Categoría: Entrevistas

El crecimiento urbano descontrolado está degradando algunos de los entornos más bellos del país. La falta de planificación, la contaminación visual y la pérdida del sentido de lugar amenazan nuestra identidad colectiva.

Hay algo profundamente triste —y en cierto modo escandaloso— en constatar cómo los entornos naturales más espléndidos de la Argentina han sido, una y otra vez, arrasados por un modelo de desarrollo que ni cuida ni planifica ni respeta. Bariloche, Mar del Plata, Ushuaia… nombres que evocan paisajes de una belleza única, pero que, en los hechos, se han vuelto ejemplos del desorden, improvisación y pérdida de identidad.

Es paradójico: allí donde la naturaleza ha sido más generosa, la mano del hombre ha sido más torpe

Es paradójico: allí donde la naturaleza ha sido más generosa, la mano del hombre ha sido más torpe. En vez de promover un crecimiento armónico, que respete la escala, la historia, el paisaje y la gente, se han habilitado barrios sin infraestructura, construcciones sin la más mínima planificación, negocios sin lógica urbana y un turismo cada vez menos cuidadoso.

En ese camino, también hemos perdido el sentido de lugar, ese vínculo emocional y cultural con el entorno, que da pertenencia y define la identidad de una comunidad. Hoy muchas de nuestras ciudades ya no se reconocen a sí mismas. Son sitios que podrían estar en cualquier parte y a la vez en ninguna. Las construcciones anodinas reemplazaron al paisaje, la especulación reemplazó a la mirada, y el caos visual —con los cables cruzando el cielo como telarañas eternas, que nadie retira jamás— terminó por desfigurar lo que alguna vez fue armónico y bello.

Esto no es nuevo. En los años 30, la Argentina se pensaba a sí misma como un país moderno e integrado. Desde la Estación Retiro Central —hoy Retiro Mitre— salían trenes que conectaban ciudades, regiones, culturas. En ese mismo edificio, el Café Central fue durante décadas un punto de encuentro porteño con espíritu ferroviario. Hoy, en ese espacio, hay una cadena internacional de hamburguesas. Un símbolo —pequeño pero elocuente— de cómo hemos reemplazado el patrimonio por la franquicia, la identidad por la marca.

No se trata de idealizar el pasado, sino de asumir que, sin una mirada integral y estratégica, sin políticas públicas de planificación que articulen conservación con desarrollo, y sin comunidades involucradas en el destino de sus territorios, vamos a seguir perdiendo lo más valioso que tenemos: nuestros paisajes, nuestra historia, nuestra alma.

En cumplimiento de una amenaza contra miembros de las Fuerzas Armadas proferida por Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), dos grupos operativos de dicha organización concretaban un acto planificado en San Miguel de Tucumán el 1° de diciembre de 1974. El capitán del Ejército Humberto Viola, acompañado por su familia, vio cómo rodeaban su automóvil mientras estacionaba. Su esposa, María Picón, ya había descendido, no así sus hijas, María Cristina, tres años, y María Fernanda, de cinco.

Integraban el grupo atacante, al mando de Hugo Irurzun, Francisco Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Núñez, Miguel Norberto Vivanco y Svante Grände. Según la crónica de los propios asesinos en el parte de guerra que emitió la compañía del ERP autodenominada Ramón Rosa Giménez, el primer disparo, un escopetazo a distancia, destrozó el parabrisas y el parante del vehículo. Uno de los atacantes introdujo una ametralladora por la ventanilla y disparó. En un intento por salvar a sus hijas, Viola bajó y se alejó como pudo del automóvil, dispuesto a atraer los disparos hacia sí. Resultó baleado por la espalda “a la altura del pulmón izquierdo”. La referida crónica reseña que “el compañero ametralladorista lo remata con un tiro en la cabeza y retorna al auto” mientras otro dispara a quemarropa un escopetazo y un tiro de gracia con un revólver Calibre 38. Viola y su hija menor murieron, mientras que María Fernanda pasó cuatro meses en coma y debió someterse a ocho operaciones, tras lo cual quedó con heridas y lesiones para toda la vida.

El absurdo criterio según el cual los delitos de lesa humanidad solo podían ser cometidos por agentes estatales y no por guerrilleros es todavía inexplicablemente mantenido por nuestros tribunales

Cinco de los atacantes fueron detenidos y condenados, pero terminaron en libertad sin cumplir la totalidad de la pena, beneficiados por el 2×1 que computó, además, dos días por cada día efectivo en prisión preventiva. Indigna que cuatro de los cinco condenados por los asesinatos resultaran indemnizados por el Estado argentino en virtud de las leyes reparatorias dictadas en democracia, y cobraran sumas siderales pagadas con nuestros impuestos.

Esta tan trágica y absurda como larga pesadilla de locura, muerte e injusticia, comenzó a repararse hace pocos días. El gobierno del presidente Javier Milei llegó a un acuerdo amistoso con María Fernanda Viola, quien, junto a su madre ya fallecida, había demandado al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reclamo había sido rechazado por el presidente Alberto Fernández, amparándose en la doctrina establecida por la mayoría de la Corte Suprema respecto de que los delitos de lesa humanidad solo podían ser cometidos por agentes estatales y no por guerrilleros. Tan absurdo criterio es todavía inexplicablemente mantenido por nuestros tribunales. Desde la reapertura de los juicios por los hechos de la década del 70, este condujo a una persecución selectiva y parcial contra los militares y otros agentes estatales, mientras se indemnizaba generosamente y dejaba impunes a los asesinos terroristas.

