Categoría: Entrevistas

  • Jóvenes en vulnerabilidad

    Jóvenes en vulnerabilidad

    Bajo el título de “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro”, un informe de la UBA reveló que casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social, según el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del Indec; un total de 4,1 millones de jóvenes. El 85% considera que estudiar les permitiría mejorar su calidad de vida, aunque obstáculos como la falta de dinero (40%), de oportunidades (30%) o limitantes familiares (2%) atentan contra ese deseo.

    A la preocupación por los “Ni-Ni” -no trabajan ni estudian- que abarcan a dos de cada diez jóvenes vulnerables, se agregan ahora los Triple Ni que suman haber dejado de buscar trabajo: un 33% de los que no trabajan. La magnitud de la crisis y del desánimo se refleja en que solo cuatro de cada diez han buscado empleo recientemente. Incluso aquellos con alguna ocupación activa atraviesan privaciones, con casi un 57% que no llega a fin de mes con el ingreso de su hogar.

    Entre los jóvenes vulnerables que han logrado integrarse al mercado laboral, apenas el 15% tiene un empleo formal, mientras el 76% sobrevive como no registrado, cuentapropista, vendedor ambulante o gracias a changas. Baja calificación y alta informalidad caracterizan al empleo, sin cobertura de salud como consecuencia de la precariedad laboral. No haber terminado el secundario conduce en un 51% a la informalidad, mientras que en aquellos con estudios superiores el porcentaje baja al 35%. A mayor nivel de vulnerabilidad, menor porcentaje de trabajo registrado (0,5%) y mayor porcentaje de imposibilidad de llegar a fin de mes (70%).

    El relevamiento presencial entre 1002 jóvenes confirmó también cuán en jaque está en este segmento la salud mental. Más de la mitad refiere tristeza, desgano o depresión y siete de cada diez planteó nervios o ansiedad. Un capítulo aparte merecerían los datos sobre consumo problemático de pantallas (38%), alcohol, cigarrillo o sustancias (12%) y apuestas online (2%), seguramente muy por encima de lo efectivamente confesado.

    Queda en manos de la clase política que el Estado siga trabajando con ahínco en la revinculación de escuela y trabajo. Restablecer el sistema de valores desde la escuela, apostar al esfuerzo y al mérito, contrapuestos al facilismo, promover el regreso a las aulas, rediseñar currículas, poner en marcha programas de formación en oficios, apostar a una educación con salida laboral, son solo algunos de los desafíos que enfrentamos para revertir un deterioro social de múltiples consecuencias. Sin educación, no hay futuro.

    Fuente: La Nación

  • Fotomultas: no es control ni prevención, es mafia

    Fotomultas: no es control ni prevención, es mafia

    Las fotomultas nacieron como una herramienta para prevenir accidentes, ordenar el tránsito y promover una conducción responsable. En la provincia de Buenos Aires, aunque no es la única, hace tiempo que dejaron de cumplir ese objetivo. Lo que debía ser un instrumento de seguridad vial derivó en un sistema nefasto, exclusivamente recaudatorio y plagado de incentivos perversos, en el que la prioridad de evitar siniestros ha quedado claramente relegada. Cuando una estructura se sostiene sobre intermediarios innecesarios, ausencia de controles, repartos de dinero imposibles de justificar y sospechas judiciales de enorme gravedad, ya no alcanza con hablar de irregularidades. Funciona como una mafia.

    La investigación judicial que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, cuyo procesamiento fue recientemente ratificado por la Cámara Federal de Casación, avala lo que afirmamos. A D’Onofrio, allegado a Sergio Massa, se lo acusa de lavado de activos vinculado con las fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, junto con él aparecen denunciados en la causa exfuncionarios y hasta exjueces. Se trata de una red de gestores que se presume que contactaban a infractores para ofrecerles dar de baja sus multas mediante el pago de entre el 30 y el 50 por ciento del valor original.


    Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial


    También se sospecha con fundamento si el entramado de las fotomultas pudo haber tenido conexiones con otras estructuras de poder político. En ese contexto aparecen menciones al exintendente y exjefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde en distintos expedientes que buscan determinar el alcance del negociado. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales, pero el funcionamiento del esquema aparece ya largamente extendido.

    La provincia recauda hoy un porcentaje por cada multa y otro es para cada municipio. Hasta allí, el esquema podría parecer razonable. Lo escandaloso comienza después. En numerosas comunas, ese ingreso no permanece íntegramente en las arcas del distrito. Mediante convenios de asistencia técnica con universidades se arma una triangulación que permite evitar licitaciones públicas y trasladar la contratación efectiva a esas casas de estudio eligiendo así al proveedor que se quiere beneficiar. Es la universidad la que acuerda con la empresa privada proveedora del sistema. Todo ello bajo contratos que, en muchos casos, resultan extraordinariamente favorables para los privados.

    La utilización de universidades como intermediarias desnaturaliza completamente el sistema. Instituciones creadas para enseñar, investigar y formar profesionales terminan integrando un circuito de recaudación escandaloso. Al mismo tiempo, ese mecanismo evita procedimientos competitivos de contratación y reduce costos impositivos que deberían afrontar los municipios si llamaran directamente a licitación.

    Por otro lado, la legislación es terminante en cuanto a quién debe controlar. Dice que las acciones vinculadas con el contralor directo de las infracciones no pueden privatizarse ni concesionarse. Deben quedar exclusivamente en manos de la autoridad pública. La propia norma establece que el incumplimiento de ese requisito provoca la nulidad absoluta de las actas y las priva de todo vínculo jurídico exigible. Sin embargo, el corazón del sistema funciona exactamente al revés. La cámara pertenece a un privado. El software pertenece a un privado y el procesamiento inicial de las imágenes queda en manos de privados. En muchos casos ni siquiera existe una constatación efectiva realizada por un agente estatal al momento de labrar el acta. Esa ausencia es el requisito central que la ley exige precisamente para impedir que la potestad sancionatoria del Estado termine delegada en empresas cuyo negocio depende de hacer cada vez más multas. Perversos incentivos.

