Categoría: Entrevistas

En tanto la privación de la libertad sea solo física y no incluya la virtualidad, la cárcel seguirá siendo un vehículo para seguir cometiendo delitos. Así lo demuestra la enorme cantidad de presos que siguen comandando bandas de delincuentes desde dentro de los penales.

El uso de celulares les permite hacer tareas de inteligencia en torno de sus potenciales víctimas, preparar logísticas cada vez más sofisticadas para ejecutar crímenes y llevarlos a cabo mediante el apoyo de personas en libertad que les responden.

El celular se ha transformado así en un arma en manos de delincuentes y poco se ha hecho para revertir una situación que, en numerosos casos, termina en la muerte de las víctimas.

Bastan unos pocos ejemplos para dar cuenta de esa situación.

· Mediante el uso de un teléfono celular fue que presos hostigaron, embaucaron, estafaron y llevaron al suicidio al soldado voluntario del Ejército Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años.

· Al grupo de delincuentes conocidos como “la Banda de millón”, que amenazó, robó y asesinó, se le probó que operaba al mando de cabecillas que se encuentran detenidos en varias unidades penales a quienes aquellos les enviaban fotos y videos como prueba de los botines obtenidos. Esas imágenes, incluso, las subían a redes sociales. Y eran los jefes en prisión quienes les impartían las directivas sobre cómo repartirse lo robado.

· Dos magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro fueron víctimas de una estafa en sus teléfonos celulares proveniente de llamados desde un penal. Uno de los jueces cayó en la trampa. Le informaron que le harían una entrega para lo cual debía registrar un código en su teléfono celular, lo que les permitió a los estafadores tomar el control de la cuenta de WhatsApp y hacerse de todo lo contenido del dispositivo.

· Un hombre que mató a un remisero para robarle el auto, tras lo cual asesinó a su esposa y a su suegra, comenzó a enviarle mensajes intimidatorios por celular a miembros de su familia política, a cargo de la crianza de su hijo, estando ya detenido.

Como contrapartida, cabe mencionar que, el mes último, en un fallo sin precedentes, el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón sentenció a 20 de prisión a un preso por haber abusado sexualmente de una niña de 12 años mediante medios digitales, sin haber tenido nunca contacto físico con ella. Los magistrados evaluaron el hostigamiento al que fue sometida la menor al responder virtualmente a los requerimientos del preso bajo constantes amenazas. El tribunal dejó constancia así de la figura de “abuso carnal” en casos de “abuso sexual digital” o de “cautiverio digital”.

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Desde las cárceles se cometen homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros, maniobras de narcotráfico, robos, <i>grooming</i>, trata de personas, extorsiones e infinidad de otras conductas penales absolutamente condenables

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Esa histórica decisión pone sobre el tapete una realidad que fue descripta con acierto por la jueza federal de San isidro, Sandra Arroyo Salgado. “El problema –dijo a LA NACION- es que tanto el poder político como el judicial estamos desfasados. Somos obsoletos. Hoy todo está globalizado, incluido el delito. El narcotráfico, el terrorismo actúan virtualmente. La vida de las personas pasa por el celular y los delincuentes desde las cárceles se aprovechan de eso para seguir cometiendo sus crímenes. Hay que sacarles los celulares a los presos”.

La magistrada propone incluir en el Código Penal que la restricción de la libertad no solo alcance a lo físico, sino también a lo virtual.

Por otro lado, los jueces manifiestan preocupación por una peligrosísima paradoja que se les presenta diariamente: es muy difícil detectar de qué celular proviene una llamada desde la cárcel, en virtud de que, cuando se pide la intervención judicial, las antenas de telefonía proporcionan información de celdas en las que funcionan numerosísimos aparatos en un mismo penal. Si, por el contrario, se pide la intervención de un celular de una persona en libertad apenas sospechada, resulta mucho más rápida ubicarla. Es decir, hoy existe garantía de mayor impunidad si los delitos se cometen virtualmente desde una cárcel.

Recientemente, el gobierno nacional autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en penales federales con el fin de identificarlos y anular su funcionamiento. Instrumentar la medida no es ni simple ni automática, pero representa un paso adelante para empezar a evitar que esta situación continúe.

Cada provincia, en tanto, debería adoptar una postura similar respecto de los servicios penitenciarios que de ella dependen. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los presos siguen usando sus celulares, una medida que se instrumentó para la primera etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio de la pandemia por coronavirus con el fin de respetar los derechos de los detenidos de seguir manteniendo contacto con sus familiares y representantes legales. Ya pasaron casi seis años del final de esa emergencia, pero la norma sigue en pie.

Así como en ese momento se realizó un amparo colectivo en defensa de los derechos de los detenidos, es hora de que hoy se presente otro amparo en representación y defensa de los derechos de las víctimas que, totalmente inocentes, son blanco del delito coordinado por presos con la más que segura connivencia de agentes de seguridad y de parte del poder político.

Desde las cárceles se cometen homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros, maniobras de narcotráfico, robos, grooming, trata de personas, extorsiones e infinidad de otras conductas penales absolutamente condenables. Resulta aberrante que se les permita a los delincuentes seguir delinquiendo mientras el Estado vuelve a fallarles una vez más a las víctimas extramuros cuyo derecho a la seguridad pareciera no importar.

Urge derogar la norma que permitió esas habilitaciones y, como sucede en la mayoría de los países, que quienes están privados de la libertad se comuniquen con el exterior mediante dispositivos controlados por la autoridad y en casos justificados.

Fuente: La Nación

En Brasil nadie pone en duda que Itamaraty constituye uno de los pilares que explican el ascenso de una potencia regional a protagonista global. ¿Qué sucede en la Argentina? A pesar de los vaivenes de la política nacional, la profesionalización de nuestra diplomacia logró alcanzar continuidad hasta hoy. Entre 1963, con la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y la posterior sanción parlamentaria, en 1975, de la ley 20.957 que lo rige, se logró construir un servicio diplomático estable y profesional, un salto cualitativo de trascendental importancia. Nuestro servicio exterior supo obtener prestigio y reconocimiento.