Razones políticas, ideológicas y económicas, teñidas de odio y revanchismo, que muchos pretendieron revestir de insostenibles argumentos jurídicos, afectaron el fiel de una balanza denivelada

María Fernanda, en un gesto que la enaltece tanto a ella como a la memoria de sus padres y su hermana, ha renunciado expresamente a recibir cualquier clase de indemnización pecuniaria del Estado argentino, pidiendo únicamente que se cubran los gastos propios de la demanda. Este valioso precedente debería dar lugar a nuevos pronunciamientos judiciales en el mismo sentido. Razones políticas, ideológicas y económicas, teñidas de odio y revanchismo, que muchos pretendieron revestir de insostenibles argumentos jurídicos, afectaron el fiel de una balanza desnivelada que nunca logró disimular el execrable rostro de la injusticia.

Fuente: La Nación

Las elecciones santafesinas de convencionales reformadores de la Constitución provincial realizadas el domingo último van mucho más allá de la especulación política, teniendo en cuenta que nos hallamos transitando un año electoral en el que se pondrán en juego, como es de rigor, pugnas partidarias por obtener mejores representaciones legislativas y, por ende, lograr más cuotas de poder tanto a nivel distrital como nacional.

Cualquier Constitución es mejorable y, desde ya, toda reforma siempre tiene algún aspecto positivo. En el caso de la santafesina, es destacable el interés por incluir la obligatoriedad de la ficha limpia para que nunca más los corruptos condenados puedan candidatearse a cargos públicos para hacer uso amañado de los fueros. Y hubiera sido deseable que se aprovechara la reforma para evaluar la continuidad del sistema bicameral. Lo lamentable es que, detrás de declamadas buenas intenciones puedan esconderse otros propósitos que incluso vayan en sentido opuesto a un eventual progreso institucional.

Dos ejemplos son útiles para detenernos en ese análisis. Como parte del proyecto de reforma constitucional impulsado por el actual gobernador Maximiliano Pullaro se terminará con la sana tradición de Santa Fe de impedir, precisamente, la reelección consecutiva del titular del Poder Ejecutivo. No solo eso, ¿caerán Pullaro, los convencionales que le responden y sus posibles aliados –quedó a dos votos de obtener la mayoría– en la tentación de que el actual primer período gubernamental no sea considerado el primero de dos consecutivos, permitiéndole presentarse para competir por los próximos dos? Sobran los ejemplos de mandatarios y exmandatarios nacionales, de provincia e intendentes que procuraron –y en muchos casos lograron– forzar textos legales para perpetuarse en el poder.

El otro punto es la excusa de “crear derechos”, como si muchos de ellos ya no estuviesen debidamente reconocidos y garantizados por la Justicia cada vez que se plantea una demanda. Suena a mera retórica que en el texto por reformarse se pretendan incluir los derechos a la ciudad, al agua, a la cultura y a la seguridad pública. ¿Qué impide que se garanticen hoy, o acaso un gobernador necesita verlos escritos antes de empezar a cumplir con su deber de que ningún ciudadano se quede fuera del abastecimiento de un insumo básico como el agua? ¿El Estado no está ya obligado a proveer seguridad, salud y educación a los contribuyentes que con sus impuestos mantienen las suculentas arcas públicas que, en innumerable cantidad de veces, son usadas en beneficio exclusivo de la política?

¿Realmente se proveerá una mejor educación en la provincia instalando un fuero sindical docente con rango constitucional, como se pretendería hacer? Y, tras esas creaciones a medida, ¿no sobrevendrán más aparatos estatales innecesarios, nepotistas y costosísimos?

Pareciera que no aprendimos nada de la tan fracasada como cesarista reforma constitucional de 1949, impulsada por Juan Domingo Perón para asegurarse su reelección indefinida. Tampoco de la nefasta concepción kirchnerista de seguir machacando con que detrás de cada necesidad hay un derecho. Sonaría a un simplón sentido del “deber ser” si no fuera porque esa facción política convirtió muchos de los derechos en negociados.

Se ha escuchado justificar la necesidad de la reforma constitucional para otorgar más derechos a los santafesinos. Si ese fuera el camino, en lugar de organizar un debate tan caro para acordar un texto podrían copiar la Constitución de la ex Unión Soviética de 1936, que reconocía a los individuos más derechos que el bill of rights de la norteamericana, pero que en la realidad no se cumplían, confirmando de ese modo el carácter meramente propagandístico del articulado.

No nos equivocamos si calificamos estas maniobras de aventuras provinciales alejadas de los verdaderos problemas de los ciudadanos, cuyos derechos –los actuales, los vitales– no están siendo respetados como se debería.

“Estamos discutiendo el futuro de los santafesinos: progreso, orden y paz”, sentenció Pullaro, cuya lista de convencionales quedó primera en el ranking de sufragios en las elecciones del domingo (34,61% de los votos), seguida por la del peronismo (15,15%) y la de La Libertad Avanza (14,11%).

No explicó el gobernador por qué hoy les estarían vedados a los santafesinos el progreso, el orden y la paz. Al menos no se hizo cargo de su notoria falta. Será por eso que solo concurrió a votar algo más del 50% de los electores habilitados. La otra mitad no parece creer que le cumplirán mañana lo que no pueden garantizarle hoy.

