Categoría: Entrevistas

“Acá estoy, esperando el huracán”. El comentario irónico de un avezado editor norteamericano no se refería a las ráfagas de viento y frío que azotan su país, sino a la percepción compartida de que a partir de mañana el mundo ingresará en una nueva fase, mucho más turbulenta, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Todo el establishment local asume que no se tratará de una mera continuación de su primer mandato, sino de una versión mucho más auténtica y radicalizada, forjada en sus años fuera del poder y a partir de un mandato popular muy nítido. Estados Unidos se prepara para un vendaval.

Hay al menos cuatro factores que abonan esta impresión generalizada. En primer lugar, esta vez Trump asumirá con una cuota de poder de la que no gozó en el período 2017-2021, no sólo porque tendrá mayoría en ambas cámaras legislativas, sino porque su nivel de dependencia del Partido Republicano es infinitamente menor. Llega sin deberle nada a nadie y sin perspectivas de reelección, lo cual lo dispone a jugar plenos en cada apuesta. En su entorno lo ven desesperado por salir a la cancha y demostrar lo voraz que puede ser.

Como consecuencia, el segundo aspecto importante es que en su nuevo mandato estará rodeado de leales, no de técnicos. Se encargó de reclutar a quienes podría disciplinar para ejercer una presidencia unipersonal sin resistencias. En las biografías de su primer mandato se relatan varios episodios de medidas que quiso tomar y su entorno le desaconsejó, como por ejemplo salir del acuerdo de libre comercio con México y Canadá.

El tercer factor reside en que el mundo que lo recibe ahora es mucho más complejo que el de hace ocho años, con múltiples conflictos de calado profundo (Ucrania, Gaza, Siria) y donde los liderazgos que se fortalecen son los más autoritarios (Xi Jinping, Vladimir Putin, Recip Erdogan), mientras se debilitan los consensualistas (Emmanuel Macron, Olaf Scholz). Ya no hay una Angela Merkel para equilibrar, y los multilateralistas sufren una devaluación interminable. Es una época para líderes carnívoros. La propuesta de resolución de conflictos del nuevo presidente se basa en embestir sin medir costos. Lo intuyó Benjamin Netanyahu, quien tras meses de dilaciones cerró un acuerdo con Hamas.

Y el cuarto aspecto es la claridad del mandato que recibe Trump y la velocidad a la que se dispone a actuar. Sus dos obsesiones son la guerra comercial, porque entiende que Estados Unidos es demasiado permisivo con su déficit de balanza, y la cuestión migratoria, muy vinculada a los controles limítrofes y el narcotráfico, en particular por el exponencial crecimiento del negocio de fentanilo.

Todos esperan que en la primera semana concrete una importante suba de los aranceles externos, que afectarán especialmente a China, pero que además mantenga un ritmo elevado de inflación, que fuerce a frenar la baja de tasas, que fortalezca al dólar y que retraiga los flujos financieros de los mercados emergentes. Un riesgo para la Argentina. Al mismo tiempo aguardan que adopte duras medidas de control fronterizo y posibles deportaciones, lo cual derivará en fuertes tensiones con México. “Va a buscar sacudir el árbol desde el primer minuto, no tan gradualmente como en su gestión anterior”, ilustra un operador del mercado que lo conoce de cerca.

Hay dos interpretaciones del modelo de acción de Trump. Algunos, como Javier Milei, piensan que en realidad se trata de una estrategia de negociación: golpear para sentarse a dialogar desde una posición de fuerza. Como dice un exfuncionario del FMI, “Trump se puede definir en una sola palabra: ´Deal´ (trato). Para él todo es un ´deal´, una negociación”.

Sin embargo, hay otros analistas que invitan a ser más cautos y a no medir al Trump 2.0 con la vara del pasado. Son quienes piensan que esta vez está mucho más dispuesto a llevar adelante sus convicciones, lo que provocaría fuertes tensiones con México, especialmente, y con altas probabilidades con China. Sin duda, la política arancelaria es la principal diferencia entre Trump y Milei.

La doctrina Monroe revisited

En la conformación del nuevo equipo de Trump hay un dato inédito en la historia de Estados Unidos, que es la fuerte presencia de funcionarios de origen latino o de Florida en el manejo de la política exterior. El Departamento de Estado estará a cargo del exsenador Marco Rubio, el primer secretario de origen cubano, que será secundado por Christopher Landau, quien estudió en Paraguay y fue embajador en México en el primer mandato de Trump. A ellos se sumará Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional, un exmilitar que también viene de Florida, y el enviado especial para la región será Mauricio Claver-Carone, otro descendiente cubano de amplio recorrido en América latina.

Por esta razón, el editor de America Quarterly Brian Winter escribió recientemente en Foreign Affairs que el segundo mandato de Trump “parece destinado a focalizar mayor atención en América latina que cualquier otra administración norteamericana en quizás 30 años”, aunque seguramente no será una prioridad. El dilema reside en saber si esa atención estará anclada en la agenda negativa de la inmigración, el narcotráfico y el enfrentamiento con los regímenes autocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, o si Washington podrá articular una estrategia más propositiva. Por ejemplo, para no sólo manifestar disgusto por la influencia china en la región, sino también ofrecer alternativas.

En un artículo de esta semana del Wall Street Journal, los periodistas Michael Gordon y Viviana Salama analizaban un debate instalado en los círculos del poder de Washington respecto de cuál será el rol verdadero de Rubio, a partir de la decisión de Trump de nombrar una gran cantidad de “enviados especiales” para tratar los temas más calientes de la agenda exterior. Esto quedó en evidencia hace unos días, cuando el representante para Medio Oriente, Steve Witkoff, fue el responsable de negociar desde Qatar el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Una tarea similar tendrán Keith Kellog sobre la guerra en Ucrania, Richard Grenell sobre Venezuela y Corea del Norte, y Massad Boulos para el mundo árabe. Son hombres de absoluta confianza de Trump, que le reportarán directamente a él y que reforzarán la idea de una política exterior bien personalista.

Dentro de este team está incluido el inefable Claver Carone, un funcionario que tiene el dudoso mérito de haber logrado que casi todos los que lo conocen en forma personal hablen mal de él. Quien está destinado a ser el hombre de trato más frecuente con América latina tiene una historia muy negativa con la Argentina. No sólo fue muy crítico con los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, sino que también cuestionó la gestión de Milei. Además, arrastra un motivo de encono profundo con Guillermo Francos, a quien siempre responsabilizó de ser quien promovió -cuando representaba a la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo-, la denuncia que lo forzó a dejar la presidencia del BID por haberse puesto en pareja con su jefa de gabinete y haberla beneficiado con un fuerte aumento de sueldo. ¿Pesará más el rencor o la identificación con las ideas libertarias en el accionar de Claver Carone?

Por fuera de toda esta estructura se moverá Elon Musk, quien si bien será nombrado en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE, por sus siglas en inglés) ya demostró que se moverá como un líbero en las relaciones internacionales, destinado a colisionar con la línea oficial del Departamento de Estado. Ya generó ruidos con Brasil, Gran Bretaña, Italia, entre otros países. Con Milei, en cambio, mantiene una relación privilegiada. Volverán a verse por cuarta vez este fin de semana en Washington.

