Categoría: Entrevistas

Si bien en nuestro país el fútbol profesional siempre ha estado atravesado por cuestiones políticas, en la actualidad ciertos desmanejos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en particular, han llevado una situación a un límite intolerable.

De cara a las recientes elecciones presidenciales, Tapia apostó claramente por Sergio Massa. Esto llevó a que el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía estuviese presente en un acto en el que se anunció que la Argentina sería sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030, lo que constituyó un acto de campaña política.

En estas horas, cuando aún está muy fresco el triunfo de la selección argentina frente a Brasil en el estadio Maracaná, se analizan los motivos de las sorpresivas declaraciones del director técnico del equipo argentino, Lionel Scaloni, quien dejó abierta la posibilidad de abandonar su cargo. Es muy curioso que, en el momento de mayor gloria del representativo nacional, su entrenador, que tiene un contrato hasta 2026, anuncie su posible alejamiento.

Podríamos preguntarnos si esa tesitura tendrá que ver con los manejos políticos de quien está al frente de la máxima institución del fútbol argentino. Lo cierto es que desde el gobierno nacional siempre quisieron pegarse a la onda positiva que genera la selección, mientras que el cuerpo técnico y el grupo de jugadores comandado por Lionel Messi se cuidó de no abrir esa posibilidad.

Del afán de los dirigidos por Scaloni por no comprometerse con operaciones políticas hay varios ejemplos: uno fue la gambeta de Messi y del resto del plantel al ministro del Interior, Wado de Pedro, entonces potencial candidato presidencial que se instaló en Ezeiza al lado de la escalerilla del avión para tomarse una fotografía con los flamantes campeones del mundo a su regreso de Qatar. Se quedó con las ganas.

Luego, vino la negativa del plantel de concurrir a la Casa Rosada para exhibir el trofeo obtenido en la sede del gobierno nacional. El que se quedó con las ganas allí fue el presidente Alberto Fernández, en un hecho que lo llevó a asegurar que fue el único jefe de Estado que no se había fotografiado con los campeones del mundo.

Fuentes ligadas al ámbito futbolístico aseguran que el entonces candidato Massa estaba desesperado por tener su fotografía con los integrantes del seleccionado nacional y que Tapia había presionado al cuerpo técnico para que eso sucediera. Pero, finalmente, no hubo fotografía.

Recientemente, Scaloni debió sortear en una conferencia de prensa una pregunta respecto de un proyecto sobre la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas. El director técnico fue tajante: “En eso yo no me meto”. Tal señal de prescindencia política contrastó con la actitud de dirigentes de clubes alineados con Tapia, que salieron públicamente a defender las asociaciones sin fines de lucro.

Es frustrante que justo en los tiempos en que nuestro fútbol puede exhibir grandes logros deportivos a nivel internacional subsistan en el ámbito doméstico turbios manejos políticos, cambios de reglas, falta de organización e improvisación permanente. La poco transparente adjudicación por parte de la AFA del negocio de la venta de entradas para los partidos de la selección a una empresa que pertenece a allegados a Massa, y el reciente papelón que derivó en que numerosas personas que habían pagado una fortuna para ver el match entre la Argentina y Uruguay en la Bombonera no pudiesen ingresar al estadio son solo una muestra.

El panorama está abierto. Independientemente de lo que resuelva Scaloni, el fútbol argentino debe mostrar mayor seriedad en la organización de sus campeonatos, evitar los negociados y la improvisación, y terminar con el “manoseo” de los descensos y ascensos, para que los triunfos internacionales no sean un espejismo que tape la mediocridad y las miserias políticas internas y que el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, no siga utilizando como una patente de corso la última Copa del Mundo obtenida por la selección nacional.

Fuente: La Nación

Mucho se habla por estas horas de la transición entre el gobierno saliente y el electo. Y es natural que ello ocurra. Hay demasiados problemas y muy críticos, empezando por el económico y social.

Sin embargo, cuando el traspaso presidencial finalmente se produzca, ese día asumirán también nuevos diputados y senadores nacionales. No se trata solamente entonces del clave recambio del inquilino de la quinta de Olivos, sino del comienzo de un nuevo Congreso donde han quedado sin tratar temas institucionales importantísimos como las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia.

“Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción son pilares de la democracia y deben formar parte de las prioridades”, sostuvo con acierto en una reciente nota publicada en LA NACION la expresidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio, quien citó entre otras cuestiones que deben ser encaradas con urgencia la investigación del enorme gasto que Unión por la Patria destinó a la campaña presidencial de Sergio Massa, a todas luces financiada con dineros públicos, es decir, de todos los ciudadanos. Y aclaró que no basta con controlar a los partidos políticos. Hay que sumar en esa investigación a los propios candidatos y a las fundaciones y asociaciones que les son afines, porque la opacidad y el secretismo constituyen la antesala de la corrupción.

Como muchos de sus colegas que batallan para que el país adopte herramientas transparentes de control y rendición de cuentas, Ferreira Rubio critica con dureza el desmantelamiento y la captura de los mecanismos de control, y la impunidad para quienes cometen delitos. “Ya no hay más espacio ni excusa para los privilegios, las excepciones y los abusos de poder”, sostiene la jurista.

En ese sentido, la sanción de una ley de boleta única de papel resulta prioritaria. El año pasado, Diputados aprobó el correspondiente proyecto, pero el Senado, comandado por Cristina Kirchner, frenó el debate y llegamos a los actuales comicios con las tan opacas como denostadas listas sábana.

