Categoría: Entrevistas

El año último culminó con un saldo positivo del balance comercial externo de energía de 5668 millones de dólares y con tendencia creciente. Desde 2011, el saldo había sido negativo con la sola excepción de 2020, a raíz de que el gobierno de Mauricio Macri había alcanzado a revertir las políticas destructivas de las gestiones kirchneristas anteriores, que lamentablemente se reiteraron entre 2020 y 2023.

Las exportaciones de energía en 2024 alcanzaron 9677 millones de dólares, 22% más que las del año anterior. La clave estuvo en el notable aumento de la producción de gas del yacimiento de Vaca Muerta y la posibilidad de exportarlo a Chile por los ductos existentes. Pero el mayor efecto provino de la reducción en un 43% de las importaciones. Se lograron sustituir las destinadas a los grandes centros de consumo doméstico luego de concretarse la primera etapa del gasoducto Perito Moreno (antes Néstor Kirchner). Esta obra, que conecta Vaca Muerta con Salliqueló, y de ahí a la red, fue realizada por la empresa estatal Enarsa y es operada por Transportadora Gas del Sur (TGS), compañía controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki. Su capacidad de transporte alcanza actualmente a 21 millones de metros cúbicos diarios, aunque existe un proyecto cuyo costo se estima en 500 millones de dólares, para llevarlo a 35 millones de metros cúbicos diarios.

El Gobierno ha anunciado la apertura de una concesión competitiva privada para tomar este gasoducto y su futura ampliación. Sus actuales operadores han presentado una iniciativa que les daría la ventaja de una primera opción. La Ley Bases incluyó a Enarsa dentro de la lista de empresas por privatizar.

Otra importante contribución al mayor aprovechamiento de Vaca Muerta es la reversión del funcionamiento del gasoducto existente hacia el norte del país. La importación de gas boliviano no será necesaria.

El aumento de la capacidad de evacuación fue condición, pero no causa del impulso en la producción de Vaca Muerta. Tanto la explotación de este yacimiento no convencional como la de los convencionales reaccionaron ante una política acertada iniciada con la citada Ley Bases y el decreto 70/23. La reglamentación del capítulo de Energía estableció el alineamiento de los precios internos con los internacionales. Además garantiza seguridad jurídica y la libertad para exportar hidrocarburos. Se han suprimido regulaciones e intervenciones que desalentaban las inversiones en este sector.

Anteayer, mediante la resolución 21/25 de la Secretaría de Energía, se comenzó a avanzar en la desregulación del sistema eléctrico estableciendo, entre otras cuestiones, que los generadores de energía que se incorporan podrán adquirir sus combustibles sin depender del abastecimiento de Cammesa. Esa medida también prevé permitir a las generadoras térmicas, nucleares e hidroeléctricas vender directamente energía eléctrica a privados.

Durante 2024, la producción de hidrocarburos de la Argentina recuperó niveles que no se registraban desde que esas políticas se acentuaron hace 20 años. Se alcanzó una producción de 40,7 millones de metros cúbicos de petróleo, superior en un 11% a la del año anterior. La producción de gas alcanzó los 50.726 millones de metros cúbicos, superando en un 9% la de 2023, lo que le permitió ser la más alta desde 2006. Vaca Muerta representó 54,9% de toda la producción de petróleo y 50,1% del gas.

El paso que sigue es el de convertir a la Argentina en uno de los países líderes en la exportación de gas en la forma de gas natural licuado (GNL).

Las reservas comprobadas de shale hacen posible esa perspectiva sin comprometer el abastecimiento interno. Los precios internacionales vigentes se compatibilizan con los costos locales de producción no convencional. Está en desarrollo el proyecto de una planta de licuefacción en Punta Colorada, Río Negro, y un gasoducto que conecte Vaca Muerta con ese puerto. YPF, responsable de liderar el emprendimiento, estima una inversión de 30.000 millones de dólares. De menor envergadura, pero más cercano, las firmas PAE y Golar instalarán un buque de licuefacción con capacidad de producir 2,4 millones de toneladas anuales de GNL.

El gas natural tiene un rol significativo en el proceso de transición energética. Sustituye al carbón y al petróleo en la generación de electricidad con menor emisión de dióxido de carbono (CO2).

Mientras las llamadas energías limpias no alcancen volúmenes más significativos y menores costos, el gas será demandado crecientemente en el mundo y sus precios continuarán siendo retributivos. No obstante, los acuerdos internacionales orientados a evitar el calentamiento global se han fijado la meta de cero emisión neta de CO2 no más allá del año 2050. Esto supondrá la sustitución de hidrocarburos en todos los usos donde ello sea posible. El gas natural será abarcado en esas exclusiones.

Existe una ventana de tiempo que la Argentina deberá aprovechar sin demora para evitar que el gas de Vaca Muerta quede en el subsuelo ya sin valor. El capital privado, y no el público, deberá dar esta respuesta en el contexto de la política claramente enunciada por la actual gestión de gobierno. Los primeros pasos son plausibles y nos permiten ser optimistas.

Fuente: La Nación

Apocas horas de jurar en el cargo, Donald Trump revirtió la última política de la administración de Joe Biden hacia Cuba y volvió a incluir a la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El anuncio de Biden del 14 de enero pasado había llegado en el contexto de un acuerdo con el gobierno de Cuba, en el que había intercedido el Vaticano.

La administración demócrata se comprometía a quitar a ese país de la lista que compartía con Irán, Siria y Corea del Norte, sancionadas por el Departamento de Estado por brindar repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional. A cambio, el régimen de Miguel Díaz-Canel liberaría a 553 personas presas por diversos delitos.

En virtud de ese acuerdo, la dictadura cubana excarceló, entre otros, a los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos detenidos en julio 2021 con motivo de las mayores manifestaciones registradas en la isla desde el triunfo de la revolución cubana. Caída la condición que posibilitó la liberación, crece la incógnita con relación a la suerte que correrán los liberados y los que aún resta excarcelar.

El endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla se concreta en el momento que Cuba atraviesa su peor crisis desde que Fidel Castro asumió el poder, en 1959. Los cubanos han sufrido, en los últimos tres años, una depreciación considerable de sus salarios ante una inflación galopante, con profundización de la escasez de productos alimenticios y medicinas.

Según reveló el VII informe “El estado de los Derechos Sociales en Cuba” elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, casi el 90% de los habitantes de la isla vive en extrema pobreza y el 70% de la población se ve obligada a saltarse al menos una comida diaria. En febrero pasado el gobierno local pidió asistencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mantener su entrega mensual de leche en polvo para los menores de siete años.

La crisis alimentaria, provocada por la caída en la producción agrícola, ganadera y pesquera, combinada con la reducción en la importación de alimentos por falta de divisas, es el principal problema social del país, seguida de los apagones, la inflación y el costo de vida.

