Categoría: Entrevistas

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, creada en 2006 y activa desde 2008, trabaja de manera interdisciplinaria durante las 24 horas del día recibiendo exclusivamente denuncias sobre violencia en los hogares y trata de personas con fines de explotación sexual, en un valioso servicio a la comunidad.

Del total de denuncias recibidas en 2023 en la ciudad de Buenos Aires, que incluyen también las de violencia de género, el 38% corresponde a hechos que han tenido como víctimas a niños y adolescentes, una proporción más alta que la del año anterior, que refleja un ininterrumpido aumento en este segmento. El 35% son catalogadas como de riesgo alto o altísimo –hubo 121 constataciones de lesiones–, con la figura del padre como principal protagonista de los maltratos.

El año 2023 cerró con un total de 5391 casos de niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica, lo cual promedió 15 víctimas por día, y en algunos casos, involucrando a más de un menor. El número de niños y adolescentes se incrementó, al igual que las presentaciones judiciales realizadas: 3828 en 2023, frente a 3422 en 2022, 2622 en 2021 y 2176 en 2020.

En cuanto a las edades, la mayor cantidad de casos se dio entre niños de ambos géneros de menos de 10 años, un 66% del total, mientras que el promedio está en 8 años. Por género, 52% corresponde a niñas y 48% a niños. Según el informe de la citada oficina, el maltrato hacia los varones es más intenso en los primeros años, para acrecentarse en mujeres al llegar al período de la preadolescencia y adolescencia.

En el tercer trimestre de 2024, el 50% de las personas afectadas por violencia doméstica fueron mujeres adultas, seguidas por niños y adolescentes (33%) con una edad promedio de 8 años

Casi el 90% de las denuncias que afectan a la niñez y la adolescencia corresponden a violencia intrafamiliar, ya sea de un familiar directo o de uno en hasta cuarto grado de parentesco. El 80% de las víctimas tienen vínculo filial con el agresor, con preponderancia de varones denunciados, concentrándose en aquellos de entre 30 y 50 años; padres en un 68% y madres en un 32%.

En el 96% de los casos se ejerció violencia psicológica o emocional, al tiempo que en el 34% existió maltrato físico y en el 9% hubo abuso sexual, con 482 casos. Estos últimos se concentran en un 77% en mujeres, particularmente del segmento de entre 11 y 17 años.

Respecto de adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años que presentaron denuncias de maltrato por parte de parejas o exparejas, 43 fueron los casos en 2023, con 11 de ellas que ya eran madres y 5 que estaban embarazadas al presentarse a denunciar. Respecto de mayores de 60 años afectados por hechos de violencia doméstica, hubo 1002 denuncias recibidas, un 9% más que en 2022, con un 51% de los casos en cohabitación con los agresores.

Si tomamos datos del tercer trimestre de 2024 –último disponible–, también se registran aumentos, con 4216 personas atendidas y 2491 presentaciones ante la Justicia, siendo los varones de entre 22 y 49 años el 54% de los denunciados. El 50% de los afectados fueron mujeres adultas, seguidas por niños y adolescentes (33%) con una edad promedio de 8 años.

Sumergirse en temas de violencia doméstica es adentrarse en la tan dolorosa como traumática realidad de muchos. El seguimiento judicial de los casos deriva en medidas preventivas, como prohibición de acercamiento o contacto, o entrega de botones antipánico. Lamentablemente, los conflictos que día tras día escalan socialmente se instalan también bajo violentas formas dentro de los hogares. Nada los justifica. Proteger los derechos de los grupos más indefensos, como los niños, las mujeres y los adultos mayores, debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto.

Fuente: La Nación

Cuando en noviembre de 2015 Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales, los involucrados en la maniobra delictiva probada más tarde en la llamada causa Vialidad entraron en pánico e inmediatamente pusieron en marcha el plan “limpiar todo”, como lo denominó el Ministerio Público Fiscal. Los autores y partícipes del fraude contra el Estado se pusieron en contacto y acordaron algunas acciones que resultaron probadas por distintas vías, pero fundamentalmente por los mensajes extraídos del teléfono celular del entonces secretario de Obras Públicas, José López, incautado en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito iniciada luego de aquel ridículo y estrambótico espectáculo de López cargando bolsos repletos de dólares en un convento. Los delincuentes acordaron “actuar rápido”, construir un “relato”, no dar “sensación de fuga” y “no retomar las obras”, según surgió de los mensajes extraídos del citado celular.

Como tanto la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) habían pagado todos los certificados de las empresas de Lázaro Báez, el plan fue inventar deudas a su favor con el propósito de dar argumentos al grupo Austral para abandonar las obras y despedir a todo su personal (1800 personas). Esa actuación se completó con una nota del subadministrador de la DNV, Carlos Joaquín Alonso, notificando a Austral que el organismo no tenía más fondos en las partidas presupuestarias, por lo que no podía pagar esa deuda.

