Categoría: Entrevistas

El terrorismo, en especial el yihadista, en cualquiera de sus expresiones, es uno de los flagelos internacionales que mayor cantidad de víctimas inocentes se cobra. Su método consiste en sembrar el terror de forma sistemática e impiadosa en el núcleo cotidiano de una sociedad, tras su objetivo de destrozar a familias enteras creando una enorme sensación de inseguridad. Ha revelado también su capacidad para hacer tambalear a cualquier gobierno democrático ante la inevitable dificultad para prevenir su accionar o para sancionar penalmente a los perpetradores.

Entran así en juego los intereses nacionales o supranacionales de los gobiernos de turno, que asumen posición frente a estos grupos terroristas,según sus ideologías. No olvidemos que, lamentablemente, algunos ven con cierta simpatía a estos mercenarios criminales, con quienes formalizan acuerdos abiertos o encubiertos a espaldas de los ciudadanos que claman justicia.

Los llamados juicios en ausencia constituyen una valiosa herramienta que permite el juzgamiento de los perpetradores directos -o de sus ideólogos- de despiadados ataques cuando no pueden ser detenidos

Combatirlos no es una cuestión sencilla. La historia nos enseña que estos asesinos que invocan el nombre de Dios están decididos a exterminar a quienes se interpongan en su camino. Ejemplos sobran: los kamikazes que se inmolaban en nombre del Dios Emperador o los yihadistas que se suicidan para alcanzar su “paraíso lleno de vírgenes”. No se trata de otra cosa más que de asesinos seriales a quienes urge detener de forma rápida y efectiva.

Desde el punto de vista de la legislación disponible para combatir estas lacras, los llamados juicios en ausencia constituyen una valiosa herramienta jurídica que permite el juzgamiento de los perpetradores directos –o de sus ideólogos– de estos despiadados ataques que no pueden ser de otra forma detenidos. Ante la ineficacia de las fuerzas de seguridad o de medidas judiciales a este fin, se suma una red de complicidades internacionales capaces de desactivar o simplemente no acatar las alertas rojas para detenerlos en sus derroteros por el mundo cuando ingresan a países como Rusia, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, entre otros. Eluden así el accionar jurisdiccional utilizando pasaportes diplomáticos que los amparan.

Son situaciones que se reiteran con demasiada frecuencia, avivando la indignación y pérdida de credibilidad de distintos niveles de autoridad en el ámbito de las relaciones internacionales. Solo la legislación puede ofrecer una alternativa efectiva para desactivar este nefasto accionar criminal.

No podemos seguir propalando reclamos de justicia ni poblar de homenajes cada aniversario de un atentado como si no hubiera nada más por hacer

Francia, Bulgaria, Italia, Ucrania –a pesar de los asesinatos concretados por los rusos tras la invasión a su territorio soberano–, emplean con eficacia de manera excepcional procesos de juicios en ausencia ante hechos perpetrados dentro de sus territorios nacionales. Entre nosotros, se ha presentado oportunamente una treintena de proyectos de ley de juicio en ausencia. Impulsado por el Poder Ejecutivo, uno de ellos obtuvo el jueves último la sanción de la Cámara de Diputados. Resta ahora el debate en el Senado.

Ese proyecto habilita a realizar juicios en ausencia en casos de delitos graves como los de lesa humanidad y terrorismo. Tal calificación se aplica cuando el acusado es declarado en rebeldía ya sea porque evita comparecer o ignora las convocatorias judiciales. También, cuando, tras cuatro meses de búsqueda activa a nivel nacional o internacional, no se logre localizar al imputado. Para salvaguardar el derecho a la defensa, dicha iniciativa prevé que el juez designe un defensor oficial si el imputado carece de uno propio, aunque este podrá nombrar un abogado de su confianza en cualquier momento del proceso. Además, la presencia física del acusado no será obligatoria en ninguna instancia judicial. Todos sus derechos serán ejercidos en su nombre por su defensor.

Los deudos de los asesinados por el terrorismo y la comunidad toda llevan demasiado tiempo esperando que la dirigencia política esté a la altura de la circunstancias

Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue contundente al exigir al Estado argentino que realice las reformas legislativas necesarias para juzgar a los responsables del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. De hecho, la CIDH, en el caso Liakat contra Suriname, zanja y resuelve muchas de las cuestiones que aún en la actualidad los diputados que sostuvieron el dictamen de minoría sobre juicio en ausencia parecieran desconocer. Todo evoluciona en materia de prevención y de juzgamiento cuando de terrorismo se trata. En pocos años, Francia resolvió con varios criminales sentados en el banquillo y con juicios en rebeldía de los ausentes los atentados del 2015, incluso con el tiempo muerto de la pandemia en el medio.

El atentado contra la AMIA fue declarado crimen de lesa humanidad, lo cual garantiza su imprescriptibilidad, pero no asegura que el lógico paso del tiempo le evite a sus responsables las penas que merecen, constituyéndose en un triste ejemplo de extrema impunidad. No se trata de un juicio anticipado de condena sino que contempla todos los derechos constitucionales y de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Sí conlleva la modificación de los códigos procesales penales federal y nacional, lo cual no afecta la irretroactividad de los tipos penales.

No podemos seguir propalando reclamos de justicia ni poblar de homenajes cada aniversario de un atentado como si no hubiera nada más por hacer. Para que este tema tan agraviante para la sociedad argentina en especial, y para la comunidad judía en particular, encuentre cauce y contribuya al restablecimiento de la confianza en el sistema judicial, la sanción de la ley de juicio en ausencia no puede continuar demorada. Menoscabando la trascendencia política de legislar sobre el tema, habrá quien argumente que ha transcurrido aún poco tiempo de gestión de este gobierno, dilatando una medida cuyo valor no se limita al de reparación sino que suma el de la prevención.

En el hipotético caso de recaer alguna sentencia condenatoria sobre algún funcionario público extranjero por los hechos criminales cometidos dentro del territorio soberano argentino, quedarían habilitados fuertes reclamos ante la Corte Internacional de Justicia que dirime cuestiones entre Estados, pero también implicaría que las alertas rojas sean inscriptas como dirigidas a condenados de crímenes de lesa humanidad, lo cual complicaría a aquellos cómplices de otros países que no sean detenidos al pasar por Migraciones.

Los deudos de los asesinados por el terrorismo y la comunidad entera llevan demasiado tiempo esperando que los políticos estén a la altura de las circunstancias.

Honrar la memoria de las víctimas no puede seguir siendo un acto silente de resignación. La media sanción de la demorada ley de juicios en ausencia en Diputados nos acerca a la obtención de la justicia que merece tanto dolor. Es de esperar que también los senadores así lo comprendan.

Fuente: La Nación

No hay mal que por bien no venga, sentenciaban nuestras abuelas. Y lo mismo puede decirse del discurso antiwoke que Javier Milei pronunció en Davos. Si su propósito era alinearse con Donald Trump en un foro internacional, por suerte optó por esa agenda y no por una diatriba proteccionista de consecuencias impredecibles.

El discurso de Davos fue un grave tropiezo por su contenido y su oportunidad. Sin embargo, esas palabras inflamadas no tuvieron consecuencias prácticas inmediatas sobre la vida de los argentinos ni de quienes se sintieron agraviados por ellas. Pero la convocatoria a una guerra comercial hubiera borrado con el codo lo que Milei escribe con la mano.

El mercantilismo resurgió y todavía resurge por necesidad de la política y por necedad de la ignorancia

En realidad, nada más distinto que Trump y Milei en cuanto a sus ideas económicas. El primero es un hombre de negocios, puro y duro, que ignora el complejo mecanismo de la economía y cree poder violentarla sin medir las consecuencias. En tanto el nuestro es experto en esa disciplina y por su profesión privilegia el bien común, aunque suscite debates. Sabe de memoria lo que Adam Smith prevenía acerca de la propensión de los empresarios y Federico Sturzenegger se lo recuerda, si lo olvida: “Cuando los hombres de negocios proponen una ley o regulación, hay que escucharlos con mucha precaución y jamás hacerles caso hasta analizar sus propuestas no solamente con gran cuidado, sino también con actitud de sospecha. Pues son personas cuyo interés no coincide exactamente con el general, que tienden a engañar al público y muchas veces, a oprimirlo” (La Riqueza de las Naciones, 1776)

Las recientes órdenes ejecutivas de Trump imponiendo castigos tarifarios a México, Canadá y China implican una regresión al siglo XIX cuando Estados Unidos, inspirado por Alexander Hamilton (1757-1804), secretario del Tesoro de George Washington, promovió el proteccionismo. Para crecer de forma independiente, propuso un fuerte gobierno central dotado de un banco nacional y elevados aranceles de importación para apoyar el desarrollo industrial.

