Boliviano, Real, Guaraní, Sol, Colón, Quetzal, Lempira y Pesos chilenos, colombianos y uruguayos, son monedas de algunos vecinos latinoamericanos y, ante nuestra sorpresa, sus ciudadanos creen en ellas. No piensan, ni calculan en dólares y ni siquiera saben su cotización. En la Argentina, en cambio, tenemos un símbolo semejante, pero engañoso. De peso no tiene nada, ni como palabra, ni como promesa, ni como realidad. Apenas sirve para pagos menores. Nadie ahorra en serio, ni estima valores con esa vara que, de tanto estirarse, perdió 13 ceros desde 1992.
Un país sin moneda no puede funcionar pues los intercambios se frustran, no hay contratos de largo plazo, los bancos carecen de depósitos para dar créditos, las empresas no tienen capital de trabajo suficiente y las familias sobreviven en la informalidad. La sociedad vive en ascuas atenta a los noticieros, a las alertas en los celulares y a los chismes de café. Pues nadie quiere que lo sorprendan con pesos encima si ocurre una devaluación, un cepo o un ahorro forzoso.
Hace solo seis meses, en la previa a las elecciones legislativas de octubre, se produjo una crisis de confianza que provocó una dolarización de carteras sin precedentes en la Argentina. La caída en la demanda de dinero fue equivalente al 50% de la masa monetaria. Se produjo así una dolarización de carteras, equivalente a unos 35.000 millones de dólares en un instante, por temor a un regreso del peronismo. Esa “corrida” fue la prueba palmaria de la falta de moneda y cualquier fórmula que se diseñe para impulsar la actividad económica debe tomar en cuenta esa realidad desconocida fuera de nuestras costas.
Para estabilizar la economía y evitar pánicos mayores, es necesario aferrarse a algún ancla que sujete el cuerpo colectivo hasta que la desconfianza amaine. El Gobierno optó por el ancla fiscal en lugar de dolarizar, única alternativa restante para un país que carece de crédito, que no puede aumentar impuestos y, menos aún, emitir billetes.
En naciones con moneda, un poco de emisión “para reactivar” no detona una corrida masiva al dólar como en el nuestro. Dada esa restricción, que siempre se olvida, para expandir el crédito e impulsar el comercio y la producción, se debe convencer a los tenedores de dólares de que, si los cambian por pesos, no serán estafados con otra devaluación. En otras palabras, aplicar una regla fiscal estricta.
La firme imposición de ese principio implica, además de cortar de inmediato la fuente de emisión, enviar una señal de convicción que apunta al futuro y no solo al presente. La tozudez, el empecinamiento y la crueldad (Axel Kicillof dixit) son “pruebas de amor” que exigen quienes tienen activos fuera del sistema, para arriesgarlos aquí. Como la mayoría son argentinos, conocen bien el paño y las manchas de nuestro prontuario. Por eso, la reactivación no la puede resolver solo el Gobierno, sino que requiere de la política, esa madeja de fuerzas volátiles que gravitan sobre el horizonte nacional: los dirigentes, los factores de poder, la opinión pública y, en última instancia, las urnas.
Para que la resistencia del ancla sea convincente, no basta con echarla al mar y decir “no” a cada pedido de gasto. Debe acompañarse por medidas que fortalezcan sus eslabones y prevengan la corrosión populista: las difíciles reformas estructurales en curso. Javier Milei no tuvo como prioridad reactivar el aparato productivo existente, ni mejorar los salarios en el corto plazo. Se propuso transformar el país para que una mayor productividad permita sostener en el tiempo las demandas de bienestar de la sociedad argentina. La aprobación de esas reformas por el Congreso de la Nación son también señales indispensables para asegurar su continuidad futura.
Esos cambios de incentivos alteran los empleos e ingresos de toda la sociedad y así como hay sectores que se expanden, hay otros que sufren. Si hubiera crédito, holgura fiscal o demanda de moneda, el Gobierno podría ofrecer programas de asistencia y reinserción a los afectados por la transformación. Pero en la Argentina del default más grande del mundo, de las dos hiperinflaciones y la ruptura masiva de contratos, ya no queda ninguna herramienta viable en la caja del ministro de Economía y las presiones por cortar el ancla, son crecientes. Aunque resulte frustrante, nada más se puede hacer.
Quienes reclaman mayores gastos, en muchos casos justificados, desconocen que las negativas no se deben a que carezcan de razón, sino a desbordes preexistentes con derechos adquiridos que han ocupado su lugar, como el asiento del colectivo. Por ejemplo, en 2026 las jubilaciones y pensiones absorberán el 46% del gasto público, por encima del 34% de 2023, pues crecieron mucho con Milei. Como solo el 30% se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores activos, el 70% se cubre desde la Tesorería. Alli están las jubilaciones sin aportes que desfondaron el sistema y por eso se debieron reducir otros gastos como los subsidios energéticos, la obra pública y las transferencias a provincias, para mantener el equilibrio fiscal.
Las tarifas de electricidad y gas natural en 2023 insumieron el 10% del gasto primario y luego de ajustes segmentados, ahora insumen casi la mitad. Pero las alzas impactaron en el bolsillo de la clase media, reduciendo su ingreso disponible. Y aun así, son menores a las que se pagan en Uruguay o Chile. Desde la emergencia económica de 2002 que congeló las tarifas, el país se había convertido en un “Viva la Pepa” insostenible, siendo el que más subsidios otorgó en América Latina, detrás de Ecuador. Desde 2024, también se redujeron los subsidios al transporte, al agua y cloacas, con igual impacto sobre los monederos familiares.
Otro frente que tensa el ancla fiscal es el PAMI, la obra social más grande de la Argentina, con alrededor de 5,4 millones de afiliados y cuyos recursos no alcanzan para cubrir los gastos siempre crecientes de la clase pasiva, por la extensión de la vida humana y el costo ascendente de tratamientos y medicamentos. El Tesoro Nacional aporta el 14% del total, con gran dificultad. Si bien se sabe que hay compras con precios inflados, prestaciones inexistentes y otros fraudes históricos, nada puede hacerse de inmediato para equilibrar sus números.
En cuanto a la ley de emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario que unificaron a la oposición ”bochando” un capítulo del presupuesto 2026, son otros casos de finalidades loables (soslayando sus distorsiones), pero que requieren recursos inexistentes a menos que se achiquen otros gastos, también “blindados” por sindicatos, marchas y medidas judiciales.
Durante su gira europea, el gobernador Kicillof, aseguró que “hay otro camino que no es de la crueldad y no es el del abandono”, pero no explicó cual es. Sin credibilidad, sin acceso al crédito y cortando el ancla fiscal para recurrir a la emisión monetaria, el país retomaría la situación que dejaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa en diciembre de 2023, pero en versión acelerada.
Ni la reactivación ni la mejora de ingresos puede ser resuelta solo por el Gobierno, sino que requiere confianza hacia el futuro, ámbito de la política. Pero, así como el equipo económico hace lo posible con las herramientas que tiene, también es cierto que las pujas internas, las conductas de funcionarios y las agresiones gratuitas a personas respetables, como los periodistas de este diario, acotan aún más su margen de maniobra al torcer la opinión pública y mellar el crédito ganado en las dos elecciones que le permitieron construir su poder.