El desplome del turismo; el cierre de negocios privados; la producción de arroz, que cayó un 90% en los últimos cinco años; el colapso de la industria del azúcar, y el deterioro de la infraestructura urbana, con calles llenas de basura, han agravado la sensación de miseria y desesperanza. Además, se incrementó el número de hechos de inseguridad, un fenómeno alarmante en un país que alguna vez fue considerado uno de los más seguros de América Latina.

El Gobierno cubano admitió en noviembre último que, en 2024, se vivió otro año de recesión y evitó cualquier optimismo de cara a 2025. El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, reconoció que la evolución del año que terminó había sido negativa, dando la razón a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que había hecho una previsión de caída del PIB cubano del -0,5%, luego elevada al -1%. El país aparece junto a Haití entre las peores economías de la región.

La magnitud de la crisis ha llevado al vaciamiento o abandono de muchos de los programas sociales que caracterizaban al gobierno cubano, como la salud y la seguridad públicas, la comida subsidiada o, incluso, la recolección de basura. Ante esta situación, las personas que emigran son cada vez más. Los últimos datos que ha publicado el gobierno de Estados Unidos dan cuenta de que más de 850.000 personas han abandonado la isla desde 2022 (cerca del 18% de la población). Este vaciamiento demográfico está lejos de revertirse en gran medida por la insostenible situación a la que las autoridades han sometido a sus habitantes.

Tras más de 60 años de la Revolución Cubana, el sueño de construir el prometido paraíso socialista ha degenerado en un sistema totalitario, en el que las libertades individuales son desconocidas y los derechos humanos inexistentes con tribunales que imparten una justicia de partido único, sin garantías de ningún tipo. La Revolución que algunos aún insisten en replicar resultó un sonoro fracaso.

Fuente: La Nación

Formosa es un Estado policial, como lo confirman quienes disienten con el régimen. Así se observa de inmediato cuando algún periodista de un medio nacional llega a la provincia, pues pasa a ser rápidamente seguido por motociclistas de las brigadas de información de la policía. Los vimos también durante la pandemia, mientras la población sufría un atroz encierro, y en los ataques a los emprendimientos y negocios de todo aquel que exprese opiniones diferentes a las que bajan del poder. Carreteras y plazas están plagadas de carteles con la imagen del mandamás, como sucede en los totalitarismos de todo pelaje, que también adoctrinan en el culto al gobernador desde las escuelas, rebosantes de niños formoseños que concluyen la primaria sin saber leer ni escribir.

A pesar del extendido y férreo control policial sobre la oposición, el celo para controlar el escandaloso contrabando y el ingreso de drogas brilla por su ausencia. Incluso hay fundadas sospechas de connivencia entre gobierno y narcotráfico, con allegados a la familia del caudillo detenidos por fuerzas nacionales, acusados de contrabandear sustancias.

El 40% de las viviendas de los formoseños tiene piso de tierra y la mitad no tiene internet

La prolongación de estos regímenes es resultado de la indiferencia, convertida ya a esta altura casi en connivencia, de muchos dirigentes políticos nacionales. A las demasías con nombre propio se suman problemas de índole estructural que dependen de la coparticipación federal para financiarse con recursos nacionales. El 95% del presupuesto formoseño tiene a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires como los principales aportantes. Según un estudio de Idesa sobre la base de datos del Ministerio de Economía, la coparticipación federal, que promedia los 900 dólares por habitante, en Formosa trepa a 2350 dólares, lo que equivale a 2,6 veces más que el promedio de algunas provincias, aunque no es la única que muestra semejante desequilibrio.

Estos cuantiosos recursos, fruto del esfuerzo de los contribuyentes de regiones productivas y con mayor calidad institucional, fueron malgastados y no sirvieron para impulsar el desarrollo sacando del atraso y la pobreza a la provincia. Como no podía ser de otra forma, fueron irresponsablemente puestos al servicio de financiar la dominación de este exponente del realismo mágico que solo puede compararse con algunos caudillejos de la etapa preconstitucional del país.

Según estudios del Cippec, 68 de cada 100 habitantes formoseños son empleados públicos, con una densidad de empresas bajísima que ronda 3,8 cada mil habitantes. El Indec, por su parte, da cuenta de que el 30% de los ocupados son empleados públicos y el 55% son trabajadores informales. Solo el 15% son asalariados registrados en empresas privadas, aunque la mayoría de ellas están vinculadas al gobierno provincial como contratistas o proveedores, y sus accionistas son familiares o amigos del gobernador.

Junto con Chaco y Santiago del Estero, Formosa integra el ranking de asignación de pensiones truchas por invalidez, con cifras mayores a las de países que sufrieron guerras

El 40% de las viviendas de los formoseños tiene piso de tierra y la mitad no tiene computadora ni acceso a internet. Los resultados de las pruebas Aprender son desoladores: el 35% de los alumnos que concluyen el ciclo primario no saben leer ni escribir y el 43% fallan en las cuatro operaciones matemáticas básicas.

Noticias recientes reportan que la mitad de la superficie destinada al cultivo del banano se ha visto reducida a apenas 500 hectáreas. La actividad ganadera está estancada y la producción de maíz apenas alcanza las 66.000 toneladas en un territorio de 72.000 kilómetros cuadrados irrigado por los ríos Pilcomayo, Paraguay y Bermejo. Junto con Chaco y Santiago del Estero, Formosa integra el ranking de asignación récord de pensiones truchas por invalidez, con cifras que superan a las de países que sufrieron reiteradas guerras.

Una vez más queda en claro que el sistema de coparticipación federal, deformado en sucesivas oportunidades, pero sobre todo en 1987, con una distribución que premia la ineficiencia fiscal provincial y reparte recursos de otras jurisdicciones, no ha reducido ni remotamente el atraso y la pobreza. Por el contrario, se ha convertido en fuente de financiamiento y perdurabilidad de funestas oligarquías provinciales.

Se trata de un escenario que clama por reformas estructurales para terminar con sistemas perversos que castigan a los que producen en beneficio de clanes anacrónicos solo interesados en eternizarse, aprovechándose y profundizando las carencias de sus pueblos para reclamar fondos mayormente dirigidos a incrementar sus fortunas personales y a mantenerlos en el control del poder.

Fuente: La Nación

Desde 1995, la provincia de Formosa es gobernada por un personaje digno de las novelas de Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, por mencionar algunos de los escritores enrolados en el “realismo mágico latinoamericano”. Cabe sumar el período transcurrido entre 1987 y 1995, cuando el protagonista de esta historia fue vicegobernador de Vicente Bienvenido Joga.

Se trata de Gildo Insfran, el personaje que el talento de un gran novelista podría retratar en ese Macondo en que ha convertido a Formosa durante su larga permanencia en el poder. Insfrán contabiliza casi 38 años al frente de la provincia, sumando los dos períodos previos como vicegobernador. Es responsable de un lamentable régimen feudal en pleno siglo XXI.

