Categoría: Entrevistas

La sorpresiva y brutal implantación de derechos de importación decidida por Donald Trump a poco de instalarse en la Casa Blanca supera lo que era previsible de la lectura de sus discursos de campaña. Un moderado proteccionismo que enmarcaba el Make America Great Again (MEGA) ha tomado otra dimensión y se ha materializado como una guerra comercial agresiva.

Aquello que inicialmente parecía una presión sobre sus vecinos para negociar desde una posición de fuerza un mejor control fronterizo de narcotraficantes y migrantes pasó a ser mucho más amplio. Se extendió a determinados productos, como el acero y el aluminio, sin distinguir de qué país provinieran. Luego se expandió a todos los rubros, definiéndose un arancel o tarifa de importación para cada país de origen.

La tarifa aplicada a cada país surgió de una fórmula que tenía en cuenta principalmente el déficit comercial bilateral. Aunque no surge claramente de la fórmula, se dice que se tiene en cuenta el arancel que cada país impone a los productos provenientes de los Estados Unidos. De una tarifa estadounidense promedio de 3,3% en 2023 se pasará ahora a niveles que resultarán de entre el 10% y el 54%.

La Argentina y otros países latinoamericanos tendrán el 10%; la Unión Europea, el 20%; China, el máximo (54%). Las tarifas surgidas de la fórmula resultan varias veces superiores a las que rigen en los países a los que se les aplicó. Se alega que se han considerado también los costos de tramitaciones y otros en cada importación, como si estos no existieran en los Estados Unidos. De esto resultará una evidente asimetría si lo que se pretendía era igualdad de trato. Pero esta circunstancia es eventualmente corregible y menos grave que la alteración estructural del comercio mundial.

Las actuales medidas del presidente Trump retroceden 75 años e incumplen los acuerdos que su país ha suscripto

Parece haberse desconocido que, además del intercambio comercial, hay otros flujos corrientes, tales como intereses y dividendos que en el caso de los Estados Unidos suelen transformar una balanza comercial negativa en un balance de pagos positivo. La visión meramente mercantilista que está manejando Trump es atractiva para el público no formado. La presentación de este paquete de medidas está logrando una íntima aceptación en gran parte de los ciudadanos estadounidenses. Es devolver golpe por golpe. Pero la realidad es que hay un error conceptual agravado por una desmesura, así como falacias en la argumentación. El primer perjudicado será los Estados Unidos. Sus habitantes verán encarecer el precio de sus consumos. Sobrevivirán empresas que no podían competir, pero se retirarán otras que producían con insumos importados o nacionales, que ahora se encarecerán. El daño que se provocará al resto del mundo merece el más amplio rechazo.

No hay discusión en la ciencia económica sobre las ventajas de la especialización y el comercio. Esto es así tanto para una pequeña comunidad como para el conjunto de las naciones. David Ricardo expuso en 1817 la teoría de los costos comparados, demostrando que el comercio, mediante el intercambio de aquellos bienes en los que cada país tiene ventaja relativa interna, beneficia a ambas partes. Lo importante es que esa ventaja se mantiene aunque uno de los países sea más eficiente que el otro en todos los rubros productivos. También se demuestra que si un país enfrenta el aumento del arancel de importación de otro, se perjudica aún más si responde de la misma forma. La Revolución Industrial permitió tomar la delantera a aquellas naciones que abrieron al comercio sus economías. Además, el intercambio genera relaciones y conveniencias mutuas que contribuyen a sostener la paz. Frederic Bastiat decía en 1850 : “Si las mercancías no cruzan las fronteras, los soldados las cruzarán”.

La crisis de 1930 y los instrumentos aplicados para salir de ella incluyeron el proteccionismo, que llevó los derechos de importación a los más elevados niveles en la historia económica de los Estados Unidos. Cerca de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comprendió la necesidad de generar los acuerdos y las instituciones que apuntalaran la paz y el progreso. En 1944 se firmó el acuerdo de Bretton Woods, que estableció las bases del sistema monetario para facilitar el comercio internacional. Se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Allí se definieron las bases para el Acuerdo General sobre los Aranceles y el Comercio (el GATT, por sus siglas en inglés), en el que se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC). Su principal objetivo fue y sigue siendo la eliminación del proteccionismo y la vigilancia de las desviaciones a la competencia. Desde entonces, el nivel medio de los aranceles de importación de los Estados Unidos se redujo sistemáticamente con muy pocos altibajos. Las actuales medidas del presidente Trump retroceden 75 años y están incumpliendo los acuerdos que su país ha suscripto.

Las caídas en todos los mercados de valores del mundo reflejan la percepción negativa y uniforme de los analistas. No por estar en el nivel arancelario más bajo (10%) puede esperarse un beneficio para la Argentina. Queda el interrogante, poco probable, de un acuerdo de libre comercio o de un tratamiento diferencial. Aun así, la crisis internacional provocada amenaza llevar a una recesión al propio Estados Unidos, con efectos extendidos. Esta perspectiva ya afecta el precio de las materias primas, tan relevante para nuestra economía.

El perjuicio ya está ocasionado. Solo cabe esperar una vuelta atrás antes de que se vuelva irreversible.

Fuente: La Nación

La administración tributaria, en la relación fisco-contribuyente, se basa en la coerción, que necesariamente debe llevarse siempre a cabo en un marco de legalidad, actuando con la debida equidad y eficiencia para lograr el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias.

Se requiere para eso de parte de la administración tributaria un alto grado de especialización profesional, evitándose establecer cargas a los contribuyentes que, por su importancia y complejidad, recaen en una innumerable cantidad de deberes materiales y formales.

La equidad, como hilo conductor, implica un tratamiento sin discriminaciones hacia los contribuyentes, respetando sus derechos. También exige no generar cargas tributarias adicionales que puedan resultar injustificadas, minimizándose al máximo los costos operativos.

Toda administración tributaria que se precie de tal debe contar con una dotación de personal suficientemente profesionalizado y capacitado, junto con los medios tecnológicos necesarios para su cometido. No es esta, por cierto la situación de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA), que se encuentra en un proceso de reestructuración, aún no finalizado.

