Categoría: Entrevistas

Hace tres años el exsenador nacional Esteban Bullrich presentó un valioso libro, con la colaboración de Enrique Morad y Jorge Colina, en el que propuso una reforma institucional tan postergada como necesaria. Postuló la división del territorio de la provincia de Buenos Aires en cinco provincias, con el propósito de solucionar problemas institucionales que inciden en la gobernabilidad del distrito, su eficacia administrativa, su capacidad de proveer bienes públicos a sus habitantes, la inequidad fiscal que soporta desde hace largo tiempo y la disminución ficticia y violatoria de la constitución de su representación legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, al igual que la búsqueda de mayor equilibrio en el Senado nacional, ya que de este modo 18 millones de habitantes hoy representados por tres senadores, pasarían a tener 15, en caso de aprobarse esta iniciativa.

La posibilidad de dividir o configurar nuevas provincias, con acuerdo del Congreso de la Nación, está prevista en la Constitución nacional, en el artículo 75, inciso 15, en tanto que el 124 permite a las provincias crear regiones para el desarrollo económico y social con órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.

Propuesta de división de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires cuenta con casi el 40% de la población del país y de su PBI. El aporte a los fondos de la coparticipación federal alcanza al 38%, pero recibe un poco más del 20%, subsidiando con el argumento de la existencia de “provincias pobres” a oligarquías locales que expulsan a parte de los grupos más empobrecidos al área metropolitana de Buenos Aires. Hoy la provincia continúa sufriendo el despojo de sus recursos por una ley de coparticipación federal perversa que no ha servido para mejorar la situación de las demás, sino para generar frondosas burocracias improductivas, sistemas previsionales inviables y la corrupción de sistemas de promoción industrial que se traducen en privilegios y sobrecostos.

Esto es en parte consecuencia de la flagrante violación de la Constitución, que ha disminuido por decreto del último gobierno de facto la representación legislativa que le corresponde. No puede dejar de mencionarse, y lo denuncia el exsenador Bullrich, una máquina burocrática en La Plata que solo piensa en sus intereses corporativos corruptos y es un sistema de impedir el desarrollo provincial.

Los gobiernos de la provincia deben gobernar realidades distintas. En una provincia interior vive la tercera parte de la población bonaerense, primera economía agroindustrial del país, que suele ser dejada de lado ante la realidad de dos terceras partes de la población afincada en el conurbano bonaerense, destino de las migraciones internas y de los países limítrofes.

El área metropolitana está constituida por municipios con población que en muchos casos supera a las de otras provincias. Es una región con problemas comunes con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberían ser resueltos en forma conjunta y coordinada, tales como el transporte, la seguridad o la contaminación, pero las cuestiones jurisdiccionales y las diferencias partidistas dificultan el alcance de soluciones.

Ya hace doscientos años, en una provincia cuya superficie no llegaba a la quinta parte de la actual, Bernardino Rivadavia proponía una capital que abarcaba lo que hoy ocupa el área metropolitana y dividía en dos provincias la otra parte del territorio.

A principios del siglo pasado, el entonces senador Carlos Pellegrini, en una Cámara alta formada por figuras consulares como Bartolomé Mitre, Evaristo Uriburu y Manuel Quintana, propuso y logró que se votara afirmativamente la creación de una provincia integrada por el entonces territorio nacional de La Pampa y partidos del sur de Buenos Aires con capital en Bahía Blanca. También el presidente Roque Sáenz Peña propuso, ante el avance urbano de la ciudad de Buenos Aires, incorporar a la Capital Federal el municipio de Avellaneda.

En 1981, Guillermo Laura, Jaime Smart y Roberto Azaretto publicaron el libro La Provincia Urbana del Río de la Plata, en el que proponían la creación de un provincia urbana uniendo los territorios de la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires que conforman juntos el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sostenían los autores que problemas comunes no se solucionaban con convenios ni entes bipartitos, sino con un reforma institucional de fondo que asumiera la realidad de la expansión urbana de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires fue objeto de reformas en algunos municipios del Área Metropolitana, que fueron divididos. Fue el caso de San Miguel, Almirante Brown y Esteban Echeverría, pero permaneció intacto el partido de La Matanza, cuya población supera a la de la mayor parte de las provincias argentinas.

La propuesta de Esteban Bullrich plantea los problemas metropolitanos y la necesidad de un enfoque regional. Sugiere la creación de cinco nuevas provincias autónomas: la Provincia del Río de la Plata abarcaría parte del conurbano sur y este, con capital en la ciudad de La Plata; la Provincia de Luján estaría conformada por el conurbano norte y oeste, con capital en Luján; la Provincia del Norte comprendería la zona agroindustrial, con capital en San Nicolás; la Provincia del Sur integraría la zona agropecuaria y costera, con capital en Bahía Blanca, y la Provincia Atlántica tendría como capital Mar del Plata. El actual territorio de La Matanza quedaría repartido entre las provincias del Río de la Plata y de Luján.

Otra propuesta, del reconocido politólogo Andrés Malamud contempla la división de Buenos Aires en tres nuevas provincias.

Se trata de un tema que merecería un debate de fondo. Lamentablemente, en el ambiente de mediocridad política imperante hasta ahora, estas iniciativas solo han recibido palabras agraviantes de figuras como el gobernador Axel Kicillof. Otros dirigentes políticos se han limitado al palabrerío de generalidades y lugares comunes, como el que se utiliza para que todo quede como está, como si no hubiera necesidad de adoptar grandes reformas que posibiliten que la población de una provincia que ha sido fundamental para la conformación de la Argentina desde los inicios del proceso de la independencia nacional merezca una calidad gubernativa acorde con los aportes que sigue haciendo.

Fuente: La Nación

Ahora que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar a la defensa argentina y revocó la condena dictada por la jueza Loretta Preska por más de 16.000 millones de dólares, Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretenden sacarle provecho, sosteniendo que la expropiación había sido bien hecha y que, gracias a ellos, hoy el país tiene la producción de Vaca Muerta.

Pero la historia es otra. El desabastecimiento petrolero comenzó cuando Néstor Kirchner impuso un control de precios a los combustibles y retenciones a la exportación de crudo que asfixiaron a YPF (Repsol). Luego fue la maniobra con los Eskenazi que provocó su vaciamiento y el posterior juicio en Nueva York. Y ante la falta de confianza para conseguir inversores para Vaca Muerta, en 2013 se celebró un acuerdo secreto con Chevron (2013) dándole privilegios inusuales, para su primer desarrollo.

