El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se ha convertido en una de las últimas esperanzas del populismo estatista. A contramano de las ideas que impulsa el gobierno nacional y de una sociedad que expresa su hartazgo frente al déficit de las cuentas públicas financiadas por una mayor presión tributaria y por políticas inflacionarias, el mandatario bonaerense ha dado en los últimos tiempos sobradas muestras de su permanente afán por mantener un sector público tan gigantesco como ineficiente.
Por si fuera poca la herencia que le dejó al país tras su paso por el Ministerio de Economía y la millonaria sentencia de la Justicia neoyorquina que condenó al Estado argentino a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de acciones de YPF, Kicillof se ha dado recientemente el lujo de reclamar Aerolíneas Argentinas para la provincia de Buenos Aires antes de que se disponga su privatización. Y continúa siendo fiel a las tan extravagantes como tristemente célebres frases: tiempo atrás, había expresado que “medir la pobreza es estigmatizar a los pobres”; en los últimos días, afirmó que “si no hubiera Estado, no habría verano”. Por cierto, se trata de un anuncio tan vacío de contenido como las proclamas del dictador venezolano Nicolás Maduro disponiendo el adelantamiento de la Navidad o la creación del Ministerio de la Felicidad. Tan solo algunas pinceladas de la demagogia y el intervencionismo característico de los gobiernos populistas.
La gestión de Kicillof al frente del distrito bonaerense ha sido hasta el momento representativa de un paternalismo estatal solo útil para la prolongación del clientelismo y del gasto ineficiente –solo en su segundo mandato fueron incorporados más de 70 mil empleados públicos–, antes que para asumir sus funciones básicas. Entre ellas, la seguridad de los bonaerenses, tan descuidada por tanto tiempo, como lo revelan los continuos episodios de delincuencia común y los hechos violentos asociados al narcotráfico. Resultará difícil que se pueda dar solución a este problema cuando, además de las sospechas de corrupción que siguen recayendo sobre la policía bonaerense, el gobernador ni siquiera ha podido cubrir una de las cuatro vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia, reducida hoy a solo tres miembros sobre siete, ni avanzar con la aprobación de pliegos de más de 200 jueces de diferentes fueros.
La administración provincial está plagada de nichos de corrupción y de estructuras cooptadas por burócratas insensibles
Cada vez más alejada de la necesaria transparencia y eficiencia, la administración provincial está plagada de nichos de corrupción y de estructuras cooptadas por burócratas insensibles ante la natural demanda de servir al bien común. Basta citar las demoras que insume cualquier trámite en el Registro de la Propiedad provincial y en la Dirección de Catastro, por citar apenas un ejemplo. El atraso de la provincia ha quedado también de manifiesto frente al rechazo por parte del gobernador a adherir al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que aprobó el Congreso de la Nación.
En materia institucional, el oficialismo bonaerense rechaza la posibilidad de una ley de ficha limpia, al tiempo que el caso Chocolate desnudó vergonzosas complicidades para convertir a la Legislatura provincial en una guarida de “ñoquis” que alimenta las cajas del poder político.
Por si algo le faltara a esta degradante gestión, Kicillof es hoy presa de su propio partido y de las diferencias políticas con Cristina Kirchner y La Cámpora, así como de las presiones de no pocos intendentes, que buscan ponerle fin a la ley que en el año 2016 limitó las reelecciones de los jefes comunales. Como corolario, y como consecuencia de la crisis dentro del propio kirchnerismo, el gobernador se ha quedado al menos por ahora sin ley de presupuesto para este año.
Para dar solución al crónico desequilibrio fiscal, a Kicillof solo se le ocurre echar mano a una mayor presión tributaria, una estrategia a la que se suman algunos municipios, con tasas que están asfixiando a los sectores productivos, como el campo. Y para compensar su debilidad política, el mandatario provincial ha recurrido a una siniestra alianza con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a quien repuso en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse), a cambio de que la entidad rectora del fútbol se haga cargo de la puesta en valor del Estadio Único de La Plata y, probablemente, de una foto con Lionel Messi y la selección argentina que se le viene negando al kirchnerismo desde que nuestros futbolistas alzaron la Copa del Mundo en Qatar.
MONTEVIDEO.- El comienzo de un nuevo año es siempre un momento adecuado para plantear algunos temas con una perspectiva mayor de la que brinda el día a día, con sus acuciantes temas de la coyuntura que, pasado un tiempo, pierden relevancia. Hoy nos proponemos levantar la mirada para observar qué está ocurriendo en el mundo y cómo pueden impactar a nuestro país, en el 2025 que está despuntando.
Yendo de más lejos a lo más cercano, China está dando cada vez más señales de enlentecimiento económico, al tiempo que su política también comienza a generar problemas de diverso tipo. Xi Jinping ha logrado consolidar un poder personal que el Partido Comunista Chino había logrado controlar en otros casos, lo que redunda en una conducción más autoritaria y absolutista de la que ya de por sí tiene todo régimen totalitario. Esto, amén de que produce problemas políticos complejos en sí mismos, tiene un correlato económico innegable.
La creciente intromisión política en las economías vienen generando una mayor inestabilidad. Los límites del funcionamiento de una economía presuntamente de mercado, bajo un sistema de partido único, se están poniendo a prueba. En la medida en que China se parece cada vez más a la Unión Soviética en su centralización de decisiones económicas indefectiblemente también le está llegando su declive económico y más rápido de lo que auguraban la mayoría de los expertos. Lo que suceda en el gigante asiático en los próximos años será clave para el desempeño de le economía global y de los países, que como el nuestro, le exportan buena parte de su producción agropecuaria.
Estados Unidos, por su parte, se encuentra a pocos días de comenzar una nueva era Trump, que todo indica llega recargado. Es posible que la economía norteamericana enfrente dos políticas de consecuencias contrarias. Por un lado, si se logra avanzar en el prometido sentido de disminuir el gasto público, la regulación y los impuestos, los efectos serán inequívocamente positivos, como ya ocurrió durante los dos formidables gobiernos de Ronald Reagan. A su vez, las anunciadas medidas proteccionistas tendrán efectos muy negativos sobre el costo de vida y los costos para las empresas, lo que reducirá la capacidad de crecimiento. Resta ver cuál efecto predominará y cuánto se avanzará en cada dirección para saber cuál será el destino de la mayor economía del mundo.
Europa, mientras tanto, seguirá con un desempeño mediocre y predecible. Sin un sacudón a las regulaciones que oprimen sus economías y una reducción de la carga tributaria que en algunos países ya alcanza los niveles de la opresión será difícil un futuro promisorio. Quizá las próximas elecciones alemanas, en la medida de que retorne al gobierno la CDU con aliados promercado pueda brindar alguna esperanza, que hoy no viene de una Francia anegada en problemas políticos con un gobierno estancado y España y el Reino Unido hundidos con gobiernos socialistas que toman una medida equivocada atrás de otra.
