Categoría: Entrevistas

Cuando el voto ungió a Javier Milei como presidente de la Nación, fue para detener la caída libre de la Argentina hacia un vacío institucional y modificar, de manera radical, el rumbo impuesto por el kirchnerismo en materia económica y de seguridad.

Esa herencia debe ser recordada, una y otra vez. La carencia de moneda, el espiral inflacionario, la pobreza devastadora, la falta de inversiones, la crisis energética, la ruptura del tejido social, el ausentismo escolar, la expansión de las drogas, la violencia callejera, los conflictos familiares y, en la cima del poder, la corrupción generalizada.

Lo sorprendente fue, que tras 80 años de ignorar las bases de nuestra sabia Constitución mediante una expansión del Estado que disoció los incentivos que impulsan la prosperidad, la población fue capaz de hacer un diagnóstico correcto y reclamar, con su voto, el regreso a los principios que premian el mérito, compensan el esfuerzo y castigan los ilícitos. Sin embargo, Milei, con su estilo agresivo y desbordado, no la ha hecho fácil a quienes apoyan su programa de cambios. Sus consignas de odiar al periodismo y despreciar a los “ñoños republicanos” quizás convoquen a sus militantes, pero abren flancos innecesarios en una gesta de transformación titánica que debería ganar adeptos, no enajenarlos.

Transformar la Argentina exige reconstruir su reputación, dañada por décadas. Ello implica señales de firme convicción política de no volver atrás y recrear seguridad jurídica ante el riesgo de expropiación del ahorro, cambio de reglas de juego y múltiples formas de burlarse de quienes exponen aquí sus capitales. El reciente rechazo de la “ficha limpia” en el Senado es una señal pésima que muestra la subsistencia del mismo espíritu que aplaudió el default en 2001, que expropió las AFJP en 2008 y las acciones de YPF en 2012.

La transformación del pais es una gesta colosal pues se deben enfrentar intereses de gran magnitud, tanto en el sector estatal (nación, provincias, municipios, entes públicos), como en la órbita sindical y el sector privado. Basta levantar una baldosa, correr un telón o leer letras chicas para encontrar desvíos fabulosos de recursos hacia quienes se apropian del esfuerzo colectivo sin crear valor para el conjunto con el argumento de “dar empleo”. Esos montos son el “costo argentino” reflejado en la presión tributaria, el costo laboral, la industria del juicio, los aranceles profesionales, los precios de sectores protegidos y tantas otras mochilas que agobian a quienes están expuestos al mercado internacional, “atrasando” su tipo de cambio y demorando la ansiada recuperación. Para aligerar esa carga son indispensables mejoras de productividad que requieren, a su vez, decisiones políticas para limpiar baldosas, suprimir telones y borrar letras chicas. En esa tarea se encuentra Federico Sturzenegger, pero se enfrenta con obstáculos en el Congreso, en los sindicatos, en las provincias y en jueces que lo frenan con amparos como si fuesen legisladores.

Las consignas de odio a los periodistas y desprecio a los “ñoños republicanos” quizás convoquen a los militantes de Milei, pero abren flancos innecesarios en una gesta de transformación titánica que debería ganar adeptos

Durante los cuatro mandatos kirchneristas el gasto público consolidado pasó del 30% a casi el 50% del PBI. Todo eso hay que pagarlo, es costo argentino. La increíble cantidad de 3 millones de empleados públicos provinciales refleja la perversidad del sistema de coparticipación, pues son votos cautivos para gobernadores que no necesitan recaudar en sus patrias chicas para abonarles los sueldos.

En materia jubilatoria la proporción entre aportantes y beneficiarios debería ser de 4 a 1 y no de 1.4 a 1, ecuación insostenible que gravita de forma dramática sobre el gasto público. Todos saben que la solución transita por crear condiciones para incrementar el empleo regular acompañado de una reforma jubilatoria. Pero ello implica enfrentar el poder sindical y el populismo facilista, que también son votos. Ni qué hablar de las obras sociales que aportan a los gremios una facturación semejante a YPF y cuyo destino final jamás es auditado. Sus dirigentes compran inmuebles, hacen refacciones y contratan servicios con empresas amigas, inflando precios para obtener retornos sabiendo que su poder los hace impunes. ¿De dónde sale esa plata? De los aportes compulsivos que encarecen el empleo y que también son costo argentino.

Otro ejemplo al azar: los abogados que defendieron a los imputados en la causa Vialidad reclaman unos 30 millones de dólares de honorarios. En la Argentina parece natural que las profesiones sean retribuidas sobre la base de un porcentual de los valores en juego y no ponderando el trabajo realizado, como ocurre con el resto de los mortales que no están colegiados. Esa deformación medieval también afecta a las ART, desfondadas por pericias médicas fraudulentas retribuidas con escalas porcentuales, y daña otras actividades como los ferrocarriles, expuestas a demandas “armadas” en colusión entre funcionarios y peritos (como el recordado caso del juez Nicosia). Todo ello se sabe y con todo ello se convive. El costo argentino no se toca.

El justificado rechazo a las actitudes de Milei no debe servir para continuar preservando esas distorsiones por acción u omisión, confundiendo la paja con el trigo. Senadores y diputados mantienen diálogos, establecen alianzas, acomodan posiciones, devuelven favores, pactan ausencias y acuerdan votos para temas propios del juego político, pero no muestran igual interés por enderezar las vigas maestras de nuestra estructura institucional. Distraídos con sus esgrimas de salón olvidan la responsabilidad que les cabe para hacer sustentables las reformas pendientes e ineludibles. Es su deber ético para lograr un país con menos beneficiarios de privilegios y más oportunidades para la gente común.