La boleta única se utiliza actualmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en varios municipios, en las cárceles y en el exterior. La usan, además, muchos países y con excelentes resultados. Quienes se rehúsan a adoptarla son los que se resisten a transparentar los procesos, aquellos que siempre han sacado partido de la manipulación electoral, mediante el robo de boletas o la confección de papeletas truchas, entre otras deleznables artimañas.

Desde 2007, la Cámara Nacional Electoral viene advirtiendo sobre la necesidad de incorporarla para “asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida”. Con esta boleta, además, se asegura una competencia mucho más justa entre partidos grandes y chicos, y el elector cuenta con todas las opciones en un mismo lugar. No solo garantiza el fundamental derecho de elegir, sino que resulta mucho más económica, sustentable, amigable con el ambiente y facilita notablemente la fiscalización.

Lamentablemente, tampoco ha podido ver la luz la ley de ficha limpia, que prohíbe ser candidato a quien tenga una condena confirmada. Parte de la oposición parlamentaria había conseguido avanzar en el debate en 2022, pero dejó caer el tema basada en una presunción falsa: creer que la ley le iba a dar oportunidad a Cristina Kirchner para denunciar una supuesta proscripción. Finalmente, en mayo de este año, la vicepresidenta declinó candidatearse y el país en su conjunto perdió otra oportunidad histórica.

Aún se adeuda la ya impostergable ley nacional de ficha limpia. Afortunadamente, son varios los distritos que ya legislaron en la materia; entre ellos, Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, y varios municipios como los de San Isidro, Olavarría, Pergamino y Mar del Plata, entre otros.

Así como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes.

Hay mucho por hacer en temas tan delicados. Urge también revisar las normas que hoy impiden la investigación local y la colaboración internacional en casos de corrupción. Es hora de dejar de declamar transparencia para pasar a los hechos. El año próximo no habrá elecciones. Debería ser aprovechado para sancionar sin más demoras las leyes que hacen falta, concientizar sobre la importancia de exigir que funcionen las instituciones y sacar de las manos del Poder Ejecutivo el control de los comicios. Ser juez y parte es también una gran parte del problema.

Fuente: La Nación

En medio de la vorágine que implica una elección presidencial, algunos hechos corren riesgo de pasar inadvertidos. Afortunadamente, eso no ocurrió con diversos grupos de seguidores del presidente electo, Javier Milei, que decidieron limpiar los espacios públicos que ocuparon a la hora de festejar el triunfo de su candidato.

El gesto se viralizó en las redes sociales, fue registrado por las cámaras de televisión y por portales de noticias cerca de la medianoche del domingo. Provistos con bolsas, pudo apreciarse a muchos jóvenes –y no tan jóvenes– juntando los desperdicios diseminados por las calles: botellas, vasos, banderas y resto del cotillón electoral.

Las proximidades del Hotel Libertador, donde Milei había montado su búnker electoral, y los alrededores del Obelisco fueron los puntos principales de encuentro en la ciudad de Buenos Aires.

Lejos de haber sido una acción premeditada, apenas comenzaron a desconcentrarse muchos seguidores, un grupo comenzó a levantar los residuos. Lo que se planteaba como un problema –dónde conseguir bolsas para juntarlos– fue resuelto rápidamente por el ingenio y la solidaridad. Una señora corrió a comprarlas a un supermercado que suele permanecer abierto hasta muy tarde y algún que otro restaurante cedió de las suyas para contribuir con la limpieza.

Lo que no se pudo embolsar, fue amontonado junto a las veredas de modo de facilitarles la tarea a los camiones recolectores de basura.

Entre los improvisados “limpiadores porteños” había estudiantes, amas de casa, profesionales, jubilados y desempleados.

Lo mismo ocurrió en la zona céntrica de Mendoza y frente a la casa de gobierno tucumana. Y en muchos otros lugares del país donde las cámaras no alcanzaron a llegar.

Esas imágenes recuerdan la actitud que adoptaron los seguidores del seleccionado de Japón en el último Mundial de fútbol, cuando, terminados los encuentros, no se retiraban de las tribunas sin antes levantar la basura y ponerla en bolsas. Son pequeñas obras que encierran grandes mensajes. Excelentes ejemplos para imitar y celebrar.

Fuente: La Nación

La mayoría de los ciudadanos que le dieron el triunfo a Javier Milei no percibieron que su soberana decisión pudiese ser equiparada a un salto al vacío, como pretendía el oficialismo. De ningún modo podía ser concebido ese voto de tal forma cuando gran parte de la población ya tenía la sensación de estar en el fondo del mar. La campaña del miedo que intentó imponer la coalición gobernante fue insuficiente frente al hartazgo de la sociedad ante las prácticas corruptas del kirchnerismo y un modelo económico agotado que nos condujo a niveles de inflación del 142% interanual que no se sufrían desde hacía 32 años y a tasas de pobreza superiores al 40%.

El electorado que le dio la espalda al oficialismo esta vez pareció decirle definitivamente basta a una dirigencia empeñada en garantizarles impunidad a la vicepresidenta de la Nación y a otros funcionarios kirchneristas. Del mismo modo, desconfió de quien puso su gestión al frente del Ministerio de Economía al servicio de sus planes electorales, sometiendo al país a un despilfarro de recursos pocas veces visto, propio del más rancio populismo.

Una economía que muestra signos de estancamiento desde hace 15 años, un déficit fiscal crónico como consecuencia de un Estado tan elefantiásico como ineficiente, un mercado cambiario sujeto a cepos que impone cada vez más trabas al comercio exterior, políticas tributarias asfixiantes para el sector productivo, elevadas tasas de empleo informal y más de 18 millones de personas por debajo de la línea de pobreza marcaron el contexto en que la ciudadanía optó esta vez por llevar al poder a una fuerza política nueva, cuyos líderes carecen de antecedentes relevantes en la función pública, más allá de apenas un par de años como diputados nacionales.

