Categoría: Entrevistas

Uno de los temas más candentes en materia económica es el debate sobre el atraso cambiario. Como ya lo hemos dicho desde esta columna, la verdadera cuestión es el costo argentino, que no afecta a todas las actividades por igual. Y por eso, en el promedio, bien podría decirse que no hay atraso, aunque varias empresas estén bajo el agua. En particular, aquellas con mucho personal y que configuran la trama de las Pymes.

Es un desafío importante, pues las actividades ultra competitivas, como las beneficiadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), no detendrán sus exportaciones y el mayor ingreso de divisas –y valorización del peso– pondrá contra la pared a aquellas que no hayan podido modernizarse y bajado sus costos. En esta etapa de reconversión para la inserción en el mundo, no habrá paréntesis, quitas, ni esperas hasta que se “nivele la cancha” como lo solicita la Unión Industrial Argentina. Solo cabe esperar un menor costo del capital y reformas estructurales que mejoren la competitividad.

Una reciente medida de desregulación, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, demuestra hasta qué punto ciertas cámaras empresarias han sido complacientes con la acumulación de costos laborales, en connivencia con los sindicatos, y ahora presionan por ajustes devaluatorios. No hay telón que se corra, tapa que se levante, mantel que se retire, donde no aparezca alguna distorsión regulatoria que agregue kilos al costo argentino. El reciente decreto 149/2025 termina con los aportes obligatorios para financiar institutos de “capacitación” creados por convenios colectivos de trabajo.

Alrededor de $5600 millones mensuales transferían las empresas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sufragar el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap). Desde otra vereda, la Confederación Federal Pyme Argentina denunció a CAME por el manejo de esos fondos sin rendición de cuentas, esgrimiendo que “esas contribuciones solo encarecen los costos laborales y no representan ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse” y reclamando que “si una empresa quiere aportar al gremio empresario lo haga de forma voluntaria, pero terminando con esas cajas obligatorias que aumentan el costo argentino”.

No hay telón que se corra, tapa que se levante, mantel que se retire, donde no aparezca alguna distorsión regulatoria que agregue kilos al costo argentino

Según Sturzenegger, hay otros 24 convenios semejantes para actividades como las de los trabajadores cerealeros, del caucho, de farmacias, de agentes de viajes, del personal hotelero y gastronómico, de empleados de estaciones de servicio, de trabajadores de carga y descarga y de garajes, entre otras. A confesión de parte, relevo de prueba: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que apoyó la creación del Inacap en 2008, sostuvo en un comunicado que esos fondos resultan fundamentales para “cientos de cámaras empresarias de toda la Argentina, que de otro modo probablemente no podrían subsistir”. Un insólito aporte forzoso, del sector privado al sector privado, mientras los industriales reclaman por el atraso cambiario.

El sempiterno líder del gremio mercantil Armando Cavalieri ya tenía experiencia ganada en otro caso plagado de irregularidades, donde logró erigir un negocio multimillonario con dos carillas y media mecanografiadas, firmadas por los mismos actores y rubricadas por un director nacional entre gallos y medianoche. En 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, firmaron esas carillas Carlos de la Vega (CAC), Osvaldo Cornide (CAME), Jorge Luis Sabaté (Unión de Entidades Comerciales Argentinas) y el creativo Cavalieri, por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), creando un sistema de retiro complementario para los empleados de comercio, mediante un aporte forzoso del 3,5% de los empleadores. Los cuatro firmaron las carillas un día viernes 21 de junio. El trámite se realizó en un expediente separado durante el fin de semana y fue homologado por un director nacional el miércoles siguiente, sin dictámenes ni estudios técnicos, mediante la oscura disposición Nº 4701/91 en el convenio colectivo 130/75. Cabe señalar que, por entonces, se discutía con fragor la eventual creación de las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), cuya ley solo fue sancionada en 1993. Pero la CAC, CAME y Faecys lograron lo mismo, sin intervención del Congreso Nacional, en apenas cuatro días hábiles.

A partir de entonces se estableció para todos los empleados de comercio un seguro de retiro complementario (renta vitalicia) que se extendió también a todas las actividades administrativas realizadas en empresas ajenas al comercio. Pocos días después de lograda esa homologación, Cavalieri acordó con la Banca Nazionale del Lavoro (propietaria del grupo asegurador Juncal y de La Estrella, ex grupo Mayer) otorgarle, en forma directa, la administración exclusiva de ese negocio. La tratativa la realizó con el joven Christian Schmiegelow, por entonces CEO del grupo, que después murió en un dudoso accidente de tránsito.

Estos ejemplos demuestran el alcance nefasto que han tenido el régimen de personería gremial única por rama de actividad, vigente desde 1945, y la ley de convenios colectivos de trabajo (1953), que imponen en todo el país, a través de homologaciones “políticas” de la cartera de Trabajo, condiciones pactadas entre dos partes monopólicas: las cámaras sectoriales y los sindicatos con personería. Como la justicia laboral está cooptada por la rama sindical del peronismo, se han convalidado prácticas como las descriptas, creando verdaderos impuestos con la sola firma de directores nacionales. Esta es también la trama legal que provoca el atraso cambiario que el kirchnerismo y su primo hermano, el dialoguismo, defienden a capa y espada.

Falta aún que la misma desregulación alcance también a las cajas sindicales para completar esa reducción del costo argentino. Como los aportes para capacitación que perciben el Sindicato de Choferes de Camiones, que lidera Hugo Moyano, o la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros, que encabeza Luis Barrionuevo. Quizás esa modificación se encuentre fuera del ámbito de competencias del Ministerio de Desregulación, pero no debería quedar archivada por razones políticas.