    El Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, en su capítulo sobre control de velocidades, también resulta clave. Establece que “cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro fotográfico, contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico del equipamiento aportado”. Es decir, el servicio debería ser pagado por su prestación y no por la cantidad de multas que genera. No obstante, en buena parte de la provincia la retribución termina ligada al volumen de infracciones y, por ende, a la recaudación, conformando un círculo tan vicioso como insaciable.


    En el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos


    Por lo demás, en el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos. Las cámaras aparecen muchas veces ubicadas en puntos donde resulta materialmente imposible adecuar la velocidad en tramos brevísimos. A ello se suma el constante incremento del valor de las sanciones. Hoy, una multa por exceso de velocidad puede oscilar entre 340.000 y 2.300.000 pesos. Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial.

    La decisión del municipio de San Isidro de suspender el sistema tras detectar inconsistencias en los convenios con universidades demuestra, precisamente, que el problema existe y que puede revisarse. La medida se adoptó hasta adecuar el esquema a la normativa vigente y garantizar que las fotomultas respondan exclusivamente a criterios de seguridad vial.

    No es ni inocente ni casual el silencio de muchos municipios y de la propia provincia sobre estos despropósitos. Si un conductor comienza a cuestionar judicialmente multas emitidas sin la intervención efectiva del agente estatal, podría abrirse una discusión de enormes consecuencias. Si los jueces concluyeran que esas actas fueron confeccionadas violando los requisitos legales, no solo podrían declararse nulas las futuras infracciones, sino que podrían multiplicarse los reclamos de quienes ya las pagaron. Eso ayuda a comprender por qué casi nadie quiere discutir el fondo del problema. Si se cae una pieza de ese andamiaje mafioso, puede tambalear la totalidad de un sistema que jamás debió funcionar de esa forma.

    Mientras la provincia y los municipios sigan tolerando un sistema basado en incentivos económicos prohibidos, convenios opacos, ausencia del contralor estatal que exige la ley y una recaudación que desnaturaliza el verdadero sentido, las fotomultas dejarán de ser percibidas como una política de seguridad vial. Serán siendo vistas por los ciudadanos como una maquinaria de recaudación organizada y funcional a intereses ajenos al bien común. Por eso ya no alcanza con corregir algunos excesos, sino que es imprescindible desmantelar de raíz este apañamiento delictivo y reconstruir un sistema de control que vuelva a responder al único fin que la ley admite: prevenir accidentes, proteger la vida y hacer cumplir las normas con transparencia. Todo lo demás es mafia.

    Fuente: La Nación

  • Corrupción inocultable

    Corrupción inocultable

    odos los martes y jueves se celebran audiencias testimoniales en la causa Cuadernos que no dejan de sedimentar una enorme cantidad de pruebas.

    En los últimos días fue el turno de algunos funcionarios de la AFIP (actual ARCA) que, entre 2018 y 2019, contestaron los oficios que envió el juez Claudio Bonadío. Con la recolección de esa prueba, ese magistrado intentó encontrar rastros del dinero que era cobrado por las empresas que mantenían relación con el Estado entre 2003 y 2015 y que figuraban como pagadoras de coimas en los cuadernos que escribió Oscar Centeno.

    Uno de esos testigos, el contador Alfredo Pedro Puyo, contó que en aquel momento detectó un retiro de efectivo de unos “dos millones de dólares” en efectivo. Dijo, además, que ese movimiento de fondos “llamó la atención”. Antes de terminar la declaración, recordó que eran 2,4 millones.

    “Investigamos a los socios del grupo Eling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Encontramos que había empresas a las cuales Electroingeniería mandaba fondos. Eran empresas de medios de comunicación: Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Esas fueron las empresas que investigamos”, dijo Puyo. Agregó que “cuando una empresa da pérdida, es raro que mantenga dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”.

    No fue el único que relató aquellos movimientos sospechosos. La contadora Matilde Lanza identificó retiros en efectivo en Decavial, la empresa de Marcelino Aznar, y una diferencia contable de más de cinco millones de dólares. También recordó un movimiento puntual en Panedile, la compañía del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti: un retiro por ventanilla realizado por el hijo del empresario, también llamado Hugo, por 315.000 dólares. La contadora dijo que esa extracción “coincidía temporalmente” con entregas de dinero acreditadas en el expediente.

    La tan colosal como escandalosa trama de corrupción que se configuró en aquellos años toma cada vez más cuerpo con las pruebas que se recolectan en las audiencias. Semanas atrás, el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien jamás quiso hacer una denuncia sobre el punto, declaró cuando se lo escuchó como testigo y bajo juramento de decir la verdad, que “había algunos márgenes de sobreprecios, en promedio, del orden del 20%”.

    Los testigos que se escuchan ahora y que entonces trabajaban en el organismo recaudador hicieron su trabajo. En ese momento, la sede central de la AFIP recibió un pedido de Bonadío con la misión de que identificaran “financiamientos espurios” de una lista de empresas mencionadas en los cuadernos y cuyos directivos eran investigados por haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas. El oficio se derivó a las diferentes delegaciones, conforme los domicilios de las compañías. Cada responsable de área envió la documentación digital, encriptada y amparada por el secreto fiscal. Allí se detallaban varios movimientos que después fueron reconocidos, incluso, por los propios empresarios imputados.

    Esos empleados de la AFIP, que hicieron bien su trabajo en 2018 y 2019, sufrieron una verdadera caza de brujas pocos meses después, cuando asumió el cuarto gobierno kirchnerista, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se iniciaron sumarios no solo a ellos, sino también a muchas secretarias y empleados.

    Cada firma que constaba en el oficio fue perseguida por el kirchnerismo. Buscaron hasta las agendas de quienes oficiaban de secretarios para ver si había alguna reunión que pudiera acercar a la hipótesis de una “persecución política”, objetivo que se habían trazado las defensas de varios empresarios y exfuncionarios.

    La exfuncionaria de AFIP Jimena de la Torre, también citada a declarar, contó que cuando cambió el gobierno [en 2019] los empleados la llamaban y le decían: “Me corrieron, me están investigando”. Contó que se abrieron auditorías y sumarios “hasta a secretarias privadas en busca de las agendas para ver las reuniones”.