La expresidenta Cristina Kirchner tuvo principal y esencial participación en la maniobra, cuya innegable responsabilidad criminal fue probada a partir de estas pruebas:

• Haber mantenido en sus cargos hasta 2015 a Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y otros funcionarios públicos imprescindibles para la concreción de la maniobra.
• Haber dictado el decreto 54/2009, por el que se designó a la DNV como beneficiaria directa del fideicomiso de los “fondos del gasoil” del decreto 976/2001, conformando un sistema por el que se podría asignar directamente fondos a la DNV sin especificar las obras a las que se aplicarían, a pesar de un dictamen legal adverso.
• Haber designado como subadministrador de la DNV a Alonso, a sabiendas de que se trataba de una persona de total confianza de Báez.
• Su intervención decisoria en el final de la operación, el plan “limpiar todo”, que surge de los intercambios de mensajes entre López y Báez; de un viaje que hizo a Santa Cruz para reunirse con los involucrados y de una reunión que consta en la agenda presidencial.
• Los múltiples negocios que formalizó con Báez por montos que la favorecieron desmedidamente y sin otra causa real justificante de tanto derroche que su participación en la defraudación al Estado.
• Por el hecho de ser Santa Cruz su “lugar en el mundo”, su provincia, la que gobernó Néstor Kirchner por muchos años, no pudo desconocer que Báez, un exempleado bancario, monopolizaba groseramente la obra pública vial, y que realizaba con él los negocios reseñados por enormes sumas cuyo origen no podía desconocer.
• El estado público que tomaron las denuncias penales de Elisa Carrió y del exgobernador santacruceño Sergio Acevedo, y la investigación periodística del equipo de Jorge Lanata, conocida como “la ruta del dinero K”, difundida ampliamente también por un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación, alerta que fue olímpicamente desoída.

Las condenas tienen fundamentos lógicos. Se basan en la “colosal extensión del daño causado”, la insólita prolongación en el tiempo (12 años), la jerarquía de los funcionarios involucrados y el hecho de que se tratara de un desfalco de la magnitud del expolio de las arcas públicas

Los valientes fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se esmeraron por demostrar que, aparte de la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, Cristina Kirchner, López, Báez y Periotti conformaron una asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal, para lo cual enumeraron un conjunto importante de pruebas directas y otras indiciarias que hacían evidente que hubo un concierto de voluntades.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2), sin embargo, consideró que faltaba un elemento esencial del tipo penal de la asociación ilícita, como la pluralidad de planes criminales, extremo que no se habría demostrado. Por ello, resolvió, por mayoría, que se estaba ante un delito continuado y no frente a una asociación ilícita. El juez Andrés Basso votó en disidencia porque para él estaba probada suficientemente la asociación ilícita.

El primer voto en el fallo de Casación fue del doctor Gustavo Hornos, que además de confirmar el fallo del TOF 2 en cuanto a la condena que dictó por el delito de defraudación agravada, estuvo de acuerdo con los fiscales en que existió una asociación ilícita, calificación a la que no adhirieron sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Recientemente, esta cámara no concedió el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia quedará firme, a menos que el máximo tribunal acceda a un recurso de queja que pueden plantear los defensores de los condenados.

Impresiona la gigantesca y burda maniobra que pergeñaron los condenados. Estaba todo a la vista. Báez llegó a tener el 50% de la obra vial de la provincia, recibió un trato preferencial, cobró sumas enormes en tiempo récord, realizó negocios con los Kirchner durante los años en que fueron presidentes de la Nación y les pagó cifras millonarias por operaciones simuladas.

Investigada seria e independientemente, toda la maniobra surgió con claridad irrefutable. Por ello la labor de las defensas fue tan endeble. Sus argumentos fueron siempre formales, vacuos, reiterativos y para nada novedosos. Trataron de atomizar las operaciones para eternizar la investigación, pero los fiscales y luego los juzgadores no lo permitieron, acertadamente miraron el conjunto de acciones desplegadas por los encausados procesados para concluir de modo unánime en la condena por defraudación agravada.

La Cámara de Casación sostuvo que la sentencia del TOF 2 no tiene fisuras lógicas. A su vez, el fallo de Casación es extraordinariamente robusto, detallado y minucioso. Se detiene en todos los argumentos de la acusación y de las defensas, sopesando cada uno en profundidad, recurriendo a la mejor doctrina y jurisprudencia en todos los temas que revisa, de tal forma que el requisito de la doble instancia está sobradamente cumplido, como para que no queden dudas sobre la seriedad y fundamentación de las condenas, basadas en la enorme contundencia de las pruebas valoradas y que, de ninguna manera, pueden considerarse una persecución política o lawfare, como ha afirmado Cristina Kirchner.

Las condenas tienen fundamentos lógicos. Se basan en la “colosal extensión del daño causado”, la insólita prolongación en el tiempo (12 años), la jerarquía de los funcionarios involucrados que formaban la primera línea del Estado y el hecho de que se tratara de un desfalco de magnitud exorbitante, cuyo accionar estuvo orientado exclusivamente a lograr un lucro indebido y no al bien común.

El decomiso ordenado por el TOF 2 y confirmado por Casación fue fijado en la escalofriante suma de casi 85 mil millones de pesos, en que se estimó el perjuicio causado al erario público por las maniobras defraudatorias. Aunque el daño fue muchísimo mayor, esa cifra da cuenta de la magnitud del expolio de las arcas públicas. Fue la mayor defraudación de la historia argentina y lo estremecedor es que fue cometida por dos personas que ejercían la presidencia de la Nación.

