se adoptó desde 2003 con el perverso objetivo de legitimar un plan de expoliación al pueblo argentino, cuyo éxito se refleja en los índices de inflación y pobreza.

Para ello, podría adoptarse la misma receta del autor de los Cuadernos de la cárcel, pero en sentido inverso. Quizás el mismo Gramsci ayudaría a hacerlo, enterado que fuera del uso infame que el matrimonio presidencial dio a sus escritos. Sin duda, se alarmaría por el relato falseado de profesores revisionistas, actores clientelistas, filósofos sibilinos, cantautores acomodados, periodistas militantes, locutores sometidos y demás voceros funcionales al interés de sindicalistas ladrones, empresarios prebendarios, intendentes millonarios y militantes inescrupulosos. Solo ver las imágenes de cualquiera de ellos hubiese llevado a la tumba al fundador del PC italiano, antes de ser liberado de prisión el 21 de abril de 1927.

El sardo se horrorizaría al encontrar su panegírico en la página del Ministerio de Cultura de la Nación (“La cultura emancipadora de Antonio Gramsci”) y la consideraría una utilización tramposa de su imagen y pensamiento para legitimar una vulgar hegemonía del dinero mal habido usando el poder del Estado.

Poner la cultura oficial al servicio de contratos dirigidos, mercados cautivos, créditos privilegiados, concesiones fraudulentas, “cajas” apropiadas, retornos escondidos, pautas ficticias, proveedores digitados, dólares (oficiales) subastados, subsidios indebidos, designaciones torcidas y contratos fraguados configura un delito gravísimo por corroer dolosamente el capital social de los argentinos, hipotecando su futuro.

La Universidad Nacional de La Plata, en lugar de dar el premio Rodolfo Walsh (2011) al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez por “afianzar la libertad de los pueblos” o a Evo Morales (2008) por su “compromiso con los valores democráticos” o de rendir homenaje al Che Guevara (2013) al cumplirse 46 años de su muerte, debería distinguir a quienes recuperen las virtudes que destacaron a nuestro país en el concierto de las naciones.

Es necesaria una nueva batalla cultural que, en lugar de exaltar levantamientos armados y luchas por la liberación, reestablezca los principios que convocan a trabajar con libertad, a superarse con esfuerzo, a destacarse conforme al mérito y a prosperar sobre la base del ahorro, recurriendo a historias bien argentinas, ocultadas por el kirchnerismo, y que conmueven de solo evocarlas. Cuando ser “progre” era ser ilustrado, entusiasta, confiado en el futuro y artífice del destino propio y colectivo.

Las nuevas generaciones deben saber que este era un país pobre, con población dispersa e iletrada, sin oro, ni plata, ni cultivos, ni infraestructura. Fue transformada por ideas progresistas, no por un golpe de fortuna ni por inversiones de un imperio colonial. En lugar de leer las zonceras de Arturo Jauretche o las denuncias de Scalabrini Ortiz, se debe volver a Juan Bautista Alberdi, cuyas obras parecen escritas para el momento actual. Lo mismo respecto de su contrincante, el “loco” Sarmiento (incluyendo sus célebres “Viajes” con sus humanos “Gastos”), los discursos vibrantes de Avellaneda, los debates enconados de la ley 1420, los ensayos de Juan B. Justo, el socialista liberal y los diarios de tantos extranjeros que recorrieron nuestro país en el siglo XIX y que dan testimonio impactante de aquella realidad.

Para potenciar los valores que se requieren en el momento actual basta recurrir a las hazañas que tuvieron lugar desde la Organización Nacional en adelante. Las historias de inmigrantes y las nuevas colonias como Esperanza, San Carlos y Moises Ville, instaladas en medio de la nada. Las biografías inspiradoras de los grandes educadores, como Sara Eccleston, Pablo Pizzurno y Rosario Vera Peñaloza o las vidas de luchadores de la salud, como Cosme Argerich, Guillermo Rawson y Enrique Finochietto, entre tantos otros, sin olvidar a Bernardo Houssay, Luis Agote o René Favaloro, en tiempos recientes.

Los jóvenes podrían tener lecturas más provechosas que el fraudulento caso de Santiago Maldonado y conmoverse con Santiago Avendaño, el niño cautivo que atravesó el desierto huyendo de los ranqueles; o compartir los sueños de Francisco P. Moreno, que descubrió el lago Nahuel Huapi viajando desde el Atlántico o las aventuras del comandante Luis Piedrabuena, quien custodió nuestros mares australes y rescató vidas de naufragios, sin otro móvil que la azul y blanca.