    Todas esas investigaciones y auditorías jamás encontraron nada más que un grupo de funcionarios de la AFIP que hicieron correctamente su trabajo. Años después, sentados frente a un tribunal, y bajo juramento de decir la verdad, recuerdan datos de una investigación que consta hace muchos años en el expediente.

    Dos veces por semana se realizan audiencias en la causa Cuadernos. Parece poco para semejante expediente que tiene cerca de 700 testigos llamados a declarar y que continúa sumando más y más pruebas que exhiben la descomunal maniobra de corrupción montada durante el gobierno kirchnerismo a la sombra de la obra pública y los negociados con el Estado.

    Fuente: La Nación

  • El mensaje de Milei en la Rural

    El mensaje de Milei en la Rural

    Javier Milei podrá decir algún día, sin exagerar, que fue uno de los presidentes argentinos recibido en Palermo como amigo del campo.

    Anteayer, habló por tercera vez en la exposición anual de la Rural, en este caso la 138°, y el aplauso generalizado que interrumpió a menudo su discurso se extendió desde el palco oficial a las tribunas pobladas por familias de productores. Se trató de una demostración de apoyo indicativa de que el campo entiende el giro descomunal introducido por este gobierno respecto de los años del desprecio kirchnerista hacia el movimiento agropecuario. En Palermo se observó que, aun cuando espera más de la actual administración, el campo está dispuesto a concederle más tiempo para que afiance e introduzca cambios por los que ha clamado desde hace muchos años.

    En el siglo XXI sucesivos presidentes eludieron la tradición de participar de la inauguración oficial de la exposición de la entidad que este año celebra los 160 años de su fundación. Fue aquello una mala señal sobre la temperatura que regía las relaciones con quienes trabajan la tierra, aunque con esas ausencias deliberadas de jefes de Estado se hayan obviado situaciones que habrían sido incómodas para todos. Año tras año, con excepción de los de la gestión de Mauricio Macri, se apeló al recurso de delegar la representación de la Casa Rosada en la máxima autoridad de turno para la agricultura y la ganadería.

    El campo constituye un fenómeno mucho más complejo que el de las dos expresiones madre, la ganadería y sus carnes, y los commodities centrales de la agricultura: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. Se diversifica en especialidades múltiples que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, al preceder en el uso de la palabra al Presidente, repasó cuidadosamente: los cítricos, el vino, la miel, el algodón, la yerba mate, el té y el azúcar, sin olvidar la maquinaria agrícola y las actividades que lo potencian todo a través de tecnologías digitales crecientemente gravitantes en la vida rural.

    Milei y el ministro Luis Caputo, en el palco de la Rural
    Milei y el ministro Luis Caputo, en el palco de la RuralLUIS ROBAYO – AFP

    La característica de ese contexto global fue sintetizada en una mención útil para conocer la relación de fuerzas específicas, pero a la que poco se apela: los aportes a la economía nacional han sido de 40.000 millones de dólares por parte de la agricultura, 34.000 millones por la ganadería y 11.000 millones por las economías regionales.

    Desde 2002, de esos resultados, 215.000 millones de dólares fueron a las arcas de un Estado que fue cada vez más demandante y tuvo cada vez mayor tendencia al despilfarro, las regulaciones, la ineficiencia y la corrupción. Esa acción consistió en una verdadera “confiscación” de recursos, adjetivación que el presidente de la Rural no vaciló en reiterar.


    El Presidente no pudo haber encontrado mejor ejemplo que Julio Argentino Roca, a quien consideró “el padre de la Argentina moderna”


    Pino dijo, como al pasar, que el INTA y el Senasa son organismos muy necesarios para el campo, con lo cual puso ante el presidente de la Nación un límite diferenciador entre acortar las adiposidades que puedan sobrar en esas instituciones y la eliminación lisa y llana que pueda figurar entre los sueños de algún funcionario en exceso exacerbado con la motosierra de la metáfora presidencial.

    Hizo bien, además, en reclamar el pleno respeto a la propiedad privada que estipularon los constituyentes de 1853/60 y a la que los obispos argentinos, en una reciente declaración, refirieron con una reticencia sobre su plenitud de la que deberían tomar nota los funcionarios que vinieron al país a preparar el viaje del papa León XIV, previsto para noviembre. Robert Prevost debe estar anoticiado de que, más allá de haberse declarado él un papa continuador de la línea pontificia establecida por Jorge Bergoglio, su estilo sobrio como jefe de la Iglesia Católica es celebrado por una amplia franja de argentinos, entre los que se cuentan no pocos productores agropecuarios. Lo hacen con discreción, pero en términos parecidos al sentimiento que expusieron para exaltar por dos veces la presencia de Juan Pablo II en la Argentina.

    Si Julio Argentino Roca es por sí un franco partidor de aguas entre la Argentina de la demagogia y el populismo facilista, por un lado, y la Argentina del progreso, la educación y la administración sana, por el otro, el Presidente no pudo haber encontrado mejor ejemplo a fin de evidenciar el lugar que procura ocupar en el escenario nacional cuando dijo que aquel dos veces presidente de la Nación ha sido “el padre de la Argentina moderna”.

    El primer mandatario, durante la muestra del campo argentino
    El primer mandatario, durante la muestra del campo argentinoNatacha Pisarenko – AP

    Tal como lo había anticipado días antes el ministro de Economía, Milei no hizo anuncios que satisficieran expectativas todavía vivas entre los productores después de las rebajas introducidas a las retenciones sobre la soja del 33% al 24% y la promesa de introducir otras más hasta llevar de forma gradual ese gravamen en 2028 al 15%; y, en cuanto al maíz, del 12% al 8,5% ya en vigor, y continuar así en una escala descendente hasta alcanzar el 5,5%.

    El jefe del Estado se privó de decir que el campo se halla en una de las épocas de mayor florecimiento en la Argentina al cabo de tantas otras de padecimiento por obra de la naturaleza, los malos gobiernos y las desventuras del comercio internacional. Se encargó de puntualizar, en cambio, el significado de que en los primeros seis meses del año las ventas de carnes al exterior hayan superado los 800 millones de dólares, cifra notable.