En las diplomacias de los países desarrollados impera una lógica de meritocracia racional, dado que sus cuadros trabajan para el Estado y no para gobiernos, partidos o grupos de intereses. En países con instituciones débiles, afloran el clientelismo político, el amiguismo y las camarillas. José Ortega y Gasset advertía sobre el riesgo del “Estado-Botín”, la tendencia argentina al saqueo de las instituciones públicas –por parte de facciones políticas, civiles o militares- para convertirlas en instrumento de beneficios particulares, en desmedro de los intereses nacionales. Esa lastimosa tendencia perdura hasta hoy.

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Fomentar la “partidización” del servicio exterior para acceder a los cargos altos sería emprender la senda de su involución

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En años recientes germinó una penosa politización en el cuerpo diplomático argentino, que alcanzó su cenit durante el kirchnerismo, época de militancia, clientelismo, listas negras, operaciones opacas y ausencia de objetivos claros. Basta un solo ejemplo, Eduardo Sadous, un embajador honesto, sufrió un feroz acoso por denunciar la corrupción de la “diplomacia paralela” entre Buenos Aires y Caracas. La diplomacia es una actividad por excelencia ligada al Estado, y por eso mismo debe trascender a los gobiernos de turno e ideologías.

En los últimos tiempos surgieron nuevas tensiones por los tan postergados ascensos diplomáticos, en medio de denuncias de eventuales maniobras tendientes a bloquear las listas remitidas para la aprobación del Senado, elaboradas por la Junta Calificadora. Utilizar el Ministerio de Relaciones Exteriores para actividades proselitistas de cualquier signo constituye una falta de ética y es infringir un daño al prestigio de la institución diplomática. Los intentos de politizar ascensos a través de cupos partidarios vienen de antes. El trasfondo es la indiferencia que una dirigencia política cortoplacista otorga a la construcción y desarrollo de la carrera diplomática, sin asignar importancia a su despliegue estratégico, organización y proyección en el tiempo. Los gobiernos se suceden y las necesidades de modernización ministerial se postergan. Mientras, se acumulan años sin ascensos que desgastan la moral del cuerpo y estimulan las rencillas. La regularidad del régimen de ascensos debe recuperarse con menos influencias externas y más méritos internos. Los diplomáticos deberían evitar la pérdida de niveles de institucionalidad –que los debilita- apuntalando el profesionalismo. Fomentar la “partidización” del servicio exterior para acceder a los cargos altos sería emprender la senda de su involución.

Una parte de la prosperidad alcanzada por Brasil y Chile se debe a una adecuada organización y trabajo de sus diplomacias. La política argentina debería prestar mayor atención a la potencialidad que estas ofrecen. Del actual gobierno se esperaba la tarea de reorganizar el servicio diplomático, restaurando la profesionalidad, disciplina y dignificación de sus tareas. Sin embargo, se anuló un concurso anual de ingreso al ISEN, se redujeron asignaciones y se desvalorizaron funciones. En la embajada argentina en Madrid se atrinchera un bizarro agregado comercial político -herencia kirchnerista- insubordinado con su jefe de misión, una escena esperpéntica. Ahora, el canciller Pablo Quirno tiene a su cargo la gestión de uno de los cuadros más capacitados de la administración pública nacional, mientras la Argentina realiza los necesarios esfuerzos para abrirse al mundo. Las relaciones entre la política y sus brazos ejecutores no siempre son fáciles, pero cuanto mejor se desenvuelvan, más logros y beneficios se obtendrán para los intereses argentinos.

Fuente: La Nación

Durante años, la Argentina adoptó una postura ambigua —cuando no directamente restrictiva— frente a la protección de las patentes farmacéuticas. Bajo el argumento de facilitar el acceso a los medicamentos, se consolidó un marco que, en la práctica, limitaba la protección de innovaciones y alejaba al país de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

Las recientes decisiones gubernamentales que revisan ese enfoque y el dictamen de comisión favorable que el oficialismo logró aprobar anteayer en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes representan, en ese contexto, una señal saludable, no porque la protección de patentes sea un fin en sí mismo, sino porque constituye una condición necesaria para incentivar la investigación, atraer inversiones y favorecer el desarrollo tecnológico.

El despacho de mayoría reunió 57 firmas con respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, aunque introdujo cambios sobre la media sanción aprobada por el Senado en 1998. Como se trata de un tratado internacional, la iniciativa nunca perdió estado parlamentario pese al paso de los años. De ser aprobado el texto en el recinto, deberá regresar en revisión al Senado, última instancia para la que podría ser su sanción definitiva.

La discusión suele plantearse en términos simplificados: más patentes implicarían precios más altos y menor acceso a medicamentos. Pero la realidad es más compleja. La innovación farmacéutica exige inversiones extraordinarias, plazos prolongados y riesgos significativos. Sin un sistema de protección razonable, esos desarrollos tienden a concentrarse en jurisdicciones que ofrecen mayor previsibilidad jurídica.

El resultado no es solo económico; también es sanitario. Los países que desalientan la innovación terminan accediendo más tarde a terapias avanzadas, dependen de desarrollos externos y reducen su participación en ensayos clínicos y transferencia tecnológica.

Los cambios anunciados buscan precisamente corregir esa distorsión. Según actores del sector, la medida constituye “un paso hacia adelante” que permitirá recuperar competitividad y fomentar la investigación, sin que ello implique necesariamente un aumento de precios.

La experiencia internacional confirma esa posibilidad. La protección de la propiedad intelectual no impide políticas públicas orientadas a potenciar el acceso. Existen múltiples instrumentos —compras públicas, acuerdos de licencia, cobertura estatal, programas de acceso— que permiten compatibilizar innovación y disponibilidad.

El problema surge cuando se intenta resolver esa tensión debilitando la protección jurídica. En ese caso, el efecto suele ser el contrario: menos investigación local, menor transferencia tecnológica y dependencia creciente de desarrollos externos.

La discusión, entonces, no debería plantearse como una oposición entre patentes y acceso. El verdadero desafío es construir un sistema que permita ambos objetivos: incentivar la innovación y garantizar la disponibilidad de tratamientos.

Las recientes decisiones no constituyen una solución definitiva, pero sí una corrección necesaria. Durante demasiado tiempo, la Argentina adoptó criterios restrictivos que la alejaron de los estándares internacionales y generaron incertidumbre para quienes invierten en investigación.