Una administración tributaria debe contar con una dotación de personal suficientemente profesionalizado y capacitado

A través de la Disposición Nº 3/2025, se creó un sistema de retiro anticipado para el personal de la planta permanente del órgano recaudador, estableciéndose un tope máximo de 1500 vacantes disponibles, aunque solo se retiraron unos 850 agentes hasta el 31 de marzo último.

Entre los requisitos se exigía tener una edad igual o mayor a 58 años con una prestación mínima de 15 años, para estar en condiciones de cobrar el premio de 20 sueldos brutos, que reciben quienes se jubilan a la edad reglamentaria de 65 años.

Esta situación provocó la pérdida de funcionarios de gran valía y de alta capacitación para el citado órgano fiscal.

Los cambios han producido alta incertidumbre en el personal, que se encuentra en situación de alerta, al haberse desmantelado estructuras importantes. Surgen así nuevos conflictos gremiales ante la falta de acuerdo en las paritarias, que incluyen medidas de fuerza como asambleas sin atención al público.

La creación de una agencia de datos permitirá profundizar el control fiscal

El gobierno nacional informó oportunamente que reduciría 3200 puestos, cosa que no ocurrió en realidad, en tanto que un buen número de empleados de planta permanente ingresaron durante el último año de gestión de Alberto Fernández.

Las administraciones tributarias modernas impulsan la transformación hacia una agencia de datos, según un estudio del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT). Tres factores impulsan tal transformación. En primer lugar, la consolidación de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión, que impulsó la profesionalización de los recursos humanos y la mejora de la infraestructura. En segundo término, la incorporación y el desarrollo masivo de las tecnologías de información y las telecomunicaciones, facilitadoras no solo del cumplimiento y el control de las obligaciones, sino también de la incorporación de servicios no solamente tributarios. Por último, el cumplimiento de los compromisos de transparencia internacional, permitiendo que las administraciones tributarias sean también un agente clave para el combate de la evasión. Así, la creación de una agencia de datos permite a las administraciones tributarias profundizar el control fiscal.

Se tiende a promover el cumplimiento voluntario, aprovechando la disponibilidad anticipada de la información sobre las operaciones de los contribuyentes, permitiendo un enfoque prospectivo.

Otra evolución relevante es la gobernanza de las administraciones tributarias para asegurar una mayor transparencia en el uso de información privada, centralizando un alto nivel de información socioeconómica.

Nuestra administración tributaria debe poner la casa en orden y alinearse a estos principios rectores que marcan los de los países más avanzados del mundo.

Fuente: La Nación

No es función del Estado jerarquizar profesiones, ni asegurarles un ingreso digno, ni impedir la irrupción de improvisados, ni evitar la competencia entre sus miembros. El Estado debe velar por el bien común aun cuando distintos sectores, desde su óptica, tengan razones para pedir tutelas particulares. Pues, al fin y al cabo, también están compuestos por familias quienes, despojados de sus “camisetas” laborales, tampoco deberían pagar ventajas ajenas. El beneficio de unos es siempre el costo de otros.

Las resoluciones 61/25 y 62/25 de la Administración de Parques Nacionales, modificatorias del Reglamento de Permisos Turísticos, al desregular los servicios turísticos en los 39 parques nacionales facilitando con menores exigencias la actividad de nuevos prestadores, ha provocado críticas pues “no son parques de diversiones, sino áreas naturales protegidas, que debemos preservar”, advirtiendo que la irrupción de permisionarios de forma descontrolada afectará su cuidado.

Parece razonable facilitar el desarrollo turístico en ellos pues su existencia y preservación no son para contemplarlos en fotografías o como mausoleos para generaciones futuras, sino para disfrute de las actuales, de forma respetuosa y sostenible. Su aplicación práctica debe ser muy estricta para evitar daños irreparables, pues el descuido por lo público es un grave síntoma de nuestra enfermedad colectiva.

Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma de beneficios sectoriales

Lo más ruidoso de la nueva normativa han sido los cambios al trabajo de los guías habilitados. Por un lado, ya no será obligatorio que las empresas de turismo los contraten cuando no esté en riesgo la seguridad de los visitantes ni la protección de los parques. Y por otro, se han flexibilizado los requisitos para ejercer como tales en áreas protegidas. Hasta ahora se requería título terciario o universitario; con las reformas esa exigencia se limitará a los «guías de turismo especializado», mientras que los «guías de sitio», para caminatas y excursiones básicas no necesitarán formación académica. Las exigencias eran tan altas como si fueran para dictar cátedra en Salamanca o para hacer caminatas lunares. Más bien, parecían restricciones gremiales al ingreso de nuevos postulantes y para blindar un mercado cautivo. “Piensa mal y acertarás” es una frase atribuida a Maquiavelo, quizás aplicable al caso.

Según la coordinación nacional de ATE Parques Nacionales “la desregulación traerá precarización laboral pues las agencias van a pagar lo que quieran o contratarán a personas que van a oficiar de guías, pero sin título”. A su vez, los guías agrupados de Río Negro alegan que “se desprofesionaliza y quita jerarquía a la actividad turística, permitiendo que personas sin formación específica, realicen labores especializadas” previendo una oferta de servicios “de baja calidad, en competencia desleal y con pérdida de empleos”. Por su parte, la Cámara Argentina de Turismo alega que la contratación de guías debe ser libre y en reconocimiento de su labor, y no una obligación gravosa aun cuando sea una excursión pequeña.

Hay un tema silenciado por detrás de este debate. La “motosierra” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no puede entrar al núcleo del problema por tratarse de competencias locales: la colegiación obligatoria vigente en varias provincias, con sus aranceles irrenunciables, que hacen costoso contratar a los guías. Ello ocurre en Río Negro, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, San Juan, La Rioja, Neuquén y, por supuesto, Buenos Aires. En las demás hay asociaciones voluntarias que aspiran convertirse, también, en colegios oficiales.

Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover

Todas las actividades productivas tienen una inclinación natural por crear mercados cautivos para mejorar los ingresos de sus miembros. Esto ya lo sabían los revolucionarios franceses que dictaron la Ley Chapelier (1791), eliminando los gremios medievales. En la órbita industrial, además de los aranceles de importación se han utilizado las aprobaciones técnicas o las medidas antidumping para evitar el ingreso de mercaderías del exterior. Las constructoras han limitado la competencia mediante registros de constructores e impuesto la regla de “nunca competir por precio, sino por calidad”. En la provincia de Buenos Aires, los farmacéuticos impidieron la instalación de cadenas de farmacias comerciales. En el nuevo Código Civil y Comercial se impone la contratación de calígrafos para reconocer las firmas en los testamentos, quienes cobran aranceles basados en el acervo hereditario.

En cuanto a las profesiones universitarias, normas locales han creado colegios o consejos que administran las matrículas, haciendo obligatoria la afiliación para obtenerlas. De igual forma, otras especializaciones han logrado convencer a sus legislaturas mediante el dictado de leyes semejantes. Más allá de los frondosos articulados, hay cuatro disposiciones que nunca faltan: la creación de un colegio oficial, la obligación de afiliarse para ejercer la actividad, la aplicación de aranceles mínimos irrenunciables y las cuotas sociales para aquel organismo.

Para muestra, basta un botón (o un chaleco completo). En la provincia de Buenos Aires existen colegios oficiales de asistentes sociales, bioquímicos, dietistas, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, obstétricas, odontólogos, profesionales en turismo (¡nuestros guías!), psicólogos, ópticos, sociólogos, técnicos y terapistas, sin olvidar los tradicionales colegios de abogados, escribanos, ingenieros (en sus distintas especialidades), agrónomos, martilleros, médicos, traductores públicos y veterinarios. Además de consejos profesionales de agrimensura, arquitectura, ciencias económicas, informáticas, naturales (geólogos, biólogos, zoólogos, botánicos, ecólogos, geoquímicos y paleontólogos); química y de seguridad e higiene.

Toda la sociedad está parcelada en sindicatos profesionales que intentan imponer sus servicios y honorarios sobre los demás, tan necesitados como ellos. Impiden el ejercicio libre por parte de quienes tienen título, forzándolos a agremiarse, haciendo ilegal cobrar por debajo del arancel oficial e igualando así a todos sus afiliados. Con los aportes, mayores cuando más altos son los aranceles, alimentan la tesorería de sus organizaciones. En las más populosas (no es el caso de los guías, cuya modestia es reconocida) la administración de los dineros recaudados –sumados a las cajas jubilatorias, cuando existen- suele ser un negocio jugoso para gestores de fondos amigos. Y con todo ello, la politización de sus cargos suele ser inevitable.

El bienestar general depende del crecimiento mediante inversiones que mejoren la productividad y aumenten los empleos

Durante el gobierno de Carlos Menem se dictaron los decretos 2284/91 y 2293/92 para desregular esas actividades en todo el país, eliminando las agremiaciones compulsivas y los aranceles obligatorios. Pero ocho años después el decreto 240/99 reconoció su fracaso pues esos sanos principios no pueden imponerse sin la aquiescencia de los estados locales, conforme a la Constitución Nacional. Lamentablemente, en las provincias existe un estrecho connubio entre quienes se dedican a la política y quienes dirigen los consejos profesionales, imposible de quebrar desde afuera, pues suelen ser los mismos. El gobierno federal solo puede actuar en los ámbitos minúsculos de los parques nacionales, el puerto de Buenos Aires y las bases antárticas. Sin ironía.

Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma algebraica de beneficios sectoriales. Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover. El bienestar general depende del crecimiento del país mediante inversiones que mejoren la productividad del trabajo, aumenten los empleos regulares y permitan un mayor consumo. En el caso concreto de los guías turísticos en los parques nacionales, siempre apreciados por los visitantes y recordados por los viajeros, sus funciones son imprescindibles y deben hacerlas valer por méritos propios. La participación en asociaciones voluntarias cuya seriedad sea reconocida debería ser la mejor carta de presentación ante las empresas de turismo como garantía del mejor servicio.

Es increíble que, a pesar de años de inflación, falta de empleo estable y pobreza obscena, persista la creencia de que progresaremos con regulaciones sectoriales, mientras el conjunto se cae a pedazos. El síndrome del mejor camarote en el Titanic.

La Unión Europea, agobiada por un lastre semejante, se apresura a desregular pues sus jóvenes emprendedores se mudan a los Estados Unidos, donde las iniciativas no se bloquean. Es otra deuda pendiente de nuestra política, como parte de las reformas necesarias para salir adelante.

Fuente: La Nación

Apartir de muchas de las declaraciones que emitiera durante la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de su extensa carrera política, se ha atribuido a Winston Churchill la frase que expresa que “todos los hombres cometen errores, pero solo los sabios aprenden de ellos”. Vale la cita tras el duro traspié que acaba de sufrir el gobierno de Javier Milei con el amplio rechazo por parte del Senado a los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos un año atrás por el Poder Ejecutivo.

En este caso, y más allá de las idas y venidas en el tratamiento de las candidaturas planteadas, lo cierto es que el Gobierno cometió al menos dos claros errores. El primero de ellos fue propiciar la llegada al máximo tribunal de la Nación de un calificado jurista con reconocidos méritos académicos y profesionales junto a un juez federal que fue objeto de fundadas impugnaciones por la morosidad en su actuación, el mal desempeño en sus funciones y cuestionamientos patrimoniales.

El segundo error fue el de pretender imponer los nombramientos sobre el filo del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso mediante un cuestionable procedimiento, como su designación en comisión mediante un decreto. Aunque esta idea pueda ser admisible jurídicamente, no resulta compatible con una adecuada concepción de la independencia que deben tener los magistrados en un sistema republicano de gobierno.

Lamentablemente, a lo largo de todo el debate público, la cuestión se transformó en una lucha política de egos y vanidades que, por momentos, fue más allá de los nombres de los candidatos para convertirse en una inconducente disputa por definir quién era el más fuerte para imponerse en esta discusión.

