Categoría: Entrevistas

La insólita medida del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la novena fecha del torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en repudio por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra aquella entidad por presuntos delitos de evasión impositiva y retención indebida de aportes, configura un liso y llano intento de extorsión por parte de dirigentes que se resisten a ser investigados por la Justicia, encabezados por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Tal decisión resulta vergonzosa, no tan solo porque pretende tomar como rehenes a todos los aficionados al deporte más popular de la Argentina, sino también por la actitud cómplice de la inmensa mayoría de los representantes de los clubes afiliados a la AFA, que con su silencio avalan graves irregularidades en la conducción del fútbol local.

Como hemos señalado oportunamente, que no sea la propia dirigencia de los clubes la que exija la renovación de la AFA revela un tan escandaloso como punible nivel de complicidad. Salvo casos aislados, como el del presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, no se han escuchado cuestionamientos públicos de los dirigentes ante la sucesión de anomalías de las que ha sido protagonista la conducción de la entidad rectora del fútbol argentino. Algo que solo puede explicarse por el nivel de dependencia económica que tienen la mayoría de los clubes de los recursos que manejan Tapia y Toviggino, como por el temor a represalias de quienes han dado muestras de capacidad para manipular arbitrajes. Una frase de Tapia -“Ya fueron por nosotros, pueden ir por ustedes si no hacen algo”- fue la invitación del presidente de la AFA al resto de los directivos a ensayar una defensa corporativa frente a cualquier embate de la Justicia.

---

Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos

---

Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos. Estamos frente a demasiados y contundentes indicios de irregularidades como para que los involucrados en las denuncias puedan esgrimir, utilizando los mismos argumentos empleados por los políticos corruptos, que son víctimas de una “persecución”.

Existen hasta ahora cuatro causas que deberá investigar el Poder Judicial. La primera es por la presunta apropiación indebida de tributos y está a cargo del juez Diego Amarante; la segunda es por el desvío de fondos a través de la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, y está en manos del juez Luis Armella; la tercera es la causa de Sur Finanzas por lavado de activos, a cargo de la magistrada María Servini, y la cuarta se vincula a la lujosa quinta de Pilar, cuyo juzgado debe ser definido por la Cámara Federal de Casación Penal.

Las fechas elegidas para el paro dispuesto por la AFA coinciden con la citación a declaración indagatoria hecha por el juez Amarante a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la entidad, a quienes se investiga por la posible omisión del pago de aportes a la seguridad social correspondientes a futbolistas y empleados, y de retenciones impositivas, por un total que supera los 19.300 millones de pesos.

La suspensión del fútbol no es más que un vil chantaje por parte de quienes pretenden investirse de impunidad frente a hechos sobre los que necesariamente deben brindar explicaciones ante la Justicia. Les guste o no.

Fuente: La Nación

n diciembre del año último, tras recibir varios audios extorsivos, el soldado del Ejército Rodrigo Gómez se suicidó de un balazo en la cabeza en la quinta presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de vigilancia. Tuvieron que pasar varios días para que se conocieran los motivos de tan lamentable deceso. El joven estaba siendo extorsionado económicamente desde una cárcel, donde los presos contaban con complicidad de personas en libertad para cometer las estafas que organizaban por medio de sus teléfonos celulares desde el interior de una celda.

Una vez más quedó expuesta no solo la permisividad del sistema penitenciario -en este caso, el bonaerense-, sino también la complicidad de funcionarios de varios estamentos que no solo facilitan estos crímenes, sino que seguramente reciben parte de lo recaudado de forma ilegal por los presos. Mientras se siga permitiendo el uso de celulares en las cárceles o no se instalen inhibidores de señal, muchas más personas inocentes caerán en las redes de estos delincuentes. Los celulares fueron permitidos durante la pandemia, pero pasó casi un lustro y los siguen usando sin ningún tipo de restricción.

Al soldado Gómez lo hicieron caer en la misma trampa que a otras muchas personas. Conocen a alguien con quien comienzan una relación amorosa, sin saber que esa persona está comandada desde detrás de rejas carcelarias. Los presidiarios crean usuarios de WhatsApp o perfiles falsos en redes sociales que adjudican a mujeres jóvenes, en tanto abren otros personales con las fotos de supuestos policías. Una vez hecho el contacto de la mujer con la víctima -cómplice de los delincuentes-, empiezan a extorsionar al supuesto novio diciéndole que la madre de la chica está decidida a denunciarlo porque es una menor de edad. Por miedo a que sea verdad y no haberlo sabido, la víctima hace transferencias de dinero a los supuestos policías para que no redacten la denuncia o den aviso a la Justicia. La estafa se reitera y, lamentablemente, no muchos se dan cuenta. Trágicamente, como en el caso del uniformado del Ejército, abrumado por las deudas y la vergüenza, decidió quitarse la vida.

Durante una conferencia de prensa a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se anunció el desbaratamiento de ese grupo de presos que habían armado una “Pyme del delito”, tal cual la definieron. Durante la investigación hubo 55 días de escuchas, que abarcaron ocho líneas telefónicas.

En otra oportunidad, otro joven padeció el mismo modus operandi del soldado que se suicidó, pero tuvo la suerte de que su padre se enteró de lo que pasaba y los presos cortaron los pedidos de dinero para que la supuesta pariente de otra menor usada como carnada no hiciera la denuncia claramente falsa. La herramienta utilizada por los presos en ese caso también fue una app de citas. La víctima llegó a realizar dos transferencias de dinero hasta que avisó al padre de la extorsión a la que estaba siendo sometido y, al no seguir depositando, se interrumpió el contacto con los estafadores.