    Como concepto de valor histórico, Milei dejó para la reflexión de quienes están resueltos a tomar nota de su discurso que el campo ha sido el origen de las civilizaciones y el primero en propender al afincamiento de los pueblos, en tal o cual lugar, después de sembrar y de aguardar, lógica y esperanzadamente, las cosechas. “Cuando la política ataca al campo -dijo-, la política ataca a todo lo demás”.

    Fue uno de los puntos más aplaudidos de un discurso feliz, pronunciado a no muchas horas del tropiezo diplomático de haberse atrevido a calificar, en tierra brasileña, al presidente Lula de “ladrón”.

    Fuente: La Nación

  • Investment grade

    Investment grade

    5


    ¿Anhelo quimérico o vara bien alta para lograr de manera realista uno de los objetivos más importantes en la historia argentina? En la presentación de su programa financiero para los próximos años, el equipo económico anunció que trabaja para que el país alcance la categoría de grado de inversión (investment grade) en 2031. Nunca la Argentina estuvo en ese lugar.

    Llegar al grado de inversión significa que la deuda pública de un país tiene bajo riesgo de incumplimiento. A mayor seguridad para quienes le presten dinero a la Argentina, aumentará la cantidad de interesados, que incluso estarán dispuestos a aceptar menores rendimientos.

    Un movimiento de ese tipo tendría consecuencias muy favorables para el país. No solo porque el Estado podría financiarse a valores muchísimo más convenientes que los actuales, sino porque las empresas también podrían acceder a tasas más baratas que fomentarían las actividades más competitivas de la economía e incluso favorecerían directamente la situación crediticia de las familias.


    La Argentina cuenta con una tradición productiva, recursos agropecuarios, energía, minerales y capital humano que deberían facilitar el recorrido hacia el grado de inversión que implica, en términos prácticos, que la deuda pública de un país tiene bajo riesgo de incumplimiento


    Sería la puerta de entrada a una Argentina que nunca existió. La afirmación anterior se basa en hechos. Un trabajo del FMI sobre 35 países emergentes entre 1997 y 2010 encontró que la condición de investment grade estaba asociada, a igualdad de otros factores, con spreads soberanos un 36% menores. Es un resultado econométrico, no una predicción de cuánto bajarían hoy las tasas argentinas. Pero en ningún caso se trata de una distinción meramente nominal.

    Del otro lado de la euforia por el futuro aparece el costado ignominioso de la historia económica argentina. Después de todo, el Gobierno tiene por delante un arduo trabajo para llegar al lugar al que muchos otros países arribaron hace tiempo.

    Hay varios países en Sudamérica que tienen el visto bueno de todas las grandes calificadoras. Chile, líder en la región, cuenta con eso desde hace tiempo, mientras que Uruguay encauzó con prolijidad la crisis de 2002 y alcanzó la nota.

    Hay casos más sorprendentes. Perú, acosado por crisis políticas repetitivas y brutales, conserva, sin embargo, el grado de inversión, apuntalado, entre otras cosas, por la independencia de su Banco Central de Reserva. La Argentina debería tomar nota de ese detalle. Y Paraguay, un país que todavía está dominado en muchos terrenos por la informalidad, tiene el título de investment grade otorgado por Moody’s y S&P.

    Aunque cada una de esas naciones tiene argumentos económicos propios, la Argentina cuenta con una tradición productiva, recursos agropecuarios, energía, minerales y capital humano que deberían facilitar ese recorrido. Que países con dotaciones distintas hayan logrado antes esa normalidad financiera vuelve más incómodo, no menos, el contraste.


    La categoría de grado de inversión permitirá que el Estado se financie a valores muchísimo más convenientes y que las empresas puedan acceder a tasas más baratas que fomentarían las actividades más competitivas de la economía del país y favorecerían la situación crediticia de las familias


    La pregunta se impone sola: ¿qué hicimos mal para que no nos vaya tan bien? Sucede que la Argentina tiene nueve defaults. ¿Por qué alguien confiaría para prestarle barato con semejante prontuario?

    Hay una larga lista de tareas para desandar la incredulidad del acreedor. Alcanzar la categoría de grado de inversión requerirá sostener el equilibrio fiscal sin impuestos asfixiantes ni emisión monetaria; fortalecer la independencia del Banco Central; acumular reservas genuinas mediante exportaciones e inversión; profundizar el mercado de capitales en moneda nacional; respetar contratos y derechos de propiedad, y completar reformas estructurales que eleven la productividad.

    Hay que reconocer que el Gobierno ya cumplió con parte de ese trabajo. La reciente mejora de Moody’s desde Caa1 hasta B3, con perspectiva positiva, se suma a las notas B- otorgadas por Fitch y S&P. Las tres agencias reconocen progresos que sería necio desconocer: el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la inflación, la reducción de distorsiones, el incremento de las exportaciones, el ingreso de inversiones en energía y minería y una mayor capacidad para acumular reservas. La hoja de ruta es exigente, pero ya no parte de cero.

    El reconocimiento, sin embargo, está lejos de ser una absolución. Desde las calificaciones actuales hasta el primer peldaño del grado de inversión median seis escalones. La Argentina sigue teniendo una posición de liquidez externa débil, reservas utilizables insuficientes, vencimientos relevantes en moneda extranjera y un acceso al crédito internacional que todavía depende de organismos multilaterales, garantías y operaciones especiales.

    El principal obstáculo no cabe en una planilla de reservas que muestre la película de los últimos meses. Es la falta de continuidad. Décadas de inflación, defaults, controles cambiarios, alteraciones contractuales y modificaciones abruptas de política enseñaron a los acreedores que un programa argentino puede desaparecer junto con el gobierno que lo adoptó. Esa experiencia no se borra con declaraciones ni con una sucesión rápida de mejoras de nota.


    Un programa económico no se vuelve creíble cuando se anuncia, sino cuando sobrevive a los cambios políticos


    Tiene razón el ministro de Economía cuando sugiere que lo mejor que le puede pasar al país es que las próximas elecciones se debatan entre alternativas no populistas. Una estabilidad que depende de un nombre sigue siendo por definición inestable. Un programa económico no se vuelve creíble cuando se anuncia, sino cuando sobrevive a los cambios políticos.