La herencia que recibirá el nuevo gobierno nacional da cuenta de una de las peores crisis económicas de la historia argentina. Además de una dinámica inflacionaria similar a la del Rodrigazo de 1975, exhibe un Banco Central quebrado, con reservas negativas del orden de los 12.000 millones de dólares, y pasivos remunerados (Leliq) que superan los 23 billones de pesos y ya alcanzan el 10% del PBI; niveles de emisión monetaria insostenibles y un riesgo país de 2500 puntos que nos ha puesto otra vez fuera del mercado financiero internacional, al margen de haberse incumplido con las metas fiscales negociadas con el FMI.

Dejar atrás la inflación y sus efectos en el incremento de la pobreza debe ser una política de Estado

Ni empezar a resolver este caótico estado de cosas, ni avanzar hacia un Estado limitado, ni poner fin a los regímenes de privilegio de una casta acostumbrada a vivir de las prebendas estatales entre la cual hay dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas será fácil para Milei. Mucho menos con una representación parlamentaria que apenas constituye el 15% de la totalidad de la Cámara de Diputados de la Nación y el 10% del Senado, y sin gobernadores aliados.

Sin duda, el principal capital del futuro jefe del Estado es el acompañamiento del 55,6% de los votantes. Pero a esta base electoral, de origen heterogéneo, Milei deberá sumar necesariamente acuerdos políticos de largo alcance para ver facilitada la gobernabilidad. La idea de unidad nacional lanzada por su competidor Sergio Massa podía carecer de credibilidad en alguien que, como el actual ministro de Economía, ha exhibido numerosas máscaras a lo largo de su trayectoria política. Pero no por eso debería ser desechada. Resultan positivas las primeras palabras del futuro presidente tras confirmarse su triunfo electoral, en el sentido de que “todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos”.

No son pocos los problemas que atraviesa el país a partir de los cuales se podrían alcanzar amplios consensos que se traduzcan en políticas de Estado que se sitúen al margen de las rencillas partidarias. La lucha contra el narcotráfico es una de esas cuestiones, que no fueron mencionadas por Milei en su primer mensaje como presidente electo. Dejar atrás la inflación y sus consecuentes efectos en el incremento de la pobreza debería ser parte de otra política de Estado.

Milei ha demostrado que tiene claro lo que desea para el país y que tiene un sueño: volver a poner a la Argentina entre las principales potencias económicas del mundo abrazando las ideas de libertad que nos legaron Juan Bautista Alberdi y nuestros padres fundadores. También ha dejado testimonio de su voluntad de avanzar hacia cambios drásticos que dejen atrás la idea del Estado populista, por un camino en el que no habrá lugar para la tibieza ni para el gradualismo. Su desafío es llevar adelante ese programa persuadiendo a muchos de quienes lo votaron sin estar demasiado convencidos de apoyarlo, con la Constitución en la mano, respetando el principio republicano de división de poderes y anteponiendo la indispensable prudencia y la tolerancia de la que todo presidente que apunte a convertirse en estadista debe hacer gala. Solo así podrá transformar el hartazgo que potenció su éxito electoral en genuina esperanza.

Fuente: La Nación

No es necesario apelar a un análisis muy profundo para asombrarse del gigantismo e ineficiencia de la administración pública en todos los niveles de gobierno, tanto en la nación como en provincias y municipios. Ochenta años atrás el gasto público apenas superaba el 10% del PBI y hoy llega al 45%. El número de empleados públicos se multiplicó por ocho mientras la población lo hizo solo por tres. Lo más notable es que esto ha ocurrido en tiempos de automatización y del enorme avance de la informática y la sustitución del personal en las tareas administrativas. La grave crisis argentina y su decadencia reconocen en esta deformación, su causa principal.

Un cambio de gobierno es el momento apropiado para una reforma y una sustancial reducción del aparato burocrático del Estado. Los innumerables despachos de funcionarios políticos no están ocupados por personas sentadas allí para defender y justificar sus cargos.

El camino para racionalizar una administración sobreexpandida no es tachar unidades del organigrama, expresando “elimínase”. El proceso debe comenzar con un diseño optimizado de una estructura de gobierno que cumpla eficientemente con las funciones que le demanda la Constitución Nacional y la legislación vigente. Eficiente significa que lo deberá lograr con las unidades administrativas, el personal y el equipamiento estrictamente necesarios. La ejecución de la reforma implica, a partir de allí, pasar de la actual administración a una nueva apoyada con tecnología informática y reglas de eficiencia. Quienes ocupan los cargos existentes y tengan condiciones y conocimientos para desempeñarse en las posiciones del nuevo diseño, deberían ser transferidos y confirmados. Aquellos cuyas funciones desaparecen o que exceden en número a las nuevas dotaciones deberían quedar en disponibilidad. En la nueva estructura permanecerían aquellas personas mejor calificadas para cada tarea. Nuestra administración nacional dispone del dispositivo previsto en el Artículo 11 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Dice así: “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado en las condiciones reglamentarias que se establezcan. .. En el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de disponibilidad. El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis meses ni mayor a doce meses. Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, deberá priorizarse el trabajador que se encuentre en situación de disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes. Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio.”