Es necesario que se difundan todas estas aberraciones que se están cometiendo desde las cárceles. Son nuevas modalidades de delito. Los delincuentes ya tienen probado que ya no les resulta rentable la estrategia de los secuestros virtuales, que las potenciales víctimas se dieron cuenta de la mentira cortándoles la llamada, por lo que decidieron reconvertirse generando “creativas” formas para seguir robando.

En enero pasado, por ejemplo, desde la cárcel armaron un sistema de supuestos alquileres de viviendas de veraneo. Los interesados pedían ver fotos y, de gustarles alguna oferta, enviaban una seña que era recibida en cuentas abiertas por los presos. Desde la cárcel les reclaman refuerzos y hasta el pago de seguros a las víctimas, pero las viviendas no existían o estaban ocupadas por sus verdaderos dueños, quienes nunca las habían puesto en alquiler. Los delincuentes llegaron a enviarles a los estafados fotos de ellos mismos riéndose desde sus celdas.

Recientemente, y después de confirmar que el robo sufrido por una persona mayor había sido planificado y dirigido por presos bonaerenses, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, pidió que se prohíba el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos con conexión a internet dentro de los presidios. Otros pedidos similares surgieron desde diversos ámbitos. Urge darles curso, aunque, lamentablemente y conociendo la existencia de esos robos desde hace tanto tiempo, llegaron tarde en el caso del soldado Gómez.

De más está decir que las cárceles deberían ser lugares donde quienes cumplen condenas recapaciten sobre el daño cometido y puedan reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser una pyme de la mafia.

Fuente: La Nación

Un acuerdo de comercio e inversión entre países es casi por definición positivo. Al menos ese ha sido el entendimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon las instituciones que dieron lugar a la globalización moderna y a uno de los períodos de mayor prosperidad económica, como la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Pero todo ha cambiado estos últimos años. La geopolítica, un concepto acuñado por el sueco Rudolf Kjellén a principios del siglo XX, prima en el análisis en un nuevo mundo, dominado por la tensión entre dos potencias, una emergente y otra desafiada, y el gobierno de una que volvió a usar las tarifas como dispositivo de poder internacional.

El acuerdo de comercio e inversión firmado por el Poder Ejecutivo con Estados Unidos se inscribe en ese marco de análisis, y su tratamiento en el Congreso de la Nación seguramente reavive una vieja discusión política con fundamentos históricos, esa que al menos desde 1975 nos lleva de un modelo de apertura a otro de cierre de la economía, sin encontrar un modelo de desarrollo.

Su origen remite a un halo de duda que no puede dejar de mencionarse porque podría haber condicionado las obligaciones argentinas en el acuerdo: aquel préstamo que fue otorgado al país a fines del año pasado, que ayudó a estabilizar el mercado justo antes de las elecciones y en medio de serias tensiones económicas.

---

No debemos caer en la trampa de convertirnos en una simple zona de sustitución de importaciones, en lugar de asegurarnos el tránsito a una plataforma de valor exportable agregado

---

El acuerdo libera las barreras al comercio con Estados Unidos, particularmente las restricciones legales o técnicas para el ingreso de sus productos al mercado local. Jurídicamente implica que tanto licencias de importación como restricciones técnicas aplicables a un producto cualquiera deberán ser otorgadas de manera automática, o que deberán aceptarse las regulaciones técnicas estadounidenses. Es un concepto llamativo desde un doble punto de vista: deberán internalizarse normas extranjeras al derecho local; por otro lado, surge inevitable el principio de nación más favorecida, que justamente sirve de fundamento del orden internacional post Segunda Guerra Mundial y establece que una ventaja a un país se otorga automáticamente a otro miembro del GATT.

En otras palabras, podría ocurrir que este acuerdo sea la base para la derogación de las barreras técnicas del comercio argentino al mundo, con el dominio de normas estadounidenses como marco de referencia jurídico aplicable. Este es uno de los aspectos que mayor análisis merece, por aquello de las consecuencias mediatas que nunca se pueden perder de vista.

La atención del acuerdo está puesta principalmente en los sectores de agricultura, servicios y minerales críticos. Tiene todo el sentido estratégico, por cuanto los dos conceptos de mayor interés en el plano geopolítico son la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Y justamente nuestros productos agrarios y mineros son centrales para el logro de esos objetivos. No está mal, siempre y cuando no caigamos en la trampa de convertirnos en una simple zona de sustitución de importaciones, en lugar de aseguramos el tránsito a una plataforma de valor exportable agregado. Sin eso, estamos condenados a repetir errores históricos tan inaceptables como indignos. Y algo más: que este acuerdo no limite nuestras opciones en el nuevo mapa geopolítico mundial, especialmente tomando en consideración dos alianzas centrales, el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur.

Con estos recaudos, este tipo de acuerdos puede sentar las bases para una integración inteligente de la Argentina al mundo. Justamente en tiempos de dislocaciones y reacomodamientos geopolíticos, en donde la política exterior inteligente puede sentar las bases para nuestro ansiado desarrollo.

Fuente: La Nación

4

---

Seguir

La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, planteaba en agosto pasado que el crecimiento de la población de perros en la ciudad “es un problema de Estado”, una realidad compartida en las grandes ciudades del mundo. Sus observaciones surgieron luego de un informe oficial sobre fecundidad en la ciudad de Buenos Aires realizado por el Instituto de Estadística y Censos local (Idecba) que confirmaba una tendencia: menos hijos a edades más tardías, traducido en el aumento de animales de compañía y un auge de la “humanización” de las mascotas.

En el último tiempo, varios colectivos juveniles han adoptado disfraces y conductas para asimilarse a animales, en una suerte de “animalización” de los humanos que plantea una corriente inversa. De no haber tenido la posibilidad de verlos en vivo, en las redes hay videos mostrándolos reunidos en plazas y espacios al aire libre, en cuatro patas, con máscaras y colas, ladrando, maullando, imitando a gatos, zorros y perros, jugueteando entre ellos o con animales verdaderos. Incluso, a modo de espectáculo, estos denominados therians participan de absurdos desafíos como el de tomar carrera para saltar obstáculos en sus cuatro patas, rodeados de gente que aplaude y celebra los insólitos espectáculos.

