Categoría: Entrevistas

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Cuando ya ha pasado un año desde que Cristina Kirchner comenzara a cumplir condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Justicia le impuso por hallarla culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad, el Estado no ha podido recuperar ni un solo peso de lo que le fue robado. El capítulo de obligada restitución patrimonial permanece así atrapado en una demora cuya responsable es la tan escandalosa como ininterrumpida sucesión de recursos, apelaciones y demás presentaciones promovidas por las defensas de la expresidenta, de sus hijos y de otros condenados para impedir o retrasar la ejecución del decomiso.

Desde noviembre del año pasado se desplegó una estrategia jurídica destinada a frenar el avance sobre 111 bienes muebles e inmuebles, incluidos aquellos que fueron transferidos a Máximo y Florencia Kirchner en 2016. Cada rechazo dio lugar a una nueva presentación. Cada resolución adversa fue seguida por otra impugnación. El resultado está a la vista. Escandalosa parálisis total.

El 10 de junio de 2025 marcó un hecho inédito en la historia democrática argentina. Por primera vez, una expresidenta empezó a cumplir una pena de prisión por delitos de corrupción. El monto del latrocinio fue calculado en 685.000 millones de pesos, producto de la maniobra que favoreció durante años al seudoempresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en la obra pública.

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La responsabilidad del Estado no termina cuando una persona es condenada por corrupción. También debe garantizar que los recursos obtenidos mediante el delito sean recuperado para la sociedad

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La Cámara Federal de Casación Penal ya ratificó que esos bienes son alcanzables por la medida. También rechazó los planteos extraordinarios de las defensas. Incluso, quedó firme la decisión de avanzar con la ejecución patrimonial. Sin embargo, una nueva queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a empantanar el proceso, colocando la definición en manos del máximo tribunal. De él depende hoy la última palabra.

La discusión jurídica es relevante, pero no debería ocultar un dato esencial: el decomiso no constituye una sanción independiente ni una controversia nueva, sino que es consecuencia directa de una condena firme que atravesó todos los controles del sistema judicial. La responsabilidad del Estado no termina cuando una persona es condenada por corrupción. También debe garantizar que los recursos obtenidos mediante el delito sean recuperados para la sociedad.

La prueba decisiva y concluyente en este largo proceso consiste en demostrar que la Justicia es capaz de ejecutar íntegramente sus sentencias. De poco sirve proclamar la lucha contra el saqueo a las arcas públicas si, al momento de recuperar los bienes involucrados, el sistema queda paralizado por chicanas, trabas y estrategias evasivas.

Paralelamente, Cristina Kirchner volvió a reclamar beneficios para flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario en su confortable departamento del barrio de Constitución. Solicitó que le retiraran la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y flexibilizar otras restricciones. Una vez más, la respuesta judicial fue negativa. El tribunal ratificó las condiciones vigentes y le recordó que conserva espacios y horarios para actividades recreativas en la terraza del edificio, además de un régimen de ingresos libre para familiares directos, médicos, abogados y custodios. El resto de las visitas continúa sujeto a autorización judicial.

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De poco sirve proclamar la lucha contra el saqueo a las arcas públicas si, al momento de recuperar los bienes involucrados, el sistema queda paralizado por chicanas, trabas y estrategias evasivas

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También resulta llamativo que, a esta altura de los acontecimientos, sectores del kirchnerismo sigan reclamando la libertad de la condenada como si existiera alguna duda sobre su situación judicial. Los argumentos de persecución política, lawfare o conspiración fueron fundadamente descartados una y otra vez por los tribunales que intervinieron en el expediente.

La ceguera política de sus acólitos que programan sucesivos actos frente al departamento de la condenada, yéndola a saludar, colgando pasacalles e incrementando día tras día el malestar de los vecinos que desde hace un año padecen el copamiento del barrio, la vulneración de su derecho al descanso y el cercenamiento del derecho a transitar libremente, mereció anteayer un nuevo apercibimiento de la Justicia.

El tribunal oral federal que la condenó volvió a advertirle que, de persistir con esas conductas, se le revocará la prisión domiciliaria para seguir cumpliendo el encierro en una cárcel común. Como consecuencia de esa admonición, fueros suspendidos algunos actos con que sus seguidores pensaban homenajearla y empezar a instalar la absurda consigna “Cristina proscripta”, para luego lanzarse a la campaña “Cristina candidata”.

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Decir que Cristina Kirchner ha sido proscripta es tan desatinado como falso: no está presa por sus opiniones políticas, sino por haber cometido delito

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Si esa definición de proscripta es tan absurda como improcedente -no está encarcelada por sus ideas, sino por el delito cometido- igualmente descabellada y fuera de lugar resulta la propuesta del dirigente Miguel Ángel Pichetto de impulsar desde el Congreso una suerte de anulación de la condena, una arremetida muy probablemente pergeñada por su autor para conseguir adeptos que le allanen el camino hacia una vuelta a sus orígenes perokirchneristas, tras varios garrochazos interpartidarios.

Pretender que el Poder Legislativo invalide una decisión definitiva de la Corte Suprema no solo carece de antecedentes y de sustento jurídico, sino que supone un cuestionamiento inaceptable al principio de división de poderes. Si prosperaran semejantes planteos, ninguna sentencia firme estaría a salvo de las conveniencias políticas del momento.

Es de esperar que la Corte se expida, se terminen los artilugios, se abandone la pantomima y, de una vez por todas, se devuelva lo robado.

Fuente: La Nación

El avance a paso lento que han mostrado hasta ahora las investigaciones por las presuntas irregularidades en los permisos para importar durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, incluidos hasta ahora en dos causas judiciales, permite preguntarse si no hay manos invisibles que frenan esas investigaciones.

¿Hay demasiados sectores interesados en que no avancen? La pregunta incluye también al actual Gobierno, que tiene a su alcance varias herramientas y todos los resortes del Estado para brindar información a la Justicia desde organismos sobre los que entonces caía la responsabilidad de las referidas autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), como la Aduana, el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hay al respecto algunos indicios inquietantes. Un dictamen firmado el 22 de abril por el fiscal Franco Picardi, que interviene en la causa sobre estas denuncias que cayó en el juzgado de Ariel Lijo, muestra que no ha existido hasta ahora un excesivo celo en suministrar datos elementales como, por ejemplo, el listado de personas físicas que tenían esas funciones.