El objetivo debe ser la reinserción en el sector privado del empleo público sobrante, dando un tiempo a los afectados para facilitar la transición mediante el mantenimiento de haberes más una indemnización. Eventualmente podría extenderse ese tiempo y además incentivar con beneficios impositivos al sector privado a ocupar a quienes queden en disponibilidad. Esto exige, por su lado, la creación de empleo privado; de lo contrario, la reforma encontraría una fuerte limitación social y exigiría subsidios prolongados que inhibirían el objetivo de reducir el gasto público. Dicho de otra forma, la racionalización del aparato estatal debe formar parte de un conjunto de reformas estructurales que promuevan una fuerte recuperación de la inversión y creación de empleo privado. Esto debería comprender una reforma laboral para modernizar las reglas, reducir el riesgo y permitir competitividad. Requiere una amplia desregulación y seguridad jurídica. Debe asegurar el pleno respeto del derecho de propiedad y debe reducirse la presión impositiva en consonancia con la disminución del gasto público. En este marco resultaría plenamente factible sostener un crecimiento entre el 4% y el 5% anual, y la creación de no menos de tres millones de nuevos empleos privados en los próximos cuatro años. Esto alcanzaría para absorber el empleo público excedente, tanto en la Nación, como en provincias y municipios, y además incorporar a los nuevos ingresantes al mercado laboral.

Es imprescindible emerger de la gravísima situación socioeconómica actual y hallar una oportunidad para dejar atrás la decadencia. La reforma administrativa es una de las piezas imprescindibles del camino de salida. La estructura administrativa con la que asuma el nuevo presidente develará si elige el camino correcto o el equivocado.

Fuente: La Nación

Según la tradición, los días anteriores al 29 de mayo de 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, ante la irreversibilidad del desenlace, sus gobernantes optaron por ignorar el peligro discutiendo acerca del sexo de los ángeles. Como en tiempos griegos se llamaba Bizancio, a esos debates se los llama bizantinos.

La fecha de la definición electoral, cuando rige la veda más estricta, es también una oportunidad para dedicar unas líneas a otra cuestión bizantina, mientras esperamos su resultado. Según augurios de los expertos, sea cual fuere el resultado, no nos depara un futuro mejor que al Imperio Romano de Oriente.

En la Argentina ha perdido interés público la estabilidad económica frente a la afición por obtener derechos y al temor por la privación de los obtenidos. Se habla de derechos como emanaciones angélicas cuya sola sanción asegurase sus objetivos. Para muchos, son trofeos que coronan años de luchas y movilizaciones. Para otros, divisas que hacen visibles situaciones particulares, ignoradas hasta entonces. Pero los derechos no flotan en el vacío, como los ángeles bizantinos, sino que requieren de sustento material para hacerlos efectivos y tienen impacto sobre las conductas, pues crean nuevos incentivos, virtuosos o perversos, hacia fines no previstos por sus impulsores.

Todos los sectores productivos, los grupos sociales y las minorías reclaman tratos particulares más equitativos que los resultantes del orden vigente. Son aspiraciones plausibles, pues no siempre los esfuerzos son reconocidos, ni los infortunios de la vida son repartidos con equidad. Pero la creación de derechos, con la sola letra escrita, no puede alterar el orden natural, ni lograr que sean otros países quienes los sufraguen. Es siempre una cuestión entre argentinos y, como somos pícaros, tan pronto se hace la ley, surge la trampa. Si se instituyen nuevos organismos y partidas presupuestarias para hacerlos valer, es indispensable contar con recursos suficientes y blindarlos de los desvíos que siempre acechan cuando la moral pública está debilitada.

Si la política se apropia del Estado para dar empleos a militantes y contratos a simpatizantes, los incentivos perversos desnaturalizan las buenas intenciones y mucho se pierde en extensos organigramas dejando poco a los beneficiarios finales. Por cada nuevo derecho surgen especialistas en “desplumar” al Tesoro –o al prójimo– logrando extender coberturas, inventando excepciones y alterando prioridades. Al final, su alcance dependerá de incisos, dictámenes y aclaratorias conforme a los lobbies más exitosos.

Muchos de ellos se encuentran en plena vigencia, como el matrimonio igualitario, las leyes de adopción, la legalización del aborto, la identidad de género, la patria potestad compartida, el cupo femenino para cargos electivos. el llamado “voto joven”, los regímenes de personal doméstico, de los pueblos originarios o de trata de personas. Y quienes han interrumpido un embarazo, obtenido una nueva identidad o contraído un matrimonio igualitario, consideran esos logros como partes fundamentales de sus planes de vida, pero requieren de un sustento material mínimo para hacerlos realidad. Al amanecer del día siguiente, necesitan ingresos regulares y suficientes para alimentarse, abrigarse y sanarse. Para sostener su autoestima, consolidar vínculos y proyectar para el futuro.

¿De qué sirven la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la jubilación sin aportes, la ley de amas de casa, la gratuidad universitaria, la estatización de las AFJP, las inversiones en ciencia y tecnología, las coberturas sanitarias obligatorias y la miríada de programas sociales, si el Estado se encuentra en quiebra, el Banco Central sin reservas y la emisión monetaria en niveles récord?

Es inútil crear derechos por doquier a sabiendas de que carecerán de vigencia si no hay moneda ni se alienta la inversión. Serán huecos al nacer si se desprecian la seguridad jurídica, el mérito y el esfuerzo

De nada vale declarar que “la energía es un derecho humano”, como lo son el alimento, la vivienda, la educación y la salud, si estas también se encuentran fuera del alcance de quienes menos tienen. Es inútil crear derechos por doquier a sabiendas de que carecerán de vigencia si no hay moneda, ni se alienta la inversión. Serán huecos al nacer si se desprecian la seguridad jurídica, el mérito y el esfuerzo.

Un país que aspira a brindar mejor educación, ofrecer medicamentos para enfermedades no frecuentes, ocuparse de las personas con discapacidad, otorgar becas, reinsertar a los excluidos, reeducar a los adictos, reconvertir las villas o prevenir los abusos de género no puede darse por satisfecho con la sanción de leyes angelicales.