Nuestro país, con pocos habitantes, grandes riquezas naturales y nulas inversiones, aplicó durante 80 años un mercantilismo criollo que lo llevó al fracaso

Las ideas de Hamilton fueron puestas en práctica por Abraham Lincoln (1809-1865) y sus sucesores, durante la larga hegemonía del partido republicano desde el fin de la Guerra de Secesión (1865) hasta la Gran Depresión (1933). Tuvo su punto culminante cuando William McKinley (1843- 1901), ídolo de Trump, impulsó desde el Congreso un aumento de tarifas del 50% (McKinley Tariff, 1890). Ello alentó la formación de los grandes grupos económicos de ese período y que Trump pretende reproducir en el área de tecnología. Como presidente, McKinley condujo la guerra con España (1898) y cuya derrota hizo perder a esta Puerto Rico, Filipinas y Guam. Quizás, la admiración de Trump por McKinley también haya inspirado sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia, Panamá y Canadá.

Con el nombre de American System (Henry Clay, 1777-1852), ese programa configuró una variante del mercantilismo aplicado en Francia por Luis XIV (1638-1715) y su ministro, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683). A su vez, Georg Friedrich List (1789 -1846) inspirado en Hamilton, propuso para Alemania otra receta de corte nacionalista, opuesta al cosmopolitismo de Adam Smith, basada en la protección a las “industrias nacientes” que, como sabemos en la Argentina, nunca dejan de serlo.

Quizá la picardía peronista aproveche el discurso de Trump para atacar a Milei, pues “vivir con lo nuestro” fue la prédica de ideólogos del atraso, cuyas ideas aún gravitan en La Plata y en el Instituto Patria

Sin embargo, todo eso es ya historia antigua. El mercantilismo es esencialmente conflictivo, concibe a la economía como un juego de suma cero y, al desconocer la teoría subjetiva del valor, no comprende cómo puede crearlo el comercio. Provocó muchas de las guerras europeas de la Edad Moderna y la expansión de la esclavitud y el colonialismo. En Gran Bretaña se abandonó en 1846 –aunque el imperio no dejó sus colonias– al derogarse las leyes de cereales (corn laws) que los encarecían a costa del nivel de vida de la población. Pero, como vemos, el mercantilismo resurgió y todavía resurge por necesidad de la política y necedad de la ignorancia.

Desde la segunda posguerra, Estados Unidos impulsó la liberalización del comercio mundial como forma pacífica de enlazar intereses recíprocos y de prevenir guerras futuras (Acuerdos de Bretton Woods 1944, GATT 1947, OMC 1995 y sus 14 tratados de libre comercio). Y ahora Trump, ignorando los consejos del gran escocés y tomando los de Colbert como otro Rey Sol, recurre a teorías perimidas para “hacer América grande de nuevo” cuando solo conducen a conflictos innecesarios que dañan a quienes se pretende beneficiar. No es cierto que el proteccionismo sea bueno para el crecimiento, ni que el precio de los aranceles de importación lo paguen los extranjeros y, mucho menos, que sean una herramienta idónea para forzar a otras naciones en temas que deben resolverse a través de la diplomacia.

El Mercosur actual no es la solución para ampliar mercados. Sus miembros deben encontrar alternativas estratégicas en un mundo cada vez más complejo para el comercio global

Quizás la picardía peronista aproveche el discurso de Trump para atacar a Milei pues “vivir con lo nuestro” fue la prédica de José Ber Gelbard, Julio Broner, Aldo Ferrer, Marcelo Diamand y otros ideólogos del atraso, cuyas ideas aún gravitan en La Plata y en el Instituto Patria. Pero una cosa son los Estados Unidos, con sus 334 millones de habitantes y un PBI per cápita de 83.000 dólares y otra cosa es la Argentina. Nuestro país, con pocos habitantes, grandes riquezas naturales y nulas inversiones, aplicó durante 80 años un mercantilismo criollo que lo llevó al fracaso. Para sostener la autarquía se pensó que el campo proveería –para siempre– las divisas requeridas por un sector industrial incapaz de generarlas. Y, de paso, sostener una burocracia estatal creciente, un sector pasivo desproporcionado, una casta sindical millonaria y un régimen laboral que expulsa a la informalidad. Ese experimento llegó a su fin con el cuarto gobierno kirchnerista, dejando al país en hiperinflación y con el 50% de pobreza.

Para crecer, la Argentina debe lograr competitividad mediante un profundo proceso de reconversión productiva. No es una opción, sino una necesidad para subsistir como nación soberana. Como señaló el economista Marcelo Elizondo en LA NACION, nuestro país tiene una escasísima inserción productiva externa y solo 18 empresas (de las 550.000 existentes) exportan más de 500 millones de dólares anuales.

No puede esperarse gran cosa del Estado nacional, pues no cuenta con los recursos para financiar transformaciones como la UE. Lo importante es que el riesgo país continúe en baja y que el equilibrio fiscal y la estabilidad regulatoria atraigan los capitales necesarios para viabilizar la reconversión

El Mercosur actual no es la solución para ampliar mercados. Sus miembros deben encontrar alternativas para salir de su corset proteccionista y establecer alianzas estratégicas en un mundo cada vez más complejo para el comercio global. No puede esperarse gran cosa del Estado nacional, pues no cuenta con recursos para financiar transformaciones como en la Unión Europea. Lo importante es que el riesgo país continúe en baja y que la confianza en el equilibrio fiscal y la estabilidad regulatoria atraigan los capitales necesarios para viabilizar la reconversión.

Es el principal desafío para los años que siguen. Tanto para el sector privado, como para el sector público cuyas reformas estructurales son indispensables para que el histórico “costo argentino” no haga fracasar esta oportunidad inesperada que las urnas le han deparado a la Argentina, que aún parece frágil y suena irrepetible.

Fuente: La Nación

La muerte de Alberto Nisman dejó una herida abierta. El cargo que ostentaba le imponía el deber de impulsar la acción penal y llevar adelante la investigación de los delitos cometidos en su jurisdicción. Desde 2004, investigaba el mayor acto terrorista ocurrido en la Argentina, producto del atentado a la sede de la AMIA, con el tristísimo saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, lo cual entrañaba un peligro evidente para su persona.

La Constitución nacional reformada en 1994 le confiere al Ministerio Público, del cual dependía Nisman, el carácter institucional de órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la República. Su misión consistía en investigar ante la sospecha de la existencia de un delito. En palabras simples, era el abogado encargado de actuar en nombre de todos los ciudadanos frente a hechos que pudieran esconder un crimen. En el caso particular del ataque a la AMIA, su trabajo suponía enfrentar organizaciones siniestras e inclementes, cuyos tentáculos no respetan límites ni fronteras.

La historia es bien conocida: en enero de 2015, tras cuatro días de haber presentado una denuncia contra Cristina Kirchner y otras notorias figuras públicas de su entorno, lo encontraron muerto en su departamento.

Al cumplirse una década de aquella muerte, el senador Oscar Parrilli se burló en X, con una prosa precaria y desafiante, de los diarios Clarín y LA NACION Comenzó diciendo que las noticias difundidas le permitían afirmar: “No fallan, son de manual (…) todos los años bombardean con su asesinato, inventado”. Sin ningún prurito, cuestionaba la difusión pública de una preocupación latente en la sociedad argentina, que necesita que la Justicia esclarezca los hechos denunciados por Nisman sobre el encubrimiento de ciudadanos iraníes y determine quiénes acabaron con su vida. Ambos hechos están estrechamente ligados.

Parrilli atacó, además, al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, de quienes dijo que “de todo se vuelve, menos del ridículo”, al opinar sobre cómo conducen la causa por el homicidio del fiscal Nisman.

Es oportuno recordar que, entre 2003 y 2014, Parrilli se desempeñó como secretario general de la Presidencia, cargo de máxima confianza de Néstor y Cristina Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio concluyó, en junio de 2017, al ordenar su procesamiento en la causa por encubrimiento, que Parrilli conocía los pormenores de la trama del delito gestado con la firma del memorándum con Irán.

No puede olvidarse que el 16 de diciembre de 2014 Parrilli y Juan Martín Mena asumieron la conducción de la entonces Secretaría de Inteligencia en reemplazo de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Un mes antes de la muerte de Nisman, Parrilli y Mena asumieron las máximas responsabilidades del espionaje argentino.

