Categoría: Entrevistas

El otrora poderoso juez federal de Mendoza, Walter Bento, acaba de ser condenado a 18 años de prisión, con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 540 millones de pesos y el decomiso de sus bienes (8 inmuebles, 7 locales y 3 vehículos), más allá de que luego se vaya por el recupero de otros malhabidos. Esta pena es la más alta en la historia argentina por corrupción y se le aplica al exmagistrado tras de dos años y medio de juicio oral. Se lo encontró penalmente responsable de liderar una asociación ilícita entre 2007 y 2021 mediante la cual recibía sobornos a cambio de favores procesales por parte de contrabandistas y narcotraficantes; de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Designado en septiembre 2005 por Néstor Kirchner y destituido en 2023, deberá pasar casi tanto tiempo en prisión como el dedicado a ejercer la magistratura federal.

Un total de 17 personas más resultaron procesadas entre abogados, policías y particulares, incluidos la esposa de Bento y uno de sus hijos, que cumplían funciones en la justicia federal de Mendoza. Igual suerte corrieron diversos letrados, auxiliares del sistema de justicia: Luciano Edgardo Ortego, Jaime Andrés Alba, Leopoldo Antonio Martín Ríos, Alejandro Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez.

Este expediente penal, inicialmente a cargo del Juez Eduardo Puigdéngolas, fue resuelto con coraje y claridad conceptual por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, con la encomiable labor del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo entre otros de Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco.

El extendido entramado mafioso descubierto generó temor y desconfianza social en la justicia federal mendocina. Sin embargo, la protección de la que gozaba este nefasto personaje alimentó fundadas sospechas respecto del involucramiento de figuras de la Justicia Federal.

La opulencia del inescrupuloso Bento y parte de su familia conducían inevitablemente a casos penales en los que se lo sindicaba como jefe de una banda criminal.

En 2023 fue destituido como magistrado para que no pudiera invocar fueros. La Cámara federal de Mendoza -actuación que debe resaltarse- lo denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, inicio de un largo peregrinar, que dejó incluso en vilo el proceso, al borde de la caducidad, a los tres años. El entonces diputado nacional Pablo Tonelli elaboró un dictamen acusatorio que no pudo ser aprobado durante su gestión, pero que fue seguido posteriormente por la Comisión de Acusación.

En un trámite muy meritorio, fue aprobado y sometido al plenario, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horario Rosatti, y fue consensuado por la totalidad de los integrantes del Consejo, con una disidencia parcial del juez Alberto Lugones.

El Jurado de Enjuiciamiento de aquel momento, presidido por el representante de los magistrados, Javier Esteban de la Fuente, además de Javier Leal de Ibarra (vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán y José María Torello, las diputadas Anahí Costa y Ana Clara Romero y el abogado Alfredo Enrique Barrau, y sostenida con convicción por Miguel Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes. Algunos memorables alegatos finales compendiaron un claro mensaje institucional: la sociedad no tolera más corrupción, menos aún la judicial.

La histórica sentencia judicial a favor de la desitución de Bento, fue votada de manera contundente: seis a uno. Cientos de testigos, documentales, informes y peritajes confirmaron que el vergonzoso magistrado debía ir preso, habilitando así la continuidad del proceso penal.

El tan nefasto como reiterado fenómeno de la corrupción judicial volvía a quedar en el centro de la escena como instrumento de las mafias para lograr su impunidad. Antes de Bento, Norberto Oyarbide renunció cuando la Comisión de Acusación del Consejo lo investigaba; Raúl Reynoso (de Orán) vinculado al narcotráfico, también interpuso su renuncia para evitar el jury que lo conduciría a prisión; Eduardo Freiler (otrora poderoso camarista de Comodoro PY) fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. Después de Bento, Marcelo Bailaque (juez federal de Rosario) renunció y quedó preso mientras era investigado también por entramados vinculados al narcotráfico y la criminalidad organizada; Gastón Salmain se encuentra actualmente sometido a un proceso de investigación que más temprano que tarde obligará a expedirse sobre su altamente cuestionable accionar en relación a hechos de corrupción.

A partir de la introducción del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 han sido acusados y destituidos 20 oprobiosos funcionarios judiciales, además de Bento, que nunca debió llegar a ser juez federal. Conviene no olvidarlos: Víctor Hermes Brusa, Luis Leiva, Mirta Torres Nieto, Roberto Murature, Roberto Marquevich, Rodolfo A. Herrera, Rodolfo Echazú, Néstor Narizano, Juan José Galeano, Juan José Mahdjoubian, Eduardo Fariz, Felipe Terán, Guillermo Tiscornia, José Antonio Sola Torino, Federico Faggionatto Márquez, Luis Miret, Otilio Roque Romano, Eduardo Freiler y Martín Poderti.

La criminalidad organizada tiene como objetivo penetrar el sistema de Justicia y sus órganos de control para debilitarlos y utilizarlos no solo para alcanzar impunidad sino, muchas veces también, como herramienta de persecución. En un sistema institucional sano no puede haber lugar para jueces corruptos ni complacientes con las mafias.

El sistema republicano y democrático sigue dando muestras de fortaleza ante casos como este, al confirmar que la corrupción judicial no será tolerada. Las ejemplares sentencias de destitución primero, y la penal después, suman valiosos ladrillos a la muralla de la Justicia, en pos de construir un sistema judicial honesto, eficiente y confiable al servicio de la República.

Fuente: La Nación

asaron solo un par de meses desde que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inventó un campeonato para Rosario Central, que derivó en un escándalo de porporciones. Lo que a priori parecía una resolución arbitraria más del Comité Ejecutivo de la Liga profesional, activó la indignación ciudadana y el comienzo de las investigaciones por presuntos hechos ilícitos de una enorme gravedad en torno a la entidad rectora del futbol argentino.