Es necesario financiarlas con un flujo constante y creciente de riqueza, dejando la estrategia extractiva como recurso suplementario. Sin capitalismo democrático y genuino, la Argentina será un campo yermo propicio para la expropiación fiscal y su consecuente asalto político, sindical y corporativo.

Debe existir armonía entre la creación de nuevos derechos y el respeto por los derechos alberdianos o individuales, de rango constitucional, que configuran las vigas maestras de toda la estructura económica de la sociedad. Poco o nada valdrán los nuevos derechos si nuevas angustias aquejan a sus beneficiarios. De nada valen, si sus condiciones de vida empeoran cada vez más. Si no tienen empleo, ni vivienda, ni ingresos suficientes para alimentarse, ni para mantener a sus familias.

El Estado otorga derechos, pero el mercado debe proveer los recursos para hacerlos posibles o para no malograr su disfrute. Y el mercado solo funciona donde existen derechos de propiedad, se respetan los contratos y rige la seguridad jurídica, con división de poderes e independencia del Poder Judicial. Cuando esas condiciones no existen, la Casa de Moneda convierte los nuevos derechos en papeles sin respaldo.

Los países escandinavos han construido sus sistemas igualitarios sobre la base de economías que funcionan y cuya prosperidad material permite sufragar derechos de segunda y tercera generación. Allí no hay inflación ni corrupción política; los funcionarios son austeros y, los tribunales, independientes. En Cuba y Venezuela, países totalitarios que desde aquí nuestros gobernantes miran con cariño, la carencia de derechos individuales ha convertido en letra muerta las rimbombantes declaraciones de sus respectivas constituciones, por carecer de empresas privadas, únicas fuerzas capaces de generar riqueza verdadera.

Corresponderá al nuevo gobierno posibilitar que las personas comunes, las más humildes, puedan progresar, trabajar, capacitarse, acceder a la vivienda y a una buena educación para sus hijos. Vivir con seguridad, trasladarse en medios públicos confortables y disfrutar de cosas simples, como el agua corriente, la electricidad y las cloacas en sus propias casas. Y para quienes ahora reivindican sus nuevos derechos, que puedan disfrutarlos de verdad y sin angustias materiales. En ese momento, dejaremos de debatir acerca del sexo de los ángeles y haremos de los derechos, clásicos y recientes, una realidad.

Fuente: La Nación

Cuesta imaginar que Buenos Aires en la antigüedad fuera una ciudad casi sin árboles, solo con limoneros y naranjos en los fondos de las propiedades, según relata el historiador Daniel Balmaceda. Recién en época de virreyes nació la alameda junto al río, a la altura de la actual avenida Leandro N. Alem. Hoy, entre los más de 430.000 árboles de la ciudad de 400 especies distintas, hay catalogados unos 600 especímenes notables e históricos, muchos de ellos de más de 100 años, objeto de protección especial. Muchos barrios tienen ejemplares destacados.

Hay añejos gomeros en las plazas San Martín y Lavalle. Uno de los más conocidos es el de la Plazoleta Juan XXIII, en Recoleta, con una antigüedad estimada en más de 200 años. Desplegándose a más de 25 metros del eje troncal, sus ramas son hoy sostenidas por estructuras de hierro para evitar que se partan; una de ellas es una vistosa escultura de Atlas. Distintas historias buscan reconstruir su origen, ya sea atribuyéndoles a los padres recoletos su plantación, allá por 1780, o a un fraile que lo habría traído de la India.

La llamada magnolia de Avellaneda –una grandiflora– en uno de los ingresos al Jardín Japonés fue plantada para la inauguración oficial del Parque 3 de Febrero, en 1875. También las hay otras antiquísimas en el Protomedicato, en San Telmo.

El centenario corredor de las palmas, inaugurado por el presidente Domingo F. Sarmiento, corre sobre la avenida que lleva su nombre en el tramo entre Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador.

A mediados del siglo XIX, el salteño Gregorio de Lezama compró el terreno del actual parque que lleva su nombre y contrató a un paisajista belga que creó uno de los más bellos jardines de la ciudad, con eucaliptos y olmos hoy bicentenarios.

Un retoño de la higuera de Sarmiento fue plantado en el Jardín Botánico; uno del Pino de San Lorenzo se ubica en las Barrancas de Belgrano. El retoño de Guernica, un roble plantado en 1919 por la comunidad vasca, resistió incluso una mudanza cuando se construyó el Paseo del Bajo y mantuvo su locación a metros de la Casa Rosada. Otro destacado es el algarrobo de Pueyrredón, en Plaza Flores, cuyo original de más de 300 años está en el Museo Pueyrredón en San Isidro, declarado Árbol Histórico Nacional y Monumento Natural del municipio. La historia cuenta que San Martín y Pueyrredón habrían planeado a su sombra el cruce de los Andes.

En Barrio Parque, sobre Figueroa Alcorta y Castilla, la maravillosa floración fucsia del conocido lapacho de Ezcurra marca la cercanía de la primavera, a comienzos de septiembre. En Parque Rivadavia, un añoso ombú de 1870 da hoy sombra a los filatelistas que allí se congregan.

Estos ejemplares tan especiales reciben un seguimiento específico, pues la senescencia afecta su flujo energético, dejándolos a merced de peligrosos hongos y bacterias. Mediante avanzadas tecnologías de diagnóstico, como tomógrafos, se observa el estado interno de la madera para su seguimiento biológico y tratamiento específico.