Pocas cosas hay más contrarias al sano espíritu republicano que un gobierno prolongado, agravado, tanto en Formosa como en otras provincias, por una división de poderes que es una mera ficción

Esto ha sido posible por el contagioso y nefasto virus del reeleccionismo que se desató en el país al poco tiempo del restablecimiento de la democracia. Eduardo Angeloz, en 1987, en Córdoba, hizo punta con este mal que no ha reconocido diferencias partidarias. Formosa reformó la constitución en 1991, al finalizar el primer mandato de Joga, estableciendo dos períodos consecutivos para los de gobernador y vicegobernador. En algunas provincias se habilitó la reelección a tres períodos y en otras –La Rioja, Santa Cruz, Catamarca– pasó a ser indefinida.

En el caso de Formosa, al suceder Insfrán a Joga, el Superior Tribunal de la provincia aprobó una acordada por la que estableció que Insfrán solo podía gobernar un período, es decir le estaba vedada la reelección. Su reacción fue detener al presidente del Superior Tribunal y hacer votar su destitución por los otros jueces.

La Legislatura reaccionó reincorporando al titular del tribunal e inició juicio político a Insfrán, pero se la declaró en receso impidiendo así que continuara sesionando. Años después, al vencer ese segundo mandato irregular, este gobernador de profesión veterinario y que considera a los ciudadanos como a un ganado al que pretende llevar de las narices, logró la reforma del artículo 132 que habilitó la reelección indefinida.

En respuesta a la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la Constitución formoseña, Insfrán azuzó con que “ningún porteño” va a decir quién tiene que gobernar la provincia. Su fantasía e ignorancia parecen no tener fin. La Corte no es porteña y ni siquiera lo son sus integrantes

Llama la atención la indiferencia de la dirigencia nacional ante estos atropellos a la letra y el espíritu de nuestra Ley Fundamental. Su artículo quinto establece que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional y que asegure la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

Pocas cosas hay más contrarias al sano espíritu republicano que un gobierno prolongado, agravado, tanto en Formosa como en otras provincias, por una división de poderes que no es más que una ficción. Empeora la situación de los habitantes de esos distritos la colonización de la justicia federal por parte de los gobernadores, gestores de acuerdos espurios con el gobierno nacional, con resultado de concursos que no se respetan pues, generalmente, suelen ser elegidos los amigos, aunque hayan obtenido las calificaciones más magras. Ese control del Poder Judicial permitió salir indemne a Insfrán del escándalo de la consultora vinculada al exvicepresidente Amado Boudou cuando el controvertido juez federal Ariel Lijo remitió el expediente relacionado con la participación del gobernador en ese negociado a su propia provincia, asegurando así su impunidad.

Insfrán invoca el federalismo para defender su concepción patrimonialista del poder y sostiene que las provincias “son anteriores a la Nación”. En su conveniente desconocimiento de las instituciones confunde federalismo con confederalismo como sistema. El federalismo no es una agrupación de Estados soberanos.

En cuanto a que las provincias son anteriores a la Nación, pretende ignorar que Formosa fue un territorio nacional hasta 1955, cuyos límites fueron fijados desde la Nación y que pudieron haber sido distintos, como sucedió con el territorio de Los Andes, repartido entre Catamarca y Salta.

Como suelen repetir otros prepotentes caudillejos cuando se pone freno a sus tropelías, Insfrán se despachó con un tan absurdo como pendenciero “no nos van a decir los porteños quién va a gobernar Formosa”. Le respondía así a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el mes pasado declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador. La Corte no es un organismo porteño y tampoco sus miembros lo son. Tres de los cuatro integrantes del máximo Tribunal que entonces fallaron en ese sentido no solo son provincianos, sino que desarrollaron su vida académica, profesional y política en Santa Fe y Córdoba.

Previamente a la declaración de inconstitucionalidad, Insfrán había logrado que la Legislatura, a la que domina ampliamente, sancionara una nueva ley de reforma constitucional para poder seguir perpetuándose en el poder mediante nuevas argucias.

Habría que recordarle a este nefasto cacique una frase de Hipólito Yrigoyen cuando lo acusaron de violar el federalismo “Las autonomías son de los pueblos, no de los gobernantes”.

Mañana: Asfixiante y perverso Estado provincial

Fuente: La Nación

La investigación preliminar dispuesta por la Legislatura de la provincia de Buenos ha descartado, después de dieciséis meses de tramitaciones, que haya habido irregularidades en el escándalo ocasionado por Julio Rigau, “Chocolate”. Se trata del puntero político detenido cuando extraía dinero de decenas tarjetas de débito de una sucursal platense del Banco Provincia. Hubiera bastado un instante para que la negligente y culposa Legislatura planteara su inocencia, pero le llevó más de un año oficializar la patraña.

No se esperaba otra cosa coherente con los antecedentes inmediatos de esta Legislatura bonaerense y, menos, de una resolución que lleva la firma de empleados de carrera de “la casa” y no la firma de alguno de los integrantes del cuerpo. Estos evitaron el compromiso directo con el dictum de los funcionarios administrativos que intervinieron en el caso.

“Chocolate” usufructuaba las tarjetas de 48 empleados de la Legislatura. “Ñoquis” en su mayoría, según todo lo indicaba. Uno de ellos decidió hablar cuando lo interpelaron; los demás se ajustaron a la regla de oro de un viejo y tenebroso mundo: la omertá, el silencio que se respeta en las organizaciones criminales ufanadas de virtuosas.

Los argentinos memoriosos suelen decirse que por fortuna la mafia solo realizó en el país un vuelo rasante, ceñido a las andanzas de las bandas de Chicho Grande y Chicho Chico, sobre todo a comienzos de los 30, en Rosario, y su zona de influencia. No deberían, sin embargo, sentirse tan conformes respecto de lo que comparativamente tocó a grandes urbes norteamericanas, como Nueva York o Chicago.

Nunca esperemos que un mafioso declare por sí que es inmoral

Cuando se releen obras clásicas sobre “La Virtuosa Compañía”, como la del gran escritor y periodista inglés Norman Lewis, se infiere que la cultura de la mafia (“refugio”, en árabe) se ha apoderado en la Argentina de inquietantes resortes del poder y la política, extendiéndose por calles, círculos de la Justicia y la policía, en el entramado futbolístico, el narcotráfico, el juego y la trata de personas, entre muchos otros.

Sicilia era, después del desembarco de los aliados en 1943, poco menos que un país al margen de Italia. Rebosaba de costumbres feudales, de bandoleros que asolaban a campesinos. Disponía de una organización de antigua experiencia en proteger a sus miembros y a los adherentes por causa de intimidatoria compulsión.

