Categoría: Entrevistas

15

La conocida teoría de las ventanas rotas de J. Wilson y G. Kelling plantea que ante el desorden y el deterioro instalados en una comunidad que tolera ventanas rotas sin repararlas la delincuencia aumenta. La metáfora bien puede extenderse a otros terrenos y plantear, por ejemplo, el caso de que si una sociedad, acostumbrada a la ventana rota, se despreocupa masivamente por la corrupción, esta aumentará inexorablemente.

En esa dirección, los ciudadanos tendemos a volvernos más permisivos, hacemos la vista gorda ante la ilegalidad, el acomodo, las pequeñas corruptelas cotidianas, cuando no las protagonizamos. Ni que hablar frente a la malversación de fondos del Estado, la manipulación de contratos públicos y los fraudes fiscales. Una Justicia muchas veces cómplice y otras dormida más de la cuenta consagra la impunidad. Las malas costumbres argentinas se rigen por una inercia que no será sencillo desactivar; en el extranjero eso se identifica ya como parte de nuestra cultura, a tal punto que hablamos incluso de la “democratización de la corrupción”.

En escenarios así de opacos, aquellas figuras que expresan el sentido del deber que pareciera haberse perdido y lo llevan hasta sus últimas consecuencias se destacan fulgurantes para devolvernos la esperanza. En un encuentro que tuvo lugar hacia fines del año último, el fiscal general Diego Luciani puso en palabras sus sentimientos y los de muchos de sus colegas. Dijo que los fiscales se vieron “sometidos a todo tipo de operaciones siniestras”. Recordó, por ejemplo, el robo de las declaraciones juradas de varios jueces, el hackeo de sus teléfonos y el espionaje, las presiones y los ataques que organismos internacionales denunciaron como graves. Luciani mencionó también el preocupante papel de la cuestionada Secretaría de Derechos Humanos, que defendió a los corruptos a través de pasquines financiados con dineros públicos en 2023 y, más grave aún, las reiteradas intervenciones del presidente Alberto Fernández, de sus ministros y de distintos funcionarios dirigidas a desestabilizar su tan valioso como peligroso trabajo. Muchos recordamos los dichos del impresentable Alberto Fernández, a horas de haber concluido Luciani su histórico alegato en la causa Vialidad, cuando afirmó: “Nisman se suicidó y espero que Luciani no se suicide”. Inquietante comentario de tipo mafioso desde la cúspide del poder.

Precisamente de eso se trata. De haber puesto en juego la vida. La propia y la de sus familias, por cuyo futuro están dispuestos a jugarse enteros. “Presiones impensadas en democracia”, resumiría Luciani, preocupado por llegar a la sociedad con un lenguaje claro para que se entienda “lo que había sucedido durante doce años”, hasta arribar a la condena de Cristina Kirchner.

Son muchos más los que dan batallas frente a una creciente cantidad de mafias que buscan amedrentarlos para que abandonen sus cruzadas

“Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones… Nos aferramos a la ley, nos aferramos a la Constitución nacional y no pudieron doblegarnos”, sostuvo orgulloso quien se ha ganado el respeto y la admiración de los que reconocen su valentía y determinación.

Afortunadamente, hay más fiscales valientes, como Carlos Stornelli, perseguido vilmente de mil maneras; Ignacio Mahiques y Sergio Mola, actores claves también en la causa Vialidad, y Fabiana León, librada en soledad a su suerte con una de las investigaciones más complejas e importantes de todos los tiempos, como es la de los cuadernos de la corrupción. También debe destacarse el trabajo de Raúl Pleé como fiscal ante la Cámara Federal de Casación. José María Campagnoli es otro excelente ejemplo de quien, sometido a escarnio, persecución y suspensión por cumplir con su función de investigar, sigue haciendo su trabajo y denunciando la falsa renovación de la Justicia en tiempos de kirchnerismo. Recordemos también el brillante desempeño de la fiscal Cecilia Goyeneche que la condujo a su destitución –ya anulada por la Corte Suprema de Justicia– por empujar las denuncias que condujeron a la condena del nefasto exgobernador Sergio Urribarri en Entre Ríos. También a Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que enfrentan al narcotráfico en Rosario.