La región no luce mucho mejor. Algunos países grandes tienen serios problemas que ya se dejarán sentir en 2025, como México y Brasil. La deriva antidemocrática de López Obrador, continuada por su actual títere, está haciendo que México no puede aprovechar claras oportunidades del llamado nearshoring, en especial, con Estados Unidos. La creciente incertidumbre del entorno macroeconómico le está jugando una muy mala pasada a su economía al analizar sus datos más recientes.
Por su parte, Brasil enfrenta una crisis fiscal desatada por una política fiscal claramente irresponsable de un Lula que no logra dar pie con bola. Las respuestas más recientes a la crisis han sido muy mal evaluadas por el mercado, su moneda se deprecia rápidamente y las consecuencias de mediano plazo pueden ser muy negativas.
Quizá la única nota positiva en la región la está dando la Argentina, que ha logrado consolidar sus cuentas fiscales, reducir la inflación y disminuir el riesgo país, algo que hasta hace muy poco parecía casi imposible. Las perspectivas para este año son muy buenas tanto para el crecimiento de la economía como para el incremento del empleo y los salarios, lo que tendrá un claro correlato en la disminución de la pobreza, luego de tantos años de pésimas y crecientes cifras.
Toda esta realidad deberá tenerla en cuenta el gobierno electo de nuestro país, que deberá enfrentar un contexto desafiante en que no se puede esperar viento de cola para que nos impulse. Si no se toma en cuenta, corremos serios riesgos de no lograr mantener la economía de pleno empleo que deja el actual gobierno.
MONTEVIDEO.- Una columna de opinión divulgada por el periodista Emiliano Cotelo en En perspectiva volvió a poner el foco en el extenso y fatigante ciclo electoral que tenemos en Uruguay desde la reforma constitucional de 1996.
Razonablemente, Cotelo vincula el desinterés manifestado por los uruguayos en la política (la unanimidad de que la campaña de 2024 fue fría) a una reacción comprensible por su duración excesiva.
Ya desde febrero y marzo se empezaron a agitar las aguas partidarias con vistas a las internas de junio. Luego se acrecentó el ruido electoral hacia las parlamentarias de octubre y el balotaje de noviembre. Enseguida de un receso veraniego que será breve, las departamentales del 11 de mayo volverán a poner al país en vilo. O sea que, entre febrero de 2024 y mayo de 2025, estamos hablando de 15 meses ininterrumpidos de discusión política, lo que para muchos es un exceso y hastía a los ciudadanos en lugar de incentivarlos.
El director de En perspectiva reclama “una campaña electoral más corta o una cobertura periodística más acotada”.
“Si teníamos -como periodistas- que destinar más espacio a la campaña por la cantidad de precandidatos, nos veíamos obligados a dejar afuera otros temas, no ligados a la carrera electoral, que tal vez deberíamos haber abordado”, como, por ejemplo, “el análisis de las nuevas tendencias a nivel mundial, en lo político, lo científico, lo tecnológico y sociológico”, sostuvo.
¿Por qué se dio esta realidad, a esta altura incuestionable?
La de 1994 fue la última elección con múltiples candidaturas por partido y un sistema de doble voto simultáneo que permitía acumular sufragios entre los distintos presidenciables de la misma colectividad política, para que el más votado resultara ganador en una única vuelta. Y, como se recordará, fue la elección del (casi) triple empate: ganó el Partido Colorado con un 32%, seguido por el Partido Nacional con un 31 y el FA con un 30. Los colorados y blancos de esa época entendieron que en tal situación debía legarse a los partidos de una mayor coherencia interna y, complementariamente, instituir el balotaje para que el presidente electo ampliara su base de adhesión ciudadana. Paralelamente, la más que imprescindible necesidad de separar la elección nacional de la departamental se debió a que, en 1994, la ciudadanía había rechazado el proyecto de “minireforma” que pretendía instalar el voto cruzado en un mismo acto comicial.
Así, a la uruguaya, se fue construyendo el camino más largo, este interminable bucle electoral que parece enfriar a la gente y, contradictoriamente, termina fundando el voto en reacciones puramente emocionales.
Pero la situación política actual es muy distinta a la de 1996.
Desde el triunfo de Jorge Batlle, en 1999, la lógica del balotaje se ha impuesto sola. El viejo triple empate devino hoy en el enfrentamiento de dos bloques, uno liberal y el otro socialista (mal llamados derecha e izquierda), entre los que pendula la simpatía popular mayoritaria cada cinco años. Podríamos conjeturar incluso que el resultado de los últimos comicios se debió ni más ni menos que a la inexistencia de un lema único de la Coalición República, con el cual en octubre se hubiera obtenido la mayoría parlamentaria en ambas cámaras y un más que posible triunfo en noviembre.
En el actual estado de cosas, ¿tiene sentido el largo proceso de internas-parlamentarias-balotaje-departamentales? ¿No bastaría con la concreción del citado lema Coalición, la vuelta a la multiplicidad de candidaturas y al doble voto simultáneo, habilitando asimismo el voto cruzado para las departamentales?
No sería solo un importante ahorro de recursos para el Estado y los partidos políticos. Permitiría también una mayor concentración de la ciudadanía en la temática electoral, lo que tal vez incida en un enriquecimiento del debate, limpiándolo de insultos, chicanas y escandaletes superfluos.
Para la Coalición, esta reforma tendría el impacto adicional de una mejor coherencia entre los socios: es algo que la ciudadanía tiene ya más que incorporado, aunque moleste a los excesivamente tradicionalistas. Habrá que construir una mística republicana y liberal que se contraponga al arcaico colectivismo.
No hay que temerle a una nueva reforma constitucional. La manera como el país las ha desarrollado a lo largo de su historia es un signo de salud democrática y capacidad de adaptación a los cambios culturales y sociales. Pongamos el tema sobre la mesa.
Desde el 4 de enero de 1870, día en que se fundó LA NACION, hasta hoy, hemos llevado nuestro mensaje hasta los últimos confines del territorio argentino, salvo circunstancias ocasionales de fuerza mayor o previstas por el calendario oficial.
Incluimos en ellas las cinco clausuras que sufrió el diario: cuatro en el siglo XIX y, la restante, en las agitadas jornadas en que se discutía la unificación de la deuda pública, a comienzos del siglo siguiente, durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. Debemos hacer notar también nuestra ausencia en los feriados que afectaron la circulación de todas las publicaciones, con mayor o menor profusión anual, según cambiantes decisiones oficiales, y días en los que a raíz de medidas de índole laboral estuvimos ausentes de las calles a pesar de los esfuerzos por lograrlo.