Mena, actual ministro de Justicia bonaerense, era subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuando ocurrieron las maniobras que llevaron a la firma del memorándum. Bonadio señaló que Antonio Stiuso, en su declaración testimonial, sindicó a Mena como redactor de una de las versiones del memorándum.

Los jueces de la Cámara Federal y Correccional Martín Irurzun y Eduardo Farah, en diciembre de 2017, confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner, Parrilli y Mena, entre otros, por el delito de encubrimiento que Nisman había denunciado cuatro días antes de su muerte.

La demora en avanzar contra los responsables del crimen confirma, una vez más, que no todos somos iguales ante la ley

Ambos camaristas destacaron que el memorándum, respondiendo a los intereses del gobierno de Irán, contenía la injustificada cláusula séptima que permitía que los cancilleres remitieran el acuerdo a Interpol antes de su aprobación final interna. No era un tratado, pero producía sus importantes efectos. Increíble, pero real. Resignaba la soberanía para comprometer la voluntad del Estado en manos de un funcionario no electivo: el canciller.

El memorándum preveía que podía ser ejecutado sin ser tratado por el Congreso. Esa sola circunstancia posibilitaba adicionarles a las alertas rojas un salvoconducto para los funcionarios iraníes. De esa cláusula séptima operativa con la firma de los cancilleres no habla ninguno de los procesados por encubrimiento. Prefieren discutir sobre qué pasó la noche del asesinato de Nisman, cuestión sin duda mucho más difícil de dilucidar. El entonces canciller Héctor Timerman y su par iraní, Alí A. Salehi, remitieron una nota conjunta a Interpol el 15 de febrero de 2013 en la que informaban sobre lo acordado. En consecuencia, antes de que el Congreso nacional aprobara el 27 de febrero de 2013 el memorándum, los efectos auspiciados por Irán (el encubrimiento) ya se habían consumado.

El asesinato de Nisman y el encubrimiento son dos cuestiones inescindibles. La denuncia de Nisman identificaba en principio como responsables del encubrimiento a quien estaba en el vértice del Poder Ejecutivo y a dos de las figuras que comandaban la inteligencia. Cristina Kirchner, Parrilli y Mena tienen una gran responsabilidad política que les exige aclarar qué negociaron para llegar a la firma del memorándum y qué vinculación tuvieron con la muerte del fiscal. La Justicia tiene como deuda decidir si hubo encubrimiento y, al mismo tiempo, resolver el homicidio de Nisman.

El ataque de Parrilli al fiscal Taiano se relaciona con el informe que este presentó sobre la muerte de Nisman. Taiano brindó allí un exhaustivo panorama sobre lo sucedido cuando Parrilli y Mena, por decisión de Cristina Kirchner, fueron designados número uno y dos de la SIDE. Taiano sostuvo que, con la llegada de Parrilli y Mena, se produjo un proceso de desjerarquización del organismo y una política de sometimiento a la autoridad presidencial, que incluyó persecuciones, interrogatorios y desapoderamiento del material de trabajo.

Llama la atención la mención de Taiano a las graves amenazas personales y a su familia recibidas por Nisman, sobre todo a partir de 2012, año anterior a la firma del memorándum. Lo llamaban “pajarito” o “rusito descerebrado” para denostarlo y le anunciaban un siniestro destino desde 2012.

Según el escrito de Taiano, la causa por el asesinato tiene 126 cuerpos en un total de más de 20.000 fojas. Allí se encuentran más de 900 declaraciones testimoniales y se analizaron unas 200.000 comunicaciones telefónicas. Ese informe no permite concluir que pronto se descubrirá quiénes segaron la vida de Nisman. Sin embargo, es incomprensible que las contundentes decisiones de Bonadio y la ratificación de los procesamientos por parte de Irurzun y Farah, que fueron confirmados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema, firmes desde marzo de 2019, todavía no hayan sido examinados en un juicio oral cuya fecha de inicio es inadmisiblemente desconocida.

Resta esperar que el Tribunal Federal Oral 8, ahora integrado por Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, lo antes posible convoque a las audiencias en que se discernirán las responsabilidades penales por el encubrimiento. Han pasado siete años, demasiado tiempo desde el procesamiento, lo cual torna imperiosa una ágil tramitación de la etapa del proceso donde se podrán escuchar las acusaciones, las defensas y las pruebas que preceden la sentencia.

Es evidente que no todos somos iguales ante la ley. Las chicanas, los recovecos de los juicios y el ejercicio descarado del poder real hacen que no sepamos quién mató al fiscal Nisman, mientras vemos que los poderosos denunciados de perpetrar el delito de encubrimiento sobre el atroz atentado se siguen burlando de la sociedad argentina.

Sin duda se trata de uno de los mayores y más sombríos crímenes de nuestra historia reciente.

Ante esta madeja de poder oculto también cabría preguntarse si las noticias sobre el apoyo político del kirchnerismo a la candidatura del cuestionado juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es otra pieza del ajedrez de impunidad.

Es cierto que es muy difícil volver del ridículo. También lo es que la jactancia cínica e hipócrita puede simplemente constituir una máscara para ocultar lo inconfesable.

Fuente: La Nación

En una sociedad de ánimos caldeados, hay situaciones que resultan inevitables detonantes de episodios de imprevisibles consecuencias. La proliferación de cuidacoches ilegales es una de ellas; lo de limpiavidrios es otra. No hay automovilista de grandes centros urbanos que no se sienta violentado por funestos personajes que atacan en zonas de restaurantes, bares o espectáculos. El sábado pasado fue el turno de un médico que no quiso acceder a las demandas de su agresor. En el barrio de Flores, al mediodía, se negó a pagarle a un “trapito” que le exigía 5000 pesos y lo amenazaba de muerte en caso de no pagar. Una cámara de seguridad registró la secuencia, lo cual permite suponer que estarían identificados.

El médico se bajó del auto y el “cuidacoches” ilegal lo golpeó con una tabla de madera que tenía un clavo incrustado en la punta. En cuestión de minutos, se sumaron otros atacantes. Vecinos y comerciantes debieron intervenir para que no escalara aún más la refriega.

Un fiscal realizó la denuncia. El hombre, con heridas múltiples, terminó en el hospital. ¿Se animará también a hacerla? ¿Cuántas habrá ya radicadas sin que se haga algo para evitar estos atropellos?

Estas prácticas extorsivas son habituales. Sus víctimas pueden terminar con el auto rayado, abollado, un vidrio roto o algún faltante. Por temor, muchas víctimas terminan pagándoles. Muchos “trapitos” viven en la calle y las disputas territoriales entre ellos también son motivo de violencia.

Los comerciantes denuncian la situación y acusan a la policía de complicidad. Argumentan que suelen ser siempre las mismas personas y que, cuando en escasas ocasiones se las detiene, son rápidamente liberadas, y retoman sus “labores”. Los afectados reclaman mayor presencia policial y deben hacerse cargo del pago de seguridad privada.

Si no podemos terminar con esta actividad ilegal, ¿cómo podremos detener el avance del narcotráfico? Fuentes del gobierno porteño afirman que todo el tiempo se toman acciones contra ellos en las canchas, en las zonas de mayor circulación comercial y en eventos públicos. Afirman que este año ya les labraron más de 600 actas. Por tratarse de contravenciones, se argumenta que solo pueden ser intimados a retirarse, pero desde diciembre de 2018 la Ciudad cuenta con un nuevo Código Contravencional y de Procedimientos que prohíbe esa actividad, por el solo hecho de ofrecerse a realizarla, a menos que estén debidamente autorizados. Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, pidió que se avance con el tratamiento de la “reiterancia” en el Congreso nacional y aseguró que endurecerán las penas. El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos) acaba de presentar un proyecto en el mismo sentido, con penas de arresto efectivo de entre 5 y 60 días dependiendo de una serie de agravantes, y multas. Así como se combatió la ilegalidad de manteros, debería encararse una solución perentoria a esta grave situación.

Fuente: La Nación

En algunos casos en que debió resolver planteos de inconstitucionalidad de alguna ley, el sabio exjuez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Antonin Scalia llamó “putsch judicial” a la idea de que “nueve abogados, todos egresados de Harvard o de Yale, que nadie ha votado y que no son políticamente responsables por lo que resuelven” se arroguen facultades que corresponden a las legislaturas de cada estado. Él pensaba que cuando no existía una clara disposición constitucional en algún sentido, o una indudable tradición jurídica, había que permitir que los representantes elegidos por el voto popular finalizaran la discusión política y la resolvieran democráticamente. ¿Pero qué pasa cuando los políticos no hacen lo suyo?

