El gigantesco predio ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el barrio de Núñez, conocido como la ex ESMA, comprende un conjunto de importantes edificaciones diseminadas entre grandes plazas y espacios verdes donde funcionaban diferentes institutos educativos. En las instalaciones que ocupaba, entre otros establecimientos, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, se dictaban cursos y talleres de electricidad, radarización, comunicaciones, electrónica, armamento y otros para el personal subalterno de aquella fuerza, mientras que en otros edificios funcionaban la Escuela de Guerra Naval, la Escuela Nacional Fluvial -formadora de los prácticos de río del país-, el Liceo Naval Almirante Brown y otros institutos. Centenares de alumnos concurrían diariamente a sus instalaciones. En los sótanos de uno de esos edificios independientes -el ocupado por el casino de oficiales- se descubriría que funcionó a partir de 1976 el tristemente célebre centro clandestino donde padecieron y perecieron miles de víctimas detenidas en el marco de la guerra contra las organizaciones guerrilleras en aquella década.
Néstor Kirchner dispondría, apenas iniciada su presidencia, la cesión del formidable predio de 17 hectáreas a organizaciones de derechos humanos. Lo instrumentaría mediante un primer acuerdo firmado en 2004 entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires -su propietaria original-, entonces gobernada por Aníbal Ibarra, que transformaría el dominio en “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. Su administración quedaría a cargo de una comisión bipartita de ambos Estados junto a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, la Agrupación Hijos, la agrupación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y otras organizaciones afines. Las mismas con las cuales Kirchner construiría su alianza de poder, en cumplimiento de un pacto mediante el cual les entregaría, además, nada menos que el diseño y la conducción de la política de derechos humanos -y parte de la educativa- que nos rige hasta el día de hoy, así como el manejo de las millonarias indemnizaciones que pagaría el Estado a quienes se presentaron -incluso con sospechosa demora en algunos casos- como supuestas víctimas del terrorismo de Estado.
El citado convenio, expresa en su texto que “la enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división de bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano”. Tal párrafo pretendía ocultar el verdadero propósito que animaba la entrega, ya que dichas asociaciones serían las encargadas de brindar una visión parcial, interesada y maniqueísta de la historia reciente, que implicaría la instalación de groseras distorsiones de datos históricos y falsedades sostenidas públicamente, trasladadas a la currícula educativa oficial, textos escolares y universitarios, monumentos recordatorios, publicaciones y denuncias judiciales.
Las falsedades sobre el número de desaparecidos, triplicando los datos oficiales del “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado”, elaborado por el propio gobierno kirchnerista; la inclusión de los nombres de decenas de terroristas abatidos en enfrentamientos con las fuerzas armadas, ajusticiadas por las propias organizaciones o simplemente ajenas a la guerra que recibieron indemnizaciones fraudulentas y cuyos nombres en muchos casos figuran en monumentos recordatorios, así como numerosos casos de testimonios o acusaciones falsas efectuadas contra civiles y militares en causas judiciales, largamente denunciadas por abogados particulares y de la defensa oficial, así como por diversas organizaciones civiles, han sido una muestra elocuente de una labor que, lejos de reflejar la verdad histórica y cumplir el anunciado mandato, se halla enfocada en el odio, el rencor, la desunión y el enfrentamiento permanente.
Es de esperar que el anunciado traslado a un edificio del barrio de Constitución de la Subsecretaría de Derechos Humanos signifique la vuelta definitiva a la verdad histórica completa y, a partir de ella, hacia la construcción de caminos de encuentro que necesita el país
El citado convenio se inicia con la invocación de lo resuelto por la Cámara Federal en la causa 13/84 contra los comandantes de las juntas militares, expresando que en aquellas épocas se implementó un plan de exterminio dirigido contra todo disidente u opositor político, tuvieran o no militancia política o social. Se trata de una falsedad, que omite las consideraciones expuestas en ese mismo fallo, que ya hemos destacado en anteriores editoriales: los jueces no solo dejaron sentado que la Argentina se enfrentó entonces a una guerra revolucionaria, sino que señalaron textualmente que “…los hechos objeto de juzgamiento se produjeron en un contexto de violencia generado por la acción de organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la fuerza» y que “sin esa agresión subversiva, los acontecimientos que aquí se analizan no se habrían producido”, estableciendo claramente que la condena no fue por aniquilar el accionar de la guerrilla terrorista, sino por los métodos utilizados para hacerlo. Se condenó la forma adoptada, pero nunca se confundió a quienes defendían al pueblo y las instituciones de la Nación con aquellos que la atacaron con el objeto de instalar un régimen totalitario de izquierdas.
Las organizaciones que administran el predio, en su tarea de demonizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, omitieron que la reacción estatal, salvo contados casos, se centró en los efectivos entrenados por las organizaciones armadas, ensalzados por las entidades de derechos humanos que los presentan como supuestos defensores de la democracia, ocultando sus terribles crímenes y sus propósitos, con el probado apoyo del bloque soviético y, en particular, del régimen dictatorial cubano. Quizás lo más grave del accionar de estas organizaciones y de los gobiernos que lo respaldaron es haber dejado que la política de derechos humanos de nuestro país, en lugar de estar dedicada al amparo de la niñez y la adolescencia en riesgo por la marginalidad, la violencia y la droga, haya dejado que su finalidad y presupuestos, que alcanzan inclusive los del Poder Judicial, se hayan centrado desde hace veinte años, en un solo grupo de víctimas que sufrió la violencia ocurrida hace medio siglo.
Es de esperar que el anunciado traslado a un edificio del barrio de Constitución de la Subsecretaría de Derechos Humanos que como muestra del apoyo y tolerancia adoptado por los gobiernos a partir de 2004 hacia esa política falsaria, funciona en el predio de la ex ESMA, no signifique solo un cambio escénico, sino la vuelta definitiva a la verdad histórica completa y, a partir de ella, hacia la construcción de caminos de encuentro y reconciliación que necesita imperiosamente el país, objetivos a los que se oponen intereses que están a la vista de todos.
Fuente: La Nación