Fuente: La Nación

En septiembre de 2023, convocados por un transeúnte, agentes de la Guardia Urbana de La Plata observaron cómo una persona realizaba maniobras sospechosas en un cajero automático del Banco Provincia. Con una bolsa llena de dinero en efectivo y 49 tarjetas bancarias, aquel sujeto fue trasladado a la comisaría acusado del delito de hurto, luego de que se rehusara a identificarse. El escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio Segundo Rigau, alias Chocolate, saltaba así a las primeras planas e iniciaba un derrotero judicial de múltiples aristas.

Detenido por el delito de defraudaciones reiteradas –177 hechos consumados y 45 tentados, todos en concurso real entre sí– y al tiempo que en el allanamiento a su domicilio se recababan nuevas pruebas, su defensa pedía la excarcelación e interponía un habeas corpus, solicitando la nulidad del procedimiento policial y de todo lo obrado posteriormente. El camarista Fernando Jorge Mateos, integrante de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata sostuvo que no correspondía, pero sus colegas, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso al pedido y declararon la nulidad de la actuación policial que condujo a la detención de Rigau y de todo lo actuado posteriormente en la causa. Ordenaron asimismo que fuera liberado, ante una opinión pública escandalizada que ya vislumbraba la cantidad de intereses que estaban en juego, y que se le restituyeran tanto el dinero secuestrado como las tarjetas bancarias encontradas en su poder, de las que ni siquiera era titular.

Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Mancini, puso de manifiesto que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado de la ley y que la resolución de la cámara debía ser anulada por ser palmariamente nula.

En octubre de 2023, el procurador bonaerense, Julio Conte-Grand, denunció a Benavides y Villordo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Solicitó su destitución por su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal al obstruir la causa contra Chocolate Rigau. En su denuncia, calificó de arbitrario el razonamiento de los camaristas y señaló que la resolución se había canalizado por una vía improcedente, ya que la discusión sobre la excarcelación tenía un juez natural, precisamente el juez de garantías, que terminó apartado y suplantado por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación, en una maniobra propia del denominado forum shopping.

Con acierto, Conte-Grand no minimizó tampoco el nivel de conmoción en el tejido social que la escandalosa resolución trajo aparejada al invertir las responsabilidades y cargar las culpas sobre la acción policial.

Años de corrupción judicial y de un tan inconcebible como dañino garantismo no serán sencillos de superar

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados contestó extemporáneamente la vista que se le había corrido para dictaminar sobre la admisibilidad de la denuncia presentada por María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Ricardo López Murphy. No sólo propició su desestimación, sino que pretendió dictaminar en sentido similar contra la denuncia presentada por la Procuración bonaerense, lo que constituye un despropósito jurídico.

Es triste, pero no sorprendente, encontrar entre los firmantes del dictamen de la Comisión Bicameral a varios de los muchos interesados directos en frenar la investigación contra Chocolate por estar implicados en la trama de desvío de fondos públicos. El dictamen devolvió a los camaristas el favor que, gracias al Tribunal de Casación Penal, quedó en grado de tentativa.

Una causa penal por el delito de prevaricato, instruida por el fiscal Juan Ignacio Mennucci, se tramita también contra Villordo y Benavides a partir de la denuncia que presentaron Talerico, Iguacel y López Murphy. Luego de la ratificación de las denuncias, el fiscal libró oficios solicitando prueba informativa, documental y testimonial, ventilándose los entretelones de la negociación interna entre los jueces, así como la coordinación de los votos para liberar a Chocolate.

Después de varios meses de inactividad, el 14 de agosto de 2024 el fiscal Menucci desestimó sorprendentemente la referida denuncia por prevaricato argumentando inexistencia de delito. Sostuvo que lo que se atacaba era el contenido de una sentencia y que el error judicial había tenido remedio jurisdiccional (es decir: había sido reparado por el Tribunal de Casación Penal). El punto es que el delito de prevaricato se consuma, precisamente, en el contenido de una sentencia. Que se pueda posteriormente evitar sus efectos beneficiosos para el reo absuelto por el juez prevaricador no hace desaparecer el prevaricato.

Buscó cobijo el fiscal en Nietzsche, para quien no hay hechos sino interpretaciones. Este embate contra la verdad objetiva no solo pone en crisis el prevaricato en este caso concreto, sino el tipo penal mismo. En definitiva, puso en jaque al derecho todo.

Mientras la Justicia siga apañando a jueces corruptos, el país no tendrá futuro

Finalmente, Menucci se apoyó en el dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados para que no se admitieran las denuncias en las que se pedía la destitución de los camaristas. Lo curioso es que no consta la forma en la que el fiscal tomó conocimiento de ese dictamen de la bicameral, ni en la causa penal que terminó con su resolución de desestimación ni en el expediente de juicio político en el que se dio dicho dictamen. Menucci no pidió información al Jurado ni aclaró quién le había pasado, por canales informales, el dictamen. Su conducta se acerca peligrosamente a la de los camaristas Villordo y Benavides: él también resuelve sin sentirse atado por las constancias de la causa.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, decidió el 22 de agosto de 2024 hacer oídos sordos al pedido de revisión interpuesto por los denunciantes contra la desestimación de Menucci. Con el objetivo de salvar las formas, criticó con dureza la resolución que habían tomado, pero en definitiva blindó convenientemente a Villordo y Benavides. La causa contra los camaristas quedó, así, irremediablemente obturada.

En octubre pasado, la Sala II del Tribunal de Casación Penal admitió el recurso de queja de la defensa de Rigau, lo declaró procedente y le concedió el beneficio del arresto domiciliario por el solo paso del tiempo y sin desvirtuar los motivos que habían llevado al juez de garantías a rechazarlo. En este sentido votaron los jueces Mancini y Mario Kohan, quedando en disidencia la doctora Budiño.