Un párrafo aparte merece el procurador general interino, Eduardo Casal, quien debería ser confirmado o titularizado como procurador titular. Con su estilo y personalidad templada, y su honestidad, se ha ganado con creces la continuidad en ese cargo estratégico en nuestro sistema judicial.

Vale también homenajear a los fallecidos Julio Strassera, fiscal del Juicio a las Juntas Militares; Alberto Nisman, quien pagó con su vida haber investigado el más grave atentado que tuvo el país en toda su historia, y Germán Moldes, con un papel destacado en causas relacionadas con el kirchnerismo y el atentado contra la AMIA.

Son muchos más los que dan batalla frente a una creciente cantidad de mafias que buscan amedrentarlos para que abandonen sus cruzadas y que se diferencian de ciertos funcionarios judiciales que, como hemos visto recientemente, han puesto desvergonzadamente su ego por encima del servicio a la Justicia. De ellos depende en gran medida la recuperación de la confianza ciudadana en la Justicia. En ellos anidan el sentido del deber y la valentía para enfrentar a quienes pretenden a toda costa conseguir la impunidad. Es preciso renovarles nuestro voto de confianza y un sincero agradecimiento, porque el futuro de nuestra patria está también en sus manos.

Fuente: La Nación

“Aún no está definido”, dicen miembros de La Libertad Avanza respecto de que esa fuerza y Pro compartan listas para los comicios bonaerenses de septiembre próximo, en los que se elegirán legisladores, concejales y consejeros escolares. “Nadie se va a teñir de violeta”, aseguraban ayer referentes de Pro en medio de las negociaciones que adelantan un posible acercamiento con LLA, pero se desconfía de la letra chica de un eventual acuerdo.

Está claro que el resultado de los últimos comicios porteños para renovar la mitad de la Legislatura, en los que la lista de LLA resultó ganadora (obtuvo el 30,13% de los votos), seguida por la del kirchnerismo (27,3%) y por la de Pro, que quedó en tercer lugar con alrededor del 16% después de dos décadas en que no perdía en el distrito, endureció los términos de las tratativas entre los exsocios del balotaje que, en 2023, lograron llevar a Javier Milei a la presidencia.

Una explosiva combinación de egos potenciados, susceptibilidades extremas, chismeríos de conventillo y chisporroteos crecientes está empañando el objetivo que ese vasto sector de la política se había propuesto –y dice que aún se propone–: destronar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, fuerza política cuya hegemonía ha hundido al distrito en una debacle sanitaria, educativa, económica y de seguridad.

La falta de generosidad y la miopía política que solo permiten ocuparse del metro cuadrado de poder que hoy se tiene o que se pretende recuperar están complicando un camino que debería ser allanado haciendo foco en el total de la película y no en la foto del momento o las encuestas de ocasión –y de intención–, según quien las encargue y pague.

En política, se sabe, nada es definitivamente matemático. Dos más dos no siempre son cuatro, pero ciertos hechos proveen evidencias difíciles de rebatir. Una de ellas son los resultados de las elecciones de 2023 para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pro y LLA fueron con listas separadas. Según el escrutinio definitivo, Juntos por el Cambio obtuvo el 26,61% de los sufragios y LLA, el 24,57%. Aunque resulte fácil afirmarlo desde lo contrafáctico, es cierto que, de haber concurrido unidos, se hubieran impuesto a la lista de Unión por la Patria, que obtuvo el 44,94% de los votos, lo que permitió a Axel Kicillof acceder a su segundo mandato consecutivo al frente del distrito con mayor población del país.