Del mismo modo, casi no hace falta recordar que el proceso estuvo teñido por las sospechas de que lo único que le interesaba a la líder del Partido Justicialista, Cristina Kirchner –y al buen número de senadores que la respaldan–, era asegurarse una Corte dócil a sus planes para tener garantías de impunidad frente a la condena a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada en dos instancias judiciales, en la llamada causa Vialidad.

Surge el interrogante de cómo funcionará de aquí en adelante el más alto tribunal, con el aditamento de que el doctor García-Mansilla se encuentra actualmente en funciones, solo que “en comisión”, sin que se sepa qué postura adoptará sobre su continuidad tras el contundente rechazo del Senado.

Por lo pronto, los tres miembros plenos de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti–, por así decirlo, deberán hacer un esfuerzo especial por mostrar cohesión en todos aquellos casos donde les sea posible alcanzar una mayoría para el dictado de sentencias. De esa manera evitarán la necesidad de convocar conjueces provenientes de las Cámaras Federales de Apelación del país. Esta última herramienta es la que permite resolver las causas donde los miembros de la Corte no puedan acordar una sentencia.

Las señales que han venido dando últimamente esos tres jueces de la Corte, en cuanto a exhibir cohesión y lograr consensos, no han sido precisamente alentadoras. Así, en el pasado reciente el juez Lorenzetti hizo públicas sus fuertes disidencias con sus colegas a la hora de resolver contrataciones de personal y distribuir tareas entre las secretarías del tribunal, con utilización de un lenguaje muy alejado de la necesaria armonía.

Cabe esperar que de aquí en más esos jueces sepan limar sus diferencias, pues la Corte, como institución, es mucho más importante que la suma de sus integrantes. Y para el Gobierno ha llegado la hora de aprender de los errores y de proponer dos nuevos candidatos –preferentemente, mujeres idóneas– cuya honorabilidad y capacidad no puedan ser puestas en duda, manteniendo en cinco el número de integrantes del tribunal.

Fuente: La Nación

Con entrada libre y gratuita para mayores de 18 años, Casinos de Buenos Aires SA funciona sobre dos buques –Estrella de la Fortuna y Princess– fondeados en la Dársena Sur de Puerto Madero. No hay otro establecimiento de apuestas habilitado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dado que su Constitución impide que haya salas de juego en manos privadas. El casino flotante fue un invento en tiempos del menemismo para sortear la prohibición legal de abrir casas de apuestas en la ciudad; el río es territorio nacional, pero debería operar aguas adentro y no atracado.

La empresa española Cirsa había obtenido los permisos de explotación del casino en 1999 por 15 años, con posibilidad de extensión por otros 5 a exclusivo criterio de Lotería Nacional. Esta accedió a otorgarlo y permitió la instalación de un segundo barco, el Princess. Fue en tiempos de Néstor Kirchner cuando Cristóbal López y Federico de Achával ingresaron a la sociedad. Desde 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, es la CABA la que tiene competencia sobre el juego y no permite nuevas concesiones. En ese año también se creó Lotería de la Ciudad. Respecto de los buques casino, en aquel momento se autorizó que siguieran operando hasta la finalización de los plazos originales y sus prórrogas. Sin embargo, los concesionados cuestionaron por unilaterales las medidas adoptadas, argumentando que afectaron su capacidad de recupero de la inversión, y pidieron una nueva prórroga al vencimiento del plazo original.

Se vieron envueltos en disputas judiciales, gremiales y jurisdiccionales, particularmente a partir del vencimiento de la concesión original, que operó en 2019. Si pudo hasta aquí seguir funcionando fue sobre la base de dos medidas cautelares. Antes de que la Corte resolviera sobre la primera, presentada en 2017, la empresa buscó desistir de un pronunciamiento, pues este ya no tendría efectos al quedar alcanzado por la segunda cautelar concedida en 2021, medida esta que Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sospechosamente no apeló, como sí había hecho con la primera, y que por tanto conserva su vigencia y permite que se continúe con la actividad.

Debería ser prioritario desmantelar de una vez por todas los lucrativos negocios de unos pocos que comprometen la salud y el bienestar de familias enteras, en connivencia con los poderes de turno

La Corte Suprema acaba de revocar, por unanimidad y en duros términos, la protección legal de la que gozaban con la primera cautelar. Respecto de la segunda, señala que no se la puede considerar una sentencia judicial firme en el proceso. Destacaron que el Estado no debe verse impedido de ejercer su función reguladora y que la medida dictada “frustra la aplicación de normas generales cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada”. El alto tribunal reclama “una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a la admisión de una medida cautelar”, puesto que la demandada se ha visto inhibida “de ejercer poderes regulatorios propios y generan el riesgo cierto de que los jueces sustituyan a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad”, algo que considera constitucionalmente inadmisible.

Está en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal remitir el expediente principal a la Corte para que esta se expida sobre si el casino puede o no seguir funcionando. Hasta aquí, para el máximo tribunal, la Cámara no examinó cuestiones claves al dictar una cautelar con efectos similares a los de una sentencia definitiva, máxime cuando no existe fundamento jurídico para tal remedio dado que la actora solo invoca un daño patrimonial a la explotación que claramente compensó con medidas que le dieron mayor rentabilidad: sumó un segundo buque, más máquinas electrónicas y cubiertas.

Sin concesión vigente y con un contrato largamente vencido, la continuidad de un negocio varias veces millonario que permite ingresar unos 40 mil millones de pesos en concepto de canon al gobierno de la ciudad peligra, pero aún dista de resolverse. Con una sociedad partida por la creciente ludopatía, con tan fuerte impacto sobre los más jóvenes, debería ser prioritario pensar en desmantelar de una vez por todas los lucrativos negocios de unos pocos que comprometen la salud y el bienestar de familias enteras, en connivencia con los poderes de turno.