Ante la falta de pulseras electrónicas, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio decidió otorgarle a Chocolate Rigau la detención domiciliaria sin pulsera, para “evitar la afectación de derechos del procesado”. Lo ocurrido es gravísimo pues desvirtúa severamente el sistema de morigeración cuando son cientos los presos que aguardan pulseras y tobilleras electrónicas. A Claudio Albini –imputado como jefe de la asociación ilícita– y a su hijo, el concejal platense Facundo Albini, la Cámara de la Plata acaba de revocarles el “arbitrario” beneficio de la prisión domiciliaria.

Las pruebas recabadas en el teléfono de Rigau darían cuenta de su función en la asociación ilícita: mantenía la relación con los falsos trabajadores de la Legislatura, extraía el efectivo, pagaba una parte a algunas de esas personas y entregaba el grueso del dinero al concejal Albini, en tanto que Claudio Albini, como subdirector de personal de la Legislatura, sería quien se ocupaba del alta de los “ñoquis”.

Todo lo aquí reseñado no hace más que encender con fuerza las alarmas. Al decir de Conte-Grand, “los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”. Cuando el sistema no activa los frenos y contrapesos que una sana institucionalidad demanda, la preocupación y la decepción ciudadana están más que justificadas. Una Justicia con magistrados dispuestos a aliarse con los otros poderes de la República, apartada de su irrenunciable condición de independiente e incapaz de purgarse a sí misma, no verá recuperado su prestigio ni, mucho menos, la confianza ciudadana. Años de corrupción judicial y de un tan inconcebible como dañino garantismo no serán sencillos de superar. Mientras la Justicia siga apañando a jueces corruptos este país no tendrá futuro.

Fuente: La Nación

Un sector de legisladores pega carteles en las bancas de la Cámara de Diputados tratando al Presidente de estafador y se va del recinto para no volver. Otro grupo no lo deja hablar durante la apertura del período de sesiones ordinarias. Se escuchan gritos desde las propias bancas. Bloques completos deciden no participar de la Asamblea Legislativa porque no comulgan ideológicamente con el mandatario de turno o no comparten sus medidas. La imagen, que corresponde a la apertura de sesiones ordinarias del sábado último, nada tiene de nuevo, pero todo de lamentable. De los 329 legisladores, solo participó la mitad.

El Presidente tampoco mostró el debido respeto por el lugar donde se hallaba: por momentos fue agresivo y, en muchos otros, sarcástico y pendenciero. Acaso los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron los únicos que, en bloque, mostraron la consideración que se les debe a los miembros de los otros dos poderes del Estado.

En una reciente columna de opinión, el exsenador nacional y expresidente provisional del Senado Eduardo Menem daba cuenta precisamente de los excesos que desde hace ya décadas se vienen registrando en el Congreso Nacional: legisladores que al prestar juramento ignoran las fórmulas protocolares de rigor para encomendarse a dirigentes, a partidos y hasta para agradecer su ingreso en la vida política a sujetos sospechados de corrupción, condenados y hasta a dictadores de otros países. No faltan las fórmulas dedicadas a abstracciones, cuestiones imaginarias y hasta a objetos, demostrando una enorme falta de respeto por la institución de la que van a ser parte.

Se trata de diputados y senadores que no son capaces de frenar impulsos pugilísticos contra sus pares, tan elegidos como ellos por la ciudadanía, a la que descaradamente y sin la menor culpa ninguno de los contendientes parece tener en cuenta.

Es ya un bochorno que haya que aclarar que las bancas no les pertenecen a los legisladores. Son propiedad de quienes los votan en cada elección, de quienes los eligen y esperan de ellos que actúen decorosamente y con el mayor de los compromisos.

Cada vez se registran más pedidos de cuestiones de privilegio por cualquier nimiedad o exceso de ego, cuando fueron previstas para ser concedidas solamente cuando resultan afectados los fueros. En cambio, se reclaman de viva voz y se otorgan sin más para hacer comentarios que nada tienen que ver con el debate legislativo. La realidad se encarga de retratar a personajes con bajísima educación y nula preparación para desempeñar semejantes cargos. Vayan como ejemplos los levantamanos, digitados por un líder eventual, a quienes si se les pregunta qué proyecto están votando, y ni siquiera conocen el contenido. A veces, ni el nombre de la iniciativa. Vergonzoso es poco.

Dar quorum se transformó en un mecanismo extorsivo. También las triquiñuelas a la hora de votar. Las reuniones de comisión son tan multitudinarias y sus tiempos tan excedidos que el debate se atasca y se aleja toda posibilidad de limar asperezas para llegar siquiera a acuerdos mínimos. Las sesiones son constantemente interrumpidas con temas por fuera de lo acordado entre los bloques.

Las galerías de los recintos se convirtieron en trincheras desde donde amenazar y prepotear, transformando la sala de deliberaciones en un tan inesperado como desubicado ring de boxeo. Y a los periodistas acreditados se los desplaza e incomoda cada vez más, seguramente por el temor que les produce a los indisciplinados que se publique la verdad de sus actos.

Cuando ocurrió el regreso de la democracia, daba placer volver a escuchar discursos bien fundamentados de muchísimos legisladores. Siempre hubo voces disidentes, claro está. De eso se trata el debate democrático de ideas. Pero una exposición fogosa no debería ser nunca una invitación al desbande. Había por entonces gente muy preparada en su especialidad, debates ejemplares que trascendían las paredes del recinto y llegaban a los medios como exquisitas piezas de oratoria debidamente sustentadas. Con el correr del tiempo, esas discusiones se han venido degradando, alejándose cada vez más del interés del ciudadano común, harto de haber desaparecido literalmente de la lista de intereses de sus representantes.

Desde ya que muchos de ellos conservan intacto el decoro que impone su tarea y se les nota que padecen este triste mal de época. Pero son cada vez más los que se alzan groseramente contra el sistema como si fueran los dueños de la verdad.

En su artículo, el doctor Eduardo Menem proponía adecuar los reglamentos de las cámaras, que ciertamente han padecido también modificaciones que por momentos los tornan incomprensibles o decididamente abiertos a especulaciones de todo tipo.

