Hay escándalos que revelan la posible comisión de un delito. Otros, en cambio, ponen de manifiesto algo todavía más grave: la desaparición del pudor en la vida pública.
Las imágenes difundidas recientemente, en las que se observan decenas de fajos de dólares prolijamente almacenados en el supuesto vestidor de una residencia del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, pertenecen a esta segunda categoría.
Corresponderá a la Justicia establecer cuál es el origen de ese dinero, quién es su propietario y si existe o no responsabilidad penal. Pero antes de toda investigación judicial existe una cuestión política y, sobre todo, una cuestión ética y moral. Las instituciones republicanas no descansan únicamente sobre las leyes, los fiscales y los jueces. Descansan también sobre ciertas virtudes públicas cuya desaparición suele anunciar el comienzo de una lenta degradación institucional.
No se trata simplemente de la ostentación de una riqueza difícilmente compatible con la imagen que debería ofrecer quien ha dedicado casi toda su vida al ejercicio de cargos públicos. Tampoco del contraste inevitable entre esa impudicia y las privaciones que padecen millones de argentinos.
Lo verdaderamente inquietante es otra cosa: la aparente naturalidad con que semejante espectáculo pudo formar parte de la vida cotidiana de un dirigente político que, hace tres años –un largo tiempo en que no se ha producido ningún avance de peso en la causa-, ya había provocado la indignación pública por las fotografías de un viaje en un yate de costo millonario por el Mediterráneo, acompañado de una modelo, mientras ocupaba uno de los cargos más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Resulta difícil encontrar expresiones de condena provenientes de quienes compartieron con Insaurralde responsabilidades políticas durante años. Parecería que la prudencia –o más bien la cobertura política y judicial- ha vuelto a imponerse sobre el deber republicano de preservar la credibilidad de las instituciones
Aquellas imágenes parecían haber marcado un límite. No fue así. Hoy sabemos que constituían apenas un capítulo de una historia mucho más perturbadora.
Pero acaso el aspecto más preocupante del episodio no resida siquiera en su protagonista. Reside en el silencio cómplice.
Resulta difícil encontrar expresiones de condena provenientes de quienes compartieron con Insaurralde responsabilidades políticas durante años. No abundan las voces que manifiesten sorpresa, indignación o vergüenza. Parecería que la prudencia –o más bien la cobertura política- ha vuelto a imponerse sobre el deber republicano de preservar la credibilidad de las instituciones.
En las democracias sanas, los partidos no protegen a quienes los deshonran; procuran apartarlos para preservar la confianza pública. Entre nosotros ocurre con demasiada frecuencia exactamente lo contrario: el instinto de conservación de las estructuras partidarias termina prevaleciendo sobre la obligación moral de dar explicaciones a la sociedad.
Ese silencio no es neutral. También educa, pues enseña qué conductas son tolerables y cuáles no. Contribuye a transmitir la impresión de que comportamientos como estos han dejado de producir escándalo dentro de la propia política. Y, cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser solamente un problema judicial para convertirse en un problema cultural.
Pocas cosas degradan más la vida pública que el mal ejemplo proveniente de quienes acceden a un cargo en el Estado
Las sociedades no comienzan a deteriorarse cuando aparece el primer funcionario deshonesto. Comienzan a hacerlo cuando la deshonestidad deja de sorprender a quienes forman parte de ella.
Tampoco tranquiliza la reacción judicial. Las garantías procesales constituyen una conquista irrenunciable del Estado de Derecho y deben ser respetadas. Pero esas mismas garantías no pueden transformarse en un pretexto para investigaciones interminables ‒cuya duración resulta incompatible con la necesidad comunitaria de obtener respuestas‒ ni para una percepción social de impunidad que termina erosionando la confianza pública. Una Justicia que llega demasiado tarde corre el riesgo de dejar de ser plenamente justa a los ojos de la ciudadanía.
La política argentina atraviesa desde hace años una profunda crisis de credibilidad. Ese debería ser hoy el principal problema de cualquier dirigente democrático. Ningún político serio debería preguntarse cómo administrar la desconfianza. Debería preguntarse cómo merecer nuevamente la confianza de los ciudadanos. La confianza no se reclama. Se gana, se merece.
Eso exige mucho más que respetar formalmente la ley. Exige comprender que el ejercicio del poder impone deberes de ejemplaridad que ningún código puede describir completamente. En una República, el poder no solo administra recursos. También transmite ejemplos. Y pocas cosas degradan más la vida pública que el mal ejemplo proveniente de quienes acceden a un cargo.
Durante mucho tiempo se enseñó que la primera virtud del gobernante era la probidad. Quizá hoy debamos comenzar por exigir algo todavía más elemental: el pudor.
Cuando un dirigente deja de percibir que ciertas conductas resultan incompatibles con la función pública, cuando pierde el sentido del límite y deja de experimentar vergüenza allí donde cualquier ciudadano la sentiría, el problema ya no reside solamente en una persona. Reside en una forma de concebir el poder.
Fuente: La Nación