“La Virtuosa Compañía” ha sido una entidad delictuosa, juramentada con el secreto de sus acciones y de vínculos estrechos con personajes gravitantes, incluidos los de aparente naturaleza espiritual. Cuando Italia avanzaba desde la monarquía a la República en 1947, había en Sicilia una poderosa corriente secesionista a la que no eran ajenos los jefes mafiosos.

El “aquí no ha pasado nada” es un cachetazo a toda la ciudadanía, principalmente a los bonaerenses

En una carta dirigida a LA NACION, el lector Alfredo Tolchinsky se preguntó si es acaso normal que una persona como “Chocolate” pudiera sacar todos los meses el salario de la cuenta bancaria de 48 empleados. Esos empleados fueron indagados por la comisión investigadora configurada por la Legislatura y ningún sumariante repreguntó nada a pesar de la inverosimilitud de algunas respuestas hilarantes. Hubo quien dijo que su labor consistía en la “presencia en actos políticos”.

Las tres franjas del conurbano bonaerense contienen más que bolsones de una desolación aterradora por la pobreza e indigencia de una parte considerable de los pobladores, carentes de servicios elementales para la existencia digna. El hacinamiento en las villas y el tráfico de narcóticos constituyen allí un fenómeno a la vista de quien no cierre los ojos. En medio de un cuadro de esa naturaleza prosperan los caudillos de la audacia inaudita de quien fue identificado el año último dilapidando dinero en el Mediterráneo, acompañado por una modelo, dicho esto con la discreción que se espera de este espacio. Se suponía que ese hombre fuerte de Lomas de Zamora cumplía al menos las tareas nada agobiantes que tenía asignadas al lado del gobernador Axel Kicillof. Este, como es habitual en las cuestiones controvertibles que lo involucran, no se había enterado de nada sobre las aventuras del codicioso colaborador.

Urge que sean los propios ciudadanos los que presionen para que casos como el de Chocolate Rigau y sus secuaces no queden impunes

Las extensas y paupérrimas tierras del conurbano bonaerense están igual que Sicilia hace ochenta años. Pobreza pavorosa en la población, jefes políticos con riqueza a medida de la inmensidad del poder que ejercen, corrupción que habilita a los mafiosi a acaparar cuanto se propongan, incluido el silencio de quienes, si hablaran, prestarían un beneficio indispensable a la sociedad.

Cuando en 1962 el escritor Leonardo Sciascia, colaborador por entonces de LA NACION, publicó Il Giorno della Civetta, uno de los personajes del libro reflexionaba con esta gravedad: “(…) cómo es posible concebir siquiera la existencia de una asociación criminal tan enorme, tan bien organizada, tan secreta y a la vez tan poderosa”.

Quienes conocen la evolución contemporánea de Italia saben bien que más allá de la prolongación de las diferencias en el grado de desarrollo de Roma hacia el Norte en relación con el Sur del país, Sciascia no podría repetir hoy aquella misma pregunta. El cambio costó muchísimo, pero se hizo. Costó vidas emblemáticas, como la del juez Giovanni Falcone, en 1992. Se derramó mucha sangre. Hubo que desatar lazos que vinculaban el crimen organizado con altas esferas de Roma, y hacer que Sicilia acelerara la ruptura con el pasado.

Lewis recuerda un estudio académico de 1959 sobre las penurias de 600 familias sicilianas. El conjunto ocupaba 700 habitaciones (4,86 personas por habitación), 216 viviendas estaban desprovistas de ventanas, solo 52 casas contaban con agua y 82 con retrete. Datos elocuentes para reflejar lo que era Sicilia antes de que los jefes mafiosos comenzaran a entrar en las cárceles de por vida. ¿Están mejor de lo que ellos estaban tantos de nuestros vecinos del conurbano bonaerense?

El silencio, junto con el desinterés, es el mejor caldo de cultivo para que los delincuentes sigan actuando a sus anchas, a la vista de todos

La complicidad de los legisladores justicialistas, radicales y de Pro con la omertá en el caso de “Chocolate” y sus padrinos políticos –el exconcejal Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Legislatura– ha sido posible por la podredumbre generalizada que corroe como un metal a Buenos Aires y al concepto de política como ciencia enaltecedora. Pero ni el hedor nauseabundo que despide esa actividad desde sus múltiples cauces cloacales ha logrado despertar suficientemente la conciencia ciudadana.

El cambio moral no puede demorarse más. Los millones de víctimas del desafuero de esta casta impasible ante el delito común, que arrebata minuto a minuto nuevas vidas y despoja a las instituciones de un piso mínimo de decencia, deben aunar voces a fin de precipitar la limpieza de los procedimientos políticos. Urge que se barra hoy, no dejando la tarea profiláctica para mañana, la mugre que desborda de la Legislatura bonaerense.

Julio Rigau, “Chocolate”, y los Albini, están procesados y con prisión preventiva en sus domicilios. Irán a juicio oral después del trabajo de la fiscal Betina Lacki y las actuaciones ordenadas por el juez de Garantías, Guillermo Atencio, quien ha dicho que debe irse “más arriba” aún en el esclarecimiento de lo que ha sucedido. La sociedad haría mal en desentenderse de la evolución judicial de un caso en que los hechos objetivos ponen por lo menos en ridículo la supuesta investigación legislativa. “El aquí no ha pasado nada” es un cachetazo a los bonaerenses.

Una auditoría moral de los ciudadanos sobre la situación política debería apuntar a figuras como el exministro del Interior Eduardo de Pedro, hombre al servicio eterno de la expresidenta y convicta Cristina Kirchner. Ya se vio en 2023 cómo lo sacaron de una oreja, en cuestión de horas, del sitial de candidato presidencial del oficialismo para poner en su lugar a Sergio Massa, a cuyo Frente Renovador –de tan impropio nombre– pertenecen tanto “Chocolate” como los Albini.

Así como De Pedro ha tenido el atrevimiento cívico de proclamar que “el país entró en una democracia condicionada” por el proyecto de ficha limpia, que impide las candidaturas a cargos electivos de condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública, así la Legislatura de Buenos Aires ha dictado la impunidad de aquellos tres sujetos. Y así se explicaría, en palabras del lector Alfredo Tolchinsky, que “en el Gran Buenos Aires vastos sectores de la población carezcan de cloacas, agua potable, calles pavimentadas, seguridad y transporte público, o sea que, en su vida diaria, les falte lo más elemental que debe brindar un gobierno a sus ciudadanos en pleno siglo XXI”.

Los bonaerenses viven en el conurbano, remató Tolchinsky, “con un atraso de 200 años”. Viven como se vivía en Sicilia. Ahora deben emplear la energía eficiente para clausurar una larga época. Nadie hará por la sociedad lo que la sociedad no haga por sí misma, comenzando por cuidar la precisión en el uso de las palabras.