Revisar ese enfoque no significa favorecer intereses sectoriales. Significa reconocer que la innovación requiere reglas claras y previsibles. Defender la propiedad intelectual no es un capricho jurídico. Es una política de desarrollo. Porque sin investigación no hay innovación. Y, sin innovación, el acceso termina siendo siempre tardío.

Fuente: La Nación

La cuarta marcha universitaria realizada ayer desde que asumió el actual gobierno reaviva un debate cuya solución aparece lejana. “Es una marcha política”, declaman en el Gobierno. “Los salarios docentes y de los investigadores son paupérrimos”, protestan los protagonistas del sector educativo, al tiempo que reclaman que se aplique la ley de financiamiento universitario, sancionada a fines de 2025, que instó al Gobierno a recomponer los haberes y reforzar los fondos de las casas de altos estudios del ámbito público.

Todos y cada uno de los actores involucrados creen tener razones que se fundamentan en la compleja realidad de la hora. Le asiste la verdad al Gobierno cuando señala a determinados sectores de la política que se suben a estas marchas tratando de explotarlas, llevando agua para su molino con cifras amañadas sobre la situación educativa. Pero también hay dirigentes que, conscientes de que la gratuidad absoluta es una falacia, están convencidos de que hay reclamos que son justos y aspiran a que se los tenga en cuenta.

Que un día antes de la marcha el Gobierno haya modificado el presupuesto 2026 recortándolo en 2,5 billones de pesos y haciendo recaer una buena parte de la poda en las áreas educativa y sanitaria puede no haber sido la más oportuna decisión administrativa en orden a mantener a raya el gasto público, pero también es cierto que quienes sancionaron la ley de financiamiento universitario en el Congreso no definieron de dónde deberían salir los recursos para hacerla viable, prescindiendo en consecuencia del análisis de cómo afectaría ello a las cuentas de la administración general del país.

La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional es clara al respecto: sostiene que toda norma que autorice gastos no previstos en un presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento y que no pueden crearse fondos u organismos que indiquen gastos que no se consoliden en el presupuesto general o que no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria. Fue por esa razón, precisamente, que la ley de 2025 fue vetada por el presidente Javier Milei. Más tarde, el Congreso insistió en la norma, tras lo cual el Gobierno presentó un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, donde el tema aguarda respuesta mientras la aplicación de la ley de financiamiento sigue suspendida.

También está debidamente documentado el desgaste de docentes y no docentes universitarios por los magros haberes que perciben. Los reclamos fueron variando con cada marcha. Tras la primera, realizada en abril de 2024, primó el pedido de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades –representan el 10% del total; el 90% corresponde a pago de salarios-. Para entonces, el Gobierno se sentó a dialogar y concedió un incremento del 270% para aquellos gastos. En la segunda, que tuvo lugar en octubre del mismo año, el pedido principal consistió en una recomposición salarial y en la revisión del presupuesto 2025. La tercera tuvo como eje reclamar a los legisladores que impulsaran la ley de financiamiento y se recompusiera el presupuesto para el área, hasta llegar a la de ayer, centrada en que el Gobierno cumpla con la ley sancionada y ahora judicializada.

Ese in crescendo arrojó como lamentable resultado la pérdida de horas de clase que significaron los paros docentes y la adhesión a numerosas protestas adoptadas en diferentes formatos y momentos de la cursada. Miles de estudiantes de universidades públicas se vieron obligados a recuperar clases en forma virtual, con agregado de materiales de lectura, forzando programas y generando grandes dudas sobre la calidad de los parciales. Muchos otros, que hicieron el esfuerzo de encarar una carrera universitaria, pero que no hallaron la correspondiente contraprestación de parte del sistema educativo, abandonaron los estudios. Ese aspecto también debe ser considerado en esta larga disputa en donde todos parecen tener razón en algo, pero no se muestran verdaderamente dispuestos a negociar una salida decorosa que no haga descender a la educación pública en la escalera de históricos y merecidos reconocimientos.

Cuando la discusión sobre el presupuesto monopoliza el debate, quedan relegados otros importantes temas, como la falsa gratuidad y las potenciales fuentes de financiamiento, incluido el arancelamiento para una mayoría de estudiantes que están en condiciones de afrontarlo y para quienes vienen del exterior exclusivamente a estudiar una carrera universitaria que en sus países de origen no pueden solventar. También, las auditorías docentes, los sistemas de ingreso, los índices de graduación, la escasez de profesores con dedicación exclusiva, la actualización de contenidos frente a las nuevas tecnologías y el alcance del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, entre muchas otras cuestiones que avanzan aceleradamente mientras la educación se ralentiza.

En 1983 cursaban estudios universitarios en el país unos 357.000 estudiantes. Hoy son más de 2,5 millones, con un aumento de la población del 60%. En la Argentina hay 557 alumnos por cada 10.000 habitantes; en Brasil, 408, y en Chile, 357. Nuestro índice de graduación promedio es de 20 graduados, 37 en Brasil y 80 en Chile. Solo un 23,7% de los ingresantes a universidades públicas argentinas se gradúan; en las privadas lo hace el 40%.

El 70 % de los alumnos que se reciben en la universidad pública pertenece al 20% de las familias con mayores ingresos, lo cual confirma que la gratuidad no solo conspira contra el índice de graduación, sino que tampoco beneficia a los de menores recursos.

También es bajo el porcentaje de quienes se reciben en los plazos curriculares establecidos.

En la Argentina, a pesar de las insatisfactorias condiciones con la que egresan muchos estudiantes del nivel medio, no está vigente el examen habilitante que en numerosos países es obligatorio aprobar en el último año. Tampoco rige entre nosotros la tramitación de una habilitación posterior a la graduación universitaria para el ejercicio profesional, algo habitual en otros lugares del mundo con licencias, como las de los médicos, que deben ser revaluadas periódicamente.

La universidad debe ser un ámbito de libertad, de búsqueda del conocimiento, de pluralismo. Sin embargo, asistimos a actos de censura en distintas facultades cuando el ideario de un expositor no coincide con el de quienes creen tener el monopolio de la verdad y no toleran el disenso, tanto del oficialismo como de la oposición. En la Universidad Nacional de La Plata, incluso, se ha llegado a premiar la labor a favor de “la democratización de la prensa” de dictadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Evo Morales, auténticas burlas que desprestigian a cualquier centro de estudios.