Ese texto consigna, por ejemplo, la respuesta que el requerimiento de Picardi recibió de Pedro Esteban Lucena, director de Importaciones del Palacio de Hacienda, que argumenta que la función de otorgar permisos ya no recae en la Secretaría de Comercio, y que el fiscal deberá en todo caso recabar esa información en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que a su vez se viene mostrando igualmente reticente en brindar detalles. De hecho, la primera respuesta de la ARCA a un pedido similar ya había sido infecunda: contestó que esos datos estaban automatizados hasta diciembre de 2023 y tampoco aportó la lista de funcionarios que intervinieron.

Tanta parsimonia del propio Estado llevó a Picardi a insistir ante la ARCA por segunda vez con el pedido, todavía sin respuesta, una circunstancia que llama la atención si se repara en que el organismo que conduce Andrés Ricardo Vázquez ya había presentado en febrero una denuncia muy similar, también por presuntas irregularidades en esos permisos, que involucra a dos empresas de electrodomésticos, Omnichannel e Intermaco, y que cayó en el juzgado de Luis Armella. No hay dudas de que el ente recaudador, al igual que el Banco Central, tienen mucho que aportar al respecto.

Es bastante evidente el contraste que se da entre estas nebulosas y los reveladores testimonios off the record de quienes tenían que acceder a esos permisos: empresarios, despachantes de Aduana e importadores. ¿No es una buena oportunidad para complementar con información fidedigna sobre qué se les pedía a cambio, y quiénes lo hacían, desde ventanillas del Estado?

Lijo y Armella deben ahora dar con ese eslabón perdido. La investigación preliminar de Picardi habla de presuntos sobornos que iban del 10 al 15% del valor FOB de las importaciones. Pero hasta ahora, poco es lo que se ha podido agregar al respecto. En su último dictamen, el fiscal intenta dar con el rol de un tal “Pato”, que aparece en las conversaciones de los cinco teléfonos secuestrados a funcionarios del Banco Central y a gestores como Elías Piccirillo y Martín Migueles, y que aparentemente habría sido el nexo entre ambos operadores y el gobierno de entonces. “Pato” es Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario que, según los registros de los teléfonos secuestrados, solía reunirse con Migueles y Ezequiel Caputto -otro de los financistas investigados- en el restaurant Canta el Gallo, de Nordelta, para arreglar las coimas.

Con esos datos en la mano, Picardi les pidió entonces a las telefónicas todas las llamadas entrantes y salientes de Marre y Caputto en un lapso de dos años -entre el 1° enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023-, sobre las que espera información detallada. Quiere saber, por ejemplo, con qué funcionarios hablaban.

Llegados a este punto, sigue siendo al menos llamativo que nadie del oficialismo se refiera públicamente al tema. Hace unas semanas, el presidente Javier Milei retuiteó al abogado Gustavo Arabia, ex candidato de La Libertad Avanza en Bragado, que cuestionaba en la red social X un programa que hablaba del tema de las “siras”: “Ya está todo investigado”, decía el mensaje.

El argumento de que el caso “ya está investigado” y que por lo tanto no puede volver a abrirse, sustentado en que una causa similar fue cerrada en diciembre de 2023 por pedido del fiscal Eduardo Taiano al juez Julián Ercolini, es al menos endeble: no está probado que se trate de los mismos hechos y ni siquiera de los mismos funcionarios. Es curioso, porque la idea de desestimarlo por ese motivo coincide exactamente con lo que dicen funcionarios del gobierno anterior, entre ellos, Guillermo Michel, ex jefe de la Aduana, el organismo encargado de coordinar y fiscalizar el sistema de importaciones.

Es de esperar que la Justicia no solo avance, sino que cuente con la colaboración de los organismos pertinentes y sus responsables, a quienes seguramente información no les falta: tienen todas las herramientas del Estado a su disposición.

Fuente: La Nación

a permanencia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete se ha vuelto insostenible, no porque exista aún una condena judicial en su contra ni porque se haya probado de manera definitiva la comisión de un delito, sino por una razón más elemental: ha erosionado gravemente la confianza pública.

Un funcionario que ocupa semejante cargo no puede admitir que ocultó durante años una parte sustancial de su patrimonio, rectificar luego sus declaraciones juradas y pretender que nada haya cambiado. Hasta sus compañeros de ruta política lo critican con dureza y muestran un creciente fastidio, por ahora casi exclusivamente en privado. Está demostrado que la esencia del “ser” no se sostiene por sí sola. La completa el “parecer”.

La Argentina tiene una tan nefasta como penosa historia de funcionarios que confundieron la exigencia ética de la función pública con una cuestión insustancial. No todo lo que compromete la continuidad de un funcionario debe esperar una sentencia firme. Le caben responsabilidades políticas, éticas y morales insoslayables que deben ser asumidas con prescindencia de las judiciales y anticipándose a ellas. Cuando quien administra la coordinación ministerial reconoce que omitió informar activos por una suma cercana al medio millón de dólares, la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un grave problema institucional. Adorni ha intentado aclarar tardíamente y no ha hecho más que oscurecer su situación.

La última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que admite tener un patrimonio de 627 millones de pesos, muestra diferencias significativas respecto de las precedentes.

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No todo lo que compromete la continuidad de un funcionario debe esperar una sentencia firme. Existen responsabilidades políticas, éticas y morales que deben ser asumidas con prescindencia de las judiciales y anticipándose a ellas

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La incorporación de propiedades, de otros bienes y fondos que hasta ahora no habían sido informados -tenencias en efectivo, activos provenientes de operaciones con criptomonedas, entre otros ítems- plantean interrogantes difíciles de disipar, más aún cuando el propio funcionario había sostenido, pública y acaloradamente, una versión distinta sobre su evolución patrimonial.

Por tal razón, la discusión de fondo trasciende hoy el origen de esos recursos, aspecto que ciertamente corresponde esclarecer a la Justicia. Resulta inadmisible que un jefe de Gabinete reconozca haber mantenido fuera de sus declaraciones oficiales información relevante y pretenda continuar en funciones como si se tratara de una simple desprolijidad administrativa, de un error contable o de un inocente olvido.

