Categoría: Entrevistas

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados daba media sanción al proyecto de ley sobre ludopatía con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Si bien conserva estado parlamentario hasta noviembre, la presión de gobernadores que controlan el juego en sus provincias y los intereses económicos en danza lograron paralizar el trámite en el Senado.

Dos semanas atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto del oficialismo sobre el mismo tema. A diferencia del texto aprobado en Diputados, este se focaliza en el juego clandestino, pero sin incorporar las principales restricciones de aquella iniciativa. Si bien busca proteger a los menores, perseguir el juego ilegal y fijar reglas claras para las plataformas autorizadas, plantea grandes diferencias en el medular tema de la publicidad.

¿Cómo imaginar que se podría controlar la promoción del juego con el descontrol publicitario al que hoy asistimos en ausencia de esta ley tan urgente y que sigue quedando postergada? El proyecto de 2024 proponía prohibir la promoción de apuestas tanto de plataformas legales como ilegales en TV, radio, redes, carteles, podcasts, eventos, camisetas de fútbol, PNT (publicidad no tradicional) o a cargo de influencers, deportistas o figuras públicas. Solo contemplaba permitirla dentro de las salas de juego y con severas advertencias sobre el juego compulsivo, suprimiendo bonos y promociones para atraer jugadores y difundiendo las vías de ayuda para combatir la ludopatía.

El flamante proyecto oficial, elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), reduce la prohibición de publicidad exclusivamente a las plataformas clandestinas o no autorizadas, franqueándola para las numerosas compañías que se enriquecen legalmente a costa de los apostadores. En cuanto a los controles de acceso para menores, con menor especificidad, el proyecto de ahora solo señala que deberán existir “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” que sirvan para verificar la edad de los usuarios, sin mayores definiciones. El proyecto con media sanción exigía la implementación de Sistemas de Identidad Digital (SID) conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para cada inicio de sesión, extendiendo el requisito a billeteras virtuales y plataformas de pago. Incluía también la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), donde plasmar una decisión voluntaria mediante inscripción web, telefónica o a través de familiares de hasta segundo grado que pudieran solicitar la incorporación. Las exigencias a las plataformas para acceder a licencias y respecto de exhibir el historial de apuestas, emitir alertas sobre tiempo de juego acumulado, ofrecer herramientas de autoevaluación y establecer pausas, tampoco figuran en el proyecto libertario.

En cuanto a las penas al juego clandestino, el texto oficial habla de seis años -ocho en el de 2024- y castiga con prisión a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales.

La Iglesia Católica, un actor importante en este debate, ha advertido desde hace tiempo con preocupación sobre el acelerado crecimiento del número de adolescentes y jóvenes apostadores con “un casino en cada celular”. Unicef reporta que el 80% de los jóvenes ya tuvo exposición a estas prácticas. La propia Sedronar identificó que el 26% de los estudiantes secundarios apostaron dinero al menos una vez en el último año, de forma online o presencial. Casi uno de cada seis que jugaron online reconocieron hacerlo semanal o diariamente. Una tan silenciosa como dolorosa realidad que afecta a demasiadas familias argentinas demanda no solo campañas de prevención y leyes para poner nuevamente en caja una gravísima situación.

El presidente Javier Milei había anticipado que vetaría la norma aprobada en Diputados si el Congreso la sancionaba. Y ahora propone un nuevo texto muy laxo en lugar de ver cómo ajustar el existente. Indudablemente, los intereses que se mueven en torno del juego siguen presionando para evitar cualquier cambio significativo como el que una sociedad jaqueada por este pernicioso vicio reclama.

Fuente: La Nación

La situación de Claudio “Chiqui” Tapia no es la de mayor prestancia y lucimiento, precisamente, como autoridad mayor del fútbol argentino que acompaña a la selección nacional en el campeonato mundial que comenzará en pocos días más. Los escándalos surgidos de las investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto desmanejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han repercutido en el exterior como no podía haber sido menos por la significación del país en ese deporte. La condición de la Argentina de campeón en el Mundial realizado en Qatar, en 2022, ha despertado en todos lados un interés popular superlativo con el que se festejan sus actuaciones.

Vastas capas de la dirigencia futbolística argentina parecerían haberse mimetizado desde hace tiempo con el comportamiento indeseable de las barras bravas. Es un fenómeno asombroso en el mundo que ni siquiera las fuerzas de seguridad se sientan habilitadas para asegurar el orden suficiente en los partidos y poner punto final a que estos deban jugarse desde hace años con la sola presencia de hinchas de los equipos locales.

Son demasiadas las cosas que están mal en el fútbol argentino con excepción del lucimiento de sus jugadores aquí y, aún más, en el extranjero. Tapia personifica a la perfección el papel que la sociedad percibe del mundo vernáculo en que él ejerce la gravitación que lo encumbró al cargo que ocupa. Pero su desempeño y la idea que trasmite sobre el decoro con el que lo realiza son mucho más que una expresión individual dentro del problema colectivo social, político y moral que se afronta por gente de su índole.