Ciertamente, los países que invierten en educación y promoción de la investigación científica son los que más han crecido en las últimas décadas de la mano también de la industria del conocimiento. El retraso relativo de América Latina, y de nuestro país en particular, se origina en la desatención en que la política ha sumergido estas cuestiones.

Es necesario pensar en cómo promover fuentes de financiamiento que son habituales en otros países, como la investigación científica y las donaciones, y en cómo superar la inequidad social de la gratuidad del actual sistema.

El diseño de las prioridades educativas debe estar en manos de expertos para sopesar cuestiones académicas, no de políticos que solo buscan hacer proselitismo y funcionarios que por años lucraron con suculentas cajas apostando a conservar cautivos a sus votantes.

Si unos y otros tienen parte de razón, está fallando el diálogo, la comprensión de las razones de cada protagonista y la búsqueda de una solución que no será perfecta ni definitiva, pero que debería encaminarnos a salir del fondo del pozo en el que nos encontramos.

Fuente: La Nación

En la Argentina, hablar de Justicia suele provocar una mueca de escepticismo. No es casual: durante años, demasiados procesos por corrupción se han diluido en maniobras dilatorias, nulidades oportunistas y estrategias destinadas no a probar la inocencia, sino a impedir el juicio. En ese contexto, la actuación de la fiscal general Fabiana León merece ser destacada como lo que es: un acto de afirmación institucional.

En el juicio por el caso de los Cuadernos de las coimas, su intervención ha sido clara, firme y, sobre todo, incómoda para quienes pretenden invertir el sentido de las cosas. Frente a un aluvión de planteos destinados a anular el proceso, la fiscal recordó una verdad que debería ser elemental: el ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia es el juicio oral.

Sin embargo, en la Argentina de los últimos años, esa obviedad ha debido ser defendida como si fuera una posición controvertida. Porque lo que está en juego no es solo un expediente. Es un modo de concebir la relación entre el poder y la ley. Durante demasiado tiempo, se ha intentado instalar la idea de que los procesos por corrupción son, en realidad, persecuciones políticas; que los jueces y fiscales son actores de una trama espuria y que la Justicia debe justificarse antes de juzgar.

La fiscal León desarma esa construcción con una pregunta tan simple como devastadora: ¿a quién se juzga aquí? Porque no se juzga a la Justicia, sino a quienes están acusados de haber saqueado al Estado. Y esa distinción, que parece obvia, ha sido sistemáticamente erosionada.

No es casual que durante seis años se haya intentado impedir la realización de este juicio. No es casual que, una vez iniciado, reaparezcan —con notable sincronía— los mismos argumentos, las mismas sospechas, las mismas teorías destinadas a desacreditar la investigación. La fiscal lo dijo sin rodeos: “No nos detuvieron durante seis años, no lo van a hacer ahora”.

Esa frase no es retórica. Es la constatación de una realidad: en la Argentina, llevar adelante un juicio por corrupción contra figuras de poder no es simplemente aplicar la ley. Es resistir; resistir presiones y campañas de deslegitimación. Resistir el desgaste. Y, a veces, resistir en soledad.

Por eso, cuando un fiscal —o un juez— decide cumplir su función sin ceder a esas presiones, no está haciendo nada extraordinario. Está haciendo lo que debe. Pero en un contexto degradado, ese cumplimiento adquiere una dimensión que excede lo individual. Se convierte en un acto de higiene institucional.

Porque cada vez que un proceso avanza pese a los obstáculos, cada vez que un argumento jurídico se impone sobre una consigna política, cada vez que alguien recuerda que el poder no está por encima de la ley, se rompe —aunque sea mínimamente— el círculo vicioso de la impunidad.

Y ese quiebre importa y nos debe importar a todos. Porque la corrupción no es solo un delito económico; es un mecanismo de degradación colectiva. Es la forma en que el poder se apropia de lo que es de todos, mientras instala la idea de que nada puede hacerse contra los corruptos.

Frente a eso, la actuación de fiscales y jueces independientes introduce algo que la Argentina necesita con urgencia: un principio de realidad. La ley existe; el juicio es posible. La responsabilidad puede ser exigida. No es poco. Pero tampoco es suficiente si no se lo reconoce. Porque el silencio frente a quienes cumplen su deber es, muchas veces, el mejor aliado de quienes buscan que ese deber no se cumpla.

Por eso conviene decirlo con claridad: la tarea de magistrados como la fiscal León no pasa inadvertida. Y no pasa inadvertida porque aporte una solución inmediata a todos los problemas, sino porque recuerda algo esencial: que la República no es una ficción retórica, sino un sistema que se sostiene —o se derrumba— en función de conductas concretas.

En un país agobiado por la corrupción, esas conductas son, literalmente, aire. Aire fresco. Aire necesario. Y también, para algunos, aire incómodo. Porque cada vez que la Justicia funciona, aunque sea parcialmente, deja en evidencia a quienes hicieron de su disfunción un modo de vida. Y esa evidencia es, quizás, lo que más incomoda.

No hay que engañarse: quienes durante años se beneficiaron de la impunidad no van a resignarse fácilmente. Intentarán, como ya lo han hecho, desacreditar a quienes investigan, invertir los roles, convertir a los acusados en víctimas y a la Justicia en culpable.

Es una estrategia conocida y profundamente corrosiva. Frente a ella, no alcanza con que algunos magistrados resistan. Es necesario que la sociedad advierta lo que está en juego. Porque si la defensa de la ley queda confinada a los tribunales, la batalla está perdida de antemano. La República no se sostiene sólo con normas. Se sostiene con convicciones.

Y cuando esas convicciones faltan, cuando se relativiza la importancia de que los procesos se desarrollen, de que las responsabilidades se determinen, de que las reglas se apliquen, entonces el deterioro deja de ser un riesgo para convertirse en un destino. Por eso, reconocer la tarea de quienes no ceden no es un gesto de cortesía. Es un acto de lucidez.

En esa resistencia silenciosa se juega algo más que un caso. Se juega la posibilidad misma de que la Argentina deje de ser un país donde el poder se protege a sí mismo y vuelva a ser, alguna vez, un país donde el poder responde ante la ley. Y esa posibilidad —conviene decirlo sin eufemismos— tiene enemigos. Muchos, y muy activos.