Los funcionarios públicos administran un activo tan intangible como inestimable: la credibilidad. Una vez dañada, su capacidad para ejercer la autoridad queda inevitablemente disminuida. La confianza se construye a partir de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y, en este caso, la contradicción es demasiado evidente para ser ignorada. Ha pasado ya de castaño oscuro.

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Resulta inadmisible que un jefe de Gabinete reconozca haber mantenido fuera de sus declaraciones oficiales información relevante y pretenda continuar en funciones como si se tratara de una simple desprolijidad administrativa, un error contable o un inocente olvido

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Por eso, sorprende y preocupa la decisión del presidente Javier Milei de sostener a su principal colaborador político, pese a la magnitud del escándalo. Durante la campaña electoral y desde el inicio de su gestión, Milei ha venido haciendo de la transparencia, la ejemplaridad y la intolerancia frente a las conductas impropias una de sus principales banderas. Mantener a Adorni en el cargo entra en abierta tensión con ese discurso.

La contradicción se vuelve todavía más notoria si se recuerda que el Presidente prescindió de numerosos funcionarios por motivos mucho menos graves. Ministros, secretarios y colaboradores de menor rango de distintas áreas fueron apartados por desacuerdos internos, errores de gestión y a veces mínimas diferencias de criterio. En esos casos prevaleció la idea de preservar el rumbo del Gobierno por encima de cualquier situación personal. Resulta difícil comprender por qué ese criterio no se aplica ahora.

Por lo demás, la defensa irrestricta de Adorni expone innecesariamente al Presidente. Lo obliga a asumir un problema que debería ser resuelto por quien lo generó, deshonrando el cargo para el que fue designado por el propio jefe del Estado.

En la Cámara de Diputados, varios bloques opositores convocaron el jueves último a una sesión especial para el 23 del corriente mes con el objetivo de interpelarlo y explorar una eventual moción de censura, pues consideran que, con su abrupto giro discursivo, el funcionario ha cometido una “falta grave”. Aunque por el momento no existen los votos necesarios para concretarla -el mecanismo exige mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso-, el solo hecho de que la discusión haya ingresado formalmente en la agenda parlamentaria refleja la gravedad política que ha adquirido el caso.

Tampoco resulta menor la decisión de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, de acelerar su comparecencia ante la Cámara alta para este mes. Sin embargo, Adorni respondió que solo concurrirá en julio al Senado, pese a que el artículo 101 de la Constitución nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las Cámaras del Congreso, para informar sobre la marcha del gobierno. Desde que asumió el cargo, en noviembre de 2025, Adorni no se presentó nunca ante la Cámara alta. Sí lo hizo en Diputados, donde una y otra vez negó que hubiera incurrido en enriquecimiento ilícito, aunque se negó a dar pruebas de lo que ahora acaba de presentar ante la OA.

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Durante la campaña electoral y desde el inicio de su gestión, Milei ha venido haciendo de la transparencia, la ejemplaridad y la intolerancia frente a las conductas impropias una de sus principales banderas. Mantenerlo en el cargo entra en abierta tensión con ese discurso

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Como siempre hemos sostenido desde estas columnas, corresponderá a los tribunales determinar si existieron delitos, irregularidades o responsabilidades que merezcan sanción. Pero Adorni ha mentido públicamente y ha reconocido hechos que lo inhabilitan para seguir ejerciendo su función, colocando al Gobierno en una posición defensiva, con todo lo que ello implica.

Todo este escándalo político debería zanjarlo el propio Adorni, cuya conducta pendenciera, negadora y arrogante desde los tiempos en que ejercía la vocería presidencial, no ha sido ni sigue siendo acorde con sus sucesivas investiduras. Es él quien debe evitar que las explicaciones sobre su patrimonio sigan erosionando a quien más debería defender. Su renuncia debió haberse producido hace tiempo y hoy resulta ya inevitable.

Fuente: La Nación

En la Argentina contemporánea, los éxitos de la selección nacional de fútbol parecen haberse convertido en el salvoconducto perfecto para la impunidad administrativa. Pocas horas antes de que comenzara el Mundial, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, logró una bocanada de aire gracias a una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El fallo paraliza la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que pretendía auditar unos balances que oscilan entre el misterio y la inconsistencia. La maniobra expone un cinismo de manual: mudar sedes a Pilar, trabar la fiscalización del Estado nacional y estirar los plazos procesales bajo una premisa éticamente miserable: apostar a la euforia y a un eventual éxito deportivo como un anestésico social capaz de licuar las responsabilidades y diluir las investigaciones judiciales.

Detrás de este cerrojo judicial no hay una defensa de la autonomía deportiva, sino el pánico a que se corra el velo de turbias operaciones administrativas. Los datos revelados por la investigación judicial, plasmados en el duro dictamen del fiscal penal económico Emilio Guerberoff, exponen un patrón de opacidad sistemática. El eje del escándalo es la firma estadounidense TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, convertida por Tapia y Toviggino en la recaudadora exclusiva de los dólares que la Selección genera en el exterior, bajo un contrato escandalosamente extendido hasta el año 2030.

Los balances de la AFA de los años 2022 y 2023 parecen un ejercicio de magia contable: la empresa norteamericana simplemente no existe en los papeles oficiales. La información sobre millones de dólares en patrocinios y derechos comerciales aparece diluida en categorías genéricas y borrosas. Recién en 2024 la firma asoma como deudora por 14,5 millones de dólares, para volver a desaparecer en las proyecciones de 2025. Esta alternancia no sería un error de cálculo, sino, como advierte la fiscalía, un indicio de ocultamiento sistemático diseñado para encubrir desvíos de fondos que debieron haber ingresado a las arcas de la institución. Mientras la contabilidad formal dibuja un relato, el discovery financiero en Estados Unidos arroja un festival de movimientos millonarios en bancos como el JPMorgan y el Citibank que jamás cruzaron las puertas de la sede de la AFA en la calle Viamonte.

Tras la consagración en el Mundial de Qatar de 2022, el patrimonio neto declarado por la AFA ante el organismo fiscal se multiplicó por más de treinta, escalando de $1989 millones a $64.181 millones.