Mi amigo Donald

Sin embargo, desde la mirada de la Casa Rosada y de la cancillería argentina, la apuesta principal es a que la relación bilateral se fortalezca a partir del vínculo personal que entablaron Milei y Trump. La invitación a acompañarlo en Mar-a-Lago en noviembre fue un gesto que incluso en el círculo rojo norteamericano fue visto como preferencial. Allí hubo un cocktail y discursos públicos, pero también una secreta charla privada entre ambos, de alrededor de una hora.

En la comitiva presidencial se ilusionaban con que podría haber algún gesto similar entre los pasillos de los eventos de asunción. “Ahí vamos a tener una primera impresión de cómo está Trump y qué se puede llegar a conversar”, evaluaban en el entorno presidencial. Más allá de la tendencia a sobredimensionar que tiene Milei, en este caso su narrativa parece encontrar reciprocidad en la cúpula del líder republicano. Rubio lo elogió ampliamente esta semana y desde el entorno de republicano le hicieron saber que lo esperaban con la alfombra roja. Anoche fue recibido en la Gala Hispánica con un rockstar. Es muy curiosa la simpatía que genera en Estados Unidos.

Milei está convencido de que su nuevo amigo lo favorecerá cuando llegue al poder con acciones concretas. Supone conocer su modo de razonar y no oculta el atractivo que le generan las disrupciones del magnate naranja. Comparten el vértigo de sentirse outsiders que tienen en jaque al establishment, el uso intensivo y agresivo en las redes, y el rechazo por todo lo que se asemeje al progresismo.

El Presidente interpreta que mantiene una especie de amistad con Trump, sospechoso para un líder tan hosco como el empresario. Se sorprendió cuando algunos burócratas y técnicos de los círculos del poder norteamericano se le acercaron en su último viaje para pedirle que le transmitiera algún mensaje al jefe de la Casa Blanca. De todos modos, hay otros actores que le sugieren a Milei más cautela. “Los hombres de poder tienen intereses, no amistades”, reflexiona un viejo diplomático que recuerda cómo el mismo Trump no dudó en sostener el arancel al acero argentino pese al reclamo de su amigo de andanzas juvenil, Macri.

En el fondo reside el interrogante más importante para la política exterior de Milei, un presidente que desde el principio dijo que estaría alineado con Estados Unidos e Israel. Si logra una correspondencia efectiva desde el Salón Oval, sus prioridades tendrán consistencia y proyección; pero si por el contrario la nueva administración rehúye de los compromisos efectivos, se transformará en una premisa vacía. En los asuntos internacionales, las relaciones requieren de una reciprocidad para poder evolucionar.

Por ejemplo, el Gobierno espera que tras asumir, la nueva administración haga un gesto de bienvenida a la idea de firmar un acuerdo de libre comercio con la Argentina. Milei está empeñado en avanzar con ese proyecto, aún a costa de las restricciones que le impone un Mercosur al que le tiene poca consideración y del que no dudaría en apartarse si le fijan demasiadas trabas. Los técnicos advierten que llevaría varios años de tratativas; en la Cancillería creen que puede ser un trámite más ágil.

De todos modos el primer test efectivo de la nueva relación se dará a través del FMI. En la Casa Rosada siempre dejaron trascender que la administración de Joe Biden nunca fue muy cooperativa con la Argentina en el board y que ahora esperan un fuerte viraje. La experiencia con Macri los ilusiona, aunque desde entonces el staff del Fondo quedó traumatizado con el país.

También en este caso juega el feeling personal con Kristalina Georgieva, con quien Milei volverá a reunirse hoy. El Presidente entabló una relación especial con la búlgara, no sólo por sus charlas sobre teoría económica, en las que encuentran un interés intelectual compartido (ella le llegó a sugerir la lectura del ensayo Las posibilidades económicas de nuestros nietos, escrito por John Maynard Keynes, a sabiendas del rechazo que siente Milei por el británico).

Pero hay una razón menos intelectual. Ambos tenían cuentas pendientes con los actores internos del organismo. Para la titular del FMI era una revancha contra quienes casi la fuerzan a renunciar en 2021 por una denuncia de supuestas presiones para favorecer a China en un informe. Entre sus objetivos estaba su segunda, Gita Gopinath, sobre quien tenía algunas sospechas. En el caso de Milei, sus dardos apuntaban especialmente contra Rodrigo Valdez, a quien logró desplazar de la negociación. “Kristalina entiende todo, comprende las lógicas políticas, contra todo el staff que le erró con la Argentina. Javier le sirve para que ella corte cabezas adentro”, comentaron en Olivos antes de que se conociera el informe del Fondo sobre el último programa con la Argentina, que incluye duras autocríticas.

El nuevo acuerdo está muy avanzado y hay expectativas de anuncio en las próximas semanas. En la reunión de hoy buscarán afinar el lápiz en torno de la relación deuda-crecimiento económico, para ver los montos a desembolsar, los plazos de devolución y las condicionalidades. En el Gobierno buscan dar un golpe de efecto con el acuerdo, porque esperan anunciar un préstamo del Fondo (el mínimo para salir del cepo serían US$11.000 millones), más aportes que haría el Banco Mundial y una suma adicional de bancos privados. El asunto principal es ver cómo se avanza en la cuestión cambiaria a partir del entendimiento. Así como históricamente el problema era el cumplimiento fiscal, ahora es el tema cambiario. El Gobierno no piensa ceder en su ritmo de devaluación, porque no quiere arriesgar su objetivo de bajar la inflación, pero el FMI reclama flexibilidad y podría proponer una banda de flotación del dólar. En el mercado financiero sospechan que Luis Caputo no estaría en desacuerdo con el organismo en este tema, pero que Milei no está tan convencido.

Por Jorge Liotti

Fuente: La Nación

Como parte de una causa que en 2017 investigaba a una banda narco, entre otros objetos de valor se produjo el secuestro de 144 monedas de oro. Quedaron en una caja de seguridad en la sucursal San Isidro del Banco Nación, pero el 9 de abril último quien cumplía funciones de secretario penal del juzgado detectó un faltante. El robo, que se estima pudo haber sido hormiga (concretado en pequeñas cantidades y de forma sistemática y sin violencia), habría tenido lugar entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Las monedas eran propiedad de Rodolfo Tamborini, uno de los acusados que terminó absuelto por la Justicia.

El entonces fiscal a cargo del expediente –recientemente nombrado titular de la UIF–, Paul Starc, había pedido que se dictara el procesamiento del juez Martín Poderti, hoy miembro del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Mar del Plata, tras haber dado por acreditado, más allá de toda duda razonable, que fue él quien sustrajo monedas valuadas en unos 200.000 dólares. Obraban en su poder tanto las llaves de la caja de seguridad como la autorización de ingreso a la bóveda y los registros de video lo mostraron en el sector de cajas en 19 oportunidades en tiempos en que se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, función que desarrolló a lo largo de más de una década.