Fuente: La Nación

La insistencia de fiscales federales pidiendo la detención de militares por hechos presuntamente ocurridos en 1982, pretendiendo encuadrarlos bajo la calificación de “lesa humanidad”, que los torna imprescriptibles, involucra a un centenar de imputados. Cabe señalar que las primeras denuncias sobre supuestas torturas y maltratos a conscriptos en las Islas Malvinas se radicaron a 25 años de la guerra, largamente transcurrido el plazo razonable de juzgamiento, motivo por el cual apelar a los delitos definidos por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad se volvió la única alternativa posible para los denunciantes, una grosería jurídica inadmisible.

Nada debería manchar el homenaje a tantos valerosos excombatientes, algunos de los cuales dejaron sus vidas en las islas. Sin embargo, es también ocasión para separar la paja del trigo. Algunas organizaciones de veteranos de dudosa composición se montaron sobre el espíritu revanchista que tan lamentablemente alimentó por años el kirchnerismo. No se trató ni se trata de una cuestión moralmente válida, toda vez que el motor principal no ha sido otro que el económico. Asociar absurdamente el accionar de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo con su desempeño en las islas es tergiversar una vez más la historia con un afán netamente lucrativo. El ingrediente de la clandestinidad estuvo claramente ausente en las islas y las normas que rigieron la operatoria militar fueron las entonces vigentes, con órdenes emitidas por superiores militares debidamente identificados que condujeron a sus subalternos, de acuerdo con reglamentos militares, en un escenario de guerra. Equiparar medidas disciplinarias con delitos de lesa humanidad no solo resulta descabellado, sino que conduce a una peligrosa banalización de un tipo penal grave.

El artículo 7° del Estatuto de Roma establece claramente que para que el homicidio, la tortura o una privación ilegal de la libertad puedan ser considerados delito de lesa humanidad deben haber sido cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Los hechos investigados no pueden presentarse como habiendo afectado a una población civil cuando se trató de ciudadanos bajo el Código de Justicia Militar, derogado luego en la gestión de la ministra Nilda Garré y sin que a la fecha se dictara otro.

El hostigamiento a las Fuerzas Armadas debe cesar; máxime cuando militares y analistas ingleses no han hecho más que destacar el desempeño de nuestras tropas en las islas

En octubre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había resuelto anular –con los votos de Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y la disidencia de Carlos Mahiques– el procesamiento del militar Gustavo Malacalza. Contrariaba así dos instancias anteriores para sostener que no se trataba de delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, se encontraban ya prescriptos. Dicha Cámara resolvió ahora unánimemente que la causa siga abierta, haciendo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general Javier de Luca, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, la Comisión Nacional por la Memoria bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el abogado Miguel Ángel Ávila.

La Cámara habilitó así a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre las presuntas torturas y vejámenes sufridos por subordinados en las islas. El alto tribunal, que ya desoyó razonablemente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oponiéndose a que se convierta en una “cuarta instancia” revisora, ya acumula 11 recursos extraordinarios sobre los que debe decidir si constituyen o no delitos de lesa humanidad.

Como ya expresáramos reiteradamente desde este espacio, es tiempo de retomar la cordura y dejar de lado peligrosos extravíos ideológicos, económicos y jurídicos que esconden tan turbias como millonarias intenciones pecuniarias. El hostigamiento a las Fuerzas Armadas en torno de este tema debe cesar; máxime cuando militares y analistas ingleses no han hecho más que destacar el desempeño de nuestras tropas en las islas. Honremos en este nuevo aniversario a quienes las defendieron hasta el último aliento. En su memoria, no dejemos que nadie con aviesas intenciones malintencionadas pretenda sacar provecho de aquella trágica y gloriosa gesta.

Fuente: La Nación

El Senado de la Nación tiene previsto tratar mañana los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que su nombramiento “en comisión” fue ya efectuado mediante un decreto del presidente Javier Milei, con invocación de la cláusula constitucional que permite dicha designación para supuestos de vacantes “que ocurran durante el receso” de aquel órgano. Mucho se ha discutido acerca de la legitimidad de este tipo de designaciones. Voces autorizadas han hecho notar que es al menos llamativo que el Presidente haya recurrido a este mecanismo in extremis cuando las sesiones ordinarias de aquel cuerpo estaban muy próximas a iniciarse, y también se ha afirmado que la existencia de “jueces transitorios” no es la mejor manera de garantizar la independencia de los magistrados, pues saben que su situación es de una manifiesta precariedad.

Pero con independencia de estas críticas a la forma en que fueron designados, lo cierto es que el Senado ha sido formalmente convocado para uno de los actos de mayor trascendencia institucional en una república, que es la conformación de un poder esencial dentro del esquema constitucional, como su Corte Suprema. Y aquí, aunque esto parezca una ingenuidad, no estaría de más recordarles a los senadores que aún están a tiempo para encarar la sesión honrando su cargo, en función de lo que la población espera de ellos.

La aprobación o el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla no puede pasar a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos que los senadores representan, ni para las conveniencias judiciales de Cristina Kirchner

¿Qué esperamos, en concreto, de quienes detentan tal nivel de responsabilidad institucional? Algo tan simple como que analicen y expongan durante el debate los méritos y las condiciones de cada candidato y que ello sirva para dar sustento al voto de aprobación o rechazo que emitan. Si hicieran este simple ejercicio, que es el mínimo que se espera de ellos, les resultaría sencillo concluir que el juez Lijo es un muy mal candidato. Bastaría con que recuerden que ha cosechado una oposición prácticamente unánime en todas las organizaciones de la sociedad civil con especialización en temas de justicia, que las auditorías efectuadas sobre el funcionamiento de los juzgados a su cargo demuestran una alarmante tendencia a eternizar las causas que instruye, que sus vínculos con la clase política resultan altamente sospechosos y que, por último, es menester que se refute por completo la sospecha de que existen senadores que consideran dar su aprobación para evitar ser objeto de represalias, de ese mismo magistrado, el día de mañana. En otras palabras, asistimos a un posible escenario rayano en lo mafioso, donde existirían miembros del Senado dispuestos a algo tan burdo como canjear su voto positivo por una especie de protección judicial a futuro.