Fuente: La Nación

Una de las máximas del derecho consiste en distinguir una sentencia firme y sus efectos de un fallo definitivo, porque la sentencia firme se adquiere con la resolución de la Cámara de Casación, por más que aún reste el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. La resolución de Casación ya es, de por sí, una sentencia firme, solo que de efecto suspensivo, de acuerdo con la última jurisprudencia en la materia del máximo tribunal de la Nación, si se hiciese lugar al recurso extraordinario. Pero eso de ningún modo autoriza a sostener que no sea una sentencia firme per se, máxime si cuenta con el “doble conforme”.

Es cierto que existen fallos de la Corte Suprema que expresan que el pronunciamiento de Casación no se ejecuta hasta que sea rechazado el recurso extraordinario o, eventualmente, el recurso de queja. Cabe aquí señalar que, como su palabra lo indica, el recurso extraordinario solo procede cuando existe un agravio federal o constitucional suficiente y/o gravedad institucional, y no cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia, o sobre una interpretación del derecho común (derecho penal, por ejemplo) válida aunque el recurrente no comparta el criterio.

La cuestión resulta relevante en momentos en que el más alto tribunal de la Nación deberá fijar su posición ante una queja presentada por los abogados defensores de la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que la Cámara de Casación ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, además de rechazar un recurso extraordinario también presentado por quienes defienden a la exmandataria condenada.

Es inveterada la doctrina de la Corte que sostiene que el recurso extraordinario federal es un remedio excepcional, que no suple a las instancias anteriores salvo un error grueso en el derecho, y que el superior tribunal de la República no es una instancia más, como si fuera una tercera, sino el último garante de las declaraciones, derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación.

Es un desatino pensar que una persona condenada en doble instancia por un acto de corrupción en la función pública pueda gozar ahora de una tercera instancia para demostrar que se ha vulnerado su presunción de inocencia

Por eso, para cumplir su mandato constitucional por el cual ha sido instituida como un poder del Estado, ha instaurado la doctrina de la “sentencia arbitraria”, precisamente para intervenir en caso de que algún fallo judicial firme pueda revocarse por no ajustarse a nuestra Ley Fundamental.

Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia, sino un tribunal de excepción que solo revisa la posible vulneración de la Convención por parte del Estado argentino –donde, ante la apelación supranacional, se abre un nuevo expediente–, lo mismo cabe decir respecto de la Corte nacional, que no es –repetimos– una tercera instancia local, sino un tribunal de excepción, en el cual lo primero que se examina y analiza es la admisibilidad formal de ese recurso por un agravio de índole constitucional, antes de dictarse un nuevo fallo totalmente autónomo de las instancias anteriores.

Recientemente, el propio doctor Juan Carlos Maqueda, quien hasta pocos meses integró la Corte Suprema, expresó que este tribunal no puede dedicarse a revisar una sentencia cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común, sino que debe existir una cuestión constitucional probada.

Por todo lo dicho, y para que el común de la gente entienda, es un desatino pensar que una persona condenada en doble instancia por un acto de corrupción en la función pública pueda gozar ahora de una tercera instancia para demostrar que se ha vulnerado su presunción de inocencia, toda vez que se han garantizado efectiva y eficazmente el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, con lo cual ninguna de estas dos garantías (artículo 18 de la Constitución nacional) han sido menoscabadas.

La tercera instancia se logra solo mediante un recurso extraordinario que nunca tiene efecto suspensivo de la condena. Por eso la sentencia firme es la de segunda instancia

En la causa Vialidad, tanto la “presunción” como la “inocencia” han sido “quebradas” con hechos, pruebas, derecho y fundamentos y motivaciones lógicas suficientes, al menos a lo largo de dos instancias sucesivas. Creer que debe existir una tercera instancia para acreditar inculpabilidad sería un despropósito pues implicaría aceptar que, sin contar a los fiscales, seis jueces de altas magistraturas de la Nación, especialistas en derecho penal (tres del tribunal oral y tres de Casación, el tribunal más alto en materia penal), han vulnerado el debido proceso.

En la Argentina circula desde hace bastante tiempo la falsa tesis de la necesidad de una tercera instancia para lograr firmeza en una sentencia penal. Este argumento carece de todo fundamento jurídico constitucional. El sistema judicial argentino es de doble instancia y no de tercera instancia. La tercera instancia se logra solo mediante un recurso extraordinario que nunca tiene efecto suspensivo de la condena. Por eso, la sentencia firme es la de segunda instancia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2.h., declara el derecho a una segunda instancia. Pero jamás existe el derecho humano a una tercera instancia.

En ningún tratado de derechos humanos se contempla esa tercera instancia. La Argentina es el único país del mundo donde se sostiene esta absurda tesis, que en la práctica funciona como garantía de impunidad para los delitos del poder político y económico.

El ciudadano argentino no puede seguir siendo engañado y confundido por falsas teorías que no existen en ningún Estado civilizado del siglo XXI y que solo producen mayor impunidad para los delitos del poder y menor confianza de los argentinos en su propia Justicia

Porque sostener que una sentencia firme solo se logra con el dictado de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia significa hablar de 14 años de plazos judiciales y de inevitables prescripciones liberatorias.

En Estados Unidos, al igual que en Francia, Italia o Israel, la segunda instancia es definitiva. Y ella cubre las garantías judiciales que exige el artículo 8.2.h. La condena de la Cámara Federal de Casación extendida a Cristina Kirchner es una condena de segunda instancia y es una condena firme. De ahí en más, el condenado podrá plantear recursos judiciales extraordinarios y, como tales, estos no tendrán ningún efecto suspensivo de la sentencia firme.

Ese recurso extraordinario al que tiene derecho el ciudadano debería ser planteado desde la cárcel, si la condena fue a prisión efectiva.