Dentro de estas nuevas tribus urbanas -aunque reniegan de serlo- hay también poli therians, aquellos que se identifican con más de un animal y “furris” (pelajes), un hobby más relacionado con disfraces o personajes antropomórficos. Su identidad puede no interferir con su vida escolar o sus rutinas; muchos incluso temen mostrarse caracterizados por temor al rechazo.

En esta época atravesada por el contacto digital, comunidades enteras comparten sus “vivencias identitarias”, testimonios, reflexiones y consejos, además de promover conocerse en encuentros en distintos lugares del país que refuerzan su sentido de pertenencia. Incluso, ha surgido una escuela de therian para aprender a serlo. La “teriantropia” nació online en Los Estados Unidos, en 1990 como una experiencia de usuarios deseosos de expresar “identidades no humanas”, un fenómeno que se extiende por el mundo.

Escuchar las motivaciones de los protagonistas de estas tendencias podría ser hilarante si no fuera también un llamado de atención para los adultos. Tamaño nivel de confusión respecto de la propia identidad responde sin duda a años de discursos sobre el valor de la autopercepción más allá de la realidad biológica, a la falta de referentes reales o simbólicos y a algún nivel de vacío a la hora de buscar pertenecer a un grupo en una necesidad propia de la edad.

En los 2000 fueron los floggers y los emos. Hoy la experiencia de adolescentes y jóvenes se reorganiza en plataformas digitales y se traduce en movimientos inspirados en animales. Diferenciar entre lo lúdico y lo conductual es importante, tanto como asumir que estamos ante modalidades que deberían ser transitorias.

Fuente: La Nación

Cuando terminó la feria judicial de enero y se retomaron las audiencias virtuales de la causa Cuadernos, el 3 de febrero se dio inicio formal a una etapa técnica en la que las defensas de los imputados plantean las llamadas “cuestiones preliminares”. Se trata de un momento en el que los abogados interponen mecanismos de defensa y se plantean antes del juicio principal para resolver obstáculos formales o excepciones, como la falta de competencia del tribunal y nulidades, entre otros recursos.

Carlos Beraldi, el defensor de Cristina Kirchner monopolizó el inició la rueda. Y fue entonces cuando volvió a reeditar viejos y remanidos cuestionamientos sobre cuestiones que lo han convertido en un gran perdedor procesal. De hecho, desempolvó varios puntos en los que no ha dejado de sumar derrotas desde la primera instancia judicial hasta la Corte Suprema. Por ahora, todos los planteos ya fueron resueltos.

Uno de ellos, por caso, es el ataque a la figura del “imputado colaborador” o arrepentido, como se los conoce. Este punto fue tratado en la causa y sus argumentos se desecharon en todas las instancias judiciales, de la primera a la última. También anunció el pedido de la nulidad de lo actuado hasta el momento y lo hizo a partir de una circunstancia novedosa: la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, en la causa seguida a Marcelo D’Alessio.

Ese proceso se inició ante el Jugado Federal de Dolores, por entonces a cargo del cuestionado magistrado Alejo Ramos Padilla. En aquel expediente, D’Alessio procuraba extorsionar con fines de lucro a determinadas personas fraguando contar con incidencia supuesta sobre el destino de ciertas causas penales. Y, para hacerlo, simulaba ante sus víctimas una influencia con la que definitivamente no contaba. Tanto es así que, si bien el juez federal de Dolores vinculó como imputado al inicio del proceso al fiscal de la causa Cuadernos, Carlos Stornelli, más adelante, tanto fiscales como magistrados -la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y luego la porteña- lo desvincularan del expediente. Primero se dictó falta de mérito. Los sobreseimientos posteriores fueron confirmados en las instancias revisoras hasta la Corte de Justicia de la Nación. Todas esas resoluciones quedaron firmes y con carácter de cosa juzgada. Sin embargo, a lo largo de toda su extensa alocución al retomarse el juicio oral, Beraldi describió los hechos de aquella sentencia dictada contra D’Alessio como si hubieran sido cometidos por Stornelli en calidad de autor y que D’Alessio se hubiera tratado de su emisario.

Beraldi repitió una y otra vez que él no hacía “ninguna conjetura” y que todo esto “surgía de la sentencia (…) Son tan terribles las cosas que estoy contando que hasta me avergüenzo yo de ver hasta qué nivel se llega”, dijo desvergonzadamente. Así, el abogado de Cristina Kirchner ocultó una y otra vez a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 la verdad de lo ocurrido. Por mucho menos que lo hecho por este abogado, en un tribunal de los Estados Unidos se lo privaría de la matrícula de abogado.

Litigar en los tribunales no permite a los abogados engañar a los jueces. En nuestro sistema, solo los imputados gozan del principio de “incoercibilidad” y no están obligados a decir la verdad, pero los abogados deben actuar con lealtad procesal, probidad y buena fe, todos ellos atributos de los que careció el encendido discurso retórico de Beraldi, esforzado en mostrar como dotados de gravedad institucional a lo que no fueron sino hechos de un particular -D’Alessio- en los que el fiscal Stornelli no tuvo participación punible alguna.

Tan poco ético fue el letrado que, al cerrar su alegato, no se privó de pedir la nulidad de lo actuado sobre la base de lo que -según sus dichos- sería “la acusación de un fiscal [Stornelli] que comete este tipo de actos con todas las irregularidades que vimos…”. Beraldi habló también de la “estafa de los arrepentidos”, pero en esa exposición la única estafa fue lo que él les ocultó a los magistrados que pacientemente debieron escucharlo.