Fue decisión del juez federal de San Martin, Emiliano Canicoba, procesarlo por el delito de malversación de caudales públicos y le trabó un embargo por 190 millones de pesos, además de notificar al Consejo de la Magistratura para activar el proceso de evaluación de juicio político. Sus defensores ya apelaron la decisión y apuntan a fallas en el proceso administrativo, pues sostienen que nunca se inventariaron los efectos contenidos en la caja al momento del cese de funciones del magistrado cuestionado. La palabra la tiene ahora la Cámara Federal de San Martín.

El imputado dijo sentirse shockeado ante la determinación del juez y aseguró que dará batalla frente a una decisión que considera prematura cuando, esgrime, no se instrumentó ninguna de las medidas probatorias que él había solicitado. En la indagatoria del 22 de agosto pasado argumentó desconocer quién podría haber tomado las monedas y trató de justificar sus reiteradas visitas a la caja como “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles”.

El abogado de Tamborini, el denunciante, expresó su indignación frente a lo ocurrido y señaló que otras investigaciones por hechos idénticos en distintas causas con valores judicialmente secuestrados también tienen a Poderti como protagonista. Hace unos meses se detectó el faltante de 765 dólares secuestrados en 2014 bajo su resguardo como entonces secretario del Juzgado Federal 2 de San Isidro. Otra causa investiga la ausencia de dinero, joyas y relojes.

El magistrado ahora procesado no solo se definió como un funcionario honesto con 31 años de carrera sino que consideró burdo y absurdo que pensaran que hubiera dejado evidencia que lo conectara tan directamente con el robo. Más aún, se preguntó por qué habría dejado otros elementos de incluso mayor valor sin robarlos.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, explicó que es importante que la gente entienda que los delitos penales tramitan en la Justicia mientras que es tarea del órgano que ella integra evaluar la responsabilidad política que puede eventualmente conducir a la remoción de un magistrado procesado.

Pese a los escándalos, Poderti sigue en funciones, cobrando su sueldo todos los meses. Que no haya sido capaz de pedir una licencia mientras la Justicia define su situación es signo inequívoco de su falta de integridad. Nuestro Poder Judicial debe cuidar que el correcto y oportuno funcionamiento del Consejo de la Magistratura permita extirpar sin demoras cualquier elemento que afecte su prestigio, contemplando la suspensión como instancia intermedia. Recuperar la confianza ciudadana exige inexorablemente sanear la Justicia.

Fuente: La Nación

La vieja discusión sobre la pesada carga tributaria en la Argentina reconoce su origen en el desproporcionado aumento del gasto público y en la imaginación de los gobernantes para seguir esquilmando a los contribuyentes para sostenerlo.

Uno de los más recordados ejemplos de esa creatividad mal entendida fue el “impuesto al viento”, sancionado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn en 2020 y frenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Fuera de ese caso tan absurdo, una reciente investigación periodística de LA NACION reveló que existen nada menos que 84 diferentes tipos de tasas municipales en el país. Más allá de este abultado e insólito número, se trata de cargas aplicadas mayoritariamente sin una contraprestación y en forma solapada con otros tributos o con el pago de servicios públicos.

Hace cuatro meses, de manera absolutamente justificada, el gobierno nacional oficializó la prohibición a los municipios del cobro de tasas en las facturas de servicios públicos. La resistencia de no pocos intendentes a cumplir esa norma derivó en una batalla que se libra en el Poder Judicial.

Esta semana el Gobierno dio otro paso para terminar con esos abusos. Cuando el mes próximo se retomen las audiencias públicas con los entes reguladores de las empresas de servicios, Economía buscará eliminar que las distribuidoras corten el suministro en caso de deudas de tasas municipales. Es decir, que solo puedan hacerlo si se adeuda el servicio.

Expertos en derecho tributario enfatizan que los municipios no pueden cobrar impuestos y que, aun cuando pueden reclamar el pago de tasas, estas deben responder a un servicio prestado. Por ende, el valor de cualquier tasa debe relacionarse con el costo de la prestación. Si, por el contrario, el precio de la tasa se calcula en función de la facturación, estaríamos ante una deformación y eso explica la cantidad de juicios contra los municipios por el cobro de tasas sin la correspondiente contraprestación.

Los municipios con más problemas respecto de la ausencia de contraprestación por el cobro de tasas son los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Tucumán, Chaco y Formosa.

Según un informe de la UIA sobre presión tributaria, las empresas abonan, en promedio, 7,4 tasas municipales. Uno de cada tres pagos corresponde a seguridad e higiene, rubro seguido por la de habilitación de actividades económicas.

Entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señalan que en Henderson hubo subas de la tasa vial superiores al 200%. La nómina de municipios con mayores alzas se completa con San Pedro, General Viamonte, Lincoln y Chacabuco. Lo peor de todo es que semejantes aumentos no reflejan la contraprestación del servicio, que debería ser la reparación de caminos rurales.

Algunos jefes comunales intentan justificar las desmedidas tasas municipales en la disminución de los giros desde los gobiernos provinciales y de la Nación. Sin embargo, nada dicen sobre el descomunal peso de los aparatos políticos en sus presupuestos. En tal sentido, un estudio de la Fundación Libertad da cuenta de que, en 55 municipios de todo el país relevados, el costo por concejal promedia los 129,4 millones de pesos anuales, aunque en ciudades como San Miguel de Tucumán y Río Gallegos alcanza 600 millones de pesos por año.

Recientemente, Economía envió una nota a las provincias en la que solicita que se instrumenten medidas para que sus municipios deroguen las tasas municipales cuyo valor no guarde proporción con el costo de la prestación del servicio y pidió que, de no cumplir con eso, se les suspenda su participación de la masa coparticipable. Justificó su requerimiento en que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por las comunas “perjudica los esfuerzos del Gobierno para evitar incrementos en la presión tributaria”, además de afectar los costos de bienes y servicios, y de impedir una mayor reducción de la inflación. Un ejemplo de esto último puede advertirse en cómo la creación o el incremento constante de las tasas municipales afecta el consumo de combustible, de modo que el precio de la nafta en el Gran Buenos Aires es mayor que en la Capital Federal.

Cabe recordar, además, que días atrás se reglamentó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, por el que los tickets deben reflejar con claridad los impuestos que los ciudadanos abonan en cada una de las compras que realizan. De ese modo, las grandes empresas deben visibilizar el IVA y los impuestos internos y, más adelante, se incorporarán los demás comercios y tributos, incluyendo ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran. La implementación de ese régimen fue impulsada por Lógica, una activa y diligente asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad.

Es vital que los intendentes entiendan que, de acuerdo con el mensaje de la mayoría de la ciudadanía en las urnas, ha llegado la hora de que los grandes ajustes los haga la política y no el común de la gente. No es viable que los jefes comunales pretendan trasladar su ineficiencia administrativa y los costos de sus gigantescas estructuras municipales a los vecinos. Mucho menos, cuando su propósito oculto es financiar sus campañas electorales y servirse a sí mismos y a sus aparatos clientelares, antes que servir al bien común.