Fuente: La Nación

El Departamento de Estado prohibió el ingreso a los Estados Unidos a Cristina Kirchner por su participación en graves hechos de corrupción durante su mandato como presidenta. Según señaló el Departamento de Estado, la exmandataria abusó de sus posiciones orquestando y beneficiando múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas.

Tal decisión no provoca sorpresa, pero sí una resignada satisfacción por el hecho de que se sancione a quien ha gozado de la impunidad que le otorga la lentitud y no pocas veces la corrupción de los procedimientos criminales en la Argentina. Sin embargo, esa impunidad está llegando a su fin, ya que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner por administración fraudulenta está cerca de quedar firme.

En efecto, la semana última, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó por “inadmisible” el recurso extraordinario interpuesto por la expresidenta contra el fallo condenatorio de esa misma sala, por lo que a la condenada le queda solamente un último recurso: ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo de Casación del 13 de noviembre de 2024 que la expresidenta pretende apelar confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) del 6 de diciembre de 2022, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros por la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo, por mayoría de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y con la disidencia del juez Gustavo Hornos, la Sala IV confirmó el fallo del TOF 2 que rechazó el planteo del Ministerio Público Fiscal en orden a la configuración de una asociación ilícita.

En mayo de 2003, cuando ya era un hecho el triunfo de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales, Lázaro Báez constituyó la empresa Austral Construcciones S.A. Báez, íntimo amigo de Kirchner, no tenía antecedentes en el rubro de la construcción pero en poco tiempo, gracias a la enorme ayuda que recibiría, se convirtió en el mayor constructor de la provincia de Santa Cruz.

Para consolidar el esquema tendiente a defraudar al Estado, Kirchner designó como ministro de Infraestructura a Julio De Vido; como secretario de Obras Públicas, a José López, y como administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a Nelson Periotti. La presunta organización criminal se completó con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), ente autárquico de Santa Cruz.

Los fondos para la realización de obras viales en Santa Cruz se financiaban con recursos provenientes de un fideicomiso formado con los ingresos de la llamada “tasa del gasoil”, establecido por el Decreto 976/2001. Este decreto sería luego modificado por Cristina Kirchner mediante el Decreto 54/2009, que designó a la DNV como beneficiaria directa de dicho fideicomiso. El decreto citado fue fundamental para determinar la participación de la expresidenta en la maniobra defraudatoria.

Austral comenzó con capacidad de obra insuficiente, pero Báez fue superando ese problema mediante la toma de control de empresas de construcciones con más antecedentes. Primero fue Gotti S.A., luego Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Kank y Costilla S.A.

Un hecho que marcaría la participación de Cristina Kirchner en la maniobra, en carácter de organizadora y virtual jefa, es la designación de Carlos Joaquín Alonso como subadministrador de la DNV, pues como se comprobó, Alonso era hombre de confianza de Báez. A través de ese grupo de empresas, Báez casi monopolizó la obra pública vial de Santa Cruz con la imprescindible ayuda y cobertura del Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Obras Públicas, la DNV y la AGVP. Con las distintas empresas que controlaba pudo simular competencias en las licitaciones de obras viales, asegurándose su adjudicación y, muchas veces, logrando aumentar los precios previstos en los pliegos. Esa confabulación permitió a las empresas controladas por Báez cometer una serie de irregularidades sin sufrir multas o sanciones que, por la gravedad de los incumplimientos, podrían haber llegado hasta la rescisión del contrato.

Fue absolutamente evidente el favoritismo y la confabulación de las autoridades nacionales y provinciales con las empresas de Báez

Entre las más comunes irregularidades estuvieron las siguientes:

• Ocultamiento de la real capacidad de obra, mediante la no presentación del certificado de adjudicación que requerían los pliegos y las normas aplicables, dado que las autoridades no se lo exigían ni le aplicaban sanciones, lo cual se traduciría luego en atrasos importantes en las obras por falta de capacidad.
• Presentación en muchas licitaciones del mismo representante técnico, un empleado que tiene que estar permanentemente en la obra; dado que había muchas obras concomitantes era imposible que esa persona estuviera en todas al mismo tiempo.
• Presentación en varias licitaciones del mismo equipamiento y maquinarias de obra, cuando había obras que estaban a más de 300 kilómetros de distancia.

Todas esas irregularidades y otras más fueron permitidas por las autoridades responsables, que justamente por ello, entre otras acciones dolosas, fueron condenadas en esta causa.

Las empresas controladas por Báez pidieron sistemáticamente ampliaciones de obra y prórrogas de plazos, que les fueron concedidas siempre y sin pedir mayores explicaciones, lo que hacía absolutamente evidente el favoritismo y la confabulación de las autoridades nacionales y provinciales. Además, varias pericias demostraron que había groseros sobreprecios en los ítems de las ofertas adjudicadas.

Las ampliaciones de obra significaron un aumento importante de los precios de adjudicación, estimado en casi el 20%. También hubo constantes ampliaciones de plazos que extendieron más de un 50% los originalmente establecidos.

Además, las empresas del grupo Báez pidieron sistemáticamente adelantos financieros. De las 51 obras que les fueron adjudicadas, en un 66% se les pagaron anticipos, generando así un flujo permanente de fondos. Y los certificados de obra fueron pagados en forma preferencial, tanto que al final de la maniobra las empresas controladas por Báez no tenían deuda para cobrar; se había pagado todo, circunstancia que no se daba con el resto de las empresas constructoras. Así, los jueces de Casación consideraron probado que Báez prestó una cooperación indispensable y necesaria para la concreción y continuidad de la obscena y burda maniobra defraudatoria de la administración pública.