El uso de la petrolera como negocio personal comenzó en 2008 cuando Néstor Kirchner indujo a Repsol a vender el 25,46% de YPF SA por 3750 millones de dólares a Petersen Energía SAU y a Petersen Energía Inversora SAU, dos sociedades españolas “de papel”, controladas por Petersen Energía Inversora SA, la firma argentina de Enrique Eskenazi, el experto en mercados regulados, amigo del entonces presidente desde 1998 cuando compró el 51% del Banco Santa Cruz.

Para la maniobra, Néstor Kirchner contaba con los “fondos de Santa Cruz” originados en el pago a la provincia de regalías atrasadas por 660 millones de dólares en bonos y acciones de YPF, logradas por votar la ley de privatización de YPF en 1993.. Ese monto se multiplicó por la valorización de las acciones de YPF (de 19 a 45 dólares) y alcanzó a casi 1000 millones de dólares, que luego Kirchner fugó al exterior antes de la crisis de 2001. Según dijo, porque creía en el país, pero no en sus gobernantes. En 2006, 390 millones estaban en el Crédit Suisse (CSFB) a nombre del Banco Santa Cruz SA, como gestor de esos mismos. Del resto, no se sabe.

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Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a YPF durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversión

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El contrato se firmó el 21 de diciembre de 2007. La primera compra se hizo por el 14,9 % de las acciones por 2133 millones de dólares en 2008. Eskenazi puso solo 100 millones, Repsol prestó 1015 millones (“vendor loan”) y los otros US$1018 millones fueron prestados por un sindicato de bancos (Crédit Suisse First Boston – CSFB, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú Europa). La segunda compra por el 10,1% se hizo en 2011, por 1400 millones de dólares con otra ayuda de Repsol por 730 millones y de los bancos Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citibank por 670 millones. Petersen Energía – una pequeña compañía con 60.000 euros de capital– recibió un préstamo de 1688 millones de dólares para comprar acciones de YPF, a pagar con dividendos de esas mismas acciones. Por ello, hay razón para pensar que los “fondos de Santa Cruz” que estaban en el CSFB (US$390 millones) con más el resto que Kirchner manejaba, fueron garantía oculta (“back to back”) de los préstamos bancarios, pues, de lo contrario, no se entendería cómo esos bancos, tan cuidadosos del dinero de sus clientes, hubiesen arriesgado tanto dinero en una transacción sin pies ni cabeza.

En 2006 Elisa Carrió formuló la primera denuncia por vaciamiento de YPF en el juzgado de Ariel Lijo y luego la amplió objetando esa operación. En 2012 el fiscal Carlos Stornelli formuló otra denuncia por administración fraudulenta a partir de una carta que Federico Pinedo publicó en LA NACION, que quedó absorbida en la causa de Carrió (Causa No. 3518/06). Se están por cumplir casi dos décadas de aquella gravísima denuncia y el juez no ha avanzado, pues dice esperar respuestas a exhortos remitidos al exterior. Ni citó a declarar a los funcionarios de Santa Cruz, ni a Enrique Eskenazi (fallecido en 2025), ni a su hijo Sebastián; tampoco, al representante del Crédit Suisse de entonces (ahora UBS), ni al exsecretario de Finanzas (2005-2006), asesor de Kirchner que intervino en la operación con Crédit Suisse; ni pidió información a UBS, en cuyos archivos (del ex CSFB) está registrada la operación.

Mientras duró esa asociación perversa, Repsol se dedicó a “ordeñar” a YPF en lugar de invertir en exploración y explotación. Se repartieron 24.193 millones de dólares en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de 16.676 millones por una cláusula de dividendo extra de 850 millones de dólares, hubiese o no utilidades, para asegurar el pago a los Eskenazi. Las inversiones cayeron a mínimos históricos, desabasteciendo el mercado. Entre 2010 y 2017, el país tuvo que importar energía por 50.000 millones de dólares, lo cual desequilibró las finanzas públicas y vació las reservas del Banco Central. Resulta creíble que Esquenazi era testaferro o socio del entonces presidente de la Nación, pues tampoco se explica esa manera forzada e insólita de beneficiar a un banquero de provincia a costa de fundir a YPF y al país.

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Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada “década ganada”, cuya sola evocación provoca corridas cambiarias

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En 2010, cuando falleció Néstor Kirchner, las cosas cambiaron. Los Eskenazi cayeron en desgracia y el Gobierno vetó el pago de dividendos en 2011, provocando que el esquema ideado por Néstor se cayera como un castillo de naipes. En 2012 Cristina Kirchner confiscó YPF mediante un DNU “porque no invertía” y un mes después, mediante la ley No. 26.741 de soberanía hidrocarburífera, se expropió el 51% de Repsol (pero no las acciones de Eskenazi) y se asignó el 49% a las provincias productoras. Ello dio lugar al juicio que terminó a favor de la Argentina.

Los españoles reclamaron 10.000 millones de dólares ante el Ciadi y si bien Kicillof sostuvo que YPF carecía de valor por pasivos ambientales, en 2014 aceptó pagar 5000 millones de dólares en bonos por aquel 51%. Por entonces, el barril de crudo cotizaba a 104 dólares y el market cap de YPF era de 14.000 millones de dólares. Para Repsol, que los vendió de inmediato, fue el mejor negocio de su historia, pues el precio del WTI cayó hasta 37 dólares en 2015, reduciendo el valor de YPF a la mitad.

Cuando YPF interrumpió el pago de dividendos, las sociedades Petersen españolas fueron declaradas en quiebra por el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Repsol, ejecutando sus garantías, recuperó el 25% que había vendido y Burford Capital compró por 15 millones de dólares el 70% de ese derecho, conservando las Petersen (Esquenazi) el 30%. La demanda fue instaurada en 2015, ante la Justicia de Nueva York, contra el Estado nacional e YPF SA. Con la sentencia del 27 de marzo pasado, el caso ha quedado prácticamente cerrado.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a la nave insignia de la soberanía petrolera durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversión. Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada “década ganada”, cuya sola evocación provoca corridas cambiarias.

Fuente: La Nación

Cuántos quisiéramos gritar “¡basta ya de pálidas!” cuando la realidad golpea fuerte y los ánimos transitan muchas veces al borde del precipicio.