La voluminosa secuencia de crónicas periodísticas que se publican casi diariamente tiende a confirmar las sospechas de corrupción y los manejos oscuros de los involucrados. Retención indebida de tributos, millonarios desvíos y triangulación de fondos, sociedades fantasmas en paraísos fiscales, facturas truchas por servicios nunca prestados, dibujos contables, testaferros… Las recientes denuncias de María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) apuntan al exministro Sergio Massa y el Banco Central. Una vieja y conocida película de terror que la Argentina repite de la mano de la política y el sindicalismo y ahora también del fútbol.

Estas nefastas prácticas en la cúpula de nuestro deporte más popular ya podían intuirse desde los tiempos de Julio Grondona. Son producto de la concentración del poder, la falta de controles y el intercambio de favores que disciplina a casi todos los clubes y sus protagonistas. Lo que no puede dejar de llamar la atención es la magnitud de un descalabro que sigue prometiendo sorpresas. Una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares a nombre de supuestos testaferros, una flota de más de 50 autos de lujo y antiguos, viajes en aviones privados, gastos exorbitantes y lujosos desde cuentas de simples monotributistas, una danza de millones de dólares fraudulentamente administrados con desparpajo para caprichos personales. Y todo con dinero del fútbol.

Mientras muchísimos clubes de la Argentina no solo son estructuralmente pobres sino que están fundidos, con tesorerías en rojo y obligados a malabarismos para sobrevivir, sus dirigentes y los de la AFA despliegan sin tapujos obscenos manejos, alejados de los valores que estatutariamente deberían obligarse a respetar y promover.

Entre los dirigentes de los clubes reina el hermetismo. No han difundido ni un solo comunicado, ya sea por su nivel de dependencia económica de la entidad madre, por el temor a todo tipo de represalias -incluidos fallos o arbitrajes perjudiciales-, lo cierto es que nadie se anima a romper el silencio.

Spbre ese punto, Talerico fue enfática. En declaraciones radiales, criticó duramente el “silencio corporativo” de esas entidades frente a tamaño escándalo de corrupción, por temor a represalias deportivas o financieras de parte de Claudio “Chiqui” Tapia

Aunados férreamente en bloque, parecen resistir también el ingreso de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el presidente Javier Milei, con el que verían afectados sus negociados. Abrazados a la supervivencia de un modelo de corrupción, renuncian a expresar cualquier crítica, o aguardan que la Justicia se expida antes de hacerlo. Se apalancan en figuras como Juan Román Riquelme, claves para el blindaje de Tapia. La red de lealtades construida se paga con prebendas y se cobra con dependencia, amarrada al talento de la selección campeona del mundo de la que la AFA se ha apropiado para asegurarse las mejores tajadas.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, lo vivió en carne propia. Recibió seis meses de suspensión por haber repudiado su club con un pasillo de espaldas a Rosario Central en rechazo por la decisión de la AFA de coronarlo campeón. Más tarde, el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió levantar la suspensión hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

A contramano de los hinchas a los que dicen representar, ignorando a una sociedad harta de las mil formas que asume la corrupción y que exige cambios profundos y alineándose con la conducción de la AFA, los clubes del fútbol argentino prefieren ser cómplices de las trampas y los desmanejos en una suerte de defensa propia que tanto mal hace al deporte. Falta mucho aún para que suene el silbato.

Fuente: La Nación

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La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires funciona hoy con menos de la mitad de los ministros que la Constitución prevé. De los siete integrantes que deberían conformar el máximo tribunal provincial, solo tres se encuentran en funciones, mientras cuatro vacantes permanecen sin cubrir. No se trata de un dato menor ni de una anomalía pasajera: es una situación que se prolonga en el tiempo y que compromete severamente la calidad institucional del sistema judicial bonaerense.

Las vacantes se acumularon tras jubilaciones, renuncias y fallecimientos, sin que el sistema político haya logrado -o querido- dar una respuesta a la altura de la gravedad del problema. En 2020 falleció Héctor Negri, y en 2021 se jubiló Eduardo Pettigiani y renunció el Eduardo De Lázzari. La jubilación de Luis Genoud en 2024 terminó de consolidar un escenario que ya era frágil y que hoy resulta tan alarmante como insostenible.

Para poder funcionar, la Corte se ve obligada a recurrir a mecanismos de integración extraordinarios, convocando jueces de instancias inferiores para conformar quorum y mayorías. Aunque estas herramientas están previstas normativamente, su uso permanente desnaturaliza el rol del máximo tribunal y convierte la excepción en regla.

Es mayor la gravedad aún por hallarse los ministros de la Corte en minoría. Esto permite que se decidan sentencias votadas favorablemente por los cuatro jueces subrogantes, en contra de lo decidido por los miembros del alto tribunal provincial.

Un tribunal constitucional que debe operar de modo sistemático con jueces ajenos a su integración natural no solo pierde eficiencia, sino que debilita su autoridad funcional y simbólica. La Corte no es un tribunal más: es la última palabra en la interpretación de la Constitución provincial y garante final de los derechos de los bonaerenses.

La explicación formal es conocida. Los ministros de la Suprema Corte son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin intervención del Consejo de la Magistratura. En los hechos, esto convierte cada vacante en una pieza de negociación política.