Al mismo tiempo que avanzaba el desfalco, Báez realizaba importantes negocios inmobiliarios y de hotelería con Néstor y Cristina Kirchner, gracias a las ingentes cantidades de fondos que obtenía por los adelantos y pagos preferenciales. Austral alquiló hoteles de los Kirchner pagando cifras exorbitantes que llegaron a los 100,000 dólares mensuales en 2008 y 2009, y a los 400.000 dólares en 2011, según surge de las causas Hotesur y Los Sauces, incorporadas a las actuaciones oportunamente. Hay que sumar que, según se determinó en investigaciones periodísticas, los hoteles alquilados estaban casi siempre vacíos.

Los alquileres se hicieron a través de la empresa Valle Mitre SRL, controlada también por Báez. Entre 2008 y 2013, Valle Mitre pagó a Hotesur la friolera de 28.597.624 dólares y a Las Dunas, otro de los hoteles de la familia Kirchner, la suma de 5.846.676 dólares, entre otros pagos de Valle Mitre. Esos pagos no fueron cuestionados por las defensas de los condenados. Según consta en la causa, de los cheques de pago diferido que libraba la DNV, el 40% se destinaba a Valle Mitre, generando el enorme flujo de dinero que permitió esos desembolsos.

De allí que resulte muy extraño que Cristina Kirchner negara amistad y sociedad con Báez. Sociedad hubo, no en el sentido estrictamente legal, sino por hacer muchos e importantes negocios juntos. Amistad también, por la cercanía indiscutible, al punto que todos recordamos las imágenes de Néstor Kirchner con Báez charlando a solas, y otras de Báez con toda la familia Kirchner cuando construyó el impresionante mausoleo para Néstor Kirchner, luego de su repentina muerte.

Fuente: La Nación

SANTIAGO.– Una interesante entrevista dio a El Mercurio Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Argentina. En ella no solo entra en el detalle de los inmensos ajustes del gasto público –equivalentes al 5% del PBI– que han permitido a ese país reducir drásticamente el déficit fiscal, sino que además efectúa un revelador análisis de la economía política de esas medidas. Esto último permite entender uno de los aspectos más singulares de la experiencia argentina, cual es el apoyo que han encontrado hasta ahora estos esfuerzos en sectores relevantes de la ciudadanía. En efecto, aunque las ineficiencias en el manejo de los recursos públicos sean cuantiosas, muchas veces su reducción es difícil, no por el impacto macroeconómico de los recortes, sino por las barreras que encuentran estas medidas en los grupos de interés y en la población general.

La estrategia de la “motosierra” ha logrado hasta ahora un avance exitoso en la Argentina por haber realizado un trabajo importante de identificación de claros bolsones de ineficiencia y darlos a conocer a la ciudadanía. Como resultado, asegura Sturzenegger, “la gente ama la motosierra” porque entiende que todo gasto público es ella quien lo tiene que pagar. Y aun tratándose de realidades muy distintas, el caso puede ser aleccionador para Chile.El Mercurio (Chile)

Fuente: La Nación

La auditoría sobre el correcto otorgamiento y continuidad de la percepción de una suma de dinero como pensión por invalidez laboral empezó a arrojar sus primeros resultados tras haberse enviado citaciones a unas 300.000 personas sobre un padrón mayor al millón de individuos con algún tipo de discapacidad que les impida trabajar.

Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral que otorga la Anses están recibiendo cartas documento. Se les asigna un turno con un médico del PAMI para que puedan dar fe de su limitación mediante una consulta presencial y el aporte de documentación respaldatoria. Una vez analizada, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) define si corresponde o no continuar otorgando la citada pensión.

La presentación es obligatoria. La inasistencia puede llevar a la suspensión de la pensión. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación. Con ese fin, las autoridades habilitaron dos vías: el correo electrónico inasistenciapnc@andis.gob.ar y el Whatsapp +54 11 3910-1010 del chatbot oficial TINA. “Hay que incluir la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI”, indicaron las autoridades.

En un país donde el sistema funciona adecuadamente, las personas con discapacidad, especialmente las que padecen situaciones crónicas, sin posibilidad de remisión alguna, son citadas una primera vez y, salvo razones de fuerza mayor, no se les exige declaraciones complementarias de manera continua. Lamentablemente, en el nuestro se ha hecho un uso tan descarado de este tipo de ayudas por parte de gente que no tiene siquiera la más mínima discapacidad, que es necesario revisar el padrón completo para depurarlo, con el objetivo de que los recursos estatales vayan a quienes realmente los necesitan. Ya el año pasado, cuando aparecieron las primeras señales de alerta, las autoridades nacionales advirtieron que el otorgamiento de estos beneficios era escandaloso.

Muchos destinatarios no vivían donde habían declarado; centenares de beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en el registro como “activos”, con adjudicaciones mensuales y “presenciales”; prestadores fantasmas cobraban por atender a pacientes que desconocían; se hallaron estudios médicos truchos y hasta la radiografía de un perro que, según se supo después, fue detectada antes de que se concediera la pensión.