Por eso, cuando alguien cumple su deber en ese contexto, no basta con observar. Hay que tomar nota. Porque si quienes sostienen la ley quedan solos, no habrá discurso que alcance para explicar lo que vendrá. Y cuando finalmente llegue, ya no habrá a quién reclamarle: la responsabilidad será de todos los que miraron hacia otro lado.

Fuente: La Nación

a prosperidad de un país no depende solo de sus recursos naturales ni de los ciclos internacionales. Depende, sobre todo, de la calidad de sus instituciones: reglas estables, previsibilidad y confianza. En ese contexto, pocas garantías resultan tan relevantes como el respeto a la propiedad y a los contratos, es decir, la libertad económica entendida como el conjunto de derechos patrimoniales que permiten a las personas planificar, invertir, trabajar y emprender con horizonte de largo plazo.

Esa libertad se encuentra resguardada en la Constitución nacional, fue expuesta con maestría por Alberdi en su Sistema Económico y Rentístico y mereció durante décadas una significativa protección por parte de la justicia argentina para la que las leyes posteriores no podían alterar derechos. Sin embargo, a partir de la legislación de emergencia de la década de 1920, la doctrina de la emergencia y muchos otros instrumentos legales alteraron por completo las bases constitucionales de la economía argentina.

A partir de entonces aparecieron precios máximos, mínimos o congelamiento de precios, obligación de vender el producido de la tierra a monopolios estatales o de contratar “números vivos”, a lo que cabe sumar intervención de empresas privadas, expropiaciones sin pago de indemnización y restricciones económicas de toda índole.

Este fenómeno de se dio todavía con más fuerza en las relaciones contractuales entre el Estado y los particulares. La incertidumbre por el comportamiento estatal en sus contratos repercutió en mayores precios y en un ecosistema en el cual germinaron conductas venales de la más variada índole.

Con cada nueva crisis, la economía argentina se reseteó y una vez más todos los contratos quedaron sujetos a revisión. Lo que debería ser excepcional se volvió frecuente y la estabilidad normativa naufragó entre gobiernos militares y otros con débiles credenciales democráticas.

Desde 1983 hasta hoy, la Argentina dio un paso gigante al rechazar la violencia como forma de afrontar las disputas políticas. No logró, sin embargo, recuperar el respeto por sus instituciones económicas. Las recurrentes crisis de inflación o de deuda, fruto de políticas presupuestarias pródigas, solo acentuaron la intervención estatal en todos los contratos.

A la intervención directa sobre los contratos se le puede sumar el cúmulo de regulaciones, autorizaciones y permisos que se reinstalaron progresivamente en la economía a partir de 2003. Toda esta maraña administrativa, terreno fértil para las más variadas corruptelas, fue otro poderoso mecanismo de desaliento estatal sobre la economía. Cuando la importación de insumos, los precios de venta o el acceso a divisas depende de regulaciones administrativas inestables, la actividad económica deja de proyectar más allá de lo que estima que puede durar la regulación o el humor del funcionario que dicta las medidas.

De esta forma, nuestro país cambió un sistema económico basado en la iniciativa privada y el respeto a la propiedad, por un régimen de gestión estatal prebendario e inestable. Al haber trastocado las bases de la cooperación social, la natural consecuencia fue el estancamiento económico y el crecimiento sostenido de la pobreza.

Como dijimos, desde 1983 la Argentina consolidó un acuerdo fundamental: dirimir los conflictos políticos dentro del marco constitucional y desterrar la violencia como método. Es tiempo de completar ese logro con un segundo pacto, igualmente básico y transversal: que en materia económica rijan reglas estables, previsibles y generales, que la propiedad y los contratos sean efectivamente respetados y que el derecho vuelva a ofrecer el marco de confianza indispensable para invertir, trabajar y emprender.

Esa tarea involucra al Gobierno, compromete a la política y exige coherencia en las decisiones públicas; pero, sobre todo, interpela a la sociedad en su conjunto, porque sin un consenso social profundo sobre el valor de las reglas y de la palabra empeñada, no habrá marco jurídico capaz de sostener un desarrollo genuino y sustentable.

Fuente: La Nación

El reciente procesamiento de Ricardo Nissen, en el marco de su actuación como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), debería marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los ciudadanos. No se trata de un tecnicismo jurídico ni de una discusión menor sobre competencias administrativas. Se trata, en esencia, de un límite: el Estado no puede apartarse de la verdad para ejercer poder.

La causa vinculada a la sociedad Hidden Lake S.A., propiedad del empresario Joe Lewis, expone con claridad un mecanismo preocupante. Según determinó la Cámara Federal porteña, las resoluciones impulsadas por la IGJ no solo carecían de sustento suficiente, sino que además se apoyaban en premisas falsas. Y esto no es un detalle. Cuando la base misma del acto administrativo aparece viciada, y el funcionario público reemplaza la evidencia por ideología, incurre en abuso de autoridad.

El aspecto más delicado del caso es la endeblez de los fundamentos utilizados para justificar la pretendida intervención estatal. La IGJ avanzó —no una, sino dos veces— con pedidos de intervención sobre Hidden Lake S.A., sosteniendo que la sociedad impedía el acceso al Lago Escondido y que, además, amenazaba a los visitantes con un supuesto ejército privado. Sin embargo, esos dos argumentos, centrales en la actuación administrativa, fueron luego cuestionados y desestimados en sede judicial, al punto de que la Cámara entendió que el expediente se había iniciado sobre premisas falsas. Si una decisión pública se apoya en fundamentos que no resisten verificación, el problema deja de ser interpretativo y pasa a ser institucional.

Cuando un funcionario público decide avanzar contra una persona o una empresa, no lo hace en nombre propio. Lo hace en nombre del Estado. Por eso, cada decisión debe sostenerse en hechos verificables, en derecho aplicable y en un procedimiento respetuoso de las garantías. Si ese estándar se abandona, lo que queda ya no es política pública ni control estatal: es arbitrariedad.