Deberían abocarse ya mismo las dos cámaras del Congreso a encarar esa labor de depuración de todo lo malo que se ha ido sumando como capas geológicas en detrimento de sus representados y de la propia imagen del Parlamento como el órgano deliberativo por excelencia en un sistema que se precie de democrático.

Fuentte: La Nación

Los éxitos deportivos del fútbol argentino entre los que se destaca la obtención del tricampeonato mundial en 2022, resultado del esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico, no son óbice para negar, apañar ni justificar la oscuridad de la Asociación Argentina del Futbol Argentino (AFA) –“AFANO”, según la sabia sorna popular– en sus manejos internos y en la organización de los torneos, como la manipulación del sistema de ascensos y descensos.

Los logros de nuestros futbolistas tienen, como secuelas no deseadas, el encumbramiento de algunos dirigentes impresentables, acostumbrados a agraviar, difamar y extorsionar. Uno de ellos es Pablo Toviggino, nativo de Rosario, pero radicado en Santiago del Estero. En esa provincia, este siniestro personaje es uno de los beneficiarios del régimen patrimonialista del matrimonio Zamora que, gracias a la generosa coparticipación federal y fondos extras, ha podido generar entre contratistas de obras y de proveedores del Estado un grupo de enriquecidos desde el poder. De la nada, ha logrado un patrimonio difícil de justificar.

Leer o escuchar a Toviggino, que como casi todos los allegados al zamorismo no pueden explicar el origen de sus patrimonios es conocer a un genuino exponente de una Argentina degradada, en la que imperan la prepotencia, el apriete y los modos mafiosos de quienes desaprovecharon las oportunidades educativas, prefiriendo el camino de los éxitos efímeros que da la cercanía con lo peor de la política y renunciando al mejor patrimonio que puede adquirir una persona: un apellido limpio.

El fútbol argentino, además de sus grandes éxitos en los certámenes internacionales, debe lograr transparencia, respaldar a los árbitros honestos, erradicar la prepotencia de las barras bravas para que los espectadores puedan retornar a los estadios con la seguridad para disfrutar del juego sin arriesgarse a robos o extorsiones de “trapitos”, entre otras pésimas prácticas que se soportan continuamente.

Casos como el del árbitro Yael Falcón Pérez, que suspendió el partido entre Godoy Cruz y Talleres ante la agresión al juez de línea Diego Martín, quien fue atacado con un caño lanzado desde las tribunas, son la contracara de estos dirigentes que pretenden convertir al fútbol argentino en un coto de caza para oscuros intereses y en el que abunda todo tipo de escándalos agravados con la posibilidad que ofrece para el lavado de fondos provenientes de la corrupción y del narcotráfico. Ambos flagelos corroen el tejido social, amparados y protegidos por lazos en sectores de gobiernos y justicias provinciales.

Es de esperar que cese el llamativo silencio de muchos dirigentes de distintas instituciones con historia en el fútbol ante los ataques y extorsiones de este deplorable personaje.

Fuente: La Nación

Como cualquier diagnóstico con visos desalentadores, los resultados del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) presentados a fines de 2024 por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) pueden también convertirse en un punto de partida que motive a los líderes de los poderes judiciales para encarar el desafío de mejorar. Publicados desde 2004, reflejan un problema persistente con leves altibajos.

Ese índice promedia dos indicadores: el “conductual”, que mide la disposición de las personas a acudir a los tribunales frente a un problema, y el “perceptual”, que muestra cómo ven esas personas a sus tribunales. El primer indicador varía según la índole del problema, pero en promedio se sitúa en un 72%. La valoración positiva sobre cómo funciona ese servicio es del 29%. El primer dato es acaso el más preocupante porque, mirado al revés, permite inferir que para resolver una cuestión que hace a la convivencia ciudadana, un 28% de las personas prefiere otras vías frente al único y “monopólico” camino civilizado que existe. No hay que ser muy perspicaz para imaginar que esas otras vías –sobre las que los encuestadores no han indagado– pueden incluir la resignada actitud de no hacer nada, la convalidación de la informalidad económica o laboral o, desgraciadamente, las inaceptables vías de acción directa llamadas “justicia por mano propia”.

Los principales aspectos que los encuestados perciben como deficiencias del servicio de justicia ponen en negro sobre blanco las fuentes de una general insatisfacción. Las cuatro principales deficiencias que aparecieron en la mayoría de las respuestas fueron: falta de independencia de los poderes políticos, lentitud, bajo nivel técnico de los jueces y carencia de transparencia para poder acceder a lo que ocurre en un expediente. Respecto de esto último, como la pregunta admitía respuestas múltiples, la suma de los porcentajes dio por encima de cien. También golpea el dato de que la disposición a acudir a la justicia es mucho menor entre personas de 18 a 29 años que entre individuos de más edad.

El Laboratorio de Innovación Judicial de la Suprema Corte de Mendoza también reveló un informe que destaca el desprestigio y la deslegitimación que aquejan a la Justicia. Para el 92% de los encuestados, su funcionamiento es “malo”; “pésimo” para casi el 60% y apenas un 33% consideró que “bueno”, con un minúsculo 2% que dijo “muy bueno”. Señalaron entre los problemas desatendidos por la Justicia el de la inseguridad, seguida por la corrupción y la falta de independencia y calidad, además de su burocracia en la resolución de conflictos.

El índice que elaboran Fores y UTDT, de actualización semestral, es muy valioso porque el análisis y las iniciativas sobre la mejora del sistema suelen mayormente ocupar endogámicamente a los proveedores del servicio, sin atender lo que opinan y anhelan sus beneficiarios, que son además los que lo sostienen con los impuestos y honorarios profesionales. Las propuestas suelen quedarse en un mero reclamo a los demás poderes del Estado, instando a cambios legislativos y a una asignación de mayores recursos. Debería ser la propia Corte Suprema la que dé inicio a un proceso de implementación de políticas de integridad interna, con un Código de ética como el de su par norteamericano, que no la deje a merced de los políticos. Cualquier usuario sabe que dos juzgados que aplican las mismas normas, usan el mismo software y tienen la misma cantidad de empleados pueden brindar un servicio muy disímil.