Además de la oprobiosa estrategia de Beraldi, los abogados de Roberto Baratta y Julio De Vido apuntaron a la prueba. Una vez más hablaron de la veracidad o no de los cuadernos y volvieron sobre la declaración del chofer Oscar Centeno cuando dijo que había quemado ese material, pese a que después apareció. Los letrados nada dijeron que antes de que empiecen las audiencias, el Tribunal encargó un peritaje sobre los originales que fue presentado en agosto del año pasado. Se trata de un proceso científico y no de una mera interpretación de dichos. Esas pruebas confirmaron la autenticidad de los “cuadernos de las coimas”, determinando que Centeno fue el autor principal de los textos que detallan la red de sobornos que tiene como principales acusados a funcionarios de aquel gobierno. De eso no hablaron.

Como se dijo, la etapa de cuestiones preliminares es un paso necesario para depurar el proceso. En este caso, salvo que aparezca algún hecho nuevo, todo ya ha sido resuelto en instancias previas. Pero el derecho argentino es así: da oportunidad a los abogados de argumentar las mismas cosas en diferentes momentos del juicio, aunque los que vociferan en voz alta una y otra vez las mismas cuestiones, como por caso Beraldi, acumulen años de derrotas procesales.

Fuente: La Nación

Días pasados, el gobierno porteño informaba sobre la recuperación de un predio ilegalmente ocupado por la Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois. Por la misma senda de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el jefe de Gobierno local entró también en un contrapunto con el irascible personaje en torno a la baja de 40 “comedores fantasmas” vinculados a su organización.

Grabois dice defender y representar causas de cartoneros, recicladores, talleres textiles y vendedores ambulantes, entre otros sectores que lo reconocen como su líder, mientras él solo manipula los hilos con la habilidad de un titiritero. Es así que algunos enardecidos militantes, comprobadamente ligados a él, llegaron la semana última al Congreso en ocasión del debate por la reforma laboral en el Senado con el propósito de arrojar bombas molotov y enfrentar a las fuerzas de seguridad. En respuesta a ello, el Gobierno confirmó que presentará una denuncia penal por terrorismo contra los acusados, pues no solo agredieron a los agentes, sino que fueron parte de una acción organizada para desestabilizar el orden constitucional. Incomprensiblemente, Grabois los felicitaba desde su banca e insultaba a sus pares dentro del recinto

Eso sí, al elevarse la temperatura del debate parlamentario y ser él el cuestionado, no trepidó en pedir que se reflotara un proyecto de su bloque para que altos funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a un narcotest, propuesta que fue bienvenida por el sector de La Libertad Avanza. No hay chicana sin contrachicana. Lamentablemente, ese interesante proyecto fue usufructuado para desviar la atención al introducirlo durante la sesión en la que se discutía la suba de la edad de imputabilidad penal.

El diputado piquetero opera, digita, da órdenes y enardece a sus huestes con su agresiva verba evitando asumir cualquier responsabilidad formal. No figura en los papeles de estas fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas o federaciones ni siquiera como integrante, mucho menos como autoridad. Nunca se verá su firma, a pesar de ser abogado. Recoge beneficios y no asume riesgos ni paga costos.

Tanto es así que no asumió ningún cargo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como sí hicieron otros piqueteros, hoy obligados a dar explicaciones ante la Justicia por haberse ubicado a ambos lados de un rentable mostrador, favorecidos por un festival de dineros públicos discrecionalmente distribuidos desde el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) entre personas jurídicas carentes de antecedentes que las avalaran, depositarias de miles de millones de pesos del erario público y en forma exprés.

El titiritero no es un improvisado jugándose una patriada en solitario, como le gusta decir y pretender hacer creer. Tiene un ejército de abogados, contadores y personas de su confianza que se encargan desde las sombras del seguimiento de las organizaciones que maneja; algunas de esos colaboradores fueron astutamente designados en el Estado, en lugares fuera del radar de los medios.

Es tan claro y burdo su juego que cuando arreciaron las críticas sobre el manejo de los fondos del FISU, manifestó que no tenía nada que ver, puesto que no había sido funcionario público. Cierto es que no cometió el error de ubicarse de los dos lados del mostrador. Le bastó con situarse por encima, manejando a sus marionetas y apelando a fueros para sí y para algunos acólitos desde su banca de diputado.

El padre de este acérrimo defensor del ideario que sostiene a las dictaduras de Cuba y Venezuela, Roberto “Pajarito” Grabois, fue un reconocido militante del Frente Estudiantil Nacional que, por orden de Juan Perón, se fusionó con Guardia de Hierro en lo que fue la Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG), una herramienta para oponerse a Montoneros y respaldar el verticalismo hacia Perón, primero, y hacia su viuda, después.

Padre e hijo comparten una vocación por alinearse con el poder de turno. El progenitor, que procedía de la izquierda, llegó a aliarse con la derecha peronista más recalcitrante por orden de Perón. Su hijo Juan, quien dijo que jamás votaría al “cagador” de Sergio Massa, no dudó al darle su voto respondiendo a la orden de la propia Cristina Kirchner.

La impostada verborragia y su violento histrionismo a la hora de defender la causa de los pobres le ha servido para engañar a quienes lo perciben como alguien dispuesto a ofrendar la vida en pos de su ideario. Basta rascar un poquito para que se salte la pintura, revelando la terrible cobardía de quien siempre evitará poner el cuerpo, moviendo los hilos para que se inmolen otros.

Fuente: La Nación

No hubo sorpresa. Lo que las encuestas de opinión pública revelaban como una de las mayores preocupaciones de la sociedad argentina en la actualidad se vieron reflejadas en uno de los más respetados indicadores internacionales.