    El propósito de 2031 será valioso si induce al Gobierno y a la dirigencia a mirar más allá de la elección de 2027. Alcanzar el grado de inversión debería ser el resultado de haber construido un país previsible. La confianza no se reclama. Se obtiene después de haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo: obligación tras obligación, gobierno tras gobierno.

    Fuente: La Nación

  • Insaurralde y una interminable impunidad

    Insaurralde y una interminable impunidad

    ay imágenes que resumen una época. Mientras la Justicia continúa acumulando expedientes por denuncias de hechos de corrupción que involucran a Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, lo vimos reaparecer relajado, fumando un habano junto a un grupo de amigos mientras disfrutaba de un partido de la selección argentina durante el Mundial de Fútbol. La escena transmitió y sigue provocando una sensación difícil de soslayar: la de un dirigente con una auténtica cara de piedra, convencido de que el paso del tiempo, las interminables demoras judiciales y los tan ocultos como sostenidos avales políticos que conserva le jugarán siempre en su favor.

    Lejos de disiparse, las sospechas sobre quien fue uno de los hombres más poderosos de la política bonaerense no dejan de multiplicarse. Recientemente, una investigación periodística lo vinculó con una presunta estructura de financiamiento irregular a través del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, a partir de contratos públicos que habrían coincidido llamativamente con su desembarco en la Jefatura de Gabinete y con conexiones familiares bajo investigación. Será la Justicia la que determine responsabilidades, pero el cúmulo de indicios numerosos, graves y concordantes vuelve a colocar a Insaurralde en el centro de un entramado mafioso que exhibe demasiadas coincidencias para ser ignoradas.

    El negocio de las fotomultas constituye desde hace décadas una de las cajas más opacas del Estado bonaerense y de los municipios. Concebidas como una herramienta para mejorar la seguridad vial, terminaron convirtiéndose en un formidable mecanismo de recaudación, un claro cazabobos -como bien han sido definidas-, que castiga al contribuyente con sanciones cada vez más gravosas y mediante mecanismos perversos, como ubicar las cámaras en lugares donde, por ejemplo, resulta imposible reducir la velocidad en tramos cortísimos de circulación.

    De hecho, este mes se aplicaron nuevos aumentos en ese distrito. Por caso, una infracción por exceso de velocidad puede oscilar entre 340.650 y 2.271.000 pesos. Está claro que se trata de faltas que no deben cometerse y que su comisión debe ser castigada, pero suele suceder que, detrás de semejante flujo de recursos no existe ni el debido control ni la tan necesaria como firme voluntad de evitar accidentes ni de educar a los conductores, sino una descarada estrategia para incrementar la vil estructura destinada a financiar negociados políticos.

    La vinculación de Insaurralde que ahora investiga la Justicia se suma a otras causas que se le siguen por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y maniobras que también alcanzan a personas de su entorno. A ello se agregan las sospechas sobre su eventual vinculación con el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, otra actividad históricamente vinculada a enormes intereses económicos, políticos y empresariales. Un reciente peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte determinó que el exintendente de Lomas de Zamora declaró al fisco niveles inferiores de consumo para que le cerraran los números de sus declaraciones juradas, al tiempo que sus abogados han pedido cerrar la causa por enriquecimiento ilícito y lavado con el pretexto de que Insaurralde recibió un préstamo de su exesposa Jesica Cirio.

    Más grave aún resulta la desesperante lentitud de parte de la Justicia. Han transcurrido casi tres años desde el escándalo del llamado yategate y todavía no se perciben avances concretos acordes con la magnitud del caso. Los expedientes avanzan a un ritmo incompatible con la gravedad de las denuncias.

    La misma parsimonia se observa en la investigación por los millones de dólares hallados en un vestidor y que recién ahora la Justicia atribuye a Insaurralde. Lo que en cualquier país debería haber provocado una reacción judicial inmediata continúa diluyéndose entre peritajes tardíos, chicanas procesales y argucias de todo tipo.

    Como si nada ocurriera, el exfuncionario sigue manteniendo contactos políticos desde distintas oficinas a la que lo acompañan custodios. Esa persistencia de vínculos de poder, aun bajo el peso de semejantes acusaciones, constituye otra expresión del deterioro institucional que desde hace demasiado tiempo toleramos los argentinos.

    Si ya resulta insostenible que ciertos delincuentes sigan libres de culpa y cargo, que continúen exhibiéndose del modo que lo hacen solo puede explicarse por la expectativa de impunidad que mantienen intacta.

    La credibilidad de las instituciones exige que las investigaciones avancen con celeridad, respetando las garantías y sin permitir que el tiempo se convierta en el principal y más preciado aliado de quienes deben rendir cuentas ante la ley y los ciudadanos.

    Fuente: La Nación

  • Los pretéritos pluscuamperfectos del peronismo

    Los pretéritos pluscuamperfectos del peronismo

    El solo título de este editorial -“Los pretéritos pluscuamperfectos del peronismo”- ya debe intimidar a los lectores. Si le agregamos la palabra “subjuntivo”, como corresponde, tendríamos asegurada una total deserción. Sin embargo, ese tiempo verbal es usado de forma cotidiana y, en general, como parte de un lamento por no haber hecho alguna cosa o perdido una oportunidad.

    “Si lo hubiera sabido, no habría ido”. O “si lo hubiera sabido, habría comprado”. O “si hubiera sabido que la Argentina ganaba, habría viajado”. O bien “si hubiera sabido que perdía, habría vendido mis entradas”. En fin, son infinitas las variantes del “si hubiera sabido, si hubiera podido o si hubiera querido”. Como aquellos gobernantes que, en retrospectiva, se culpan por no haber sabido, podido o querido hacer lo que debían, en lugar de ceder a tentaciones del corto plazo que los llevaron al fracaso.

    En la actualidad, se plantean dos modelos de país. La democracia liberal, identificada con el pensamiento alberdiano, plasmado en la Constitución nacional, o el populismo corporativista que tan bien se afincó en la Argentina, llegando a modelar un sistema institucional opuesto a los principios de las “Bases”, gracias a la flexibilidad de nuestra Corte Suprema desde 1922, cuando cedió a las necesidades políticas (caso Ercolano).