El ciudadano argentino no puede seguir siendo engañado y confundido por estas falsas tesis de una tercera instancia que no existen en ningún Estado civilizado del siglo XXI y que solo producen mayor impunidad para los delitos del poder y menor confianza de los argentinos en su propia Justicia.

Fuente: La Nación

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor se aplica en el orden nacional desde enero para grandes empresas y desde este mes para los demás comercios. Los tickets deben reflejar el IVA y otros impuestos nacionales y las publicidades y góndolas tienen que exhibir el precio total y neto de esos impuestos. Pero este régimen entra en una segunda fase, tanto o más relevante que la primera. La ley invita a las provincias a adherirse para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Todo el viento a favor que este régimen tiene a nivel nacional se convierte en viento en contra cuando de provincias se trata. Solo una de ellas, en tiempo de descuento, adhirió a la aplicación plena del régimen. En el resto, los dos renglones de incidencia fiscal provincial y municipal del modelo de ticket oficial estarán vacíos. Al menos por ahora.

Vale detenerse en la resistencia general de las provincias ante el régimen, a más de nueve meses de sancionado. Lógica, la ONG que impulsó este régimen, ante la demora provincial, envió en enero cartas a los 24 gobernadores recordando el plazo del 1° de abril y haciendo dos preguntas. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron que se adherirán y que no sancionarán a los que, antes de la adhesión, visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Una segunda carta fue cursada a los otros 19 gobernadores y únicamente Catamarca contestó de manera similar a las anteriores administraciones provinciales. Llegando el 1° de abril, la ONG envió emails a una decena de funcionarios de las 18 provincias restantes sobre el inminente default. Los acuses de recibo fueron marginales; de las seis que contestaron, solo Chubut y Entre Ríos se activaron, la primera adhiriéndose y la otra en vías de hacerlo. En suma, apenas una provincia adherida, cinco comprometidas y 18 (75% del total), de distintos signos políticos, en silencio.

Detrás de las excusas se esconde la razón de la resistencia: gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, se les exigirían que los bajen. Es lo que está ocurriendo en Brasil, donde se inspiró este régimen. El ocultamiento sistemático de impuestos ha sido la piedra fundamental de la voracidad fiscal en nuestro país, llegando a tener los impuestos más altos del mundo, reflejo del total descontrol del gasto público. La falta de cultura fiscal de la sociedad provocada por este ocultamiento violó el derecho del consumidor a recibir “información adecuada y veraz” (artículo 42 de la Constitución) y lo desconectó de toda cuestión fiscal, mediante prohibiciones vergonzosas (IVA) y disimulando tributos a lo largo de la cadena productiva (ingresos brutos, tasas, etc).

Gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, les exigirían que los bajen

En ese contexto de país más gravoso del mundo, la presión fiscal subnacional aumentó un 48% en este siglo, alcanzando un 5,1% del PBI en 2024, según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). El año pasado los tributos en el país aumentaron de 148 a 155, de los cuales 6 fueron municipales, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Esos números encubren todo tipo de excesos provinciales y municipales. Por ejemplo, el costo anual de la legislatura de Tucumán es de 63.000 millones de pesos, 20 veces la de su vecina Santiago del Estero, según la Fundación Libertad. Lanús aplica una tasa del 6% a las ventas de los supermercados. Es decir, a los consumidores. Podrían citarse centenas de ejemplos.

Para apuntalar este régimen, Lógica ha lanzado una campaña de difusión fondeada con aportes privados, destinada a la concientización general del régimen y, especialmente, a la adhesión provincial. Más allá de algunas piezas de vía pública, el grueso corre por las redes con mensajes simples, directos e incisivos. Se suman quienes espontáneamente se acercan a ceder sus espacios. Una agencia de publicidad aportó una centena de lunetas de colectivos para que los mensajes de Lógica circulen desde hace unos meses por el AMBA. Una de las principales radios del país, basada en Córdoba, cederá minutos diarios para que se escuchen los spots de la campaña. Un productor y un influencer, bien conocidos por sus videos virales, están elaborando el principal corto de Lógica. La principal empresa de publicidad en cines hará que sus spots se vean antes de las películas. Y hasta un empresario produjo su propio gran cartel de la ONG, al lado de su hotel y con el Nahuel Huapi de fondo, sobre el costo fiscal de lo que compramos: “Pagás diez noches de hotel y el Estado te duerme cuatro”. Para la última campaña presidencial cinco diarios de amplia circulación cedieron una o media página para solicitadas de Lógica sobre cuestiones fiscales, lo que podría repetirse este año. Porque esta campaña correrá en paralelo a las de las elecciones.

La sociedad civil tiene ahora la oportunidad y, más aún, la responsabilidad de implementar y difundir este régimen, apoyando o acompañando la campaña de Lógica. Debe aprovecharse el año electoral, en el que los políticos suelen escuchar más a los votantes, para que los gobernantes tengan que elegir entre ganar transparencia o perder votos. Es imperioso que, impulsado por el empresariado, se exija la adhesión de las provincias al régimen para disminuir la insoportable carga tributaria local que ahoga la actividad empresarial, profesional y laboral y castiga al consumidor. Cuando la ciudadanía tome conciencia, nunca más lo fiscal de los tres niveles de gobierno será un coto de los políticos, sino que pasará a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia. Desde todos los sectores debemos exigir esta adhesión de las provincias al régimen y hacerla pesar en este año electoral.