Hay demasiados adulones e intereses creados como para que el juicio crítico sobre la gestión de Tapia no se exprese con más amplitud y crudeza de la que corresponde al trabajo investigativo de periodistas relevantes por la seriedad profesional con que ejercen su oficio. De todos modos, ha bastado con las investigaciones, la información y los comentarios de quienes no se arredran ante el poder fáctico de una dirigencia cuestionable para que la Justicia más próxima políticamente a esa dirigencia los limite en el derecho de hacer saber a la opinión pública lo que ha estado oculto.

Walter Saettone, juez de garantías de Pilar, conocido por sus vínculos de simpatía con el kirchnerismo -cuándo no- dictó semanas atrás una medida cautelar que restringe a seis periodistas, dos de ellos del plantel de LA NACION, sus márgenes de averiguación sobre las actividades de Tapia y de otras personas de su entorno. Las apelaciones a esa medida restrictiva han comenzado a hacerse en los últimos días. La instancia siguiente a la del juez Saettone será la Cámara Penal de San Isidro.

El lector se extrañará tal vez por las semanas transcurridas desde que trascendió la medida cautelar dispuesta por el juez Saettone y las apelaciones del caso, ahora. Más razones para extrañarse han tenido los periodistas y medios de comunicación involucrados.

Aquella medida cautelar no se difundió por notificaciones en consonancia con la ley, sino por la versión que divulgó Gregorio Dalbón, abogado de confianza y patrocinante, en ciertas ocasiones, de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por graves delitos de corrupción.

Saettone impuso a los seis periodistas afectados la prohibición por noventa días de tener contactos y acercamiento a Tapia. Ordenó también que en ese tiempo se abstuvieran de difundir datos personales, imágenes o información referente al ámbito privado y familiar del presidente de la AFA.

Nunca la intervención del Estado puede estar dirigida a acallar voces. Por el contrario, es su deber garantizar que el debate público se enriquezca mediante la proteccion de la libertad de expresión de todos.

No puede el juez Saettone desconocer que en la vida reciente del titular del máximo organismo del fútbol argentino las cuestiones públicas y privadas se han hallado entrelazadas de forma singular por propia decisión. Las notas de investigación de periodistas de LA NACION han puesto de manifiesto detalles incómodos para Tapia en los resúmenes bancarios en Estados Unidos de la empresa TourProdEnter LLC. Su titular es Javier Faroni, productor teatral que saltó a la política de la mano de Sergio Massa, figura del espacio público cuyo nombre suele trascender con constancia llamativa en enredos económicos y financieros.

Tres fiscales norteamericanos ya están investigando por distintas vías el affaire de la cuenta de TourProdEnter en Miami.

TourProdEnter es agente oficial para todos los contratos de la AFA. Juan Pablo Beacon, mano derecha de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad rectora del fútbol argentino y alter ego de Tapia, habría instruido a TourProdEnter a hacer ciertas transferencias ordenadas por este. Su publicidad ulterior sería una de las causales que impulsaron a este a procurar una medida judicial como la que obtuvo del juez de garantías de Pilar.

Si de lo que se trataba era de silenciar al periodismo han llegado en un sentido tarde. La AFA está en el centro de un escándalo que seguirá su curso natural por más que, como ha puntualizado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se haya logrado una cautelar que violenta el artículo 14 sobre censura previa, de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de amparo frente a los mecanismos indirectos de entorpecimiento de la labor periodística.

Un juez kirchnerista de Pilar puede afectar por un tiempo con sus decisiones principios sobre libertad de expresión e información reconocidos desde la organización constitucional de la República, pero poco puede hacer cuando un escándalo ha rebasado las represas con que cuenta la política espuria en el orden interno.

Fuente: La Nación

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Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés que provenía de una familia judía, fue procesado y condenado injustamente por traición a la patria en 1895. Su causa se constituyó en un símbolo universal de discriminación, de la tragedia de los errores judiciales y de la lucha por la verdad ante los poderes del Estado. El ilegal hostigamiento que desde hace años viene sufriendo en nuestro país el doctor Jaime Smart, acusado falsamente de delitos cometidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los años 70, se ha constituido en un caso paradigmático de persecución ideológica e ilegalidad, similar al de Dreyfus.

Smart, de 91 años, exjuez de la Cámara Federal en lo Penal que procesara y condenara a numerosos miembros de Montoneros, ERP y otras organizaciones terroristas, fue designado ministro de Gobierno por el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires en 1976, con la expresa prohibición del manejo de la fuerza policial en el combate contra la subversión, quedando para tales fines a disposición y bajo el mando exclusivo del Primer Cuerpo de Ejército. Así lo establecieron tanto normas del anterior gobierno constitucional como de la Junta Militar que había asumido el gobierno del país. Llevado a juicio y detenido en 2008, Smart fue condenado en un fallo absurdo que lo consideró partícipe necesario de desapariciones y torturas en una dependencia policial solo porque el ministerio a su cargo habría tenido entre sus funciones -según dijeron- la provisión de recursos materiales a la Policía provincial. En 2012 le revocarían la detención domiciliaria y lo enviarían al penal de Marcos Paz.