Enrique Udaondo fue quien inició la clasificación, en 1913. A la publicación del primer catálogo de árboles históricos de la ciudad, en 1962, le siguió la creación del Registro de Árboles Históricos y Notables.

Mencionarlos a todos resulta imposible, pero se puede consultar el sitio Arbopedia de la ciudad de Buenos Aires. El valor simbólico y cultural de ejemplares con características distintivas merece preservarse como parte del patrimonio natural de nuestra ciudad.

Fuente: La Nación

Con las respuestas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, citados para declarar por la Comisión de Juicio Político de Diputados, ha quedado más que claro que este provocativo proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nunca debió haber nacido, ya murió.

Sería innecesario, hasta impolítico, que la muy circunstancial mayoría afín al Gobierno en ese cuerpo parlamentario se empeñe todavía en citar a los dos jueces restantes, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Sus respuestas –si resolvieran darlas– solo ratificarán lo que ya es un hecho de gran importancia institucional: que el tribunal que conforma la cabeza del Poder Judicial ha vencido claramente en la batalla planteada a pedido del presidente Alberto Fernández, con el inocultable y claramente frustrado propósito de mejorar la suerte judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al impulsar el juicio político, el  jefe del Estado pretendió quedar bien con quien lo eligió a dedo como candidato. Rápidamente puso en evidencia, además, que la maniobra solo perseguía remover los obstáculos de las causas judiciales contra su mentora. El Presidente carece de los poderes institucionales para iniciar ese juicio, pues el artículo 53 de la Constitución nacional reserva solo a la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte por “la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”. El oficialismo nunca contó con esa exigencia ni al comienzo ni en ningún momento de los 11 meses invertidos en sostener esta vil mentira. Por otra parte, el artículo 109 de la Constitución impide a los presidentes “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Para salvarlo jurídicamente, se tuvo entonces que reconducir de apuro la anunciada iniciativa de Alberto Fernández, en un proyecto parlamentario de juicio político que reproducía esencialmente el contenido de su propuesta.

Los cargos concretados por miembros de la referida comisión, como lo señalan los jueces Rosatti y Rosenkrantz en sus presentaciones, fueron, en su gran mayoría, vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, principalmente los casos referidos al Consejo de la Magistratura, a la aplicación del denominado “dos por uno” en el tiempo de duración de la condena de cárcel a militares que ejercieron la represión en tiempos del último gobierno de facto y a la cuantía de los recursos transferidos por la Nación a la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de haberle traspasado una parte importante de la Policía Federal, en disconformidad con algunas sentencias o medidas precautorias adoptadas por la Corte Suprema. Juzgar a sus miembros por el contenido de las sentencias afecta su independencia e imparcialidad.

La prueba ofrecida en la promoción del juicio político fue exigua e imprecisa respecto de los cargos formulados, circunstancia que derivó en que la mayoría de la Comisión la ampliara a medida que transcurría el “armado” del expediente. Ello motivó que la minoría de los legisladores de ese cuerpo planteara a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, las irregularidades que se estaban cometiendo en esa materia de prueba e “incurriendo en lo que se denomina una auténtica ‘excursión de pesca’ respecto de la vinculación de la prueba que se pretende producir y los hechos investigados”, violándose la más elemental garantía del debido proceso. También se le señaló a la diputada Moreau, entre otras graves cuestiones, que se estaba convirtiendo al Congreso Nacional en un órgano capaz de ejercer “actividades de inteligencia ilegal” o “que viola el derecho a la intimidad de las personas”.

La declaración de dos de los cuatro jueces ha sido lo suficientemente contundente como para que el oficialismo admita que armó todo un show con el único fin de atacar a la Corte en busca de impunidad y que no cuenta con el más mínimo apoyo para seguir adelante con semejante atropello institucional

“Teniendo en cuenta las severas irregularidades detalladas, consideramos que el trámite en estos términos del juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte es ilegítimo, arbitrario e ilegal y, por tanto, se encuentra viciado de nulidad en los extremos referidos”, sostuvieron los legisladores de la oposición.

Esa argumentación fue retomada por el juez Rosatti, quien, pese a poner de manifiesto la amplia colaboración prestada por la Corte para cumplir con los oficios dirigidos a ella y la concurrencia de los funcionarios y empleados del tribunal a declarar como testigos, listó numerosos y graves vicios de procedimiento, entre ellos, violaciones a derechos de los testigos, pruebas invalidadas en una causa judicial por su origen ilegal, obtención de información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial y desconociendo el secreto fiscal, y violación de la protección contra la autoincriminación de testigos cuando existían causas en trámite, entre otras muchas que afectaron el derecho de defensa de los jueces. Rosatti advirtió que, de ser necesario, serán planteadas judicialmente.

Entre otras irregularidades, han venido sobrevolando investigaciones de chats privados, cuyas raíces se hallan en motivaciones políticas que ahora comienzan a esclarecerse por las investigaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Los jueces de la Corte fueron rebatiendo, cuidadosa y extensamente, además, todos los cargos que se les formularon. Ante la objeción de la comisión del momento en que la Corte resolvió el caso atinente al Consejo de la Magistratura, Rosatti adujo con acierto que, desde el instante de ese fallo hasta su presentación, transcurrieron “casi dos años y el Congreso no dictó aún una nueva ley”, de lo cual se desprende que mal puede agraviarse a una comisión del Congreso por una falencia imputable al Poder Legislativo. Detalló que, desde su asunción como presidente de la Corte, en abril de 2022, se adoptaron desde esa institución del Poder Judicial numerosas medidas, haciendo notar que la inmensa mayoría de las resoluciones contaron con amplios consensos o unanimidad y que esa situación le consta a la Comisión de Juicio Político, a la que se le envió copia de las resoluciones. De igual modo, se explicó lo acaecido en las causas judiciales en trámite ante la Corte, objeto de cuestionamiento por la Comisión de Juicio Político con el fin de sumar presiones sobre los jueces.