Fuente: La Nación

Pasado un año del gobierno de Javier Milei, resulta evidente que el fortalecimiento de las instituciones no pareciera figurar entre sus prioridades. No se trataría de una política de saneamiento gradual, sino de una deliberada desatención que, en ciertos casos, ha derivado en un abandono contrario a la legalidad.

Este fenómeno resulta desconcertante tanto para juristas como para economistas, considerando la relevancia que la salud institucional tiene como pilar del Estado de Derecho y la estabilidad necesaria para la continuidad del éxito de las importantes reformas económicas. Más preocupante aún, en algunos casos se constata un verdadero proceso de destrucción institucional, como lo ejemplifica la situación actual de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Desde este espacio hemos destacado en reiteradas ocasiones la trascendencia de la UIF en la protección del sistema económico-financiero y en el fortalecimiento del orden institucional. También hemos denunciado los intentos previos de manipulación y debilitamiento del organismo, particularmente durante los gobiernos kirchneristas, que lo utilizaron tanto para encubrir delitos como para perseguir a opositores. Sin embargo, hechos recientes reflejan una dinámica igualmente preocupante: el Gobierno ha subordinado a la UIF a intereses político-partidarios, comprometiendo su autonomía y efectividad.

En el inicio de su mandato, el Gobierno dispuso el traspaso de la UIF del ámbito del Ministerio de Economía al de Justicia, delegando así la responsabilidad directa de su gestión al ministro Mariano Cúneo Libarona y a su viceministro, Sebastián Amerio. Este cambio generó dudas, dada la tendencia internacional a ubicar estos organismos bajo la órbita de Economía, salvo que se pretenda fortalecer su rol como querellante ante la Justicia. La realidad, lamentablemente, viene demostrando lo contrario.

Resulta claro hoy que el traslado de la UIF tenía como objetivo someterla a los intereses político-partidarios de la actual administración, garantizando pactos de gobernabilidad mediante la inacción en casos sensibles de corrupción y lavado de activos. En una de sus primeras medidas, el Ministerio de Justicia intentó eliminar la facultad de querellar de la UIF, lo que habría significado un debilitamiento directo de su capacidad operativa, particularmente en causas de alta relevancia, como aquellas que involucran a Cristina Kirchner. Ante la resistencia de expertos y sectores de la sociedad civil, esta intención fue abandonada, pero desde entonces el organismo ha enfrentado constantes interferencias y represalias.

Uno de los episodios más alarmantes fue el pedido de renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, tras su decisión de querellar a Martín Insaurralde en la escandalosa causa donde se encuentra imputado por lavado de activos. La remoción de Tessio, coincidente con el inicio de la evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue interpretada como una violación de la autonomía del organismo. En su lugar, se designó a un abogado sin experiencia en la materia, Santiago Martín González Rodríguez.

Durante el último año, las transferencias del Tesoro a la UIF se redujeron drásticamente, de 400 millones de pesos mensuales en promedio, entre enero y agosto de 2024, a apenas 50 millones en el resto del año, lo cual ha impedido el ajuste de salarios, nuevas contrataciones y la esencial actualización tecnológica. Esto ha provocado la pérdida de más de 80 funcionarios de un total de 230, afectando áreas claves como la Dirección de Litigios Penales, responsable de las querellas en causas emblemáticas de corrupción y lavado de activos.

Las interferencias en la UIF no son casos aislados: se suman a otras decisiones cuestionables, como la nominación del impresentable juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la falta de apoyo para aprobar el proyecto de ley de ficha limpia en el Congreso, al que el Gobierno dice ahora que reemplazará con un texto propio durante las próximas sesiones extraordinarias.

El debilitamiento de la UIF no solo constituye una violación a la ley 25.246, que exige su autonomía, sino que pone en riesgo el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, exponiendo a la Argentina a un eventual reingreso en la lista gris de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cabe recordar que en octubre de 2024 nuestro país había aprobado el informe de evaluación en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional.

Es lamentable que el Gobierno no reconozca el valor estratégico de una UIF autónoma y eficaz. Más allá de su papel en la lucha contra la crimen organizado, una institución fuerte podría posicionar a la Argentina como un aliado clave en el esfuerzo global contra la corrupción, la criminalidad organizada y el terrorismo, estrechando lazos internacionales y atrayendo beneficios estratégicos para nuestra nación.

Periódicamente llegan al país misiones del FMI orientadas a discutir “desafíos en torno a temas institucionales”. Son parte de las negociaciones en torno a eventuales acuerdos. El Fondo mira de cerca estos temas y el fortalecimiento de organismos como la UIF y su autonomía, así como la Justicia.

La Argentina ha asumido compromisos esenciales en materia de transparencia para garantizar el Estado de Derecho y sostener los avances económicos que tanto le ha costado concretar.

El fortalecimiento de las instituciones no es una opción: es la base sobre la cual se construyen el crecimiento económico, la estabilidad democrática y la confianza en el futuro de una república sana y fuerte.

Fuente: La Nación

Con el grueso de los países del mundo dándole la espalda, Maduro reasumió la presidencia de Venezuela. Ya no es un problema exclusivo –y enorme– de los venezolanos tener a un dictador manejando los destinos de su país. Es un dilema para las democracias del planeta que haya alguien que se erija como mandatario en nombre de ella habiendo pisoteado sus principios, fraguado los cómputos electorales, escondido las actas que claramente lo daban perdidoso, haciendo desaparecer personas, persiguiendo y encarcelando a todo aquel que se atreva a denunciarlo.

Maduro es un violador serial de derechos humanos apoyado por sujetos y organizaciones que comparten con él una mirada tan miope como peligrosa: la que considera que solo deben respetarse y defenderse los derechos de su propia gente.

Una carta de lectores publicada en LA NACION, firmada por Ricardo Albanese, reparaba en el comunicado por el que la organización Madres de Plaza de Mayo dio un contundente apoyo a Maduro el día de su reasunción. “No lo entendía [hasta que] recurrí a los archivos periodísticos de las últimas décadas y comprendí. Muchos de sus hijos pertenecieron a las organizaciones terroristas del ERP y Montoneros, quienes buscaban instaurar en nuestro país, a través de atentados, secuestros y asesinatos, un sistema económico, de gobierno y cultural similar al impuesto por Maduro”, escribió el lector.

Las de esos grupos son expresiones de coros desafinados que reclaman resistir frente a todo aquello que les haga tambalear el relato que construyeron por décadas a fuerza de combates pseudoculturales que solo lograron divisiones y enconos. Se erigen en directores de orquesta –cada vez más raleadas– que no tienen ya cómo explicar por qué la violencia es buena cuando la ejercen sus músicos. La violencia es un horror, provenga del lugar de donde proviniere.

Los apoyos que recibió Maduro confirman el estado de soledad en que va quedando su farsa y la hipocresía de sus fieles de utilería. Del lado argentino, recibió dos avales explícitos, dignos de perderse en la senda de la rectitud y de la lógica: el de la “castrista” Alicia Castro –nunca más precisa la redundancia– y el del borocotizado Carlos Raimundi.