La educación para el progreso no debería omitir las epopeyas de los primeros industriales como Noel, Bieckert, Bianchetti, Bagley, Bemberg, Tornquist y tantos otros que desmienten el sesgo antifabril del llamado “modelo agroexportador”. En aquella época, la ventaja comparativa era el capital barato, la seguridad jurídica, la expansión de la infraestructura, el entusiasmo nacional y el espíritu emprendedor. Todo ello, demolido por un kirchnerismo que instauró la cultura del pobrismo, el atraso, la queja, el reclamo de derechos y el olvido de obligaciones para tapar la corrupción tras un seductor cortinado cultural.

En esos tiempos, la modernidad eran las escuelas y los hospitales, el telégrafo y los ferrocarriles, los puertos y los faros, las leyes y la moneda. Ahora la transformación debe elevar a quien trabaja y se esfuerza, a quien estudia y se instruye para no perder el tren de la prosperidad en un contexto donde prevalecen tecnologías que serán inaccesibles para quienes continúen excluidos con el relato de la liberación, marchando con redoblantes por una Coca y un choripán.

Fuente: La Nación

Todos los sectores de la economía han sido degradados, de un modo u otro, por el régimen kirchnerista, y pocos pagaron tanto los efectos negativos como el campo. Es entendible, por ende, el alivio perceptible en ese sector de la producción nacional y la expectativa con que asiste a una renovación que llega con promesas de desregular lo que se había regulado hasta lo inaudito. Ha habido trabas burocráticas infinitas; en particular, a la exportación de granos y carnes, en un país que paradójicamente se desespera por la falta de divisas.

La vieja cuestión de las retenciones está presente una vez más en lógicas controversias sobre qué conviene a la nueva administración realizar en aras del interés nacional. Encuentra esta al campo golpeado por muchas razones, entre las que sobresale, por su impacto más reciente, la sequía. No pocos productores la han padecido en tres de las últimas cuatro campañas.

Sus consecuencias se apreciarán este año, en que el Gobierno ingresará por derechos de exportación sobre los productos agropecuarios 4120 millones de dólares. Será un 60% menos que lo recaudado en 2022 por ese concepto, que fue de 9723 millones de dólares. Si a tal situación se suma el estado general de desastre económico en que el nuevo gobierno se hará cargo del poder, se comprenden las manifestaciones de contemporización de voceros agropecuarios ante los primeros anuncios del presidente electo.

Las retenciones a las exportaciones agrícolas y cárnicas no se eliminarán de cuajo, pero estarían sometidas a una reducción gradual. Javier Milei ha dicho que primero habrá que abrir el mercado de cambios y lograr la unificación cambiaria, mientras que doblegar a la inflación insumirá entre 18 meses y dos años.

El campo ha invertido en los peores escenarios, como han sido los de estos últimos lustros. Podría haber aportado bastante más a la riqueza nacional bajo otras condiciones, pero mal podría soportar indefinidamente un cuadro de imprevisión impuesto por las políticas públicas. Necesita que la política restaure el valor de la palabra, esencial en la relación entre el sector privado y el Estado.

Las próximas autoridades cuentan con estudios de entidades como la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, demostrativos de que la disminución de las retenciones sobre la soja, del actual 32% al 21%, y la eliminación inmediata de ese gravamen sobre los restantes productos atenuará el impacto sobre la caja del Estado nacional, hará crecer la recaudación por otros impuestos y generará una mayor actividad económica. Por retenciones sobre la soja el Estado percibirá este año 3443 millones de dólares, y por maíz, que es la segunda cosecha en orden de importancia anual, no más de 461 millones de dólares.

A raíz del clima adverso, el trigo ha descendido del tercero al último lugar en cuanto a lo que el Estado recauda por el tributo que castiga a la actividad agrícola. Hasta es posible que aquella situación se prolongue en 2024, como que aún quedan en la pampa húmeda zonas privadas de suficientes lluvias para recuperar el potencial productivo.

El campo está habituado a lidiar con la naturaleza; lo que no tolera es lidiar con políticos sin palabra.

Fuente: La Nación