La situación del académico García-Mansilla se presenta, en cambio, de manera diametralmente diferente. Nadie puede dudar de su aquilatada trayectoria y sus conocimientos en derecho constitucional. Y si bien los senadores de la Nación están autorizados a discrepar de algunos de sus criterios de interpretación constitucional, sería esperable que, si consideran esos criterios observables, ello sea producto de un análisis meditado de por qué los juzgan inconvenientes.

Lo que debería resistirse, por manifiestamente nocivo para la salud de la república, en cambio, es que la aprobación o el rechazo de estos pliegos pasen a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos a los cuales los senadores pertenecen. Mucho peor aún sería que empiecen a tallar las conveniencias judiciales de la actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, sobre quien pesa hoy una condena dictada en dos instancias sobre la cual la Corte Suprema deberá decidir si la revisa o no. Y en esa línea de pensamiento, que la predisposición a revocar dicha condena sea el “test” para la eventual aceptación de cualquier próximo integrante de la Corte Suprema.

Fuente: La Nación

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantiene en silencio. Los escandalosos pedidos de sobreseimiento de la fiscal Mónica Cuñarro en la causa por presunto “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia” iniciada por su exsecretaria Melody Rakauskas habían sido presentados hace un mes. Pero ahora, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, dispuso que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mientras la defensa del jefe de la comuna más grande del país anuncia que apelará, desde distintos sectores se reclama que Espinosa pida licencia o sea suspendido en su cargo hasta que se aclare su situación. Sin registro moral de sus actos, aferrado al poder con el apoyo del propio gobernador bonaerense –junto a quien se muestra desde el día siguiente al procesamiento–, nada indica que esté dispuesto dar un paso al costado.

La Ley Orgánica de Municipalidades contempla la eventualidad del apartamiento ante una condena firme por un delito doloso o ante una situación de prisión preventiva, por lo que el jefe comunal no estaría aun legalmente obligado a correrse. Dentro del Concejo Deliberante de La Matanza, con 13 de los 24 concejales que responden a Espinoza, el minoritario bloque libertario prepara un proyecto para apartarlo del cargo, contemplando que dentro del propio oficialismo comunal empiezan a aparecer algunos tímidos apoyos con un malestar creciente.

Formalmente, el PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y del cual Espinoza es consejero titular, aguarda silenciosamente pero sin soltarle la mano el pronunciamiento de la Justicia, en medio de la preocupación por el impacto negativo sobre los votos del populoso conurbano en un año electoral.

Ya se cumplieron cuatro años desde el momento en que se conoció la denuncia presentada por Rakauskas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tanto silencio solo encierra el implícito respaldo de su entorno al intendente. Es la misma complicidad que, en julio pasado, se tradujo en la reelección de Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios, a solo 48 horas de la confirmación de su procesamiento. Sus pares de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de José C. Paz, Mario Ishii, y de Ensenada, Mario Secco, entre otros, apuntan a construir junto al gobernador Axel Kicillof una fuerza independiente de Cristina Kirchner y de La Cámpora dentro del PJ. Más de lo mismo aunque pretendan diferenciarse. En ocasión del Día de la Memoria se vio a los intendentes con Espinoza, una vez más, sonriendo juntos para las fotos en esa realidad paralela que hábilmente construyen los gerentes de la pobreza para despegarse del barro de las calles, la falta de cloacas, la rampante inseguridad, el hambre y la miseria de sus gobernados. “Estamos en la calle para recuperar los sueños de las mayorías populares de toda la Argentina”, decía quien pretende seguir robándoselos desde su quinta intendencia.

Espinoza había violado la prohibición de acercamiento durante la investigación, enviándole a su exsecretaria a un funcionario a su domicilio para que firmara la desestimación de la denuncia. Tanto la preeminencia del imputado como el poder que su cargo le confería fueron considerados como elementos de peso ante la reticencia de la denunciante. Quienes se llenaron la boca condenando la violencia de género durante varias décadas, hoy se llaman a un estruendoso silencio. Del expresidente Alberto Fernández para abajo, incluido el exgobernador tucumano José Alperovich, que ya cumple condena, la historia sigue confirmando la catadura moral de siniestros personajes que solo buscaron administrar suculentas cajas promoviendo idearios alejados de sus convicciones y de sus propias vidas, tanto dentro del ámbito oficial, como en el privado.

“Acá hay al menos dos de los tres poderes que lo están avalando”, venía lamentando Rakauskas cuando fue sorprendida por la noticia del juicio. “Espinoza ya no tiene más recursos para apelar nada más”, afirmó, conforme ante la decisión de este tercer juez que enfrentó a fiscales que “defendían a un violador”, demostrando que “todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino”. Será en ese ámbito donde se dirima el caso que involucra a uno de los dirigentes más relevantes de la política provincial.

El poder que la confianza ciudadana deposita en sus servidores públicos no puede ser justificativo ni aval para delinquir o para desacreditar a una querellante, mucho menos cuando para ello se deben sostener lealtades aberrantes. La desfachatez de una sonrisa y la negativa a dar un paso al costado mientras se investigan las acusaciones son otra clara muestra de la inhabilidad moral de una persona hoy señalada por la sociedad.

Fuente: La Nación

Como parte del proceso de reforma del Estado conducido por el ministro Federico Sturzenegger, se han anticipado anuncios de importantes cambios en el rol del gobierno en la construcción, el mantenimiento y la operación de la red caminera. Las medidas persiguen dos propósitos principales: aumentar la eficiencia del gasto estatal, y asegurar la competencia y transparencia para que la actividad constructora de caminos deje de ser un antro de corrupción.

Las decisiones anunciadas se limitan al ámbito nacional y no alcanzan a provincias y municipios. En todo caso marcarán un rumbo para los niveles subnacionales. El criterio aplicado, según declaraciones de Sturzenegger, se apoya en una previa definición de la función que debe desempeñar el Estado en la actividad en cuestión y desvincularlo de lo que no le corresponde. La reorganización apunta entonces a retener lo estrictamente necesario para cumplir esa función. En este caso, y en referencia al gobierno nacional, es planificar y asegurar en forma ordenada el desarrollo eficiente de la red troncal de caminos y autopistas. Esto, además, debe lograrse aplicando el principio de subsidiariedad tanto en la delegación a provincias y municipios como al sector privado en lo que hace al financiamiento, la ingeniería y la construcción.