Hemos recordado en más de una ocasión que somos actores y testigos de la vida nacional. Y que hemos procurado honrar el legado de Bartolomé Mitre, fundador de LA NACION, al interpretar que la libertad de prensa no es una concesión graciosa de los gobernantes, sino parte de un modelo de país trazado minuciosamente por la ley esencial de la República, la Constitución nacional.
Reintegrada la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina después de la batalla de Cepeda y del Pacto de San José de Flores, que aunó a las partes del conflicto dirimido, Mitre gravitó junto con Dalmacio Vélez Sarsfield, Domingo Faustino Sarmiento y otras personalidades de la época para que la reforma constitucional de 1860 reforzara el espíritu consagrado por los constituyentes de 1853 de respeto amplio para el ejercicio libre del periodismo. Quedó así estipulada la prohibición para el Congreso de la Nación de dictar leyes de imprenta. En su interpretación amplia esa limitación alcanza a cualquier intento de limitar la libertad en el funcionamiento de todos los medios de comunicación cualquiera que fuere el soporte en el que editen sus contenidos.
Ciertamente que en el tiempo transitado desde entonces hemos conocido momentos de respeto ejemplar a la libertad de prensa, como así también otros de censura abierta o solapada, y atropellos de toda índole. Hasta se tramó contra el periodismo independiente, en la primera parte de los años cincuenta, la mezquindad de sofocar sus voces con un régimen de provisión de papel –en época de papel para diario esencialmente importado– según cuotificaciones que se establecían de acuerdo con el grado de adhesión que hubiera al gobierno de Juan Perón.
En el largo tiempo de 155 años gravitó con mayor fuerza en el andamiento de este diario la confianza de los lectores en las bondades de su información e ideario ético, que los ataques habidos contra él y sus periodistas para discontinuar la marcha o desviarla de los objetivos trazados. No ha sido una casualidad que ello ocurriera de tal modo. Ha sido la derivación natural del compromiso sostenido por este diario con las premisas básicas de la democracia republicana.
Siguiendo las reglas de esa escuela clásica del periodismo LA NACION ha considerado siempre que los hechos son sagrados y que su opinión debe responder a la defensa ahincada del Estado de Derecho. Eso ha implicado un batallar denodado por la preservación de la división de poderes, la independencia de una Justicia integrada por magistrados de conducta y antecedentes intachables y, por cierto, la de la libertad de expresión como un bien que ha de beneficiar por igual a quienes piensan de manera distinta.
Consideramos que los hechos son sagrados y que la opinión de LA NACION debe responder a la defensa ahincada del Estado de Derecho. Eso ha implicado un batallar denodado por la preservación de la división de poderes, la independencia de una Justicia intachable y por la libertad de expresión como un bien que beneficia por igual a quienes piensan distinto
Un espíritu de tolerancia de esa naturaleza se somete día a día a la verificación de la prueba. Como parte del bagaje de notas y comentarios por el que se expresa la identidad de LA NACION, hay también voces de colaboradores con una visión diversa de la de este diario y, a veces, hasta en franca oposición con los lineamientos liberales inconfundibles de la doctrina que nos ha caracterizado desde el 4 de enero de 1870.
Somos depositarios de una hemeroteca histórica y de un archivo inigualable como tesoros provenientes del trabajo de las sucesivas generaciones de periodistas que en un siglo y medio han integrado nuestra Redacción. Ningún activo, sin embargo, podría alcanzar mayor valor para un medio de comunicación como este que el encarnado en la masa de lectores y anunciantes, renovados en el tiempo y desde hace décadas distribuida en múltiples plataformas. Sin ellos sería imposible nuestra continuidad.
Consciente de que aferrarse exclusivamente a la nostalgia no es el mejor consejo, LA NACION ha propendido desde sus orígenes a ser contemporánea de sí misma, a preservarse como un medio capaz de mirar el pasado, pero para reafirmarse en los principios en que se fundamenta. Soñamos permanentemente en atender los reclamos de un futuro dinámico en la actualización de nuestros servicios, y en estar preparados para enfrentar los retos que plantea la incesante innovación tecnológica a la hora de pensar en lo que vendrá.
Promovemos que la ciudadanía pueda gozar del irrenunciable derecho a la información, tantas veces cercenado, pero intrínsecamente unido a la condición humana. Tanto internet como la inteligencia artificial, las tan arrolladoras como revolucionarias tecnologías digitales, ofrecen infinitas posibilidades para ampliar las libertades de expresión e información mediante un acceso inmediato y global a la vastedad del conocimiento. Estos saberes extendidos realzan las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aboga por una libertad de expresión irrestricta, sin fronteras ni violencias.
En estos nuevos ecosistemas digitales se instalan con peligrosa facilidad amenazas mediante normas estatales arbitrarias, censura, bloqueos de acceso a contenidos, cibervigilancia, acoso, campañas de descrédito o, simplemente, violencia digital. Todo esto sin olvidar la opacidad propia de los algoritmos que inducen a la polarización, confirman prejuicios o propagan desinformación y discursos de odio. Sobre esto ha hecho una advertencia rectora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Denegris, Natalia c/ Google”, cuando al rechazar una demanda en cuestiones concernientes al derecho a la intimidad de las personas, abogó, en implícita referencia al Congreso de la Nación, porque ha llegado la hora de hacer más transparente la magia de los algoritmos.
Tanto como eso resulta igualmente lesiva del interés público la concentración del mercado en plataformas digitales que menoscaban también los derechos de autor y de propiedad intelectual. Todavía carecemos, sin embargo, del cauce efectivo para la protección del trabajo periodístico y la compensación por sus costos, cuya medida está en relación directa con la calidad de lo que se produce.
Hay incontables desafíos por delante, pero en todo caso se hallan asociados a la nobleza de las metas de un periodismo exigente consigo mismo y al respeto por valores éticos con los que este necesariamente debe consustanciarse. El año nuevo de LA NACION se abre de una forma compartida por todas las áreas internas que hacen fructificar la tarea de nuestros periodistas. En ese elenco indispensable, al que nos dirigimos con sentimiento agradecido, están desde luego los lectores, pero también los anunciantes que han sabido acompañarnos, ajustando también ellos los pasos a los requerimientos de una revolución tecnológica que nos sorprende día tras día.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio en muchos países, incluida la Argentina, tendiente a garantizar la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, en nuestro país, debido a cuestiones burocráticas y, en algunos casos, a la corrupción, todo el sistema a través del cual se llevan a cabo esos controles ha sido puesto en tela de juicio.
Otra de las recientes alarmas fue el escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, que involucra una red de corrupción que operaba al interior del Ministerio de Transporte bonaerense, liderado por Jorge D’Onofrio, quien debió presentar su renuncia hace pocos días. Esta red habría estado involucrada en la eliminación o reducción de multas de tránsito a cambio de sobornos.