Hace casi un año, en este mismo espacio, señalamos la anomalía institucional de que permanecieran en el Poder Judicial de la Nación, como aún ocurre, los tribunales nacionales llamados “ordinarios”, que son los que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que pertenecen al Poder Judicial de la Nación, pero que, salvo respecto de unas pocas cuestiones, no tienen competencia en una materia federal, sino que resuelven asuntos regidos por el derecho común. Es el caso de los civiles, los laborales y los comerciales. Entre otras razones, señalamos que una provincia paga con sus impuestos nacionales el servicio de justicia que utiliza un porteño cuando, por ejemplo, se divorcia o quiere desalojar un inmueble.

Desde entonces se sucedieron hechos que no hicieron sino agravar la situación de esa deuda constitucional. Cuando terminaba 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el caso Levinas que, en los asuntos que tramitan ante los tribunales ordinarios, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) el que debe considerarse “superior tribunal de la causa”, por el que entonces deben pasar antes de que puedan llegar a la Corte nacional por la vía del recurso extraordinario federal. Equiparó así al TSJ a los tribunales superiores de las provincias, atribuyéndole una función que no sale de la ley de ninguna de las jurisdicciones involucradas, y lo hizo al resolver una cuestión de competencia que se había planteado en un asunto civil entre dos particulares.

Con razón, la Corte reprochó a las autoridades legislativas no haber cumplido, 30 años después de la reforma constitucional, la obligación de implementar el traspaso de la Justicia ordinaria a la ciudad, que, según el texto de la Constitución, tiene facultades propias de jurisdicción. También reconoció que implementar el traspaso excedía sus “posibilidades materiales”, pero la mayoría de los jueces consideraron que sí le correspondía “adecuar su actuación”. Intentó así el tribunal remediar la inacción legislativa con una atribución de competencia que, de hecho, modifica la organización judicial del país. Lo hizo, cabe aclarar, sin declarar inconstitucional la norma vigente conocida como “ley Cafiero”, que estableció que la Justicia de la ciudad solamente sería competente en materias de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativas y tributarias de naturaleza local, y sin que los Estados nacional y porteño hubieran participado del pleito cuya resolución modificó de hecho su organización y su funcionamiento.

Tiene razón la Corte Suprema cuando reprocha la inacción de los cuerpos políticos

La posición del máximo tribunal en cuanto a considerar que las facultades de jurisdicción de la ciudad son plenas, propias y totales, es decir, que no dependen de una delegación que pueda hacer el Estado nacional cuando y en la medida en que lo quiera decidir, resuelve acertadamente un punto que motivó discrepancias durante los debates de la asamblea reformadora de 1994, pero que también se había reflejado en fallos anteriores sobre la cuestión que dictó la propia Corte. Antes había exhortado a la política a ocuparse del tema. Ahora decidió zanjar la cuestión con un fallo que, en cuanto tiene de positivo, pone fin a esas controversias y “empuja” a los poderes políticos a ocuparse del tema.

Lamentablemente, ese empujón vino acompañado de hechos tan inéditos como graves. Eduardo Casal, procurador general de la Nación, pidió a la Corte postergar la vigencia de la doctrina Levinas, porque, si el TSJ debe revisar casos tramitados ante tribunales nacionales, los fiscales de la Justicia porteña pueden no compartir la posición de sus pares nacionales, y eso haría perder la unidad de actuación del Ministerio Público, por ejemplo en materia de acusación penal. Por su parte, en un precipitado e inconcebible “alzamiento judicial”, los presidentes de las cámaras de apelaciones de los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Nación (cuya cabeza es, obviamente, la Corte) manifestaron un insólito “rechazo” a lo resuelto en Levinas, en línea con la cerril oposición de tipo gremial que esos jueces vienen manifestando a ser transferidos a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si, por un lado, los fundamentos que esos jueces dan para oponerse al traspaso no han convencido a los constitucionalistas, las consecuencias prácticas de lo resuelto ahora por la Corte no serán menores y estarán llenas de complicaciones y disputas entre litigantes y, lo peor, entre jueces. Entre otras, puede mencionarse la rareza –cuando menos–de que un tribunal ahora considerado “provincial” (el TSJ) revisará la constitucionalidad de sentencias de jueces que integran otro Poder Judicial, el de la Nación, sobre los que no tienen facultades disciplinarias, y aplicará normas de procedimiento distintas de las que regían en esas causas. Si el TSJ entendiera que lo que tiene en sus manos es el recurso de inconstitucionalidad establecido por las normas de la ciudad que aplica, y no el que regula el Código Procesal de la Nación, podría encontrar que una decisión infringe la Constitución porteña, que no puede dejar de aplicar, aunque no contradiga a la Constitución nacional.

Tiene razón la Corte cuando reprocha la inacción de los cuerpos políticos, pero su decisión causó un verdadero estropicio institucional con ribetes de escándalo. Sorprende el espectáculo de jueces que, no ya como integrantes de una asociación gremial, sino en ejercicio de sus funciones, se creen con derecho a manifestar “rechazo” a una doctrina de la Corte que están obligados a aceptar a menos que expresen nuevos fundamentos para apartarse de ella en casos concretos, y el de un Ministerio Público que señala los inconvenientes prácticos de su cumplimiento. La Corte parece no haber previsto todos los problemas que pueden sobrevenir.

Las soluciones heterodoxas y los “manotazos” institucionales como el que ha dado la Corte difícilmente sirvan como estímulo para que los legisladores tomen cartas en el asunto prontamente, menos para que lo hagan de una manera reflexiva, ordenada y eficiente. Las pruebas ya son evidentes.

No debe perderse de vista que mientras las altas esferas del poder desatienden una obligación constitucional o si se ocupan del asunto es para confrontar con teorías constitucionales o posturas gremiales, los ciudadanos que esperan la solución a un conflicto tramitado en los tribunales ordinarios la verán demorada irrazonablemente. Una vez más, falta en el Gobierno y en la gestión de los poderes judiciales la perspectiva del ciudadano que se ve obligado a recurrir a ellos y sostiene con los impuestos su funcionamiento. Tal vez sirva como prueba de esa tendencia endogámica que el propio caso Levinas, una simple disputa civil sobre rendición de cuentas sin mayor complejidad jurídica, lleva una década de trámite, cierto que por innumerables incidencias plantadas por las partes, pero también porque la Corte demoró casi cuatro años en resolver el conflicto de competencia. Paradójicamente, y luego de haber “avanzado” hasta alcanzar el más alto nivel de la pirámide judicial, ese pleito está mucho más lejos de ser resuelto que cuando se dictó la sentencia sobre el fondo del asunto. Lo mismo ocurrirá con miles de otros casos, en cada uno de los cuales, cabe recordar, se debe resolver un conflicto humano.

El pronóstico sobre este asunto eminentemente político es incierto, y al respecto no cabe prescindir de consideraciones también políticas: el fallo Levinas fue dictado por una mayoría de tres jueces sobre cuatro que integraban entonces la Corte, con la sólida disidencia del juez Rosenkrantz. Esa mayoría, luego de la jubilación del juez Maqueda, ya no existe. De modo que, en 2025, la Corte ya no será la misma, ya sea que pueda completarse el trabajoso y polémico proceso de cobertura de las dos vacantes que hay, sea que el tribunal deba integrarse por conjueces que, si hiciera falta algo más para contribuir a la estupefacción, deberán ser seleccionados entre los mismos presidentes de las cámaras nacionales que han liderado la rebelión.

Es de esperar que tanto entre jueces como entre legisladores primen la sensatez y el diálogo, para ordenar lo que fue confusamente diseñado, negligentemente postergado y que en ningún caso parece posible arreglar de verdad mediante una sentencia.

Fuente: La Nación

El gobierno nacional ha anunciado que se encuentra en análisis el primer tramo de una profunda modificación a la estructura impositiva, que contempla una importante reducción de la cantidad de tributos –a diferencia de las provincias y los municipios, el presidente Milei hasta ahora ya bajó 12– y una disminución de su incidencia. El objetivo central sigue siendo mantener el equilibrio fiscal, sosteniendo el fuerte recorte del gasto público de 2024 con un ajuste fiscal adicional. La segunda fase será a partir de 2026, en tiempos poselectorales.