Lo que resulta inadmisible es que esas negociaciones se bastardeen y prolonguen indefinidamente, mientras el máximo órgano judicial del distrito funciona en condiciones de manifiesta precariedad institucional. La integración de la Corte, y también la búsqueda de candidatos, ha quedado atrapada en disputas coyunturales, intercambios legislativos y cálculos de conveniencia partidaria que poco tienen que ver con el fortalecimiento del Poder Judicial.

La Corte incompleta no es un problema abstracto ni corporativo. Tiene consecuencias concretas: demora en las decisiones, sobrecarga de trabajo para los ministros en funciones, incertidumbre jurídica y un mensaje preocupante hacia el conjunto del sistema judicial.

Más grave aún, consolida la idea de que el funcionamiento pleno de las instituciones puede quedar supeditado a la lógica de la negociación política permanente, aun cuando está en juego uno de los poderes del Estado.

Se señala que durante el año en curso podrían avanzar las designaciones pendientes. Completar su integración no es una concesión política ni una decisión discrecional: es una obligación constitucional. De igual modo, que los candidatos sean propuestos en forma honesta sobre la base de sus aptitudes para el cargo y no por simpatía política.

Mientras la Corte siga funcionando con menos de la mitad de sus miembros, la Justicia bonaerense continuará operando bajo una sombra de provisionalidad totalmente inaceptable en un Estado de Derecho. El tribunal incompleto es, en definitiva, el reflejo de una institucionalidad quebrantada. Una decisión política a la altura de su relevancia, alejada de acuerdos motivados por fines subalternos y de dudosa legitimidad y legalidad, es hoy claramente impostergable.

Fuente: La Nación

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Las últimas investigaciones judiciales sobre operaciones millonarias con el dólar oficial entre 2022 y fines de 2023 en medio del cepo, la derivación que esta misma práctica tuvo hacia presuntos negociados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la aparición de nuevos indicios acerca del acceso a divisas que tuvieron empresas cercanas al poder para importar mientras el resto de la economía sufría aquellas restricciones cambiarias, empiezan a dejar expuesto algo que el establishment económico y político repite hace rato en voz baja: todos los indicios conducen a Sergio Massa.

Ningún empresario ni dirigente sindical ni político, ni mucho menos exfuncionario, debería mostrarse sorprendido: el líder del Frente Renovador fue durante ese lapso, que coincidió con su gestión al frente del Palacio de Hacienda, el conductor indiscutido de todos los resortes de una economía que entonces funcionaba con múltiples controles. Esa atribución queda clara si se repara en la influencia que el exministro ejerció tanto en el Banco Central -ente encargado de suministrar los dólares disponibles para bancos, casas y agencias de cambio, exportadoras e importadoras, y cuyo directorio le respondía políticamente-, como en la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP, todos ellos organismos que intervenían en una decisión entonces crucial: quién estaba en condiciones de tener acceso a lo más escaso y requerido, el dólar oficial.

No es casual que, pasados ya dos años de aquella administración, haya al menos tres jueces María Eugenia Capuchetti, María Servini y Sebastián Casanello– que han abierto distintos expedientes sobre esas transacciones que, según cuatro sumarios internos del Banco Central, habrían superado fácilmente los 1400 millones de dólares y, de acuerdo con estimaciones actuales y preliminares del directorio del ente monetario, podría extenderse a unos 3000 millones. Cifras monstruosas si se repara no solo en las dificultades para obtener divisas de aquel momento -algo constatable simplemente con recordar los reclamos de sectores manufactureros y hasta de hospitales que se veían obligados a postergar cirugías-, sino en que la brecha entre la cotización oficial y el dólar libre llegó en octubre de 2023 al 200%, spread que les permitió a los pocos que los conseguían revenderlos y obtener cuantiosas ganancias. Nada muy sofisticado: adquirido el dólar oficial a 350 pesos, un precio ficticio dada la escasez de divisas, el operador estaba en condiciones de darse vuelta y venderlo a 900 en el mercado del blue. Todo en un año electoral y solo por haber tenido acceso a la ventanilla correspondiente, es decir, un contacto en el elenco que autorizaba la operación.

Cuatro sumarios internos del Banco Central y una causa en el juzgado de Servini involucran ya a varias casas de cambio en esas maniobras. Tres de ellas -Mega Latina, Karuna Group y Multicambio- están o estuvieron integradas por accionistas muy vinculados con la política, el peronismo y, concretamente, con el Frente Renovador.

Massa no fue solo un superministro. Era el gestor de un gobierno encabezado formalmente por un presidente débil, Alberto Fernández, y una vicepresidenta, Cristina Kirchner, que manejaba el poder real y que decidió ungir al entonces diputado como jefe de la administración económica y, finalmente, como candidato a presidente. Varios empresarios dedicados al comercio exterior han admitido en off the record ante periodistas saber perfectamente quién autorizaba y de qué modo esos dólares indispensables para importar y producir, trámite que se hacía a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un instrumento electrónico creado en octubre de 2022, no bien asumió Massa. A fines de 2023, cuando terminó el gobierno, la deuda a importadores por Sira ascendía al menos a 45.000 millones de dólares y ya existían fundadas sospechas. Tantas, que llegaron entonces a la Justicia, que abrió una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el cuestionado jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que, sin embargo, no prosperó: a fines de diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y Casanello, el juez, terminó sobreseyendo a los seis.

Demasiados indicios, graves, serios y concurrentes como para que el líder del Frente Renovador, que aspira todavía a continuar en política, no deba al menos dar a conocer con qué criterio se tomaron algunas decisiones durante 15 meses que terminaron en una crisis económica cuyas consecuencias la Argentina padece aún hoy.