Fuente: La Nación

Con el fin del cepo cambiario para las personas y la flexibilización para las empresas, comienza una nueva etapa que coloca a la Argentina ante la oportunidad de concretar nuevas inversiones y expandir sus exportaciones. El crédito del FMI, el aporte de otros organismos multinacionales y la renovación del swap con China darán las cartas que el Banco Central necesitará para afrontar, desde mañana, los desafíos que implica dejar flotar el dólar dentro de las bandas fijadas.

En un mundo desconcertado con las medidas impuestas por Donald Trump para frenar la expansión china, haberse atrevido a dejar ese nefasto control cambiario y logrado, en simultáneo, ese fortalecimiento de las reservas es una jugada sorprendente e inesperada con un paquete bien armado que se adelantó a los hechos para cambiar las expectativas. Todavía no se sabe el end game de la guerra comercial en curso, pero la Argentina no podía sentarse a esperar su resultado.

Dado que su balanza comercial con EE.UU. es deficitaria, la Argentina solo ha sufrido la imposición del arancel flat del 10%. De todos modos, el terremoto global impactará en otros aspectos de nuestro quehacer colectivo. Por lo pronto, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos, un deterioro lamentable luego de tanto esfuerzo por recrear la confianza indispensable para las inversiones y la renovación de las deudas. Es de esperar que, con los anuncios del ministro Luis Caputo las aguas se calmen y siga su tendencia descendente.

Se ha señalado, con razón, que la caída del precio del petróleo afectará los proyectos vinculados a los hidrocarburos y Vaca Muerta. Lo mismo puede decirse de los minerales. Por efecto indirecto, si hubiese recesión mundial, no saldrán indemnes la actividad económica interna, el valor de los inmuebles, la demanda de empleo ni la recaudación fiscal. Y si China desviase excedentes a otras regiones, también sufrirán las industrias textiles, de calzado y otros productos masivos.

Esos efectos no se podrán impedir, pero es importante tener las ideas claras para no reaccionar de manera equivocada. El kirchnerismo, tan parecido en esto a Trump, quizás sugeriría “vivir con lo nuestro” aumentando aranceles y controles. Pero, como está probado, quien no importa tampoco puede exportar pues el costo de la sustitución descoloca la competitividad de los exportadores. Y ello conlleva crisis periódicas de balanza de pagos, que siempre se han resuelto con devaluaciones. El abandono del cepo no es una devaluación, como chicanea la oposición, sino la apertura del mercado de cambios para eliminar la “brecha” que tanto permitió lucrar a funcionarios claves del anterior gobierno, para alentar ahora la liquidación de exportaciones, las decisiones de ingresar inversiones y también moderar las importaciones según las necesidades. No hay ahora dólar oficial, por tanto, no hay devaluación, sino libre juego de oferta y demanda.

El riesgo país demuestra que, pese a los logros alcanzados, el mundo nos percibe como extremadamente volátiles y sospecha que la política puede derrumbarlo todo

Esta nueva política cambiaria, aun a costa de un salto inflacionario puntual, era indispensable para evitar especulaciones. Es fundamental ahora profundizar los cambios estructurales para incrementar la competitividad de la producción local y aventar dudas sobre la vocación política de ir a fondo con las transformaciones. Cualquiera que sea el escenario futuro –acuerdo con Estados Unidos, con la Unión Europea o con diversas contrapartes del nuevo comercio internacional–, la Argentina debe afilar sus dientes, bajar costos a “cara de perro” y prepararse para generar más divisas exportando.

La patología del riesgo país a 900 demostró que el mundo, pese a los logros alcanzados, nos percibe aún como extremadamente volátiles y sospecha que la política puede impedir avances y derrumbar todo lo logrado.

Para reducir impuestos se necesita reducir gastos, hacer privatizaciones y eliminar organismos del Estado con medidas que no cuentan con apoyo legislativo. Se requiere un nuevo pacto fiscal con las provincias y reformar la coparticipación, que rechazan los gobernadores. Es urgente descentralizar la negociación colectiva y limitar el poder gremial, que se opone, insuflado de cuotas solidarias, obras sociales y perpetuación en los cargos. Es fundamental la flexibilización laboral y erradicar la industria del juicio, entre tantos otros cambios de fondo. Es indispensable la reforma previsional, junto con la laboral, para que se equilibre la proporción entre aportantes y jubilados.

El caso de Tierra de Fuego es incomprensible, ya que la ley 16.940 permite eliminar el régimen de un plumazo. Cuando el país más divisas necesita para atender sus compromisos, el régimen fueguino sigue demandando dólares para importar celulares desarmados, condenando al público a pagar precios exorbitantes o viajar a Chile para acceder a la tecnología. Y el fisco nacional jamás ha hecho auditorías a las ensambladoras de sus pagos al exterior para verificar que, mediante sobreprecios, no se desvíen dólares oficiales a cuentas offshore.

La llave para que esos cambios sean viables las tiene el peronismo, con sus senadores y diputados, gobernadores e intendentes, sindicalistas y dirigentes empresarios. Esa es la “trampa peronista” de ahora y de siempre. Saben que las medidas para “equilibrar la cancha” son claves en cualquier plan de estabilización y que, hasta las elecciones, esa llave estará en sus manos. Pero la crisis mundial ya no da lugar a jugarretas electoralistas y, más allá de los discursos, es tiempo de lograr acuerdos para que la Argentina pueda hacer de esta crisis una oportunidad.