La insatisfacción anida siempre en la percepción. Es evidente que los buenos ejemplos de eficiencia y corrección ética (a veces, hasta de heroísmo) que indudablemente hay en nuestras judicaturas no han alcanzado para reconciliar en la medida necesaria a los ciudadanos con sus poderes judiciales. El nombramiento de jueces convertido en toma y daca de la política tampoco contribuye toda vez que a nivel mundial se identifica la importancia de la Justicia en el fortalecimiento de la lucha anticorrupción.

La reciente nominación por decreto del controvertido juez Ariel Lijo -de pésimos antecedentes- para la Corte es un vergonzoso ejemplo de ello.

Uno puede mirar el termómetro para lamentarse y cuestionar sus resultados o disponerse a superar la etapa de diagnóstico y hacer lo necesario para corregir el problema, confiando sobre una base racional que la próxima medición puede ser más favorable. Eso requiere algo más que discursos voluntaristas: exige aplicar una lógica de proyecto que contemple diagnóstico, objetivos, elección de las métricas relevantes para saber si se han conseguido esos objetivos, fechas para medir resultados, un seguimiento implacable y evaluaciones confiables. Como pilar de una sociedad democrática, los tribunales garantizan los derechos ciudadanos y funcionan como indispensable mecanismo de control. La independencia de los jueces es garantía de la libertad ciudadana. Solo una justicia eficiente e independiente posibilitará el ingreso de los ansiados capitales que impulsen el desarrollo bajo un marco institucional de seguridad jurídica. Hay mucho por hacer para apagar las alertas.

Fuente: La Nación

No es justo que las autoridades municipales sigan trasladando a los vecinos su ineficiencia y los costos de sus muchas veces elefantiásicas estructuras políticas. Por eso debe celebrarse la reciente sentencia de un juzgado bonaerense que rechazó los amparos que siete intendencias habían presentado contra una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación que prohíbe incluir tasas municipales y cargos ajenos a los servicios contratados en las facturas de servicios públicos.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín avaló la medida del gobierno nacional que no permite incluir tasas municipales en boletas como las de agua, luz y gas. Ante las objeciones presentadas mediante acciones de amparo por parte de los municipios de Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín, la Justicia determinó que no existía violación alguna a la Constitución nacional ni avasallamiento de las autonomías provinciales, como alegaron los representantes de las citadas comunas. Por el contrario, la norma cuestionada por aquellos municipios cumple con la defensa del consumidor, establecida en nuestra Ley Fundamental.

Correspondería que las autoridades municipales definan mecanismos más apropiados para cobrar las tasas municipales, sin afectarlas a las facturas de servicios públicos contratados por los usuarios. Lamentablemente, esta última modalidad se ha venido transformando en una práctica generalizada, que afecta el principio de transparencia fiscal.

El desmesurado crecimiento del aparato estatal argentino ha tenido en los municipios un actor más que destacado, con escasas excepciones. Puede estimarse que, desde el año 2000, el empleo público municipal se ha incrementado en conjunto en más del ciento por ciento, por encima incluso del aumento que experimentaron en ese rubro las provincias y la Nación. El afán recaudatorio para sostener estructuras ineficientes y muchas veces clientelistas ha derivado en el recurrente aumento o en la creación de tasas municipales. Fue la consecuencia de la resistencia de intendentes a racionalizar gastos y tributos lo que provocó una insoportable carga que ahoga la actividad empresarial y castiga a los consumidores.

El 11 de septiembre último, mediante la resolución 267/2024, la Secretaría de Comercio dispuso con acierto prohibir que los municipios recauden a través de cargas incorporadas al cobro de las facturas de servicios públicos, por cuanto estas generan una distorsión de precios relativos, afectan la transparencia fiscal y le restan competitividad al sector productivo. La norma plantea el principio de que cada uno se haga cargo de cobrar exclusivamente lo que le corresponde y guarda relación con el régimen de transparencia fiscal al consumidor, sancionado dentro de la llamada Ley Bases. Esta última pauta, impulsada oportunamente por la asociación civil Lógica, contempla también la inclusión en tickets y facturas del detalle desglosado de los impuestos que abona todo consumidor en cualquier compra de bienes y servicios.

Los consumidores tienen derecho a una información veraz y completa, como lo dispone el artículo 42 de nuestra Constitución, y también deben exigir una reforma fiscal profunda que reduzca la insoportable carga tributaria. Esto incluye la necesidad de que los municipios deroguen tasas cuyo valor no solo no guarda proporción con el costo de la prestación de un servicio, sino que además suele ocultar una oscura finalidad, que pasa por el financiamiento espurio de aparatos clientelares y de militantes políticos.

Fuente: La Nación

En la agenda ambiental, febrero fue el mes de los humedales y de una punta a otra del país se resaltó la importancia de su conservación y fortalecimiento en distintas jornadas.

La Argentina cuenta con 24 humedales de importancia internacional, reconocidos bajo la denominación Sitios Ramsar por la localidad iraní donde se firmó un tratado internacional sobre el tema. Uno de los de mayor extensión del país se llama Jaaukanigás (“gente del agua” en abipón, una lengua amerindia) y está en el nordeste de la provincia de Santa Fe. Abarca unas 492.000 hectáreas sobre la cuenca del río Paraná, el principal reservorio de agua dulce superficial del país, esencial para numerosas actividades humanas.