D’Onofrio ha sido señalado como presunto responsable de haber brindado protección política a la red en la que jueces de faltas designados o respaldados por él colaboraban con abogados gestores que identificaban a los infractores para ofrecerles reducir las multas, intermediando entre estos y los jueces. La recaudación que era producto de los sobornos habría tenido entre otros destinos la inversión en propiedades en España, principalmente en la Costa del Sol.
Además de D’Onofrio, están imputados varios funcionarios. Entre ellos, Claudia Pombo, concejala de Pilar y colaboradora cercana de D’Onofrio, sospechada de comprar los inmuebles para lavar dinero; Facundo Asencio, jefe de la Verificación Técnica Vehicular, y Mario Quattrocchi, juez de faltas de La Plata y subrogante en San Isidro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el Ministerio de Transporte y en propiedades vinculadas a los imputados, aunque aún no hubo indagatorias y, en la actualidad, se analizan cuentas bancarias en el exterior, como también registros mercantiles en España.
Los cuestionamientos llegan también a Sergio Massa, excandidato a presidente y líder del Frente Renovador, quien fue el dirigente que impulsó en su momento la designación del sospechado funcionario.
Desde esta columna editorial, hemos cuestionado en más de una ocasión el sistema de fotomultas, que en buena parte del país funciona como una herramienta con un fin meramente recaudatorio conocida como “cazabobos”. Un análisis de la localización y el funcionamiento de muchos de los radares permite inferir cómo artera y premeditadamente se induce a los automovilistas a cometer infracciones por exceso de velocidad muy difíciles de evitar, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Las fotomultas deberían ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial.
Pero parece claro que, cuando la finalidad es exclusivamente recaudatoria para las autoridades municipales o, peor aún, cuando lo que se busca es lucrar a partir del pago de sobornos de los presuntos infractores, se torna dificultoso cambiar el sistema.
Otro ejemplo que acotaría los trámites burocráticos y la proliferación de redes de corrupción sería que cada automovilista pudiese llevar a cabo la verificación técnica en cualquier taller mecánico habilitado de manera de poder avanzar en la descentralización del servicio y también en la eliminación de arbitrarios privilegios.
En este sentido, hace un par de meses, senadores bonaerenses de Pro presentaron un proyecto de ley para eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires. La propuesta planteaba que las revisiones técnicas fuesen realizadas por concesionarios oficiales, importadores y talleres habilitados, bajo los parámetros de la ley nacional de tránsito, aunque la iniciativa fue calificada de “temeraria” por parte del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
El proyecto legislativo sostenía que con esa iniciativa se reducirían costos innecesarios y se desburocratizaría el proceso. Propiciaba, además, hacer foco en los problemas derivados de los excesos de velocidad y el consumo de alcohol.
Tal vez sea hora de simplificar los trámites, ya que las metas que originaron la existencia de la VTV pueden alcanzarse a través de mecanismos más eficientes y menos burocráticos.
No existen las soluciones mágicas y es muy difícil poder desterrar todos los rincones de corrupción, pero lo que no puede hacerse es naturalizar su existencia con el premio mayor de la impunidad.
El 16 de agosto de 2022, Ivana Huenelaf, “tehuelche mapuche”, demandaba al Estado nacional por el delito de genocidio. Así calificaba a las operaciones militares que suprimieron las fronteras interiores de nuestro país. Dicha causa ha sido derivada por el juez Daniel Rafecas a la Justicia Federal de Neuquén. Por su parte, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, de la unidad especializada en delitos de lesa humanidad, ya se expidió al solicitarle al juez federal a cargo del Juzgado 2 de Neuquén, Gustavo Villanueva, que acepte la competencia.
En la presentación pide un juicio por la verdad, instancia que aplica cuando los plazos para un juicio han prescripto a partir “del exterminio” de la población indígena y pide una investigación de lo actuado por el Estado nacional entre 1878 y 1890.
Es una constante de esta época la banalización del vocablo genocidio. Vivimos tiempos en los que el significado de las palabras está tan alterado que nos lleva a una nueva Torre de Babel, no ya lingüística, sino semántica.
Pretender asimilar los holocaustos del siglo XX, como los sufridos por el pueblo armenio o por las comunidades judías europeas a las peleas con los indígenas es cuando menos un disparate. En la cuestión de la frontera interior de la República Argentina, fuera de los malones, en los enfrentamientos entre fuerzas del Estado y los lanceros indios hubo combates durísimos con gran cantidad de bajas para ambos bandos. Recién con la modernización de los armamentos iniciados en tiempos de la presidencia de Sarmiento puede decirse que el ejército nacional contó con ventajas frente a las caballerías de las tribus que poblaban nuestras pampas.
Algunos de esos combates duraron muchas horas, como la Batalla de San Carlos en las cercanías de la actual ciudad de Bolívar. El ejército al mando del general Ignacio Rivas, con un componente indígena significativo, infligió una derrota a Calfucurá, que participó de la lucha al frente de cinco mil hombres. Es una ofensa a la bravura demostrada por esos guerreros indígenas hablar de plan sistemático de exterminio y/o genocidio. El sucesor de Calfucurá, su hijo Namuncurá, continuó resistiendo varios años después de la expedición del general Roca al Río Negro. A partir de su rendición, se dedicó a vivir en paz como coronel del ejército argentino en tierras adjudicadas a su familia. En sus visitas periódicas a la ciudad de Buenos Aires era recibido en su casa por Roca en esa relación que se establece entre quienes se reconocen valores comunes como el coraje en el combate.
La presentante no se refiere a las matanzas de tehuelches que hiciera precisamente Calfucurá o al exterminio de la tribu de Borogas del cacique Rondeau, una verdadera masacre que Calfucurá ejecutó al poco tiempo de su instalación en territorio argentino, proveniente de Chile. En el escrito plantea que se les obligó a abandonar lenguas y creencias, y a borrar sus orígenes ancestrales. Nadie obliga a dejar creencias o lenguas. Lo que sí ha promovido el Estado argentino, no solo con los pueblos precolombinos, sino también con las caudalosas corrientes migratorias que llegaron a nuestro suelo en respuesta a una legislación liberal es buscar la integración de todos en un suelo común como argentinos, en vez de convertirnos en una serie de amurallados barrios étnicos.
Una gran parte de los argentinos, casi el 60%, según estudios de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con antepasados que estaban en estos territorios a inicios del siglo XVI cuando Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata. Puede decirse que hoy, en la Argentina, los apellidos ya no identifican orígenes, pues abuelos y bisabuelos son de extracción diversa y entre ellos está la raíz americana.
Por supuesto que como en todo conflicto bélico los desmanes son inevitables: los llamados “daños colaterales”, errores, rencores que se manifiestan en acciones violentas. Es muy probable que una parte de los soldados y oficiales tuvieran vínculos con la vida de la frontera y conocieran de primera mano los sufrimientos de los pobladores de las campañas aledañas.