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La defensa del terrorismo de la izquierda revolucionaria sigue viva y es encarnada por algunos jueces y varias organizaciones que dicen velar por los derechos humanos

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Respecto del caso de Smart, es necesario destacar que tanto la causa 13/84 como la 44/85 -ésta última seguida exclusivamente contra la Policía bonaerense- dejaron probado y declararon la sujeción operacional de la Policía al Primer Cuerpo de Ejército en lo que respecta a la lucha antisubversiva. El propio general en actividad a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires condenado en ese proceso, expresamente desligó a las autoridades políticas provinciales de las actividades antisubversivas tanto en ese juicio como en numerosas declaraciones públicas que hiciera luego en libertad. Todos los procesos que se le siguieron y siguen a Smart tienen una particularidad: no existe un solo testigo ni un solo comportamiento del exministro que pueda ser relacionado con los hechos que se investigan en cada una de esas causas.

Pese a toda esta evidencia, luego de esa descabellada primera condena firmada por tres jueces que soportaban graves acusaciones por su desempeño antes de lavar su imagen a través de la severidad mostrada en los juicios de lesa humanidad, se le formaron a Smart -como parte de esta inhumana persecución- procesos por cada unidad policial de la fuerza que estuvo sujeta normativamente al Primer Cuerpo de Ejército. Y con los mismos absurdos fundamentos fue una y otra vez condenado a cadena perpetua, sin que se le pudiera agregar un solo día más de prisión a la impuesta en la primer condena. Smart asistió simultáneamente a cuatro debates orales en los que estaba acusado y soportó otros diez procesos en espera, en forma contraria a los más elementales principios que rigen al derecho penal y sus garantías.

Hay otros casos Dreyfus de los que nos hemos ocupado en esta columna, mediante los cuales se envía un siniestro mensaje en estos juicios de lesa humanidad a los actuales efectivos cuando se condena severamente o inclusive se inventan causas contra las más bajas jerarquías de las fuerzas armadas y policiales que actuaron hace cincuenta años en la lucha librada contra la agresión de las organizaciones terroristas. El paradigmático caso del exjuez Jaime Smart es otro mensaje no menos aciago: la defensa del terrorismo de la izquierda revolucionaria sigue viva y es encarnada por algunos jueces y varias organizaciones que dicen velar por los derechos humanos.

Fuente: La Nación

La Economía del Conocimiento, ese modelo de producción de bienes y servicios en el que la creación de valor viene dada esencialmente no de los recursos naturales o de la mano de obra tradicional, sino por la información y la innovación, continúa creciendo en nuestro país.

Una de sus ramas es la exportación de servicios del conocimiento, el conjunto de los que brindan profesionales como contadores, administrativos, diseñadores e ingenieros, entre otros, y los destinados a tecnología, que cientos de miles de argentinos prestan desde empresas de todo tamaño y procedencia -o aun como freelancers– desde cualquier punto del país.publicidadhttps://5fe40d24b39020b9e35e14201aac36f3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Estos servicios contribuyeron a la balanza comercial con casi 10.000 millones de dólares en 2025, lo que implicó un incremento interanual de 8,1%, el valor más alto registrado hasta la fecha, según datos Indec.

Conforme información de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la cartera económica, ese indicador “refleja que la Economía del Conocimiento representa más de la mitad de los servicios que la Argentina exporta al mundo, con una participación del 53% sobre el total de ventas externas” y que “con este desempeño, el sector se consolida como el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso-cerealero y del petrolero-petroquímico, y como una fuente clave de generación de divisas. Tal fue el nivel de desarrollo y ocupación alcanzado que superó los 285.000 puestos formales, lo que representó la creación de 9000 empleos respecto de 2024 y 17.000 con relación a 2023.

Es dable destacar, además, que la remuneración promedio del sector se ubicó por encima de las del resto de la economía, lo cual importa un diferencial asociado a la alta demanda de talento y al grado de especialización requerido. En este sentido, las fuentes oficiales resaltan que el 80% de la fuerza laboral posee estudios universitarios, lo que posiciona al sector entre las actividades con mayor calificación y como un motor clave de empleo de calidad.

Por su parte, Argencon, la primera entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, realizó entre el 5 de enero y el 20 de febrero pasados su Encuesta de Perspectivas 2026. Entre los principales datos obtenidos figuran que de 52 empresas referentes de la Economía del Conocimiento consultadas, el 40% pertenece al sector de Tecnología de la Información, el 33,3% a Servicios Profesionales, el 7,4% a Audiovisuales, 4,4% EdTech, 2,2% Biotecnología y el 10% restante a otras tecnologías. El 50% de las empresas encuestadas cuenta con más de 500 empleados y el 42% exporta más del 50% de su facturación total.publicidadhttps://5fe40d24b39020b9e35e14201aac36f3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

El informe también revela que el 82,5% de las empresas coincidieron en que la gestión del Gobierno promovió mejoras para la resolución de los problemas del sector, al tiempo que evaluaron como buena la previsibilidad para el desarrollo de sus negocios en nuestro país. Como sus mayores preocupaciones, señalaron las condiciones de competitividad, tomando en cuenta el costo salarial argentino comparado con el de otros países, el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio y la inestabilidad normativa y regulatoria.