Fuente: La Nación

El inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias encuentra al Congreso frente a una agenda que no admite más dilaciones. Los proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para su urgente tratamiento expresan la necesidad de actualizar reglas que hoy funcionan como un freno para el desarrollo, la creación de empleo y la convivencia social. En el temario propuesto por el Presidente, la reforma laboral, la modificación del régimen penal juvenil y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupan un lugar central y merecen un tratamiento responsable y sin prejuicios. Lamentablemente, quedaron fuera de agenda hasta el momento proyectos indispensables como la ley contra la ludopatía, trastorno que tantos estragos provoca, y la de ficha limpia, tendiente a prohibir que detenidos con condena firme en doble instancia judicial se postulen para cargos electivos.

La modernización de las relaciones laborales vuelve a ponerse sobre la mesa luego de años de diagnósticos repetidos y soluciones postergadas. Nuestro país convive desde hace demasiado tiempo con un mercado de trabajo obsoleto, rígido, litigioso y excluyente, que castiga a quienes quieren invertir y condena a millones de personas a la informalidad. La falta de empleo registrado priva a los trabajadores de derechos básicos y, al Estado, de recursos indispensables para sostener el sistema previsional y la protección social, entre otros temas igualmente relevantes.

Avanzar hacia un marco laboral más flexible, previsible y acorde a las transformaciones productivas no implica resignar derechos, sino preservarlos allí donde hoy no existen. La experiencia comparada muestra que los países que lograron reducir la informalidad y aumentar el empleo privado lo hicieron actualizando sus normas, promoviendo acuerdos adaptables y reduciendo la inseguridad jurídica. Persistir en un esquema que desalienta la contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, es sostener un statu quo fallido.

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Modernizar el mercado de trabajo, abrirse al comercio internacional y adecuar la legislación penal a la realidad no son opciones ideológicas, sino condiciones necesarias para volver a crecer y recuperar la confianza perdida

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En ese sentido, resulta saludable que el oficialismo haya colocado la reforma laboral como prioridad y que se esfuerce por buscar consensos para su aprobación. Las discusiones sobre su impacto fiscal o sobre la implementación gradual de algunos cambios no deben desvirtuar el objetivo de fondo, que no es otro que crear condiciones para que el trabajo formal vuelva a crecer. Sin empresas que inviertan y contraten no hay política social que alcance.

En la misma lógica de apertura y modernización se inscribe la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE actualmente en estudio del Parlamento Europeo Tras más de dos décadas de negociaciones, su ratificación representa una oportunidad estratégica para integrar a la Argentina a cadenas de valor más amplias, sumar mercados para sus exportaciones y atraer inversiones de largo plazo. Rechazar o dilatar este acuerdo en nombre de un proteccionismo anacrónico sería condenar al país a seguir encerrado en sus propias limitaciones.

La reforma del régimen penal juvenil, en tanto, exige un debate serio y honesto. La legislación vigente responde a una realidad que ya no existe. Afirmar que adolescentes que cometen delitos graves carecen de comprensión sobre la ilicitud de sus actos es desconocer la evidencia y la experiencia internacionales. A determinada edad, los menores saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y el sistema debe ofrecer una respuesta que combine responsabilidad, sanción y posibilidades reales de reinserción.

Bajar la edad de imputabilidad -el Gobierno reclama que sea a los 13 años– no es sinónimo de criminalizar la pobreza ni de renunciar a políticas de contención social. Es, por el contrario, reconocer que la impunidad temprana también es una forma de abandono y que el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad y de intervenir en su defensa ante hechos violentos en los que los menores son usados como escudos por los adultos para cometer delitos a sabiendas de que no les cabrá una pena. Numerosos países ya han actualizado sus regímenes juveniles en esa dirección, sin que ello haya implicado retrocesos en materia de derechos.

El paquete de reformas incluye, además, modificaciones a la ley de glaciares, un tema que requiere especial tratamiento. Promover inversiones y desarrollo productivo no puede ni debe significar desatender la protección ambiental ni generar inseguridad jurídica. Cualquier ajuste normativo debe ser claro, previsible y sustentado en criterios técnicos, evitando interpretaciones laxas que, lejos de atraer inversiones responsables, abran la puerta a nuevos conflictos y litigios.

El desafío es estar a la altura de este momento. La Argentina necesita actualizar su marco legal y enviar señales claras de racionalidad y previsibilidad. Modernizar el mercado de trabajo, abrirse al comercio internacional y adecuar la legislación penal a la realidad no son opciones ideológicas, sino condiciones necesarias para volver a crecer y recuperar la confianza perdida.

Postergar estas discusiones es seguir con viejas y fracasadas recetas. Avanzar es asumir que, sin reformas, no hay futuro posible.

Fuente: La Nación

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Ha sido una decisión equivocada, inoportuna, inútil y perjudicial la del gobierno de posponer la aplicación de los nuevos ponderadores en la determinación del índice de precios. La renuncia de Marco Lavagna al Indec fue una decisión personal esperable que no resulta neutra en su efecto sobre la confianza. Y la confianza es justamente un factor fundamental en la derrota de la inflación.

El primer mes del año se presenta con una variación de precios que, según varias consultoras privadas, se encontraría entre el 2,2% y el 2,5%. En su último informe trimestral el Banco Central menciona algunos factores que suman efectos inflacionarios de carácter transitorio y que probablemente en los próximos meses operarán en sentido estabilizador. Estaba prevista a partir del 1° de enero de 2026 la aplicación de los nuevos ponderadores de una canasta de consumo más actualizada. Respecto de la canasta anterior, la nueva asigna mayor peso a servicios. Se sabía que las tarifas seguirán por un tiempo ajustándose por sobre el nivel general a fin de reducir los subsidios todavía remanentes. Visto esto el Gobierno decidió posponer el cambio en una decisión casi infantil. La diferencia cuantitativa en el índice por las nuevas ponderaciones hubiera resultado poco relevante y, además, claramente explicable y justificable.