Nunca esperemos que un mafioso declare por sí que es inmoral.

Fuente: La Nación

Por iniciativa de antiguos soldados del Ejército que arriesgaron sus vidas para combatir a grupos guerrilleros insurgentes en los montes de Tucumán, se preparan actos en recuerdo de las acciones militares que tuvieron lugar a partir de febrero de 1975, conocidas como Operativo Independencia.

No ocultar el pasado nos reconcilia con el presente

Hace 50 años, en tiempos dominados por una irrefrenable violencia política, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón dispuso “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en los montes tucumanos.

El propósito era ofrecer resistencia a los focos subversivos que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había sembrado en zonas rurales de la provincia cuna de la independencia. El instrumento que puso en ejecución la respuesta militar fue el decreto 261/75, firmado por la entonces mandataria de uno de los pocos países de la región que vivía en democracia, el 5 de febrero de aquel año.

El decreto por el que se disponía “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” fue dictado por María Estela Martínez de Perón en plena democracia

Eran tiempos en que la violencia se palpaba en el día a día. El ERP tenía como punta de lanza en la selva tucumana a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez y las operaciones armadas se habían intensificado hasta mantener incluso el control de un tercio del territorio de la provincia. Las fuerzas irregulares producían copamientos de pueblos, con asesinatos de policías y civiles, y ataques a instalaciones militares. La guerrilla disponía retenes en las rutas para exigir peajes o detener a ciudadanos que eran considerados enemigos. El plan de las organizaciones guerrilleras contemplaba la toma del poder y, además, sus líderes habían anticipado la decisión de pedir en foros internacionales el reconocimiento de la zona ocupada en Tucumán como “territorio independiente liberado”.Miembros de la Compañía de Monte, del ERPGentileza Héctor Guillermo Sottovía

A la par de la ofensiva de Montoneros en el trazado urbano del país, el ERP, de orientación marxista, se había consolidado como una amenaza al orden constitucional, aun antes de la asunción del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Bajo el liderazgo de Mario Roberto Santucho se constituía en el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

En septiembre de 1973, el ERP atacó el Comando de Sanidad del Ejército y en enero siguiente intentó ocupar en una feroz refriega la guarnición militar de Azul, donde fueron muertos el jefe del Regimiento 10 de Tiradores Blindados, coronel Camilo Gay, y su esposa, y secuestrado el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, teniente coronel Jorge Ibarzábal, asesinado salvajemente meses después. Esa noche, vestido con el uniforme militar.

Los grupos guerrilleros producían copamientos de pueblos, con asesinatos de policías y civiles, y ataques a instalaciones militares

Perón pronunció un enérgico discurso contra la guerrilla por la cadena nacional de radio y televisión. Tras su muerte, en julio de 1974, la organización guerrillera había multiplicado su ofensiva. Planificó el copamiento del Regimiento 17 de Infantería de Catamarca, frustrado por la reacción del Ejército, y atacó la Fábrica Militar de Villa María, donde se nutrió de armas y secuestró al subdirector, teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, ultimado a sangre fría en cautiverio. El 3 de diciembre de 1974 se produjo el atentado contra el capitán Humberto Viola, quien cayó junto con su hija de tres años en la capital tucumana.

El Operativo Independencia, conducido sucesivamente por los generales Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi, se extendió hasta mediados de 1976, meses después de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder en todo el país. Los enfrentamientos se extendieron a distintos puntos de la provincia, siendo el combate de Manchalá, entre otros, uno de los más recordados. Entre febrero y diciembre de 1975, unos 55 miembros del Ejército y de la policía de la provincia murieron en enfrentamientos y atentados. A ellos hay que sumar los seis gendarmes fallecidos en el ataque de una célula de Montoneros al aeropuerto de la capital tucumana. Se estima que en las organizaciones guerrilleras llegaron a 160 muertos.

La convocatoria a no olvidar aquel derramamiento de sangre que sufrimos los argentinos hace medio siglo lleva implícito un llamado a superar las grietas. Los impulsores de los homenajes previstos para el 8 y 9 de febrero en Teniente Berdina –ciudad que recuerda a uno de los militares caídos– y Yerba Buena, con una vigilia frente a la Casa Histórica de la Independencia, va acompañada de un llamado a preservar la paz que garantiza la democracia.

La convocatoria a no olvidar aquel derramamiento de sangre que sufrimos los argentinos hace medio siglo es un llamado a superar las grietas

“Queremos mostrar que hubo una historia escondida que nadie quiso ver. Con dos bandos enfrentados y gente en el medio. Un baño de sangre que no tenemos que repetir”, fue la explicación del abogado y expiloto comercial Héctor Guillermo Sottovia, uno de los promotores de la iniciativa. “Venimos a correr el telón para hablar de la historia sin odios, ni revanchas. La única reivindicación que queremos es la reivindicación de la historia”, dijo, por su parte, Alfredo Manzur, procurador y comunicador local, que participó de las operaciones en 1975.

El contexto de aquella operación y el espíritu que anima la convocatoria actual se completa con un video difundido en redes. “Nos convocaron a pelear una guerra que no comenzamos para defender la democracia y la libertad. Pero tuvimos que seguir marchando todos estos años para sostener la verdad histórica. Nos quisieron borrar de las páginas de la historia”, se expresa, en abierto rechazo a la visión ideológica, económicamente interesada, errada y unidireccional que predominó durante los gobiernos de los Kirchner.

No hubo hasta el momento pronunciamientos del ministro de Defensa, Luis Petri, ni de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Es de esperar que desde el Gobierno se transmita un mensaje orientado a la reconciliación y al reconocimiento de los esfuerzos que el país emprendió, en momentos aciagos, para enfrentar la barbarie subversiva en períodos en que regían la Constitución y la democracia. La política de revanchismo prevaleciente en los últimos años contaminó la visión de la Justicia sobre el Operativo Independencia y atribuyó delitos de lesa humanidad a varios de sus oficiales responsables que siguen recibiendo condenas.

Como ya señaláramos desde este mismo espacio, la actuación del Ejército en el Operativo Independencia no estaba aún contaminada por los procedimientos ilegales que ya entonces había comenzado a utilizar la organización paragubernamental Triple A.

Fuente: La Nación

La exclusión escolar es uno de los problemas más complejos que enfrenta la educación moderna. La exclusión abarca la vieja denominación de “abandono” o “deserción”, ya que ambos términos ponían la responsabilidad en el estudiante cuando muchas veces esto no es así y el abandono es multicausal, con el Estado, los docentes y las familias jugando un papel crucial para la gestión de este desafío. En una reciente nota publicada en El Cronista, Mauro Solano y Esteban Torres proponen un enfoque que combina el uso de inteligencia artificial (IA) con políticas educativas para enfrentar este problema. Esta visión plantea la posibilidad de un Estado que no solo recoja datos, sino que los utilice de manera inteligente para intervenir tempranamente y prevenir que miles de estudiantes queden fuera del sistema.