En reiteradas ocasiones hemos abordado desde este espacio la complejidad del sistema tributario argentino, con una cantidad exorbitante de impuestos, tanto en el orden nacional como en el provincial y el municipal, que llegan a 155.

A nivel nacional rigen el IVA (7,7%), Seguridad Social (4,9%), Ganancias (4,6%), el impuesto al cheque (1,7%), los derechos de exportación (0,8%), los derechos de importación (0,7%) e internos coparticipados (0,5%). Hasta el 23 de diciembre pasado, también, el recientemente derogado impuesto pais (0,8%). En el orden provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos (4,2%), que debería ser reformulado por ser de los más perniciosos, y el de sellos, que debería ser eliminado; en el orden municipal, la tasa de inspección, seguridad e higiene (0,7%), un impuesto prohibido legalmente que los intendentes disfrazan. Algunos municipios bonaerenses vienen cobrando tasas viales que recargan sobre el precio de la nafta en otra inconcebible superposición de impuestos.

Solo con estos diez tributos, de los cuales ocho son nacionales, uno provincial y otro municipal, se obtiene el 92% de la recaudación total consolidada.

La propuesta del Gobierno tiende a la reducción de los impuestos de bajo impacto en la recaudación o distorsivos, como los derechos de exportación (retenciones) y, más recientemente, el de impuestos internos a los autos para incentivar la producción y mejorar la competitividad en mercados internacionales. Solo 12 países tienen impuesto a las exportaciones.

Algo similar debería hacerse con el impuestos a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), cuya vigencia fue postergada hasta diciembre de este año, para lo cual deberían evaluarse tanto la posibilidad de su derogación como la reducción de su impacto. Se trata de un tributo absolutamente distorsivo y de los más perniciosos porque mide transacciones y no capacidades económicas, desalienta la bancarización y obliga al pago de impuestos sobre impuestos.

En el orden provincial, el gran desafío es el impuesto sobre los ingresos brutos, dado que se trata de un tributo plurifásico –esto es, que se aplica en dos o más etapas de la cadena de valor– y además acumulativo en todos los niveles de la producción y comercialización con sus conocidos efectos cascada. Se trata del tributo más importante a nivel de las provincias, pues recauda alrededor del 80% de los ingresos de esas jurisdicciones.

La simplificación del sistema impositivo resulta plausible, en aras de mejorar el cumplimiento fiscal, con una menor carga administrativa y una mayor eficacia de la administración tributaria. La gestión tributaria en 14 meses de gobierno redujo la carga para autónomos e introdujo cambios para monotributistas, también para transferencia de inmuebles, sobre el dólar tarjeta y sobre bienes en el exterior.

Por otra parte, se requiere aún analizar la implementación de incentivos a la inversión, siguiendo los lineamientos del RIGI nacional, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas que se verían beneficiadas con la eliminación de los impuestos distorsivos.

Otro aspecto que debería modificarse es el vinculado al Régimen Penal Tributario, que castiga las conductas que buscan evadir el pago de impuestos en el país. Es menester adecuar el piso de punibilidad ante la desactualización de los importes, producto de la inflación. De esta manera, se lograría que este régimen se aplique solo a grandes empresas, tal como, en su momento, se hizo con programas de persecución penal de la delincuencia económica.

Se requiere además la modificación de la ley de procedimiento fiscal, para restaurar el equilibrio en la relación fisco-contribuyente, dado que en la actualidad se observan violaciones de los derechos y garantías de los contribuyentes que ponen en evidencia desigualdad de derechos.

Por último, es clave contar con una administración tributaria eficaz. En tal sentido habría sido creado el nuevo organismo ARCA, que hasta el momento no ha evidenciado ventajas o beneficios respecto de su antecesor.

Es de esperar que este año se convierta en una transición equilibrada en materia impositiva. La reforma fiscal es impostergable cuando la simplificación del sistema y la reducción de impuestos distorsivos puede ser también puerta de ingreso para nuevas inversiones. Será el Poder Legislativo el que deba aprobar cualquier cambio que persiga optimizar la recaudación, combatir la evasión y reducir la carga administrativa.

Fuente: La Nación

La baja de 23 militares por haber recaído sobre ellos sentencia firme en juicios sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la represión de los años setenta contra bandas subversivas ha suscitado malestar en el Ejército, según informaron diversos medios periodísticos; entre otros, este diario.

Tal vez una definición más precisa de ese sentimiento sea la de desconcierto y desilusión. Es lo que se aprecia cuando el observador registra algunos de los comentarios hechos por fuentes sin identificar: “El gobierno de Milei venía a reivindicar a las Fuerzas Armadas. Esto profundiza las heridas abiertas y deshonra a quienes dieron todo por la Nación”.

Al dictar la resolución 72/2025, que despojó de la condición militar a 23 condenados, el Ministerio de Defensa actuó de aquella forma por indicación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, actuante en la esfera de la Procuración General de la Nación. El ministerio a cargo de Luis Petri no podía haber delegado en aquel fiscal su responsabilidad en la decisión, pues no parece que este disponga de jurisdicción para ordenar la baja de ningún militar. Petri podría decir, en cambio, que aplicó la legislación vigente según su entender y al cabo de una mera notificación de aquel fiscal, pues las condenas conllevan la sanción de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. ¿Incluyen, también, el despojo de derechos adquiridos como la percepción de haberes de retiro por aportes personales realizados durante la carrera profesional? No. No debería ser así.

No ha sido esta, además, la primera vez que se ha dispuesto el cese de la condición militar para el personal que combatió la subversión en los términos ordenados por las sucesivas juntas militares juzgadas ulteriormente por decisión del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, otros dos presidentes se habían adelantado a la decisión del alto mando militar de combatir a los insurrectos dispuestos a instalar un régimen comunista como el de Cuba con idénticos métodos terroristas a los de aquellos y, por lo tanto, tan al margen de la ley como los propios terroristas.

Primero fue Juan Perón, quien después del asalto a un regimiento en Azul llamó en enero de 1974 a “exterminar” los grupos subversivos. A mediados de 1975, el gobierno de su viuda y sucesora presidencial, María Estela Martínez, solo cambió una palabra, pero para decir lo mismo: había que “aniquilar” al enemigo. Y así continuaron ella, y más tarde los militares, la política ordenada por el caudillo justicialista cuando ejercía por tercera vez una presidencia constitucional.

Otras bajas de militares sobre quienes pesaban condenas judiciales de carácter firme, es decir, sin nuevas apelaciones posibles, se habían producido en el pasado sin la repercusión habida en esta ocasión. Se puede atribuir eso, en principio, a la publicidad dada al caso en estas últimas circunstancias, y a la jerarquía escalafonaria de los afectados: cuatro generales y diecinueve coroneles. También al hecho de especial gravedad de haber alcanzado la medida a uno de los héroes de Malvinas más reconocidos tanto por sus pares como por el enemigo.

La asimetría de sanciones solo consigue acrecentar las controversias

Se trata de Horacio Losito, condecorado por la Argentina y distinguido por igual por el Reino Unido. Losito y su unidad de comando combatieron en la batalla de Top Malo House con tal bravura que admiró a los ingleses, no solo a los argentinos. Conmueve releer la carta que le dirigió años después el capitán de navío cirujano Richard Jolly, de la brigada de comando de Royal Marines. Jolly había operado a Losito de dos graves heridas, en la cabeza y en una pierna, y conoció de cerca la entereza de este combatiente, que más tarde sería agregado militar en nuestra embajada en Italia.

Así como la resolución del Ministerio de Defensa ha privado a Losito del derecho alimentario, al despojarlo, por efectivizar su baja del Ejército, de cualquier tipo de haberes, ¿se atreverá alguien a despojarlo por igual del reconocimiento por heroísmo en campos de batalla?

El caso de Losito es uno más entre cientos y cientos de hombres castigados cruelmente por el destino. Habiendo sido subtenientes o tenientes a una edad en que apenas acababan de salir de la adolescencia, recibieron órdenes bajo el imperio del Código Militar de entonces y de tradiciones sobre el rigor de la obediencia en instituciones adoctrinadas para la guerra, de trabarse en lucha sucia contra la delincuencia subversiva: la guerra antisubversiva, sin frentes definidos y donde el enemigo puede anidar en la propia casa. Para triunfar en ese tipo de guerra, generaciones de oficiales del Ejército habían sido adiestradas por el Ejército francés desde fines de los años cincuenta, primero, y después por los norteamericanos en sus propias bases, sin que nada objetaran los partidos políticos dominantes en su tiempo.