El reciente cambio en la modalidad de ajuste de la banda cambiaria no parece haber tenido ni se espera que tenga consecuencias sobre la inflación. El ajuste mensual del 1% en adelante será la inflación ocurrida en el último mes publicado por el indec (segundo mes anterior). Podrá tener el efecto de una indexación cambiaria si la cotización del dólar toca el límite superior de la banda y en ese caso producir un impacto psicológico que contribuya a la inflación. Esto no parece ocurrir a juzgar por la estabilidad nominal del tipo de cambio durante enero.

Un muy buen documento titulado ”Por qué cuesta más bajar la inflación”, elaborado por el economista Fernando Navajas para la Universidad Di Tella, profundiza en el análisis de la interdependencia entre la inflación, la acumulación de reservas, la demanda de dinero y la confianza o riesgo país. Afirma que el logro del equilibrio o de un moderado superávit fiscal ha sido el eje del programa de estabilidad de Milei y eso parece estar fuera de discusión. Pero los altibajos en el riesgo país pusieron en evidencia que la pérdida de reservas del Banco Central era otro frente de riesgo que debía ser atendido. Su reconstitución no es lograble comprando divisas con solo el limitado superávit fiscal. Se exige la emisión adicional de pesos para adquirir reservas, lo que resultaría inflacionario, salvo que aumente la demanda de dinero (pesos) del sistema. Esto último sucede si ocurre alguna de dos circunstancias: 1) que aumente la confianza en la moneda argentina y que la gente prefiera tener más pesos que dólares por diferencia de tasas de interés o que simplemente disminuya la velocidad con que la gente se desprende de los pesos, o 2) que aumente la actividad económica y el sistema necesite entonces más cantidad de pesos. Existe la posibilidad de un círculo virtuoso, pero también de un vicioso. El virtuoso es así: la compra de reservas aumenta la confianza, por lo tanto, disminuye el riesgo país, así aumenta la demanda de dinero, entonces el Banco Central puede emitir para comprar reservas sin ocasionar un efecto inflacionario. En sentido inverso operaría un círculo vicioso si por alguna razón se quiebra la confianza y la gente huye de los pesos. Es una situación que la Argentina ha conocido varias veces y de esas experiencias debería haberse aprendido que no debe cometerse un error como el que provocó la renuncia de Marco Lavagna.

Navajas describe estos mecanismos en la actual coyuntura argentina y cita una similar experiencia uruguaya de comienzos de los 90. Concluye en que no conviene dejar de lado la recuperación de reservas para acelerar la eliminación de la inflación. En una reciente conferencia el economista uruguayo Ernesto Talvi convalidó esa posición y recordó que en su país llevó varios años reducir la inflación desde dos dígitos a un dígito anual.

La publicación por el Banco Central del programa monetario para 2026 convalida estos criterios. La acumulación de reservas internacionales será consistente con la remonetización de la economía a lo largo del 2026. El escenario base prevé la compra de 10.000 millones de dólares a lo largo del año. Si se produce un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a 17.000 millones sin generar presiones inflacionarias. La prudencia con que se prevé desarrollar la política monetaria se advierte en los siguientes párrafos del citado informe: “El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

Podemos decir que las políticas monetaria y cambiaria están correctamente planteadas. No obstante, cabe señalar que el factor confianza, que como hemos visto es un eslabón de este círculo virtuoso, está sujeto también a otras eventualidades económicas y políticas. La aprobación de las reformas de fondo y la defensa a ultranza del equilibrio fiscal deberán jugar favorablemente y neutralizar el daño sobre la confianza que puede haber producido la decisión que motivó la renuncia de Lavagna, quien en cierta forma respaldaba la seriedad de las estadísticas.

Fuente: La Nación

Ante informaciones que aseguran que el Gobierno ha decidido trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional a los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo, el 10 de junio último opinábamos desde estas columnas que no existe razón valedera para modificar el lugar de custodia de la reliquia.

El sable corvo fue adquirido por San Martín en un pequeño comercio de Londres poco antes de embarcarse hacia Buenos Aires para ofrecer sus servicios en pos de la causa de la independencia americana. Su hoja está confeccionada con acero damasquinado, material resistente con buena capacidad de corte e ideal para la caballería ligera. La empuñadura, de madera de ébano, hace del sable una pieza elegante y a la vez robusta. Su vaina está confeccionada con cuero y bronce.

San Martín llegó a Buenos Aires con este sable que, luego de acompañarlo en sus campañas militares, volvió con él a Europa. Como jefe de Granaderos y comandante del Ejército de los Andes, no ha quedado registro de si utilizó este u otro sable en los combates de San Lorenzo y de Chacabuco; sí se han detectado rastros de sangre en los análisis realizados al arma.

El sable había quedado en su propiedad de Mendoza cuando regresó a Buenos Aires para emprender el viaje a Europa. Una vez instalado en Bruselas ordenó que se lo enviaran.

Legado en su testamento al entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, al fallecer este dispuso que lo recibiera su consuegro Nepomuceno Terrero y luego quedó en poder de Manuelita Rosas y de su esposo Máximo Terrero.

En 1896, luego de las gestiones de Adolfo P. Carranza, fundador del Museo Histórico Nacional, la hija y el yerno de Rosas resolvieron donar el sable a esa entidad. El sable estuvo así en la sede del museo desde 1897.