En la región de Jaaukanigás, el río presenta una biodiversidad descollante que reúne al 80% de las aves y al 100% de los peces de toda la provincia, que viven en sus lagunas, esteros, bañados, arroyos, riachos y otros cauces y formaciones vegetales. Los distintos humedales sostienen áreas reproductivas ictícolas de dorados, surubíes, pacúes, bogas, entre otras especies que abundan y motorizan la relevante pesca deportiva y artesanal de la región litoral.

Aquí también se conservan otras especies emblemáticas como el mono carayá, el ciervo de los pantanos, el aguará guazú, el lobito de río o la boa curiyú, todas amenazadas a nivel nacional o internacional. A partir tanto de la existencia de especies de aves en peligro como por su importancia para aves migratorias y acuáticas, Jaaukanigás fue declarada como “Área Importante para la Conservación de las Aves” (AICA) por Aves Argentinas y la federación mundial Bird Life International.

Asimismo, se destacan sus valores paleontológicos y culturales por los hallazgos de restos fósiles del cuaternario (mastodontes, gliptodontes, megaterios) además de vestigios de culturas aborígenes que se remontan a más de 2000 años de antigüedad y la presencia actual de pueblos originarios Moqoit y Qom que conservan saberes ancestrales integrados al ambiente.

El llamado turismo de naturaleza crece exponencialmente gracias a este entorno, atrayendo a turistas argentinos y extranjeros que visitan al “Corredor Ecoturístico del Litoral”, un programa nacional que potencia actividades en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, fomentando el ecoturismo en las áreas protegidas.

La región del Jaaukinagás viene incrementando las plazas hoteleras, alcanzando ocupación plena los fines de semana en localidades como Villa Ocampo, Florencia, Las Toscas y Reconquista. Cabañas en sitios agrestes se suman a ofertas de senderismo, cabalgatas, observación de aves para registrar las más de 334 especies presentes en la zona, con paseos en lancha, kayakismo y cicloturismo, entre otros.

En este sentido, y como se ha hecho en otras regiones similares como Iberá y el Impenetrable, cobra relevancia garantizar la protección efectiva y a perpetuidad de sectores claves fiscales del Sitio Ramsar Jaaukanigás bajo figuras de conservación contenidas en la ley 12.175, que ordena el sistema provincial de áreas naturales protegidas de la provincia.

Para fortalecer la agenda de conservación de los humedales de la Argentina y apuntalar las actividades económicas locales ante un ecoturismo creciente, así como para sumar nuevas oportunidades para el desarrollo del norte santafesino, será necesario proteger a perpetuidad el sitio de mayor diversidad biológica del río Paraná a través de la creación de áreas protegidas provinciales en este paraíso llamado Jaaukanigás.

Fuente: La Nación

Las cárceles deben ser lugares donde aquellos que cumplen condenas encuentren la manera de recapacitar sobre el daño cometido y puedan al final de la pena reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser un espacio para seguir delinquiendo o para ingresar en una trama mafiosa. Sin embargo, sobran ejemplos en nuestro país sobre la desvirtuación de aquel principio inobjetable. Lo ocurrido en Rosario es un ejemplo grave, pero no el único.

Experiencias internacionales también dan fe de que, muchas veces, de los pabellones carcelarios surgen nuevas amenazas. Así lo ejemplifica el Primer Comando Capital (PCC), la banda narcocriminal que, desde unas pocas celdas en San Pablo, transitó un sangriento camino para convertirse en la más temible organización delictiva de la región, con miles de integrantes y operaciones en varios países. El año pasado, Chile dio cuenta del ingreso a su territorio de criminales de esa banda. También en 2024, agentes de Interpol detuvieron en la localidad bonaerense de Campana a un importante miembro del PCC, sobre quien pesaba un pedido de captura con notificación de “índice rojo” por homicidio, requerido por el 1er Tribunal Juri de São Paulo.

Con esos antecedentes a la vista y habiendo evaluado la situación de nuestro país, se considera positiva la decidida acción de las autoridades nacionales para poner orden dentro de los penales con el objetivo de que narcos locales no sigan transformando los presidios en centros de transmisión de directivas a delincuentes fuera de los muros.

En ese sentido, el programa de control de presos de alto perfil que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende desde diciembre de 2023 el Servicio Penitenciario Federal, aparece como una herramienta válida para aislar a los jefes de bandas actualmente detenidos.

La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para bloquear aún más los intentos de esos presos dirigidos a continuar con su actividad criminal, transmitiendo directivas desde donde nunca debieron hacerlo. No solo tienen vedado ahora el uso de comunicaciones telefónicas, sino que también se les restringió el contacto con familiares, con solo una posibilidad de charla directa durante 60 minutos cada 15 días. Un vidrio especial separará al preso del visitante para evitar, incluso, el acercamiento físico. Esa precaución está sustentada en un hecho concreto: nueve familiares y dos abogados de presos de alto perfil fueron detenidos en los últimos meses por recibir durante las visitas instrucciones escritas sobre delitos, las que debían trasladar desde la cárcel a los cómplices en libertad.

Delincuentes como Ariel “Guille” Cantero, el jefe de la banda narcocriminal Los Monos, estaban acostumbrados a que las cárceles fueran sus verdaderos centros de comando, control y comunicaciones, continuando así el funcionamiento de las bandas pese al arresto de los cabecillas y de sus principales laderos. Cantero se encuentra en prisión desde 2013 y pasó por numerosos establecimientos penitenciarios de Santa Fe y federales sin que pudiese ser obturado su liderazgo en el clan que llevó a Rosario a ser una de las ciudades con mayores tasas de homicidios en nuestro país.

Alojado en el penal federal de Marcos Paz, Cantero ve desde el año pasado por primera vez reducida su capacidad de mando. Antes contaba hasta con un teléfono fijo en su celda. Ahora pasa el tiempo aislado, como otros presos que tienen peso propio dentro de las estructuras criminales. Debe destacarse que ese cambio en la prisión se notó en las calles rosarinas, donde el año pasado cayó 65 por ciento la cantidad de asesinatos.