Cabe destacar que, si bien este desempeño del sector del conocimiento confirma una tendencia de crecimiento sostenido, se da en un contexto internacional menos favorable, en el cual las importaciones de estos servicios por parte de algunos de los principales mercados se desaceleraron en 2025 respecto de 2024 y crecieron por debajo del promedio mundial. En este contexto, el intercambio con los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones) continuó en aumento cuando, hacia el cierre del año pasado, se registraron caídas en el comercio con otros socios relevantes, especialmente de América Latina y Europa.

El sector proyecta para este año una mayor expansión, aunque bajo una creciente presión competitiva marcada, además, por la Inteligencia Artificial (IA).

El mundo está rearmando sus cadenas de valor buscando proveedores confiables y la adopción de la IA está generando saltos de productividad inéditos.publicidadhttps://5fe40d24b39020b9e35e14201aac36f3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La macroeconomía ordenada es condición necesaria, pero no suficiente. La agenda debe poner el foco en posicionarse en la implementación y el desarrollo de la IA, generando talento argentino en este campo para ofrecer al mundo y mejorar las condiciones de costos para poder competir de igual a igual.

Fuente: La Nación

Durante los últimos días, hemos seguido el devenir de la situación carcelaria del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y “embajador paralelo” del kirchnerismo ante Venezuela, Claudio Uberti, condenado y enviado a prisión por su rol delictivo en el caso Antonini, hoy arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas.

Uberti pidió cumplir su condena en prisión domiciliaria. Invocó su edad, aunque aún no ha cumplido 70 años, sus dolencias crónicas y, sobre todo, el temor a represalias por su rol de colaborador en el juicio que tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. La jueza Sabrina Namer rechazó el planteo. Sostuvo, con razón, que la prisión domiciliaria no opera de manera automática, que las patologías de Uberti pueden ser tratadas dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y que el riesgo invocado no alcanza el umbral que exige la ley. Hizo suyo el dictamen del fiscal Nicolás Czizik y advirtió, incluso, que detrás de algunos argumentos asomaban “presiones veladas” para forzar un beneficio que la normativa no autoriza.

Hay una pregunta que el fallo judicial responde con firmeza jurídica, pero que la realidad del sistema penitenciario argentino sigue, sin embargo, dejando abierta: ¿está el Estado en condiciones de proteger a quienes deciden colaborar con la Justicia en el caso Cuadernos, una de las causas de corrupción más resonantes de nuestra historia?

El fallo de la jueza Namer es inobjetable en términos estrictamente legales. Los privilegios para los poderosos han sido, durante demasiado tiempo, una de las marcas más corrosivas de la Justicia argentina. Que un condenado deba cumplir su pena como cualquier otro interno es, en sí mismo, una señal saludable y bienvenida. La prisión domiciliaria no puede transformarse en una puerta de salida discreta para los nombres con peso político o económico, al menos mientras no tengan más de 70 años de edad o una enfermedad que amerite aquel beneficio.

Pero el expediente encierra una contradicción que merece ser iluminada. La resolución judicial concluye que el SPF “está en condiciones de asegurar la integridad física” del detenido. Pero Uberti es un hombre de 68 años encerrado las 24 horas en una habitación del hospital de Ezeiza, con una radio a pilas como única compañía, tras recibir amenazas de muerte por acogerse al régimen del imputado colaborador en el caso Cuadernos.

Así, más allá de Uberti en sí, lo que está en juego es la suerte del instituto del “arrepentido”, una herramienta sin la cual varias de las grandes investigaciones por corrupción de la última década no habrían avanzado. Por el contrario, expedientes judiciales como los de los cuadernos de las coimas o la ruta del dinero K se sostuvieron, en mayor o menor medida, sobre quienes decidieron romper el pacto de silencio y contar lo que sabían. Ese “coraje” tiene un precio. Y el Estado que pide colaboración asume, en contrapartida, una deuda de protección.

Cuando un imputado colaborador como Uberti denuncia que él, su esposa, su hijo y su madre recibieron amenazas para que no amplíe su declaración, el sistema no puede limitarse a verificar si cumplió los requisitos formales de un beneficio carcelario. La amenaza al arrepentido es una amenaza al juicio mismo. Es un intento de manipular la verdad por la vía del miedo. Que el Tribunal Oral Federal N°7, según consigna el fallo, no haya adoptado medida alguna pese a conocer esos temores es un dato que no debería pasar inadvertido: la protección del testigo no puede quedar huérfana, repartida entre tribunales que se declaran incompetentes unos respecto de otros.

La jueza Namer ordenó, con buen criterio, estudios médicos pendientes, controles cardiológicos, tratamiento psicológico e informes mensuales. Son recaudos correctos. Pero el desafío de fondo excede a un magistrado. Si el SPF carece de instalaciones aptas para resguardar a testigos clave, esa carencia debe resolverse con decisiones de política penitenciaria, presupuesto y voluntad institucional.

La Argentina necesita que sus arrepentidos sigan hablando. Que lo hagan sin privilegios, pero también sin afrontar circunstancias excepcionales o en un escenario de temor. Garantizar la seguridad de un imputado colaborador y sus familiares no es un favor: es la condición misma para que la verdad sobre la corrupción no muera, una vez más, en el silencio.