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El respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos los derechos de propiedad, incluidos el cumplimiento de los contratos cesiones, legados y donaciones, son la base de la seguridad jurídica

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El Museo había sido creado como Museo de Historia de la Capital por quien fue capitán del Ejército Argentino en la Guerra del Paraguay y empresario antes de ser designado cuarto intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Seeber, en mayo de 1889. Dos años después, en 1891, el presidente Carlos Pellegrini decide nacionalizar el Museo. En 1894, el intendente Federico Pinedo adquiere la quinta de Gregorio Lezama para destinarla a parque público y, al año siguiente, el presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu, decide que la mansión pase a ser sede del Museo Histórico Nacional.

En dos oportunidades, el sable de San Martín fue sustraído por militantes de la denominada Resistencia Peronista. Luego de su última recuperación, el gobierno de Juan Carlos Onganía dispuso que su custodia quedara a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner volvió a su sede natural en el Museo Histórico Nacional.

La seguridad jurídica se basa en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular a los derechos de propiedad, incluidos el cumplimiento de los contratos, de las cesiones, legados, donaciones. Por expresa voluntad del general San Martín, el sable pasó a ser propiedad de la familia Rosas Terrero que fue la que lo donó al Museo Histórico Nacional.

Dijo San Martín sobre sus queridos granaderos: “De lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quien los iguale habrá; quien los exceda, no”. Con todo el respeto y afecto que el pueblo argentino tiene por el regimiento de Granaderos a Caballo, creado y entrenado por San Martín como su primer jefe, no puede ignorarse la voluntad de la familia depositaria de esta reliquia por expresa voluntad de su dueño.

El sable no ha podido escapar al uso faccioso de la historia por parte de sectores que no tienen la amplitud de miras necesaria para entender a un hombre que siempre quiso evitar las divisiones y enfrentamientos que tanto han envenenado al país desde sus inicios como nación independiente. Su figura, como afirmara el expresidente Bartolomé Mitre, reviste alcances continentales, no es solo nuestra, y por eso no puede quedar atada a las necesidades de los gobernantes de turno o a las querellas de los gobiernos con sus opositores. Poco han leído sobre San Martín y lo que el prócer escribió muchos de los que quieren relacionarlo con determinadas corrientes ideológicas o partidistas. No debe incurrir en el mismo error el Presidente que, desde que asumió, no es sólo el líder de un grupo político sino también el jefe de Estado y jefe del Estado de todos los argentinos.

Un mandato democráticamente asumido siempre será temporario por lo que no corresponde que ningún gobernante pretenda disponer de símbolos que son ancla fundante de nuestra Nación. Son precisamente estos símbolos los que nos deben vincular por encima de las disputas partidarias en torno al manejo de la cosa pública en tanto constituyen activos intangibles que hacen a la grandeza de una nación como la que habitamos, difusora de las ideas de la libertad y la igualdad que San Martín activamente promovió.

Fuente: La Nación

El sinuoso direccionamiento que luego de 20 años ha mostrado la jurisprudencia sentada por la mayoría de Corte Suprema durante la administración kirchnerista, ha convertido el juzgamiento de los graves sucesos ocurridos en los años 70, en una trágica parodia, que mantiene en alto la inseguridad jurídica del país.

Se destaca en primer lugar el oscuro origen de la doctrina sentada por aquella mayoría, a partir del ataque y posterior desplazamiento compulsivo de varios antiguos ministros del alto tribunal. El objetivo confesado públicamente por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía dos propósitos: la pesificación de la economía y la reapertura de los juicios contra militares por hechos de los 70, objetivo prometido al inesperado socio que se sumaba al proyecto político en ciernes: la izquierda revolucionaria, incorporada prometiendo “el fin de la impunidad de los represores”. Lo que subyacía – descubierto después- era la instalación de un proyecto de poder que se financiaría mediante un sistema de recaudación y enriquecimiento ilegal, especialmente a través de la obra pública. Néstor Kirchner concedería a sus socios el Decreto 1086/05 que a través de su Anexo oculto cambiaría la matriz cultural de la Argentina por la agenda woke que nos regiría a partir de entonces, mientras la educación pública brindaba una nueva versión de la historia reciente, con guerrilleros presentados como jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, mientras se demonizaba a las Fuerzas Armadas y de seguridad y a todos sus miembros. Nacía así el kirchnerismo.

Se pidió el juicio político a toda la Corte, mientras los nuevos socios de la izquierda efectuaban escraches en los domicilios de los jueces. El automóvil que transportaba a uno de ellos fue ametrallado. La nueva conformación necesitaba solo un voto para desnivelar la paridad que impediría volver a juzgar los delitos ocurridos en aquellos enfrentamientos armados. Lo lograron gracias al súbito cambio de uno de los que había desechado tal pretensión en cinco fallos anteriores, el doctor Enrique Petracchi, que cambió su voto solo tres meses después de que el Congreso archivara un pedido de juicio político con el que lo perseguía una comisión integrada, entre otros, por la entonces diputada Cristina Kirchner. Los pronunciamientos de la nueva mayoría para lograr el propósito pretendido por la política, continuaron arrasando, además de la prescripción, otras garantías constitucionales aún más importantes. Declararon que tales delitos eran desde siempre considerados de “lesa humanidad”, una calificación nacida para el Derecho argentino 25 años después de los hechos. Barrieron así con el principio de que “no hay crimen sin ley penal previa”, muralla contra la tiranía. La irretroactividad de la ley penal más gravosa para el inculpado es un principio básico que permanecía, hasta estos fallos, sagrado para el Derecho argentino y sus tribunales. En otro inexplicable giro, la Corte declaró luego que tales delitos no podían ser objeto de amnistías o indultos, desconociendo el perdón otorgado a todos los contendientes por las leyes del Congreso de Alfonsín y los indultos de Menem. Al dclarar inválido el instituto de la “cosa juzgada”, terminaron con con el principio que impide en todo el mundo civilizado que cualquier ciudadano pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