La IA ya ha demostrado su capacidad para transformar la lucha contra la exclusión escolar en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en Wisconsin, Estados Unidos, se implementó el sistema Dropout Early Warning System (DEWS), que emplea algoritmos para analizar datos de estudiantes y predecir cuáles están en riesgo de ser sujetos de la exclusión aludida.

Esa herramienta permite intervenciones proactivas que buscan retener a los alumnos ofreciéndoles un apoyo adaptado a sus necesidades específicas. Como ha destacado el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el proyecto de Wisconsin es parte de una iniciativa más amplia sobre cómo utilizar la IA para mejorar la educación pública.

En América Latina, varios países –entre ellos la Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay– han comenzado a implementar sistemas de monitoreo y de alerta temprana, algunos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros con fondos propios, como se destaca en la información de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (Reduca).

La experiencia mendocina en el uso de la inteligencia artificial demuestra que, incluso en contextos desafiantes, es posible adoptar la innovación tecnológica como una aliada clave contra la exclusión

Varias provincias en nuestro país están recurriendo a la IA para enfrentar este reto (entre otras, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires). Un caso destacado es el de Mendoza, donde se está desarrollando un programa piloto que utiliza IA para detectar patrones del problema en las etapas iniciales del ciclo lectivo. Este proyecto no solo identifica a los estudiantes en riesgo, sino que también propone medidas personalizadas, como tutorías específicas, apoyo emocional y vinculación con los servicios sociales de la provincia. Dicha experiencia demuestra que, incluso en contextos desafiantes, es posible adoptar la innovación tecnológica con un enfoque humano y contextualizado.

La relevancia de estas experiencias está en línea con las sabias reflexiones de Susan Schneider, experta en IA para la NASA y autora del libro Inteligencia artificial, una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia.

Schneider señala que la inteligencia artificial no debe ser vista como un sustituto de las capacidades humanas, sino como una herramienta para expandirlas. En el ámbito educativo, esto significa utilizar la IA para potenciar el alcance y la eficacia de los sistemas estatales, escuelas y docentes, permitiéndoles identificar problemas antes de que se conviertan en crisis.

Sin embargo, como advierte Schneider, la implementación de estas tecnologías plantea dilemas éticos y filosóficos ya que la IA no puede ser una solución desconectada de los valores humanos. En este sentido, un Estado “inteligente” que use la IA debe garantizar que la tecnología sirva a los propósitos de inclusión, justicia y bienestar colectivo. En ese marco, el buen uso de los datos y la IA para reducir los índices de exclusión escolar es un acierto.

En conclusión, el camino hacia un sistema educativo más inclusivo pasa por la integración de herramientas tecnológicas avanzadas con políticas públicas sólidas y bien orientadas. Las experiencias de Wisconsin, Mendoza y otros contextos internacionales y provinciales demuestran que la inteligencia artificial, aplicada con responsabilidad, puede convertirse en una aliada clave en la lucha contra la exclusión. La educación del futuro no debería ser solo más tecnológica, sino también más humana, sabiendo usar la IA, adaptándola a las necesidades de quienes más la necesitan.

Fuente: La Nación

En la larga lista de terribles efectos de décadas de corrupción en la Argentina, la pérdida de vidas es seguramente lo más doloroso. “La corrupción mata” confirmamos con la tragedia de Once en 2012 y su luctuoso saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.

Hay otra tragedia a la que asistimos diariamente y a la que muchos nos resistimos a acostumbrarnos: la tragedia vial. El informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial, un organismo dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con datos de 2022 sobre la siniestralidad en nuestro país, reporta la pérdida de 13 vidas por día, la mitad de ellas en las rutas, gran parte en las nacionales. El mayor movimiento en nuestras rutas por desplazamientos propios de la época estival funciona cada año como espasmódico recordatorio de la irresponsabilidad de muchos conductores, pero también del desastroso estado de kilómetros y kilómetros de caminos y rutas que se han ganado, con toda justicia, el mote de “rutas de la muerte”. Tan solo anteayer murió un joven en la RN 5, en cercanías de Trenque Lauquen, cuando el vehículo que conducía su hermano se incrustó contra un camión detenido. En 2021, el Ministerio de Obras Públicas informaba que solo el 31% de la red vial nacional estaba en buen estado, con un 27,6% en estado regular y un 40,7% en mal estado. Todo siguió empeorando. Algunas de las rutas argentinas más peligrosas son las 5, 188, 12, 14, 40, 11, 33, 34, 9, 6 y 16.

En el ranking mundial publicado por The Global Economy, la Argentina quedó en el puesto 54 de 59 países, ubicándose entre las naciones con las peores rutas del mundo.

Nivel de riesgo de las rutas argentinas

El crecimiento de un 70% del parque automotor local, entre 2009 y 2023, no encontró correlato en la ampliación, estado y calidad de los caminos. Hoy el 85% del tránsito se desplaza sobre el 25% de la red vial nacional. La falta de inversiones se verifica en extensas distancias, densamente transitadas, convertidas en caminos indivisos de un carril en cada sentido en los que el más mínimo error humano termina en muertes. Estudios de la ANSV sobre una muestra de 168 siniestros graves, reflejó que la mitad ocurrió por invasión del carril contrario y un 38%, por maniobras bruscas. Las fallas en la infraestructura vial impactan tremendamente en los niveles de seguridad. Tenemos las mismas rutas que hace décadas, sin suficientes autopistas diseñadas para minimizar el peligro cuando está demostrado que previenen 7 de cada 8 accidentes mortales. De los 640.000 km de la red federal, apenas 3300 corresponden a autopistas y autovías. Calzadas separadas que evitan choques frontales, eliminación de curvas peligrosas, menos cruces urbanos con caminos de circunvalación, banquinas pavimentadas, alambrados que evitan animales sueltos son algunos de los beneficios.

Sin mencionar todos aquellos caminos rurales o terciarios, claves para la salida de la producción primaria, que aguardan ser pavimentados hace décadas, las carpetas asfálticas deterioradas en otros por falta de mantenimiento y por la circulación de camiones excedidos de carga que nadie controla como debería, se suman a iluminación y señalización deficientes, y banquinas angostas, ausentes o en pésimas condiciones, que hacen de cualquier desplazamiento o maniobra un acto riesgoso. El sistema de concesiones viales también debería sanearse con una Dirección Nacional de Vialidad que controle el cumplimiento de contratos y obras de mantenimiento necesarias.