Ha transcurrido casi medio siglo de aquellos años terribles, que arrojaron casi 10.000 bajas entre quienes se proponían por las armas la instauración de una “patria socialista” y unos 1000 muertos entre efectivos militares y caídos de la sociedad civil. Desde el asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, y de otras “ejecuciones” elaboradas con frialdad por grupos de acción subversiva, el Ejército llegó a contabilizar la pérdida de más 133 hombres; la Armada, 20; la Fuerza Aérea, 10. Corrieron igual suerte cerca de 60 empresarios y 35 sindicalistas.

La asimetría de las sanciones aplicadas con invocación de la ley y de tratados internacionales ha puesto cada vez más en controversia la seriedad de la justicia impartida como derivación de los años más trágicos que se recuerden en la Argentina. La burla se acentúa cuando los protagonistas de la subversión, no pocos de ellos beneficiados por amnistías e indultos que se han negado al final a la otra parte, se han refocilado en numerosas situaciones de enriquecimiento y de acogida por sucesivos gobiernos para la asunción de altas funciones públicas, incluso en la Justicia. Personajes del mayor cinismo, señalados por haberse involucrado en crímenes aberrantes, se han permitido impartir cátedra sobre derechos humanos, mientras del lado militar la cárcel ha sido la regla a la fecha, imbuida de un fuerte espíritu revanchista, hasta para condenados de más de 80 años.

De modo que no debe extrañar que frente a la baja impuesta a 23 oficiales superiores se hayan aunado ahora varias instituciones para protestar por lo sucedido con la reciente resolución del Ministerio de Defensa: la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, los foros de generales y almirantes –que nuclean a innumerables jefes y oficiales que no estaban en actividad en los años de plomo–, la Unión de Promociones, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, entre otras. La privación de acceder a ingresos por aportes realizados durante sus carreras por quienes han sido dados de baja puede ser compensada, según la legislación imperante, con las pensiones que reciban sus mujeres.

Pero al margen de esa posibilidad, denunciada como humillante en el eco suscitado en el Ejército por la comentada decisión del Ministerio de Defensa, ¿no queda, acaso, en absoluta indefensión el militar sancionado con la baja que se encuentre en estado de viudez? Hay casos concretos al respecto.

En “Castillo Pertuzzi y otros”, de mayo de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “(…) por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”. Ese razonamiento explica la repercusión habida estos días.

La cuestión central, con todo, seguirá girando alrededor de la prolongación de una historia parcializada de los hechos de los años setenta, en la que los militares son los rehenes, sin distinguir jerarquías en los juicios, aun cuando la organización militar es netamente piramidal. Solo encontrará remedio con un tratamiento equitativo de las conductas de quienes cometieron en nombre de la subversión hechos atroces acreedores de la reprimenda del Estado y lo que han padecido militares y agentes de seguridad involucrados en la represión.

O en una solución política en la línea que abunda en tal grado desde 1810 en los anales políticos y legislativos del país, que su recopilación hasta principios de los años setenta sobraba para conformar un libro de proporciones considerables sobre la continuidad jurídica del Estado argentino en la materia.

En ese, como en cualquier otro asunto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será siempre la instancia de interpretación definitiva de los compromisos adquiridos por la Nación ante el mundo y ante la propia sociedad. Así lo dispone la última doctrina del tribunal en consonancia con los actos de un Estado que nunca debió resignar, como lo hizo en un tiempo, sus principios soberanos.

Fuente: La Nación

Sin dudas, entre las reformas más relevantes a la ley nacional de procedimiento administrativo hecha por la Ley Bases se encuentra la que otorga al silencio de la Administración efecto positivo en determinadas materias. Si bien en la norma original de 1972 se podía otorgar al silencio el carácter de positivo, una vez vencidos los plazos para resolver, ello era solo por excepción, siendo la regla lo contrario, es decir, se interpretaba la pasividad de la administración –a opción del particular– como una negación de lo solicitado.

Recordemos que la modificación dispuso incorporar al artículo 10 de la ley 19.549 un inciso que prescribe que “cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. …” La efectiva entrada en vigencia de lo prescripto quedó sujeta al dictado del correspondiente decreto reglamentario, el que podía incluir otras excepciones a la nueva regla.

Es interesante repasar el decreto reglamentario 971/2024 que ha dispuesto, sobre la base de información remitida por cada organismo de la administración, los procedimientos alcanzados y los excluidos por esta nueva norma.

Un mejor remedio sería, por ejemplo, simplificar o suprimir procedimientos y trámites para obtener el otorgamiento de autorizaciones o directamente eliminar la necesidad de conseguirlas para ejercer algunas actividades, extirpando así absurdas trabas burocráticas

Según ese decreto existen 1390 procedimientos relevados en la administración central y descentralizada potencialmente alcanzados por esta ley. De ellos 790 han sido excluidos del alcance del silencio positivo de la norma, en tanto el resto se consideran incluidos.

Llama la atención que los siguientes organismos no consideren ninguno de sus trámites comprendidos por el efecto positivo del silencio: Senasa (110 trámites), Instituto Nacional de Vitivinicultura (62), Secretaría de Educación (48), Secretaría de Calidad en Salud (54), Autoridad Regulatoria Nuclear (41).

En otros casos, son abrumadoramente mayoritarios los procedimientos excluidos frente a los incluidos. Así, por ejemplo, Anmat (93 y 28), Secretaría de Transporte (44 y 1) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (21 y 2), Secretaría de Coordinación de Producción (10 y 12), Secretaría de Cultura (18 y 2), Enargas (8 y 3), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (28 y 8) y Anac (31 y 3).

En el otro extremo se ubican la Subsecretaría de Asuntos Registrales (62) el Enacom (40), la Secretaría de Justicia (18) y el Inaes (12), que a todos los procedimientos informados los consideran incluidos dentro del silencio positivo dispuesto por la nueva norma.

Al margen de ello también merece ser revisada la existencia misma de esos trámites. No se trata de simplificar, facilitar o incluso otorgarle silencio positivo a un procedimiento que no debería existir. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de llevar un registro de “actores y actrices de doblaje” o el de “habilitación de domicilio para realizar mediaciones”?

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger y que casi todos los días anuncia en el Boletín Oficial la derogación de normas absurdas que traban el progreso de los argentinos, cuenta –merced al decreto 971/2024– con un catálogo de trámites por revisar para seguir desarrollando su excelente labor.

Hasta aquí las luces de una medida cuya primera lectura la hace merecedora de elogio, pero cuya aplicación en la práctica también es susceptible de arrojar sombras, conforme ha quedado expuesto en una reciente nota de opinión publicada el 26 de septiembre último (“Cuando el Estado calla, ¿que otorga?”, por el magistrado Alfredo Silverio Gusman), en la que se cuestionan las bondades de la medida al considerarla susceptible de abrir la puerta a la inercia o negligencia administrativa, permitiendo el oportunismo e implicando un serio peligro a la seguridad jurídica.

Como ya se anticipó, en función a la reforma de la norma comentada, ahora se admite el silencio positivo en los casos en que se requiera una autorización administrativa para llevar a cabo actividades previstas en las leyes. De tal manera, cuando venza el plazo de 60 días fijado y no se hubiese resuelto acerca de la autorización peticionada, se presumirá que fue otorgada, con algunas excepciones en las que se mantiene el silencio como negativa.

Sin embargo, en la reglamentación respectiva se establece que “en ningún caso el acto de autorización podrá implicar excepciones o incumplimientos sobre las condiciones previstas reglamentaria o normativamente, las que serán fiscalizadas y auditadas por las autoridades competentes” de forma tal que, si bien la norma reconoce efecto positivo al silencio administrativo, ello será así siempre y cuando lo pedido se corresponda con una actuación legal, lo que, en la práctica, equivale a un silencio estimatorio pero, a la vez, condicionado, lo que afecta la seguridad jurídica. En otras palabras, no habrá certeza de que lo autorizado por vía del silencio positivo genere derechos adquiridos, ya que con posterioridad un funcionario podría estimar –a su criterio– que la autorización obtenida tácitamente no se ajusta a las normas legales o reglamentarias que la regulan.

También se cuestiona el hecho de que para acreditar el derecho obtenido por conducto del silencio el solicitante tenga que exigir que se le otorgue la certificación correspondiente en 15 días, argumentando que si la petición inicial no se resolvió en 60 días, nada asegura que la autoridad vaya a expedir la misma en dicho plazo. Así, en las dos situaciones precedentemente descriptas, la cuestión deberá terminar siendo zanjada en la Justicia con todo lo que ello implica.