Otros que lo respaldan abiertamente desde siempre esta vez se resguardaron en un silencio cómplice. Si bien no hubo pronunciamiento ni de Cristina Kirchner ni del Partido Justicialista que ella preside, todos sabemos que fueron y son socios políticos y económicos del dictador venezolano y que esa tiranía era el ejemplo de país al que nos pensaban conducir.

En tanto, en su escrito reivindicatorio del dictador chavista, las Madres caracterizan a la Argentina como un país sometido a “las crueldades impuestas y generadas por un gobierno perverso [el de Javier Milei]”, y apelan a que Maduro “tenga la fortaleza y la sabiduría suficientes y necesarias para enfrentar con decisión la planificación perversa de Estados Unidos y su proyecto de sometimiento de los pueblos latinoamericanos”.

Es la misma burda resistencia que las Madres, los intelectuales de izquierda, los sindicalistas y los movimientos sociales kirchneristas reivindicaban tras conocerse el indiscutible triunfo de Milei en el balotaje. Es decir, estuvieron entonces tan dispuestos a desconocer la legalidad democrática local como están ahora decididos a apoyar la atroz ilegalidad dictatorial venezolana. ¿Una contradicción? No, si se lee al ensayista e historiador Loris Zanatta, quien en su momento lo explicó con una clara analogía: “Resistencia es una palabra ampulosa y densa de historia y debe utilizarse con precaución; su uso no es indiferente ni inocente. En Europa evoca la resistencia partisana contra el nazifascismo; es una gran palabra. En la Argentina, evoca la resistencia del peronismo a los regímenes que lo proscribieron y es más ambigua. Claro: proscribirlo fue antidemocrático, pero tampoco había sido democrático su gobierno. Con estos precedentes, no conviene erigirse en adalid de la democracia”.

Allí fue donde el lector Albanese pudo haber encontrado también la explicación: en los oscuros precedentes que ningún forzado revisionismo podrá modificar a pesar de los ingentes esfuerzos por acomodar la realidad a su gusto y conveniencia.

Fuente: La Nación

Bajo mandato judicial, se ejecutó el desalojo de un grupo de personas autodenominadas mapuches que ocupaban ilegalmente una porción del Parque Nacional Los Alerces desde enero de 2020. El grupo justificaba su accionar en una supuesta reivindicación territorial ancestral, en un área que forma parte del mencionado parque, situado cerca de la localidad de Esquel, en Chubut. El operativo marca un hito: es el primer desalojo realizado en los últimos 18 años, en el contexto de una política destinada a restaurar los principios de nuestra Constitución. No obstante, este operativo no es el último, pues persisten usurpaciones en otras reservas naturales del país. Se trata de acciones necesarias si queremos cambiar esta sociedad y salir de una narrativa que se tradujo en uno de los daños más profundos que ha sufrido la Argentina: un relato de funcionarios ideologizados que no es sino una traición a valores fundamentales como el respeto a la libertad y a la propiedad privada.

El líder del grupo de usurpadores fue, en su momento, empleado de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, luego de su desvinculación, comenzó a impulsar un plan de lucha contra el mismo organismo que lo había empleado, con el objetivo de tomar posesión de esos terrenos. De hecho, algunos informes lo vinculan con los incendios intencionales que afectaron a Los Alerces en los últimos años.

La inacción del último gobierno no solo permitió que grupos sin derecho alguno se adueñaran de territorios, sino que facilitó que los propietarios legítimos fueran desplazados de manera violenta, amparados en la connivencia de las autoridades y la inoperancia del Poder Judicial: una verdadera supremacía de la injusticia

El desalojo se produce poco después de que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández durante el ejercicio de la presidencia, que había prorrogado la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. Esta normativa, vigente desde 2006 y con una validez inicial de cuatro años, que fue prorrogada sucesivamente hasta 2024, suspendía “el desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias cuya personería jurídica estuviera registrada”. Para hacer efectiva la norma, la posesión debía ser “actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada”, requisitos todos que fueron ignorados por las autoridades del gobierno anterior al permitir que comunidades ignotas, a menudo amparadas en una fantasiosa autopercepción mapuche, se asentaran directamente en territorios de gran valor escénico o económico sin haber estado previamente en el sitio. Una mera usurpación.

La inacción del último gobierno no solo permitió que grupos sin derecho alguno se adueñaran de territorios, sino que facilitó que los propietarios legítimos fueran desplazados de manera violenta, amparados en la connivencia de las autoridades y la inoperancia del Poder Judicial: una verdadera supremacía de la injusticia.

La reciente medida tiene como objetivo resolver los conflictos que afectaron a los propietarios desplazados durante casi dos décadas, ignorados por organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta el propio Ministerio de Justicia, cuyos funcionarios, plagados de supersticiones y practicantes de una ideología victimista, con relatos falsos y reescribiendo la historia a su gusto y conveniencia, en nada ayudaron a los verdaderos protagonistas de las comunidades indígenas a integrarse a la sociedad argentina como verdaderos ciudadanos. Ha quedado claro que actuaron como cómplices de los usurpadores.

El operativo, realizado por fuerzas federales, se desarrolló de manera ordenada y pacífica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la importancia de que quienes incumplen la ley sean sometidos a la Justicia y que los argentinos recuperen sus derechos de propiedad, tanto públicos como privados.

Fuente: La Nación

Días atrás se reglamentó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por el que los tickets reflejarán con claridad los impuestos que los ciudadanos abonan en cada una de las compras que realizan. Desde el inicio de este año, las grandes empresas tienen el deber de que se visibilicen el IVA y los impuestos internos y, más adelante, se incorporarán los demás comercios y tributos, incluyendo ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran.

La implementación de este clarificador régimen llega de la mano de Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, que comprometió a los candidatos presidenciales a impulsar dicho cambio, logrando las adhesiones de Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. El Presidente lo honró, incluyéndolo en la reciente Ley 27.743 que introdujo reformas en el ámbito fiscal, sumada ahora esta reglamentación.

El grado de descontrol del gasto público se reflejó en la carga impositiva y la inflación con las que convivimos por años los argentinos, las más altas del mundo. Su verdadero daño lo ha sentido la ciudadanía en cada una de las crisis recurrentes que han hundido sistemáticamente a nuestro país. Desde estas columnas nos hemos referido repetidamente a las causas de esta situación, partiendo de la voracidad fiscal de nuestros poderes políticos y de un Poder Judicial que ha incumplido con su rol constitucional de controlar los excesos fiscales de los otros dos poderes. Pero también hubo una sociedad civil adormecida cuyas omisiones fueron funcionales al mantenimiento de esta tremenda situación. Por un lado, una ciudadanía que no opuso resistencia a los excesos de los políticos, entre otras razones, por su falta de cultura fiscal, a la que contribuyó en forma decisiva un régimen que le ocultó los impuestos al consumo durante más de 50 años con prohibiciones y sanciones inaceptables, recién ahora derogadas. Y, por el otro, un sector empresario que, salvo contadas y honrosas excepciones, no supo, no quiso o no pudo organizarse para reclamar y poner límites a semejantes atropellos.