Lo mismo ocurrió en los comicios generales de aquel año para la elección de presidente, entre otros cargos nacionales. Unión por la Patria, que llevaba a Sergio Massa como candidato a jefe del Estado, obtuvo el 36,69% de los votos; LLA, con Javier Milei, el 29,99%, y Juntos por el Cambio, que postulaba a Patricia Bullrich, el 23,84%. Ninguno de los tres obtuvo el apoyo necesario para ganar en primera vuelta. La historia es conocida: Milei accedió a la presidencia con el invalorable aval de muchos votantes de Juntos por el Cambio en el balotaje en el que se impuso claramente a Massa. Los “ñoños republicanos” de los que hoy abjura el Presidente fueron los que le dieron legitimidad hace poco más de un año y medio. La historia porteña demuestra ahora que el candidato de Milei, Manuel Adorni, fue capaz de imponerse en el exbastión de Pro, desgajado también por divisiones internas que vienen horadando a esa fuerza desde las últimas PASO nacionales, cuando Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se trenzaron en una interna feroz.

Los recelos no deberían imponerse a la reflexión. Los castigados y sufrientes habitantes de la provincia de Buenos Aires merecen una oportunidad de mejora a todo nivel, esa que el kirchnerismo no ha sabido o no ha querido proporcionar, incluso a su importante número de votantes, a los que pareciera que no tienen ninguna intención de pedirles disculpas por haber transformado el distrito, y en especial buena parte del conurbano, en una zona invivible.

Una salud colapsada, una educación en niveles deprimentes, falta de obras viales esenciales, sin cloacas en buena parte del distrito, ausencia total de previsiones ante fenómenos climáticos de magnitud y una inseguridad creciente que obliga a los bonaerenses a encerrarse en sus casas para evitar ser blanco de un delito sin control en barrios claramente librados a su suerte. Esa es la foto, pero también la película de tantos años de peronismo en el poder.

Se necesitan mucho trabajo, agallas y bajarse de los egos para dedicarse a pensar cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar como parte de un programa de trabajo consistente y duradero, y, desde ya, qué y cómo van a hacer para llevarlas a cabo quienes pugnan por una banca legislativa. Hoy nadie parece estar hablando de eso en las reuniones políticas donde se debate una eventual alianza, frente o como se lo quiera llamar entre LLA y Pro. En su lugar, prima la pelea por ver cuántos puestos se pueden conseguir en las listas, entre otros capítulos de una negociación “endógena”, palabrita que se ha puesto de moda. Fuera de esa endogamia dirigencial está la gente, el votante, el bonaerense que espera algo superador para empezar a salir de la devastación en que lo sumió la propia política que domina el distrito desde hace décadas.

“Falta mucho”, dicen los dirigentes para justificar sus dilaciones, tomando en cuenta que el calendario electoral bonaerense indica que la fecha límite para la presentación de alianzas es el 9 de julio, y el 19 de ese mes lo será para la oficialización de listas. Pero julio está a la vuelta de la esquina.

Fuente: La Nación

Hay quizás algo más lamentable que el hecho de que los argentinos nos hayamos acostumbrado a convivir con huelgas salvajes. Es el efecto que esas medidas de fuerza continuas provocan sobre la actividad económica, desde el momento en que ningún potencial inversor estará fácilmente dispuesto a arriesgar su capital en un emprendimiento productivo sabiendo que este puede quedar a merced de la voluntad de dirigentes gremiales que pueden pararle la producción u obstaculizarle su distribución de la noche a la mañana.

Es cierto que el derecho de huelga está garantizado por la Constitución nacional. Pero no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones legales y regulatorias, como las que se establecen para proteger la prestación de servicios esenciales. Del mismo modo, quienes se declaren en huelga no pueden afectar la libertad de trabajo del resto de los empleados.

Luce por eso razonable el reciente decreto 340, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso limitar el derecho de huelga y ampliar las actividades consideradas esenciales, en uso de las facultades que le confirió la llamada Ley Bases, al declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

El citado decreto establece que, en un conjunto de actividades, se deberá garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 por ciento, en caso de desatarse un conflicto gremial.

Las autoridades nacionales deben procurar un amplio acuerdo con otras fuerzas políticas en el Congreso para avanzar en la sanción de una reforma laboral

Así, la norma determina que, en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, ese porcentaje no podrá ser inferior al 50%.

Como servicios esenciales, el decreto distingue los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles; los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; los servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y los servicios educativos, desde el nivel inicial hasta el secundario, y el transporte marítimo y fluvial.