El ranking de percepción de la corrupción, que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI), desde hace 30 años, no trajo buenas noticias. La Argentina retrocedió otra vez en la última medición, que corresponde a 2025. Obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100.

Lo que es considerado un mal endémico de nuestro país, que corroe instituciones, personas y bienes públicos y privados, como parte esencial del largo proceso de decadencia nacional, no ha mejorado durante la primera mitad del mandato presidencial de Javier Milei. A pesar de su promesa de cambiar de raíz muchas de las deficientes y degradadas estructuras, prácticas y funcionamientos políticos, económicos y sociales. Y aunque en muchos aspectos lo venga haciendo.

Lo que refleja el índice de Transparencia Internacional y que se corresponde con hechos concretos, escándalos de público conocimiento y decisiones de gobierno adoptadas en este período es que la transparencia de la gestión pública, que tuvo su período más oscuro durante los cuatro gobiernos kirchneristas, sigue arrojando un resultado altamente deficitario. Lo más preocupante, sin embargo, tal vez no sea eso sino que hay, en opinión de los expertos, preocupantes indicios de retroceso estructural, que podrían agravar la situación antes que revertirla.

Índice de Percepción de la Corrupción 2025Niveles percibidos en el sector público en 182 países/territorios

Fuente: Transparencia Internacional   

La corrupción en la Argentina es, como ya se ha dicho reiteradas veces, un problema endémico, que se expande y no encuentra frenos, a pesar de algunas mejoras circunstanciales y de la adopción de medidas y la creación de organismos que en algunos períodos dieran marco institucional en busca de mayor transparencia.

Las líneas de tiempo son elocuentes. En los últimos seis años el país volvió a deslizarse sostenidamente por el tobogán, luego del ascenso registrado en el trienio 2016-2019 y después de los pronunciados aplazos de los períodos krichneristas.

Por eso, además de los recientes y preocupantes escándalos que rozaron y rozan al actual gobierno, como el caso $Libra, lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o el pago de sobreprecios por parte de la empresa que controla las centrales nucleares y que terminó con la renuncia del economista y amigo de Milei, Demian Reidel, lo más inquietante resulta lo ocurrido en el plano normativo y funcional.

Las limitaciones impuestas por un decreto presidencial a la ley de acceso a la información, en septiembre de 2024 marcaron el comienzo de un camino que hasta aquí concluye, pero no termina, en el retroceso registrado en el ranking de Transparencia Internacional.

Esa limitación, a juicio de expertos como Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, que es la representación argentina de TI, tiene una significación superlativa, ya que se considera que su creación en 2016 fue oportunamente el gran motor de la mejora registrada en el ranking, durante la gestión de Mauricio Macri.

Otro tanto ocurre actualmente con la declinante actuación, parálisis, vaciamiento o descabezamiento de organismos de control y persecución de hechos irregulares, como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación o la Unidad de Información Financiera.

A eso debe sumarse, y en lo más alto de la pirámide, la situación del Poder Judicial, cuyas falencias y debilidades lejos han estado de ser subsanadas, sino que en buena medidas se han ahondado.

Solo basta con tomar en cuenta la falta de acción efectiva para cubrir las vacantes en la jurisdicción, que van de más 150 hasta tres centenares, según qué cargos se contemplen. Para no hablar de la frustrada intención de llevar a la Corte Suprema de Justicia a uno de los jueces federales más cuestionados como Ariel Lijo, en cuyas manos acaban de recaer algunos de los casos más resonantes de corrupción ocurridos durante la actual gestión.

Al mismo tiempo, resulta seriamente preocupante y motivo de reproche también en este plano el hostigamiento y el ataque sistemático contra el periodismo ejercido desde lo más alto del poder político. El trabajo periodístico ha sido en los últimos 30 años, y sigue siéndolo en la actualidad, el punto de partida de la mayoría de las investigaciones judiciales y condenas en casos relevantes de corrupción.

Así, los intentos de control, silenciamiento y censura que derivan de esa sostenida embestida, propiciada y amparada desde la cima del Poder Ejecutivo, no pueden entenderse sino como otro retroceso en materia de transparencia, además de una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esa situación ha hecho que hoy nuestro país se encuentre bajo observación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y generado diversos pronunciamientos en el plano internacional.

El deterioro de ese andamiaje solo puede augurar, entonces, tiempos no menos difíciles en materia de transparencia y progreso, ya que solo el buen funcionamiento de las instituciones permite abrigar la esperanza de una reversión de este mal endémico que solo ha provocado el empobrecimiento material y moral del país de manera constante y sostenida hasta niveles inaceptables. Los recurrentes aplazos nos alejan de la recuperación deseada por todos.

La preocupación ciudadana o la buena voluntad de algún gobernante presuntamente iluminado y honesto nunca son suficientes ni soluciones duraderas. Como muestran las encuestas, la inquietud social tiene sesgos y es un alimento de la polarización. El corrupto siempre es el otro. Y, como la historia indica, el poder corrompe y el poder sin límites corrompe ilimitadamente.

Fuente: La Nación

La ausencia del sentido de las proporciones del gobierno de Javier Milei será uno de los capítulos de actualidad argentina en que hurgarán los historiadores de las próximas generaciones. Buscarán, seguramente, respuesta a la asimetría entre el esfuerzo por lograr cambios fundamentales en el comportamiento del Estado, llevándolo a una modernización que se añoró por años, y la confusión con la que perturba la dirección de aquel camino con asuntos contradictorios, ajenos, a su objetivo fundamental.

Estamos en una hora de contagios mundiales propagados por el perfil de políticos inimaginables en el pasado. Solo gente con un carácter muy especial, por decirlo de la manera menos incómoda para todos, podría haberse atrevido a la reconversión del mundo en maniobras tan audaces y vertiginosas y, en muchos casos, sorprendentes como las que vemos.