Las malas noticias sobre tantos focos de violencia en el mundo, pobreza o inseguridad son solo algunos de los motivos para estar con espíritus destemplados y a la baja. Difícilmente alguien pueda mantenerse al margen del ecosistema informativo que nos satura a una velocidad inusitada a raíz de la multiplicación diaria de hechos de aquella naturaleza.

Con inusitada frecuencia debemos restregar los ojos, en esta época sacudida por noticias sobre tantas amenazas bélicas y hechos que hacen peligrar, en verdadera locura, los entendimientos tácitos de una cultura con tantos puntos en común en Occidente que parecía asegurada como nunca desde el fin de la segunda guerra mundial. Debemos luchar por nuestras libertades, por un orden común que garantice la paz al menos entre quienes comparten historia y cultura comunes, pero debemos hacer también un lugar activo en nuestros espíritus para exaltar y proteger con vigor todo lo que queda en pie, y es mucho, de un mundo solidario, generoso, creativo que ha hecho del planeta un espacio más vivible que el de ayer.

Los medios de comunicación somos a veces responsables de no recompensar debidamente en su difusión las formas de equilibrio, nobleza y desarrollo que expresan por igual el genio humano, al punto que mucha gente supone que el rédito material para los medios solo deviene de la trasmisión de aquello que más golpea, por debajo de la cintura, con sensacionalismo. Se perciben así verdaderas turbinas de malestar, que erosionan la confianza en las instituciones en actitudes propias de la enajenación política a la que demuestran ser propensos los populismos de izquierda y derecha. El esfuerzo por dar cabida a noticias edificantes que balanceen el cuadro que por otras razones nos abruma nunca será suficiente. Es importante nuestro al equilibrio entre verdades descarnadas y duras, y la esperanza por un mundo mejor.

En 2019, el periódico británico de ideas socialistas The Guardian lanzó una campaña comercial bajo el slogan “La esperanza es poder”. Proponía no conformarse con criticar el statu quo, sino explorar nuevas ideas que pudieran desplazarlo.

El futuro luce más prometedor cuando las sociedades son conscientes de su capacidad para generar cambios mediante compromisos conjuntos. Reconocer también como valor diferencial del buen periodismo la habilidad para gestionar no solo la información o la opinión, sino las emociones de las audiencias, proponiendo el llamado periodismo de soluciones, que es clave en la contemporaneidad.

Siempre hay espacios para la alegría cuando entrenamos la mirada y afinamos el registro. Todos podemos contribuir a que no nos tape el pesimismo. En tiempos de nuevas fake news -porque siempre la hubo, como lo demuestra el gran historiador Robert Darnton en su estudio de los cuarenta años previos a la revolución francesa-, reenviar o retuitear cualquier novedad catastrófica se ha vuelto un deporte practicado livianamente por muchos. ¿Por qué será que no tienen la misma performance las buenas noticias? ¿Qué costado se activa en muchos con lo malo, lo tremebundo, lo depresivo? ¿Cómo contrarrestar tanta oscuridad?

Nada mejor, pues, para el avance de los malos que el silencio y la inacción de los buenos, reza en palabras parecidas alguna sabia reflexión. Nos vaciamos de espacio emocional cuando la realidad golpea y no sabemos alimentar nuestra esperanza y capacidad de ver tantos vasos medio llenos, en lugar de medio vacíos. La búsqueda en internet se dispara cuando abundan los sitios ávidos de guiños que desactiven congojas. A muchos nos encanta leer sobre actos de generosidad, héroes anónimos, recuperaciones impensadas, novedades edificantes.

Pocos médicos recetarán sonrisas por escrito. Hay que aprender a abrevar en los lugares correctos. Cuando las comisuras de los labios descienden, es momento de inyectarse dosis de optimismo, altamente indicadas para elevar las defensas propias y las de quienes nos rodean. Siempre dependerá del cristal con que se mire.

Complete la siguiente lista, busque con qué mirada se encuentra más identificado y súmese como seguidor o visitador frecuente de estos oasis en las redes. Elija activarse como caja de resonancia para que muchos más se aprovechen de algo tan sencillo como compartir buenas noticias locales o extranjeras. Todas bienvenidas. Noticias a la medida de lo humano.

Abracemos la causa, ventilemos la mala onda, dibujemos sonrisas y corramos la voz: entre todos podemos lograr que las buenas noticias sean más contagiosas de lo que hoy logran ser.

Fuente: La Nación

Las circunstancias por las cuales la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), con sede en Junín, debió suspender un acto académico en el que distinguiría al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz no son un episodio, sino un síntoma de que todavía existen grupos que, sencillamente, no han aceptado las reglas de la convivencia civilizada.

Producto de la agitación que el Partido Justicialista había provocado con su repudio a cualquier distinción al juez Rosenkrantz en Junín sobre la base de acusaciones de actuación irregular y de parcialidad respecto de Cristina Kirchner, ese acto debió ser cancelado apenas tres horas antes de su inicio. Al parecer, las autoridades de esa casa consideraron que no estaban en condiciones de proveerle al visitante, ni de obtener de la policía local, la seguridad adecuada frente a la barbarie que se anunciaba.

Sin perjuicio de señalar la obviedad de que la Corte Suprema ha sido, respecto de la condena firme que purga la expresidenta, solamente el último eslabón de una sólida y uniforme actuación de muchos jueces y fiscales, buena parte de ellos designados por el gobierno de la propia condenada, se ha afectado la libertad académica de que goza cualquier universidad para distinguir a quien quiera.

La libertad de expresión, como cualquier derecho de jerarquía constitucional, no puede invocarse para amenazar con vías de hecho que impidan la realización de un acto de la índole que fuere.

Tampoco para amedrentar a un funcionario, a su familia y a sus vecinos como los escraches que se le hicieron en los últimos días al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a sus domicilios mientras la Justicia define si le cabe o no algún grado de culpabilidad.

Las amenazas a la integridad física no está permitida contra nadie, pero si un juez de la república, que integra precisamente el tribunal que custodia en última instancia el ejercicio de los derechos constitucionales, o un funcionario del Poder Ejecutivo, no tienen asegurada su seguridad física ni el desempeño de actividades diversas porque nadie está en condiciones de protegerlos suficientemente, plantea que un panorama muy sombrío se cierne sobre la convivencia entre los argentinos.