El fallo es particularmente relevante porque subraya algo que muchas veces se pasa por alto: la excepcionalidad del caso. La IGJ no había actuado de ese modo frente a otras sociedades. No se trató, entonces, de una política general ni de un criterio institucional sostenido. Fue una acción singular y dirigida que, además, según la Justicia, no encontró justificación válida. Y esa selectividad, sumada a la falsedad de los supuestos de hecho, constituye precisamente uno de los signos más claros del abuso de poder.

Durante años, en la Argentina se ha tolerado —y a veces incluso celebrado— una forma de intervención estatal que confunde firmeza con discrecionalidad. Se ha instalado la idea de que ciertos fines, aun siendo legítimos, habilitan atajos. Que el objetivo justifica los medios. Que el Estado puede forzar interpretaciones, construir relatos o incluso ignorar hechos si cree estar defendiendo una causa superior.

Ese es el verdadero problema que este fallo viene a interpelar. Porque el Estado de Derecho no se pone a prueba en los casos fáciles, sino en aquellos en los que la tentación de avanzar sin límites es mayor. La protección del ambiente, el acceso a los recursos naturales o la regulación de la actividad empresarial son objetivos legítimos y necesarios. Pero no pueden perseguirse mediante la distorsión de los hechos ni el uso abusivo de las herramientas públicas. Cuando eso ocurre, el Estado deja de ser garante y se convierte en parte del problema.

La decisión judicial, al ordenar el procesamiento, envía un mensaje claro: la función pública no es un espacio de militancia ni de experimentación jurídica. Es un ámbito de responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye respetar los hechos, el derecho y los límites del propio poder.

No se trata de defender intereses privados ni de cuestionar el rol del Estado. Se trata de algo más básico y más importante: asegurar que el poder público no se ejerza de manera arbitraria. Que no se construyan causas sobre premisas falsas. Que no se utilicen organismos técnicos como instrumentos de presión o de intervención selectiva. En definitiva: que el Estado actúe siempre conforme a la verdad

Fuente: La Nación

CARACAS.- Cada vez que Nicolás Maduro habla con su hijo desde la prisión de Brooklyn -¡dispone de 510 minutos al mes para llamadas al exterior!- lo primero que le recita es un versículo de la Biblia. Nicolasito, que ejerció hasta el 3 de enero como vicepresidente de asuntos religiosos del partido socialista en el poder, le dice a la periodista de El País María Martín, corresponsal en Bogotá para la región andina, que su papá es muy espiritual. ¿Cuántas llamadas pudieron hacer los presos políticos venezolanos a sus familiares?, esta pregunta no se la hicieron al único vástago del exdictador. El periódico progresista español lo llama autócrata. Más académico.

La entrevista con Maduro Guerra ocupa dos páginas de la edición dominical de El País, un diario referencial para seguir la evolución democrática española. Nació para contar e influir en el proceso que se asomaba en España tras la muerte natural del dictador Francisco Franco. Cumplió 50 años en circulación, y en tanto tiempo cambian muchas cosas. Hay dictaduras de nuevo cuño que inspiran miradas benevolentes.

Maduro, cuenta su hijo, come, duerme y lee. Hasta 60 libros le han enviado, algunos los intercambia con otros presos. ¿Estará leyendo en inglés? El cóctel de lecturas incluye, además de la Biblia, la Constitución del 99, El Estado y la revolución de Lenin, textos de la venezolana Conny Méndez, el Discurso de Angostura, Doña Bárbara, también algo de García Márquez. Por esa ruta va a llegar al programa Tierra de Gracia de Vente Venezuela. Maduro está en transición hacia algo, mientras dice respaldar a los hermanos Rodríguez, sus hermanos políticos que, según un registro deTalCual, borraron a Maduro de su discurso.

“Mi papá no tiene dinero, no tiene cuentas, no tiene testaferros, no tiene nada”, dice el hijo como si estuviera en una sesión de la Asamblea Nacional donde es diputado y en la que los aplausos siempre están a la orden. Padre de 7 hijos a los 35 años, Maduro Guerra se siente el sostén de su familia y de su papá. ¿Le alcanzará con la dieta parlamentaria? La entrevista citada dice que su oficina está muy cerca del Hotel Marriott de El Rosal, no es poca cosa.

Maduro, que estaba en el poder por un masivo y escandaloso fraude electoral, quiere volver. Con la pelazón en la que se encuentra, como describe Nicolasito, mejor es que se lo tome con calma porque el Palacio está ocupado. Antes de su extracción tenía la idea fija de “modernizar” la Constitución para acabar con ese bochinche de estar eligiendo a la gente que representa al pueblo. Delcy, y no tan a la calladita, es fiel a ese postulado de la revolución. Sin un solo voto ella está mandando.

El Nacional (Venezuela)

Fuente: La Nación

El pasado es todavía muy pesado para la Argentina. Como un antiguo estigma familiar que nadie quiere recordar, a pesar de que aún gravita en la vida diaria. Que la economía no arranca, que no la plata no alcanza, que los comercios no venden y las industrias cierran. Pareciera que el gobierno de Javier Milei hubiese equivocado la fórmula para enderezar la economía y que, por su equivocación, todos tuviesen que pagar los platos rotos de un destrozo evitable y ajeno a la responsabilidad de cada uno.

Y no es así. Esa realidad ya existía, tapada bajo la nube inflacionaria que hizo pobre a la mitad de la población, destruyó la moneda, expulsó a la informalidad y desintegró a las familias. Por primera vez Milei encaró una transformación profunda, no solo para eliminar el déficit y detener la inflación, sino también para crecer y mejorar el nivel de vida de la población de forma sustentable. Eso significa cambiar precios relativos (que se asemejen al resto del mundo) para atraer inversiones, aumentar las exportaciones y pagar las importaciones que requieren el petróleo, la minería, la industria y el campo.

Nadie lo quiso hacer antes, ni enfrentar intereses creados. El kirchnerismo prefirió ahondar las distorsiones, expandir el Estado, exacerbar subsidios y emitir sin control, ignorando las falencias de una estructura productiva en gran parte obsoleta e incapaz de generar divisas para su propia subsistencia. Cambiar lo que nunca se alteró antes es una experiencia durísima. Como una madre que, al acceder al quirófano para ver a su hijo durante la operación salvadora, grita cuando ve sangre, intenta frenar al cirujano y corre por los pasillos buscando detener la “crueldad” de la intervención.