Van en tren de dejar como una antigualla detestable los excesos del progresismo que debutó proyectando el Estado de Bienestar Social y derivó en la voluntad de destruir cuantas convenciones había en pie. Lo hizo con excesos en las novedades que introducía en materia de igualdad de géneros, en incontinente creación de aparatos estatales que asfixiarían la iniciativa privada, en la petulancia para deformar lenguas ancestrales con el desconocimiento de la historia y la cultura.

De forma que debemos ocuparnos hoy, en medio de innovaciones históricas, del engendro farragoso que es la Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Lo imponen una cuestión de principios sobre el papel del Estado y la libertad de prensa que impiden postergar el juicio sobre el caso.

Es una pena tener que referirse a esta aventura innecesaria y peligrosa en circunstancias en que el Gobierno ha avanzado hacia la sanción de una reforma laboral impostergable para la modernización del país y en temas penales como la disminución de la edad de inimputabilidad, de enorme importancia en el fenómeno de los jóvenes arrastrados como pantallas para el delito por bandas que violentan a diario la seguridad en amplias franjas ciudadanas. Todo eso a días de haberse acordado las bases de una política de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea en nuestra condición de miembros del Mercosur.

El periodismo siempre cometió errores, como es propio de todo oficio y, es más, del género humano. Las leyes ordinarias prevén las sanciones concordantes para los daños que se causen, tanto por equívocos como por actitudes dolosas, aunque lo hagan aquí a través de una justicia morosa, con más dilaciones que las del árbitro riguroso y puntual sobre la confiabilidad de los medios que son las audiencias.

El Presidente ha designado para regentear la Oficina de Respuesta Oficial al director nacional de Comunicación Digital, Juan Carreira. En el currículo oficioso de Carreira se anota que es, en realidad, el tuitero Juan Doe, integrante de las Fuerzas del Cielo del asesor presidencial Santiago Caputo. O sea que es un hombre de las redes fanatizadas que establecieron un nuevo modelo de hacer política. Somos nosotros quienes preguntamos: ¿está dispuesto el señor Carreira a decirnos las veces que insultó, valiéndose del anonimato privilegiado por las nuevas tecnologías de la comunicación, a periodistas y políticos? ¿Es esa su credencial para el ejercicio de las nuevas funciones?

---

El problema no es el periodismo; el problema es el Estado que procuró silenciar al periodismo en las décadas de auge de los movimientos de izquierda y ahora pretende cercarlo desde la derecha emergente, con líderes narcisistas que llegan al colmo de irritarse tanto por una crítica como por suponer que tienen el derecho a investirse con un premio nobel

---

No caeríamos en el en el exceso de sugerir que la Oficina de Respuesta Oficial trae remembranzas de la Policía del Pensamiento, la organización concebida por Orwell en 1984, celebridad de la novelística del siglo XX donde se castigaba con secuestros y torturas por delitos cometidos con la mente. Lejos de constituir una obra de mera ficción, 1984 fue el anatema implacable contra los despotismos absolutos de su época. Es suficiente con que acompañemos a ADEPA cuando esta semana dijo: “El Estado es fuente de información, no árbitro de la verdad pública”, según ha establecido la constitución chavista al conferir garantías solo para “la información veraz”.

El problema no es el periodismo; el problema es el Estado que procuró silenciar al periodismo en las décadas de auge de los movimientos de izquierda y ahora pretende cercarlo desde la derecha emergente, con líderes narcisistas que llegan al colmo de irritarse tanto por una crítica como por suponer que tienen el derecho a investirse con un premio nobel. ¿Hubieran pataleado de ese modo Tolstoi, Proust o Borges por habérseles retaceado una distinción de esa naturaleza a pesar de sus obras gigantescas?

Suponemos que no hay riesgos de que Milei pretenda, por la fuerza del mimetismo, asociar su nombre al del viejo Teatro Cervantes, de propiedad del Estado nacional. Si lo hiciera desperdiciaría una nota de diferenciación con la casta kirchnerista que llenó el país con monumentos de un presidente a quien la historia denostará por haber inaugurado la más desfachatada era de corrupción pública en la Argentina.

Hemos anotado hasta aquí 18 respuestas del Gobierno a informaciones periodísticas que la oficina de Carreira consideró tendenciosas, por falsas o erróneas. En algunos ítems quedó con el pincel en el aire, como en el reproche, al que se sumó Milei, a un redactor de LA NACION por un título que reproducía palabras de una exfuncionaria del Indec.

El Gobierno tiene la oportunidad de lucirse en asuntos más interesantes para la opinión pública. Milei dijo en dos entrevistas que cuando el 14 de febrero de 2025 tuiteó el código alfanumérico de 42 caracteres de $Libra se limitó a copiarlo de internet. Ahora, por expertos informáticos, se sabe que cuando tuiteó aquel código todavía este no figuraba en ningún lugar de internet. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué?

Algo más: todavía está sin rectificarse la negación de voceros del Gobierno de que hubiera entrado en el país sin control en febrero de 2025 el equipaje que traía en el avión de Leonardo Scatturice una de sus empleadas. El periodismo ha hecho saber que las imágenes de los controles aeronáuticos de seguridad dicen lo contrario. ¿Qué dirá el exégeta de la oficina de respuestas oficiales?

Hoy, por añadidura, debemos preguntarnos dónde está la clase política que debería categorizar como corresponde a la mentada oficina de respuestas de Milei. En otros tiempos esa clase política defendía la libertad de prensa de las amenazas de Cristina Kirchner con la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a cargo de Ricardo Forster, miembro de los fanáticos de Carta Abierta, y las de Alberto Fernández con el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica. ¿Dónde están, insistimos, los políticos y legisladores que en su momento salieron al cruce del kirchnerismo por esas fantasías grotescas y hoy se ocultan como perdices a fin de evitar una palabra de crítica al gobierno de La Libertad Avanza, al que se han sumado en dispersa manada?