El fútbol es pasión, identidad y pertenencia, pero en las manos de la actual dirigencia se ha transformado en un escudo de impunidad. No se puede seguir administrando la pasión de millones desde la lógica de una sociedad secreta. Que los abogados de la AFA logren cerrar las puertas a los veedores estatales, o que se investiguen consumos suntuarios con tarjetas corporativas a nombre de presuntos testaferros demuestra que la matriz de conducción está agotada en términos éticos.

La sociedad argentina merece celebrar a su equipo nacional sin la sospecha de que cada gol sirva para tapar un agujero negro contable. El crecimiento patrimonial post-Qatar no puede ser la justificación para el descontrol, sino la razón principal para una transparencia absoluta. Tapia, Toviggino y su mesa chica juegan al desgaste, apostando al olvido y a la complicidad del exitismo. Sin embargo, cuando la fiesta del Mundial termine y las luces de los estadios se apaguen, las inconsistencias financieras y los procederes mafiosos seguirán allí, exigiendo respuestas que ninguna copa del mundo debería poder tapar.

Fuente: La Nación

ay ideas que nunca mueren. No porque sean correctas, sino porque resultan irresistibles. El llamado “impuesto a los millonarios” —que hoy intentan imponer con entusiasmo y a escala global gobiernos como los de Brasil y España— pertenece a esa categoría: propuestas que regresan una y otra vez, inmunes a la evidencia, sostenidas más por la seducción política que por la lógica económica.

El argumento es siempre el mismo: los más ricos -se suele decir- deben contribuir más. No en el sentido razonable de un sistema tributario progresivo, que ya existe en la mayoría de los países, sino mediante un gravamen específico sobre el patrimonio, pensado erradamente como instrumento de justicia redistributiva.

La idea suena bien. Demasiado bien. Y precisamente por eso merece desconfianza. Porque detrás de esta formulación aparentemente simple se esconde una concepción profundamente equivocada del funcionamiento de la economía. Se parte de la premisa de que la riqueza es un stock estático, acumulado casi por capricho, y no el resultado dinámico de procesos de inversión, riesgo, innovación y trabajo.

Gravar ese stock como si fuera una reserva inerte equivale, en los hechos, a castigar el proceso que lo generó.

Pero el problema no es sólo teórico. Es empírico, pues cada intento serio de implementar impuestos de este tipo ha producido resultados previsibles: fuga de capitales; relocalización de contribuyentes, erosión de la base imponible y, en última instancia, una recaudación muy inferior a la prometida.

Europa ofrece múltiples ejemplos de este recorrido, donde países que alguna vez adoptaron impuestos patrimoniales terminaron por abandonarlos ante su ineficacia.

Y la Argentina no necesita mirar tan lejos para encontrar confirmación. En su momento, el llamado “Aporte solidario y extraordinario” —una de las tantas variantes locales del impuesto a la riqueza— fue presentado como una herramienta excepcional para enfrentar una situación de emergencia. Su implementación estuvo rodeada de un discurso pseudomoralizante que señalaba a los contribuyentes alcanzados como destinatarios naturales de una carga adicional.

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Los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenida lo hicieron fomentando la acumulación de capital, atrayendo la inversión y multiplicando la riqueza

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El resultado fue tan previsible como elocuente, pues, lejos de constituir una fuente sostenida de recursos, el impuesto generó litigiosidad, incentivó la reorganización patrimonial fuera del país y reforzó una tendencia que la Argentina conoce demasiado bien: la huida silenciosa del capital y de quienes están en condiciones de generarlo.

Como suele ocurrir, el efecto simbólico fue mayor que el económico. Se obtuvo un rédito político inmediato —la satisfacción de “hacer pagar a los ricos”— a costa de deteriorar, una vez más, la previsibilidad del sistema.

Sin embargo, la propuesta reaparece. Y reaparece envuelta en una retórica cuidadosamente diseñada: desigualdad, justicia y desarrollo sostenible. Palabras nobles que, en este contexto, funcionan como lo que los norteamericanos llaman glittering generalities: conceptos brillantes que ocultan más de lo que explican. Porque la cuestión central no es quién paga más, sino qué sistema permite que haya más para repartir.

Los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenida no lo hicieron castigando la acumulación de capital, sino fomentándola. No penalizando la inversión, sino atrayéndola. No demonizando la riqueza, sino multiplicándola. Y el impuesto a los millonarios invierte esa lógica.

Parte de una intuición políticamente rentable: gravar a una minoría poco simpática para financiar demandas mayoritarias. Pero ignora un dato elemental: en economías abiertas, el capital es móvil. Y, cuando se lo grava más allá de cierto umbral, simplemente se va.

Lo que queda no es justicia. Es menos inversión, menos empleo y, paradójicamente, menos recursos para el propio Estado.

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La redistribución sin creación previa termina siendo, inevitablemente, un juego de suma cero

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Hay además un componente moral que no debería pasarse por alto. Estas propuestas suelen apoyarse en una narrativa implícita: la de que la riqueza es, en alguna medida, sospechosa y condenable. Que quienes la han acumulado deben ser objeto de una contribución extraordinaria por el solo hecho de haber tenido éxito económico.

Es una forma elegante de decir lo que no se dice abiertamente: que crear valor merece, en el fondo, una sanción. No sorprende, entonces, que este tipo de iniciativas provenga de espacios políticos que, en lugar de preguntarse cómo generar riqueza, se concentran en cómo redistribuirla. El problema es que la redistribución sin creación previa termina siendo, inevitablemente, un juego de suma cero… o peor. Quizá porque estas propuestas no buscan tanto resolver problemas como ofrecer relatos en los que siempre hay un responsable claro -los ricos- y una solución aparentemente sencilla: gravar su patrimonio.

La realidad, como suele ocurrir, es más compleja y menos complaciente. Porque la riqueza no se crea por decreto ni se la redistribuye por ley. Y cuando se castiga sistemáticamente a quienes la crean, el resultado no es una sociedad más justa. Es una sociedad más pobre, con menos inversión, menos empleo y menos oportunidades.