La Argentina no nació ayer. Debe reconstruir su dañada reputación. Con dos hiperinflaciones, nueve defaults y 13 ceros menos al peso, la construcción de confianza es esencial para salir de la crisis. En la coyuntura actual, hay una sola puerta para salir del círculo vicioso. En su dintel dice: seguridad jurídica, moneda estable, equilibrio fiscal, Estado reencauzado, orden colectivo, productividad y honradez en la gestión de lo público.

Fuente: La Nación

Otra vez el cónclave nos ha deparado una sorpresa. El nuevo pontífice no figuraba en los primeros lugares entre los favoritos según la prensa especializada. La chimenea con humo blanco y las alegres campanas de toda Roma fueron anticipando la gran noticia: Habemus papam, ante la emoción de muchas personas congregadas en la Plaza. Robert Francis Prevost eligió significativamente el nombre de León XIV (una reivindicación del comienzo de la doctrina social católica a finales del siglo XIX). Se dirigió desde el balcón mayor de la Basílica de San Pedro, habló en italiano y en español con inusitada perfección en ambas lenguas y con una plácida sonrisa, la mirada atenta y conmovida, los modales contenidos, dedicó un saludo amistoso con los dos brazos. Fueron otras reconfortantes sorpresas. Este papa estadounidense, nacionalizado peruano, rezó por la paz con sus primeras palabras, recordó muy especialmente a su predecesor argentino y dejó la impresión de una delicada firmeza.

Además de superior general de los agustinos –orden mendicante que recoge la tradición monástica de Agustín de Hipona, figura brillante entre los Padres de la Iglesia–, fue obispo en una de las diócesis más necesitadas del norte de Perú y prefecto del dicasterio para los obispos en la curia vaticana, lo cual lo ubicó, por decisión de Francisco, en un cargo fundamental para la selección de nuevos obispos y, consecuentemente, para el conocimiento directo de la jerarquía de la Iglesia Católica en el mundo. Fue presidente de la pontificia comisión para América Latina y estudió Ciencias Exactas, Filosofía, Teología y Derecho, en diferentes momentos de su formación. Es decir, que reúne una larga experiencia intelectual, pastoral y misionera, la pertenencia a una comunidad religiosa tradicional, el conocimiento directo del laicado y una marcada sensibilidad social. Esto último puede apreciarse en su dedicación a los migrantes y a las poblaciones más humildes. Él mismo ha referido en algunas entrevistas que si bien sus padres eran norteamericanos, provenían de familias de inmigrantes, tanto francesas como españolas. Por eso, sostenía que como cristianos y como americanos teníamos que ser abiertos con los migrantes y saber darles acogida.

Si Robert Prevost supo aunar tantos votos en el Cónclave significa que los prelados de mayor tendencia reformista y los representantes del ancho medio moderado superaron con creces al sector más conservador, encontrando en él a un creíble mediador, capaz de limar asperezas y enfrentamientos

Con Bergoglio coincide en muchas cosas. Ambos eran del criterio de escuchar más que de hablar y de acompañar a las personas concretas en sus dificultades existenciales. Los dos, predicadores de la paz y de la convivencia justa entre las naciones. Ambos querían la protección de la naturaleza, la “casa común”, la concepción misionera de la Iglesia y la irrenunciable defensa de los derechos humanos. Los duros posicionamientos del nuevo papa –a quien sus feligreses llamaban simplemente Roberto, sin otros apelativos– con el expresidente Alberto Fujimori pueden ilustrar este tema.

Los testimonios que llegan de personas que lo han tratado durante largo tiempo en Perú, en su paso por la Argentina y en otros países del continente, o finalmente en Roma, coinciden en la admiración y el aprecio profundo por su cercanía en el trato, su claridad conceptual y su abierta disponibilidad al servicio.

En Perú lo recuerdan visitando, a veces a caballo, a sus comunidades más aisladas, ayudando embarrado a los que sufrían inundaciones y penurias, así como también amante de los deportes y de los encuentros directos con la gente.

¿Cuál será el futuro de la Iglesia con él? Ese interrogante sería materia de profecía. Por el momento, en diferentes episcopados y entre la gente, tanto católica como no, se ha despertado una ola de empatía. Pareciera ser el mejor candidato que el colegio cardenalicio podía elegir: no es europeo. En principio, pertenece al hemisferio norte, aunque con un hondo arraigo en América Latina. Como norteamericano tendrá que vérselas con el más que sorprendido presidente Donald Trump, que no es de su simpatía. Conviene recordar que la Iglesia de ese país junto con la alemana constituyen los principales aportes económicos a la comunidad católica universal, lo cual cobra importancia ante las deficitarias cuentas pontificias.

León XIV podría ser definido sucintamente como un sacerdote de experiencia pastoral real y profunda, con una mirada misionera. Si supo aunar tantos votos en el cónclave significa que los prelados de mayor tendencia reformista y los representantes del ancho medio moderado superaron con creces al sector más conservador, encontrando en él a un creíble mediador, capaz de limar asperezas y enfrentamientos.

Fuente: La Nación

El Congreso ha consagrado anteanoche el mensaje que sobrevuela desde hace mucho tiempo las bancas legislativas: no importa si un dirigente es corrupto. Siempre tendrá un escaño disponible o un cargo público en la administración nacional desde donde valerse forzadamente de fueros concebidos para otro fin, con tal de que no lo alcance la Justicia. Ha quedado claro que la honestidad no es un valor para buena parte de la dirigencia política.

Los números lo atestiguan: 136 diputados y senadores del total de 329 miembros del Congreso votaron en contra de la ficha limpia o se abstuvieron y terminaron celebrando de viva voz que los delincuentes doblemente condenados en la Argentina puedan participar de comicios, dictar leyes y adoptar decisiones que regirán la vida de todos.