Una parte de los prisioneros se incorporó al ejército argentino y a las tripulaciones de la marina de guerra y otros fueron distribuidos en lugares de trabajo, como era costumbre en esos tiempos, permitiendo una paulatina incorporación a la sociedad y a la adquisición de hábitos de trabajo.
Muchas tierras se entregaron en Río Negro y Neuquén a tribus indígenas como ya lo había hecho Mitre en la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos y Azul.
Decía recientemente el escritor Arturo Pérez-Reverte que pretender juzgar el pasado con las creencias y mentalidades preponderantes en la actualidad es una estupidez. Ningún historiador que se precie hablaría del “juicio de la historia”. De la historia se puede aprender, entender y también recibir lecciones; pero de ninguna manera podrá haber tribunales que sentencien quién es el prócer y quién el expulsado del panteón.
Menos serio resulta promover estos juicios sobre acontecimientos de hace casi un siglo y medio. Solo sirven para encender sospechas sobre sus verdaderos fines dado el potencial de riquezas del sur argentino. A partir de la información sobre potenciales inversiones y descubrimientos mineros, energéticos, gasíferos, entre otros, los movimientos de agitación con planteos anacrónicos se multiplican.
En la ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada cinco siniestros viales está ligado al consumo de alcohol, se realizaron en 2024 un total de 360 mil controles de alcoholemia. El máximo tolerado de alcohol en sangre aquí es de 0,5 gr/l para conductores de vehículos particulares, de 0,2 gr/l para motociclistas y de cero para principiantes y conductores profesionales. Aquellos conductores que den positivo quedan inhabilitados a conducir por un mínimo de dos meses y, según el dosaje, se aplican multas que van de $94.530 a $1.260.400, incluso con penas de arresto en algunos casos.
En época de fiestas, desde el área de Fiscalización de Espacio Públicos se supervisa también la venta de bebidas en comercios y plazas. En 15 diferentes puntos estratégicos, el Gobierno porteño duplicó la cantidad de testeos respecto de esta época del año pasado. Se indicó que se concretaron 5399 testeos hasta las 7 del miércoles 25, casi el doble del año anterior, con 45 positivos. A cargo del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad, los controles incluyen la verificación de la documentación obligatoria, el uso de alómetros para detectar alcohol y, cuando den positivo, un test con alcoholímetro.
En esta Navidad, la ONG Luchemos por la vida reportó que 8726 controles en la Ciudad de Buenos Aires revelaron que un 8% de los conductores controlados dieron positivo de alcohol, con 70 conductores que estuvieron por encima del límite permitido en la Ciudad –uno de ellos con casi 6 veces el máximo permitido–, reflejando una tasa de positividad semejante a la del año pasado.
En la provincia de Buenos Aires, donde la norma es nada de alcohol al conducir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó que más de un 20% de los conductores, detenidos en la Autopista Ricchieri, o en la zona de Mar del Plata, dieron positivo. Estos elevados guarismos reflejan el nivel de inconciencia de buena parte de la población, responsable de tantas pérdidas de vidas.
La Argentina es el primer país consumidor de alcohol en América Latina con 9 litros de alcohol puro por habitante por año, siendo el alcohol el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para las personas de entre 15 y 49 años de edad. Multiplicar e intensificar los controles de alcoholemia a lo largo de todo el año, a toda hora, particularmente por la noche y en fines de semana, es clave, al igual que exigir que las sanciones se cumplan. Lamentablemente, debemos dar cuenta de que muchas veces estas no se efectivizan y no se notifica fehacientemente a los infractores, quienes siguen conduciendo, amenazando con su irresponsable accionar sus propias vidas y las de los demás.
Es de público conocimiento la importancia que representa para nuestro país el dragado de la Hidrovía, la vía navegable por donde salen al mundo casi el 80% de las exportaciones de productos argentinos, entre los que se encuentran mayoritariamente las del agro y la minería, así como llegan las importaciones del gas natural licuado. Además, la Hidrovía es utilizada por países limítrofes como Brasil, Paraguay y Bolivia.
El dragado y balizamiento de esta vía es fundamental para que los buques puedan transitarla, ya que la alta sedimentación característica del río Paraná, sumada al mayor calado que requieren los buques de carga para tener fletes competitivos, hace necesario realizar nuevas obras de profundización de los canales.
Lamentablemente, la Hidrovía ha ganado fama también como una arteria que se ha convertido en una de las principales rutas para enviar a Europa grandes cantidades de cocaína.
Recientemente se ha hecho público el pliego de la licitación pública nacional e internacional para concesionar el dragado de esta vía navegable por un plazo de 30 años, más 30 de prórroga. El procedimiento ha generado grandes cuestionamientos y denuncias, a raíz de varias cláusulas que determinan un claro direccionamiento hacia la empresa belga Jan De Nul, que actualmente desarrolla las tareas de dragado con un contrato provisorio con la Administración General de Puertos (AGP), lo que desalienta toda competencia en el marco de esta contratación, que se estima alcanzaría un valor económico de unos 20.000 millones de dólares.
La Hidrovía ha ganado fama también como una de las principales rutas para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa
Cabe aclarar que la empresa Jan De Nul se encuentra dragando la Hidrovía desde 1995 en forma ininterrumpida. Comenzó a través de la empresa Hidrovía SA –conformada junto con la empresa local Emepa, del empresario Gabriel Romero–, a la que se le adjudicó la obra de dragado y balizamiento a través de contrato de concesión por peaje, que fue objeto de numerosos cuestionamientos y denuncias, de los que se dio cuenta en varias oportunidades en esta columna. Una prematura renegociación durante la gestión menemista, a tan solo dos años de su vigencia, le permitió en 1997 obtener 8 años adicionales de concesión a los 10 fijados inicialmente, un aumento de la tarifa de peaje y otros beneficios no contemplados originalmente. Luego, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que en 2001 pesificó todas las tarifas de servicios públicos, logró no solo mantener dolarizado el valor del peaje por el uso de la vía navegable, sino también obtener incomprensiblemente un incremento del 45% en el valor de dicha tarifa.
Finalmente, ya en la gestión de Néstor Kirchner, consiguió un nuevo incremento tarifario del 36% en dólares, totalizando un incremento del 81% en la misma moneda desde que se declaró la emergencia en los contratos de servicios públicos, mientras todos los demás servicios permanecían con tarifas en pesos y casi congeladas. Por si fuera poco, en el marco de otra renegociación contractual, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2009, se suscribió un acta acuerdo ratificada por el PEN un año después, por medio de la cual se mantuvieron dolarizadas las tarifas y se le acordó a la empresa una nueva extensión del plazo de concesión por otros 8 años. Corresponde recordar que, por la suscripción de tal acta acuerdo, Romero reconoció ante la Justicia, en la causa Cuadernos, que pagó a funcionarios públicos argentinos la suma de 600.000 dólares que le habrían exigido para que la entonces presidenta de la Nación firmase el decreto aprobatorio. A lo escandaloso de este proceso se suma la declaración en la citada causa judicial del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien confesó que durante años recibió mensualmente dinero de la empresa concesionaria. Sin embargo, ningún juez ni fiscal interrogó a los directivos de Jan De Nul, que tenía el 50% de la empresa.