    Durante décadas tanto se estigmatizó al mercado y se denostó la iniciativa personal, el mérito y el progreso individual, que el Estado expandió su intervención a todos los ámbitos del quehacer colectivo, con resultados que avergüenzan


    Llevamos más de 80 años de crisis sucesivas por no haber aplicado las sencillas reglas que inducen conductas provechosas como el respeto a la propiedad privada, la firmeza de los contratos y el resto de las libertades personales, con sus garantías republicanas. Por el contrario, durante décadas tanto se estigmatizó al mercado y se denostó la iniciativa personal, el mérito y el progreso individual, que el Estado expandió su intervención a todos los ámbitos del quehacer colectivo, con resultados que avergüenzan. Sin advertir que el instinto humano siempre está presente y cuando puede hacerse dinero con membrete y gorro frigio, de inmediato se forma otro mercado, mucho más rentable (e inequitativo) que el denostado: el mercado político.

    No se trata ahora, por tanto, de una confrontación entre dirigentes y sus espacios, sino entre propuestas fundacionales que superan caracteres y personalidades.

    Esta columna editorial se abre con un tiempo verbal que evoca opciones cerradas y caminos no recorridos. En ciencia política se lo llama análisis “contrafáctico” pero aquí lo simplificamos con el repetido “si hubiera… habría” que tanto gravita sobre nuestras vidas, recordando alternativas ya vedadas, pero que deben servir como enseñanzas para el futuro. Y, por eso, estas líneas.

    El peronismo, que es la segunda opción en esta coyuntura, tiende a ignorar experiencias y a reiterar sus errores. Lo dijo Jorge Luis Borges: “Los peronistas no son ni buenos, ni malos; son incorregibles”. La pregunta entonces es si, transcurrido un cuarto del siglo XXI, algo han aprendido o si insisten en sus clásicas y fracasadas recetas.

    Sin duda que, en materia de corrupción, Cristina Kirchner, Julio de Vido, Ricardo Jaime, José López, Claudio Uberti, Felisa Miceli, Roberto Baratta y tantísimos más deben conjugar sus pretéritos pluscuamperfectos diariamente, maldiciendo el momento en que dejaron grabado un mensaje, no advirtieron una cámara u olvidaron bolsos en un baño. O que confiaron en un contador, en la lealtad de un subordinado o, sencillamente, en su eterna permanencia en el poder. También imaginamos a Alberto Fernández protestando de forma pluscuamperfecta por aquel brindis en Olivos o a Martín Insaurralde por su ostentación etílica en el “El Bandido”. Por supuesto, ninguno lo hace por arrepentimiento moral, como el contrito Víctor Manzanares, sino por rabia genuina.

    Pero otra cosa es en materia de política económica, donde gravitan banderas, símbolos, mitos y prejuicios que no se pueden cambiar sin dañar la mística del bombo y la marchita. Y ello coloca al peronismo en zona de alto riesgo, pues la Argentina tiene su reputación destruida por miles de bonistas frustrados, ahorristas confiscados, acreedores licuados, contratos incumplidos, exportadores inhibidos y, en sus barbas, funcionarios millonarios gracias a las SIRA.

    Desde 2024, el Gobierno hace equilibrio como un trapecista para recuperar la moneda y bajar la inflación con medidas drásticas de contención fiscal. Sin embargo, ninguna experiencia parece haber mellado el relato de quienes nos dejaron con casi el 50% de pobreza y el 211% de inflación. No hay conjugación de pretéritos pluscuamperfectos por quienes siguen convencidos de que sus tiempos pretéritos fueron perfectos.


    Los desafíos actuales requieren sepultar la herencia dialéctica de 1973 y aquel palabrerío de “dependencia” y “liberación”, reconociendo que solo construyendo confianza y dando seguridad jurídica podrán ser superados


    La expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, autora de la reforma de la Carta Orgánica que ahora se debe revertir, en aquel entonces manifestó que “es totalmente falso que la emisión genera inflación” y que “solamente en la Argentina se mantiene esa idea”. Su colega y actual diputada Julia Strada, (Unión por la Patria-Buenos Aires) también sostiene que “el déficit es necesario para poder crecer”, como la memorable Fernanda Vallejos, para quien “un Estado que crea la moneda que se utiliza en su economía no está limitado y puede emitir todos los pesos que necesite”.

    Para Máximo Kirchner, al igual que para su madre, el problema argentino no es la ausencia de crédito ni de inversión sino la falta de dólares por la “restricción externa”, el FMI y el endeudamiento: “alcanzar equilibrio fiscal con esta situación lo puede hacer cualquiera que no tenga un mínimo de humanidad”, sostiene. En cuanto a Axel Kicillof, nunca se arrepintió de haber dicho en el Senado de la Nación que la seguridad jurídica era una “palabra horrible” para su visión de desarrollo productivo con inclusión social.

    Los desafíos actuales requieren sepultar la herencia dialéctica de 1973 y aquel palabrerío de “dependencia” y “liberación”, reconociendo que solo construyendo confianza y dando seguridad jurídica se podrá superarlos, aunque suene “horrible”. Si el peronismo reconoce la virtud del equilibrio fiscal para no perder apoyo popular debe saber que ello requiere medidas mucho más profundas que una simple declaración: reducir gastos, achicar el Estado, privatizar empresas y crecer con productividad sobre la base de la inversión privada sin distorsiones regulatorias. Si ello no se afirma de forma explícita, el costo social será innecesariamente elevado a pesar del “mínimo grado de humanidad” que reclama el primogénito ignorando el daño que sus palabras provocan.

    Tantos años de déficit fiscal, inflación y pobreza debería hacer reflexionar a sus dirigentes. Unos días de retiro en la quinta de San Vicente podrían servir para tomar conciencia de esa causalidad tan obvia, conjugando cien veces aquel pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo para internalizar errores y aprovecharlos como lecciones. Las jubilaciones sin aportes, los subsidios, las pensiones de privilegio, los controles de precios, el déficit de las empresas estatales, la confiscación de las AFJP, la brecha cambiaria, la multiplicación de organismos, el aluvión de ñoquis, los planes piqueteros y tantos otros dislates que deberían repetir al unísono, como salmos dominicales.