Esta clase de criminales aprovechan cada ventaja, cada resquicio que encuentran para seguir delinquiendo. Incluso con este sistema de aislamiento, Guille Cantero usaba a un primo para transmitir directivas. Ese joven de 21 años visitó 24 veces en 2024 al líder de Los Monos, que desde abril pasado estaba dentro del régimen conocido en el Servicio Penitenciario Federal como Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo. Cumplía la norma de ser un familiar del detenido y no tener antecedentes. Ya no podrá hacerlo: fue apresado como parte de una asociación ilícita que conducía la barra brava de Newell’s, en cuyo entorno se produjeron varios crímenes y amenazas.

La experiencia penitenciaria marca, además, que las bandas rosarinas están acostumbradas a la conducción remota, siguiendo jerarquías en la transmisión de órdenes desde las cárceles. Maximiliano Pullaro fue secretario y ministro de Seguridad provincial antes de convertirse en gobernador de Santa Fe. A partir de ese conocimiento, tomó dos decisiones ya como mandatario. Por un lado, replicó en las prisiones provinciales el modelo federal de aislamiento de presos peligrosos. Ahora busca ir un paso más allá: anunció el comienzo del camino para la construcción de una cárcel de máxima seguridad que podrá alojar a 1150 reclusos de alto riesgo. Los funcionarios provinciales le pusieron un mote a ese proyecto: El Infierno.

Más allá de la alegoría, que los presos sientan que la cárcel no es un aguantadero ni una guarida en la que consiguen protección contra otras bandas es un paso positivo. El ejemplo de Los Espartanos muestra que el encierro puede derivar en la construcción de nuevos sueños. Pero para eso el recluso debe tener la real voluntad de un cambio, algo que los jefes narco detenidos están lejos de expresar y, menos, de concretar. Para aquellos que quieren usar las celdas como un punto de difusión de la violencia criminal, el aislamiento se presenta como una de las respuestas más acertadas por parte del Estado.

El crimen organizado representa un enorme problema en muchas partes del mundo y se convierte en verdadero flagelo cuando los Estados ceden terreno ante él. Eso es lo que claramente ha venido ocurriendo en nuestro país. Rosario es apenas la punta de un iceberg que se cierne amenazante sobre nuestra sociedad. Evitemos el naufragio.

Fuente: La Nación

La decisión del presidente Javier Milei de designar en comisión como miembros de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hasta la finalización del próximo período legislativo es un error político que afecta la legitimidad republicana y un claro retroceso en materia institucional.

El antecedente más inmediato se produjo a pocos días de asumir la presidencia de la Nación Mauricio Macri, en diciembre de 2015, cuando este nombró en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir los dos cargos que estaban vacantes en el máximo tribunal de la Nación. En tal ocasión, desde esta página editorial, LA NACION expresó su rechazo a ese procedimiento, adoptado también en pleno receso del Poder Legislativo. Al igual que en aquella ocasión, sostenemos que el nombramiento de los jueces solo puede hacerse, conforme lo dispuesto por la Constitución nacional, con el acuerdo del Senado. El hecho de no contar con los dos tercios de la Cámara alta para ratificarlos de ningún modo puede habilitar al Presidente a obviar el procedimiento constitucional.

Cabe recordar que ni Rosatti ni Rosenkrantz asumieron los cargos que actualmente ocupan en la Corte hasta que contaron con el aval del Senado. El propio Mauricio Macri, en una implícita admisión de su error, expresó en las últimas horas su reprobación por el decreto emitido por Milei. “La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta”, expresó el expresidente.

Al justificar las designaciones de los jueces en la Corte en comisión y por decreto, el gobierno de Milei esgrimió el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, según el cual, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, figura “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Existe, sin embargo, un amplio consenso en que el término “empleos” podría aludir en ese artículo a embajadores o militares, que requieren la conformidad de la Cámara alta, pero no a titulares de otro poder del Estado, como el Judicial.

El hecho de no contar con los dos tercios del Senado para ratificar a los jueces de ningún modo puede habilitar al Presidente a obviar el procedimiento constitucional

El decreto presidencial encierra además un peligroso precedente, ya que si cualquier titular del Poder Ejecutivo pudiese nombrar hasta el 30 de noviembre jueces durante el receso parlamentario y un año después repetir ese procedimiento, en ocasión del siguiente receso legislativo, podría tener magistrados sin acuerdo del Senado por tiempo indeterminado. La división de poderes quedaría así herida de muerte.

Un capítulo adicional merece la designación de Lijo, que resulta más grave aún, por cuanto su postulación había sido rechazada por una enorme cantidad de prestigiosas organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico, de los derechos humanos, sindicales y sociales; por juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y por la ciudadanía en general. Sus lamentables cualidades éticas; las denuncias y sospechas que acumuló en su contra en los últimos años, que apuntan tanto a su patrimonio como a su lentitud en el manejo de causas de corrupción, sin olvidar sus limitados antecedentes académicos y su falta de independencia respecto del poder político, justifican aquel rechazo.

Cuando el Poder Ejecutivo remitió, el 28 de julio último, al Senado el pliego de Lijo, nada señaló en sus fundamentos acerca de esas fundadas críticas. Por el contrario e incomprensiblemente, el Gobierno destacó en su escrito que el postulante tenía “acreditadas su idoneidad, trayectoria, solidez y vastedad de antecedentes”, y que había “demostrado solvencia jurídica, seriedad intelectual y objetividad de criterio en cada una de sus decisiones”. Da la impresión de que el Poder Ejecutivo estuviera refiriéndose a otra persona: Lijo no encaja en ninguno de esos elogiosos argumentos.