Un cargamento de 4013 kilos de cocaína que se proyectaba hacer navegar por la Hidrovía con destino al puerto de Amberes, en Bélgica
Tras generar esta concesión ganancias millonarias durante 25 años para Hidrovía SA, y por llegar a su fin la vigencia del contrato, en septiembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández le cedió esa obra a la AGP, que adjudicó los trabajos de dragado en forma directa y sin licitación nuevamente a Jan De Nul, por un plazo de 12 meses o hasta tanto se llamase a nueva licitación, pese a que otras empresas presentaron cotizaciones con precios hasta un 30% inferiores. Otro hecho que no ha pasado inadvertido fue que la AGP resolvió aumentar el precio de la contratación directa en más de un 30%.
Hace tres años, la AGP buscó consolidar la situación irregular de Jan De Nul mediante el dictado de una licitación “corta” que permitiera legitimar a dicha empresa hasta la convocatoria a una licitación “larga”. Ese proceso devino en un escándalo, y tuvo que intervenir la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que, a raíz de varias denuncias, dictaminó que el procedimiento poseía graves inconsistencias y debían adecuarse los pliegos. Estas irregularidades en la licitación motivaron que se abrieran investigaciones contra la cúpula de la AGP, entre ellos, Cristian Rigueiro y Ariel Cherubini, quienes hoy son parte, como si nada hubiese pasado, de la comisión evaluadora de ofertas de la nueva licitación.
Se han detectado graves irregularidades en la Administración General de Puertos que justifican el anuncio oficial sobre su liquidación
La AGP y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Iñaki Arreseygor, están sospechados de direccionamiento. Miembros de la Coalición Cívica presentaron una denuncia formal ante la PIA donde remarcaron el riesgo de llevar a cabo una licitación tal como se encuentra redactada, sosteniendo que va en contra de los principios de igualdad y máxima concurrencia de ofertas. En igual sentido, el diputado Nicolás Massot solicitó al presidente de la Cámara baja que convoque a las autoridades que participaron en la confección de los documentos para aclarar ciertas cuestiones. Sin embargo, nada ocurrió.
En este contexto, dos empresas dragadoras internacionales, la danesa Rhode Nielsen y la belga Deme, presentaron contundentes impugnaciones a los pliegos, sobre la base de que fueron confeccionados para favorecer a Jan De Nul. Se espera que los funcionarios que recibieron estas denuncias, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, hayan tomado nota de ellas para actuar en consecuencia dando en su caso la debida intervención a la Justicia Penal.
Recientemente, una resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones dispuso la confidencialidad hasta mediados de 2025 del registro de eventuales oferentes de este tipo de licitaciones. Algo que lleva a pensar en la intención de ocultar información.
Informes periodísticos dan cuenta de varias irregularidades en el seno de la AGP, como sueldos estrafalarios, proyectos faraónicos y licitaciones direccionadas. Según fuentes periodísticas muy reconocidas, se ha detectado un negocio millonario con la “caja chica”, fondeada con el peaje del dragado, que se utiliza de manera discrecional para gastos injustificados. Según ha trascendido, detrás de la AGP se encuentran los cuestionados hermanos Diego y Leonardo Salom, con nexos con Gustavo “Turco” Elías, sindicado como presunto testaferro de Hugo Moyano, investigado por la Justicia por lavado de dinero, y con lazos con Sergio Massa. Estos personajes se encuentran hoy parapetados en la AGP con cargos gerenciales dentro de dicha empresa estatal, y se encuentran manejando la licitación de la Hidrovía junto a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Se justifica, entonces, el anuncio del gobierno nacional sobre la próxima liquidación de la AGP y de esa subsecretaría. Es inaceptable que existan irregularidades de semejante entidad en uno de los contratos públicos más importantes del país, donde el corazón de nuestra economía se verá puesto en juego por favorecer a una empresa extranjera de dudosas credenciales éticas, con un contrato multimillonario, a costa de la sociedad argentina, afectando gravemente la competitividad de todo el sector exportador e importador. Una nueva licitación que mantiene viejos vicios.
En fecha reciente se dieron a conocer los candidatos mejor posicionados para acceder a la importantísima Cámara Federal de Casación Penal, la cual, se sabe, tiene la última palabra en la interpretación de normas penales. Interviene, además, en casos de funcionarios públicos imputados por delitos de corrupción, incluso previamente a la trascendental etapa de juicio oral, pues es común que deba atender planteos de prescripción, o de alegadas violaciones a garantías constitucionales. Así, por ejemplo, es este tribunal el que opina cuando se han planteado nulidades que, por su gravedad, es conveniente despejar con anterioridad a la celebración del juicio. Tal es el caso de confesiones extraídas con violación a la garantía contra la autoincriminación o de prueba incriminatoria encontrada en un allanamiento ilegítimo.
Los jueces María Gabriela López Iñiguez y José MichiliniArchivo
Al mismo tiempo, este tribunal debe ser restrictivo a la hora de dictar pronunciamientos cuyo efecto sea impedir la efectiva celebración de los juicios orales y públicos, pues es precisamente en esa etapa donde, con amplitud de debate y participación de todas las partes, podrá la sociedad tomar conocimiento pleno de qué funcionarios han abusado de su cargo y cometido graves delitos.
De una lista de más de 40 candidatos, los jueces mejor posicionados en el concurso para acceder a la Cámara de Casación son los que, con su pronunciamiento del 7 de octubre de 2021, frustraron la pronta realización del juicio por el posible encubrimiento y obstrucción de justicia que rodeó al famoso Memorándum de Entendimiento con Irán. Se trata de los magistrados Gabriela López Iñíguez y José Michilini. Esa resolución fue revocada por la Cámara de Casación en septiembre 2023 y, con el reciente rechazo de parte de la Corte Suprema a los recursos de los acusados, finalmente podrá darse comienzo a ese juicio, largamente demorado.
De la lista que circula con más de 40 candidatos a la Cámara de Casación, los primeros lugares corresponden a jueces que frustraron la pronta realización del juicio por el posible encubrimiento y la obstrucción de justicia que rodeó al polémico Memorándum de Entendimiento con Irán
En este punto, es necesario recordar los hechos. A principios de 2015 el entonces fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, había radicado una denuncia en la que dijo que, detrás del llamado Menorándum de Entendimiento con Irán, había existido una opaca trama de gestiones de oscuros personajes con vínculos con funcionarios públicos (calificados por los fiscales como “canales paralelos”), cuyo norte era el de beneficiar a funcionarios iraníes. La denuncia de Nisman, tal cual trascendió con el posterior requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, incluía constancias de conversaciones mantenidas por esos cuestionados personajes. En ellas, se hablaba de que se quería “construir un nuevo enemigo de la AMIA, existiendo una necesidad que tienen de construirla, y que el núcleo es la inocencia de Irán” (…) y que así se comenzaba a “tejer otra variante”.