Este inaceptable proceso parlamentario, fruto de las claras conveniencias del presidente de la Nación y de sus acólitos, quedó totalmente superado por los acontecimientos. La continuación de la actividad de la Comisión solo puede explicarse como un modo de presionar a los jueces del máximo tribunal –e indirectamente a muchos tribunales inferiores– para que no avancen causas en las que se encuentran gravemente comprometidos funcionarios y exfuncionarios.

El juicio político nunca debió haber nacido ni avanzado. Resta terminarlo formalmente lo más pronto posible. La totalidad del plenario de la Cámara de Diputados debería abocarse al estado de ese trámite, haya o no dictámenes, porque es simplemente una comisión asesora del cuerpo que debe responder a lo que decida el plenario. Nunca existió una mayoría de dos tercios de los miembros presentes para proceder a la acusación. Es hora de formalizar la inexistencia de tal mayoría, sometiendo a votación lo actuado por la comisión y eximiendo a los jueces de la Corte de la injusta acusación a la que fueron sometidos. Es, además, una condición muy conveniente para la libertad completa de actuación de la cabeza del Poder Judicial de la Nación ante el pronto traspaso del gobierno nacional, en el que cualquiera de los candidatos que resulte elegido presidente deberá plantear su programa y medidas de gobierno, que pueden suscitar fuertes consecuencias judiciales.

Fuente: La Nación

El balotaje presidencial que tendrá lugar el próximo domingo ha planteado una difícil disyuntiva en el electorado. Mucha gente razonable, de derecha, centro o izquierda, se encuentra tensionada entre su rechazo a las posiciones radicalizadas y la inexperiencia en funciones públicas de Javier Milei, por un lado, y a la posibilidad, por el otro, de que se prolonguen, por la vía de Sergio Massa, la política y los comportamientos que definieron a cuatro gobiernos de raíz kirchnerista, sobre todo en el desmanejo de la economía nacional, la desaparición de inversiones, la inseguridad y la corrupción entendida en sus más diversas modalidades, como el espionaje ilegal puesto al descubierto estos días en escalada descomunal.

Estamos así ante una vacilación legítima, en un país que merecería alternativas menos cuestionables. Es un cuadro de cuya existencia sabíamos antes del debate del domingo último y es lo que hay a días de los comicios. No es posible diseñar candidatos imaginarios mediante la inteligencia artificial: los dos que quedaron al final en la liza son resultado de elecciones libres y fruto peculiar, y más o menos inesperado, de una cultura nacional. Cuando se dice “ninguno me representa”, la derivación inmediata sería el acto de no presentarse a votar, votar en blanco o en forma nula, o mudarse a otro país, donde haya políticos empáticos, sin la carga de caracterizaciones personales y antecedentes que la sociedad aspiraría a no tener que enfrentar después de un larguísimo ciclo de desgaste emocional y energías declinantes por la obstinación de una crisis que deja sin respiro a la sociedad. Aquellos supuestos consuelos implican, sin embargo, desentenderse de la acción colectiva sin asumir compromisos personales y prepararse para vivir como extraños como si se estuviera en una nación enajenada por culpa de los demás.

Nos hallamos ante una encrucijada compleja, pues están en juego valores, dogmas y creencias e, incluso, la resignación pragmática de que la política es, al fin de cuentas, el arte de lo posible. Se trata de una elección particularmente difícil para los votantes de ambos lados del centro. Ninguno de los candidatos –conviene enfatizarlo– cumple con el formato de un ideario suficientemente extendido en la sociedad. Y recurrir a la tercera vía, que es la de lavarse las manos en tren comprensible de pretender mantenerse neutrales como ciudadanos, dejará entre no pocos de quienes la sigan un sabor amargo.

Un lector de La Nación, instando a no votar en blanco, resumió la encrucijada en estos términos: es una opción entre pasta y pollo para un vegano hambriento que sufre celiaquía. Ninguna alternativa le conforma y, en el extremo, prefiere aceptar pollo contra sus convicciones de vegano, que elegir pasta y dañar su salud.

No es posible diseñar candidatos imaginarios mediante inteligencia artificial

Suele plantearse la cuestión en términos éticos y es comprensible. Nunca, que se recuerde, hemos enfrentado una competencia electoral trabajada por tantos matices inéditos. La insistencia en la expresión de que se halla en juego entre los votantes “una cuestión de piel”, sintetiza la apreciación instintiva de los desencantados para descartar las dos alternativas del balotaje, aun si lo hicieran con la cautela de taparse la nariz. Al invocar para esto valores personales irrenunciables, muchos priorizan una autopercepción: la imagen de sí mismos que quieren ver en el espejo para no ser “cancelados” por su grupo de pertenencia.

Sin embargo, una cosa es tomar decisiones individuales asumiendo en forma personal los costos y beneficios del propio actuar y otra cosa es hacerlo cuando está en juego el destino de toda la población y en particular, de los veinte millones de argentinos en situación de pobreza. La convivencia cívica plantea muchas veces dramas insolubles, como bien saben los estudiosos de la ciencia política y omiten decir quienes la practican, luchando desenfrenadamente, y a veces, irreflexivamente, por el poder.