Finalmente, se afirma que la norma es susceptible de afectar la garantía a la igualdad de trato, ya que podría ocurrir que el mismo derecho que a uno se le rechaza expresamente otro administrado lo pueda obtener por la vía del silencio positivo, según la mayor o menor diligencia del empleado o funcionario que le toque en suerte y que, además, afecta la transparencia el hecho de que si la Administración guarda silencio se le reconozca a un solicitante lo pedido, por cuanto este sistema abre las puertas a una posible connivencia entre el funcionario que debe resolver y el solicitante para que el primero se haga el desentendido a cambio de un beneficio.

En suma, el propósito del establecimiento del silencio positivo en el procedimiento administrativo no deja de ser bueno pero no constituye una única solución frente a la omisión del Estado en pronunciarse cuando se requiera de este una decisión o autorización. Quizás un mejor remedio sería, por un lado, poner el acento en simplificar o suprimir procedimientos y trámites para obtener el otorgamiento de autorizaciones (o directamente eliminar la necesidad de obtenerlas para ejercer algunas actividades) –en lo que trabaja eficazmente el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado– y, por el otro, establecer severas sanciones para los funcionarios que omiten pronunciarse dentro de los plazos legalmente dispuestos.

Fuente: La Nación

La Generación del Ochenta hizo realidad el ideario de la Constitución de 1853, mediante la consolidación territorial, el desarrollo de infraestructura, la expansión poblacional y la educación común, sobre las bases de las tres presidencias de la Organización Nacional. Fue destino preferido de la inmigración europea para progresar sobre la base del esfuerzo y el mérito, por solo residir en nuestro suelo. Sus hijos pudieron educarse con valores republicanos e integrarse a esta tierra de promisión con guardapolvos blancos y entonando “Aurora” al izarse la bandera.

Cuando Javier Milei acompaña a Donald Trump en su batalla cultural contra el wokismo, lo hace por afinidad política, no porque sea una prioridad en la Argentina. En Estados Unidos ya funciona un capitalismo exitoso, líder mundial de iniciativa e innovación, en contraste con la Unión Europea y ni qué decir, América Latina. En nuestro país el capitalismo es de larga data y aún mala palabra y lo urgente es restaurar los valores de aquella generación para volver a crecer en una economía abierta.

Fueron distintas vertientes del nacionalismo antiliberal que erosionaron el ideal de progreso en busca de un “ser nacional” opuesto al liberalismo anglosajón. No por adhesión a la Tercera Internacional sino lo contrario, pues abrevó del pensamiento de José María “Pepe” Rosa, de Ernesto Palacio y de los hermanos Irazusta, entre otros. Hizo eclosión con el golpe militar de 1943 cuya finalidad fue evitar el fin de la neutralidad y la adhesión a la causa aliada. Desde entonces, una prédica sistemática inculcó valores inversos a los que hicieron de la Argentina un gran país. Se reescribió la historia de Mitre, se ridiculizó a Sarmiento, se ignoró a Alberdi y a Avellaneda, y se denostó a Roca (a quien Perón admiraba). El credo ilustrado de Eduardo Wilde, Paul Groussac, Miguel Cané, Carlos Pellegrini y Joaquín V. González fue sustituido por mitos precapitalistas que nos retrotrajeron a tiempos coloniales.

La batalla cultural pendiente en la Argentina es distinta a la que Trump propone para su país. Aquí se deben reimplantar los valores propios de un capitalismo vibrante y no distraerse con un wokismo irrelevante

Esos delirios populistas echaron raíces en el ideario colectivo. Juan Domingo Perón fue agregado castrense en Italia (1939-1941) cuando Mussolini ya había firmado el Pacto del Eje (1940) y cuyo fascismo lo sedujo. Su obra La Comunidad Organizada (1949) es una biblia corporativista que dio letra a la idea de armonizar los distintos intereses bajo la férula estatal con agremiación forzada de trabajadores y empresarios, economía cerrada, servicios estatizados, déficit fiscal y emisión monetaria para sufragar sus desajustes. Las “concertaciones” y “mesas de diálogo” son vestigios de ese intento por reemplazar la representación política por acuerdos entre facciones sectoriales.

No son hallazgos arqueológicos, pues sus efectos continúan vigentes. En 1945 el entonces coronel Perón copió la Carta del Lavoro imponiendo la personería gremial única por rama de actividad (Decreto 23.852) y luego la ley de convenios colectivos (1953) que aún rigen. La justicia del trabajo se creó en 1944 y, con los años, fue germen de la prolífica industria del juicio. Ya en 1952 se emitió un billete con la imagen de la Justicia sin venda, para reconocer a los peronistas. De hecho, la lluvia de medidas cautelares contra decisiones oficiales, incluso la suspensión del capítulo IV del DNU 70/23 devela por qué es tan difícil reducir el costo argentino. Las obras sociales fueron cedidas a los sindicatos por Juan Carlos Onganía en 1970 para cooptar al peronismo y los “gordos” aún cuentan con esa suculenta caja, nunca auditada, para oponerse a las reformas.

¿Atraso cambiario? Muchas de sus causas se remontan a entonces. Como bien lo señaló el economista Martín Lagos en una carta a LA NACION, aplaudiendo la negativa del Ministerio de Trabajo a homologar un acuerdo paritario entre Camioneros y las cámaras del sector, si cada empresa de transporte negociase con sus propios choferes solo darían aumentos que pudiesen absorber en competencia con las demás y no como ahora, con acuerdos monopólicos que llevan a trasladarlos a las tarifas por igual. Es una de las tantas regulaciones que provocan el “atraso cambiario” siempre inmune a las reiteradas devaluaciones.

Frente a la actual política económica arrecian los cancerberos del proteccionismo, del estatismo, de los amparos laborales y del empleo público. También el peronismo “dialoguista” con su séquito de gobernadores, senadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes que disfrutan de la supuesta batalla cultural mientras guardan la llave de los privilegios que, desde hace 80 años, bloquean la modernización del país

En 1946 se nacionalizó el Banco Central para que los industriales pudiesen financiar actividades económicas de interés nacional. Desde entonces se emitió sin respaldo, basado en las mismas ideas, hasta el último período kirchnerista. Cuando Roca unificó la moneda creando el noble peso argentino (1881) nunca hubiera imaginado su degradación posterior, con dos hiperinflaciones y trece ceros menos, hasta que la emisión se detuvo por completo 67 años más tarde.

Mencionar el Primer Plan Quinquenal (1946) suena como una antigualla, aunque todavía es un muerto viviente. Mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) se controló el comercio exterior, se nacionalizaron los ferrocarriles, el gas y los teléfonos. Actualmente, los trenes siguen siendo estatales, subsiste Enarsa y el peronismo sueña con ese instituto para “hacer caja” con las exportaciones.

En el panteón de héroes nacionales no figura ninguno de los primeros empresarios del país como Bagley, Peuser, Noel, Bieckert, Bemberg o Bianchetti, sino militares que lo fueron con fondos públicos como Manuel Savio y Enrique Mosconi. El primero creó Somisa, la fábrica de acero que encareció la producción de automóviles y electrodomésticos durante años, por el alto costo de su chapa. Pero enriqueció a sindicalistas, proveedores y contratistas, reduciendo el salario popular. En cuanto a Mosconi, fue creador de YPF, la empresa estatal de hidrocarburos que, hasta la presidencia de José A. Estenssoro (1992), era la única petrolera del mundo con pérdidas, pues su renta era apropiada por el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE) y por quienes medraron a su costa.

Cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de La Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando Buenos Aires quiso evitar el paso de vapores extranjeros que pretendían comerciar con las provincias del litoral. Sin embargo, no se festeja el 25 de mayo de 1879, cuando Julio A. Roca y su ejército celebraron una misa de acción de gracias en la isla de Choele Choel, sobre el río Negro, por el éxito inicial de la Campaña del Desierto. Gracias a ello, la Argentina afirmó su soberanía sobre toda la Patagonia, las Malvinas y la proyección antártica. Y ahora tenemos Vaca Muerta, minería, pesca y hasta un plan atómico patagónico para gravitar en el mundo.