    Fuente: La Nación

  • Causa Vialidad: tiempo de ejecutar el decomiso

    Causa Vialidad: tiempo de ejecutar el decomiso

    Con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme el monto del decomiso en la causa Vialidad, se ha dado un paso decisivo para que el Estado recupere una parte del gigantesco perjuicio ocasionado por uno de los mayores casos de corrupción de la historia de nuestro país: el del expolio a la obra pública por parte de los principales actores de los gobiernos kirchneristas.

    La determinación del máximo tribunal echa por tierra los innumerables cuestionamientos que las defensas utilizaron durante meses para prolongar un proceso cuya dilación resulta, a esta altura, tan inaceptable como escandalosa. Ha llegado el momento de ejecutar el decomiso. La Justicia debe empezar a cerrar el círculo.

    Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios fueron hallados culpables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia estableció la existencia de un sistema de direccionamiento de la obra pública que benefició intereses privados desde las más altas esferas del poder. También determinó el daño patrimonial provocado y ordenó su restitución mediante el decomiso de bienes.

    La discusión sobre el monto acaba de quedar saldada. Al rechazar los planteos de la defensa de los condenados, la Corte dejó firme la actualización realizada sobre la base de criterios técnicos, que elevó la cifra hasta casi 685.000 millones de pesos. No se trata de un detalle menor. El decomiso no constituye una sanción accesoria ni una medida simbólica, sino que es el instrumento previsto por la ley para impedir que el delito conserve sus beneficios económicos. Dicho en otros términos, que la corrupción no sea un gigantesco negocio y que quienes se corrompen paguen con la pérdida de su libertad y devuelvan lo robado a los ciudadanos.

    La larga secuencia de chicanas, recursos, apelaciones, quejas e impugnaciones presentadas por los defensores persiguió un objetivo evidente: postergar la recuperación de los bienes. Cada revés judicial fue seguido por una nueva presentación. Cada resolución dio lugar a otro intento de diferir el cumplimiento efectivo de una sentencia firme. Esa utilización abusiva de los mecanismos procesales no hace más que desnaturalizar el sentido de la ejecución penal. La Corte acaba de poner fin a esta burda espiral de excusas dilatorias.

    Nadie discute el derecho de todo condenado a ejercer su defensa dentro del debido proceso. Otra cosa muy distinta es convertir ese derecho en una herramienta para eternizar procedimientos que ya atravesaron todas las instancias de revisión. La tutela de las garantías constitucionales no puede transformarse en una guarida para impedir indefinidamente que el Estado recupere aquello que le fue sustraído.

    La demora adquiere una gravedad adicional cuando el paso del tiempo conspira contra la eficacia del decomiso. La inflación erosiona el valor del perjuicio reconocido judicialmente mientras el patrimonio sujeto a ejecución permanece inmovilizado. No resulta casual, por ello, que el fiscal Diego Luciani trabaje en un nuevo pedido de actualización del monto que deberá restituirse. Si el daño fue indexado hasta casi 685.000 millones de pesos hace un año, resulta razonable revisar nuevamente esa cifra para evitar que el deterioro monetario termine beneficiando, una vez más, a quienes fueron condenados.

    Ese planteo no persigue agravar una pena ya impuesta, sino que busca preservar el valor real del resarcimiento ordenado por la Justicia. Permitir que la inflación licúe el decomiso equivaldría a admitir que el transcurso del tiempo reduzca la obligación de devolver lo obtenido mediante una maniobra fraudulenta contra el patrimonio público. Sería un desenlace tan absurdo como contrario al principio de reparación que inspira esta clase de medidas.

    Inmuebles, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y participaciones societarias integran un universo de bienes cuya identificación y ejecución constituyen una tarea compleja, pero esa complejidad no puede convertirse en otra excusa para prolongar indefinidamente un proceso que la sociedad observa desde hace años con creciente escepticismo.

    La corrupción no concluye cuando se dicta una condena. Termina cuando el Estado logra recuperar, en la mayor medida posible, aquello que le fue arrebatado para beneficio privado de quienes ocupaban cargos de enorme responsabilidad institucional. De lo contrario, el mensaje sería devastador si, aun después de una condena firme, el producto económico del delito permanece en un limbo.

    La decisión de la Corte ha despejado un obstáculo fundamental. Una sentencia por corrupción no está verdaderamente cumplida mientras la totalidad de lo robado no regrese al patrimonio de todos los argentinos.

    Fuente: La Nación

  • Cristina Kirchner debe entender que cesó su impunidad

    Cristina Kirchner debe entender que cesó su impunidad

    Resulta un reiterado agravio a las instituciones la pretensión de la expresidenta Cristina Kirchner de acudir a tribunales internacionales con el propósito de que se evalúen las condiciones de su detención domiciliaria por la condena que cumple a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos en el Estado en la causa de la obra pública, conocida como “Vialidad”.

    Esa decisión de la exmandataria es otro capítulo de los innumerables planteos a los que siempre recurre y que no hacen más que confirmar el desprecio que le provocan las decisiones de la Justicia, a la que ha intentado doblegar, colonizar y, al fracasar en esos intentos, deslegitimar como parte de un inexistente complot basado en una absurda persecución política contra su persona.

    La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de mantenerle las restricciones a su prisión domiciliaria -que bastantes concesiones ha logrado- constituye otro firme mensaje institucional frente a sus intentos de recurrir a instancias internacionales para evadir el estricto cumplimiento de su condena por corrupción.

    Con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedó ratificado que debe cumplir con las condiciones del encierro que le fueron impuestas: tobillera electrónica, régimen de visitas acotado, uso restringido de espacios comunes y no alterar la paz del vecindario. Es lo mínimo que se le debe exigir a una persona condenada a seis años de cárcel por delitos de la gravedad de los cometidos por Cristina Kirchner.