Se hallaron estudios médicos “truchos” y hasta la radiografía de un perro que fue detectada a tiempo, antes de que se otorgara una pensión por discapacidad

La lista de ejemplos de ese tipo de aberraciones incluyó también el caso de una mujer que la cobraba por la amputación de un brazo cuando se comprobó que tenía los dos; la falta de coherencia y de rigor entre los diagnósticos presentados; la adjudicación de uno de estos subsidios a quien solo demostró tener un pie plano y otro a una mujer que aseguró padecer cáncer de mama, pero que nunca había sido diagnosticada en ese sentido ni tampoco se había realizado una sola mamografía en toda su vida.

Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, de mediados de julio pasado, cuando exhibió la radiografía del perro para tramitar una pensión, se hizo un primer relevamiento que arrojó que menos de la mitad de 10.000 beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cumplía con los requisitos para acceder a la pensión y que dos centenares de personas que la recibían estaban condenadas o presas. Hacia fines del año último, solo el 13,6% de los 2344 beneficiarios chaqueños que asistieron a la citación cumplían con los requisitos para seguir recibiendo las pensiones.

Valga como otro ejemplo del descontrol en esos controvertidos otorgamientos la citación que se hizo recientemente a 1100 personas en la Capital Federal. De ellas, 759 no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad.

El monto actual de la prestación no contributiva por discapacidad laboral es de 261.160 pesos (incluye el bono de 70.000 pesos que también cobran quienes reciben el haber jubilatorio mínimo).

Es de esperar que esta depuración del padrón se convierta en más y mejores servicios para quienes realmente necesitan cobrar este beneficio. Si siempre resulta ominoso que se utilicen los dineros públicos con fines espurios, robar recursos que deben ir destinados a personas con semejante vulnerabilidad es imperdonable desde todo punto de vista.

Fuente: La Nación

El premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión, que otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, recoge la figura del periodista y escritor argentino nacido en Río Negro en 1927, súbitamente transformado en santo protector del periodismo y acérrimo defensor de la libertad de prensa. Distintas ediciones distinguieron la cuestionable trayectoria de Hugo Chávez por su rol en la “democratización de las comunicaciones en Venezuela”, al igual que de Evo Morales, Rafael Correa, Hebe de Bonafini y hasta Cristina Kirchner, entre muchos que persiguieron al periodismo independiente. Transitamos demasiados años de ideologizados malos entendidos al servicio de construir las alianzas equivocadas, para fortalecimiento y enriquecimiento de unos pocos. En honor a la verdad, debemos destacar que el recientemente fallecido Jorge Lanata decidió devolver el premio que recibiera en 1999 debido a sus diferencias con el giro ideológico que tomara la referida facultad.

Proveniente de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Rodolfo Walsh se sumó a Montoneros como obediente adláter de Mario Firmenich y Roberto Perdía, dedicándose a la inteligencia operativa bajo el alias de “Esteban”. También colaboraría luego con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Walsh se destacó por su pérfido manejo de la información. Una de sus cualidades era contar con muchos contactos de altísimo nivel en la política, la Iglesia, el sindicalismo, la policía y las Fuerzas Armadas, esto es con infiltrados cuya información compilaba y usaba para planificar atentados.

El plan para el secuestro de los hermanos Born fue un diseño intelectual de Walsh. Durante el cautiverio incluso interrogó y grabó a Jorge Born dando forma a un escrito recogido posteriormente por una publicación de Montoneros.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal declaró imprescriptible el atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal de julio de 1976, que dejó un saldo de 23 muertos y 110 heridos. La omisión de la investigación para su esclarecimiento fue considerada una “grave violación a los derechos humanos” El fallo judicial confirmó la participación de Walsh en la planificación del atentado “con evidencias de premeditación y alevosía que califican el hecho como un acto de terrorismo”. Se trató de una operación de penetración muy fina que concreta un joven agente de Walsh, José María Salgado, infiltrado en la fuerza policial.

Proveniente de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Rodolfo Walsh se sumó a Montoneros como obediente adláter de Mario Firmenich y Roberto Perdía, dedicándose a la inteligencia operativa bajo el alias de “Esteban”

En 1977, a un año del golpe de Estado, presentó su carta abierta a la Junta Militar. Un día después, a metros de las avenidas San Juan y Entre Ríos, Walsh fue herido de muerte por militares; su cuerpo nunca apareció y su figura fue ideológicamente ensalzada hasta la veneración.

Un proyecto de ley de la entonces legisladora Gabriela Cerruti propuso en 2013 rebautizar a la estación Entre Ríos del subte E con el nombre de Walsh. En esos incomprensibles manejos de la política, la Legislatura porteña dominada por el PRO en tiempos de la jefatura de Mauricio Macri, aprobó por unanimidad la propuesta. Desde entonces, los ataques a la estación, que lejos estamos de justificar, se sucedieron. A partir del reciente fallo de Casación, un proyecto de los legisladores porteños Ramiro Marra y Yamil Santoro impulsan hoy que la estación vuelva a su antigua denominación. Otro proyecto también propuso llamar “Federico Klemm” a la actual calle “Rodolfo Walsh” ubicada entre el límite Este de la villa 31 y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

En noviembre pasado, el diputado libertario Guillermo Castello cuestionaba encendidamente en la legislatura bonaerense el proyecto de expropiación de la casa de Walsh en San Vicente, calificándolo de “terrorista asesino”. Acusado de desorden de conducta por haber dicho simplemente la verdad, enfrentará ahora la evaluación de una comisión especial que puede incluso expulsarlo a manos de peligrosas rémoras de un activismo que sobrevive en la provincia. Es lamentable la cantidad de calles, bustos y homenajes que se hacen a quienes, como Rodolfo Walsh, claramente no lo merecen, al margen del reconocido valor de algunos de sus trabajos literarios y periodísticos.