Fuente: La Nación

Hablar de salarios bajos en la Argentina se ha vuelto casi un lugar común. Sin embargo, hay sectores donde esta realidad no solo es injusta, sino también peligrosa, como el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Quienes tienen la responsabilidad de proteger la soberanía nacional, garantizar el orden público y poner el cuerpo en situaciones de riesgo cotidiano, perciben ingresos que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Los números son elocuentes. Desde comienzos de 2026, un soldado voluntario percibe entre 610.000 y 660.000 pesos mensuales, mientras que un cabo apenas supera los 730.000 pesos. Incluso dentro de la estructura profesional, un suboficial ronda entre 990.000 y 1.270.000 pesos, y un oficial —como un teniente o capitán— se ubica en una franja similar. Solo en los rangos más altos aparecen sueldos que superan los dos millones de pesos: un coronel ronda los 2.040.000 pesos y un general, cerca de 2.866.000 pesos.

Existe, además, un desfase entre lo que cobra un suboficial u oficial de las Fuerzas Armadas y lo que perciben a mismo rango un suboficial u oficial de una fuerza de seguridad. Esta situación ha sido motivo de reclamos históricos y promesas de igualación nunca cumplidas. De cualquier modo, en ambos casos los niveles están entre los más bajos históricos y vuelve a haber un desfase muy pronunciado cuando se los comparan inclusive con lo que perciben miembros de las policías provinciales o de las fuerzas armadas de la región. La conclusión es clara: la base del sistema, que sostiene la operatividad diaria, se mueve en niveles salariales que no resisten el impacto del costo de vida.

La precarización salarial en estos ámbitos no es un fenómeno nuevo, pero sí persistente. A lo largo de los años, distintos gobiernos han postergado una discusión de fondo sobre la jerarquización del servicio. Se aplican parches, bonos extraordinarios o aumentos que rápidamente quedan licuados por la inflación, pero no se aborda el problema estructural: el desfase entre la responsabilidad del rol y la retribución económica. De hecho, durante 2025 los salarios militares perdieron entre un 10% y un 12% de su poder adquisitivo real, aun con incrementos nominales.

A esta situación se suma un factor que agrava aún más el cuadro: la crisis de la obra social Iosfa, que provee el sistema de salud para la familia militar y de la Gendarmería y la Prefectura. Lejos de ser un respaldo sólido, en los últimos años se ha visto envuelta en problemas financieros, demoras en prestaciones, dificultades para acceder a turnos y una creciente insatisfacción entre afiliados. Para muchos efectivos y sus familias, la cobertura médica —que debería ser un pilar de tranquilidad— se ha convertido en una fuente adicional de incertidumbre o, lisa y llanamente, en una pesadilla.

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La Argentina tiene una deuda con quienes la cuidan. Saldarla no debería ser una opción sujeta a coyunturas, sino una prioridad permanente

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Este escenario genera múltiples consecuencias. En primer lugar, impacta directamente en la calidad de vida del personal. Muchos efectivos deben recurrir a trabajos adicionales o endeudarse para llegar a fin de mes, a la vez que enfrentan un sistema de salud que no responde a sus necesidades. En segundo lugar, deteriora la moral institucional. Es difícil sostener vocaciones cuando el reconocimiento material es claramente insuficiente y, además, los servicios básicos asociados a la carrera presentan falencias.

Pero hay un aspecto aún más delicado: la seguridad misma. Un sistema que paga mal a quienes lo sostienen —y que tampoco garantiza adecuadamente su cobertura sanitaria— es un sistema vulnerable. La falta de incentivos adecuados no solo afecta la profesionalización, sino que también complica la retención de personal y el ingreso de nuevos aspirantes. En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente la dificultad para atraer y sostener cuadros, en un contexto donde el sector privado —e incluso otras áreas del Estado— ofrece mejores condiciones relativas.

Existe una contradicción evidente en el discurso público. Se exalta el valor, el sacrificio y la entrega de estos hombres y mujeres en momentos críticos, pero ese reconocimiento simbólico no se traduce en políticas salariales ni en sistemas de bienestar acordes. El aplauso no paga el alquiler, ni cubre la canasta básica, ni garantiza acceso a la salud.

Revertir esta situación requiere más que anuncios aislados. Implica una política sostenida que contemple recomposición salarial real, actualización periódica automática y un esquema transparente que evite distorsiones entre rangos y fuerzas. Pero también exige una intervención seria sobre el sistema de salud de las fuerzas, para devolverle previsibilidad, eficiencia y confianza.

La Argentina tiene una deuda con quienes la cuidan. Saldarla no debería ser una opción sujeta a coyunturas, sino una prioridad permanente. Porque no hay seguridad posible ni defensa efectiva cuando quienes deben garantizarlas viven en la incertidumbre económica y sanitaria.

Fuentte: La Nación

La ley de modernización laboral ha introducido reformas muy importantes. Una de ellas vino a poner coto a un cuestionamiento que las cámaras nacionales de la Capital Federal realizaban a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de esta norma, la ley establecía que las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelación de la Capital Federal podían ser apeladas ante la Corte Suprema si se daba alguno de los supuestos de la ley 48 o si las resoluciones apeladas eran arbitrarias. La nueva ley modificó radicalmente esta situación. Una breve explicación facilitará la comprensión de un problema técnico que puede resultar complicado para quienes no son abogados.

A fines de 2024, en el caso “Ferrari vs. Levinas”, la Corte, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, dictó una sentencia trascendente que alteró ese esquema recursivo. En efecto, en el caso mencionado la sentencia objetada provenía de la Cámara Civil y el máximo tribunal, por mayoría, sostuvo que el recurso extraordinario para acceder a sus estrados no debía provenir de la Cámara Civil sino del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente, fruto del carácter ejemplar de esa decisión, ese resultado se reiteró luego en centenas de sentencias subsiguientes provenientes de todos los fueros de la Capital Federal. El principio se aplicaba a todas las cámaras de apelación capitalinas. Entonces, como consecuencia de esta reforma, quien obtuviera una sentencia desfavorable de una Cámara Nacional debía acudir ante el Superior Tribunal de Justicia. Y si este tribunal fallaba en contra de alguna de las partes, recién entonces la perjudicada podría recurrir a la Corte Suprema, cuando se reunieran los requisitos pertinentes.