Lo verdaderamente preocupante no es que estas ideas se formulen. Es que se celebren. Porque cuando eso ocurre, en el mejor de los casos, estaremos ante una sociedad insensata que aplaude el castigo a la riqueza… sin advertir que está debilitando la fuente misma de su prosperidad. Y, en el peor, nos encontraremos frente a una sociedad cada vez más pobre que, en nombre de la justicia, terminará administrando su propia decadencia.

Pero si todas estas objeciones resultan ya decisivas en el ámbito de cada país, la iniciativa de trasladar este esquema a nivel global revela una dosis adicional de irrealismo. No solo sería deletérea: sería, en los hechos, impracticable, más allá de la publicidad que puedan recibir sus promotores.

¿Quién decide quién es “rico” en cada jurisdicción? ¿Bajo qué estándares? ¿Con qué mecanismos de fiscalización? ¿Y con qué autoridad efectiva para imponerlos en economías abiertas, con sistemas tributarios profundamente dispares?

La respuesta, hasta ahora, es elocuente por su ausencia. Y, en ese vacío, lo que se anuncia como un avance coordinado de la justicia fiscal corre el riesgo de convertirse en lo que tantas veces ha sido: una ilusión bien presentada y una frustración asegurada que impacta negativamente en toda la sociedad.

Fuente: La Nación

El máximo tribunal de la Nación dictó un fallo que marca un punto de inflexión en la grave crisis institucional de Santa Cruz, al destrabar el tan grave como inédito conflicto de poderes que había paralizado la actividad judicial en la provincia, ordenando que asuman los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ampliación dispuesta por ley, pero que el kirchnerismo no hizo más que impedir.

Con esta decisión, resolvió una disputa que alcanzó ribetes de una gravedad sin antecedentes en el distrito. El TSJ pudo integrarse ahora plenamente llevando de cinco a nueve el número de sus miembros, tal cual lo sancionado por la Legislatura en 2025, a partir de un proyecto impulsado por el gobernador, Claudio Vidal.

La decisión de la Corte nacional, de carácter inapelable, puso orden en un escenario de extrema tensión, en el que un sector de jueces locales, identificados con el kirchnerismo, intentó mantener el control del Poder Judicial mediante arteras maniobras que el gobierno provincial calificó como destituyentes.

El conflicto escaló meses atrás cuando los magistrados Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta rechazaron la ampliación del TSJ. Estos jueces afines al kirchnerismo declararon inconstitucional la norma que elevaba la cantidad de integrantes del cuerpo.

A partir de esa decisión, iniciaron una estrategia para bloquear la asunción de los nuevos magistrados Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. La resistencia se tradujo en acciones que incluyeron la retención de salarios, la prohibición de ingreso a los despachos del edificio judicial y el apartamiento irregular de quien ejercía la presidencia del tribunal, Daniel Mariani.

En un informe elevado a la Corte nacional, Mariani, detalló que los opositores a la ampliación del tribunal actuaron bajo vías de hecho intentando disfrazar sus decisiones como actos administrativos, aunque carecieron del quórum necesario. El juez detalló que, incluso durante la jura de los nuevos vocales, quien actuaba como presidenta del cuerpo, Reneé Fernández, retuvo el libro de actas, lo cual obligó a realizar el procedimiento ante la Escribanía Mayor de Gobierno.

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Durante tres décadas y pese a los numerosos escándalos, el Poder Judicial local<b> </b>nunca investigó ni procesó a ningún funcionario kirchnerista en Santa Cruz

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La normalización del tribunal comenzó de manera inmediata tras el fallo de la Corte nacional. Los nuevos vocales asumieron sus cargos y el ahora completado el TSJ ordenó una auditoría interna de carácter exhaustivo. La medida abarca la revisión de gastos, el estado de los sueldos, del personal y de la situación de las causas demoradas. Exige también informes detallados sobre los créditos presupuestarios, la masa salarial y el costo mensual de servicios y equipamiento informático. La nueva mayoría, bajo la presidencia de Nolasco Contreras Agüero, dispuso que todos los ingresos al Poder Judicial deberán realizarse mediante concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes.

El gobierno de Vidal planea ahora retomar proyectos legislativos que quedaron trabados por la presión del kirchnerismo. Entre ellos, la muy demorada reposición en el cargo del exprocurador Eduardo Sosa, apartado en 1995 mediante una reforma que no respetó el carácter de inamovilidad de los magistrados y tras desoír fallos de la Corte nacional que obligaban a restituirlo.

Durante tres décadas y pese a los numerosos escándalos, el Poder Judicial local nunca investigó ni procesó a ningún funcionario kirchnerista en Santa Cruz. Las pocas denuncias por corrupción permanecieron cajoneadas en los escritorios de los jueces amigos, que actuaron como un bloque cerrado que les garantizaba impunidad. Los pocos funcionarios judiciales que se animaron a cuestionar el poder quedaron en absoluta soledad o fueron echados, como el propio Sosa. Un caso emblemático ocurrió cuando, tras cinco años sin resolver un expediente originado en una denuncia en los tribunales de Buenos Aires, el juez de primer instancia Santiago Lozada sobreseyó, sin investigar ni documentar, a Néstor Kirchner en una causa que pretendía investigar el recorrido de los más de 600 millones de dólares que la provincia cobró por regalías petroleras a mediados de los 90 y que el gobierno de Santa Cruz mantuvo depositados en el exterior.

El proceso de normalización requiere de una gestión rigurosa en el manejo de los recursos públicos. La tarea de poner orden en el pantano jurídico que dejó el Kirchnerismo no será sencilla, pero el primer paso ya es firme.

La amplia mayoría de los santacruceños aspira a ver finalizada la larga noche judicial que los privó durante décadas hasta de las garantías constitucionales más básicas.

Fuente: La Nación

La historia es abundante en ejemplos de pueblos que se encontraron con nuevos e importantes recursos que aplicaron a gastos de beneficio inmediato sin una mirada al futuro. Esos recursos, tarde o temprano, merman o desaparecen, dejando gastos corrientes superfluos difíciles de reducir.