Repasar la historia ayuda a desentrañar el derrotero de algunos siniestros personajes que algunos insisten en encumbrar a inconcebibles sitiales. No hay terroristas buenos y terroristas malos. Cualquier homenaje público a integrantes de Montoneros no solo resulta profundamente antidemocrático, sino que ofende la memoria de las familias de las víctimas de su criminal accionar. Walsh fue el cerebro detrás del atentado que provocó más víctimas después del de la AMIA. Seguir ensalzando su figura solo confunde a las jóvenes generaciones. Es necesario llamar las cosas por su nombre.

Fuente: La Nación

En un mundo perfecto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hubiese anunciado un decreto reduciendo los aranceles de importación a las telas, la indumentaria y el calzado, acompañado de un paquete de normas reduciendo el costo laboral y los impuestos distorsivos para facilitar la transición de los sectores afectados. En un mundo ideal, también hubiera dejado sin efecto el régimen de Tierra del Fuego, que encarece la tecnología. Pero la Argentina está lejos de la perfección y ese dichoso paquete sigue en la sección Objetos Perdidos de la política nacional. Lo mismo puede decirse del privilegio fueguino, preservado sin razón de cualquier acechanza libertaria.

Sin duda, la medida que ahora eriza la piel de la Unión Industrial Argentina (UIA) no ha sido resultado de un plan de reformas estructurales, sino del apuro por reducir la inflación en el corto plazo.

Los cambios de fondo implican afectar distorsiones cimentadas por décadas de populismo y por eso no se hacen. Detrás de la ley de asociaciones profesionales, de la ley de convenios colectivos, de la industria del juicio, de los aportes solidarios, de las obras sociales sindicales y de tantas otras rigideces de nuestro insólito cosmos, se encuentra el poder de quienes tienen capacidad de movilización en las calles, como lo vimos en las marchas recientes, y de bloquear leyes en el Congreso o mediante amparos judiciales. Y la eliminación de impuestos, tasas y contribuciones tampoco es sencilla pues financian el gasto corriente de la ciudad de Buenos Aires, las provincias y los municipios, nunca dispuestos a achicar estructuras. Sin bajar gastos, no se puede reducir impuestos: es el credo laico del ancla fiscal. La experiencia indica que nunca es tiempo oportuno para hacerlo: ni en períodos de auge, pues hay dinero, ni durante los recesivos, para no dejar gente en la calle.

Indumentaria, calzado y tecnología son los rubros que más buscan quienes viajan al exterior. No es consecuencia de un atraso cambiario, sino de altos aranceles y años de antidumping para impedir las importaciones. Lo devela la Navaja de Guillermo de Ockham (1287-1347): “La explicación más sencilla suele ser la correcta”.

Eso expone al ministro de Economía a un dilema de difícil solución. Si políticamente la reforma laboral y la sindical no son aún viables y los impuestos distorsivos no pueden reducirse, ¿debe dilatar la baja de aranceles de los sectores protegidos o avanzar con la apertura y que los perjudicados se acomoden, para beneficio de la mayoría? Pues una cosa es predecir la “destrucción creativa” desde una cátedra de Harvard y otra es impulsarla por decreto, en un país conflictivo.

Políticos y dirigentes saben más de lo que dicen y se mueven en el mundo de las medias verdades. Hace más de medio siglo que los empresarios textiles, del calzado, y de los juguetes reconocen que no es posible subsistir en un mundo globalizado con pequeñas escalas de producción y altos costos unitarios, sin ofrecer valor agregado diferencial y salir del commodity. China, Vietnam, India o Bangladesh producen con escalas enormes y bajísimos costos, no solo por la baratura de la mano de obra, sino también por el equipamiento de sus modernas plantas.

Lo importante es que el riesgo país siga en baja y que la confianza en el equilibrio fiscal y la estabilidad regulatoria atraigan los capitales necesarios

El cambio de reglas de juego planteado por Donald Trump, sumado a la retracción del mercado chino, no mejora esa situación, sino que puede empeorarla al desviar mayores volúmenes a otros mercados. Tampoco es modelo la autarquía del republicano, ya que una cosa son los Estados Unidos, con sus 334 millones de habitantes y un PBI per cápita de 83.000 dólares, y otra cosa es la Argentina, con población escasa y todavía pobre.

Nuestro país es y será caro para fabricar productos transables, como los textiles y las zapatillas, pues ha consolidado una trama de presión fiscal, derechos adquiridos y privilegios sectoriales que hacen a su “ser nacional” y que no podrán ser modificados de raíz por mucho tiempo. Se ha intentado superar con devaluaciones las inevitables crisis de balanza de pagos por la falta de competitividad que conlleva, pero, a falta de reformas estructurales, el “costo argentino” siempre reaparece.