Para muchos, haber ejercido la actividad empresarial en los últimos 20 años ha lindado con lo patriótico: la mayor preocupación era sobrevivir. Pero no es menos cierto que la no inclusión de la cuestión fiscal en la agenda empresarial, tal como por ejemplo surge de las temáticas abordadas en numerosas conferencias anuales hasta 2022, fue funcional a esta tragedia. Incluso cuando la actividad no estaba directamente ligada de alguna forma al Estado, por el temor a represalias u otras razones, la propia rentabilidad empresarial se vio afectada y provocó también que el consumidor terminara soportando más del 40% y hasta en algunos casos más del 50% de impuestos en el precio final de un producto.

La implementación de este clarificador régimen llega de la mano de Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad

Pues bien, con este flamante régimen de transparencia se abre una ventana para que, finalmente, la sociedad civil pueda actuar poniendo límites al poder político. Es esta la oportunidad para despertar la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el momento de cambio cultural generado por el actual gobierno, sin sufrir represalias por promover la transparencia fiscal, exigir la baja del gasto público o la reducción de impuestos, naturales consecuencias de esta transparencia. Esta oportunidad se le abre principalmente al sector empresarial, por ser el que paga más impuestos y el que tiene los recursos para asegurar este proceso a largo plazo y en forma apartidaria, actuando en beneficio propio, de sus empleados, sus clientes finales y del país.

Los tickets con los impuestos discriminados ya de por sí serán un instrumento de concientización. Si bien su lectura generará una conversación en la sociedad esto solo no será suficiente. El lanzamiento debe acompañarse de una fuerte campaña de difusión que empuje el referido cambio cultural. No hay pauta, no hay plata para que el Estado encare la cruzada. La asociación civil Lógica sigue sumando su valioso aporte y ya trabaja en esta dirección con una campaña para este año, dentro de parámetros comparables al lanzamiento de un producto de consumo masivo. Necesitarán recursos y las empresas tendrán ahora la oportunidad y, más aún, la responsabilidad de implementar y difundir este régimen del que serán claras beneficiarias, apoyando y difundiendo esta campaña.

2025 es un año electoral, ocasión en la que los políticos suelen escuchar más a los votantes. Las razones fiscales deben pesar cada vez con más fuerza en el voto del ciudadano que cuida su bolsillo y el destino de sus aportes. Solo promoviendo esta conciencia se empoderará al ciudadano para que se involucre y exija austeridad en los gastos y razonabilidad en los impuestos, además de reclamar también que los servicios esenciales que provee el Estado sean acordes a los tributos. Es imperioso que desde la sociedad civil, a instancias también del sector empresarial, se plantee la adhesión de las provincias para visibilizar ingresos brutos y tasas municipales, ante una mayoría de gobernadores e intendentes reacios a racionalizar gastos y tributos, descansando como siempre en el auxilio de un Estado hoy quebrado. Desde esa convicción, la ciudadanía reforzará su capacidad de exigir una profunda reforma fiscal que disminuya la insoportable carga tributaria que ahoga la actividad empresarial, profesional y laboral castigando al consumidor.

Solo asumiendo un compromiso instalado mayoritariamente podremos evitar, a largo plazo, la pretensión pendular de volver a caer en un festival de gasto público, impuestos e inflación ante un eventual cambio de color político de la siguiente gestión. Volver a aquella situación terminal en la que nos encontrábamos a fines del 2023 sería lo peor que podría pasarnos.

La cuestión fiscal debe dejar de ser un coto de políticos irresponsables para pasar a convertirse en una causa ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia. El sector empresario tiene ante sí la oportunidad de dejar de ser parte de la tragedia fiscal del pasado para hacerse parte del “milagro argentino” que saque al país del estancamiento y la pobreza, devolviéndole un proyecto de desarrollo y bienestar para todos.

Fuente: La Nación

Mientras la producción agrícola se halla estancada en la Argentina desde hace años, y Brasil, Paraguay y Uruguay no cesan de aumentar su oferta en los mercados mundiales, el tiempo se agota para que el Estado saque el pie de encima de nuestro campo o arbitre nuevas medidas para aliviar el desasosiego.

El presidente Milei ha procurado estar en sintonía con los reclamos de las entidades que representan al sector. Incluso, se ha permitido reconocer públicamente, en tren quejoso, que anteriores gobernantes habían “robado” al campo para asistir a la industria como actor económico privilegiado. Esa ha sido una verdad incontrastable a juzgar por lo ocurrido durante largo tiempo en el país. De modo que, si el conflicto se dirimiera hoy en un plano estrictamente retórico, nadie discutiría que la situación ha cambiado por entero en relación con el lenguaje oficial que acompañó las políticas dominantes en los siniestros dieciséis años de kirchnerismo en el poder. Lamentablemente, la cuestión está lejos de agotarse en el uso del lenguaje y la exposición de sentimientos.

Ahora, por así decirlo, la música es otra respecto del pasado reciente, pero la realidad sigue siendo no menos apremiante de lo que lo fue antes del 10 de diciembre de 2023. Un combo explosivo integrado por una prolongada sequía, precios agrícolas mundiales que están en el piso de los últimos cuatro años, sumado a las grandes cosechas de Brasil y los Estados Unidos, más un dólar sofocado en el frente interno y costos internos –labores, fletes, gasoil– que han subido como consecuencia inevitable de la inflación, ha delineado un cuadro límite para la producción agropecuaria argentina.

La gestión de Milei ha bajado algunos derechos de exportación, como el que pesa sobre cortes de exportación de carnes, del 9% al 6,75%, o sobre aviares, lácteos y productos de economías regionales.

Un presidente, cuyo discurso hacia el campo ha sido de un respeto consonante con el servicio que este presta a la economía nacional en su conjunto. Con todo, ha sido por sí mismo insuficiente para calmar los ánimos por una situación que tiende últimamente a acentuar su perfil más deprimente.

Voceros de la Unión Cívica Radical han dicho, sin que fueran desmentidos, que esa fuerza política fue una de las que evitaron durante la aprobación de la Ley Bases que el Gobierno quedara habilitado, como habría pretendido, a aumentar aún más los derechos de exportación, llamados retenciones. Estos derechos se hallan en el centro de las protestas del sector a raíz de lo importante de su incidencia: 33% sobre la soja y 12% tanto para el maíz como para el trigo.

No hay espaldas que puedan soportar una carga tributaria de casi dos tercios de lo que se produce; no hay otro sector de la economía nacional que enfrente una demasía impositiva de la magnitud de la que soporta el campo

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) ha hecho saber que, con el aumento de la presión impositiva del 2,8% en septiembre, el total de los tributos que paga el campo ha llegado al 64,3% de los ingresos. De ese porcentaje el 94,7% corresponde a impuestos nacionales, 4,7% a impuestos provinciales y el resto a tasas y sobretasas municipales.

El año abrió con escándalos en varias partes del territorio bonaerense por aumentos de la tasa vial en más del 200% en Henderson e incrementos considerables en San Pedro, General Viamonte, Lincoln y Chacabuco, entre otros distritos. Se invocan razones como la lucha contra la plaga de la cotorra o de la acacia negra, como si la fauna y la flora fueran buenas excusas para elevar el número de rubros de gabelas.