El kirchnerismo en su conjunto se abroqueló en el Senado en defensa de su jefa política con el falso argumento de que se trataba de un intento de proscribir a quien, como Cristina Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en dos instancias judiciales en la causa Vialidad. La resolución de la Cámara de Casación que le confirmó esa condena para ejercer la función pública es de por sí una sentencia firme por más que aún reste el pronunciamiento de la Corte, pues el superior tribunal de la República no es una instancia más, como si fuera una tercera, sino el último garante de las declaraciones, derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación.

El kirchnerismo en su conjunto se abroqueló en el Senado en defensa de su jefa política con el falso argumento de que se trataba de un intento de proscribir a quien, como Cristina Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos

A ese bloque encubridor se le sumaron los votos de dos senadores que hasta minutos antes de la sesión declaraban públicamente que apoyaban la sanción de la ley. Los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social, partieron raudos y en silencio tras la sesión luego de su escandalosa voltereta. Ayer se especulaba con que fueron funcionales al gobierno nacional, al que se le adjudica haberlos presionado para que fracasara la ley presentada por el propio Poder Ejecutivo tras haber protagonizado idas y venidas que no hicieron más que generar dudas sobre la consistencia de su impulso y la certeza de su convicción.

Pudieron haber dado un primer paso hacia la transparencia y dejado para más adelante el perfeccionamiento de la norma, como reclamaban algunos legisladores, pero jugaron a todo o nada. Y se impuso la nada, el statu quo, el permiso para que los delincuentes puedan aspirar a obtener una banca y, desde ella, arremeter desvergonzadamente con ampulosas clases de moral, ética y civismo, condiciones de las que claramente carecen.

Quienes impulsan y defienden la sanción de la ley de ficha limpia deberán esperar hasta el año que viene para volver a presentar en el Congreso proyectos en la materia. Al ser rechazado, el tema no puede ser vuelto a considerar en las sesiones del año parlamentario en curso. Sería deseable que en todo ese tiempo se trabaje para apuntalarla y no se use este fracaso como chicana electoral en ninguna campaña política con vistas a los comicios venideros. Los más cercanos son los de Salta, Chaco, Jujuy y San Luis, el próximo domingo, y los porteños del 18 del corriente mes, cuando se elegirán en esta ciudad 30 diputados para renovar la mitad de la Legislatura que, como todo cuerpo deliberante local, se aboca, entre otros muchos temas, al tratamiento de leyes y resoluciones sobre salud, educación y seguridad; sobre materia fiscal, tributaria, de empleo, de ambiente, promoción y seguridad sociales, y obras y servicios públicos. Temas por los que reclaman los ciudadanos del distrito y sobre los que poco o nada han dicho hasta ahora los candidatos de las 17 listas que competirán, enfrascados como están en la pugna partidaria y los enconos personales.

Son también llamativos los excesos de protagonismos que el naufragio de la ley de ficha limpia está provocando entre quienes la apoyaron. Parecería que importa más el quién y el cómo que el qué. Y ese es otro de los pecados de la política de estos tiempos: la prevalencia de un exacerbado y dañino individualismo, alejado de los problemas que atañen a la gente.

Los que hicieron fracasar la ley se abrazan y festejan. Los que la apoyaron se pasan facturas. Ya mismo deberían estar trabajando en cómo evitar que al Congreso se lo siga asociando con un aguantaderacióno. Nueve años se estuvo dilatando el debate de ficha limpia. Eso dice mucho más que la sesión de anteayer en la que volvió a consagrarse la “ficha delictiva”. Sin voluntad política, gana la corrupción.

Fuente: La Nación

Transcurridos ya nueve años desde que el Poder Judicial comenzó a investigar el llamado caso Oil, la sociedad argentina todavía espera una respuesta definitiva sobre las maniobras que desarrollaron el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera Oil Combustibles, integrante del Grupo Indalo.

Casi una década ha pasado ya desde que Elisa Carrió radicó la fundada denuncia penal y el expediente recorrió todo el espinel judicial: primera instancia, cámara de apelaciones, Cámara de Casación, tribunal oral y hasta la Corte Suprema, para luego retornar a Casación. Decenas de técnicos, abogados, jueces, peritos, fiscales, camaristas y cortesanos han dedicado incontables horas al caso, que, por momentos, parece un remedo del cuento de la buena pipa de la impunidad. Un cuento interminable que termina por agotar a todos.

¿Dónde estamos hoy? La explicación debe dividirse en dos partes. La primera se centra en Echegaray. El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. Contra esa decisión, sus abogados presentaron un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Rechazados también sus recursos de nulidad, la defensa planteó entonces un recurso extraordinario federal para llevar sus argumentos a la Corte Suprema, pero también fue declarado inadmisible por la Casación. Eso los llevó a acudir en queja al máximo tribunal, que la desestimó porque no se dirigió contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Hoy, sin embargo, la condena impuesta a Echegaray todavía no comenzó a ejecutarse. El extitular de la AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tiene un abanico de recursos por plantear antes de que la Corte dicte de una buena vez su sentencia definitiva.

La Corte concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”

Distinto es el recorrido tribunalicio de los patagónicos López y De Sousa. Absueltos estos en el juicio oral en un fallo dividido y luego por la Cámara Federal de Casación, también en una decisión dividida, el valiente fiscal Mario Villar recurrió a la Corte en un intento por corregir el escándalo jurídico. ¿Cuál? El de encontrarnos con un funcionario que fue condenado por administrar fraudulentamente la cosa pública en beneficio de terceros, pero esos terceros resultaron absueltos.

Por unanimidad, la Corte Suprema le dio la razón a Villar y le ordenó a la Casación que dictara un nuevo fallo. Concluyó que la absolución de López y De Sousa era “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”. Es decir que quienes absolvieron a los dueños del Grupo Indalo no desarrollaron un análisis panorámico, completo e integral de todas las evidencias en el expediente que los incriminan.