Estos cambios en el sector vial están concatenados con medidas recientemente adoptadas que flexibilizan y aseguran competencia en las licitaciones estatales. Por el decreto 105/24 se derogó el artículo 13° de la ley Nº 13.064, eliminándose el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, Posteriormente, mediante el decreto 206/25, se creó el Sistema de Información de Contratistas. De esta forma se sustituyeron las denominadas capacidades de contratación con otras exigencias más lógicas y menos utilizables para la cartelización de los oferentes en licitaciones públicas.

Es importante repasar la evolución del marco institucional con el que se desarrolló el sistema caminero argentino. El primer paso importante fue la sanción de la Ley 11.658 en 1932, por la cual se creó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En el mismo instrumento se creó un fondo proveniente de un impuesto a la nafta con destino específico a las obras y gastos de la DNV. El promotor de aquella iniciativa fue el ingeniero Justiniano Allende Posse, a su vez el primer director del nuevo organismo. Era necesario poner orden al desarrollo de una red caminera de carácter interprovincial e integrador. No era concebible que se fueran construyendo rutas a impulsos locales, sin coordinación y hasta sin continuidad. Esa ley establecía: “La Dirección Nacional de Vialidad efectuará el señalamiento y numeración de los caminos nacionales y propenderá a la adopción para todo el país de un sistema uniforme… hará levantar y publicar un plano general y los planos detallados que considere necesarios de los caminos de la República, haciendo constar sus características de mayor importancia… preparará la reglamentación general de tráfico para los caminos nacionales y propenderá a la adopción para toda la nación de los principios que la informen, poniéndose de acuerdo para ello con los organismos provinciales de vialidad.”

La DNV definió una red troncal de caminos, tanto existentes como por construir, que pudiera cumplir con esa calificación. Fue la Red Nacional de Caminos, que quedaría a cargo de la DNV. El resto de los caminos fueron clasificados como provinciales y municipales. La propia ley establecía una asignación territorial de los fondos. Las inversiones en la red nacional debían respetar proporciones por provincias: 20% según la superficie, 40% por la población y 40% por el consumo de nafta. Además del impuesto de 0,05 pesos m/n por litro, la ley preveía la emisión de bonos y la captación de la plusvalía de tierras e inmuebles beneficiados por el mejoramiento de cada ruta.

La ley sancionada en 1932 sufrió sucesivas modificaciones, La Ley 12.625, de 1939, amplió los recursos y destinó una parte del fondo a la coparticipación a las provincias para ser aplicados a obras en sus redes. El Decreto Ley 505, de 1958, fijó el impuesto a las naftas y gas oil como un 35% del precio de venta al público, salvando de esta manera la desactualización por la inflación.

Desde fines de la década del 60, la DNV avanzó en la tercerización de su ingeniería en la elaboración de proyectos, la dirección de obras y los estudios de factibilidad y planeamiento. Este proceso tuvo los altibajos que imponía la ideología del gobierno de turno. En 1990 se produjo un cambio sustancial. Los decretos 435 y 2476, de 1990, y la Ley 24.354, de 1993, terminaron con el sistema de fondos viales de asignación específica, centralizando la programación en el Sistema Nacional de Inversión Pública y derivando el financiamiento al presupuesto nacional y a fideicomisos. La DNV abandonó su inmenso edificio de Comodoro Py y redujo su personal. Se amplió el uso de concesiones y contrataciones. Se creó el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) para controlar las concesiones, A partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, los vientos cambiaron. En 2009, el Occovi pasó a depender de la DNV, confirmando la pérdida de su independencia y su capacidad para evitar la proliferación de la corrupción que caracterizó la actividad vial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Por vencimientos de plazos o por rescisiones, muchas concesiones pasaron a manos del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández. Fueron consolidadas en la sociedad Corredores Viales. La nueva entidad que sucederá a la DNV incluirá a esa sociedad, seguramente para volver a concesionarla. También absorberá a la Agencia de Seguridad Vial. Las actividades retenidas por la nueva organización serán las de planificación y priorización de obras; los estándares de diseño; las especificaciones técnicas y los pliegos licitatorios; la selección, adjudicación y control de concesiones, obras y contratos de consultoría; las mediciones de tránsito y las normas de seguridad. Se prevé una dotación de 3800 personas comparable con las 5400 actuales. Seguramente se producirán sentimientos evocativos por la finalización de un ciclo de vida de Vialidad Nacional, que tantas obras nos ha dejado en sus 93 años. Sin embargo, el paso dado ahora debe ser aceptado como parte de la imprescindible reconstrucción del orden económico y social del país.

Fuente: La Nación

La inflación bajó, pero la plata no alcanza. Es el nuevo latiguillo para cuestionar la política económica de Javier Milei. La respuesta es simple: no alcanza la plata porque somos pobres. Algunos, pobres de verdad y otros, en relación a sus expectativas.

Nadie dijo que eliminando la inflación alcanzaría la plata. Eso sería magia. Pero para magia dejemos a la expresidenta Cristina Kirchner, que de conejos y galeras sabe un montón. Al bajarla se eliminó el impuesto a la pobreza que ella y sus equipos económicos implantaron sobre quienes menos tienen, favoreciendo la especulación. Recuperar la moneda es solo el primer paso para que la economía funcione, el ahorro crezca y también la inversión. La plata solo alcanzará cuando aumente la productividad del trabajo argentino y eso requiere transformaciones de fondo.