    No estamos ante una perseguida política, sino ante una dirigente probadamente corrupta, sentenciada en un debido proceso con todas las garantías, cuya culpabilidad fue confirmada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Lejos de acatar el fallo, Cristina Kirchner busca flexibilizar su condena obteniendo privilegios que no alcanzan a ningún otro reo en su mismo derrotero judicial. Su intención de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) configura otro intento por internacionalizar su situación y presionar por un trato diferencial, a todas luces improcedente.

    Acudir a instancias internacionales, concebidas para proteger a ciudadanos indefensos frente a abusos de poder o frente al accionar de regímenes autoritarios, constituye una afrenta para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

    Pretender equiparar el juzgamiento de delitos de corrupción estructural, cometidos y orquestados desde las más altas esferas del poder del Estado, con una supuesta persecución política, es una falacia que la mayoría de los ciudadanos ya ha advertido sobradamente.

    Durante sus procesos judiciales, la exmandataria gozó de todas las garantías constitucionales; ha echado mano de un sinfín de recursos procesales, tuvo defensas técnicas de privilegio y transitó por todas las instancias recursivas que garantiza el Estado de Derecho.

    Su condena no es el resultado de un tan absurdo como inventado lawfare; es la consecuencia probada, documentada y ratificada en tribunales de un brutal esquema de defraudación al Estado.

    Como bien detalla el voto del juez Hornos, la prisión domiciliaria ya constituye en sí misma una modalidad excepcional y morigerada del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Exigir además la remoción de la tobillera, la ampliación de visitas o el uso irrestricto de áreas comunes son otros despropósitos que desnaturalizan por completo el sentido de una condena.

    La estrategia de victimización y apelación a organismos externos que planea desplegar la expresidenta representa otro intento por justificar lo injustificable y una subestimación a la inteligencia ciudadana.

    Ni la CIDH ni la Corte Interamericana son una “cuarta instancia” para revisar sentencias firmes de tribunales nacionales. Mucho menos aún para cuestionar penas por delitos de corrupción, en las que está en juego la credibilidad de todo el sistema republicano.

    Cristina Kirchner debe comprender que su tiempo de impunidad terminó. La ley es igual para todos y quienes han traicionado la confianza ciudadana robando al Estado deben pagar por sus delitos.

    Fuente: La Nación

  • Actuar con sentido común

    Actuar con sentido común

    El episodio protagonizado días atrás por personal de la Brigada Ambiental de una de las subsecretarías del gobierno de la Ciudad en el restaurante céntrico The New Brighton es ejemplo de la total falta de criterio con el que pueden actuar las autoridades gubernamentales.

    A raíz de una denuncia, un grupo de aquella repartición irrumpió en el local, sucesor de comercios diversos, pero todos ellos clásicos desde principios del siglo XX en Sarmiento al 600, y se llevó, ante la presencia desconcertada del público, cuatro cabezas de ciervos embalsamados.

    ¿Por qué no haberlo hecho, si es que cabía hacerlo, con otra discreción y más criterio en ese lugar tan acreditado entre los porteños, cuando alcanzaba con un aviso previo a los propietarios del local? Se imaginará el lector la sorpresa de quienes atendían el restaurante, y también de la clientela, al observar cómo se descolgaban de las paredes cuatro cabezas que eran parte de la decoración del lugar desde tiempo inmemorial. ¿Para qué emplear ese tipo voltaje después de tantos años en que ninguna autoridad se había notificado de nada irregular en un espacio público?

    Un notable bar restaurante de la ciudad no es por definición el lugar ocupado por organizaciones delictivas en el que cabe a la autoridad irrumpir sin dar tiempo a reacciones por su presencia. Todo lo que hicieron fue descolgar, al cabo de años y años de estar ahí, las cabezas de un ciervo de los pantanos, de dos ciervos dama y de un ciervo axis, más conocido como ciervo moteado.

    Los agentes explicaron que habían pedido los papeles de procedencia de las piezas secuestradas y que se les contestó que no los había, algo bastante natural que ocurriera por el transcurso de tanto tiempo.

    Salvo el ciervo de los pantanos, las otras especies taxidermizada que se hallaron son intrusas en el ecosistema natural que habitamos los argentinos. Ocurre con ellas lo que sucede con los castores en Tierra del Fuego o con los jabalíes en inmensos espacios del país: son especies introducidas que invaden los ecosistemas argentinos ocasionando daños ecológicos y pérdidas económicas de envergadura.

    Nada impide la caza de las especies invasoras y menos que estas sean exhibidas como suerte de trofeos en espacios gastronómicos. Esto ha sido usual en establecimientos con alguna connotación germana. ¿Recuerda el lector los ciervos de la vieja Munich, tan próxima a La Biela?

    El ciervo de los pantanos corresponde a un capítulo aparte. Es un animal protegido por la ley, que estuvo hace décadas a punto de desaparecer después de haber tenido una presencia continuada desde el Pantanal hasta el bajo Delta del Paraná por unos 10.000 años, según estudios especializados. Con los esfuerzos conservacionistas, especialmente de la Fundación Vida Silvestre Argentina, realizados en los últimos 20 años su población se ha ido recuperando de manera sostenida.

    “Las investigaciones continúan”, manifestó una autoridad involucrada en el infortunado secuestro en The New Brighton. Lo hizo con el aire de quien podría encarar nuevas diligencias en asuntos de la extrema gravedad de los hechos de corrupción pública del célebre caso de los cuadernos de Centeno o de los escándalos ventilados en la AFA por el comportamiento de Tapia y Toviggino.

    Lo cierto es que no hay espacio cómodo para exhibir el trofeo de una especie amenazada, aunque sea de antigua data. La conciencia ambiental y, en particular, la animalista tiene militantes intolerantes que no discriminan si hubo o no mala intención.

    Esperemos que este caso sea dotado finalmente de la cuota de sentido común que ha escaseado hasta aquí. Las especies exóticas, a las que pertenecían tres de cuatro cabezas de ciervos secuestradas son tan nocivas para el entorno natural como cualquier elemento de contaminación.

    Es importante que los fiscales se involucren en los casos ambientales, pero sin perder de vista aquellos que revisten mayor magnitud, porque el caso que nos ocupa es despreciable frente al desmonte ilegal de las áreas chaqueñas, la pesca ilegal o los derrames de cianuro en ríos cordilleranos.

    Fuente: La Nación