Tal referencia viene en la actualidad al caso de nuestro país, particularmente en aquellas provincias que disponen de importantes recursos petroleros o mineros y que están recibiendo enormes inversiones que potenciarán su explotación y producción. Los gobiernos provinciales reciben como regalía petrolera el 12% del valor en boca de pozo y el 3% en el caso de la minería. A estos pagos directos deben adicionarse los mayores impuestos provinciales que se obtendrán de las actividades locales generadas por esas explotaciones. Estimaciones conservadoras indican que algunas provincias podrán duplicar sus ingresos fiscales en los próximos cuatro años. Los hidrocarburos extraídos de Vaca Muerta constituirán el puntal del crecimiento de los ingresos fiscales de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La minería del cobre, el litio, el oro y la plata los aportarán en Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y algunas provincias patagónicas.

La Argentina está bien ubicada en las perspectivas mundiales de un fuerte aumento de la demanda de materias primas críticas. La orientación hacia las energías renovables y la movilidad eléctrica están impulsando la demanda de cobre y de litio. Debe agregarse que con el rápido crecimiento de la inteligencia artificial emergen los centros de datos, fuertemente consumidores de energía eléctrica. Por tales razones esos dos minerales ya son insumos esenciales e imprescindibles. Para el año 2030 se proyectan exportaciones argentinas de 19.800 y 7400 millones de dólares, de cobre y litio, respectivamente. Además, el oro y la plata, esta última asociada con algunas explotaciones de cobre, continuarán aportando creciente cantidad de divisas al país y de regalías a las provincias de origen.

La tendencia mundial hacia la electricidad no alcanza a debilitar el mercado de hidrocarburos, particularmente el del gas, que es transportado internacionalmente como LNG y juega un papel importante en la transición energética. Las dificultades en el Estrecho de Ormuz pusieron en evidencia esa dependencia y, además, quedó clara la ventaja de la ubicación geográfica de nuestro país, alejado de zonas de conflicto.

El boom petrolero y minero no solo aumentará rápida y fuertemente los ingresos de los gobiernos provinciales, sino que también aportará un fujo desequilibrante de dólares al mercado doméstico, presionando a la baja el tipo de cambio. Ya está ocurriendo lo que se conoce como “la enfermedad holandesa”, que es la revalorización excesiva de la moneda local como consecuencia de grandes y sostenidos saldos exportables de un producto primario. Holanda lo experimentó en los años sesenta con el gas natural; también Noruega desde que aparecieron inmensas reservas de petróleo en el Mar del Norte. Este último país creó un fondo soberano (Fondo del Petróleo de Noruega) que comenzó a recibir aportes en 1996. Es administrado por el Norges Bank Investment Management y ha acumulado hasta hoy más de dos billones de dólares (cuatro veces el PBI argentino). Esta experiencia y otras parecidas han despertado localmente la idea de crear fondos soberanos provinciales con similares objetivos. Se trata de evitar la “enfermedad holandesa” y de ordenar con visión estructural y de futuro el mejor uso de los importantes fondos que recibirán los gobiernos provinciales.

La recomendación de quienes conocen las debilidades frecuentes de nuestra política es que la administración y el manejo de esos eventuales fondos sea puesta en manos de entidades internacionales, con reglas preestablecidas para decidir las inversiones, canalizar su uso y asegurar su transparencia y auditoría. Nos previene el recuerdo del deplorable caso de los fondos de la provincia de Santa Cruz obtenidos en los años noventa de las acciones de YPF. Descartando la repetición de un episodio como ese, la iniciativa de los fondos soberanos parece acertada.

La educación y la salud demandan inversiones a todo lo largo y ancho del país. Las provincias receptoras de los inmensos proyectos mineros o petroleros deben realizar inversiones complementarias en infraestructura de energía y transporte. En casi todos, esas nuevas megaexplotaciones petroleras y mineras generarán movimientos migratorios y radicación de industrias subsidiarias a las que los gobiernos provinciales deberán suministrar servicios. A esos fines y ordenadamente deberían destinarse esos fondos.

La Argentina tiene por delante una gran oportunidad y también un importante desafío. Es como la embarcación que ve acercarse una gran ola empujada por un fuerte viento a favor de la dirección en que navega. No sería perdonable distraerse ni equivocarse con el timón y que la nave se atraviese.

Fuente: La Nación

Uno de los debates recurrentes y muchas veces simplistas se desarrollan en torno de los sueldos que cobran los funcionarios públicos, generalmente cuestionados como si fueran un verdadero privilegio e injustos.

En esta oportunidad el ruido alrededor de este tema se produjo a partir del anuncio de que 1000 funcionarios del gobierno de Javier Milei percibirán sueldos de hasta $8.019.838 brutos tras un aumento acumulado del 123,8% en cinco meses.

El incremento alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos del Estado, y se aplica tras el descongelamiento salarial que prevé aumentos escalonados entre diciembre y mayo, que a su vez impactarán en los haberes que se abonan en el presente mes.

La cuestión puede abordarse desde la crítica fácil, oportunista y hasta demagógica, pero también pueden introducirse razonamientos que tengan en cuenta otras variables. Evidente resulta que las personas que ocupan ciertos cargos jerárquicos y con gran responsabilidad deberían estar bien pagos. Sería esto lo más normal no solo para retribuir su labor de forma competitiva respecto del ámbito privado, sino también como forma de asegurar un desempeño con absoluto compromiso, entrega y honestidad.

El escenario se puede ver más claro cuando hablamos de cargos políticos dentro del sistema representativo y democrático, porque quienes ocupan circunstancialmente esos puestos deben tener un ingreso acorde, dado que, si no fuera así, esos cargos solo podrían ser ocupados por gente de buen pasar económico que en los ratos libres optara por ocuparse de la cosa pública.

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Pagar buenos salarios a los funcionarios es una política que contribuye a captar a los más capaces

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De lo que se trata es de buscar un equilibrio entre la gestión y el ingreso, para que los más capaces en su área tengan al Estado como referencia a la hora de asumir un puesto.

Sin duda, hay muchísimo por hacer en términos de eficiencia en la administración pública, empezando por desprenderse de gente que carece de la mínima idoneidad o que cobra una remuneración sin asistir a su lugar de trabajo ni cumplir tarea alguna. Por el contrario, achicar el Estado tomando como variable de ajuste los sueldos del sector público podría verse como una tendencia suicida, ya que, con esa selección, terminarían yéndose al sector privado los mejores recursos humanos disponibles.