Del mismo modo, resulta inadmisible que, en lugar de renunciar a su cargo de juez federal, Lijo haya solicitado una licencia extraordinaria en ese cargo, ante la posibilidad de no obtener más adelante el acuerdo del Senado para su designación en la Corte, tal como lo acaba de puntualizar en un comunicado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Según esta prestigiosa entidad, en homenaje a su propia jurisprudencia, la Corte no le debería tomar juramento si el juez no renuncia a la función que hasta ahora desempeña. Llamativamente, la Cámara Federal le otorgó dicha licencia, que la Corte deberá refrendar o rechazar.

Resulta incomprensible afectar la seguridad jurídica otorgándole un sitial en el más alto tribunal a un hombre como Lijo, sobre quien recaen tantos reparos insalvables

El presidente Milei afirmó más de una vez que brega por una Justicia independiente y habló de “pegarles un cañonazo en la cabeza” a los corruptos. Puntualizó hasta el cansancio, desde su campaña electoral, que “una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre”. Pero, extrañamente, ha optado por nominar para el máximo tribunal de la Nación a un juez que personifica el statu quo.

Si uno de los argumentos más fuertes que utilizó el actual gobierno nacional para conseguir la sanción de la Ley Bases, con especiales beneficios fiscales para grandes inversiones, fue la seguridad jurídica, resulta incomprensible afectarla otorgándole un sitial en el más alto tribunal a un hombre sobre el que recaen tantos reparos insalvables.

Lijo jamás debería integrar la Corte, por cuanto no reúne una serie de condiciones no negociables, como sólida formación jurídica; independencia de los poderes político, económico y sindical, y una trayectoria éticamente irreprochable.

Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, solo cuando existe independencia de criterio los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno, su función más importante en una democracia.

Es de esperar que el sano funcionamiento de las instituciones de la República pueda frenar este atropello y garantizar la división de poderes que ordena nuestra Constitución. Estamos frente a la invalorable oportunidad de sentar las bases para afianzar la Justicia.

Fuente: La Nación

Como cada año, el inicio del ciclo lectivo es el momento elegido para que los gremios docentes argentinos recurran una vez más a la vieja y probadamente poco eficaz metodología de retrasar el comienzo de las clases con sus exigencias. Otra vez sopa para los niños argentinos hambrientos de conocimiento.

Desde 1983 hasta nuestros días, hubo más de 900 paros docentes, que se traducen en algo así como cinco ciclos lectivos enteros perdidos. No hay país en Sudamérica que haya sufrido la cantidad de huelgas docentes que tuvo la Argentina, del mismo modo que ha quedado en evidencia la naturaleza política de estas medidas de fuerza. Mientras tanto, los argentinos seguimos aguardando la sanción de una ley que considere la educación como “servicio estratégico esencial”.

Si los reclamos salariales fueran válidos, el método y el momento elegidos para las protestas no lo son. Desde los gremios acusan al Gobierno de no convocar a paritarias desde el año pasado y que el sueldo mínimo deja a muchos docentes por debajo de la línea de pobreza. Además de un nuevo piso salarial, reclaman la aprobación de la ley de financiamiento educativo y el incremento del presupuesto nacional de educación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el aumento de las partidas para almuerzo y copa de leche. Asegurar la valoración y el respeto para los docentes es también una materia pendiente, a cuyo fin los paros en nada contribuyen. Singapur es un buen ejemplo: esta nación se propuso hacer de la docencia la profesión más importante del país, al asumir que es la mejor inversión que pueden hacer. No suele haber soluciones baratas ni sencillas para problemas complejos.

Los gremios docentes nucleados en la CGT dispusieron parar el lunes último, con lo cual el inicio de las clases se vio alterado en 13 jurisdicciones: ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Chubut y Santa Cruz. Otra medida de fuerza, para el 5 de marzo, afectará el inicio previsto en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Río Negro Tierra del Fuego.

Los zapatos lustrados, los lápices afilados, el guardapolvo planchado son solo una parte de la enorme ilusión que para tantos niños y padres despierta el primer día de clases. Muchos tuvieron que llegar a la escuela para enterarse de la medida de fuerza. Bueno sería que los sindicatos defendieran también el derecho de los chicos. Pero ya sabemos qué clase de personajes encarnan los reclamos.

Distintas jurisdicciones descontarán el día y el plus por presentismo. La estrategia de separar a la docencia de su representación sindical cobra fuerza en provincias como Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro desafía al gremialista Roberto Baradel: “No va a venir a decirle a la provincia cuándo tenemos que parar las escuelas”, afirmó. Lo que está claro es que las discusiones deben darse con los chicos en las aulas.

Movidos por su enfrentamiento con el gobierno nacional, los gremios docentes vuelven a elegir esta época del año para redoblar la apuesta. Pero cada vez despiertan mayor rechazo en una sociedad harta de estos procederes que toman a los chicos de rehenes. Los maestros no debieran seguir cayendo en tan grave falta de creatividad que los gremios pretenden imponerles. Recordamos aquella Carpa Blanca docente instalada en 1997 frente al Congreso a lo largo de 33 meses como forma de reclamo. Fue visitada por alumnos de 7000 escuelas, mientras unos 1380 maestros ayunaron rotativamente y 1.500.000 firmas sumaron apoyo al reclamo, motorizando la solidaridad de numerosas personalidades de la cultura, la política y el deporte, multiplicándose también en el interior. Se desarmó cuando el Congreso aprobó la ley de financiamiento educativo y un fondo que posibilitó el aumento salarial docente.

Es menester que los representantes de los docentes y las autoridades educativas encuentren caminos alternativos para zanjar diferencias, de modo que no se continúe privando de educación a quienes más la necesitan. La discusión salarial docente tiene que ser sacada de las aulas. El derecho al aprendizaje que asiste a los niños debe respetarse a rajatabla. Los enfrentamientos que se repiten año tras año no tienen vencedores ni vencidos, solo conducen a profundizar la decadencia de la educación pública. Discutamos la calidad de la educación y paremos con los paros.

Fuente: La Nación