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El kirchnerismo convirtió en parodia el juzgamiento de los graves sucesos de los 70

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No solo saltaron vallas que deberían mantenerse inexpugnables para asegurar el orden cívico y las garantías elementales de los individuos, vigentes solo cuando rigen para todos los ciudadanos, sino que impulsaron injustificadamente el enjuiciamiento solo de los militares -nunca de los jefes políticos que dieron las órdenes- y no de los guerrilleros. Más de 21.000 atentados y crímenes en los que 1094 personas perdieron la vida, quedaron amparados por la prescripción, las amnistías dictadas, los indultos y la cosa juzgada. La persecución judicial se extendió luego, fuera de las jerarquías de las tres fuerzas que habían quedado impunes, alcanzando a todos sus miembros, y los de las fuerzas de seguridad federal y provinciales sin distinción de grados. Tras semejante ofensiva, siguió la colonización de toda la Justicia mediante la creación de la agrupación militante Justicia Legítima promoviendo a sus miembros en puestos claves para servir a sus propósitos.

Los juicios se desarrollaron con una nueva modalidad: dada la “gravedad” de los delitos no existieron más los institutos de eximición de prisión ni la excarcelación. Los imputados permanecen detenidos desde el inicio y mientras duran los juicios, convirtiendo la excepción en una regla solo para esta clase de procesos. Dada la desaparición de pruebas a casi 50 años, se admitieron como válidas e incuestionables las presentadas y se condenó por el reconocimiento fotográfico o la versión de una sola víctima, que en muchos casos identificó a los supuestos autores por su voz, sus zapatos y aun cuando al momento de los hechos tenían apenas 8 o 9 años de edad. Las penas fueron en todos los casos las más severas, sin importar la jerarquía ni el hecho de que ninguno de los procesados tuviera antecedentes delictivos ni antes ni después de aquello por lo cual se los imputó. Las prisiones preventivas se extienden por 10 o 15 años, triplicando las de presos comunes. No hubo para ancianos enfermos ni detención domiciliaria ni salidas anticipadas ni libertad condicional ni otros institutos que rigen para todo ciudadano. La persecución continuó ampliándose hasta nuestros días. Comenzaron con militares retirados que prestaron funciones gubernamentales durante la dictadura; luego incorporaron a civiles, empresarios, opositores políticos, periodistas y dueños de medios de comunicación, exjueces, sindicalistas y sacerdotes como el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, y muchos otros apuntados como objetivos por el gobierno o sus socios de la izquierda.

Además de los juicios tantas veces amañados montaron un escandaloso negocio de millonarias indemnizaciones. Ante la presión de exguerrilleros y familiares de víctimas de los enfrentamientos armados previos a la dictadura militar, comenzaron a abrirse procesos por hechos ocurridos en períodos constitucionales con nuevas detenciones y nuevas indemnizaciones a supuestas víctimas por más de US$3500 millones que desembolsó el Estado. La deriva jurisprudencial ha producido un alejamiento cada vez más elocuente de lo declarado por la Cámara Federal en la sentencia de la causa 13/84. En ella, los jueces declararon que la Argentina se enfrentó a una guerra revolucionaria. Señalaron textualmente: “No puede soslayarse que los hechos objeto de juzgamiento se produjeron en un contexto de violencia generado por la acción de organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la fuerza. Sin esa agresión subversiva, los acontecimientos que aquí se analizan no se habrían producido”. La condena a los comandantes no fue por aniquilar la guerrilla, sino por hacerlo a través de métodos ilegales. Una de las más importantes verdades calladas durante estos veinte años.

Los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y determinados sus derechos en un plazo razonable. Ninguna nación del mundo ha juzgado a las más bajas jerarquías de sus fuerzas armadas y de seguridad en un conflicto armado como lo viene haciendo la Justicia argentina. Tres mil quinientos oficiales y suboficiales han sido encarcelados y ya murieron detenidos 959 imputados, más del 80% sin sentencia firme. Un número mayor que todas las bajas que el ejército inglés nos infligió en la guerra de Malvinas. Nunca debemos olvidar el horror y las trágicas consecuencias del abandono de la legalidad por parte de las juntas militares en el combate contra el terrorismo. La forma que tuvo y tiene el Estado de Derecho de reconocerlas es precisamente la de no caer en la misma claudicación.

Fuente: La Nación

En materia de gestión pública no existe el beneficio de inventario. Cada gobernante y su equipo reciben el Estado en el estado que se encuentra, valga la redundancia. Con todas sus capas geológicas, sus antiguos y más nuevos funcionarios, con sus organigramas y oficinas, sus mañas, sus vicios y virtudes. Y, quizás, más de aquellos que de estas.

Desde 1946, la expansión del gasto estatal quedó fuera de control al poder financiarse con emisión del Banco Central. Entre 1970 y 2023 hubo déficit fiscal durante 43 de esos 54 años (83% del tiempo) y solo nueve con superávit.

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Falta mucho por hacer aún; en nuestro país no se puede cantar victoria antes del tiempo suplementario

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Cuando Javier Milei asumió en 2023, el gasto público ascendía al 50% del PBI por aumento del empleo oficial, de las jubilaciones sin años de aportes y de los subsidios sociales y económicos. El déficit fiscal ascendía al 5% del PBI y la inflación galopaba, disparada al 7% semanal. El estado nacional y las provincias iban de la mano en ese desajuste, absorbiendo aquel el 65% del gasto, las provincias el 30% y los municipios el 5%. En caída libre a la descomposición social.