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Es de esperar que ahora los tribunales nacionales dejen de lado su oposición recalcitrante y se apeguen a lo dispuesto en la nueva norma

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Esto generó un alzamiento de ribetes escandalosos de las cámaras nacionales, que en sendas resoluciones objetaron airadamente la decisión de la Corte Suprema y la resistieron monolíticamente, declarando que el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia porteño era inadmisible. Y así actuaron luego en todos los casos en los que alguna de las partes, siguiendo los lineamientos trazados por la Corte, apelaba ante el Superior Tribunal de Justicia: declaraban que esas apelaciones eran inadmisibles. La reacción de las Cámaras se adoptó con total indiferencia respecto del perjuicio directo que generaban a todos los litigantes, quienes debían recorrer un camino tortuoso y más oneroso para obtener una sentencia definitiva, al tiempo que generaban un estado de inseguridad jurídica y de demoras inocultables.

Una de las reformas establecidas en la ley de modernización laboral vino a poner fin a esta rebeldía judicial. Ahora la ley dispone expresamente que las sentencias que pronuncien las cámaras nacionales de todos los fueros de la Capital Federal son apelables, si se reúnen los recaudos legales, ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. A ello añadió que si lo que una parte desea es acudir a la Corte, previamente debe obtener sentencia del superior tribunal porteño.

Así, el Congreso ha solucionado una de las razones fundamentales que los jueces nacionales alzaban en contra de las sentencias de la Corte Suprema que seguían la línea del caso “Ferrari vs. Levinas”: que la resolución de Corte no podía hacerse a través de una o una sucesión de sentencias. Tal modificación debía hacerse por ley. Pues bien, ya se ha dictado la ley y esta ratificó lo decidido por la Corte. Obviamente, se deberán realizar otros ajustes normativos, propios de cada fuero, pero un tema ya se ha solucionado. Urge, desde luego, que los pendientes también sean solucionados a la brevedad.

Si bien ya existen acciones judiciales en contra de esta disposición legislativa, es de esperar que ahora los tribunales nacionales dejen de lado su oposición recalcitrante, se apeguen a lo dispuesto en la nueva norma y resuelvan de conformidad a ella. No hacerlo los colocaría irremediablemente al margen de la ley.

Fuente: La Nación

El rigor de las comparaciones suele despertar a las conciencias más aletargadas y reticentes a comprender la realidad.

Quien no quiera aceptar la claridad aleccionadora de un trabajo publicado días atrás por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la actualidad de las fuerzas agropecuarias de la Argentina y Brasil está lamentablemente anestesiado para entender los motivos de las ventajas que el país hermano ha obtenido en las últimas décadas en relación con la producción de nuestro campo. A veces las ideologías más radicalizadas obran como prismas que impiden captar lo que está a la vista de las conciencias abiertas al registro de los datos fehacientes de la realidad.

Es el caso de la tarea que la Bolsa de Comercio rosarina se ha impuesto a través de la utilización de un modelo de análisis e interpretación económica utilizado por la Unión Europea y aceptado desde hace algún tiempo en otros países. Las diferencias notables que el campo brasileño ha obtenido en su favor en relación con el sector de mayor productividad de la Argentina, hay que anotarlas al saldo negativo de varios factores.

En primer lugar, el de las retenciones o derechos de exportación a los que no están sujetos los productores brasileños. No solo eso: también el de las deficiencias de nuestra infraestructura y la mezquindad del crédito a disposición de nuestros productores, que figuran entre las razones de que hayamos perdido en alto grado posiciones respecto de Brasil.

El 90% de la producción agropecuaria se transporta en camiones. Lo hacen por una red vial que motiva a diario quejas de los usuarios, incluso por segmentos deteriorados hasta en las autopistas nacionales, que constituyen el 8% de esa red. Nada se diga del estado de muchos de los caminos municipales, que representan el 62% de esa modalidad de transporte y comunicaciones en un país cuya dimensión pide a gritos el renacimiento de sus viejas glorias ferroviarias.

Sin remontarnos al pasado verdaderamente lejano, podríamos tomar como punto de partida del nacimiento de Brasil como potencia económica mundial los seis años iniciales de la revolución militar de 1964. Fue un ciclo de crecimiento asombroso, hecho sobre las bases sentadas por un político soñador, Juscelino Kubitschek, el presidente que imaginó las consecuencias que devendrían de correr la capital del país desde Río de Janeiro a lo que hasta 1956 era un desierto en el interior del país y que el mundo conocería desde entonces como Brasilia.

Como bien ha dicho el IAE, la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad Austral, el campo argentino ha sido un sector sometido a condiciones de inferioridad, como la del abandono por el Estado de la obligación de promover una infraestructura básica confiable. Aun así, logramos en tres décadas triplicar la producción con solo multiplicar por dos el área sembrada.

Fue, sin duda, por la aplicación del sano criterio de cuidar los suelos a través de la labranza cero, la rotación de cultivos y la fertilización compensatoria de lo que se extrae de la tierra. A esto se sumó la aplicación de aportes de la biotecnología y, en los últimos años, de herramientas que permiten hablar de una agricultura de precisión, que incluye la utilización de drones y el grato asombro de que la inteligencia artificial comience a estar presente en cada planta sembrada.

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En los años noventa, la producción agropecuaria de Brasil era en un 53% superior a la nuestra. Hacia 2020, había avanzado hasta obtener una diferencia del 155%

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Ese resplandor se amortigua, sin embargo, entre el espesor de diverso tipo de obstáculos. Hemos señalado varios y podemos condensar la naturaleza de uno de los principales entorpecimientos que padecen las actividades agropecuarias con decir que la presión impositiva se ha triplicado en los últimos treinta años. Se estima que esa exacción es de no menos del 55% para el agro, con cotas del 64% que afectan tanto a la soja como al maíz, a pesar de las reducciones introducidas por el gobierno de Javier Milei.

No deben extrañar, entonces, algunas conclusiones de otro trabajo, llevado a cabo por la Bolsa de Cereales de Rosario. En los años noventa, la producción agropecuaria de Brasil era en un 53% superior a la nuestra. Tendió a bajar esa brecha al 45% a comienzos del siglo XXI por virtud de la revolución introducida en la última parte del siglo anterior en el tratamiento de la tierra, en el avance en semillas transgénicas y la utilización eficiente de nuevos fitosanitarios.