Con ese fallo, la Corte asumió como propios los argumentos del fiscal Villar y de quien lidera la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Ambos sostuvieron que la absolución de López y De Sousa se basó en un análisis de las evidencias “de manera individual, aislada y fuera de contexto”, soslayando la “visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables”.

Devuelto el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, otra sala debió emitir un nuevo fallo que siguiera los lineamientos que trazó el máximo tribunal. Pero la sociedad argentina se topó con otra fase del cuento de la buena pipa en febrero de este año. Con la firma de los camaristas Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, la Casación desoyó a la Corte y volvió a absolver a López y De Sousa, con la sana disidencia de Guillermo Yacobucci.

Como era de esperar, el fiscal Villar volvió a apelar ante la Corte Suprema, que deberá fijar, otra vez, su posición en el caso Oil. Esto podría demorar semanas, meses o incluso años. El cuento de la buena pipa, para beneficio de pocos, desgaste de muchos y la desazón de la comunidad, que espera que, algún día, al fin se imparta Justicia.

Fuente: La Nación

Hoy será un día clave para que los ciudadanos sepamos si nuestros legisladores están dispuestos a prohibir que condenados en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar cargos en la administración pública nacional. Lo que en muchos países podría sonar ridículo, pues no se concibe que a alguien con prontuario doblemente confirmado por la Justicia se le ocurra ser candidato, entre otros como el nuestro se necesita una norma específica: la ley de ficha limpia. Es que se ha convertido en una pésima costumbre, en una anomalía largamente aceptada, el hecho de que se usen esos cargos públicos para ampararse en fueros que jamás fueron pensados para actuar como paraguas de delitos.

Hoy son los senadores quienes tienen la palabra. Se necesitan 37 de ellos para conformar el quorum e igual número para convertir en ley la sanción previa de la Cámara de Diputados. Hasta anoche, el oficialismo daba por descontado que obtendría esa cantidad de avales. De concretarse la sesión, quedará claramente establecido quiénes avalan la corrupción y quiénes no en el Congreso.

Al momento de tratarse la ley de ficha limpia en Diputados, 144 legisladores votaron afirmativamente para que nunca más un doblemente condenado por corrupción integre listas de candidatos para cargos nacionales. Otros 98 votaron en contra y hubo dos abstenciones. El kirchnerismo y sectores de izquierda rechazan esta ley montados en la falsa premisa de que apunta a proscribir a Cristina Kirchner impidiéndole ser candidata en virtud de la doble condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad.

No alcanza con declarar la voluntad de impedir que corruptos sean legisladores u ocupen cargos en la administración pública nacional: hay que demostrarlo

En las últimas semanas, trascendió que la expresidenta analiza presentarse como aspirante a legisladora bonaerense, un distrito que no cuenta con una ley de este tipo y que debería sancionarla, como ya lo hicieron ocho provincias que rechazan candidatos con groseros antecedentes penales.

Todas las miradas para la sesión de hoy se posaban ayer sobre los senadores nacionales de La Libertad Avanza. El líder de esa bancada, Ezequiel Atauche, confirmó que su sector dará quorum y que sumará sus votos para la sanción de la ley. Su ratificación, sin embargo, no garantiza que se logre el objetivo propuesto. No alcanza con declarar la voluntad de hacer algo; se necesita demostrarlo.

Cuando la ley se debatía en Diputados, fue el bloque oficialista el que difirió la sanción de este proyecto, que ya lleva más de nueve años de presentado. Falta de quorum, reticencia a suscribir dictámenes, caídas de sesiones especiales, sospechas de toma y daca y un sinfín de trabas de lo más diversas se fueron sumando para impedir que avanzara. A lo largo de todo ese tiempo se presentaron sucesivos proyectos en la materia. Todos terminaron bloqueados o cajoneados.

Seguir difiriendo un tema tan importante como la ley de ficha limpia será la consagración de la impunidad con que ya cuentan quienes se amparan forzadamente en los fueros para evitar ir presos

En las últimas semanas en que la iniciativa estaba presta a ser debatida en el recinto, su tratamiento fue abortado, una vez como consecuencia de la caída de los pliegos de jueces para la Corte y en otra oportunidad, por la muerte del papa Francisco. ¿Será la vencida esta tercera oportunidad?

Ayer se especulaba con que podía introducírsele algún cambio a la sanción de Diputados. De ocurrir eso, el mecanismo de revisión del proceso sancionatorio de las leyes mandaría el tema nuevamente a la Cámara baja, donde los diputados podrían aceptar las modificaciones o insistir en su sanción original, para lo cual necesitan de la misma mayoría con que el Senado la apruebe. Eso alargaría nuevamente los tiempos en un tema sobre el que no debería haber ni una sola duda. Corruptos sí o corruptos no. Así de simple.

Fuente: La Nación

El Poder Ejecutivo Nacional dictó recientemente el decreto 286/2025, por el que dispone el inicio de la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), de propiedad del Estado. Se trata de uno de los casos que quedó en la nómina de empresas por privatizar establecida en la Ley Bases luego de la ralea que fue necesaria para obtener la mayoría parlamentaria requerida para su sanción.

Enarsa fue creada en 2004 por una ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Buscaba constituirse en un instrumento facilitador del avance del Estado en el área energética. La enorme amplitud del objeto de la nueva empresa detallado en aquella ley daba clara cuenta de aquella intención. Expresaba que Enarsa podría “llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, exportarlos, y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Asimismo, podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica.