Una metáfora puede ser útil. Imaginemos que los 47 millones de argentinos dedican sus esfuerzos diarios a pedalear en una bicicleta de ruedas cuadradas, cuyo manubrio está cruzado, los pedales a distinta altura y su asiento, inclinado. Cada cual estará convencido de que su tarea merece una retribución conforme a tantos madrugones y sudores cotidianos. Pero la plata no alcanza. ¿Por qué? Porque a través de los años, su constructor (la política) ha cedido al interés de proveedores amigos a cambio de apoyos gremiales, aportes de campaña u obsequios personales. Y cada cual fue indicando dónde instalar las ruedas, el manubrio, el asiento y los pedales, en función de su propio beneficio. Al completarse la bicicleta mal armada, su capacidad de avance es limitadísima, por más esfuerzo que hagan los voluntariosos ciclistas. Sin embargo –y aquí está el problema– cada persona que diariamente pedalea, tiene la convicción de que su trabajo es provechoso y reclama mejoras pues “la plata no alcanza”. Ni qué hablar de los jubilados.

En la gran carrera de la subsistencia humana, la bicicleta argentina avanza muy poco en comparación con otras, que andan más rápido y con menores agobios. Para peor, su carga siempre aumenta por mayores exigencias colectivas: nuevos derechos, nuevas necesidades, la vida prolongada y las nuevas prestaciones públicas, además de las ya conocidas y siempre expandidas. Modificarla será difícil pues el paso del tiempo ha creado situaciones casi irreversibles, vinculadas al empleo. Son tantos los barrios, comercios, escuelas y clubes que dependen de ese rodado contrahecho, que la política no se atreve a corregirlo, buscando siempre atajos para calmar reclamos, llámense emisión, deuda externa o nuevos tributos, como la recordada 125.

Abusando de la metáfora, evocaremos un barco hundido. A pocos días del naufragio, es posible reflotarlo y restaurarlo sin mayor costo que el guinche y el malacate. Si se lo deja medio siglo bajo el agua, toda una comunidad de seres vivos se desarrollará en su interior, como moluscos, peces y vegetales. Al sentir la tensión del cable izando hacia arriba, todos se opondrán con paros, marchas y amparos judiciales. La convocatoria para proteger el ecosistema atraerá militantes de todo tipo y el rescate será execrado como modelo neoliberal de miseria planificada.

Sin embargo, no hay forma de escapar a esta restricción de la realidad. La plata solo alcanzará cuando aumente la productividad de la economía y esta lo hará cuando reformas estructurales pongan las partes de la bicicleta en su lugar, se queje quien se queje. La izquierda sostendrá que esas reformas perpetuarán la explotación burguesa, ya que no modifican las instituciones del capitalismo y que la solución es quitarle al rico para darle al pobre, como se hizo en Cuba. Pero en la isla castrista ese zarpazo sobre la propiedad privada solo instauró un régimen de incentivos equivocados, hasta sumergirla en la dramática pobreza actual. El kirchnerismo pergeñó el llamado impuesto a la riqueza y solo logró fugar capitales, como en La Habana. De mayor productividad, ni una sola palabra.

Si la clase política apoyase reformas estructurales para terminar con los impuestos distorsivos, los privilegios indecorosos y los abusos sindicales, el riesgo de devaluación estaría conjurado

Hay sectores de la sociedad que “viven en otro mundo”, con ingresos y gastos disociados de lo que realmente aportan al conjunto. Se cobijan bajo normas que obligan a pagarles lo que no valen creando costos rígidos para los demás. Son las ruedas, el manubrio, el asiento y los pedales trastocados que dificultan el esfuerzo colectivo. Se encuentran en los tres poderes del Estado y en sus empresas; en los poderosos sindicatos y sus aportes compulsivos; en las industrias sobre protegidas; en profesiones con honorarios intocables y en el submundo de quienes viven de la “industria del juicio”. Sin olvidar los abusos del federalismo, que nutre distorsiones provinciales y municipales con imposiciones que ahogan a quienes tienen actividades interjurisdiccionales y aspiran a ser competitivos.

Es inmoral que esa situación se perpetúe en la Argentina, cuando el mundo entero se esfuerza por no perder la carrera de la modernidad para que la plata alcance a sus ciudadanos. Los países enfrentan el cambio climático, el desafío industrial chino, la autonomía energética, el dominio de la IA, los conflictos armados, el abandono del multilateralismo y las sanciones de Donald Trump mientras aquí, los políticos divagan y los dirigentes reclaman. Pero la plata no alcanzará mientras forcemos a los argentinos a pedalear en una bicicleta destartalada, por presión de grupos de interés.

Sin reformas estructurales los inversores nos observarán con desconfianza pues, mientras los desequilibrios se mantengan y la bicicleta no se arregle, continuará el riesgo de perderlo todo en la próxima crisis. Solo se arriesgarán en actividades extractivas, bajo el paraguas del RIGI. Pero ello no resolverá la situación de los comercios, industrias y servicios que dan empleo en el país a menos que todos queden desocupados, cobrando una pensión universal para subsistir.

Los recientes cimbronazos cambiarios reflejan la duda sobre la viabilidad de los cambios necesarios para no recaer, volviendo a los atajos. El temor a que una flotación conlleve una devaluación se basa en esa sospecha. Si la clase política apoyase reformas estructurales para terminar con los impuestos distorsivos, los privilegios indecorosos, los abusos sindicales y tantos otros desvíos de riqueza en provecho de pocos, el riesgo de devaluación estaría conjurado. Y si se comenzase con el régimen de Tierra del Fuego, percibido como un test de la gravitación de los lobbies sobre la gestión libertaria, mayor sería la credibilidad de los anuncios.

El mundo actual es impiadoso. A nadie le importa que la plata no nos alcance, si no sabemos hacernos cargo. La Unión Europea adopta el Informe Draghi (2025) como brújula para la competitividad asumiendo sus costos, aunque sean dolorosos. Los bloques asiáticos, de capitalismo autoritario, no permiten sindicatos politizados ni medidas de fuerza para voltear gobiernos. Su objetivo es mejorar el nivel de vida de poblaciones inmensas, basados en la disciplina y la productividad a costa de libertades públicas. Ninguno llorará por la Argentina, si vuelve a fracasar.

Solo si tomamos en serio el desafío de una transformación radical se podrá salir de la pobreza con empleos dignos, viviendas con infraestructura, educación de calidad y atención sanitaria oportuna y eficaz. Y entonces, la plata alcanzará.

Fuente: La Nación