Pagar buenos salarios a los funcionarios es una política que contribuye a captar a los más capaces para la función pública, además de ser un dique de contención para la corrupción y también para evitar las especulaciones con eventuales e ilegales sobresueldos.

Una de las personalidades que en las últimas horas defendió públicamente la política de incrementos salariales para los funcionarios fue Martín Rossi, profesor de la Universidad de San Andrés y exintegrante del equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al afirmar que “pagarle mejor a los funcionarios no es un privilegio, es una buena política”.

Si bien la recomposición salarial dispuesta provocó el rechazo de las agrupaciones sindicales y varios sectores del arco político opositor, quienes plantearon que el ajuste fiscal solo existe para los trabajadores y los jubilados, las autoridades defendieron la medida con el argumento que sostiene la necesidad de equiparar los salarios jerárquicos del sector público con los del sector privado para evitar la fuga de profesionales calificados y asegurar la gestión técnica de los ministerios.

Es deseable que aquellas personas que ocupan, en forma circunstancial, un rol destacado en la gestión pública y que acarrea una gran responsabilidad social sean remunerados como corresponde. No obstante, este beneficio, que claramente no debería entenderse como un privilegio, obliga a responder con el mayor profesionalismo, un auténtico comportamiento ético y un elocuente compromiso con la sociedad.

• Fuente: La Nación

Cada vez que alguien en la Argentina intenta reafirmar la centralidad del derecho de propiedad, reaparece una objeción recurrente: la necesidad de “flexibilizarlo” en nombre de la cuestión social. Se lo hace sobre la base de expresiones que suenan bien. Demasiado bien: “función social de la propiedad”; “derecho a la vivienda”; “acceso equitativo al suelo”. Son fórmulas remanidas que, en el debate público, adquieren la apariencia de verdades indiscutibles. Nadie quiere oponerse a ellas. Nadie desea aparecer del lado de la dureza frente a la necesidad.

Los norteamericanos tienen una expresión precisa para describir este fenómeno: glittering generalities. Generalidades brillantes. Son palabras luminosas que seducen por su vaguedad, pero que esconden consecuencias que pocos están dispuestos a asumir. Porque cuando esas generalidades brillantes se disipan, lo que queda es una sociedad más conflictiva, más pobre, más incierta y, paradójicamente, más injusta.

La discusión actual entre el Poder Ejecutivo —a través del proyecto impulsado por el Ministro de Desregulación, que con algunas modificaciones obtuvo dictamen la semana pasada— y sectores de la Iglesia Católica vuelve a plantear ese viejo dilema. El proyecto busca reforzar la protección de la propiedad privada y facilitar la rápida resolución de ocupaciones ilegales. Desde algunos ámbitos eclesiales, en cambio, se advierte que la iniciativa podría abrir la puerta a desalojos forzosos y agravar la situación habitacional en barrios populares.

La preocupación social es legítima y parece compasiva. Pero la compasión, cuando se transforma en política pública sin considerar sus efectos, puede convertirse en un postre edulcorado y venenoso. Dulce en la superficie, destructivo en el fondo.

Porque detrás de estas formulaciones aparentemente benignas suele esconderse una idea peligrosa: que el derecho de propiedad puede relativizarse sin costo. Que su protección es negociable. Que su vigencia puede ceder ante la urgencia del momento.

El daño no es inmediato. Las glittering generalities funcionan precisamente porque sus efectos son diferidos. Hoy producen aplausos. Mañana generan litigios, conflictos y desalojos más violentos. Pasado mañana, escasez de vivienda, informalidad y deterioro urbano. Y cuando ese resultado se manifiesta, quienes celebraron las palabras luminosas ya no están dispuestos a asumir su responsabilidad.

Existe además una distorsión moral que no debería ignorarse. Cuando la ocupación indebida se tolera o se justifica, el mensaje es inequívoco: resulta más sencillo acceder a la propiedad mediante la apropiación que mediante el trabajo y el ahorro. La ley deja de proteger al que produce y comienza a amparar al que invade, al que usurpa. No hay política social sostenible sobre esa base.

La doctrina social de la Iglesia ha defendido, con razón, la función social de la propiedad. Pero esa función no equivale a diluir el derecho. La propiedad puede y debe cumplir una función social precisamente porque existe como derecho firme. Si se la debilita, la función desaparece con ella.

El error consiste en confundir sensibilidad con permisividad. La pobreza exige respuestas. Pero esas respuestas no pueden construirse sobre la inseguridad jurídica. La justicia social no se alcanza debilitando derechos, sino ampliando oportunidades.

El derecho de propiedad no es un obstáculo para la justicia social. Es una de sus condiciones. Sin propiedad protegida no hay ahorro; sin ahorro no hay inversión; sin inversión no hay desarrollo ni movilidad social. Debilitar ese derecho en nombre de los más vulnerables suele producir el efecto contrario: más informalidad, más conflicto y, finalmente, más pobreza.

La historia argentina ofrece ejemplos elocuentes. Cada vez que el derecho de propiedad fue relativizado en nombre de emergencias o experimentos sociales, el resultado ha sido una creciente inseguridad jurídica y una disminución de incentivos para invertir y producir. El efecto inmediato puede parecer beneficioso para algunos; el de largo plazo, para todos, suele ser regresivo.

Existe además una confusión conceptual persistente. La cuestión social no se resuelve debilitando derechos, sino ampliando oportunidades. El acceso a la vivienda requiere políticas públicas activas, crédito, planificación urbana e infraestructura. Convertir la ocupación indebida en un atajo tolerado no resuelve el problema. Todo lo contrario: lo agrava.

Cuando el derecho de propiedad se vuelve incierto, el mensaje es claro: adquirir un bien mediante trabajo y ahorro y conservarlo resulta más difícil que apropiárselo mediante la ocupación. Ese mensaje no solo es injusto; es socialmente destructivo.

No se trata de demonizar a quienes viven en situaciones precarias. La pobreza exige respuestas. Pero tampoco puede romantizarse la ocupación ilegal como si fuera una forma legítima de redistribución. Ninguna forma de violencia puede convertirse en política pública implícita.