Ya entonces la pérdida del abastecimiento exigía importar gas en forma de gas natural licuado (LNG), que era transportado mediante barcos y gasificado para su inyección en la red. Era una operación comercial que no exigía grandes inversiones iniciales, con márgenes manejables para el propio Estado y, por ello, se asumía que no demandaría, sino que generaría fondos. Esto facilitaría la adquisición y reestatización de otras empresas y concesiones. Así ocurrió: Enarsa fue adquiriendo participaciones accionarias que le permitieron constituir un holding energético de gran amplitud. En sociedad al 50% con Pampa Energía participa en Citelec SA, que a su vez es controlante de Transener SA, la empresa que opera la red de alta tensión de 15.408 kilómetros que transporta el 86% de la energía eléctrica consumida en nuestro país. Enarsa posee el control de las empresas concesionarias de dos centrales termoeléctricas y de las cuatro grandes hidroeléctricas del Comahue. Estas últimas pasaron a Enarsa luego de finalizados los períodos de concesión de sus operadores anteriores. Este conjunto de actividades generó pérdidas que debieron ser compensadas con aportes del Tesoro. En el ejercicio de 2023, según el balance, ese aporte alcanzó alrededor de 1,23 billones de pesos. Una parte significativa del déficit fiscal.

El proceso de privatización de Enarsa adopta dos criterios a nuestro juicio acertados. Por un lado, se hará por separado y sucesivamente para cada uno de sus activos. Además, siendo estos activos paquetes accionarios, se venderán, como es usual en estos casos, haciendo oferta pública de ellos en licitaciones abiertas y competitivas. Las condiciones en que operan las empresas cuyas acciones se ofrecen están establecidas en contratos de concesión y marcos regulatorios. En caso de existir acuerdos de accionistas con socios que permanecerán, esto será un dato para los interesados y para la valoración de las acciones que adquirirán. El proceso de venta no interrumpirá la continuidad de la operación y la ejecución de las obras en curso.

Como punto de partida, el decreto 286/2025 dispone la venta del 50% de las acciones de Citelec SA, que son de titularidad de Enarsa. Se hará mediante el procedimiento de concurso público con base. Tendrá alcance nacional e internacional en los términos de la Ley 23.696 y sus modificatorias. Se crea en forma temporaria la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para asistir en esta y en las siguientes ventas y privatizaciones. Tal vez constituya la única decisión observable, ya que existen asesores privados con amplia experiencia en operaciones de este tipo. Es un hecho positivo la puesta en marcha de esta privatización y no debería demorarse la del resto de los activos de Enarsa.

El intenso tránsito en las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires constituye una pesadilla para quienes deben desplazarse diariamente dentro de determinadas franjas horarias. Se estima que 2,5 millones de personas entran y salen de la Capital Federal en un día hábil. Un 26% lo hace en automóviles particulares. Esa proporción es mayor de la que se observa en las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Londres es el 12% aunque la cantidad de automóviles por habitante es mayor que en la Argentina. No ocurre esto por una insuficiencia de la red de medios públicos. El sistema de ómnibus está muy desarrollado y la densidad de líneas ferroviarias y estaciones es comparable a las de las ciudades más importantes de los países desarrollados. El ferrocarril fue justamente el hilo conductor de la urbanización del Gran Buenos Aires. Los puntos de concentración se corresponden con las estaciones. La única explicación sostenible de un uso más intenso del automóvil particular es que los medios públicos alternativos no ofrecen una calidad atractiva en tiempo de viaje, frecuencia, comodidad y seguridad.

Superada la pandemia se percibió un gradual aumento de los horarios de congestión en todas las autopistas de acceso a Buenos Aires. Esto ocurrió a pesar del fuerte impulso que ha tenido el trabajo en casa para las tareas administrativas y profesionales. Tomando el caso del Acceso Norte (la Panamericana), en días hábiles los tiempos de congestión eran de una duración estimada de unos 70 minutos en el pico entrante de la mañana y de similar extensión horaria en el tránsito saliente de la tarde. En feriados se invertían los sentidos de circulación y los horarios de esos picos. Actualmente, las congestiones se observan más prolongadas y los tiempos de viaje en esos períodos y para recorridos de 50 kilómetros exceden las 2 horas o aún más si ocurre algún accidente, lo que se ha hecho lamentablemente frecuente.

Hay una correlación entre el número de accidentes y el aumento de la congestión que no parece llamar a la prudencia, sino lo contrario. Abunda el zigzagueo a alta velocidad de aquellos conductores que necesitan viciosamente adrenalina. Es una práctica también común de motociclistas con altas cilindradas que marchan en grupo avanzando entre los autos a milímetros de cada lado. Lo notable es que no ocurran aún más accidentes. La disponibilidad de cámaras a lo largo de las autopistas debería complementarse con móviles circulando, que detengan a esos conductores antes de que produzcan un accidente. Se ahorrarían vidas como las que hubo que lamentar recientemente de cinco jóvenes que ocupaban un auto circulando a altísima velocidad. Los videos advertían que su destino era inexorable.

Se escuchan propuestas de diverso tipo. Algunas se refieren a disminuir la demanda. Por ejemplo, excluir el acceso de los camiones a las autopistas en horas pico. Es un facilismo que desconoce la importancia económica de la logística y del abastecimiento just in time de insumos industriales. Se propone también aplicar tarifas más altas en horas pico, pero la realidad es que ese sobrecosto ya se produce por el valor del tiempo perdido y por el mayor gasto de combustible. Ya los picos se han achatado y por eso se ampliaron los horarios de congestión. La otra propuesta es ensanchar las actuales autopistas o construir otras nuevas. El ensanche es naturalmente concebible, aunque encuentra limitaciones técnicas y operativas. Por razones de seguridad no se recomienda construir autopistas de más de cuatro carriles por cada calzada. En sus tramos críticos el Acceso Norte ya tiene seis; el Acceso Oeste, cuatro; la autopista a La Plata, cuatro; la Riccheri, tres, y la General Paz, cuatro. La ampliación de la luz de los puentes y el corrimiento de accesos manteniendo abierto al tránsito es de enorme dificultad.