Después de 2010, a raíz de la política desalentadora para el campo aplicada por los Kirchner, la producción agrícola brasileña afianzó sus ventajas al 82% y, hacia 2020, había avanzado hasta obtener una diferencia del 155%. Esa parte sustancial de la economía brasileña ya contaba con el Plan Safra, que garantiza a los productores un financiamiento apropiado a sus requerimientos, además de dotarlo de un acompañamiento adecuado y global a su producción.

En los noventa, las tierras brasileñas generaban 60 millones de toneladas de cereales. Esa producción ha superado los 300 millones de toneladas, mientras la Argentina sigue detenida en alrededor de 140/150 millones de toneladas al cabo del largo tiempo transcurrido desde el salto notable que había dado en la última parte del siglo XX.

Nuestra ganadería pasa por un momento histórico en el desarrollo de su genética; en la recuperación sostenida, pero lenta, de su stock, y por los precios relativos manifiestamente mejores que los de la agricultura. Observada su situación desde la perspectiva que confieren los datos comparativos con Brasil, el cuadro pasa a ser otro.

En los noventa, la producción de carne de nuestros vecinos era mayor que la nuestra en un 119%. En 2000, la diferencia había crecido al 167%; en 2010, al 249%, y en estos días, debería calcularse en el 284%. Esas distancias, como en el caso de los productos agrícolas, se notan en la magnitud de las exportaciones.

Antes de que cerrara el siglo XX la exportación de nuestras carnes superaba a la de Brasil en un 24%. Hoy, las exportaciones brasileñas son cinco veces mayores que las de la Argentina, una relación parecida a la que media entre los respectivos créditos bancarios con el que cuentan ambas producciones nacionales.

Desde un tiempo a esta parte hay una concertación de opiniones en el sentido de que la recuperación argentina se forjará en el breve y mediano plazo en función de las contribuciones del campo, el petróleo, la minería y las sociedades aplicadas a tecnologías de vanguardia. Para que esto sea posible los cuatro sectores deberán contar con los impulsos sostenidos que hagan posible tal proyección.

En el caso del campo, será oportuno que el Estado examine con más detenimiento que en las últimas décadas las razones de su rezago frente a un competidor tradicional como Brasil. En esa comparación está todo dicho.

Fuente: La Nación

l municipio de Sobral, estado de Ceará, fue cuna de un milagro educativo al pasar en solo una década de la posición 1366 a la primera en las pruebas IDEB, principal indicador de calidad educativa en Brasil. La receta, que despierta interés y asombro entre expertos, consistió en fortalecer el liderazgo y la gestión de los directores, capacitar a los docentes y acompañar con asistencia técnica y evaluaciones periódicas a los maestros de 1° y 2° grado.

Mientras en 2004 apenas el 15% de los niños de ese estado pobre comprendían lo que leían, hoy ese porcentaje saltó a 85%, con 9 municipios que alcanzaron el 100%. Las escuelas públicas de la humilde localidad de Sobral alcanzan mejor rendimiento que las privadas de San Pablo, el estado más pudiente.

Para lograr extender los beneficios de las políticas de Sobral a todo el estado, propusieron un sistema de financiamiento mediante el cual los colegios que obtuvieran los mejores resultados accedieran a más fondos, obligadas también a colaborar con los colegios de peores desempeños. Las mejoras en todo el territorio también llevaron el índice nacional de un 53% en 2023 a un 59,2% en 2024.

El equipo que alcanzó tan sorprendentes resultados en Sobral es el que hoy se encuentra al frente del Ministerio de Educación de Brasil, una dependencia con un rol central. Otro valioso aporte consistió en crear el indicador Niño Alfabetizado que establece un estándar común para caracterizar la alfabetización de quienes finalizan el segundo grado de primaria a partir de siete habilidades. Mientras en nuestro país carecemos de tan valiosa herramienta, pues cada provincia tiene su propia definición, en Brasil impulsaron incluso un compromiso federal en favor del Niño Alfabetizado entre los 27 estados y municipios. La adhesión alcanzó el 99% de las jurisdicciones, sin distinción de banderías políticas, por encima de la fuerte polarización imperante, y al convertirse en ley se aseguró su continuidad más allá de los cambios de gobierno.

Por entender que la alfabetización no es solo una meta educativa sino un motor de movilidad social y desarrollo, el vecino país ha propuesto crear una red latinoamericana que la ubique en un lugar central de la agenda pública. A este fin, participantes de Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y la Argentina asistieron durante febrero en Brasilia al Encuentro Internacional Alfabetización, Equidad y Futuro, aglutinados detrás de una preocupación compartida. Según datos de la prueba ERCE 2019 de la Unesco, el 44,3% de los alumnos de tercer grado de América Latina no alcanzaron el nivel mínimo de lectura. No faltaron los debates en torno a los distintos métodos de alfabetización.

En la Argentina, la Campaña Nacional de Alfabetización consiguió en 2023 que los candidatos presidenciales se comprometieran a priorizarla, esto es a impulsar una política pública nacional de alfabetización inicial, brindando apoyo técnico y recursos a las provincias, y garantizando la implementación de las Pruebas Aprender en tercer grado. Entre 2024 y 2025 la inversión nacional dirigida a la alfabetización pasó del 2,4 al 6,4% del presupuesto educativo, según datos del último informe de Argentinos por la Educación (AxE), pero no alcanza.

En el marco de la campaña, todas las provincias aprobaron sus planes y definieron equipos para mejorar la enseñanza de la lectoescritura en todo el país. Aunque con demora, cabe destacar también que se distribuyeron más de 19 millones de libros. Lamentablemente, sin evaluación nacional para medir el impacto de las políticas, se observa que los ritmos de las provincias en la implementación son desiguales. Solo 11 de las 24 jurisdicciones aplicaron evaluaciones propias, 4 devolvieron a sus escuelas los resultados y 5 tomaron decisiones en función de esos datos.

Alfabetizarse en la edad adecuada le asegura al niño la posibilidad de tener una buena trayectoria escolar. El maravilloso ejemplo de Brasil debe inspirar a la región. Hay mucho por hacer para que nuestros niños alcancen las habilidades de lectoescritura que demandan para avanzar en los aprendizajes.