El cambio de precios relativos se percibe en las tarifas públicas (energía, transporte) y en las bajas de aranceles que afectan los bolsillos de los usuarios (para mal, aquellas y para bien, las segundas) y los precios de los fabricantes, jaqueados por la competencia asiática. Pero es el camino para mejorar el nivel de vida de los argentinos y los ingresos para sostenerlo. No es un camino exótico, ya que así funcionan los países que crecen, desde nuestros vecinos próximos, hasta los que ingresaron en la Unión Europea desde 1973. Salvo durante la convertibilidad, cuando se avanzó en reformas frustradas por la malhadada reelección, nunca se intentó una reconversión tan profunda de los quehaceres productivos argentinos, como ahora.

Sin embargo, el riesgo país continúa siendo el más elevado de América Latina solo superado por Venezuela y con inversores prefiriendo suscribir bonos soberanos cortos, con vencimientos hasta 2027 y no aquellos que venzan después, luego de las elecciones del año próximo. Es una paradoja, pues el futuro macroeconómico de nuestro país es envidiable, con estabilidad fiscal, inflación en baja, sin dependencia energética, con abundancia de alimentos y plétora de minerales críticos. De un total de exportaciones superiores a 90.000 millones de dólares proyectados para este año, se podrían alcanzar los 140,000 millones en 2030 o incluso más. El gas licuado y el petróleo de Vaca Muerta serán los mayores aportes de esa fortuna impensada.

Y la paradoja es por partida doble, pues ese futuro luminoso es también un incentivo para que el peronismo intente reagruparse y desplazar a los libertarios con el “trabajo sucio” ya hecho y un gran botín para repartir. No nos referimos solamente al aliciente para reiterar su proverbial corrupción, pues ya lo hemos tratado en un editorial sobre la creación de fondos soberanos, sino a la expansión del gasto público, como lo hicieron en 1946 con las reservas del BCRA y 60 años más tarde con el “boom” de la soja y el “viento de cola”. La “comunidad organizada” que propuso Juan Domingo Perón en el Congreso de Filosofía de 1949 fue el libreto para habilitar rentas extraordinarias a sectores que se sometían al poder estatal. Está en su ADN el modelo de economía cerrada, con retenciones al campo y subsidios a la industria, que demoniza al mercado y privilegia una soberanía de papel sobre la competitividad contante y sonante.

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De un total de exportaciones superiores a 90.000 millones de dólares proyectados para este año, se podrían alcanzar los 140,000 millones en 2030 o incluso más. El gas licuado y el petróleo de Vaca Muerta serán los mayores aportes de esa fortuna impensada

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Es un lugar común repetir que ese esquema es insostenible, pues cuando el consumo interno repunta y las fábricas requieren más divisas, se forman cuellos de botella al no alcanzar los dólares del campo, forzando devaluaciones para licuar salarios y lanzar la proverbial carrera contra los precios. Se lo llamaba “stop and go” como si fuera una maldición gitana y no resultado de una doctrina equivocada. La solución de fondo y políticamente incorrecta es cambiar el modelo en busca de competitividad.

Por eso, lo que más inquieta a los mercados es el riesgo de interrupción de las reformas estructurales y el regreso a las malas prácticas para malversar los parabienes que se esperan. Hay una percepción de que la Argentina solo requiere buena gestión de personas normales, con sentido común, para salir adelante. Pero la nuestra no es una nación encarrilada como Uruguay, Portugal o Polonia, sino un país sin moneda, saqueado por connacionales e improductivo por incentivos perversos plantados en su marco institucional y en la cultura colectiva.

Como resultado, no creció en la última década y la tensión acumulada se resolvió con la explosión inflacionaria de 2023. Lo más novedoso y disruptivo que introdujo Milei no fueron sus formas, sino sus reformas y la decisión política –sostenida por el voto popular– de eliminar el déficit fiscal y enfrentar a los grupos de interés que bloquean el crecimiento como jamás nadie lo hizo. Y asi se malquistó con todos, desde los sindicatos hasta las cámaras empresariales; desde los consejos profesionales hasta los que controlan al Estado desde adentro y lo esquilman desde afuera. Gracias a ese giro copernicano, tras crecer 4,4% en 2025, se proyecta un crecimiento del 3,6% en 2026 y de 3,7% en 2027, una excepción en la región según el Banco Mundial.

Ojalá hubiera otros candidatos que garantizasen la continuidad de los cambios, sin ceder a presiones sectoriales. Pero si la “opción superadora” solo se focalizase en el estilo de Milei para reconciliarse con el statu quo, sería una regresión lamentable. La experiencia indica que, a menos que haya determinación de no ceder ante reclamos, los grupos organizados se las arreglarán para postergar reformas, adoptar el gradualismo, distraer con mesas de trabajo y lograr el “archívese”, gracias a su legión de influyentes, abrepuertas y “valijeros”. Ese es el verdadero temor de los mercados.

Será difícil creer que el peronismo, autor intelectual del modelo que llevó a la crisis de confianza que todavía subsiste, encarará las reformas pendientes en aspectos tan caros a la trayectoria justicialista como las cajas sindicales, la reforma fiscal, el régimen jubilatorio, los ajustes provinciales o los aranceles profesionales. Aun cuando Axel Kicillof, Sergio Massa, Andrés Larroque o Máximo Kirchner jurasen de rodillas que cumplirán con las “tres llaves” que propuso el Cippec en su reciente cena anual (reforma jubilatoria, productividad e institucionalidad), difícilmente el mercado les creerá.

La Argentina tiene un futuro promisorio, pero sin reformas que lo hagan competitivo, el aluvión de dólares que se pronostica solo servirá para mantener el clientelismo, los subsidios, los sobreprecios y el empleo redundante. Sin liderazgos transformadores, será más parecida a Nigeria que a Noruega y las oportunidades continuarán cerca del poder político y no del esfuerzo individual, fuera de los despachos oficiales.

Fuente: La Nación

En medio del actual descontrol de tasas municipales, un nuevo fallo que declaró su inconstitucionalidad está teniendo especial repercusión por echar un manto de razonabilidad ante una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta ahora demasiado tolerante con los crecientes excesos fiscales de los intendentes.