La alternativa de construcción de nuevas autopistas lleva el análisis a un contexto más amplio, en el que entran en consideración los sistemas de transporte masivos guiados. Para grandes volúmenes surge la ventaja comparativa del ferrocarril por el menor uso de la valiosa superficie urbana por cada pasajero transportado. Además aporta más velocidad y menor contaminación. La cuestión se resuelve por la medición y comparación de beneficios y costos de cada alternativa. La experiencia internacional ha dado su respuesta: superada la capacidad de la red existente de autopistas se continúa con sistemas electrificados guiados, ya sea en superficie, túnel o viaducto. Estos sistemas toman con ventaja los tráficos en los tramos cercanos al centro urbano en un radio de entre 40 a 60 kilómetros. Reciben en sus extremos alejados a aquellos que llegan en bus o con su automóvil para dejarlo estacionado (park and ride) o son arrimados por otro o por su pareja (kiss and ride). Las condiciones para que los automovilistas opten por el transbordo son varias: que encuentren frecuencia que minimice la espera; que el tiempo de viaje sea igual o menor que el que demandaría la autopista libre; que sea confortable y seguro; que la tarifa y el costo del estacionamiento no superen el que demandaría llegar por la autopista congestionada. Estas condiciones no se cumplen actualmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Hubo un intento privado de estacionamiento junto a la estación Cecilia Grierson del ferrocarril Belgrano Norte, con acceso del ramal a Pilar del Acceso Norte. La construcción del estacionamiento no pudo terminarse al comprobarse irregularidades en la financiación del grupo inversor. La estructura quedó en manos del municipio de Pilar y es empleada para otros fines.

Queda claro que es esencial una mejora sustancial de la red ferroviaria del AMBA y que solo de esa forma será posible derivar tránsito a las líneas férreas metropolitanas y descongestionar las autopistas con un menor costo para el Estado y para la comunidad. El Gobierno se ha propuesto que estas inversiones no demanden fondos presupuestarios. Es un desafío cumplible, pero que requiere una adecuada planificación y la coordinación de inversiones cuyas rentabilidades se condicionan mutuamente.

Fuente: La Nación

Si bien durante 2024 se rompió el récord de elecciones en un mismo año calendario –casi la mitad de la población mundial debió dirigirse a las urnas– el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista The Economist registró un retroceso en la calidad democrática del mundo. Este alcanzó el nivel más bajo desde su creación, en 2006: la puntuación promedio cayó de 5,23 en 2023 a 5,17, reflejando una preocupante tendencia global de estancamiento o reversión democrática.

Cada año, The Economist Intelligence Unit mide el estado de la democracia en el mundo y clasifica a los países en función de cinco categorías: proceso electoral y electoralismo, funcionamiento gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles. Además, divide a los Estados analizados en cuatro tipos de regímenes según su nota global: democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario.

Según el informe, el 45% de la población mundial vivió en democracia durante el año pasado, mientras que el 39% estaba bajo un régimen autoritario y un 15%, en sistemas híbridos que combinan elementos democráticos con tendencias autoritarias. Solamente 25 países fueron considerados democracias plenas, mientras que 46 quedaron en la categoría de democracias imperfectas.

Los países mejor posicionados en el ranking, en orden descendente, fueron Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo, con Nueva Zelanda como el único no europeo en el top 10. En el extremo opuesto, Afganistán se mantiene como el peor calificado, seguido por Myanmar, Corea del Norte, la República Centroafricana, Siria, Sudán, Turkmenistán, Laos, Tayikistán y Chad.

En América Latina, de los 24 países de la región incluidos en el índice, 17 obtuvieron una puntuación peor que el año anterior (encabezados por Jamaica, Colombia y Brasil), y otros cinco la mejoraron, liderados por República Dominicana y México, mientras que dos permanecieron igual. Los únicos dos países catalogados como democracias plenas de América Latina fueron Uruguay, en el puesto 15 (con una puntuación de 8,67) y Costa Rica, en el 18 (8,29), tras perder los dos una posición con respecto a 2023.

La Argentina fue incluida en la lista de los países con democracias imperfectas o defectuosas obteniendo una puntuación de 6,51. Tras el primer año del gobierno de Javier Milei, el país se mantuvo en la misma posición que el índice de 2023. El informe señaló la postura confrontativa del Gobierno con los medios de comunicación y la oposición, y destacó las mejoras en la protección de la propiedad privada.

El retroceso registrado en 2024 no fue impulsado por más democracias, sino por un deterioro de los regímenes autoritarios cuya puntuación promedio siguió cayendo. En lugar de responder a las aspiraciones populares con reformas democráticas, los líderes autocráticos refuerzan su control y reprimen con mayor dureza cualquier forma de disidencia. Estos regímenes no solo intensifican sus tácticas represivas de manera individual, sino que también aprenden unos de otros, intercambiando estrategias para afianzar su poder y neutralizar la oposición.

El informe señala que el sistema de partidos no logra representar adecuadamente las demandas de una población cada vez más polarizada, lo que crea un terreno fértil para el auge del populismo, tanto de derecha como de izquierda, con discursos antiestablishment. Además, destaca que las alianzas bilaterales y multilaterales de los autoritarios para conseguir sus fines han ido consolidándose de manera cada vez más evidente en el mundo, produciéndose una escisión crecientemente preocupante entre las democracias y el autoritarismo.

La democracia en el mundo enfrenta importantes obstáculos y no menores interrogantes que la ponen en jaque como pocas veces en su historia, en gran medida debido a que los partidos políticos democráticos, de principios republicanos, no son capaces de atraer a los votantes, a menudo por la ascensión de sectores populistas. La participación activa y comprometida de la ciudadanía en defensa de los valores democráticos es fundamental para detener y erradicar los avances totalitarios.