El dilema del ministro, por más que duela, debe resolverse a partir de la realidad existente y sin esperar consensos políticos para “nivelar una cancha” de cuyos desniveles tantos disfrutan. Los afectados lo saben perfectamente y la mayoría “fuma bajo el agua”. Durante años han asistido a ferias internacionales, viajan a Shangai, Shenzen, Guangzhou y Nantong. Conocen los precios que se cotizan en Alibaba, Aliexpress o Global Resources. Y ahora serán los hijos de los fundadores quienes deban decidir ante un cambio que era previsible y que alguna vez debía ocurrir.

La verdad es que el contexto mundial no ayuda para invertir en esos sectores, tan expuestos y volátiles, donde la Argentina no tiene claras ventajas comparativas como con la soja, el gas, el litio, el cobre o el turismo. Lo importante es que el riesgo país siga en baja y que la confianza en el equilibrio fiscal y la estabilidad regulatoria atraigan los capitales necesarios para las reconversiones que fuesen viables.

Pues, como en otras actividades, no todos lo sentirán por igual y muchos continuarán produciendo, aun con mayor ingreso de productos asiáticos. Otros, acicateados por la necesidad, desarrollarán nichos de valor agregado con diseño y calidad diferenciales para abrir mercados externos. En cualquier caso, lo más importante es que puedan preservar las fuentes de trabajo, incluso sus talleristas.

Como ya lo hemos señalado desde esta columna de opinión, la Argentina no puede continuar cerrada al mundo en perjuicio de los ingresos familiares y debe mejorar su competitividad mediante un profundo proceso de reconversión productiva. No es una opción, sino una necesidad para subsistir como nación soberana.

Fuente: La Nación

QUITO.– La reciente activación del botón de seguridad escolar en Ecuador es, sin duda, una iniciativa valiosa para la protección de los estudiantes y la comunidad educativa. La posibilidad de contar con una herramienta integrada permite una respuesta más rápida ante emergencias.

En un país donde la inseguridad ha escalado en los últimos años, resulta fundamental que se implementen estrategias integrales de protección. La instalación de un botón de alerta es un paso adelante, pero no aborda las causas subyacentes de la violencia y el riesgo en los planteles educativos. De poco sirve una respuesta rápida si no se trabaja en la prevención de los incidentes.

Otro aspecto crítico es la efectividad del sistema en el día a día. ¿Existe una adecuada difusión sobre su funcionamiento? ¿Hay suficiente capacidad operativa en Ecuador para atender todas las alertas de manera eficiente? Son preguntas que deben ser respondidas para evitar que la herramienta termine convirtiéndose en un recurso subutilizado o ineficaz en situaciones críticas.

La protección de los niños y jóvenes no solo pasa por responder ante emergencias, sino por crear entornos seguros donde no haya lugar para el miedo ni la violencia. En este sentido, la capacitación constante de docentes y estudiantes en protocolos de seguridad, el involucramiento de la comunidad y el fortalecimiento de la articulación con las fuerzas del orden son elementos claves.El Comercio (Ecuador)

Fuente: La Nación

Solo vergüenza pueden producir en la ciudadanía los bochornosos episodios protagonizados en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados por algunos legisladores que están lejos de honrar su tarea como representantes del pueblo.

El miércoles 12 de marzo, cuando la Cámara baja se aprestaba a debatir la conformación de la Comisión de Juicio Político, se registró una inaudita escena de pugilato entre dos diputados surgidos de las listas de la fuerza política gobernante: el libertario Lisandro Almirón y Oscar Zago, quien en su momento abandonó la bancada oficialista. En la misma sesión, se produjo una discusión subida de tono de la que participaron las diputadas de La Libertad Avanza Marcela Pagano, Rocío Bonacci y Lilia Lemoine. Esta última les reprochaba a sus colegas que estuvieran prestándose a dar quorum para el tratamiento de una solicitud del kirchnerismo tendiente a quitarle facultades delegadas al presidente de la Nación. La discusión terminó con Bonacci arrojándole agua de un vaso a Lemoine.

Anteayer, en otra caótica sesión de la Cámara baja, en la cual el oficialismo logró aprobar el decreto que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a sellar un acuerdo para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, volvieron a registrarse lamentables incidentes. Abundaron las faltas de respeto por parte de diputados del kirchnerismo hacia el presidente del cuerpo, Martín Menem, aunque este no salió bien parado luego de la filtración de unos supuestos audios que darían cuenta de una conversación en la que el titular de la Cámara les pedía a miembros de la bancada oficialista que gritaran, interrumpieran e hicieran “quilombo”. Voceros de Menem desmintieron que haya sido así y adujeron que los audios “fueron cortados y editados”. La sesión mostró también a la diputada Pagano tratando de hacer oír su voz insólitamente por medio de un megáfono y calificando de “fascista” al presidente del cuerpo legislativo. Y, como corolario, volvió a tener como protagonista al diputado Almirón, quien le pidió disculpas a su par Zago, con quien se confundió en un abrazo, no sin antes exclamar: “¿Querés que te dé un pico?”.

No se trata, por cierto, de la primera vez que los legisladores del oficialismo ofrecen esta clase de chapucerías, llevados por una conjunción de inexperiencia, soberbia y falta de idoneidad, tanto técnica como moral.