El Gobierno ha tomado la delantera con la eliminación del cepo antes de lo previsto gracias a haber logrado un apoyo internacional que parecía de muy difícil concreción. Ahora es tiempo de que el resto sepa acompañar, pues obstaculizar cambios que son “de manual” solo postergará –a costa del bienestar general– transformaciones que tarde o temprano deberán ocurrir.

Fuente: La Nación

En el encuentro mantenido días atrás por la Mesa de Enlace de las principales entidades agropecuarias con Sergio Iraeta, secretario de Estado del área, la vieja cuestión de las retenciones estuvo, como no podía haber sido de otro modo, en el centro de las preocupaciones transmitidas. Otros asuntos, como el deterioro en la infraestructura que tanto afecta a la producción y a la logística de apoyo a las actividades rurales, fueron también parte de las conversaciones. La paralización prácticamente total de las obras públicas ha agravado este viejo problema y no se ve por ahora cómo podrá el Gobierno cambiar una decisión que ha procurado justificar, en principio, en el privilegio otorgado a la lucha por lograr el déficit cero en las cuentas de la Nación.

A todo eso han venido a sumarse las últimas lluvias sobre buena parte de la zona núcleo, que han demorado la cosecha de soja y maíz, y la convulsión provocada en el orden económico mundial por la anunciada decisión del presidente Donald Trump de radicalizar la política arancelaria de su país en términos que no se registraban desde 1930. El presidente Javier Milei se ha manifestado dispuesto a negociar los puntos concernientes a esa materia con su colega norteamericano.

Hay mucho por avanzar en una negociación afortunada de la Argentina. Y mucho por observar, además, respecto de lo que se considera hasta aquí una relación especial de Milei con Trump, pues entró en juego una cuestión arancelaria de país a país, no una relación mediatizada, por importante que fuere, como la que ambos países sostienen en los organismos internacionales. Nos referimos en particular al voto norteamericano en el Fondo Monetario Internacional, donde el 16% de su participación accionaria le confiere el estatus de primus inter pares.

El año último nuestro país tuvo por primera vez en mucho tiempo superávit comercial con los Estados Unidos. Vendimos productos agroindustriales por 2100 millones de dólares y quedamos colocados en la vigesimocuarta posición entre los abastecedores del país del norte, porcentaje que confirma la modesta significación de nuestras exportaciones hacia ese destino. Los vinos ocupan el primer lugar en nuestras ventas con 195 millones de dólares; después figuran las carnes –en la suma de congeladas, enfriadas y refrigeradas al margen de la cuota Hilton– con 149 millones de dólares y, en tercer lugar, la miel, con 132 millones de dólares. Otro rubro destacado corresponde a limones, con 44 millones de dólares.

La posibilidad de un shock arancelario como el anunciado por Trump –aunque ahora postergado por 90 días– deja abierta la alternativa de que los países más afectados, y más reticentes a negociaciones elásticas con Washington refuercen sus compras en otras direcciones. Se abren de tal modo nuevas expectativas. Importa, en ese sentido, saber si China aumentará de forma sustancial sus compras ya tradicionales de commodities agrícolas tanto en Brasil como en la Argentina.

En el orden estrictamente interno, las principales expectativas se hallan puestas en la decisión que tome a breve plazo el Gobierno sobre las retenciones. El 30 de junio vencerán las disminuciones dispuestas el 27 de enero último sobre la soja, del 32% al 26%, y sobre el maíz y el trigo, del 12% al 9%. Decir que el Estado argentino esquilma desde hace décadas al campo es decir poco.

Esas reducciones han significado al menos, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que la tajada brutal que el Estado se lleva del campo ha pasado a ser, en cuanto a la soja, del 62,4%, y respecto del maíz, del 49,7%. Una demasía confiscatoria, aun así, frente a tantas industrias subsidiadas eternamente por medios indirectos.

El presidente Milei ha descalificado las retenciones sobre el campo, pero ha resuelto continuar con ellas hasta que aclare la situación económica del país. Por su parte, el expresidente Mauricio Macri invitó en la reciente muestra de Expoagro a acelerar en este capítulo el uso de la motosierra.

Debe admitirse que Macri habló con la autoridad de quien eliminó, al llegar al poder, las retenciones sobre el trigo, el maíz y el girasol, y disminuyó las que incidían sobre la soja del 35% al 30%. Tres años después, dispuso un sistema de reducción del 0,5% mensual sobre esta oleaginosa hasta bajarla, en agosto de 2018, al 26%.

A poco más de un mes del comienzo de la siembra de trigo en la nueva campaña, el Gobierno debería trasmitir ya mismo señales concretas de lo que piensa hacer con la carga tributaria desmedida que pesa sobre esa gramínea y que constituye, junto con las que gravan otros cultivos, una política absolutamente discriminatoria contra el campo. Hubo tiempos incluso peores, es cierto, como los de las alícuotas de más del 40% que se impusieron sobre la soja en 1989 y 2008, pero eso no es consuelo para un campo al que se ha descapitalizado de modo compulsivo desde hace tantos años.

Fue un sacrificio que no sirvió para mejorar el país en otros órdenes del desarrollo económico y social. Por eso avergüenza que pretendan volver al poder quienes con el verso de aplicar “un modelo productivo diversificado con inclusión social” lo llevaron a la ruina, poniendo a salvo, desde luego, el supuesto derecho a un enriquecimiento personal que ha terminado en unos pocos casos en condenas y, en otros, en procesos aún sin resolver ante la Justicia Federal.