No siempre el interés general permite irse por la tangente. En esta ocasión los argentinos deberán pronunciarse entre dos candidatos. Esto equivale a acudir, en última instancia, a una vara de mensurar, según el leal saber y entender de cada uno, quién asegura de mejor modo la instauración de una política que movilice las energías productivas de la República a partir de los fundamentos institucionales de la división de poderes y del respeto por los derechos y garantías individuales que nos identifican como nación democrática. Eso es lo irrenunciable para las conciencias formadas por los principios de la democracia republicana.

Cualesquiera fuesen las objeciones que suscitasen los candidatos presidenciales, ninguno es comparable a Adolfo Hitler ni a José Stalin, como pudo argüirse de las posiciones más extremas del ejercicio crítico de la política. Los dos tienen características propias de los argentinos y por eso están ahí. Ninguno de ellos ha hecho propuestas que impliquen abandonar el marco constitucional que nos encuadra como nación articulada en el vasto territorio argentino desde 1853/60. Uno, recita el preámbulo como lo hizo Alfonsín hace 40 años. El otro invoca a Juan Bautista Alberdi, el solitario que gravitó con sus escritos y prédicas en los antecedentes de la obra constitucional de hace más de un siglo y medio.

Recurrir a la tercera vía, que es la de lavarse las manos en tren de pretender mantenerse neutrales como ciudadanos, dejará entre no pocos de quienes la sigan un sabor amargo

La pobreza habrá de gravitar en forma inexorable sobre la conciencia ciudadana al momento de votar. Es la raíz de los demás males: el abandono escolar, las drogadicciones, los conflictos familiares, la inseguridad ciudadana, los reclamos sociales, la marginación de los excluidos y la destrucción del capital social.

Seguramente cada elector dubitativo, a pesar de sus críticas y rechazos, tiene una percepción íntima acerca de cuál es para él el candidato con mayores posibilidades de mejorar la situación del país aun a costa de contradecir sus preferencias personales.

Cada argentino, le guste o no, debería sentir la obligación moral de considerarse el “único votante” para resolver, con el cumplimiento del derecho y deber cívicos, su mandato en las urnas. Estará en juego, además del propio, el destino de 47 millones de compatriotas.

Fuente: La Nación

La obtención de información confidencial o secreta, en franco desprecio por la intimidad de las personas, ha sido una constante tentación del kirchnerismo, producto de la confusión entre Estado y gobierno y del uso de los recursos estatales para satisfacer oscuros intereses particulares. El espionaje sobre adversarios políticos, jueces, periodistas, empresarios, sindicalistas y hasta dirigentes y funcionarios de la propia fracción oficialista ha sido parte de un sistema ilegal tendiente a controlar, condicionar y extorsionar.

Conocida era la voracidad de Néstor Kirchner para acceder a partes de inteligencia que confeccionaban sus funcionarios de confianza. Esa enfermiza tendencia fue también comprobada en su esposa, Cristina Kirchner, tanto en sus diálogos con Oscar Parrilli en los que la expresidenta de la Nación hablaba de “armar causas”, generar “carpetazos” y “apretar a los jueces” como en distintas piezas halladas durante un allanamiento a su domicilio, que daban cuenta de ese afán por husmear en la vida privada de no pocos hombres públicos.

Recientemente, una investigación del fiscal Gerardo Pollicita reveló la existencia de 1196 informes de espionaje ilegal, que datarían desde 2009 hasta nuestros días, obtenidos a través de una red que comandaría el policía retirado y exagente inorgánico de los servicios de inteligencia Ariel Zanchetta, actualmente detenido, a quien la Justicia le secuestró numerosos dispositivos celulares. La Justicia dio con él cuando investigaba a un hacker misionero, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, acusado de pinchar teléfonos de jueces y camaristas a cargo de causas judiciales que involucran a Cristina Kirchner y del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

Estamos ante una red de inteligencia ilegal financiada por el propio Estado, que echa por tierra con la promesa presidencial de terminar con los sótanos de la democracia

Si bien la Justicia habría accedido hasta ahora al contenido de apenas el 10 por ciento de esos informes ilegales, existen pruebas de que parte de ellos fueron pedidos, recibidos y financiados con pagos de pauta publicitaria oficial del gobierno bonaerense y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), gestionados por el funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector del citado organismo recaudador, para Zanchetta. Otro dirigente de gran cercanía a Cristina y Máximo Kirchner, como el diputado nacional Rodolfo Tailhade –exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)–, era el receptor de informes provistos por Zanchetta. Entre estos, se encontrarían aquellos con información sensible acerca de los dirigentes opositores Luis Juez y Elisa Carrió, además de los chats robados a D’Alessandro, donde aparecerían conversaciones entre este y Silvio Robles, secretario privado del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

Se trata de información obtenida ilegalmente que a Tailhade le sirvió para atacar a los miembros de la Corte en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Este legislador cristinista es reconocido por su estilo pendenciero y patoteril, y por su condición de denunciante serial al servicio de operaciones contra jueces.

Tanto Conu Rodríguez como Tailhade estarían cerca de ser llamados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ahora tiene la oportunidad de demostrar que no es un magistrado funcional al kirchnerismo, como lo ha sido cuando reveló su escaso compromiso para develar qué hacían en la casa de Cristina Kirchner las carpetas con informes sobre actividades públicas y privadas de importantes empresarios y políticos opositores, secuestradas oportunamente por el juez Claudio Bonadio, ya fallecido.

Es de esperar que se investigue y se condene a los responsables de esta red de inteligencia ilegal financiada por el propio Estado, que echa por tierra con la promesa oportunamente formulada por el presidente Alberto Fernández de que en su gobierno no habría espías persiguiendo a nadie ni sótanos de la democracia. Lamentablemente, las cloacas de la política siguen a la vista de todos y al servicio de quienes manejan los hilos del poder político.

Fuente: La Nación