Entre las actividades de importancia trascendental, el decreto enumera la producción de medicamentos e insumos hospitalarios; el transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías; los servicios de radio y televisión; las actividades industriales continuas, incluidas la siderurgia y la producción de aluminio, al igual que las actividades química y cementera; la industria alimentaria en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción; los servicios de reparación de aeronaves y buques; los servicios aeroportuarios y logísticos; la minería; la actividad frigorífica; los correos; la distribución y comercialización de alimentos y bebidas; la actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios y financieros; los servicios hoteleros y gastronómicos; el comercio electrónico, y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación,

Como era de esperar, la CGT acudió a la Justicia Laboral a través de una acción de amparo tendiente a frenar la aplicación del decreto, al que considera “inconstitucional”.

La situación de este decreto, sin embargo, no sería similar al decreto 70/2023, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia a partir de las objeciones que en su momento hizo la central sindical. Ocurre que esta vez el gobierno de Javier Milei actuó amparado por las facultades delegadas por la Ley Bases, que declararon la emergencia económica. Más allá de ese punto, nadie puede dudar acerca de la conveniencia de que las autoridades nacionales procuren alcanzar un amplio acuerdo con otras fuerzas políticas en el Congreso para avanzar en la sanción de una reforma laboral que brinde la necesaria seguridad jurídica a los actores económicos.

Fuente: La Nación

El traslado de un contingente de presos concretado en estos días hizo demasiado ruido. El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, había notificado al Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) sobre la necesidad de desalojar una unidad del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para acondicionar esas plazas a fin de ubicar con urgencia a la sobrepoblación femenina.

Se procedió así al traslado de 19 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, dependencia que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. La medida también se tomó considerando que la cercanía del Hospital Militar garantiza atención médica inmediata a sujetos a quienes injustamente se les ha negado la prisión domiciliaria que estipula la ley a pesar de su avanzada edad. El TOF5 no objetó el traslado y avaló también los pedidos especiales.

Durante la campaña electoral de 2023, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, había prometido una “solución” para los militares “injustamente detenidos”. En 2024, en una entrevista, afirmó que algunos detenidos están presos “sin causa” y que en algunos casos la prisión es “una forma de venganza”. Movidos por el odio y la venganza, organismos de derechos humanos, junto a familiares, sobrevivientes y querellantes, denunciaron que la cárcel de Campo de Mayo sería un penal de privilegio. Desde el Gobierno, respondieron a las acusaciones y afirmaron que “no van a una cárcel VIP, van al mismo lugar al que el kirchnerismo envió a Jorge ‘el Tigre’ Acosta, al Turco Julián (por Julio Simón) y a otros militares peligrosos”. Si la prisión ofreciera algún tipo de privilegio, este vendría desde los tiempos en que el kirchnerismo gobernaba, agregaron.

Son 69 los prisioneros albergados hoy en Ezeiza, incluyendo los últimos 19 trasladados, además de Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti y el exfiscal Juan Carlos César Castro.

La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad no ha cesado y solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho

El rechazo de algunos se funda en un cuestionamiento al principio de igualdad ante la ley, que fija que las condiciones carcelarias deben ser uniformes para todos los condenados, sin distinción por el tipo penal. Igual argumento debe aplicarse a los procesos judiciales que establecen que una persona acusada por un delito de lesa humanidad no puede ser condenada si no se prueba su participación en los hechos más allá de toda duda razonable y no, como ha venido ocurriendo en numerosos casos, en juicios amañados con un derecho penal paralelo para supuestos enemigos. Solo así se explican las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus condenas a más de 40 años de transcurridos los hechos. Hacia marzo pasado, según información oficial del Ministerio Público Fiscal compilada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, había 14 juicios en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso, 900 de ellas en cautiverio, de las cuales 756 no tenían sentencia firme.

Pisoteando ese sano principio de igualdad, se ha privado a algunos condenados por lesa humanidad mayores de 70 años de gozar de la prisión domiciliaria que contempla la legislación. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la que nuestro país es signataria, obliga a proteger a la ancianidad, prescribiendo para ella una serie de derechos, cuidados y beneficios tanto en lo administrativo como en lo legislativo y judicial. No se puede hablar de un retroceso en el compromiso con los derechos humanos, como disparatadamente argumentan cuando el relato instalado por tantos años se ve hoy superado por una medida tan razonable como válida.