Fuente: La Nación

Platón, el filósofo que nos enseñó a salir de la caverna y a buscar la luz de la verdad, ha sido censurado por una universidad estadounidense. La noticia, aparentemente grotesca, es real: en la Universidad Texas A&M, una de las casas de estudio más grandes y antiguas de los Estados Unidos, se ha ordenado a un profesor de filosofía que elimine de su curso introductorio sobre lecturas de Platón —muerto hace 2400 años— bajo el argumento de que ciertas partes de sus diálogos abordan cuestiones de género, identidad y sexualidad que, según la administración, violarían una nueva política institucional.

No se trata aquí de un desacuerdo académico sobre la interpretación de un texto; tampoco de un debate legítimo sobre cómo enseñar a los estudiantes cuestiones sensibles. Se trata, lisa y llanamente, de un acto de censura educativa cuyo significado trasciende el incidente puntual. Es la demostración de cómo la ignorancia —esa compañera silente y habitual de la soberbia— puede corroer desde adentro las instituciones que deberían ser faros de pensamiento crítico y apertura intelectual.

Platón no es marginal ni “controvertido” según la terminología políticamente cómoda del presente: es el fundador de la filosofía occidental. Fue el discípulo de Sócrates y el maestro de Aristóteles. Escribió obras como La República y El Banquete para preguntarse por la justicia, el amor, la naturaleza humana y el conocimiento mismo. Sus Diálogos responden a preguntas universales y sus respuestas han guiado a generaciones de estudiantes a cuestionar sus suposiciones, confrontar sus prejuicios y ejercitar la razón.

Que hoy, en un país que se precia de ser un baluarte de la libertad académica, una universidad pueda decidir que ciertas partes de su obra son “demasiado problemáticas” para ser enseñadas en cursos básicos, es una ironía trágica. Peor aún es que esa decisión provenga de una política que busca evitar “promover ideologías” y que termina por imponer una ortodoxia implícita de silencio. El profesor afectado describió la orden como una “revisión de censura obligatoria” y señaló que su curso no defendía ninguna ideología sino que enseñaba a los estudiantes a estructurar y evaluar argumentos, algo que debería ser el corazón de toda educación superior.

Este episodio no es un simple malentendido burocrático. Es la cristalización de una cultura que desesperadamente teme que el pensamiento profundo e inquietante pueda desafiar las verdades cómodas del momento. Y lo más inquietante de todo es que esta cultura no florezca fuera de una academia, sino dentro de ella misma.

La alegoría de la caverna de Platón ya no parece una metáfora distante. En su diálogo homónimo, Platón describe a seres encadenados en una caverna que toman sombras proyectadas en la pared por realidades externas como si fueran la verdad misma. La educación, para Platón, consistía en liberarse de las cadenas, salir de la caverna y ver la luz del sol, aunque esa luz fuera deslumbrante o dolorosa. Ahora resulta paradójico que una institución educativa —llamada a enseñar a salir de la caverna— opte por cubrir con más sombras esos muros.

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El pensamiento crítico no es un lujo, es una necesidad

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El peligro no radica simplemente en qué textos se incluyen o se excluyen de un programa de estudios. El verdadero peligro está en la lógica que dice: “Si algo nos incomoda, debe ser eliminado”. Ese principio es antiplatónico por excelencia. Como todos los filósofos, Platón no nos enseñó a buscar únicamente lo que nos tranquiliza, sino lo que nos obliga a pensar más allá de nuestros prejuicios y seguridades.

La libertad académica no es un privilegio abstracto. Es el terreno donde florece la crítica, se cuestionan dogmas y se aprende a disentir y a argumentar. Cuando una universidad prohíbe discutir a Platón, no está protegiendo a los estudiantes: está privándolos de la posibilidad de pensar con profundidad, de enfrentar ideas complejas y de ejercitar ese músculo esencial que nos hace humanos: el pensamiento crítico.

Decir que Platón “no está permitido” –en lenguaje llano, prohibirlo– por tratar temas de amor, género o identidad es una muestra de soberbia ignorante: la ignorancia de creer que se puede domesticar el pensamiento para que encaje en los límites estrechos de la comodidad política; la soberbia de imaginar que hoy sabemos más que quienes construyeron los fundamentos de la filosofía occidental. Es un gesto que parece salido no de una facultad de filosofía o una escuela de humanidades, sino de un guardián de pensamiento, y eso es exactamente lo contrario de lo que una universidad debería ser.

Las instituciones educativas existen para abrir puertas, no para cerrarlas; para desafiar certezas, no para blindarlas; para hacer preguntas difíciles, no para sancionarlas. Censurar a Platón no es un acto pequeño. Es un síntoma de una enfermedad más profunda: el miedo a la luz que Platón nos invitó a buscar, el miedo a salir de nuestra propia caverna.

En un momento en que el mundo enfrenta desafíos complejos —éticos, sociales y tecnológicos—, el pensamiento crítico no es un lujo, es una necesidad. Censurar uno de los pilares de ese pensamiento es rendirse ante la ignorancia y la soberbia.

Y eso, como diría Sócrates –el maestro de Platón– en voz platónica, es más peligroso que cualquier error por el que uno pueda ser condenado en un juicio: es una condena a la propia capacidad de pensar.

Fuente: La Nación

o podremos comprender la causa determinante de la interrupción del orden constitucional por parte de las fuerzas armadas que, hace 50 años, dio lugar a la más oscura dictadura militar que vivió la Argentina, sin conocer el escenario nacional e internacional de aquellas épocas. Tal como lo anunció proféticamente Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, dos grandes potencias se disputarían el control del mundo en el siguiente siglo. Luego de la Segunda Guerra, la carrera armamentista nuclear de esas dos potencias las persuadió de que cualquier agresión mutua traería consecuencias devastadoras en sus territorios. Nacía la llamada “Guerra Fría”, caracterizada por el traslado de los combates armados a regiones desnuclearizadas, ubicadas en el hemisferio sur. Corea y Vietnam primero, Latinoamérica y el África Septentrional después, serían el escenario de esos combates. Gran parte de la intelectualidad de nuestro país y un sector importante de la Iglesia Católica latinoamericana, desilusionada con la revolución rusa, verían no obstante en la doctrina marxista y especialmente en la revolución de Cuba, la promesa de un orden social más justo. El bloque soviético financiaría, entrenaría y armaría en ese país a los integrantes de las guerrillas, que atacarían violentamente a cada nación de nuestro continente y asaltaría con sus propios efectivos a Angola, Etiopía, Congo, Cabo Verde y otras naciones africanas. La Argentina sufriría los primeros embates terroristas en 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi.