No hay espaldas que puedan soportar una carga tributaria de casi dos tercios de lo que se produce; no hay otro sector de la economía nacional que enfrente una demasía de tal magnitud. El Gobierno ha dicho que para cambiar esto necesita obtener la consolidación del superávit fiscal, que es hasta aquí un éxito, es cierto, como lo es también haber reducido la inflación desde el 25% de enero pasado al 2,4% del último registro mensual (valor, este último, que preocuparía intensamente en un país con tradición de finanzas ordenadas).

Una manera de querer calmar la ansiedad es decir que se bajarán las retenciones: ¿cuándo, con exactitud?

El tema es que se agotan los tiempos para el campo. La realidad impone resultados que el Gobierno no quisiera ver como tampoco oír: por ejemplo, la apreciación que el peso ha tenido a lo largo del año en relación con el dólar. Ha afectado esto a quienes exportan y acentuado los efectos negativos para quienes también aquí producen, por la apertura de las importaciones, tan bienvenida por razones de otro orden.

Es una manera de querer calmar la ansiedad prevaleciente decir que en 2025 se bajarán las retenciones. ¿Cuándo, con exactitud? No hay margen a esta altura para vaguedades. Tres defaults que han comprometido en corto tiempo a reconocidas firmas de plaza han tensado las expectativas y el Gobierno no puede ni debe ignorarlo.

El exministro Domingo Cavallo, a quien mal se podría calificar de adversario de la política económica, ha advertido que la apreciación del peso es del 20% y parecida a la de los tres últimos años de la convertibilidad. Se comprenderá el efecto psicológico que ha producido esa comparación en un contexto en el que Cavallo ha urgido, por lo demás, a avanzar hacia la unificación cambiaria en no más de tres meses.

Los números sobre lo que sucede documentan lo delicado de las circunstancias. Un trabajo muy divulgado de la investigadora de mercados AZ Group ha informado que en campos arrendados –práctica que abarca más del 60% de las tierras bajo cultivo–, y con una soja que cotiza a mayo a 268 dólares la tonelada, se pierden en Córdoba 93 dólares por hectárea. Con ese precio, en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe se ganan apenas 21 dólares por hectárea si la soja rinde 40 toneladas por hectárea, nada fácil de lograr todos los años, después de haberse invertido para ese resultado 898 dólares por hectárea.

La soja es el cultivo más castigado, tanto por las retenciones como por los precios deprimidos. Esto se refleja en el siguiente punto: si bien ha subido el 6,4% el número total de hectáreas cultivadas, hasta lograrse un total de 18,4 millones de hectáreas, han bajado en esta campaña, sin embargo, en 200.000 hectáreas las que se consagran a la más popular entre nosotros de las oleaginosas. Ha mejorado algo el precio del maíz respecto de meses atrás, pero de diciembre de 2023 a diciembre 2024 la caída de los precios ha sido del 10% para la soja, del 4,4% para el maíz y del 9,3% para el trigo.

La constancia gubernamental en la consecución de los objetivos centrales que se ha trazado ha sido, sin duda, de un mérito elocuente. Pero convendría que se estudiaran algunas alternativas para casos tan especiales como el que se ha descripto en este espacio y en cuya ocurrencia gravitan tanto las políticas oficiales como motivos ajenos a estas. En ninguna empresa, incluida la gran empresa que es el Estado, se puede trabajar seriamente sin estar preparados para atender las contingencias que de pronto asaltan a una conducción. Es el caso palmario de la situación tan preocupante por la que atraviesa la actividad agrícola.

Fuente: La Nación

Dos de las principales preocupaciones ciudadanas quedaron sin ser resueltas legislativamente en 2024 y todo indica que seguirán esperando si el Presidente no habilita las sesiones extraordinarias e incluye en ese temario los proyectos que apuntan a legislar sobre ellas.

Se trata de prohibir que se presenten como candidatos a cargos electivos quienes cuentan con una doble condena firme judicial y de terminar con lo vulgarmente conocido como “puerta giratoria”, es decir, que un delincuente pueda cometer delitos una y otra vez porque el sistema no tiene en cuenta ni sus antecedentes ni su peligrosidad. En efecto, han quedado en medio del tira y afloje político la sanción de las leyes de ficha limpia y de reiterancia. También la denominada ley antimafia, que ya cuenta con la sanción de Diputados, pero espera ser aprobada en la Cámara alta.

A la caída del tratamiento de la primera norma contribuyeron legisladores de casi todos los bloques, abortando en dos oportunidades por falta de quorum el debate en el recinto de la Cámara baja. La primera vez faltó un solo legislador de los 129 necesarios para lograrlo. En la segunda oportunidad se ausentó más de una decena, incluidos representantes de La Libertad Avanza, una de las fuerzas que habían convocado a sesionar, pero que desistió a último momento de sentar a sus diputados en las bancas. El Gobierno justificó esa defección en que, si bien está de acuerdo con que los corruptos doblemente condenados no accedan a cargos públicos, tal como proponía la iniciativa original de Pro, falta pulir el texto de la norma de modo tal que “tenga los reparos suficientes para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar” en elecciones, según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Con posterioridad a ese fracaso parlamentario, el Gobierno anunció la creación de una comisión para elaborar un nuevo texto superador de ficha limpia y designó asesor al abogado Alejandro Fargosi. Por el momento se desconocen el contenido del trabajo y la fecha de presentación de la iniciativa presidencial sobre el tema.

Al caer aquella sesión, tampoco pudieron debatirse otros temas que estaban habilitados; entre ellos, los de reincidencia, reiterancia y los cambios a la unificación de condenas y concurso de delitos.

Presionar con la postulación de Lijo, impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética, constituiría un error histórico de gravísimas consecuencias, además de una pésima señal para quienes desempeñan con honradez y profesionalismo su trabajo en el Poder Judicial

La propuesta de modificación del Código Penal consensuada entre La Libertad Avanza y Pro se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la reincidencia para “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”. En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas.

La Legislatura porteña cuenta ya con una ley de reiterancia que agrava la situación procesal penal de los imputados con “reiteración de delitos”, al habilitar a los jueces para que puedan dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuando existan procesos pendientes o condenas anteriores. Es decir que si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no es excarcelable, tendrá que esperar el juicio preso. Según datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la mitad de los delitos denunciados en el distrito son cometidos por delincuentes reincidentes.

En tanto el proyecto oficial antimafia, que espera su sanción en el Senado nacional, introduce nuevas herramientas y procesos de investigación para los delitos perpetrados por organizaciones criminales, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el lavado de activos, endureciendo las penas. La principal promotora de esta ley es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre sus principales ejes, la iniciativa dispone procesar y condenar con la pena del delito más grave que se le impute a un acusado a todos los integrantes de una organización criminal. Con esta medida, el Gobierno pretende que los cabecillas de las bandas paguen por los crímenes, como en el caso del homicidio, cometidos por sus subordinados. Establece también la creación de una zona de investigación especial, con el fin de agilizar los procedimientos y permitir la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las Justicias federal y provinciales. La escala penal prevista es de 8 a 20 años para quien “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita”.