Es de esperar que el partido gobernante profundice la seriedad de sus mecanismos de selección de candidatos para que puedan exhibir la necesaria capacidad y la conducta ética que exige el ejercicio de la función pública

Está claro que no son los parlamentarios de La Libertad Avanza los únicos que exhiben grotescas actuaciones, como aquellas a las que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Pero resulta desalentador que una fuerza política nueva que se benefició del apoyo ciudadano en las urnas por su promesa de combatir a “la casta política” exhiba muchos de sus mismos vicios.

El gobierno de Javier Milei ha logrado instalar ideas trascendentales como la necesidad del equilibrio fiscal, y de terminar con las políticas inflacionarias y con una trama de regulaciones del Estado que ahogan la iniciativa privada y la posibilidad de inversiones productivas, además de favorecer la corrupción pública. Sin embargo, no ha demostrado el mismo ímpetu para cuidar la institucionalidad, al tiempo que ha dado no pocos ejemplos de recurrir al amiguismo o a consabidos representantes de la vieja política que dice combatir para cubrir áreas claves de la administración pública nacional.

Así como ha llenado listas de legisladores nacionales con personajes que no pasarían un mínimo examen de idoneidad, se ha desprendido de profesionales que dieron sobradas muestras de capacidad –el temprano despido de Osvaldo Giordano de la Anses es el ejemplo más recordado– y ha buscado en no pocos casos rodearse de simples obsecuentes.

De cara a las próximas elecciones legislativas, es de esperar que el partido gobernante profundice la seriedad de sus mecanismos de selección de candidatos, que, además de estar comprometidos con el genuino ideario liberal, puedan exhibir la necesaria capacidad y la conducta ética que exige el ejercicio de la función pública.

Fuente: La Nación

Las llamadas barras bravas son una vieja lacra de la Argentina. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que, si bien históricamente han estado vinculadas al mundo del fútbol, también se asocian con grupos políticos y sindicales, al tiempo que han crecido al calor del poder. Han sido utilizadas como fuerza de choque en ámbitos que no tienen nada que ver con los escenarios deportivos, como recientemente se vio en la movilización convocada el 12 de marzo en defensa de los jubilados, que derivó en inusitados episodios de violencia que hasta el momento permanecen impunes.

A pesar de que las acciones delictivas de estos grupos constituyen un viejo problema y de que, en no pocas ocasiones, se ha intentado ponerles un límite mediante proyectos de leyes o programas especiales para prevenir y castigar la violencia en los estadios, los resultados han sido magros. Sencillamente, porque ha faltado la suficiente voluntad política para terminar con ellos y porque han sobrado complicidades del poder político y gremial, además de aquellas alimentadas por ciertos dirigentes de los clubes, para garantizar la supervivencia de estos mercaderes de la violencia.

Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley antibarras, que propicia declarar a las barras bravas del fútbol organizaciones criminales. La iniciativa promueve, asimismo, investigar el papel de los dirigentes de los clubes y endurecer sanciones.

El proyecto, que fue firmado por el presidente Javier Milei, apunta a tipificar los delitos en una clase de asociación ilícita especial. Del mismo modo, procura reforzar los mecanismos de inhabilitación administrativa para el ingreso a los estadios, una potestad que es del Estado desde 2016.

Si las leyes no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, se transforman en letra muerta

Si bien en 2024 se registró el más elevado nivel de personas a quienes, por sus antecedentes peligrosos, se les impidió entrar a las canchas de fútbol, la ministra de Seguridad sostuvo que no alcanza con eso, sino que hace falta desarmar a las llamadas barras bravas y quitarles la posibilidad de acceder a los numerosos negocios ilegales que, desde hace mucho tiempo, usufructúan.

En forma cotidiana, estos grupos delictivos están asociados con distintos negocios que les brindan sustento para su despliegue territorial. Entre ellos, la reventa ilegal de entradas, que a menudo obtienen de dirigentes de los clubes a cambio de otro tipo de favores; la comercialización de drogas; “servicios” de seguridad; puestos de venta de comida o de merchandising ilegales en los estadios y sus alrededores, y el control de los estacionamientos a través de los tristemente célebres “trapitos”. No faltan integrantes de estas barras que mantienen otras vinculaciones con el crimen organizado y sus ramificaciones, como el narcotráfico, el comercio de armas y los robos y secuestros.

Resultaría fundamental que, esta vez, el Congreso se aboque con celeridad al tratamiento del nuevo proyecto de ley, para dar una señal de compromiso en la erradicación de estas verdaderas lacras.

Habrá que tener en cuenta, sin embargo, que las mejores leyes no resolverán por sí solas el problema. Si no son aplicadas como corresponde o si quienes deben impartir justicia se ciñen a los prejuicios derivados de doctrinas garantistas o abolicionistas en materia penal, como acaba de ocurrir con la jueza Karina Andrade –quien liberó a la totalidad de los detenidos en la reciente movilización al Congreso–, se transforman en letra muerta.

Terminar de una vez por todas con las violentas redes mafiosas, que hoy se extienden más allá de los estadios de fútbol, debe ser parte de una política de Estado. La inmensa mayoría de la población acompañará esa decisión.

Fuente: La Nación