En el país de los héroes equivocados se honra a Raúl Scalabrini Ortiz, propulsor de la nacionalización ferroviaria, con una calle y una estación de subte. Actualmente Trenes Argentinos es la mayor empresa estatal, la más ineficiente y la que más dinero pierde. También se dedica una universidad nacional a Arturo Jauretche, el ingenioso escritor que popularizó las expresiones “cipayo” y “vendepatria” que utilizan las bancadas peronistas para agraviar a Milei. Su prédica pegadiza hizo un gran aporte a la cultura del aislamiento y del rechazo a la inversión extranjera.

Afortunadamente el marxismo tuvo poca penetración en nuestro país. Fue en 1973, durante los 49 días que gobernó Héctor Cámpora en nombre de un “socialismo nacional” que esterilizó el propio Perón. Y 30 años más tarde, cuando el kirchnerismo utilizó a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para camuflar su gigantesco plan de corrupción con libreto posmarxista. De ese modo, logró el apoyo de distintos grupos sociales a los que otorgó nuevos derechos, ministerios e indemnizaciones y cuyos beneficiarios aún aplauden a la expresidenta.

La batalla cultural pendiente en la Argentina es distinta a la que Trump propone para su país. Aquí se deben reimplantar los valores propios de un capitalismo vibrante y no distraerse con un wokismo irrelevante. LA NACION siempre se ha manifestado a favor de la vida, del sexo como fenómeno biológico y contra los cupos o subsidios para imponer distintas agendas. Sin embargo, no son cuestiones que deban ser reabiertas en este momento.

Es el esfuerzo que lidera Federico Sturzenegger con pocos instrumentos a su alcance. Enfrente tiene, como cancerberos del proteccionismo, del estatismo, de los amparos laborales y del empleo público, al peronismo “dialoguista” con su séquito de gobernadores, senadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes sociales que disfrutan de la batalla cultural contra el wokismo, mientras ellos guardan la llave de los privilegios que, desde hace 80 años, bloquean la modernización del país.

Fuente: La Nación

La creciente inseguridad ha vuelto tierra de nadie el conurbano bonaerense. Afecta sobre todo a los más humildes y confirma que, para muchos delincuentes, la vida no vale nada y que todos podemos convertirnos en víctimas.

En Moreno hubo tres homicidios en ocasión de robo de motos en 36 horas. Diez crímenes se registraron en tan solo seis días. Ladrones abaten a ciudadanos inocentes que las más de las veces ni siquiera oponen resistencia. También son atacados cada vez más policías.

Las entraderas están a la orden del día y el segmento de los adultos mayores se ha vuelto uno de los más castigados. Por su natural vulnerabilidad se ha convertido en el objetivo predilecto de depredadores decididos hasta a terminar con sus vidas.

Nadie está hoy seguro de llegar sano y salvo a su casa

En los últimos días, una banda integrada por tres menores de edad y un adulto –“especializada” en robos a viviendas habitadas por gente mayor– golpeó y maniató a una mujer de 92 años en su domicilio de Vicente López. La particularidad es que, en su desenfrenado afán por exhibir los delitos como trofeos, los delincuentes subieron a Instagram una foto con la víctima amordazada de fondo, lo cual sirvió para dar con los ladrones días después. Pudieron detener e imputar al adulto, pero, con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años esperando tratamiento hace siete meses, los menores quedaron libres.

Cada vez son más los hechos protagonizados por menores dispuestos a jugarse la vida sabiendo que no irán a la cárcel, a pesar de que cuentan con frondosos prontuarios con apenas 15 años o aun menos.

Muchos delincuentes saltan cercas y paredes en busca de elementos para comercializar luego en el mercado negro. Así le ocurrió recientemente a un hombre de 87 años en su domicilio de Malvinas Argentinas. Escuchó ruidos en los fondos de su casa. Divisó a un ladrón llevándose sus pertenencias. Cuando el delincuente se le aproximó con una barreta de metal para atacarlo, el hombre tomó un arma y le disparó. El ladrón murió. Era la tercera vez en una semana que intentaban robarle en su casa. El dueño vive solo allí y estaba desesperado. Los vecinos relatan decenas de ataques similares para robarles bicicletas, cortadoras de césped o herramientas de trabajo, entre otros bienes, y sienten que viven en zonas liberadas.

En el conurbano bonaerense se vive a merced de ladrones y asesinos cebados en años de ideología garantista que ha priorizado al delincuente por sobre el ciudadano indefenso

Solo en los últimos días, un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado y un jubilado abatió a un menor de 15 años que intentó robarle su camioneta. Un oficial terminó baleado cuando quisieron llevarse su moto, mientras otro mató a uno de los cuatro que intentaron robarle la suya.

El arrebato de celulares, carteras y demás pertenencias puede ser también muy agresivo. En Temperley, una mujer de 92 años fue asesinada para sustraerle 200.000 pesos, mientras que, en Lomas de Zamora, delincuentes que ya fueron detenidos asesinaron a una joven de 24 años en la calle para robarle la riñonera.

Las motos robadas, en aumento, se han convertido también en botines para exhibir en redes sociales. La impunidad ya no tiene límites. Usan lo robado para vanagloriarse. Incluso, llegan a pedir rescate a quien quiera recuperarlas, pero también se las utiliza para fechorías, se venden en el mercado ilegal, enteras o desguazadas para repuestos, o se canjean por droga.

Mientras en 2019 se robaban 69 por día, hoy son por lo menos 166, multiplicada también la violencia asociada. Muchas policías distritales ya prácticamente no controlan documentación, chasis o motor en busca de unidades robadas. Menos aún se siguen los posibles circuitos de repuestos. Practicar controles es clave.

Urge dejar de lado cualquier chicana política, hacer las modificaciones a la legislación que los expertos recomiendan, sancionar la ley de reiterancia para que el delito deje de ser una burla trasegando sin castigo las puertas giratorias de comisarías e instrumentar programas coordinados con las distintas áreas

Los robos y disparos a colectiveros y pasajeros del transporte público son también una constante y es sabido que pocas denuncias llegan a formalizarse. El temor se ha apoderado de quienes solo pretenden salir a trabajar y regresar seguros a sus hogares. Volver sanos y salvos se ha transformado en un acto de supervivencia. En el conurbano bonaerense se vive a merced de ladrones y asesinos cebados en años de ideología garantista que ha priorizado al delincuente por sobre el ciudadano indefenso. Urge reformar la legislación para dar verdadera respuesta a estos hechos atroces, y urge también que las fuerzas de seguridad estén lo debidamente preparadas y dispuestas a hacer cumplir la ley.

El contraste entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal es motivo de un vergonzoso enfrentamiento político. Crece la preocupación de las autoridades porteñas por los ataques a la fuerza policial del distrito en el conurbano. El 90% de los efectivos, unos 20.000, residen allí. La mayoría de las veces circulan sin uniforme cuando son agredidos.

“¿Cuántos muertos más?”, reclamaba Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, al gobernador Axel Kicillof. Ya fueron 31 los suboficiales de la ciudad atacados en este primer mes del año, siendo La Matanza el partido que más hechos de este tipo registra. En 2024, totalizaron 176 los enfrentamientos armados, cuando en 2023 habían sido 98. Motochorros armados dedicados a robar que disparan sin dudarlo; oficiales que se defienden o se ven obligados a reaccionar ante sospechosos episodios, comprometiendo sus vidas para evitar delitos, con tiroteos, pero también a golpes de puño. Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Almirante Brown y Lanús encabezan la lista de distritos.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, insistió con el pedido de reunión al gobernador Kicillof. Se conformó una mesa de trabajo preventivo y conjunto, que incluye el Ministerio de Seguridad bonaerense y los municipios bonaerenses con mayor número de enfrentamientos. Se proponen establecer corredores seguros en los horarios más peligrosos. También la cartera de Seguridad porteña propone enlazar el sistema de posicionamiento mediante los teléfonos que portan los policías que se dirigen a cumplir servicio o regresan a su hogar e implementar retenes coordinados en la avenida General Paz y en los puentes sobre el Riachuelo, cercanos al sur de la ciudad.

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, expresó con preocupación que “el incremento de la actividad delictiva en la provincia es evidente” y subrayó la importancia de superar las diferencias políticas para garantizar soluciones efectivas. Para proteger a la ciudadanía urge dejar de lado cualquier chicana política, hacer las modificaciones en la legislación penal que los expertos recomiendan –bajando la edad de imputabilidad e incluyendo la sanción de las leyes de reiterancia y reincidencia–, e instrumentar programas coordinados con las distintas áreas. Nuestra vida está en juego y no hay tiempo que perder.

Fuente: La Nación