Fuente: La Nación

n grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal ante el fuero Criminal y Correccional Federal por omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito contra su par Marcela Pagano. La denuncia alcanza a Franco Bindi, pareja de la legisladora, por su presunto carácter de instigador y cómplice necesario respecto de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los legisladores denunciantes afirman que la diputada Pagano habría designado como personal de apoyo parlamentario a personas con vinculación directa con Bindi y a familiares directos de socios de él en la sociedad Somos Fitness S.A., que opera un gimnasio en el barrio porteño de Almagro. Sostienen en su denuncia que estas personas habrían reintegrado total o parcialmente sus honorarios provenientes del erario público a Bindi o a la diputada Pagano mediante transferencias bancarias, depósitos en cuentas de terceros o pagos en efectivo.

Bindi es abogado de profesión, pero sus ramificaciones hace tiempo exceden los pasillos de Tribunales. En la última década se transformó en empresario de medios, ligados al kirchnerismo, y en un hombre influyente en el mundo de los servicios de inteligencia paraestatales. Reconoció públicamente que es amigo de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y ha estado sospechado de tener vínculos con los gobiernos de Venezuela, Rusia e Irán. El Gobierno lo tiene apuntado hace tiempo por la filtración de los audios del despedido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

La ex mujer de Bindi, la abogada Giselle Robles, lo acusa de haber estado detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo. La investigación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, no habría hallado pruebas contundentes contra Bindi y apuntó hacia Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza. El extitular de la Andis ya declaró en la causa y dijo que no conocía a Bindi. Su objetivo es que los audios sean peritados para intentar demostrar que fueron adulterados. La pericia fue ordenada por el juez Ariel Lijo hace tres semanas.

La causa que lanzó a Bindi a los medios fue la de Leonardo Fariña, el arrepentido que tuvo en vilo al kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri. El nexo entre ambos fue Maximiliano Mazzaro, un exjefe de la barra brava de Boca Juniors que estaba en prisión acusado de homicidio. La relación terminó muy mal con Fariña, quien reveló que Bindi le confesaba que mantenía reuniones con autoridades de la Secretaría de Inteligencia, al tiempo que terminó siendo abogado de Lázaro Báez, contra quien Fariña declaró en su carácter de arrepentido.

La pelea de Fariña con sus ex abogados se reeditó en 2019, tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, cliente de Bindi en otra causa, contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli, quien fue desvinculado de todos los cargos. Desde la cárcel, D’Alessio ha afirmado en una entrevista con el periodista Luis Gasulla, que Bindi organizó el llamado Operativo Puf para intentar voltear la causa Cuadernos.

Su sombra volvió a estar presente durante la liberación del gendarme Nahuel Gallo por parte del gobierno chavista. “Fue en realidad un sutil movimiento de piezas alentado por un sector de la oposición argentina que integran desde Bindi, exasesor de la petrolera Pdvsa, hasta Oscar Laborde, exembajador de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, y la diputada Pagano, que actuaron en conjunto con la AFA”, según contó Francisco Olivera en una nota publicada en LA NACION. Pagano fue la única que habló en los medios del tema. En una de esas entrevistas, aseguró que tenía información de la SIDE. Misterios de la “diplomacia paralela”.

El vínculo de Bindi con Rusia se remonta a su época como empresario de medios, durante el macrismo. Desde su radio y el canal Extra TV se difundían contenidos de BRICS TV o Telesur. “Los de la embajada rusa siempre estaban en el canal. Ahora se desligan por el escándalo, pero vínculos siempre hubo”, aseguran fuentes que conocen los últimos pasos de Bindi. Otro episodio que llamó la atención ocurrió en diciembre de 2024. Pagano, que ya estaba en pareja con Bindi, presentó una denuncia penal contra los agentes de tránsito que intervinieron en un control que involucró a dos rusos que trabajan en la embajada de ese país, aunque Bindi sigue negando cualquier acercamiento con el Kremlin.

La historia argentina reciente ha estado plagada de personajes ligados a lo peor de los servicios de inteligencia que se han valido de sus contactos, cuando no del financiamiento con fondos reservados o provenientes de organizaciones extranjeras, para la orquestación de oscuras operaciones.

Pocas semanas atrás, el diputado Rodolfo Tailhade, quien había sido designado a cargo del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia en el último gobierno de Cristina Kirchner inmediatamente después del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ofreció una nefasta muestra de lo que es capaz de hacer. Durante el informe que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara baja, Tailhade expuso datos privados acerca de los movimientos de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, para cuestionar el uso supuestamente indebido que esta haría de la custodia policial. El diputado kirchnerista fue posteriormente denunciado por espionaje ilegal.

Es de esperar que la Justicia actúe debidamente para esclarecer situaciones en las que los aparatos de inteligencia del Estado no son empleados en la defensa de los genuinos intereses de la Nación, sino como vehículos para viles operaciones políticas o para obtener información de la vida privada de las personas y sacar provecho político o económico de esos datos. Es necesario dejar de seguir alimentando a una casta que actúa desde los sótanos del poder.

Fuente: La Nación

a vida es dura para quienes deben luchar en la diaria por un empleo, un cliente o una oportunidad de probar mérito y conocimiento. En un mercado pequeño y empobrecido por falta de inversión durante décadas, es difícil prosperar a brazo partido en competencia abierta, sin padrinos, contactos, ni abrepuertas.