Nación, provincias y municipios: distintos nombres que pueden confundir, ya que los tres atienden necesidades de todos los argentinos dividiendo sus tareas de forma superpuesta y desordenada. A veces colaborando, a veces tironeando, aunque siempre con el mismo fin de bien común. Pero en algo se suele estar de acuerdo: nadie quiere a “la Nación” como si fuera un territorio separado que quita recursos del conjunto para beneficio de pocos. Sin embargo, de los 148 billones de pesos de gastos del presupuesto nacional (2026), hay 92 billones de pesos para prestaciones sociales; 7 billones para defensa y seguridad y 4 billones para transporte, entre otros. No son para un enclave privilegiado sino para todos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. La diferencia está en “la lapicera” y el poder de decisión sobre los gastos.

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Cuando se ha heredado un país en situación catastrófica, sin ahorro, sin crédito y sin moneda, con la reputación destruida y con juicios en todos los tribunales del planeta, la tarea de la Nación es más desafiante que nunca

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Pocos advierten que la dichosa Nación, más allá de esas cifras, tiene una función especial diferente de las 24 hermanas locales. Su responsabilidad mayor es preservar bienes intangibles bien lejanos al rumor de los campos y al fragor de las ciudades: la credibilidad de las instituciones, el valor de la moneda, la defensa grupal y la inserción en el mundo. Hacer posibles los sueños del conjunto intentado subir a nuestra ajada República, de túnica y gorro frigio, al podio de la prosperidad, el respeto y la admiración globales. Una quijotada que no genera muchos entusiasmos cuando de ajustar se trata

Los gobernadores e intendentes tienen como prioridad gestionar sus provincias y municipios con largueza, pues están cerca de la gente y de sus necesidades inmediatas. De las escuelas, los hospitales, los barrios y los “bondis”. De la producción, las inundaciones, los caminos y los camiones. Para quienes tienen que “poner la cara” todos los días, los recursos nunca alcanzan y las razones, buenas o malas, de la Casa Rosada para retacearlos siempre les suenan abstractas o principistas, ajenas a las urgencias populares.

Cuando se ha heredado un país en situación catastrófica, sin ahorro, sin crédito y sin moneda, con la reputación destruida y con juicios en todos los tribunales del planeta, la tarea de la Nación es más desafiante que nunca, pues debe reconstruir aquellos intangibles sin herramientas, a puro sudor de la frente y con hechos concretos, únicas pruebas creíbles de palabras devaluadas.

Es lógico entonces que las tensiones de la política hagan confrontar esos ¿inútiles? “sacrificios de Abraham” reclamados por los mercados, con las falencias palpables de familias que miran a los ojos de gobernadores e intendentes. La dinámica natural que impulsa a Nación y provincias en sentidos contrarios puede conducir a situaciones perversas donde, de la mejor buena fe, por tratar de lograr lo que cada uno desea, ocurra lo que ninguno se propone.

Pues en la situación crítica que sufre la Argentina, cuyos cimientos institucionales no han sido aún reconstruidos, la creación de confianza es condición precedente para que renazca su moneda, reaparezca el ahorro, ingresen capitales, se reactiven las empresas y ello impulse el consumo, expanda el empleo regular y mejoren los ingresos. Aunque el tucumano Jaldo crea que el peronismo tiene soluciones que el ministro Caputo ignora.

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En la situación crítica que sufre la Argentina, cuyos cimientos institucionales no han sido aún reconstruidos, la creación de confianza es condición precedente para que renazca su moneda, reaparezca el ahorro, ingresen capitales, se reactiven las empresas y ello impulse el consumo, expanda el empleo regular y mejoren los ingresos

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La desconfianza propia y ajena en nuestras convicciones es tal, que son necesarios exabruptos, sobreactuaciones, golpes sobre la mesa y aplausos tan rotundos como los que festejaron el mayor “default” de la historia mundial. Antídotos de similar estruendo para dejar de ser trampera de inversores incautos y convertirnos en la favorita de emprendedores en serio.

Los gobernadores dicen respaldar la reforma laboral, pero a cambio reclaman por rutas nacionales y obras suspendidas. Con seguridad tienen razón, pero para bajar de inmediato la inflación fue indispensable adoptar la regla del déficit cero a rajatabla. No por mandato de la escuela austríaca sino para cambiar drásticamente las expectativas y recomponer los instrumentos mínimos para existir como nación soberana, evitando una diáspora como en Cuba o Venezuela. Pagando sueldos, honrando jubilaciones y manteniendo en marcha los tres poderes del Estado. Como bomberos en un incendio, el Gobierno no fue muy prolijo y cortó donde pudo cortar, apostando a un éxito gradual de su estrategia, reflejado en la caída del riesgo país –que bajó de 2000 en 2023 a menos de 500 en la actualidad– en la formación de reservas y en la demanda de pesos para estabilizar el dólar. Pero en la Argentina no se puede cantar victoria antes del tiempo suplementario.

La pesada carga del país heredado del kirchnerismo afecta a los tres gobiernos por igual y cada uno de ellos intenta acomodarse en un marco de restricciones obligadas, como siempre ha sido. Solo cabe esperar, para que la historia tenga buen final, que todos comprendan que no habrá fondos para reactivar, ni para infraestructura, mientras la política no sea capaz de enviar, al unísono, un mensaje convencido de apoyo al cambio estructural. Será la única forma de lograr que ocurra lo que cada uno desea y que pase lo que todos se proponen.

Fuente: La Nación