¿Tienen miedo de la ira fácil del Presidente? No es una pregunta ociosa. Después de días de haber circulado por diferentes medios que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, había advertido a legisladores oficialistas que los proyectos de ley que envía el Presidente primero se votan y luego se leen, se conoció la poco verosímil interpretación de uno de esos legisladores de que se trataba de una mera chanza. ¿Chanza?

Fuente: La Nación

ck1

---

Seguir

Desde hace algunos años, diversos acontecimientos de alcance internacional han generado ciertas interferencias en el comercio transfronterizo entre países. Desde el Brexit, pasando por la pandemia del Covid-19, siguiendo por la invasión a Ucrania y su impacto en el Mar Negro y -por otro lado- las distintas agresiones en el Mar Rojo y el Canal de Suez, continuando con las reacciones regulativas ante el cambio climático y terminando por recientes decisiones públicas distorsivas para los negocios, motivadas por razones geopolíticas en diversos puntos del planeta y, en particular, la llamada “guerra arancelaria” impulsada por el presidente Donald Trump. son muchos los hechos que han llevado a organizaciones, autoridades, analistas y estudiosos a suponer que el comercio internacional en el planeta se reduciría ante las mayores dificultades. Sin embargo, el comercio internacional global se ha mantenido resiliente.

Un reciente trabajo publicado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo proyecta que en el año último el comercio internacional planetario superó los 35 billones de dólares por primera vez en la historia, logrando un récord que surge de un aumento interanual de unos 2,2 billones de dólares (alrededor del 7% en comparación con 2024). Según esa organización, el comercio de bienes representa aproximadamente 1,5 billones de dólares de ese incremento, mientras que el de servicios creció en torno a 750.000 millones de dólares, es decir, cerca del 9%.

Así, aunque parezca contraintuitivo, los flujos comerciales se mantuvieron intensos y llegaron al récord histórico. Y ello ocurrió por diversos motivos. Por un lado, el comercio entre economías en desarrollo –conocido como “comercio Sur-Sur”– se expandió alrededor del 8% en los últimos cuatro trimestres, mostrando una creciente intensidad en las regiones en desarrollo, especialmente, las exportaciones de Asia Oriental que registraron el mayor crecimiento en los últimos cuatro trimestres: 9%, con un crecimiento del comercio intrarregional del 10%.

Por otro lado, la reconfiguración de cadenas internacionales de valor en busca de mayor seguridad generó desplazamientos de mercados que mantuvieron la intensidad en vínculos comerciales.

Adicionalmente, la imparable revolución tecnológica, que es sustancialmente internacional, generó que el intercambio suprafronterizo de manufacturas creciera un 10% en los últimos cuatro trimestres, especialmente debido al crecimiento del comercio de electrónicos, que lideró esa alza con el 14% durante el mismo período, impulsado por una fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial.

A ello hay que añadir que numerosas empresas globales han desarrollado capacidades de resiliencia en sus propias organizaciones o en sus redes de valor, lo que les ha permitido una adaptación relativa a las nuevas circunstancias. Ello ha llevado a que, a pesar de las dificultades crecientes, el comercio agrícola creciera 6% en los últimos 4 trimestres medidos y el comercio de hierro y acero (también impulsado por la revolución tecnológica) se elevara 40% en el último plazo diagnosticado.

Un motivo relevante que explica este paradójico récord mundial de intercambios comerciales es el constante avance en la cantidad de acuerdos de ese tipo entre países, a los que la Organización Mundial de Comercio llama “acuerdos comerciales regionales. Este tipo de pactos, que integran mercados selectivamente, eliminando o reduciendo dificultades para el intercambio comercial entre quienes operan dentro de las áreas cubiertas por ellos, continúa siendo el principal instrumento de proliferación de incentivos al comercio. Según la Organización Mundial de Comercio, ya están vigentes 381 pactos de este tipo en el planeta y, desde la pandemia hasta hoy, se han celebrado 70 nuevos. Estos espacios de integración contrastan con las restricciones que surgen de tensiones geopolíticas o regulativas, y producen un escenario binario: reducción de comercio entre países enfrentados por tensiones de diversa índole e incremento del comercio entre quienes se alían por medio de pactos.

El mundo asiste a profundos cambios. Hoy, un debilitamiento del sistema de reglas globales nos aleja del viejo propósito de una globalización universal e indiscriminada. Pero, ante este escenario, la acción de numerosos países que en un proceso contrario a los más conflictivos se acercan entre sí, así como la de las empresas que desarrollan una poderosa capacidad de avance tecnológico y de nuevos modelos de organización y relacionamiento que les permiten enfrentarse a la adversidad regulativa en frontera, han logrado que, hasta ahora, la internacionalidad del comercio perviva y, aun más, crezca.

Un mundo basado en instituciones y reglas universales debe seguir siendo reclamado. Pero, mientras corren tiempos complicados para eso, la realidad exhibe que la intencionalidad en los negocios no se detiene.

Fuente: La Nación

“Gobernar es explicar”. Así lo repetía el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso al señalar la importancia de una comunicación constante y pedagógica de las decisiones de gobierno para construir legitimidad, gestionar expectativas y abrir camino a los cambios necesarios en contextos complejos.

En la Argentina actual, ese consejo es más necesario que nunca. El país atraviesa una transformación profunda luego de 80 años de decadencia, salvo fugaces intervalos lúcidos. Sin embargo, pocos dirigentes comprenden la dificultad de la transición, los riesgos que todavía se corren y el peligro de fracasar, regresando a la nefasta experiencia de 2001. Actúan como si todo estuviera solucionado y se quejan como si ya hubiera llegado el tiempo de cosechar.