Es sabido que un funcionario estatal siempre será contraparte más flexible que un consumidor avezado, un proveedor sin pulgas o un competidor competitivo. Por eso, muchas fortunas se hacen merodeando pasillos ministeriales o cenando en privado con personajes de membrete y credencial, entretejiendo acuerdos más amables que en la ruda intemperie de la calle. En América Latina, las grandes desigualdades no son fruto del mercado, sino del Estado, cooptado por la política y los grupos de interés. Contrataciones digitadas, monopolios discrecionales y mercados cautivos, han generado inmensas plusvalías, sabiamente compartidas. En la Argentina, no hay baldosa que se levante donde no aparezcan sujetos ignotos y prósperos, dueños de parcelas de lo público, en connivencia con políticos, sindicalistas o empresarios clientelistas.

En el inmenso abanico de resquicios para hacerse rico, el mercado de cambios ha sido el más atractivo, pues implica giros o cobros del exterior, con partes fuera de la jurisdicción local que no pueden ser auditadas. A través de los años, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones han sido los principales canales para la fuga de capitales, además de los pagos por intangibles “inflados”, como regalías, honorarios o dividendos. Como el modelo productivo “nacional y popular” nunca privilegió la competitividad sino la soberanía, al no generarse dólares suficientes para la producción, llevamos años con restricciones a movimientos de capital, permisos previos para importar, obligación de liquidar divisas y otras restricciones perjudiciales para la gente y beneficiosas para los “ventajitas”.

José Félix Uriburu impuso el primer control de cambios en 1931. Desde entonces solo hubo breves períodos sin controles como 1959-1962, 1967-1970 y 1979-1982 hasta que nos ilusionamos con once años de convertibilidad (1991-2001). Luego regresó la Argentina de siempre, con el “default” aplaudido de pie (2001) y la ley de emergencia pública (2002) que sepultó el “uno a uno” y entramos en el túnel del “uno al infinito”.

Los controles intentan mantener una provisión de dólares “baratos” para las importaciones industriales, alimentada por exportaciones del campo y restringiendo usos de los particulares. Suelen funcionar con doble mercado, comercial y financiero, creando incentivos perversos pues, por definición, generan “brecha” para arbitrar entre ambos y con el “paralelo”. La redacción de circulares del Banco Central incluyendo y excluyendo en sus anexos, han sido el ámbito del lobby para agregar un inciso o borrar un acápite. Desde el Ministerio de Economía también se ha intentado preservar las reservas limitando importaciones. Durante mucho tiempo, el racionamiento se hacía por precio (y no por cantidades) aplicando aranceles, con tasas mayores para artículos suntuarios y menores para los no fabricados en el país. Tiempos de baja discrecionalidad, cuando bastaba pagar para importar, sin sobres bajo la mesa.

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Es inverosímil que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP hayan ignorado la tropa de elefantes que pasaba bajo sus narices

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En 1990 llegaron las licencias no automáticas, para proteger sectores “sensibles” aunque las importaciones automáticas se mantenían fluidas y libres para casi todo el resto. Pero a partir de 2005, Néstor Kirchner multiplicó aquellas, la automaticidad se fue reduciendo y el tráfico de sobres, también. En 2011 la discrecionalidad “caso por caso” se convirtió en regla con el “cepo cambiario” para individuos con la intervención de la AFIP, mientras que Guillermo Moreno, secretario de Comercio, con su célebre pistola sobre la mesa, ideó el burdo “1 a 1”, exigiendo a los importadores exportar por igual valor para no afectar la balanza comercial. En 2012 formalizó esa práctica con la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) obligando a declararlas por adelantado para hacer valer su lapicera, paradigma de arbitrariedad militante.

En 2018 vinieron las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), que demoraban las licencias no automáticas sin transparencia alguna. Pero en 2022 una lluvia de cautelares forzó a cambiarlas por las famosas SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) de gestión electrónica. Fueron el pináculo de la arbitrariedad. Una tómbola que requería aprobación de la AFIP, la Aduana, la Secretaría de Comercio y del Banco Central. Se aplicaron hasta fines de 2023, cuando el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), eliminó las licencias previas.

Por una casualidad derivada de escuchas telefónicas entre operadores mafiosos, el fiscal federal Franco Picardi descubrió el año pasado un “universo interrelacionado de agencias y casas de cambio para acceder a dólares al tipo de cambio oficial”, durante el cepo cambiario, con la presunta “connivencia de funcionarios del BCRA”, para venderlos luego en el mercado paralelo, con una brecha cambiaria superior al 100%. Nombres como Elías Piccirillo, Martín Migueles, Francisco Hauque, Ariel Vallejo y otros personajes nefastos e ignotos, surgieron como nuevos millonarios que, al lograr aprobación de las SIRA, obtenían dólares oficiales mientras no los había para medicamentos o bienes de capital. La causa se encuentra radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, con investigación delegada en Picardi, un fiscal tozudo que busca identificar la escala de responsabilidades, haciendo temblar al peronismo en plena renovación, por las huellas digitales dejadas en el marco del cuarto mandato kirchnerista.