Hablar de derechos es hablar de todos. Nunca restringirlos será defenderlos. Mucho menos, apelar a la venganza, la persecución y el odio. “Un odio que ha sido dramático en nuestra historia. Un odio que es la antítesis de la convivencia pacífica. Un odio que por su propia definición invita a excluir al otro”, tal como lo planteó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en un reciente comunicado, en relación con los ataques al periodismo.

Es de esperar que el cambio de era llegue también en estos temas para que levemos anclas respecto de lo peor del pasado, siendo capaces de dejar espacio para actos concretos de misericordia y perdón. Necesitamos pacificar. La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad, una categoría excepcional que no debe ser bastardeada por conveniencias ideológicas o económicas, no ha cesado y, también en este terreno, solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho y la salvaguarda de las garantías constitucionales.

Fuente: La Nación

Fue un despropósito que intentó ser banalizado una y otra vez. El festejo del cumpleaños de la expareja de Alberto Fernández cuando este era presidente de la Nación, realizado en la quinta de Olivos en medio del encierro más estricto durante la pandemia de coronavirus, vuelve a ser noticia por declaraciones de Fabiola Yañez desde Madrid.

Recién ahora, a casi cinco años de lo ocurrido y a cuatro de que se ventilara ese reprochable encuentro social como consecuencia de la difusión de videos y fotos, Yañez dice que se arrepiente, que “fue un error muy grande” y que quiere pedir “disculpas a todo el mundo que no pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”.

Las disculpas –claramente extemporáneas– incurren en el mismo nefasto accionar de hace casi un lustro, pues no hace más que ratificar que ese tipo de episodios eran habituales en la residencia presidencial durante el encierro colectivo. Dicho en palabras de la propia Yáñez: “Esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente” porque a la quinta se había trasladado el personal de la Casa de Gobierno y en algún momento del día tenían que comer. “De repente, te decían ‘hay una cena’ y la cena ya estaba lista. Y eso era natural y normal. Ese día era mi cumpleaños y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó. Era algo que pasaba habitualmente”.

Inmediatamente, Yañez aclaró que no fue de ella la idea del encuentro ni de que sobre la mesa “habitual” hubiera una torta de cumpleaños y copas para brindar.

A pesar de haber sido ambos hallados culpables de “violar las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para impedir la propagación del Covid-19” y de haber arribado a un acuerdo monetario de “reparación integral” con el fiscal Fernando Domínguez, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en una actitud tan inexplicable como bochornosa, homologó dicho entendimiento y se encaminó a cerrar el expediente.

Resulta inaceptable la liviandad con que Yáñez comenta ahora que esas comidas eran “habituales” en Olivos. Nada la obligaba –ni a ella ni al resto de los que frecuentaban la residencia– a reunirse alrededor de una mesa multitudinaria y menos a llevar adelante un festejo. Debieron haber dado el ejemplo, pero desistieron de hacerlo.

Resulta inaceptable la liviandad con que Yañez justifica que en la quinta de Olivos se hayan hecho numerosos encuentros que estaban vedados al resto de la población. Ella y Alberto Fernández debían dar el ejemplo, pero hicieron lo contrario

Quienes no fueron “beneficiados” por ese tratamiento diferencial en una sede de gobierno pueden dar fe de las restricciones que cada uno practicó en sus propios domicilios, donde los cuidados se exacerbaron al punto de no tomar contacto directo con personas mayores que sí los necesitaban y a las que asistían desde detrás de una puerta. O los casos tremendos de quienes ni siquiera pudieron despedir a sus muertos para no contagiar ni contagiarse.

La habitualidad que describe la señora Yañez no hace más que confirmar que, durante ese estrictísimo aislamiento para el grueso de la población, hubo quienes hicieron la vista gorda con el agravante de que eran los mismos que dictaban las resoluciones para seguir manteniendo encerrado al resto, dando lecciones de moral y retando cínicamente a la población.