Fuente: La Nación

Se le atribuye a Albert Einstein la frase “no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo”. Los 45 paros generales convocados por la CGT desde la reapertura democrática de 1983 demuestran en cierta forma aquella creencia, que comparte una mayoría de argentinos que ayer desoyó la convocatoria de la central sindical a parar y que eligió trabajar.

Pocas dudas quedan de la naturaleza política de la huelga general de la víspera, la tercera efectuada contra el gobierno de Javier Milei en apenas 16 meses. En particular, si se tiene presente que esta misma CGT no dispuso ninguna medida de fuerza similar a lo largo de la funesta presidencia de Alberto Fernández, durante la cual sus líderes durmieron una prolongada siesta, pese a que al cabo de esa gestión el país quedó al borde de la hiperinflación, con salarios y haberes jubilatorios por el piso y una tasa de pobreza creciente.

El paro de ayer consolida una tendencia histórica, según la cual los gobiernos no peronistas recibieron el doble de huelgas generales que aquellos de signo peronista. Como da cuenta un estudio del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, la CGT ha realizado un paro cada cinco meses en gobiernos no peronistas contra un paro cada un año y nueve meses durante administraciones del peronismo.

La huelga de ayer demuestra que seguimos teniendo una dirigencia sindical anquilosada, que prefiere aferrarse a sus privilegios a fuerza de aprietes

De acuerdo con una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el paro habría tenido un impacto económico de 208.497 millones de pesos, lo que equivale a unos 194 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Y si el impacto no fue mayor se debió a que, esta vez, el transporte automotor de pasajeros no se plegó a la medida de fuerza y se mantuvo en funcionamiento, aunque con un menor ritmo de frecuencias y demoras en algunas líneas de colectivos. De haberse adherido al paro los colectiveros, la pérdida para el país habría ascendido a unos 530 millones de dólares, según el trabajo de la UADE.

En contraposición con lo afirmado por Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, el paro no fue rotundo ni exitoso. Lo rancio del mensaje de quienes convocaron a la huelga quedó en evidencia cuando el citado gremialista dijo, durante la conferencia de prensa brindada ayer, que la única división que se puede hacer es “entre las oligarquías y los trabajadores”. Tal vez debió haber recordado que si existe hoy una oligarquía en la Argentina es la de los caciques sindicales atornillados en las jefaturas de los gremios a lo largo de dos y hasta tres décadas. Se trata de una casta que naturalmente resiste cualquier intento de renovación o de real democratización en los sindicatos, y que ha influido sobre el Poder Legislativo para que nunca se traten proyectos que obligarían a los líderes de sindicatos y de obras sociales a hacer públicas sus declaraciones juradas patrimoniales, en tanto se trata de personas políticamente expuestas que manejan fondos de terceros y otros derivados del Estado.

Esa misma dirigencia resiste el debate sobre una reforma modernizadora de la legislación del trabajo, que apunte a poner fin a una situación donde casi la mitad del empleo es informal –principal fuente de desfinanciación del sistema previsional– y donde la industria del juicio laboral es una de las más prósperas.

Los paros no son el camino hacia las soluciones, sino parte del problema

La huelga de ayer demuestra que seguimos teniendo una dirigencia sindical anquilosada, que prefiere aferrarse a sus privilegios a fuerza de aprietes y de actos violentos, como los que ayer se vieron contra choferes de colectivos que salieron a trabajar en distintos lugares del país.

Es cierto que la economía del país dista de ser la mejor para los trabajadores y las empresas en un contexto donde la inflación aún no ha sido vencida y donde la incertidumbre política no ayuda a la llegada de inversiones productivas que alienten el empleo. Pero los paros generales no son el camino para hallar soluciones. Son, por el contrario, parte de un problema alimentado por una dirigencia sindical desgastada que provoca rechazo en la mayor parte de una sociedad que desea seguir trabajando para dejar atrás la crisis.

Fuente: La Nación

El domingo próximo tendrán lugar en la provincia de Santa Fe las elecciones para elegir a los convencionales constituyentes que tratarán la reforma de la Constitución provincial en 2026. Con más de dos tercios, la legislatura sancionó en diciembre pasado la ley que estableció esta necesidad, una iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, que terminará con la sana tradición de Santa Fe de impedir la reelección consecutiva del titular del Poder Ejecutivo. Solo quedará la provincia de Mendoza con el título de mantener la tradición republicana de limitar los mandatos adoptada por los padres fundadores de nuestras instituciones en 1853 cuando en esa misma ciudad aprobaron la Constitución nacional y terminaron con el reeleccionismo imperante en casi todas las provincias en el período preconstitucional luego del colapso del Estado nacional en 1820.

Con la reforma, diputados y senadores provinciales deberán ser residentes. Tanto ellos como intendentes y concejales ya contaban con reelección indefinida para todos los cargos; no así el gobernador y el vicegobernador. La reforma establecerá solo una reelección para todos, por lo que solo podrán gobernar por un máximo de ocho años. La edad para acceder a cargos electivos y la duración de los períodos de sesiones estarán en debate. Muchas de estas propuestas solo pretenden disimular la verdadera intención detrás de la iniciativa reformista, que es abrirle la posibilidad de un nuevo período al actual gobernador.

El proyecto de reforma, que prevé revisar 43 artículos, tiene algunas iniciativas interesantes, como dar a la ficha limpia rango constitucional y terminar con un privilegio del que gozan los legisladores, que no pueden ser procesados mientras cumplen con sus mandatos. El fuero solo evitará la detención, pero los procesos penales podrán tramitarse. No deben olvidarse las fundadas sospechas que vinculan a legisladores con el narcotráfico, que tantos estragos ha hecho en Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe. En este sentido, la reforma busca afianzar las políticas de lucha contra la violencia y el narcotráfico, considerando medidas más duras en las cárceles y dando más respaldo a las fuerzas de seguridad.