Para la fiscalía, Migueles “intermediaba a través de un contacto con vinculaciones en la Secretaría de Comercio y/u otros organismos del Estado” en la aprobación de trámites SIRA, a cambio de sobornos. Ese contacto “percibía entre un 10% y 15% del valor de las importaciones” según las grabaciones. Como en 2023 se introdujeron al país bienes por 73.714 millones de dólares, los pagos ilegales alcanzarían cifras muy superiores a los 1000 millones de dólares. Dada la magnitud de los montos, es inverosímil que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP hayan ignorado la tropa de elefantes que pasaba bajo sus narices. Como lo denunció Carlos Pagni tiempo atrás, en los corrillos de despachantes e importadores, se sabía que las “coimas” se pagaban en cuartos de hoteles o en oficinas de Puerto Madero, adonde se dejaban bolsos como José López en el convento, valga el parangón.

La investigación del fiscal Picardi sugiere que se trata de un caso de corrupción muy superior a la “causa Cuadernos” aunque menos sonoro, porque no involucra a grandes empresarios. Pero al igual que aquella, no se trata de hechos puntuales, impulsados por individuos en la penumbra de trámites particulares, sino de una asociación ilícita de funcionarios de altísimo nivel para lucrar masivamente utilizando prerrogativas públicas.

Por entonces, el presidente era Alberto Fernández y Sergio Massa su ministro de Economía desde julio de 2022. Matías Tombolini –quien tuvo la batuta de las SIRA- fue nombrado por Massa como secretario de Comercio. Miguel Angel Pesce era presidente del Banco Central; Guillermo Michel, director de Aduana, y la AFIP, estaba conducida por Carlos Castagneto. La investigación determinará si ellos eran parte de ese esquema o si fueron desvíos de sus subordinados que ellos ignoraban. Entretanto, rige el principio de inocencia.

• Fuente: La Nación

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firmes las condenas contra cinco integrantes de la comunidad Buenuleo, por la usurpación de un predio en Bariloche, constituye un pronunciamiento relevante en una materia largamente distorsionada por la confusión entre reivindicación histórica y vías de hecho.

El caso no desconoce la complejidad de los reclamos territoriales indígenas. La propia Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, al igual que la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. También la ley 26.160 estableció un régimen de emergencia destinado a relevar esas situaciones y suspender desalojos en determinados supuestos. Pero ninguna de esas normas autoriza a sustituir los procedimientos institucionales por la ocupación violenta o clandestina de inmuebles.

Según la causa, iniciada en 2019, se investigó la ocupación de un lote al pie del cerro Ventana. En 2024, el Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a cinco imputados por usurpación; luego el Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron los planteos defensivos y, finalmente, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos, dejando firmes las condenas.

El punto central no es negar derechos indígenas. Es afirmar que el ejercicio de esos derechos debe quedar dentro de la ley. La sentencia provincial incluso reconoció una presencia tradicional de la comunidad en la zona, pero puso el acento en la forma concreta del hecho: ingreso con violencia y clandestinidad, desplazamiento de quien ejercía la posesión e instalación en el predio.

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La Argentina debe saldar con rigor, sensibilidad y legalidad sus deudas históricas con los pueblos originarios, pero esa reparación no puede construirse sobre nuevas arbitrariedades

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El proceso deja al descubierto también, la actividad cómplice del Instituto Nacional de Asuntos Indígenes (INAI) de aquel entonces, que convalidó el accionar ilícito mediante relevamientos técnicos “exprés”, donde se acreditaba en carpetas armadas supuestas ocupaciones ancestrales, mientras en los hechos eran violentos despojos como lo determinó la Justicia.

En una república, la Justicia no puede aceptar que una causa, por legítima que se considere, habilite el despojo. Cuando el conflicto territorial se resuelve por la fuerza, el derecho deja de ordenar la convivencia y se transforma en un botín político. Allí pierden todos: los propietarios, las comunidades serias, los vecinos y el propio Estado.

La Argentina debe saldar con rigor, sensibilidad y legalidad sus deudas históricas con los pueblos originarios. Pero esa reparación no puede construirse sobre nuevas arbitrariedades. Reconocer derechos no es convalidar usurpaciones. Defender la propiedad no es negar la identidad indígena. La verdadera institucionalidad consiste precisamente en sostener ambas cosas a la vez.

La Corte, al dejar firme la condena, envía una señal necesaria: ningún reclamo, aun cuando invoque una causa histórica, puede ejercerse al margen de la ley. Esa es la diferencia entre justicia y prepotencia.

Fuente: La Nación

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firmes las condenas contra cinco integrantes de la comunidad Buenuleo, por la usurpación de un predio en Bariloche, constituye un pronunciamiento relevante en una materia largamente distorsionada por la confusión entre reivindicación histórica y vías de hecho.

El caso no desconoce la complejidad de los reclamos territoriales indígenas. La propia Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, al igual que la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. También la ley 26.160 estableció un régimen de emergencia destinado a relevar esas situaciones y suspender desalojos en determinados supuestos. Pero ninguna de esas normas autoriza a sustituir los procedimientos institucionales por la ocupación violenta o clandestina de inmuebles.