El llamado Plan Laura, por su autor Guillermo Laura, proponía hace ya unos años la construcción de 10.000 km de autopistas, duplicando las existentes, a riesgo del empresario sin que se cobre hasta la terminación total de las obras, financiándolas con un cargo extra al combustible. Como secretario de Obras Públicas de la ciudad, Laura diseñó las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, inauguradas en 1980; presidió Autopistas del Sol y fue el responsable de la remodelación de la Panamericana. En un ensayo póstumo proponía transformar la crisis con una dramática insuficiencia de inversiones en oportunidad, dando trabajo en obras de infraestructura a los desocupados. En el país de la coima, la ingeniería financiera propuesta para una “red federal de autopistas” debe superar los ataques de infinidad de detractores no dispuestos a perder su tajada y cuyo lobby desde instituciones como la CAC, bien llamada la Cámara Argentina de la Corrupción, se hace sentir. Oportunamente, el Centro Argentino de Ingenieros también presentó un criterioso plan para resolver este viejo y trágico problema.

Días pasados en una Carta de Lectores, el lector Horacio Lynch señalaba que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, conoce bien el proyecto y que bastaría con ponerlo a consideración del Gabinete. Transformar la red troncal nacional en autopistas que integren nuestro extenso territorio y tornen más competitiva la economía desde una perspectiva federal es clave como motor de desarrollo en un país en el que la red ferroviaria, otrora orgullo nacional, también debería recuperarse enfrentando al siniestro sindicato de camioneros, que resiste el desarrollo de vías alternativas a las rutas.

Fuente: La Nación

Francisco Facundo Jones Huala, el autoproclamado líder de supuestos pueblos originarios y activista de la violenta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido anteayer en El Bolsón, Río Negro, cuando las cámaras del sistema de monitoreo local lo detectaron intentando forzar dos automóviles. Al ser interceptado a tan solo 100 metros del lugar de los hechos, Huala agredió a la policía a trompadas y puntapiés. Tras ser apresado e intervenir en el caso la fiscalía de turno, 12 horas más tarde estaba insólitamente libre otra vez.

El hecho ocurre en momentos en que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, da por descontado que miembros de la RAM y algunos grupos llegados desde el conurbano bonaerense tienen vinculación con los incendios en la zona cordillerana, prendiendo fuego maquinaria, quemando viviendas con bombas molotov y aterrorizando a los propietarios y moradores a la vera de la ruta provincial 71. Buena parte de la dirigencia política patagónica local acusa de esos ataques a organizaciones seudomapuches radicalizadas, que estarían actuando como modo de venganza por los operativos de la Gendarmería para recuperar terrenos usurpados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tildó con razón a Jones Huala de “terrorista”, mediante un posteo que realizó en X, donde advirtió que, de haberse aprobado el proyecto de ley de reiterancia, el activista –cuya protección política durante el kirchnerismo fue tan evidente como cómplice– debería ahora seguir preso.

Tal iniciativa, impulsada por la funcionaria, fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias que comenzaron ayer en el Congreso nacional. Al no estar tipificada la reiterancia, una persona puede ser condenada innumerables veces a una pena en suspenso y seguir delinquiendo. De allí lo vulgarmente conocido como “puerta giratoria”. En cambio, de aplicársela, deberá esperar presa hasta que la Justicia termine de expedirse.

La reiterancia ya se aplica, por ejemplo, en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Le otorga a la Justicia herramientas para aplicar medidas de coerción que limiten la libertad de quienes caen presos por la sospecha de un delito y ya tienen antecedentes, aun cuando estos no tengan condena (en este último caso corresponde aplicar la figura de reincidencia).

Según reconocidos especialistas en la materia, se trata de un criterio que, acompañado de la necesaria razonabilidad en su aplicación, no afecta el principio de inocencia, en tanto que protege a la ciudadanía de personas que contantemente se encuentran en conflicto con la ley.

Jones Huala no es un desconocido ni para las autoridades policiales ni para las judiciales ni para los vecinos de la castigada zona patagónica que por años han visto usurpadas sus tierras, robados sus bienes y quemadas sus viviendas por este tipo de grupos creados para delinquir a fuerza de mentiras, como la de recuperar para sí territorios de los cuales no tienen forma de demostrar que les pertenecen, y hasta propiciar la inconstitucional conformación de una inexistente “nación mapuche”.

El hecho de que este sujeto haya sido puesto en libertad mientras se investigan los hechos representa, en su caso y en el de muchísimos más en su misma condición, un peligro inminente y, desde la lógica de quienes viven aterrados por la violencia, un proceder inaceptable que los pone nuevamente en serio riesgo.

Huala no solo ha participado de hechos violentos en nuestro país. Ya en 2015 pesaba sobre él un pedido de detención de la Justicia chilena por el incendio de una finca de explotación agrícola en el sur de ese país, ocurrido en 2013, y por la portación de armas de fuego. En 2016, fue detenido por la Justicia de Chubut en un allanamiento, pero poco después la Justicia Federal declaró nulo aquel procedimiento y fue liberado. En junio de 2017 fue nuevamente detenido en un control vehicular de la Gendarmería en la ruta nacional 40 y estuvo preso en Esquel hasta el juicio de extradición que se realizó en 2018. En 2022, recibió la libertad condicional en Chile. Un mes más tarde, la Corte Suprema de ese país revocó el fallo y emitió una orden de detención. Jones Huala se fugó cruzando la frontera, hasta que fue detenido nuevamente, en enero de 2023, en El Bolsón, después de haber deambulado a los gritos por la calle y de haberse escondido en una casa desocupada, donde la policía lo encontró ebrio y vestido de mujer.

Tras cumplir su condena en Chile, el gobierno de Gabriel Boric lo expulsó el año pasado.

Urge que, sin más demoras, los legisladores sancionen la ley de reiterancia, uno de los proyectos del paquete de normas propiciadas por el oficialismo, entre las que también se encuentra la denominada ley antimafias.

Seguir demorando estas normas es desconocer las prioridades de los ciudadanos inocentes, facilitándoles a los delincuentes la posibilidad de seguir cometiendo todo tipo de hechos ilícitos.

Fuente: La Nación

Algunos incidentes, como el entredicho planteado en Mar del Plata entre el intendente Guillermo Montenegro y el abogado Juan Gabrois, quien también suele presentarse, para el asombro público, como dirigente social y confidente del papa Bergoglio, importan por los hechos en sí mismos; pero más, bastante más, por el carácter de síntomas de un estado de cosas generalizado en el país. Parecerían estar un escalón debajo, por gravedad social e institucional, de los crímenes callejeros que sobresaltan hora a hora a la población y, sin embargo, son parte de un fenómeno insostenible.

La aventura del kirchnerismo, de tan incontrolables consecuencias que ha dejado como derivación al mileísmo, ese movimiento polifacético surgido abruptamente desde la nada, avanzó, hasta agotarse, desentendiéndose de las formas más primarias del orden público. Gravísimo: sin un mínimo de orden público es tan inasequible la vida civilizada como una sepultura digna y respetada.