Después de haberles aceptado la Justicia al expresidente y a su entonces pareja la irrisoria compensación económica de 3 millones de pesos, en octubre de 2023 la Corte Suprema cerró la causa judicial por el llamado Olivosgate.

Tras cumplirse cuatro años del delito, la diputada porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) pidió a la Corte que la reabriera. No hubo novedades hasta el momento. “La foto que todos conocemos del cumpleaños de la ‘querida Fabiola’ es una escena más de la impotencia que genera la impunidad del poder”, sostiene con acierto Ocaña.

No nos equivocamos en afirmar que, aun fuera del poder, todo indica que hay quienes siguen gozando de imnunidad aunque hayan cometido atrocidades. Estaban en juego nada menos que la vida y los sentimientos de millones de personas.

Fuente: La Nación

Desde octubre de 2023, el “yategate” se desplaza parsimoniosamente por las aguas procesales de la Justicia argentina. Los reiterados pedidos sin respuesta habían llevado al comprometido fiscal Sergio Mola a denunciar en marzo de 2024 ante el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que el expediente no llegaba a su poder. En marzo último, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la competencia de la Justicia Federal en la causa, desactivando así influencias políticas provinciales del principal acusado, Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por unos cien millones de dólares.

A fines de 2024, Insaurralde intentaba justificar su crecimiento patrimonial y su nivel de vida con los ingresos de quien fue su pareja hasta 2023, Jesica Cirio. Mola solicitó al juez federal de Quilmes, Luis Armella, continuador de la labor de Ernesto Kreplak, cuya pausada cadencia parece compartir, adentrarse en el patrimonio de la modelo, convocando a escribanos, contadores y arquitectos que pudieran dar cuenta de casas, terrenos, autos, bienes y contratos a su nombre.

El escribano Adrián Uriel Cohen certificó la firma de Cirio en el documento de donación de 250.000 dólares y 2 millones de pesos que esta realizó a comienzos de 2023 a favor de Insaurralde. El contador Alejandro Rosenfeld hizo lo propio con los ingresos de la modelo. Está en manos del Colegio de Escribanos analizar la legitimidad de la documentación.

La solicitud de medidas de prueba involucra también a quien fue mano derecha y hombre de confianza en los bingos del exjefe de Gabinete bonaerense Juan Pablo Peredo, actualmente integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia. Atendía en una oficina porteña de Arroyo 886, en la que reiteradas veces fue visto el auto oficial de Insaurralde. Mola reclama con carácter urgente “el estado de las tareas de investigación y de recolección de información”, ordenadas en torno a esas oficinas y a otra propiedad a su nombre que podría ser en verdad del exfuncionario lomense.

En cuanto a Insaurralde, se requirió al Banco Piano y al Banco Santander informes sobre los productos registrados a su nombre desde 2009 a la fecha, con detalle de movimientos de cuentas, incluidos aquellos de comercio exterior en los que intervino Cirio.

La modelo habría enviado reiteradamente dólares a través del Banco de Galicia a su firma Zumba Fitness LLC en Estados Unidos, facturando a lo largo de tres años, a distintas compañías, entre las que había algunas vinculadas al juego, como Casinos Victoria y el Hipódromo de Palermo. Se aguardan los informes sobre la relación comercial y laboral entre ambos, incluyendo contratos, medios de pago, transferencias y depósitos, así como también detalles de la facturación de la sociedad Sasaxa Libero SA, de Insaurralde, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Espasmódicamente, alguna noticia vuelve a poner en el candelero al bochornoso “yategate”. Mientras tanto, Insaurralde, a quien en los últimos 30 años solo se le conoce su desempeño como funcionario, conserva sus negocios en las sombras y posiblemente continúe acrecentando su fortuna como actor respetado en el mundo del juego bonaerense.

En esta escandalosa causa resulta indignante que Insaurralde siga viviendo en el lujo y la impunidad, burlándose de los ciudadanos honestos, con la complicidad de un gobernador probadamente ineficiente y de una Justicia que sugestivamente dilata la causa. Mientras ellos flotan, la decencia hace agua.

Fuente: La Nación