Fuente: La Nación

El intenso tránsito en las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires constituye una pesadilla para quienes deben desplazarse diariamente dentro de determinadas franjas horarias. Se estima que 2,5 millones de personas entran y salen de la Capital Federal en un día hábil. Un 26% lo hace en automóviles particulares. Esa proporción es mayor de la que se observa en las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Londres es el 12% aunque la cantidad de automóviles por habitante es mayor que en la Argentina. No ocurre esto por una insuficiencia de la red de medios públicos. El sistema de ómnibus está muy desarrollado y la densidad de líneas ferroviarias y estaciones es comparable a las de las ciudades más importantes de los países desarrollados. El ferrocarril fue justamente el hilo conductor de la urbanización del Gran Buenos Aires. Los puntos de concentración se corresponden con las estaciones. La única explicación sostenible de un uso más intenso del automóvil particular es que los medios públicos alternativos no ofrecen una calidad atractiva en tiempo de viaje, frecuencia, comodidad y seguridad.

Superada la pandemia se percibió un gradual aumento de los horarios de congestión en todas las autopistas de acceso a Buenos Aires. Esto ocurrió a pesar del fuerte impulso que ha tenido el trabajo en casa para las tareas administrativas y profesionales. Tomando el caso del Acceso Norte (la Panamericana), en días hábiles los tiempos de congestión eran de una duración estimada de unos 70 minutos en el pico entrante de la mañana y de similar extensión horaria en el tránsito saliente de la tarde. En feriados se invertían los sentidos de circulación y los horarios de esos picos. Actualmente, las congestiones se observan más prolongadas y los tiempos de viaje en esos períodos y para recorridos de 50 kilómetros exceden las 2 horas o aún más si ocurre algún accidente, lo que se ha hecho lamentablemente frecuente.

Hay una correlación entre el número de accidentes y el aumento de la congestión que no parece llamar a la prudencia, sino lo contrario. Abunda el zigzagueo a alta velocidad de aquellos conductores que necesitan viciosamente adrenalina. Es una práctica también común de motociclistas con altas cilindradas que marchan en grupo avanzando entre los autos a milímetros de cada lado. Lo notable es que no ocurran aún más accidentes. La disponibilidad de cámaras a lo largo de las autopistas debería complementarse con móviles circulando, que detengan a esos conductores antes de que produzcan un accidente. Se ahorrarían vidas como las que hubo que lamentar recientemente de cinco jóvenes que ocupaban un auto circulando a altísima velocidad. Los videos advertían que su destino era inexorable.

Se escuchan propuestas de diverso tipo. Algunas se refieren a disminuir la demanda. Por ejemplo, excluir el acceso de los camiones a las autopistas en horas pico. Es un facilismo que desconoce la importancia económica de la logística y del abastecimiento just in time de insumos industriales. Se propone también aplicar tarifas más altas en horas pico, pero la realidad es que ese sobrecosto ya se produce por el valor del tiempo perdido y por el mayor gasto de combustible. Ya los picos se han achatado y por eso se ampliaron los horarios de congestión. La otra propuesta es ensanchar las actuales autopistas o construir otras nuevas. El ensanche es naturalmente concebible, aunque encuentra limitaciones técnicas y operativas. Por razones de seguridad no se recomienda construir autopistas de más de cuatro carriles por cada calzada. En sus tramos críticos el Acceso Norte ya tiene seis; el Acceso Oeste, cuatro; la autopista a La Plata, cuatro; la Riccheri, tres, y la General Paz, cuatro. La ampliación de la luz de los puentes y el corrimiento de accesos manteniendo abierto al tránsito es de enorme dificultad.

La alternativa de construcción de nuevas autopistas lleva el análisis a un contexto más amplio, en el que entran en consideración los sistemas de transporte masivos guiados. Para grandes volúmenes surge la ventaja comparativa del ferrocarril por el menor uso de la valiosa superficie urbana por cada pasajero transportado. Además aporta más velocidad y menor contaminación. La cuestión se resuelve por la medición y comparación de beneficios y costos de cada alternativa. La experiencia internacional ha dado su respuesta: superada la capacidad de la red existente de autopistas se continúa con sistemas electrificados guiados, ya sea en superficie, túnel o viaducto. Estos sistemas toman con ventaja los tráficos en los tramos cercanos al centro urbano en un radio de entre 40 a 60 kilómetros. Reciben en sus extremos alejados a aquellos que llegan en bus o con su automóvil para dejarlo estacionado (park and ride) o son arrimados por otro o por su pareja (kiss and ride). Las condiciones para que los automovilistas opten por el transbordo son varias: que encuentren frecuencia que minimice la espera; que el tiempo de viaje sea igual o menor que el que demandaría la autopista libre; que sea confortable y seguro; que la tarifa y el costo del estacionamiento no superen el que demandaría llegar por la autopista congestionada. Estas condiciones no se cumplen actualmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Hubo un intento privado de estacionamiento junto a la estación Cecilia Grierson del ferrocarril Belgrano Norte, con acceso del ramal a Pilar del Acceso Norte. La construcción del estacionamiento no pudo terminarse al comprobarse irregularidades en la financiación del grupo inversor. La estructura quedó en manos del municipio de Pilar y es empleada para otros fines.

Queda claro que es esencial una mejora sustancial de la red ferroviaria del AMBA y que solo de esa forma será posible derivar tránsito a las líneas férreas metropolitanas y descongestionar las autopistas con un menor costo para el Estado y para la comunidad. El Gobierno se ha propuesto que estas inversiones no demanden fondos presupuestarios. Es un desafío cumplible, pero que requiere una adecuada planificación y la coordinación de inversiones cuyas rentabilidades se condicionan mutuamente.