Testimonio elocuente de esto son los camposantos arrasados de cuanta placa o crucifijo haya sido realizado con materiales de un cierto valor, por modesto que fuere. Basta visitar el cementerio de la Chacarita para comprobar de qué manera violenta se han producido allí saqueos en tumbas, nichos y bóvedas.

Gabrois ha pretendido descalificar al intendente marplatense por haber decidido este a eliminar de las calles a limpia vidrios y “trapitos”, torvos personajes, a menudo, que toman el ámbito público como bien propio. Vulneran el derecho de libre tránsito y estacionamiento, donde corresponde, de los ciudadanos del común. Difícilmente haya a esta altura un lector que no haya atravesado por una situación intimidatoria creada por estos sujetos, tan visibles en las proximidades de los estadios de fútbol en fechas de partidos o de centros gastronómicos o de cualquier otro orden, donde converjan multitudes.

Hay muchas personas necesitadas, producto de años de malos gobiernos, pero sobran también quienes solo quieren provocar daño o sacar rédito político

Aquel conocido agitador de militancia peronista y verba desafiante y violenta se agravió por haber considerado que en Mar del Plata el municipio interfería en labores legítimas de terceros. Se refería, en realidad, al tipo de prestaciones incriminadas por latir en ellas la velada amenaza de cometer daños de no haber compensaciones pecuniarias para actividades que han estado lejos de haberse requerido, e incluso de haberse efectivamente realizado, y que cuentan con la discutible legitimación gremial de un Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Para quienes buscan infructuosamente operarios para tal o cual tarea en centros urbanos, y nada se diga para realizar labores en zonas rurales, la caracterización de “excluidos” requeriría de explicitaciones más minuciosas de las que surgen de estadísticas oficiales o de observatorios sociales. Hay un desempleo de porcentaje atroz desde hace años en la Argentina, pero cuando se baja a los casos concretos de la relación entre patrones y empleados se produce con frecuencia la rara contradicción de que sea a veces un verdadero hallazgo, y motivo de celebración, encontrar personas dispuestas a asumir tareas con una rutina sistematizada.

El intendente de Mar del Plata hizo hincapié en que tanto los limpia vidrios como los “trapitos” se instalan en la ciudad cuando comienza la temporada veraniega. Van a hacer el verano, como se dice coloquialmente, incluso desde lugares lejanos, y se permiten disponer en la vía pública de la reserva compulsiva de espacios para estacionamiento, privilegio que no habría razones de extender ni a un buen vecino.

No es un tema menor. Está asociado a la pérdida de la noción más elemental sobre lo que significan los espacios públicos y su relación con la democracia, como lo recordó Sarmiento al inaugurar los jardines de Palermo. Esos espacios están para el disfrute de todo tipo de ciudadanos, sin distinción de clases sociales.

Hoy, la belleza e higiene de urbes de proyección internacional, como Buenos Aires, se resiente por actos insólitos como el de volcar desaprensivamente en veredas y calzadas cualquier tipo de residuos. La acumulación de desperdicios es tal magnitud y reiteración que lleva a inferir que obedece al propósito deliberado de producir daño por ensañamiento contra la ciudad y sus vecinos, fueren del microcentro, Monserrat, Retiro, San Nicolás, Recoleta, Congreso y Pompeya, o cualquier otro.

Las autoridades de Carlos Paz han puesto énfasis en las multas que rigen para estos desafíos contra la salud y la estética ciudadanas. La ciudad de Buenos Aires, por su parte, acaba de inaugurar en Retiro un primer contenedor habilitado para echar en él basura y para ser extraída solo desde camiones autorizados a levantar residuos.

A esto se ha llegado después de haberse vulnerado límites de decencia que se hubiera dicho en otro tiempo infranqueables frente a domicilios privados o de establecimientos públicos. Gente que ha tomado los contenedores como baños públicos, y peor aún, a juzgar por escenas que escandalizan. Se evacúan fluidos contra esas carcasas a las que luego personal de limpieza de la ciudad debe rociar con desinfectantes, según denuncian los lectores y certifican nuestros cronistas.

Se ha dicho que la mutilación en gran escala cometida en monumentos, edificios de viviendas u oficinas, o en cementerios, despojados de cuanto elemento de algún valor se ha encontrado al paso, no ha sido obra de organizaciones criminales, sino el acto espontáneo de carenciados. En no pocos casos, de indigentes por quienes la autoridad pública velaba en el pasado con mayor compasión, llevándolos tanto para su protección, como para la del resto de los vecinos a establecimientos asistenciales especializados, a fin de atenderlos de forma debida y procurar su rehabilitación.

El robo del picaporte de bronce del Palacio San Martín, sede de la Cancillería; el de dos aldabas históricas en las puertas de la Bolsa de Comercio; la desaparición de cientos, de miles de paneles de porteros eléctricos; el robo de 15 medidores de gas en 15 manzanas de La Plata, que dejó en invierno sin calefacción a incontables familias, constituye apenas un listado sumario y conocido del pillaje en notable escala que se ha tolerado en nuestras ciudades en los últimos años. El segador de Constantin Menunier ha “perdido” su guadaña; el Heracles de Émile Bourdelle, su arco; las cinco principales figuras del Monumento a España, en la Costanera Sur, han quedado desfiguradas.

En todo esto subyace, comprensiblemente, la profunda crisis económica que ha afectado al país en todos los aspectos, y más que a nadie, a sus hijos más vulnerables. Es también un espinoso asunto cultural, provocado por la destrucción de la educación popular y el abandono de las mejores tradiciones de convivencia civilizada en la República. Es esto, por igual, el precio que paga el país por una corrupción pública de larga data, presente en el cuadro de involución y empobrecimiento que aqueja a tantos sectores.

Es un mal, en fin, que se aceleró fuertemente desde que se apoderaron del poder quienes lo tomaron con la premeditación de vaciar de manera sistematizada las arcas del fisco. Impresiona por eso la impavidez de tantos responsables de la instalación en sus tiempos de gobierno de una cleptocracia, a la que ahora se suma la desfachatez con la que procuran volver a instaurarse en el poder.

Si la reconstrucción económica en marcha es dolorosa para muchos sectores, la restauración del orden público en todas sus manifestaciones provocará también nuevas heridas y quejas. Hará falta temple, solidaridad efectiva y mano quirúrgica firmes para llevarlas adelante y restaurar de tal modo las condiciones indispensables de civilidad en una sociedad que pierde día a día a sus hijos más empeñosos, que buscan nuevos horizontes para sus vidas y familias, y que ha mortificado no solo como nunca la existencia de los más necesitados, sino que ha multiplicado desaprensivamente su número.

Fuente: La Nación