Vale decir, la investigación cumplida y que, después de interminables idas y venidas, concluyó con un requerimiento de elevación a juicio de los más altos funcionarios de ese momento –y también de esos integrantes de “canales paralelos no oficiales”– no se limitó a cuestionar exclusivamente la legalidad del memorándum, si este había en definitiva alcanzado o no concreción legal y si en algún momento corrieron riesgo las llamadas “alertas rojas” de Interpol contra los funcionarios iraníes.
Estas cuestiones recibieron distintas interpretaciones por parte de las defensas y de los acusadores, incluida la DAIA, y de querellantes particulares que representan a víctimas del atentado. Esas mismas cuestiones, más la existencia de los referidos “canales paralelos”, serían finalmente materia del juicio oral y público, que permitiría, de una buena vez, echar luz sobre estas gravísimas imputaciones.
Es de lamentar que, en razón de esa sentencia inválida firmada por los magistrados López Iñiguez y Michilini, se perdieran más de tres valiosos años en la resolución de un tema tan delicado como el ataque contra la sede de la mutual judía
Luego del requerimiento de elevación a juicio sucedieron otros hechos trascendentes. En marzo de 2018 se designó el tribunal que actuaría. En agosto de 2020, ese tribunal dictó una larga resolución aceptando una gran cantidad de testigos, admitiendo y/o rechazando otras pruebas y difiriendo para el juicio mismo la necesidad de una determinada prueba informática relacionada con la existencia de un funcionario de Interpol al que se le adjudicaba una carta que ponía en tela de juicio si el memorándum con Irán había efectivamente puesto en peligro la vigencia de las llamadas “alertas rojas”. La parte acusadora había efectuado un peritaje informático privado, que daba cuenta de que esa carta era falsa. La prueba ofrecida por ese acusador incluía entonces un peritaje informático sobre ese mismo documento, con la intervención de peritos oficiales. Con el argumento de que durante el juicio declararía ese mismo funcionario de Interpol, el Tribunal dispuso supeditar la realización de dicho peritaje a lo que surgiera de su testimonio. Por último, el mismo tribunal oral había convocado a una audiencia para diciembre de 2020 con el fin de discutir aspectos sobre cómo se presentaría la prueba durante el juicio, cuya realización se preveía como cercana.
Lo sucedido a partir de allí fue sorpresivo, al menos para las partes acusadoras. Esa audiencia de diciembre de 2020 nunca se llevó a cabo y, en cambio, meses después se convocó a otra distinta, que tendría por objeto discutir ciertas nulidades planteadas. Solo que también sorpresivamente, luego de celebrada esa audiencia, ya con fecha 7 de octubre de 2021 el tribunal, con la firma de los jueces López Iñiguez, Michilini y Obligado, optó por echar mano de una herramienta excepcional, que permite no realizar un juicio ante la aparición de “nuevas pruebas” que demuestren que “no resulta necesario el debate”.
La sorpresa de los acusadores se debió a que los elementos que los jueces ponderaron como “nuevos” en realidad no lo eran, pues se hablaba o bien de un informe de Interpol (en realidad anterior incluso a la fecha en que se había declarado la admisibilidad de la prueba), que no hacía más que contener documentos muy anteriores a ese “nuevo informe”, y que habían sido ya evaluados por los distintos tribunales que consideraron necesaria la realización del juicio.
Por otro lado, se consideró “novedosa” la información oficial de que el funcionario de Interpol que declararía sobre la carta alegadamente falsa gozaba de inmunidad y no iba a prestar declaración. Solo que, en ese caso, lejos de optar por clausurar el juicio, el Tribunal Oral debió –consistentemente con su posición previa– haber dispuesto la realización tanto del juicio como de la prueba informática solicitada.
Todos estos factores fueron tenidos en cuenta por la Cámara de Casación que revocó el fallo que había obstruído ilegítimamente la instancia de juicio. Es de lamentar que, en razón de esa sentencia inválida firmada por los jueces López Iñiguez y Michilini, se perdieran más de tres valiosos años.
Los jueces no deben ser sancionados, ni mucho menos expulsados, por sus malos pronunciamientos. Aunque, claramente y con independencia de la muy buena formación jurídica o académica que ostenten, tampoco corresponde premiarlos con un ascenso cuando han sido responsables de pronunciamientos tan nefastos como arbitrarios.
Después de 65 años de dictadura, supresión de libertades, fusilamientos y torturas, la Revolución Cubana ha demostrado su completo fracaso económico y social. Y esa triste realidad nos permite comprobar in situ adónde pretendía llevarnos el terrorismo que asoló América Latina impulsado desde La Habana.
Se trata de un dato aún más oportuno para nuestro país, luego del reciente fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal que modificó una jurisprudencia complaciente con sus autores, al declarar que la voladura del comedor de la Policía Federal, ejecutada por Montoneros en 1976, configuró un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, es imprescriptible. De este tema ya nos hemos ocupado en el editorial del martes último.
El triste naufragio de la isla antillana sirve para verificar, en vivo y en directo, el modelo de país que pretendían los “jóvenes idealistas” inspirados por Ernesto “Che” Guevara y también para descalificar las honras que recibieron, durante el kirchnerismo, los imitadores locales de quienes entraron en La Habana al son de “Patria o Muerte”.
El líder montonero Mario Firmenich
Guevara convocaba en sus arengas a “crear uno, dos, tres Vietnam”, al tiempo que reconocía con orgullo los crímenes del paredón. “Fusilamiento sí; hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario” (Asamblea de la ONU, 1964). Tres años después, moría en el cuartel creado en Bolivia para expandir la guerrilla en la región. Desde entonces quedó grabada en el ideario juvenil la fe en la superioridad moral del marxismo para justificar la subversión armada contra las instituciones democráticas, como lo enseñó el Che y lo ejecutó Montoneros en la Argentina. Esa tan falsa como peligrosa convicción moral llegó a imponerse en nuestros tribunales, bajo presión kirchnerista, logrando que la Justicia tratase sus crímenes aberrantes como delitos comunes, beneficiados por la prescripción.
Hoy se comprueba que aquellas banderas rojas, con fusil y tacuara en cruz, alzadas para subvertir el orden institucional y matar al prójimo “por ideales”, se tiñeron de sangre propia y ajena por un desvarío que nos hizo retroceder más de un siglo. Si se pretendía alcanzar la prosperidad suprimiendo la explotación capitalista, el final de la experiencia cubana demuestra el destino trágico de un sistema que contraría la naturaleza humana, alentando el nepotismo, la holgazanería y la corrupción.