Según la causa, iniciada en 2019, se investigó la ocupación de un lote al pie del cerro Ventana. En 2024, el Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a cinco imputados por usurpación; luego el Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron los planteos defensivos y, finalmente, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos, dejando firmes las condenas.

El punto central no es negar derechos indígenas. Es afirmar que el ejercicio de esos derechos debe quedar dentro de la ley. La sentencia provincial incluso reconoció una presencia tradicional de la comunidad en la zona, pero puso el acento en la forma concreta del hecho: ingreso con violencia y clandestinidad, desplazamiento de quien ejercía la posesión e instalación en el predio.

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La Argentina debe saldar con rigor, sensibilidad y legalidad sus deudas históricas con los pueblos originarios, pero esa reparación no puede construirse sobre nuevas arbitrariedades

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El proceso deja al descubierto también, la actividad cómplice del Instituto Nacional de Asuntos Indígenes (INAI) de aquel entonces, que convalidó el accionar ilícito mediante relevamientos técnicos “exprés”, donde se acreditaba en carpetas armadas supuestas ocupaciones ancestrales, mientras en los hechos eran violentos despojos como lo determinó la Justicia.

En una república, la Justicia no puede aceptar que una causa, por legítima que se considere, habilite el despojo. Cuando el conflicto territorial se resuelve por la fuerza, el derecho deja de ordenar la convivencia y se transforma en un botín político. Allí pierden todos: los propietarios, las comunidades serias, los vecinos y el propio Estado.

La Argentina debe saldar con rigor, sensibilidad y legalidad sus deudas históricas con los pueblos originarios. Pero esa reparación no puede construirse sobre nuevas arbitrariedades. Reconocer derechos no es convalidar usurpaciones. Defender la propiedad no es negar la identidad indígena. La verdadera institucionalidad consiste precisamente en sostener ambas cosas a la vez.

La Corte, al dejar firme la condena, envía una señal necesaria: ningún reclamo, aun cuando invoque una causa histórica, puede ejercerse al margen de la ley. Esa es la diferencia entre justicia y prepotencia.

Fuente: La Nación

El impuesto sobre los ingresos brutos es el más tóxico de todos los tributos.

Tiene un efecto devastador porque se aplica en cada una de las etapas del proceso productivo y se va repotenciando en el precio final. El consumidor paga más de tres veces la alícuota original, se va trasladando a precio incluso con el mismo impuesto. Afecta los costos de las empresas y la competitividad. Incide negativamente en las exportaciones porque se exporta el impuesto contenido en cada uno de los procesos que tiene el insumo que sale al exterior. No mide capacidad económica y hay que pagarlo aunque se venda a pérdida.

Por todo eso, debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformular.

Lo recaudan 24 jurisdicciones, con distintas alícuotas y diferentes tratamientos, lo cual aumenta su complejidad. Justamente uno de los problemas actuales es la gran cantidad de regímenes de recaudación provinciales aplicables que van generando saldos a favor, porque se obliga al contribuyente a pagar por adelantado, antes de que se genere la obligación tributaria. De ese modo, las provincias se financian a tasa 0 y los contribuyentes se quedan con saldos a favor de muy difícil recupero, porque se les impone una normativa burocrática llena de laberintos para que puedan hacerse de ese dinero que les vendría muy bien como capital de trabajo. Además, existe un sistema de recaudación (Sircreb), que es perverso, por cuanto obliga a pagar el tributo con cada acreditación bancaria, con lo cual se obliga a las empresas a realizar un pago a cuenta antes de que se generen las ventas.

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El de ingresos brutos debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformular

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Entre las jurisdicciones que más cobran por este impuesto, se ubica en primer lugar la provincia de Buenos Aires, que recauda casi la mitad de todo el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel país. Le siguen Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Su reformulación o eliminación no es sencilla, dado que el impuesto sobre los ingresos brutos recauda cerca del 4% del PBI y, como se señaló, las provincias se financian anticipadamente a través de su recaudación.

El Estado Nacional ya tomó conciencia de que se debe lograr una economía más competitiva y eliminó numerosos impuestos nacionales, pero no puede modificar las legislaciones provinciales y municipales ni la potestad de provincias y municipios de cobrar tributos.

Son los contribuyentes adquirentes quienes deberían exigir que los tributos sean informados en los comprobantes para que todos tomen conciencia de la incidencia que tienen los impuestos -entre ellos, ingresos brutos- en el precio de los productos. El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a informar en los tickets el impuesto al valor agregado y los demás impuestos indirectos que inciden en los precios, representa una oportunidad en ese sentido, pero lamentablemente son muy pocas las provincias que hasta el momento adhirieron a él: Chubut, Entre Ríos, Mendoza y CABA.

No hay dudas de que Ingresos Brutos es el peor de todos los impuestos, ya que afecta la actividad económica y la competitividad de nuestros productos. Es necesario contemplar su reformulación para salir adelante como país. En lo inmediato, es imprescindible eliminar los regímenes de recaudación anticipada que aplican las provincias antes de que se genere la obligación de tributar, para evitar la acumulación de enormes saldos a favor de muy difícil recupero, que ilegítimamente quitan capital de trabajo a las empresas.

Fuente: La Nación