Salvo la fracasada propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, pese a que las vacantes en los tribunales alcanzaban un tercio del total, el Gobierno viene intentando completarlas con candidaturas que, en no pocos casos, parecen más orientadas a criterios políticos que a cuestiones técnicas, de idoneidad y probidad.
Esta premura y algunas reacciones absolutamente inaceptables como pretender coartar a la jueza María Verónica Michelli su ascenso en la Justicia sobre la base de su parentesco con un prestigioso periodista de este diario coinciden sugestivamente con el cambio de mando en el Ministerio de Justicia.
Idéntica preocupación generan aspectos vinculados con las autorizaciones a jueces penales para seguir en sus cargos más allá de los 75 años. Mientras rápidamente se avaló la continuidad del camarista Carlos Mahiques, padre del cuestionado ministro de Justicia, Juan Bautista, no corrió la misma suerte el probo juez Martín Irurzun, uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política.
Numerosas designaciones judiciales, que en teoría se intentaron despolitizar mediante concursos públicos, no han hecho más que llenarse de sospechas por influencia del poder político.
En los últimos días se ha estado reuniendo la Comisión de Acuerdos sin que surgieran mayores escollos para que avanzaran las designaciones de jueces, como ha ocurrido con la gran mayoría de más de un centenar de pliegos remitidos este año por el Poder Ejecutivo.
De hecho, ayer, casi sin oposiciones, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defendieron en el Congreso sus nominaciones para convertirse en vocales de la Cámara Federal porteña, tribunal judicial estratégico que tiene a su cargo la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.
Elegidos por el ministro de Justicia y avalados por el presidente Milei, ambos candidatos quedaron un paso más cerca de convertirse en camaristas.
Yadarola, por ejemplo, no ha hecho el mejor de los recorridos y su postulación resulta controvertida, ya que en el concurso de oposición para competir por el cargo ocupó el puesto 16. Pero también por su criticada actuación en la causa en la que se investiga el ingreso al país de 15 bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice. Esa investigación por presunto contrabando está sospechosamente empantanada hace más de un año sin que el juez se haya esforzado por determinar quién se comunicó con una agente aduanera para que no se revisaran las valijas que ingresó una estrecha colaboradora de Scatturice.
Aparece más que claro el apuro del Gobierno para lograr su acuerdo, al igual que el de Bertuzzi. De integrarse a la Cámara Federal Penal, podrán intervenir como jueces de alzada en causas en las que se investigan maniobras de corrupción urticantes para la Casa Rosada como las del presunto pago de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $LIBRA y la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Es cierto que las propuestas del Presidente surgen de una terna decidida por el Consejo de la Magistratura, pero este procedimiento no ha sido eficaz, lo que ha llevado a la Corte Suprema a realizar propuestas para intentar dotar de mayor objetividad y transparencia al sistema.
El Poder Judicial no puede gestionarse como una simple dependencia administrativa del Estado
En los últimos tiempos, las designaciones en la Justicia han sido objeto de aspiraciones por parte de casi todos los partidos políticos. Hoy parece normal que en la Justicia Federal de las provincias estas se negocien con los gobernadores, lo cual va en contra del objetivo de contar con poderes independientes. Lo mismo ocurre con las designaciones de fiscales que, desde la reforma de 1994, comparten con los jueces la responsabilidad de impartir justicia en el área penal. Baste recordar que, entre 2012 y 2017, cuando Alejandra Gils Carbó presidió la Procuración General de la Nación, se cubrieron innumerables cargos en los que privilegió la orientación política partidaria por sobre la idoneidad y la ética. Esos nefastos antecedentes deberían oficiar como una luz de alerta para la actual administración, que parece más dispuesta a replicar aquellas prácticas viciadas que a depurar el sistema.
La despolitización de la Justicia es una demanda imperiosa y fue uno de los pilares de la reforma constitucional de 1994. Con ese fin se creó el Consejo de la Magistratura, tomando como modelo las experiencias de España, Francia e Italia. La reforma siguió las grandes líneas de esta institución, conformada por un órgano colegiado, “integrado periódicamente de modo de que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
Sin embargo, resulta evidente que el Consejo se ha convertido en un botín político. No fue casualidad que, en 2006, Cristina Kirchner lograra modificar la ley por la que había sido creado para reducir la cantidad de consejeros y priorizar al estamento político por sobre el resto, rompiendo así el equilibrio constitucional, y quitándole la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema. Finalmente, en 2021, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos clave de esa última reforma y exhortó al Congreso a dictar una nueva ley en un plazo razonable. Ante la omisión legislativa, se repuso la situación inicial.
Tampoco resulta extraño ni extemporáneo que el actual gobierno intente ahora impulsar una nueva ley para reducir el número de consejeros y desplazar a la Corte de la presidencia. Podría caer en los mismos errores de la expresidenta e importaría otro grave retroceso. Tampoco se despolitizará la Justicia incorporando jueces con perfil político.
En lo referido a la presidencia de la Magistratura, si se considera que la Constitución reconoce a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y al Consejo como un órgano importante, pero auxiliar de ese poder (en administración y selección), resulta lógico y justificado que su titular lo presida. Solo así se garantiza la jerarquía y la independencia de la Justicia frente a los constantes embates de la política.
Los cambios que el Gobierno impulsa en las máximas instancias del área penal, especialmente en el fuero federal, con la excusa de disminuir la cantidad de magistrados, son preocupantes.
Las demoras de nuestra Justicia no tienen parangón en el mundo. Aunque es justo decir que, en ciertas causas de alto voltaje político, estas demoras no siempre son por ineficiencia. Lo razonable sería aumentar la cantidad de jueces redistribuyendo eficientemente la gruesa planta de empleados.
Bajar la cantidad de magistrados en las instancias superiores es un contrasentido. Siempre se ha cuestionado el enorme poder concentrado en los jueces de Comodoro Py, al extremo de haberse pensado en otros tiempos fusionar el fuero federal con el nacional para diluir ese poder. Su concentración genera fundadas sospechas sobre el verdadero objetivo: facilitar el control de las causas sensibles mediante la gestión de unos pocos magistrados afines.
El Poder Judicial no puede gestionarse como una simple dependencia administrativa del Estado. Despolitizarlo y designar jueces probos e independientes es un objetivo agonal para la República. Quienes en el mejor de los casos buscan hoy despejar obstáculos para sus reformas y, en el peor, blindarse ante las investigaciones en su contra, cometen un grosero error de cálculo.
No se puede contar con la lealtad eterna de quienes no la tienen consigo mismos ni con el alto cargo que ejercen.
Debería el Gobierno orientar sus esfuerzos a fortalecer la independencia del Poder Judicial. No basta con declamarla, urge ponerla en práctica sin más demoras.
Fuente: La Nación