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No puede romantizarse la ocupación ilegal como si fuera una forma legítima de redistribución

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El debate actual, en el fondo, no enfrenta sensibilidad social contra rigor jurídico ni benevolencia contra egoísmo. Enfrenta dos concepciones del orden social: una entiende que la estabilidad de los derechos es condición del progreso; la otra confía en que las palabras compasivas bastarán para resolver conflictos estructurales.

Las primeras construyen instituciones. Las segundas solo producen ilusiones. Y las ilusiones, como los postres demasiado dulces o los espejitos de colores, dejan siempre un regusto amargo.

La experiencia sugiere prudencia frente a esta última tentación. Las soluciones que debilitan la seguridad jurídica suelen multiplicar los problemas que intentan resolver.

La propiedad no es un privilegio. Es una garantía. No es un obstáculo para el desarrollo. Es su punto de partida. Y no es incompatible con la justicia social. Es una de sus condiciones. Es el cimiento sobre el cual esa justicia puede construirse.

Fuente: La Nación

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La decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata constituye un hecho tan lamentable como peligroso, pues pretende convertir un lazo familiar en condena política.

No se trata solamente del caso de una candidata, sino del criterio que subyace detrás de una decisión que el Gobierno nunca explicó de manera convincente y que, precisamente por esa ausencia de fundamentaciones, alimentó sospechas que nadie se ocupó de disipar. La doctora Michelli es cuñada del periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon, autor de numerosas investigaciones a lo largo de su prolongada carrera. Algunas de las últimas tienen como foco al propio Poder Ejecutivo o a miembros del Gabinete como, por ejemplo, el caso $Libra o el patrimonio de Manuel Adorni, entre muchas otras.

No parece existir otra razón que no sea la abyecta “culpabilidad por consanguinidad”, el inadmisible castigo “por portación de parentesco”, así como en otras oportunidades lo fue por “portación de apellido”. Una nefasta práctica muy en boga durante el kirchnerismo que pareciera querer imponer el juzgamiento “por sangre” y no por méritos; la validación, ya no por currículum, sino por pertenencia a determinado árbol genealógico.

Michelli atravesó exitosamente todas las instancias previstas para ser postulada como candidata a jueza. Su pliego había sido remitido por el propio Poder Ejecutivo al Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentarlo. Más tarde, el propio Gobierno solicitó formalmente el retiro del pliego.

El escándalo quedó aún más expuesto cuando la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, anunció públicamente que había comunicado al presidente Javier Milei su decisión de no acompañar el retiro de la candidatura invocando que hará uso de la objeción de conciencia. Que la propia titular de la bancada se desmarque de una decisión de esta naturaleza refleja la magnitud del error político cometido.

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La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucional

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No solo nunca se ofreció una razón sustantiva que invalidara la capacidad profesional de la candidata, sino que no se advirtieron irregularidades en el concurso del que participó ni hubo observaciones respecto de sus antecedentes profesionales ni cuestionamientos a su largo y buen desempeño.

La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucional. Las personas responden por sus propios actos, no por los de sus familiares, amigos o allegados. Castigar a alguien por su apellido o por sus vínculos personales implica abandonar el principio básico de responsabilidad individual y de igualdad ante la ley.

Lamentablemente, en nuestro país no son nuevas estas prácticas. Durante los años del kirchnerismo, numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas vieron bloqueados sus ascensos por “portación de apellido” debido a vínculos familiares con militares que habrían actuado durante la década del 70. Aquellas decisiones fueron justificadas con argumentos rayanos en lo ridículo. “Es por motivos personales que estamos propiciando el rechazo [de los pliegos]. No estamos haciendo ninguna otra cosa que cumplir con la Constitución, que dice que es el Senado el que da o no el acuerdo”, sostuvo allá por 2022 el entonces senador Oscar Parrilli a la hora de fundamentar la postura de su bancada para tronchar la carrera de aquellos militares. Es verdad que la decisión política le corresponde a la Cámara alta, pero fundarla en venganzas es deplorable. Con el tiempo, varios de esos casos fueron revisados y reparados.

De la misma forma actuó el kirchnerismo respecto del doctor Ignacio Rodríguez Varela. Se postuló en 36 oportunidades y ganó más de 30 concursos, pero su acceso a determinados cargos en la Justicia fue sistemáticamente bloqueado durante años por razones que nunca tuvieron relación con sus méritos profesionales. ¿La razón? Ser hijo de Alberto Rodríguez Varela, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el último gobierno de facto.

Otro caso paradigmático de esa mala praxis ocurrió durante el actual gobierno, cuando el presidente Milei le pidió la renuncia a Osvaldo Giordano, quien se desempeñaba al frente de la Anses. La razón fue el voto negativo de su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, a la ley ómnibus, en febrero de 2024.

La salida de Sonia Cavallo de la representación argentina ante la OEA volvió a reavivar ese debate. Su desplazamiento ocurrió después de que su padre, el exministro Domingo Cavallo, formulara críticas al rumbo económico del Gobierno.

El caso Michelli, además, se inscribe en una dinámica más amplia. Desde el comienzo de la actual administración, numerosos funcionarios dejaron sus cargos en medio de diferencias políticas, conflictos internos o desacuerdos con el jefe del Estado; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o con otros sectores influyentes del oficialismo.

Cada gestión tiene derecho a elegir a sus colaboradores y reemplazarlos cuando pierde confianza en ellos, pero una cosa es remover funcionarios políticos y otra muy distinta es condicionar la carrera de una candidata a un cargo en la Justicia, cuya trayectoria profesional no ha sido objetada.

Milei llegó al poder prometiendo terminar con las viles prácticas de la casta política. Entre ellas, el amiguismo, las persecuciones, los favoritismos y los vetos basados en afinidades ideológicas antes que en deméritos objetivos y comprobables.

Si la Argentina pretende asentarse sobre instituciones sólidas, debe abandonar definitivamente la lógica de premiar o castigar personas por sus relaciones familiares, sus amistades o las opiniones de terceros. Los concursos, los antecedentes y la idoneidad deben ser los únicos criterios relevantes. Todo lo demás pertenece a una cultura política que ya nos ha hecho demasiado daño.

Fuente: La Nación