Han sido 80 años cimentando un país improductivo, sin inserción internacional, con una mochila de 4 millones de empleados públicos y 10 millones de miembros de la clase pasiva. Poco aportan los 4 millones de monotributistas, el millón de autónomos, o los 5 millones de la “economía popular” para cargarla. Solo son 6,3 millones de asalariados en el sector privado y muchos de ellos en empresas que también tienen sus barbas en remojo. Esa distorsión es la raíz de nuestros males: déficit, inflación, carencia de confianza y de moneda, y crisis de balanza de pagos.

Reducir el tamaño del Estado, abrir la economía, eliminar privilegios sectoriales, modificar el régimen laboral, quitar cajas a los sindicatos y exigir competitividad es un desafío hercúleo que también afectará a gran parte de los argentinos de a pie, por el entretejido de proveedores y servicios que ligan quehaceres muy distantes. No sirve pelearse con los “gordos” de la CGT o con gremialistas fabriles, pues nada hay que explicarles. Crearon sus privilegios y quieren mantenerlos a toda costa.

En cambio, debe dirigirse la mirada a toda la población, pues para ella se gobierna. Es necesario que se entienda la razón de los trastrueques y lograr que se enamore de un futuro mejor para sus hijos. Explicar con convicción, con empatía, con voz pausada y emoción compartida. No son virtudes de los llamados Gordo Dan y Juan Doe, más listos para refutar que para enamorar.

¿Por qué la apertura no es gradual? Porque nuestro país carece de moneda y necesita un shock de confianza para detener la preferencia por el dólar. La experiencia indica que el gradualismo es solo demorar para no hacerlo nunca. Abrir de inmediato es un mensaje político de que, esta vez, el cambio ocurrirá.

¿Por qué no se recupera el empleo a pesar de que ya ha habido reformas? La decisión de aumentar capital de trabajo y personal depende de la confianza en la perdurabilidad de las medidas, no del texto de las normas. No es automática. Como la demanda de moneda, para emplear se necesita confianza.

---

La decisión de aumentar capital de trabajo y personal depende de la confianza en la perdurabilidad de las medidas, no del texto de las normas

---

¿Por qué Milei no corrige el atraso cambiario? Es la herencia de mantener millones de empleados públicos con remuneraciones altas en dólares respecto de la productividad de la economía. Ello arrastra los sueldos del sector privado por los convenios únicos por rama de actividad, ajenos a las posibilidades de cada empresa. Suele ocurrir en los programas de estabilización cuando el dólar se “plancha” y aquellos sueldos, definidos por la política, continúan ajustándose por la inflación remanente. Al no haber moneda, no es posible licuarlos con devaluaciones sin caer en corridas cambiarias. La única solución es lograr consensos para bajar el sempiterno “costo argentino”.

¿Por qué no se reduce la presión fiscal para que las empresas puedan competir? La carga impositiva nacional está condicionada por el empleo público, las pasividades y los subsidios. Como no es posible disminuir de golpe la cantidad de empleados ni de jubilados ni atrasar sus ingresos, lo importante es aumentar la recaudación con mayor actividad y regularizar el empleo. Nuevamente, la falta de confianza demora la reactivación y ello se agrava con las tramoyas del peronismo y la CGT para bloquear los cambios.

¿Por qué no se crea una red de seguridad para quienes perderán trabajos por la apertura económica y la reducción del gasto estatal? Para ello se necesitan recursos financieros y la Argentina no tiene moneda, ni ahorro interno, ni acceso al mercado internacional. A duras penas puede mantener el déficit cero a pesar de los reclamos de gobernadores, sindicalistas y políticos. No se puede demorar la apertura hasta que crezca la actividad, pues ella depende de la confianza y, esta, de los cambios estructurales, incluso la apertura.

La mayor parte de los empresarios quejosos han vivido durante 80 años con este modelo y nunca advirtieron a los gobiernos que, a la larga, sería insostenible. Tampoco acerca del costo laboral, pues en economía cerrada todo se traslada a precios. Siempre lo supieron; su pecado original. Ahora sus cámaras deberían presionar a gobernadores y legisladores para que reduzcan impuestos y tasas y bajen gastos en lugar de hacer lobbying para evitar lo inevitable.

La Argentina es como una gran patera en el Mediterráneo, de fondo plano y sin quilla, llevando 47 millones de refugiados a quienes nadie cree porque han mentido, falseado estadísticas, violado contratos e incumplido obligaciones. Es cierto que otro barco vendrá en su ayuda con divisas de energía y minerales, pero recién llegará en cuatro años. Entretanto, la patera puede hundirse, pues nadie la quiere recibir en sus costas. La única solución es que algún país le “tire un cabo” para darle credibilidad a pesar de su frondoso prontuario.

Pero su tripulación es tan necia, que, cuando llega un cabo de los Estados Unidos en la forma del acuerdo de comercio e inversión, en lugar de celebrar, cuentan las obligaciones de cada parte mientras la patera hace agua. ¿Desbalance de reciprocidad? Quienes buscan el pelo en la leche provocaron la huida de esos refugiados con el default, la incautación de las AFJP, las jubilaciones sin años ni aportes, la explosión del empleo público, la expropiación de YPF y tantos otros daños a la credibilidad del país y la valía de su moneda.

Todo eso debe explicarse de forma constante y pedagógica, como bien lo dijo el expresidente brasileño. Quizás lo haga la Oficina de Respuesta Oficial educando al soberano. De lo contrario, los 47 millones de la patera continuarán “reclamando flan” en lugar de ayudar con los remos.

Fuente: La Nación