Se trata del caso “Cornejo, Pedro José” resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen que, ante el reclamo de distintos productores rurales, anuló el cobro de la tasa vial de la Municipalidad de Daireaux, calculada en función de cierto importe por hectárea. El fallo fue dictado por el juez Pablo Germain, un tributarista de reconocida formación y reputación. Determinó que la tasa, a diferencia de un impuesto, solo es exigible cuando existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada. Pero no se quedó en una mera declaración de principios, sino que los aplicó estrictamente al caso concreto.

El juez sostiene que debe haber coherencia entre el hecho generador -el servicio individualizado- y el destino de la tasa, debiendo basarse su importe en el costo del servicio recibido. Para ello, las pruebas periciales tienen un peso determinante. El perito ingeniero circuló por la red vial del municipio para poder constatar el porcentaje de caminos en estado bueno, regular y malo. El juez determinó la nulidad total de la tasa cuando los caminos correspondientes al contribuyente no fueran transitables, exigiendo que lo recaudado por ella se aplique no a cualquier red vial del municipio sino específicamente a la lindante con su campo. En otros casos, se apoyó en la prueba contable para reducir la tasa en proporción a los excesos de fondos de hasta el 28% hacia gastos no vinculados al mantenimiento de la red vial. Una tasa no puede aplicarse a rentas generales del municipio, no es de libre disponibilidad, sino que es de afectación específica. Además, la sentencia reafirmó que la carga de probar la prestación y costos del servicio recae sobre el municipio por ser quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlo.

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El juez de Trenque Lauquen determinó la nulidad total de la tasa del municipio de Daireaux cuando caminos correspondientes al contribuyente no fueran transitables

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Más recientemente, un juez de Azul ordenó al municipio de ese partido bonaerense que dé el acceso a la información ante un reclamo de 19 productores para conocer el destino de lo recaudado por la tasa vial y si se aplicó a reparar los destruidos caminos de la zona. Un fallo similar, emitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, hizo lugar a una demanda de la Sociedad Rural local.

Todo lo anterior no debería ser noticia porque tales conceptos, derivados de la diferencia entre un impuesto y una tasa, suelen ser la primera lección de la materia Impuestos en la universidad. Lamentablemente sí lo es porque el negativo fallo de la Corte Suprema “Esso c/Municipalidad de Quilmes” (2021) contradice tal lección. Con su tolerancia, el máximo tribunal ha incentivado a que muchos intendentes se excedan con sus impuestos y gastos. Por ejemplo, entre varios otros casos, tomaron estado público los excesos fiscales de Pilar y Lanús, con el 6,5% y 6%, respectivamente, de tasas calculadas sobre los ingresos totales de los supermercados, con impacto directo en la formación de los precios a los consumidores, lo que motivó que recientemente los empresarios se reunieran con el ministro de Economía de la Nación para ponerlo al tanto de la crítica presión fiscal sobre el sector de consumo masivo.

Nótese la inconsistencia conceptual cuando el más alto tribunal sostiene en el mencionado fallo que para fijar el importe de la tasa puede computarse la “capacidad contributiva”; específicamente, “los ingresos brutos del contribuyente”, los cuales pueden utilizarse como “factor para el cálculo de la base imponible” de la tasa. Y luego, una patente contradicción: “siempre que no derive en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas” del servicio. La Corte les confirmó a los intendentes que pueden utilizar los ingresos totales como punto de partida; la limitación es tan contradictoria que de facto no es considerada por los intendentes. Así, la Corte impuestizó las tasas. Para peor, el máximo tribunal puso en cabeza del contribuyente la prueba de la razonabilidad de la tasa cuando es al municipio al que naturalmente le cabe acreditarlo, tal como acertadamente sostuvo el juez Germain.

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Otro juez de Azul ordenó al municipio de ese partido bonaerense que dé el acceso a la información ante un reclamo de 19 productores para conocer el destino de lo recaudado por la tasa vial y si se aplicó a reparar los destruidos caminos de la zona

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Antes de dictar su fallo, la Corte había convocado a una audiencia pública donde, ante los mismos ministros del alto tribunal, los intendentes aceptaron abiertamente que utilizaban estas tasas para afrontar servicios generales y tributaristas de máxima reputación les recordaron que el concepto de tasa es conceptualmente incompatible con el cálculo sobre ingresos totales y les anticiparon que si convalidaban dicho criterio de los intendentes generarían un caos fiscal, lo que efectivamente ocurrió; y seguirá ocurriendo mientras el considerando 12 del fallo Esso no sea revertido, volviendo a las bases, con terminología simple y clara.

Casos como el de Esso demuestran que la incidencia negativa del Poder Judicial en lo fiscal puede llegar a ser equiparable a la del poder político. Los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2024 (Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson) fueron galardonados por haber demostrado que el éxito o fracaso de los países no depende tanto de la aplicación de planes económicos por los políticos sino del buen o mal funcionamiento de las instituciones, incluyendo un poder judicial independiente, especialmente para defender la propiedad privada de los ciudadanos frente a los excesos del Estado. Cada vez que se toleran excesos fiscales concretos en contra de la Constitución, se incentiva en general a que los demás políticos incurran en el mismo exceso. El político de turno de nuestro país sanciona leyes con excesos fiscales porque sabe de antemano que, salvo ciertas excepciones, como en los casos de Trenque Lauquen, Azul o San Nicolás, encontrará jueces condescendientes.

La Corte Suprema es el tribunal más rescatable y con mejor imagen de nuestro país. Pero lamentablemente ha cometido errores relevantes en materia fiscal, que hacemos votos para que los subsane, siendo el caso “Esso” uno de los más graves, pues tiene responsabilidad primaria por los impuestos más altos que se pagan en nuestro país. En relación con las tasas, la Corte no debería ser funcional a la insaciable voracidad fiscal municipal, cuyo impacto afecta en especial a quienes se encuentran bajo la línea de pobreza.

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Un fallo similar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar a una demanda de la Sociedad Rural local

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La Argentina necesita un supremo tribunal que sea implacable ante los excesos del Estado en un país que tiene los impuestos más altos del mundo. Una fuerte señal enviada desde lo más alto hacia el resto del Poder Judicial con el fin de que, en general, los jueces dejen de ser parte esencial del fracaso fiscal argentino para apuntalar de una vez el despegue y el crecimiento económico que necesita imperiosamente nuestro país.

Fuente: La Nación