Fuente: La Nación

Dentro de la enorme cantidad de temas que conforman la agenda legislativa bonaerense y que se encuentran pendientes de resolución, un extendido grupo de legisladores ha decidido preocuparse y ocuparse por uno que grafica cabalmente cuál es su principal misión en la esfera política: atornillarse en el cargo.

Así lo demuestra el proyecto del kirchnerismo, que aspira a su pronta sanción, por el que se dispone la habilitación de las reelecciones indefinidas para senadores y diputados provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Desde hace ya varios meses que ese tema ronda los despachos legislativos: la idea primigenia fue que se habilitara conjuntamente la reelección indefinida para los intendentes bonaerenses, pero esta “batalla”, tal como la definieron varios de los alcaldes de casi todos los partidos, será dejada para más adelante por dos razones claves: la primera, porque el mandato de los intendentes vence recién en 2027. La segunda –y no menos importante ya que es la que ha venido trabando el avance de las negociaciones–, porque los chispazos internos en el peronismo provincial no auguran una rápida definición del tema en beneficio de los intendentes peronistas y del resto de alcaldes de otros partidos que se verían beneficiados de aprobarse esa reforma.

El apuro de diputados, senadores, concejales y consejeros se explica fundamentalmente en que la fecha de caducidad de sus mandatos se producirá este año y no en 2027. En el caso de los primeros, la normativa actual “afecta” a unos 40 legisladores bonaerenses.

Por cierto, se trata de un debate que viene de lejos y que, en un principio, derivó en una ley que aspiraba poner las cosas en orden, evitando que esos representantes surgidos de elecciones se eternizaran en los cargos. Precisamente, en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal y con el aval de los legisladores que respondían a Sergio Massa, se sancionó una norma que permitía la reelección consecutiva de intendentes, legisladores, concejales y consejeros por una única vez, debiendo dejar pasar un período antes de intentar volver a postularse .

Fue una buena norma que empezó a sufrir improcedentes cambios. Tres años después de sancionada, Vidal la reglamentó mediante un decreto que disponía que esa ley era de aplicación para quienes hubieran ejercido más de dos años “continuados o alternados” del segundo mandato. ¿En qué derivó eso? En que varios intendentes hicieran trampa y tomaran licencia poco antes de cumplir con los últimos cuatro años de gestión para así cortar el segundo mandato. Es decir, ya no entraban en la prohibición y podían volver a candidatearse para un tercero sin que apareciera como tal. Aprovecharon ese lamentable resquicio una veintena de intendentes. Dos años después, los menos pícaros, que por una razón u otra se quedaron fuera de esa vil maniobra, presionaron para que, de alguna manera, ellos también tuvieran una nueva oportunidad. Lamentablemente, lo lograron. La Legislatura modificó el sano espíritu de la ley de 2016 y determinó que los mandatos que se iniciaron como resultados de las elecciones de 2017 y 2019 serían considerados primer período de dos consecutivos. En el caso de los iniciados como producto de las elecciones de 2021, se computarían como primer período solo en el caso que no se hubiera ejercido un mandato anterior.

Es decir, casi un centenar de intendentes que no hubieran podido volver a presentarse en los comicios de 2023 por haber asumido en 2015 volvieron a hacerlo, entre ellos, la mitad de Juntos por el Cambio, un poco menos del Frente de Todos y un puñado de vecinalistas.

Hacia fines del año último, el tema de la reelección indefinida de intendentes, legisladores, concejales y consejeros volvió a estar en el centro del debate entre los poderes Legislativo y Ejecutivo bonaerenses. Axel Kicillof, en sus encontronazos con el kirchnerismo, recibió el apoyo de un importante grupo de intendentes para avanzar en cuestiones de su interés. Eso derivó en que La Cámpora, que si bien ve con buenos ojos las reelecciones indefinidas, recelara del gobernador y, por el momento, pusiera en pausa la arremetida de los jefes comunales. No obstante su apoyo a las re-reelecciones, allegados a Kicillof aseguran que el mandatario no las impulsará en la Legislatura, precisamente por el costo político que ello implica, sino que dejará que sean los propios interesados los que avancen.

La cuestión para los intendentes parecería haber quedado hoy temporalmente en un freezer. Muy distinta es la situación de los legisladores y demás funcionarios que enfrentan elecciones en pocos meses más y están vedados de volver a competir por el mismo cargo, ya que asumieron el primero en 2017. De ahí la maniobra para apurar los tiempos. Fuentes bonaerenses estrechamente ligadas a este vil operativo creen que, si se da el primer paso habilitándolos, se habrá sentado un precedente para que los alcaldes obtengan lo mismo después. Dicho en otras palabras: el interés de perpetuación es fuerte y compartido por muchos bloques y no hay tiempo que perder porque, si no se modifica la ley vigente, a fines de este año indefectiblemente deberán procurarse un trabajo.

Una de las absurdas justificaciones que esgrimen los funcionarios de espíritu perenne es que están siendo proscriptos y que es la ciudadanía en condiciones de votar la que debe definir si merecen seguir o no en el cargo. Son los que reniegan de la sana alternancia electoral porque les quita privilegios que de otro modo no conseguirían y, entre otros muchos aspectos, los que claramente han decidido obturar la posibilidad de participación y crecimiento de nuevos dirigentes y generaciones entendiendo que los cargos les pertenecen cuando en rigor deberían estar de paso dejando como legado buenas gestiones y dando el ejemplo en todo sentido.

Es de esperar que adefesios como el proyecto kirchnerista de permanencia perpetua en cargos públicos sean reemplazados por el tratamiento de temas urgentes que demanda una ciudadanía que no hace más que confirmar –con insistencia– que su dirigencia solo se preocupa por sí misma.

Fuente: La Nación