Se propone también adaptar algunos artículos al texto de la reforma de la Constitución nacional de 1994.No faltan las disposiciones retóricas sobre supuestos derechos que se adquieren y que no pasan de ser enunciados de propósitos que no los garantizan. Entre ellos figuran el derecho a la ciudad, al agua, el derecho a la cultura y a la seguridad pública, entre otros.

El sistema previsional provincial también se incorpora a la Constitución, dificultando reformas que las realidades demográficas y financieras imponen para hacerlo sustentable y sin privilegios. En materia de trabajo docente, pretende impedir las necesarias transformaciones que requiere nada menos que la educación y, en cambio, pretende instalar un fuero sindical docente con rango constitucional.

Se agregan cuestiones como la vigencia de los tratados internacionales que ya están incluidos en la Constitución nacional.

Sería deseable que, en caso de aprobarse la reelección, quede en claro que el actual período de gobierno será el primero también de la nueva Constitución. Tomando el ejemplo de la Constitución mendocina, se debiera redactar una cláusula antinepotismo que prevea que los familiares del gobernador tienen que esperar un período de gobierno para aspirar a ese cargo y así evitar sucesiones dinásticas propias de regímenes patrimonialistas en los que las esposas suceden a sus maridos en el gobierno, como en Santiago del Estero, o lo hacen sus hermanos, como en San Luis durante el extenso y nefasto predominio de los Rodríguez Saá.

No está previsto en el proyecto de reforma cambiar el sistema de elección de los senadores provinciales. Se seguirá eligiendo uno por departamento, sin tener en cuenta la realidad demográfica, pudiendo llevar a una sobrerrepresentación de una fuerza política en el Senado.

Como tantos proyectos reformistas, este también olvida que las constituciones son un pacto de convivencia para garantizar derechos y libertades ciudadanas limitando el poder. Los cambios propuestos son en gran parte temas para tratar en la Legislatura, no en una Constitución cuyo objetivo más explícito es habilitar la reelección del gobernador, no limitar su poder.

Fuente: La Nación

El vehículo que conducía Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue detenido en el peaje Dock Sud en Avellaneda por la División de Control de Alcoholemia en la madrugada del domingo pasado. Ni el auto ni el conductor habrían estado en las mejores condiciones. El rodado, que pertenece al Poder Ejecutivo provincial, cargaba con 137 multas, 86 de ellas en la Capital Federal, por un monto aproximado al millón y medio de pesos. El conductor prefirió firmar el acta de infracción luego de negarse al control de alcoholemia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó oficialmente lo ocurrido y reportó que la licencia digital de Bianco quedó inhabilitada tras resistirse a la fiscalización. En una situación absolutamente anómala, no se le retuvo el vehículo, como hubiera correspondido. No solo eso, sino que, según detalla el comunicado, “al no contar con conductor alternativo, un funcionario de Aubasa lo trasladó hasta a su domicilio”. Un verdadero servicio vip para quien, lejos de brillar por su ejemplaridad, produce un inconmensurable daño a una sociedad que busca denodadamente reducir la siniestralidad vial controlando el alcoholismo. Podríamos también preguntarnos si el servicio brindado por Aubasa a un superior habrá contemplado el envío de un segundo auto de la dependencia para que el conductor responsable que lo asistió pudiera volver al peaje. Indignante.

En declaraciones a varios medios luego de difundirse lo ocurrido, Bianco afirmó: “Me negué porque me estaban filmando… Yo no sé qué van a hacer con la filmación”. En su afán por explicar lo inexplicable, agregó que pudo haber evadido el retén parando antes, claro está que no tenía forma de salir de la encerrona en ese lugar en particular. Con total desfachatez, había argumentado: “No tengo nada que ocultar, pero, en estas condiciones, yo no lo hago”. Quien no solo debería respetar a rajatabla las normas demostró también su ignorancia sobre ellas al afirmar que “la ley establece que uno puede hacer o no el control” y, jactándose de que no se movió ni un centímetro de lo que establece la ley de control de tránsito, justificó su accionar diciendo: “Ni antes ni durante ni después hice nada para evadir el control. Hagan el acta como corresponde”. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Alguien puede creer que recibirá las sanciones que le corresponden por su accionar?

El mensaje es gravísimo. Cabe preguntarse quién es Bianco para pretender eludir un control. Llega al punto de tergiversar las normas vigentes pretendiendo convertirlas en un traje a medida y sembrando una peligrosa confusión. Claro está que si evitó el test habrá sido porque había consumido alcohol. No se explicaría de otro modo su negativa. En todo caso, un registro fílmico de su disposición a la prueba y un resultado en regla lo hubiera favorecido, no así la comprobación de que tenía vaya a saber cuánto alcohol en sangre en una provincia con tolerancia cero, que fue lo que indudablemente buscó evitar.

Los ciudadanos de bien no debemos seguir naturalizando estos comportamientos de quienes se creen exentos de cumplir las normas que rigen para el común de los mortales, apalancándose en sus fueros y privilegios en lugar de mostrar ejemplaridad y disposición al servicio público. El gobernador Axel Kicillof, quien no deja de mostrar su apoyo a personajes como Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual, debería despedir a Bianco sin más demoras. En un año electoral, flaco favor le hacen estos personajes en su cohorte. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Fuente: La Nación