Según el último censo oficial, en 2012, Cuba tenía 11,1 millones de habitantes y ahora, menos de 8,5 millones, no por catástrofes naturales, sino por el desastre institucional que implica el socialismo: 1,5 millones de jóvenes –los mejor formados– han huido, emigrando a Estados Unidos, México, Panamá u otros destinos, dejando sus niños al cuidado de los abuelos. Una carga enorme para ellos, pues la jubilación es de solo 10 dólares por mes y no hay trabajo para completar los ingresos. La pobreza extrema alcanza al 90%, mientras la inflación ronda el 30% anual y el dólar se dispara, espiralizando los precios. Es el perdidoso resultado final de la revolución, en monedas y centavos.
Las izquierdas señalan que Cuba logró niveles de salud y educación mejores que en los países capitalistas. Nada de ello existe ya, salvo para atender a Cristina Kirchner y a su hija, en la misma burbuja privilegiada que disfrutan los magnates del poder
En el año que termina, los apagones fuerzan a las familias a cocinar con fogatas callejeras, si consiguen comida. Ya les resulta habitual tener solo un par de horas de electricidad por día para cargar los celulares y los ventiladores a batería. La falta de energía detiene las fábricas y apaga las heladeras de los comercios, como bien sabemos en la Argentina. Las plantas termoeléctricas instaladas hace medio siglo con tecnología extranjera (URSS, China y España) están obsoletas y el fuel oil que solían recibir de Venezuela, México y Rusia ya no llega. Este año hubo tres interrupciones totales que dejaron a toda la isla sin luz durante casi tres días.
En cuanto a la comida, ya no se consigue en las bodegas con las clásicas libretas de abastecimiento y cada cual debe arreglárselas como puede. Algunos recordarán los pintorescos carretones tirados por caballos que, a falta de ómnibus, se usaban como transporte público. Pues han desaparecido, ya que los equinos fueron sacrificados para proveer de proteínas a los vecinos.
Antes de la caída de la URSS y por su sumisión al poder soviético, Cuba recibió más de 20 mil millones de dólares para gastar sin tener que exigir a la población el trabajo y la productividad requeridos en el resto del mundo. Por esa razón, las izquierdas señalan que logró niveles de salud y educación mejores que en los países capitalistas. Y que esos logros demuestran que la igualdad es un sueño realizable, con violencia o sin ella. Nada de ello existe ya, salvo para atender a Cristina Kirchner y a su hija, en la misma burbuja privilegiada que disfrutan los magnates del poder.
Fidel Castro tuvo la suerte de poder soslayar las exigencias que tiene el resto de las naciones por haber contado con la ayuda de la URSS hasta 1991 y de Hugo Chávez después. Cualquier nación, sin restricciones económicas, podría lograr iguales resultados en materia educativa o sanitaria. Pero en la vida nada es gratis y ahora se comprueba adónde terminan quienes viven de subsidios ajenos. La supervivencia colectiva requiere un sistema institucional que genere incentivos virtuosos para trabajar y producir con esfuerzo propio y sin violentar las libertades democráticas.
El gobierno cubano y sus simpatizantes atribuyen su fracaso a un supuesto bloqueo de los Estados Unidos. Pero es un intento de librarse de la propia culpa, ya que los Estados Unidos solo han impuesto un embargo interno a sus empresas que no impide el comercio de Cuba con el resto del mundo. La caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la dispersión del bloque oriental prueban que la crisis cubana es consecuencia del socialismo y no del embargo.
En la Argentina se ha tardado mucho en reconocer esa realidad. En 2012, Cristina Kirchner declaró el 7 de septiembre “Día del Militante Montonero” para recordar a Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus, asesinos de Pedro Eugenio Aramburu abatidos en 1970, como “arquetipos del mártir montonero”. Del homenaje participaron el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico –ahora colaborador de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires–; la agrupación Kolina, de Alicia Kirchner; la Tupac Amaru, de Milagro Sala, y Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella.
Habiendo transcurrido 65 años de la revolución cubana, ya es posible conocer su resultado y emitir un juicio fundado acerca de la ilegitimidad de los medios utilizados en sus crueles experimentos sociales
En 2020, al celebrarse el cincuentenario de aquel hecho, 750 políticos e intelectuales firmaron una solicitada reivindicando la “resistencia armada” del peronismo montonero. Entre ellos, Rafael Bielsa, Norman Briski, Carlos Kunkel y Camilo Vaca Narvaja, además de sus jefes sobrevivientes, Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Héctor Pardo, Polo Martínez Agüero y Roberto Cirilo Perdía, fallecido en marzo de este año. Y tres meses más tarde, al recordarse el Dia Internacional de los Derechos Humanos, el expresidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner aplaudieron con fervor a la agrupación guerrillera del peronismo en un acto en la ex-ESMA.
Cuando en 2006 Néstor Kirchner declaró que cada 24 de marzo se celebraría el Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no solo lo hizo para condenar los excesos de la dictadura militar, sino también para honrar a aquellos “arquetipos del mártir montonero” y obtener el apoyo de la izquierda transversal. Esa fue la estrategia pactada con Horacio Verbitsky –procesado por el atentado en el comedor policial– y las organizaciones de derechos humanos, plasmada con la entrega del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el predio de la ex-ESMA, más las millonarias indemnizaciones que el Estado Nacional les reconoció, sin control alguno.
No debemos olvidar que la principal agrupación que gravita en el peronismo es La Cámpora, que evoca, precisamente, a Héctor Cámpora, quien asumió el poder con el apoyo de la Tendencia Revolucionaria, compuesta por las organizaciones guerrilleras FAR, FAP y Montoneros y por la Juventud Peronista. Sus ideas todavía prevalecen en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde anida el deseo de repetir la experiencia de 1973, gastando de más, tomando deuda, levantando el puño y admirando al sanguinario Che Guevara.
En 1947, el filósofo marxista Maurice Mérleau Ponty (1908-1961) sostenía que la violencia de una revolución solo puede juzgarse en función de la sociedad que pretende instaurar y no con los valores del orden establecido (“Humanismo y Terror”, 1947). Pues bien, habiendo transcurrido 65 años de la revolución cubana, ya es posible conocer su resultado y emitir un juicio fundado acerca de la ilegitimidad de los medios utilizados en sus crueles experimentos sociales.
Y aplicando esa regla, también se puede llevar al banquillo a los terroristas locales, tan halagados como impunes. De lo contrario, cualquier grupo organizado tendría legitimidad para desconocer la Constitución y las leyes si cuestionase un orden injusto, conforme a su interpretación personal de las cosas. Es muy plausible morir por ideales, pero no matar a otros por los propios.