Cabe destacar que en todas las iniciativas mencionadas existieron duras oposiciones principalmente de parte del kirchnerismo y de legisladores de izquierda, quienes opinan que lo que el Gobierno y sus aliados buscan es “estigmatizar” a las personas en conflicto con la ley, algo que no debería asombrar dado el grado de abolicionismo que profesan ambos sectores claramente abocados a priorizar los derechos del victimario por sobre los de las verdaderas víctimas: los desprotegidos ciudadanos.

Respecto de ficha limpia, han usado hasta el cansancio la excusa de la proscripción de Cristina Kirchner, gastado argumento que no hay ya cómo sostener. Otras fuentes en fricción con el oficialismo lo hacen responsable del fracaso de esa norma en el entendimiento de la supuesta conveniencia de Javier Milei de tener como principal antagonista pública este año a la exmandataria, quien aspiraría a presentarse como candidata a legisladora nacional, con lo que volvería a tener los fueros que, en una interpretación totalmente falaz de ese instrumento, la protejan de ir presa.

A esa maraña de dimes y diretes se suman las trabas impuestas por muchos gobernadores para que no avanzara en el Congreso la sanción del presupuesto de gastos de la administración nacional 2025, ya que no consiguieron la respuesta esperada en la obtención de beneficios para sus terruños. En respuesta a ello, el Presidente decidió prorrogar por decreto el presupuesto 2023 y sus modificatorias, una postergación por dos años consecutivos de la que no se tenía registro en el país.

En cuanto al llamado a sesiones extraordinarias, es poco lo que se ha dejado trascender. Los cruciales temas mencionados, salvo alguna versión no traducida aún en hechos, no aparecen al tope de la agenda que debería ser de tratamiento inmediato. En cambio, el Poder Ejecutivo podría incluir en él la derogación de las PASO, una propuesta que también genera numerosas rispideces. Un sector transversal de la política estaría dispuesto a suspenderlas solo para las elecciones de medio término de este año, pero no a derogarlas. Por otra parte, insistir en la nominación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituiría un error histórico de gravísimas consecuencias. Poner en semejante sitial a quien ha sido impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética representa un gravísimo riesgo para la seguridad jurídica, la llegada de inversiones y el combate del crimen organizado. Paralelamente, sería una pésima señal para quienes desempeñan su trabajo con honradez y profesionalismo en el Poder Judicial.

Hoy el Congreso está casi vacío. Sectores de la oposición protestan por “actitudes en exceso discrecionales” del Gobierno, pero han dejado caer –junto con representantes del oficialismo y aliados varios– el debate de temas trascendentes que preocupan a la ciudadanía. Hoy la palabra la tiene el Presidente. Él y solo él está habilitado para llamar a extraordinarias y definir qué se trata. Tanto la oposición como el oficialismo siguen en falta.

Fuente: La Nación

El dictador Nicolás Maduro se propone reasumir mañana como presidente de Venezuela sin haber podido demostrar su victoria electoral y sin reconocimiento internacional de peso. Su principal rival en las urnas, Edmundo González Urrutia, contundente ganador en los comicios del 28 de julio del año último, mostró en cambio copia de las actas que ratifican su triunfo y ha prometido regresar al país para asumir el cargo.

Maduro ratificó el carácter “popular, militar y policial” de su gobierno y, en un tono violento, advirtió a sus adversarios que nunca entregará el bastón de mando como comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana. En paralelo, el número dos del régimen, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anticipó que González Urrutia –por quien se ofrece una recompensa de 100.000 dólares a quien conduzca a su captura– no podrá ingresar a Venezuela sin ser detenido de inmediato. El yerno del legítimo presidente electo fue recientemente apresado. Actualmente 125 extranjeros de diferentes nacionalidades está encerrados en prisiones de máxima seguridad, y otros siete han sido capturados por el régimen venezolano en los últimos días, probablemente como potenciales prendas de canje de cara a un eventual escape forzado del dictador.

El chavismo ha militarizado aún más las calles y convocó a sus militantes a masivas marchas en Caracas y en cinco regiones de Venezuela para cuando Maduro acuda al Parlamento a jurar para su tercer mandato consecutivo como jefe de Estado, acto que gran parte de la comunidad internacional ya adelantó que no reconocerá.

Por su parte, la líder en la clandestinidad María Corina Machado, a través de redes sociales, convocó al mundo a marchar desde hoy por Venezuela. Aseguró que el final de la presidencia de Maduro está muy cerca y destacó que derrotar a una tiranía cruel en las calles de todo el país con los votos del pueblo es una hazaña épica.

La Argentina vive el proceso electoral venezolano con particular interés debido a dos situaciones definitivamente contrarias al derecho internacional que la involucran directamente. En primer lugar, la de la embajada argentina en Caracas, actualmente custodiada por Brasil, bajo asedio permanente por parte de fuerzas de seguridad venezolanas a asesores de campaña de María Corina Machado allí refugiados. Nuestro país condenó enérgicamente los actos de hostigamiento e intimidación y el despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de la sede diplomática y otras maniobras que constituyen una perturbación de la seguridad. Sin luz, sin agua y con escasos alimentos, el acoso a la embajada argentina no ha cesado en ningún momento. Maduro se negó a entregarles un salvoconducto, pese a las reiteradas peticiones del gobierno de Lula da Silva. Tampoco respondió a la enérgica condena del gobierno de los Estados Unidos, que calificó estas acciones de una “grave violación del derecho internacional”, que compromete la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, e instó a respetar sus obligaciones internacionales y a detener las acciones intimidatorias.

El segundo hecho tiene como protagonista a Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino que fue ilegalmente detenido en Venezuela cuando iba a visitar a su pareja y a su hijo de dos años. El siniestro fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó que se lo acusa de haber intentado ingresar de manera irregular y de estar vinculado a acciones terroristas en ese país, además de pretender asesinar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Una acusación tan absurda como temeraria, que choca con la documentación oficial difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que demuestra que el régimen chavista había formalmente autorizado el ingreso de Gallo a Venezuela a fines de noviembre pasado.

La Justicia argentina exhortó a Venezuela a informar, por vía diplomática, el paradero del gendarme. Se solicitó conocer el lugar de detención y los motivos de su arresto, quién es el juez que lo mantiene detenido y que se le permita designar a un abogado y trabar contacto con su familia. Se presentó, además, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de desaparición forzada de persona.

La preocupación por la detención del gendarme escaló a nivel internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el caso constituye un crimen de lesa humanidad y reclamó la inmediata liberación del uniformado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen de Maduro una serie de informes sobre su situación. Para reafirmar el compromiso de la Argentina con los valores democráticos y la libertad en la región, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a González Urrutia, quien también recibió el apoyo de Joe Biden en Estados Unidos.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de redoblar sus esfuerzos para que Venezuela regrese a la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho, presionando para que el dictador Maduro deje el poder. Las voces de todos los países deben resonar con fuerza para evitar este nuevo atropello que castiga al pueblo venezolano y a la región. El silencio y la inacción no son otra cosa que complicidad.

Fuente: La Nación