María Guillermina Cabrera Rojo, de tres años de edad, sería la primera víctima de un artefacto explosivo colocado por una organización terrorista, denominada Uturuncos, en la casa de un oficial del Ejército argentino. Para 1975 esa organización y otras creadas con posterioridad elevarían a unos 20.000 los atentados, 5000 de ellos con explosivos en lugares públicos, conforme lo declarado en la sentencia de la causa 13/84 que condenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas. La modalidad del combate guerrillero en nuestro país incluía, con excepción del elegido por el Ejército Revolucionario del Pueblo en territorio tucumano, el pase a la clandestinidad mediante el uso de documentos falsos para eludir a las autoridades, la organización secreta celular, la celebración de ataques sorpresivos a comisarías y cuarteles, y atentados con explosivos, mientras que el rescate por secuestros y la recaudación por amenazas a empresas garantizaría el flujo de recursos. Según declaraciones de uno de sus conductores, Roberto Perdía, Montoneros se erigía como la organización más numerosa, con más de 6000 efectivos armados y entrenados. Se trataba de un número mayor que el de oficiales en actividad que tenía entonces el Ejército Argentino. Muchos de aquellos combatientes fueron entrenados por las milicias fundamentalistas islámicas de Al Fatah y Hezbollah, mientras que -siempre según Perdía- otros 25.000 efectivos le brindaban apoyo a la organización, proporcionándole casas seguras, documentación e inteligencia. Las dos provincias más poderosas de la Argentina, Buenos Aires y Córdoba, eran conducidas por representantes de Montoneros. En 1973, habían sido liberados por la amnistía de Héctor Cámpora más de tres mil guerrilleros que estaban siendo juzgados por la Justicia. Montoneros se enfrentaría decididamente al presidente Juan Domingo Perón, asesinando al líder de la CGT, José Antonio Rucci, lo que llevaría la guerra interna en el peronismo a una escala que para marzo de 1976 ya alcanzaría miles de muertos y desaparecidos. En 1976, su líder Mario Firmenich la declararía una organización “marxista-leninista”.

A la agresión más feroz y sangrienta que sufriría el continente en su historia, le seguiría la más feroz y sangrienta respuesta por parte de algunos Estados. La asunción del gobierno militar en nuestro país coincidió con otros operados en la región, y tuvo como objetivo primordial terminar como sea con el terrorismo. En la Argentina se resolvió de manera inédita, que una parte de las Fuerzas Armadas pasara también a la clandestinidad. Y sin someter sus acciones al examen, publicidad y control de un orden democrático y republicano, se dispuso el aniquilamiento del fenómeno guerrillero -tal como se lo había ordenado el último gobierno constitucional-, pero bajo la modalidad de una guerra, sin otras reglas que el logro de una victoria rápida y total.

El resultado de la ofensiva guerrillera a partir de los años 60 y su posterior respuesta fue la muerte, el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, el dolor y el exilio de muchos compatriotas.

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A la agresión más feroz y sangrienta que sufriría el continente en su historia, le seguiría la más feroz y sangrienta respuesta por parte de algunos Estados

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Con la vuelta a la democracia y luego de los juicios a los comandantes militares y los líderes de las organizaciones guerrilleras, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem instauraron políticas de pacificación tendientes a dejar atrás los enfrentamientos y el desencuentro.

Pero ese proceso recibiría una drástica interrupción mediante la reapertura de los juicios solo a los militares por parte de la mayoría de la Corte Suprema instaurada por el gobierno kirchnerista en 2003, mientras que en las aulas y los espacios públicos se comenzaría a difundir una versión falsa y maniquea de la historia, identificando a los guerrilleros y sus propósitos con el accionar de jóvenes idealistas que luchaban por el regreso de la democracia. Esa nueva política nacida hace más de veinte años no pretendía comprender sino ofender, no aspiraba a perdonar sin olvidar, sino solo a recordar para castigar, aun violando garantías constitucionales, y ocultaba la verdad. Según ese relato, no habría existido nunca una guerra revolucionaria; los guerrilleros no atacaron gobiernos democráticos; no se los perseguía por sus crímenes sino por su “militancia ideológica”; los gobiernos de Perón, María Estela Martinez y la dictadura militar ordenaron la comisión de delitos de lesa humanidad, una figura solo existente cuando se da en el marco de una ofensiva generalizada contra la población civil y no cuando se dirige contra una organización terrorista. Hay inclusive quien pretende que se los asimile al genocidio, que implica la persecución a una minoría racial o religiosa. La versión intencionada triplica la cantidad de desaparecidos, contrariando las cifras del Registro Único de Victimas del Terrorismo de Estado creado por el propio gobierno kirchnerista y, por último, utiliza la sentencia de la causa 13/84 que condenó a los comandantes militares, solo en las consideraciones que respalden el adoctrinamiento educativo, mientras ocultan lo declarado en ese fallo: “…En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos que se vienen de expresar, este se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria… Las acciones de la guerrilla constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y este debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones”.

La ofensiva terrorista no pudo haber justificado jamás el abandono de la legalidad en la respuesta del Estado. Pero tampoco puede ocultar la inoperancia de la Justicia de entonces, acobardada luego del asesinato de un juez federal y amenazas a los otros, la impotencia de la oposición política y la superación de las fuerzas de seguridad, avasalladas por las armas y el número de las organizaciones guerrilleras.

Sin verdad no puede haber justicia y resulta imposible alcanzar la paz. A 50 años de los hechos, el penoso enfrentamiento que tuvo origen en tierras extrañas, debiera dar paso a la madurez de la mirada objetiva, comprensiva y hasta compasiva del pasado. No en vano, luego de un conflicto armado interno, el Protocolo II de la Convención de Ginebra de 1949 de Naciones Unidas recomienda: “A la cesación de las hostilidades las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.” Este fue el camino trazado por el presidente Alfonsín y el que lleva más efectivamente a la verdad, la unión y el perdón, el que debiéramos decidirnos a tomar los argentinos, más inclinados desde los albores de la Patria en juramentarnos hasta tres veces morir con gloria, que en atrevernos, sin olvidar nuestras heridas, a vivir con ella.

Fuente: La Nación